Estado parte

Informe

Observaciones finales

Bosnia y Herzegovina

Informes periódicos segundo a quinto

CAT/C/BIH/2-5

CAT/C/BIH/CO/2-5

Camboya

Segundo informe periódico

CAT/C/KHM/2 y Corr.1

CAT/C/KHM/CO/2

Ecuador

Informes periódicos cuarto a sexto

CAT/C/ECU/4-6

CAT/C/ECU/CO/4-6

Etiopía

Informe inicial

CAT/C/ETH/1

CAT/C/ETH/CO/1

Mongolia

Informe inicial

CAT/C/MNG/1

CAT/C/MNG/CO/1

Turquía

Tercer informe periódico

CAT/C/TUR/3

CAT/C/TUR/CO/3

42.En su 46º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes y aprobó las siguientes observaciones finales:

Estado parte

Informe

Observaciones finales

Eslovenia

Tercer informe periódico

CAT/C/SVN/3

CAT/C/SVN/CO/3

Finlandia

Informes periódicos quinto y sexto

CAT/C/FIN/5-6

CAT/C/FIN/CO/5-6

Ghana

Informe inicial

CAT/C/GHA/1

CAT/C/GHA/CO/1

Irlanda

Informe inicial

CAT/C/IRL/1

CAT/C/IRL/CO/1

Kuwait

Segundo informe periódico

CAT/C/KWT/2

CAT/C/KWT/CO/2

Mauricio

Tercer informe periódico

CAT/C/MUS/3

CAT/C/MUS/CO/3

Mónaco

Informes periódicos cuarto y quinto

CAT/C/MCO/4-5

CAT/C/MCO/CO/4-5

Turkmenistán

Informe inicial

CAT/C/TKM/1

CAT/C/TKM/CO/1

43.De conformidad con el artículo 68 de su reglamento, el Comité invitó a los representantes de todos los Estados partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité en que se examinó su informe. Todos los Estados partes cuyos informes fueron examinados por el Comité enviaron representantes para que participaran en el examen. El Comité expresó su agradecimiento por ello en sus observaciones finales.

44.El Comité designó relatores para los países y relatores suplentes encargados de los informes de los Estados, cuya lista figura en el anexo XI del presente informe.

45.En relación con su examen de los informes, el Comité también tuvo ante sí los siguientes documentos:

a)Directrices sobre la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los Estados partes con arreglo al artículo 19 de la Convención (CAT/C/4/Rev.3);

b)Directrices generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados partes que deben presentar en cumplimiento del párrafo 1, artículo 19 de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

46.El Comité ha venido preparando listas de cuestiones para los informes periódicos desde 2004. Esta actividad se emprendió a raíz de una petición que formularon al Comité los representantes de los Estados partes en una reunión con los miembros del Comité. Si bien el Comité comprende el interés de los Estados partes de que se les informe con antelación de las cuestiones que puedan examinarse durante el diálogo, debe señalar, sin embargo, que la preparación de las listas de cuestiones ha dado lugar a un aumento del volumen de trabajo del Comité. Esto reviste particular importancia en un Comité que tiene una composición tan reducida.

B.Observaciones finales sobre los informes de los Estados partes

47.El texto de las observaciones finales aprobadas por el Comité con respecto a los mencionados informes presentados por los Estados partes se reproduce a continuación.

48. Bosnia y Herzegovina

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos segundo a quinto combinados de Bosnia y Herzegovina (CAT/C/BIH/2-5) en sus sesiones 961ª y 962ª, celebradas el 4 y el 5 de noviembre de 2010 (CAT/C/SR.961 y 962), y aprobó las siguientes observaciones finales en su 978ª sesión (CAT/C/SR.978).

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación de los informes periódicos segundo a quinto combinados de Bosnia y Herzegovina. También se congratula de que el informe se haya elaborado de conformidad con su nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes, consistente en la respuesta del Estado parte a una lista de cuestiones preparada y transmitida por el Comité. Este expresa su agradecimiento al Estado parte por haber accedido a preparar su informe con arreglo al nuevo procedimiento, que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité.

3)El Comité toma nota con satisfacción de que el Estado parte envió una delegación de alto nivel para que se reuniera con el Comité en su 45º período de sesiones y valora también el hecho de haber podido celebrar un diálogo constructivo sobre numerosos ámbitos de la Convención.

4)El Comité es consciente de que el Estado parte consta de dos entidades, pero recuerda que Bosnia y Herzegovina es un Estado único con arreglo al derecho internacional y tiene la obligación de aplicar la Convención íntegramente a nivel nacional.

B.Aspectos positivos

5)El Comité celebra que, desde el examen del informe inicial, el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales y regionales:

a)El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 24 de octubre de 2008;

b)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, el 12 de marzo de 2010; y

c)El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el 11 de enero de 2008.

6)El Comité toma nota de la labor que está realizando el Estado parte para revisar su legislación en los ámbitos que guardan relación con las convenciones, que ha incluido lo siguiente:

a)La aprobación de la Ley sobre circulación, residencia y asilo de extranjeros, en 2008;

b)La aprobación de la Ley de prevención de la discriminación, en 2009; y

c)La aprobación de la Ley de asistencia internacional de 2009, encaminada a fortalecer la cooperación internacional, en particular mediante acuerdos bilaterales con los países vecinos, para asegurar la protección de las víctimas y el enjuiciamiento y castigo de los presuntos responsables.

7)El Comité aplaude asimismo los esfuerzos desplegados por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos con el fin de garantizar una mayor protección de los derechos humanos y dar efecto a la Convención, lo que ha incluido:

a)La aprobación de la Estrategia para tratar los casos de crímenes de guerra, en 2008;

b)La aprobación de la Estrategia revisada para la aplicación del anexo 7 del Acuerdo de Paz de Dayton, en 2010, con vistas a mejorar el nivel de vida de los desplazados internos que aún existen en Bosnia y Herzegovina y de los retornados;

c)La aprobación del tercer Plan Nacional de Acción para combatir la trata de seres humanos y la migración ilegal en Bosnia y Herzegovina, para el período 2008-2012;

d)La aprobación de la Estrategia nacional para combatir la violencia contra los niños, para el período 2007-2010;

e)La aprobación de la Estrategia nacional para prevenir y combatir la violencia doméstica en Bosnia y Herzegovina, para el período 2008-2010; y

f)El establecimiento de un grupo de trabajo encargado de preparar una estrategia del Estado para la justicia de transición con el fin de mejorar la situación y la protección de todas las víctimas de la guerra.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

8)Si bien el Comité observa que el Estado parte tiene previsto modificar el Código Penal y armonizar la definición legal de la tortura en la legislación del Estado y de las entidades, sigue preocupado porque el Estado parte aún no ha incorporado en la legislación interna el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención, ni ha tipificado como delito las torturas infligidas por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (arts. 1 y 4).

El Comité, de conformidad con sus recomendaciones anteriores (CAT/C/BIH/CO/1, párr. 9), insta al Estado parte a que acelere el proceso de incorporación del delito de tortura, tal como se define en la Convención, en la legislación interna del Estado, así como la armonización de la definición legal de tortura vigente en la República Srpska y el Distrito Brcko con el Código Penal de Bosnia y Herzegovina. El Estado parte debería asegurar también que estos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

Actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra

9)El Comité expresa su seria preocupación por el hecho de que la definición de los actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra que figura en el Código Penal no es coherente con la definición establecida en la jurisprudencia de los tribunales internacionales y en las normas internacionales y, en particular, por que los artículos 172 y 173 del Código Penal pueden conducir a la impunidad de los responsables de esos delitos. Además, el Comité sigue preocupado por la falta de datos exactos y actualizados sobre el número de víctimas de violaciones y otros actos de violencia sexual cometidos durante la guerra (arts. 1 y 4).

El Comité recomienda que el Estado parte enmiende el Código Penal para incluir una definición de violencia sexual que sea conforme con las normas internacionales y con la jurisprudencia relacionada con el enjuiciamiento de los autores de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra y elimine la condición de la "fuerza o amenaza de agresión inmediata" de la definición actual. Asimismo, el Estado parte debería incluir en su próximo informe estadísticas relativas a los casos no resueltos de violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas durante la guerra.

Salvaguardias legales fundamentales

10)El Comité observa con preocupación que, en la práctica, las personas privadas de libertad no siempre gozan de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el comienzo mismo de su detención (art. 2).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las salvaguardias legales y administrativas necesarias para asegurarse de que se garantice a los sospechosos el derecho a tener acceso a un abogado y a un médico independiente, preferiblemente de su propia elección, a informar de su detención a un familiar, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención y a ser presentados rápidamente ante el juez, de conformidad con las normas internacionales e independientemente de la naturaleza del presunto delito.

Ombudsman

11)El Comité toma nota de la ampliación de los mandatos de la Oficina del Ombudsmandel Estado tras la reciente fusión de varias de sus dependencias, pero expresa su preocupación por la información recibida sobre la presunta falta de independencia y eficacia del Ombudsman, así como la necesidad de asignar recursos suficientes para el cumplimiento eficaz del mandato de la Oficina. El Comité lamenta no haber recibido una explicación clara sobre las medidas que, siguiendo las recomendaciones del Ombudsman, adoptaron las autoridades competentes en los distintos centros de detención (CAT/C/BIH/2‑5, párr. 227) (art. 2).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para reestructurar y reforzar la Oficina del Ombudsman mediante:

a) La adopción de un proceso más abierto y consultivo para la selección y el nombramiento del Ombudsman a fin de garantizar su independencia, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París, resolución 48/134 de la Asamblea General);

b) La provisión de recursos humanos, materiales y financieros adecuados;

c) El fortalecimiento de la capacidad del Ombudsman para vigilar todos los centros de privación de libertad de Bosnia y Herzegovina, especialmente en ausencia de un órgano de inspección de prisiones independiente; y

d) La aplicación efectiva de las recomendaciones del Ombudsman.

Impunidad

12)El Comité toma nota de la aprobación de la Estrategia para tratar los casos de crímenes de guerra y de algunos progresos realizados en el enjuiciamiento de los responsables de actos de tortura cometidos durante el conflicto de 1992-1995, como las violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados durante la guerra. Sin embargo, el Comité está profundamente preocupado porque, teniendo en cuenta los numerosos delitos de ese tipo cometidos durante la guerra, el número de procesos iniciados hasta la fecha por el poder judicial de Bosnia y Herzegovina es sumamente bajo y porque los tribunales locales aún tropiezan con serios obstáculos para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra. Además el Comité expresa su grave preocupación por el hecho de que un número importante de fallos dictados por el Tribunal Constitucional todavía no se han aplicado, incluso varios años después de que se dictaron, y porque la mayoría de las decisiones no ejecutadas del Tribunal Constitucional se relacionan con casos de violaciones de los derechos humanos, principalmente casos de personas desaparecidas (arts. 2, 9 y 12).

El Comité insta al Estado parte a combatir la impunidad asegurando una investigación pronta y eficaz de todas las denuncias de crímenes de guerra, y enjuiciando y castigando a los autores con penas adecuadas, acordes con la gravedad de los delitos. A ese respecto, se alienta al Estado parte a que preste asistencia judicial recíproca en todos los asuntos relativos a procedimientos penales y a que siga mejorando la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Además, deben aplicarse plenamente y sin más dilación los fallos del Tribunal Constitucional, en particular los relativos a casos de desapariciones forzadas, e investigarse los casos de incumplimiento de esos fallos.

Violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica

13)El Comité, al tiempo que toma nota de las medidas jurídicas y administrativas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia de género, entre ellas la resolución encaminada a combatir la violencia intrafamiliar contra la mujer, aprobada por la Asamblea Parlamentaria, expresa su preocupación por la persistencia de la violencia contra la mujer y los niños, incluida la violencia doméstica. Aunque valora la intención del Estado parte de emendar los elementos del delito de violación aboliendo el requisito de la penetración y la resistencia activa de la víctima, preocupa al Comité la insuficiente información sobre las leyes de las entidades que prohíben y penalizan esa violencia, y el reducido número de investigaciones y enjuiciamientos por casos de violencia doméstica. Preocupan al Comité los informes acerca de que no existen suficientes medidas de protección y programas de rehabilitación para las víctimas (arts. 1, 2, 4, 11, 12 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos para prevenir, enjuiciar y castigar todas las formas de violencia contra la mujer y los niños, incluida la violencia doméstica, y vele por una aplicación plena y eficaz de la legislación existente y de las estrategias nacionales aprobadas con ese fin, como la Estrategia nacional para prevenir y combatir la violencia doméstica y la Estrategia nacional para combatir la violencia contra los niños. El Estado parte debería prestar apoyo a las víctimas creando refugios adicionales, proporcionándoles servicios de orientación gratuitos y adoptando las demás medidas que sean necesarias para su protección. Además, se alienta al Estado parte a que realice campañas de sensibilización más amplias e imparta más capacitación sobre la violencia doméstica al personal encargado de hacer cumplir la ley, los jueces, los abogados y los trabajadores sociales que están en contacto directo con las víctimas, así como al público en general.

Devolución

14)No obstante lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley sobre circulación, residencia y asilo de extranjeros acerca de la prohibición de la devolución (CAT/C/BIH/2-5, párr. 76), el Comité sigue preocupado por los informes en el sentido de que las autoridades competentes de Bosnia y Herzegovina no han evaluado debidamente el riesgo que implica la devolución para quienes solicitan protección internacional, y el hecho de que las personas que son consideradas una amenaza para la seguridad nacional corren el riesgo de ser expulsadas o devueltas a otro Estado en el que existen razones fundadas para creer que correrían peligro de ser torturadas. También le preocupa la tasa sumamente baja de aprobación de solicitudes de asilo (art. 3).

El Estado parte debería:

a) Garantizar: i) las salvaguardias procesales contra la devolución y ii) ofrecer recursos efectivos respecto de las devoluciones en los procesos de expulsión, incluido el examen por un órgano judicial independiente de las solicitudes rechazadas;

b) Velar por que las solicitudes de asilo se examinen a fondo caso por caso, y por que las personas cuyas solicitudes sean rechazadas puedan interponer un recurso efectivo con efecto suspensivo de la ejecución de la decisión de expulsión o deportación;

c) Revisar sus procedimientos y prácticas actuales en materia de expulsión, devolución y extradición, y armonizar plenamente su interpretación de los conceptos fundamentales de la ley nacional sobre el asilo con el derecho internacional de los refugiados y la normativa de derechos humanos;

d) Continuar dando seguimiento al caso del ciudadano de Bosnia y Herzegovina que sigue detenido en la base militar de la bahía de Guantánamo y mantener informado al Comité al respecto; y

e) Asegurarse de que las consideraciones relativas a la seguridad nacional no afecten al principio de la no devolución y de que el Estado parte cumpla sus obligaciones de respetar el principio de la prohibición absoluta de la tortura en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 3 de la Convención.

15)Con respecto a las personas cuya ciudadanía ha sido revocada por la Comisión estatal para la revisión de las decisiones relativas a la naturalización de extranjeros y que, en consecuencia, están detenidas en el centro de deportación, el Comité toma nota del informe del Estado parte según el cual se les han reconocido sus derechos legales a la protección judicial. Sin embargo, en vista de la inquietud expresada por varios órganos internacionales, sigue preocupando al Comité que no se hayan aclarado plenamente los casos notificados de detención prolongada de esas personas en condiciones inadecuadas, ni la denegación de su derecho a impugnar efectivamente las decisiones de revocarles la ciudadanía, detenerlas y deportarlas (arts. 3 y 16).

El Estado parte debería revisar su práctica de detención prolongada de esas personas y respetar plenamente su derecho a impugnar efectivamente las decisiones de revocarles la ciudadanía, detenerlas y deportarlas. Además, el Estado parte debería garantizar los principios fundamentales relativos a un procedimiento de asilo justo y eficiente, que incluya servicios de traducción e interpretación adecuados, asistencia letrada gratuita y acceso de los solicitantes a sus expedientes.

Regreso de los refugiados y los desplazados internos

16)Además de los problemas reconocidos por el Estado parte, entre otros, los relativos a la seguridad de los retornados pertenecientes a minorías y al hecho de que no se investiguen ni enjuicien los delitos y actos de violencia contra los refugiados y los desplazados internos (CAT/C/BIH/2-5, párr. 142), al Comité le preocupan también los persistentes informes de que los programas existentes de restitución de bienes no han tenido en cuenta las cuestiones de género ni las necesidades psicológicas de las víctimas de violencia sexual. Asimismo, preocupan al Comité la falta de oportunidades económicas y las malas condiciones de vida (arts. 3, 7 y 12).

El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos por facilitar el regreso de los refugiados y los desplazados, por ejemplo, construyendo viviendas y la infraestructura correspondiente y abordando la situación específica de las personas que, de lo contrario, tropezarían con dificultades para beneficiarse de la asistencia destinada a la reconstrucción. El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para eliminar eficazmente los obstáculos identificados y velar por que todos los delitos y actos de violencia contra los refugiados y los desplazados internos se investiguen y enjuicien debidamente y sin tardanza. Además, deben aplicarse plenamente las recomendaciones formuladas por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos en el informe acerca de su misión a Bosnia y Herzegovina (E/CN.4/2006/71/Add.4).

Protección y apoyo a testigos

17)El Comité toma nota de algunas mejoras en la protección de los testigos en los procesos penales, pero sigue gravemente preocupado por la falta de medidas adecuadas para proteger a los testigos y prestarles apoyo antes, durante y después de los juicios, lo que repercute negativamente en su disposición y capacidad de participar en las investigaciones o prestar testimonio en los procesos. El Comité también expresa preocupación por las informaciones sobre casos de intimidación de testigos e intentos de soborno por los autores de los delitos, y por el apoyo insuficiente prestado a los testigos por las autoridades competentes, como la Agencia Estatal de Investigaciones y Protección (arts. 2, 11, 12, 13 y 15).

El Comité insta al Estado parte a que vele por que las víctimas reciban una protección eficaz, por que no se las someta a nuevos sufrimientos ni se las presione para que se retracten de su testimonio y por que no se vean expuestas a las amenazas de los presuntos autores, y a que para ello, en particular:

a) Refuerce la capacidad de los órganos competentes, especialmente la Agencia Estatal de Investigaciones y Protección y su Departamento de Protección de Testigos (OZS), y vele por que respeten el derecho a la privacidad de los supervivientes y proporcionen a los testigos en situación de peligro grave medidas de protección permanentes o a largo plazo, tales como un cambio de identidad o el traslado a otros lugares de Bosnia y Herzegovina o al extranjero;

b) Preste más atención a las necesidades psicológicas de los testigos a fin de reducir al mínimo la posibilidad de que los supervivientes sufran nuevos traumas en las actuaciones judiciales; y

c) Vele por que los testigos dispongan de medios adecuados para acudir y abandonar los tribunales y les suministre escoltas para esos desplazamientos, cuando sea necesario.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

18)El Comité observa que el Estado parte ha incrementado sus esfuerzos para garantizar el derecho de las víctimas a una reparación, en particular, estableciendo una Estrategia para una justicia de transición. Sin embargo, el Comité expresa preocupación ante la lentitud de la tramitación del proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de tortura, la falta de una definición adecuada de la condición de víctima civil de la guerra y de los derechos que asisten a esas personas en la legislación interna, y ante la insuficiencia del apoyo médico y psicosocial y de la protección jurídica de que disponen las víctimas, especialmente las víctimas de actos de violencia sexual cometidos durante la guerra (art. 14).

El Comité recomienda que el Estado parte apruebe sin dilación el proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas de tortura y las víctimas civiles de la guerra, así como la Estrategia para la justicia de transición, a fin de proteger plenamente los derechos de las víctimas, entre otras cosas mediante la debida indemnización y la mejor rehabilitación posible, para lograr su recuperación física y psicológica completa y su reinserción social. A tal fin, se alienta encarecidamente al Estado parte a que procure despolitizar esos esfuerzos, finalice un plan de acción en que se definan claramente las actividades y las consiguientes responsabilidades que incumben a las autoridades del Estado y a las entidades, y vele por que se asignen al efecto suficientes recursos financieros.

Condiciones de detención

19)El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar considerablemente las condiciones de detención, como la construcción de nuevas instalaciones y la renovación de las ya existentes, pero sigue particularmente preocupado por las condiciones higiénicas y materiales reinantes, la reclusión en régimen de aislamiento, los problemas de hacinamiento y la continua violencia entre los reclusos en algunos centros de privación de libertad (arts. 11, 12 y 16).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos para que las condiciones de detención en los centros de privación de libertad se ajusten a lo dispuesto en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (resoluciones 663 C (XXIV) y 2076 (LXII) del Consejo Económico y Social) y demás instrumentos legislativos nacionales e internacionales pertinentes. Concretamente, para ello debería:

a) Coordinar la supervisión judicial de las condiciones de detención por parte de los órganos competentes y velar por que se investiguen a fondo todas las denuncias de abusos o malos tratos cometidos en los centros de detención;

b) Elaborar un plan completo para hacer frente al problema de la violencia entre los reclusos y la violencia sexual en todos los centros de detención, incluida la prisión de Zenica, y asegurar que esos casos se investiguen eficazmente;

c) Reducir el hacinamiento en las cárceles y estudiar la posibilidad de aplicar medidas no privativas de libertad;

d) Velar por que la reclusión en régimen de aislamiento se utilice solamente como medida de último recurso, por el período más breve posible y bajo estrecha supervisión;

e) Reforzar la labor destinada a mejorar el régimen de los reclusos, especialmente las actividades físicas y profesionales, y a facilitar su reinserción en la sociedad;

f) Velar por que los menores se mantengan separados de los adultos durante todo el período de detención o reclusión y ofrecerles actividades educativas y recreativas; y

g) Proporcionar un alojamiento adecuado y apoyo psicosocial a los detenidos que requieran supervisión y tratamiento psiquiátrico.

Centros y servicios psiquiátricos

20)Si bien el Comité toma nota de los avances realizados en cuanto a centros y servicios psiquiátricos, por ejemplo en el hospital psiquiátrico de Sokolac, sigue preocupado por los problemas de las instituciones que albergan a personas con discapacidad mental, en particular en lo que respecta al hacinamiento y a la falta de apoyo psicosocial adecuado por los órganos competentes (art. 16).

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que se preste un apoyo psicosocial adecuado, a cargo de equipos multidisciplinarios, a los pacientes que se encuentren en instituciones psiquiátricas, por que todos los centros en que se recluya a pacientes con trastornos mentales para un tratamiento no voluntario sean visitados regularmente por órganos de supervisión independientes a fin de garantizar la aplicación adecuada de las salvaguardias existentes, y por que se elaboren formas alternativas de tratamiento. Además, el Estado parte debería velar por la aplicación plena y oportuna de las recomendaciones formuladas por el Ombudsman, que figuran en su informe especial sobre la situación de las instituciones para la acogida de personas con discapacidad mental.

Quejas individuales

21)No obstante la información proporcionada en el informe del Estado parte sobre la posibilidad que tienen los reclusos y detenidos de presentar quejas, al Comité le preocupa el hecho de que sigue recibiendo informes sobre la falta de un mecanismo independiente y eficaz para recibir quejas y realizar investigaciones imparciales y completas de las denuncias de tortura, así como el hecho de que los mecanismos de queja existentes no se ponen a disposición de los reclusos y detenidos (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería velar por que toda persona que sostenga haber sido objeto de tortura o malos tratos tenga el derecho de presentar una queja ante las autoridades competentes, sin impedimento alguno, y tenga acceso a su expediente médico cuando lo solicite. Además, de conformidad con las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, debe asegurarse que todos los detenidos y reclusos reciban información sobre las posibilidades de presentar quejas, así como sobre su derecho a mantener una correspondencia confidencial con órganos judiciales y de recepción de denuncias externas, y por que en todas las cárceles se instalen buzones de quejas cerrados (CPT/Inf (2010)10, párr. 36).

Formación

22)Si bien el Comité acoge complacido la detallada información proporcionada por el Estado parte sobre los programas de capacitación organizados para las fuerzas del orden y el poder judicial, el Comité sigue preocupado por la falta de una capacidad uniforme a nivel estatal para formar a todos los funcionarios públicos, y por la información insuficiente sobre la vigilancia y evaluación de la eficacia de esos programas en la labor de prevención y detección de la tortura y los malos tratos (arts. 10 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que el personal médico y demás funcionarios que participan en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de privación de libertad, detención o prisión reciban formación periódica y sistemática sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y por que el Manual se traduzca a todos los idiomas que proceda y se fomente al máximo su aplicación;

b) Elabore y aplique una metodología para determinar la eficacia y los efectos de esos programas de educación y formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos y evalúe regularmente la capacitación impartida a las fuerzas del orden;

c) Intensifique sus esfuerzos por aplicar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en la formación de las personas que participan en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de las mujeres sometidas a cualquier forma de detención, privación de libertad o encarcelamiento; y

d) Refuerce la formación profesional impartida en las instituciones de protección social para las personas con discapacidad mental y en los hospitales psiquiátricos.

Trata de personas

23)El Comité toma nota de varias medidas adoptadas por el Estado parte, tales como la aprobación del Plan Nacional de Acción para combatir la trata de seres humanos y la migración ilegal (2008-2010), el establecimiento de una base de datos central sobre las víctimas de la trata identificadas y la emisión por el Ministerio de Seguridad de normas para la protección de las víctimas de la trata. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por el hecho de que el Código Penal no establezca las sanciones legales aplicables a las personas que han cometido el delito de trata o participado en él, así como por la falta de rigor de las condenas impuestas en caso de trata. El Comité también expresa preocupación por la lentitud y la complejidad de los procedimientos de reparación para las víctimas de trata (arts. 2, 4 y 16).

El Estado parte debería esforzarse más por combatir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Para ello debería, en particular:

a) Velar por que la trata se tipifique como delito en todas las regiones del Estado parte de conformidad con las normas internacionales, y por que este delito sea punible con sanciones adecuadas que tengan en cuenta su gravedad;

b) Mejorar la identificación de las víctimas de trata y ofrecerles programas de rehabilitación adecuados, así como un verdadero acceso a atención de la salu d y asesoramiento psicosocial; y

c) Impartir capacitación a los agentes del orden y a otros grupos pertinentes, y sensibilizar al público acerca del problema.

Desapariciones forzadas

24)El Comité toma nota de la declaración del Estado parte según la cual el Instituto para las Personas Desaparecidas está en pleno funcionamiento y observa que existe una cooperación continua con la Comisión Internacional de Desaparecidos con el fin de identificar a las personas desaparecidas, sin embargo le preocupa la protección insuficiente de los derechos de los familiares de las personas desaparecidas y el retraso en la creación de un fondo estatal para prestarles asistencia. El Comité también lamenta que la falta de armonización de las leyes del Estado parte dificulte la posibilidad de enjuiciar las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad (arts. 1, 4, 14 y 16).

El Comité recomienda que, de conformidad con las recomendaciones preliminares formuladas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias tras su misión de investigación a Bo snia y Herzegovina, en junio de  2010, el Estado parte:

a) Asegure la plena independencia del Instituto para las Personas Desaparecidas y le proporcione recursos materiales, financieros y humanos adecuados , incluida la tecnología disponible necesaria para detectar fosas y realizar exhumaciones;

b) Vele por que se establezca sin más demora el fondo para los familiares de desaparecidos y se asegure plenamente su financiación;

c) Complete el Registro central de las personas desaparecidas sin más dilación y lo ponga a disposición del público;

d) Respete el derecho de los familiares de los desaparecidos, incluidos los que viven fuera de Bosnia y Herzegovina, a conocer la verdad manteniéndolos regularmente informados de los avances realizados en los procesos de exhumación e identificación de los restos mortales, y les proporcione asistencia psicosocial durante el proceso;

e) Cumpla su obligación de investigar todos los casos de desaparición forzada; y

f) Estudie la posibilidad de ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Mecanismo Nacional de Prevención

25)Si bien el Comité observa que el Estado parte está preparando la creación Mecanismo Nacional de Prevención en colaboración con el Ombudsman y con el apoyo de la Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Bosnia y Herzegovina, sigue preocupado por informaciones en el sentido de que las autoridades competentes no han adoptado medidas legislativas y logísticas eficaces para establecer un mecanismo nacional de prevención independiente conforme a los artículos 17 a 23 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/14/16, párr. 90 (recomendación 17) y A/HRC/14/16/Add.1, párr. 10), acelerar el establecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención, respetando plenamente los requisitos mínimos del Protocolo Facultativo. El Mecanismo Nacional de Prevención debería contar con suficientes recursos financieros, humanos y materiales para poder desempeñar eficazmente su mandato.

Reunión de datos

26)El Comité lamenta la falta de datos completos y desglosados sobre las quejas, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relativos a los casos de tortura y malos tratos perpetrados por agentes del orden y funcionarios de prisiones, las violaciones y los actos de violencia sexual cometidos durante la guerra, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata y la violencia sexual y doméstica y los medios de reparación para las víctimas.

El Estado parte debería recopilar datos estadísticos, desglosados por tipo de delito, pertenencia étnica, edad y sexo, que resulten pertinentes para vigilar la aplicación de la Convención a nivel nacional, incluidos los datos sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relativos a los casos de tortura y malos tratos perpetrados por agentes del orden y funcionarios de prisiones; las violaciones y los actos de violencia sexual cometidos durante la guerra; las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata y la violencia sexual y doméstica, así como sobre los medios de reparación, incluidas las indemnizaciones y la rehabilitación, ofrecidos a las víctimas.

27)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

28)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 12, 18 y 24 del presente documento.

29)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas establecido para el documento específico de cada tratado. El Comité invita también al Estado parte a que presente un documento básico común actualizado, de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El documento relativo a cada tratado y el documento básico común satisfacen conjuntamente la obligación de presentar informes que el Estado parte tiene en virtud de la Convención.

30)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el sexto, a más tardar el 19 de noviembre de 2014.

49. Camboya

1)El Comité examinó el segundo informe periódico de Camboya (CAT/C/KHM/2) en sus sesiones 967ª y 968ª (CAT/C/SR.967 y 968), celebradas los días 9 y 10 de noviembre de 2010, y aprobó, en sus sesiones 979ª y 980ª (CAT/C/SR.979 y 980), las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)Si bien el Comité celebra la presentación del segundo informe periódico de Camboya, lamenta que, debido al considerable retraso en su presentación, no haya podido realizar un análisis continuo de la aplicación de la Convención en el Estado parte.

3)El Comité también se congratula de que el informe se haya elaborado de conformidad con su nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes, consistente en la respuesta por el Estado parte a una lista de cuestiones (CAT/C/KHM/Q/2) preparada y transmitida por el Comité. Este expresa su agradecimiento al Estado parte por haber accedido a preparar su informe con arreglo al nuevo procedimiento, que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité.

4)El Comité aprecia asimismo el diálogo entablado con la delegación del Estado parte y la información oral complementaria que esta proporcionó, pero lamenta que algunas de las preguntas formuladas al Estado parte hayan quedado sin responder.

B.Aspectos positivos

5)El Comité celebra la ratificación, en marzo de 2007, del Protocolo Facultativo de la Convención y la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a Camboya del 3 al 11 de diciembre de 2009.

6)El Comité celebra también que en el período transcurrido desde el examen de su informe inicial el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales o se haya adherido a ellos:

a)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en octubre de 2010;

b)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en diciembre de 2005, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención, en julio de 2007;

c)La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en septiembre de 2007;

d)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en julio de 2004;

e)El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en abril de 2002.

7)El Comité toma asimismo nota de los esfuerzos que se vienen realizando a nivel estatal para reformar la legislación, las políticas y los procedimientos a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en particular, la aprobación de:

a)La Ley de lucha contra la corrupción, en 2010;

b)El nuevo Código Penal, en 2009;

c)La Ley para poner fin a la trata de seres humanos y la explotación sexual comercial, en 2008;

d)El nuevo Código de Procedimiento Penal, en 2007;

e)La Ley de prevención de la violencia doméstica y de protección de las víctimas, en 2005, que incluye la tipificación de la violación marital.

8)El Comité observa con satisfacción que se han establecido Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya en colaboración con las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se congratula de que la Sala de Primera Instancia dictara sentencia en su primera causa (causa Nº 1) el 26 de julio de 2010 y procediera a la inculpación de los autores en su segunda causa (causa Nº 2), y de que las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puedan constituirse en parte civil en los procesos. Además, el Comité alienta al Estado parte a perseverar en sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los autores de atrocidades relacionadas con los jemeres rojos (causas Nº 3 y Nº 4).

9)El Comité también acoge favorablemente el establecimiento de la Oficina para los Refugiados en el Departamento de Inmigración del Ministerio del Interior en 2008, con el objetivo de proteger a los refugiados, entre los que puede haber víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la aprobación, el 17 de diciembre de 2009, del subdecreto sobre el procedimiento para la determinación del estatuto de refugiado y el derecho de asilo de los extranjeros en el Reino de Camboya, como primer paso para la creación de un marco jurídico.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Incorporación de la Convención a la legislación nacional

10)El Comité ve con agrado las garantías previstas en el artículo 31 de la Constitución y la decisión tomada en julio de 2007 por el Consejo Constitucional (Decisión Nº 092/003/2007), en la que se estipula que los tratados internacionales son parte del derecho nacional y que los tribunales deben tener en cuenta las normas de los tratados al interpretar las leyes y emitir fallos. No obstante, el Comité lamenta la falta de información sobre casos en que los tribunales nacionales hayan aplicado la Convención y, por tanto, le preocupa que, en la práctica, las disposiciones de las convenciones internacionales, incluida la Convención, no se invoquen ante los tribunales nacionales, las cortes de justicia o las autoridades administrativas del Estado parte o que esas instancias hagan cumplir directamente tales disposiciones. A ese respecto, el Comité observa con inquietud la inexistencia de una reparación efectiva por las violaciones de los derechos humanos, incluida la tortura y los malos tratos, lo que menoscaba la capacidad del Estado parte para cumplir sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, incluida la Convención (arts. 2, 4 y 10).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicabilidad de las disposiciones de la Convención en su ordenamiento jurídico interno. Esas medidas deberían incluir una amplia capacitación sobre las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, destinada a los funcionarios públicos, los agentes del orden y otros funcionarios competentes, así como a los jueces, los fiscales y los abogados. El Comité también pide al Estado parte que le informe acerca de los progresos realizados en este sentido y acerca de las decisiones adoptadas por los tribunales nacionales, las cortes de justicia o las autoridades administrativas para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención.

Definición y penalización de la tortura

11)El Comité toma nota de la declaración formulada por la delegación, en la que indica que el Estado parte se refiere al término "tortura" en un contexto general como todo acto por el cual se inflijan lesiones a una persona y tipifica la "tortura" como delito penal. Si bien toma nota de la información facilitada por el Estado parte de que, con arreglo al nuevo Código Penal, cuando el delito de tortura sea perpetrado por un funcionario en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, este será castigado con las penas previstas, preocupa al Comité que ese Código no contenga una definición de tortura. El Comité lamenta que el Estado parte no le haya proporcionado una copia de la disposición pertinente en que se tipifique la tortura como delito (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería incorporar en la Constitución, el Código Penal o en otro instrumento legislativo pertinente una definición de tortura que incluya todos los elementos que se enumeran en la Convención. Ello contribuiría a hacer patente su reconocimiento real y significativo de la gravedad del delito de tortura y de las violaciones de los derechos humanos y a luchar contra la impunidad. El Comité considera que mediante la denominación y definición del delito de tortura con arreglo a los artículos 1 y 4 de la Convención, y de manera independiente de otros delitos, los Estados partes promoverán directamente la prevención de la tortura, objetivo supremo de la Convención, en particular, alertando a todas las personas, incluidos los autores, las víctimas y el público en general, sobre la especial gravedad del delito de tortura, y reforzando el efecto disuasorio de la propia prohibición. El Comité pide asimismo al Estado parte que le proporcione sin dilación el texto del nuevo Código Penal, como solicitó durante el diálogo.

Corrupción

12)El Comité está profundamente preocupado por las denuncias de corrupción generalizada y sistémica en todo el país. El Comité considera que el estado de derecho es la piedra angular para la protección de los derechos enunciados en la Convención y, aunque celebra la nueva Ley de lucha contra la corrupción y otras medidas adoptadas por el Estado parte, observa con inquietud las denuncias de injerencia política y corrupción que afectan a los órganos judiciales y al funcionamiento de algunos servicios públicos, incluida la policía y otras fuerzas del orden. A este respecto, el Comité expresa su preocupación por las informaciones según las cuales los agentes de policía obtienen ascensos por las condenas impuestas y las comisarías reciben incentivos especiales por esas condenas, lo que equivale a un sistema de recompensas, así como por las informaciones que indican que los agentes de policía se benefician económicamente de los arreglos oficiosos o acuerdos extrajudiciales. Al Comité le preocupa también que la Dependencia de Lucha contra la Corrupción establecida en virtud de la nueva Ley de lucha contra la corrupción todavía no haya adoptado ninguna medida contra los presuntos autores de actos de corrupción y aún no funcione a plena capacidad (arts. 2, 10 y 12).

El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas y urgentes para erradicar la corrupción en todo el país, que es uno de los obstáculos más graves para el estado de derecho y la aplicación de la Convención. Esas medidas deberían incluir la aplicación efectiva de la Ley contra la corrupción y la pronta puesta en marcha de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción, que debería estar integrada por miembros independientes. El Estado parte también debería fortalecer su capacidad para investigar y enjuiciar los casos de corrupción. El Estado parte debería establecer un programa de protección de testigos y denunciantes de irregularidades para asegurar la confidencialidad y proteger a las personas que presenten denuncias de corrupción, y velar por que se asignen fondos suficientes para su funcionamiento eficaz. Además, el Estado parte debería organizar programas de formación y fomento de la capacidad, destinados a la policía y otros agentes del orden, fiscales y jueces, sobre la aplicación estricta de la legislación de lucha contra la corrupción y sobre los códigos de ética profesional pertinentes, y crear mecanismos eficaces para garantizar, de hecho y de derecho, la transparencia de la conducta de los funcionarios públicos. El Comité pide al Estado parte que le informe sobre los avances que se hayan logrado y las dificultades encontradas en la lucha contra la corrupción. El Comité pide asimismo al Estado parte que le proporcione información sobre el número de funcionarios, incluidos los de alto rango, que hayan sido enjuiciados y castigados por corrupción.

Independencia de la judicatura

13)El Comité reitera su profunda preocupación por la falta de independencia y eficacia de la judicatura, incluido el sistema de justicia penal, que obstaculiza el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellos el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al Comité también le preocupa que todavía no se hayan promulgado las leyes fundamentales de reforma del poder judicial. El Comité expresa igualmente su inquietud por la falta de independencia del Colegio de Abogados, la limitación del número de miembros y las salvedades a ese respecto. El Comité lamenta que el Estado parte no haya respondido a sus preguntas sobre las disposiciones de la Ley de lucha contra la corrupción que se ocupan de la independencia de la judicatura ni haya proporcionado ejemplos de casos en los que se investigó, enjuició y condenó a quienes ejercieron una presión indebida sobre el poder judicial (art. 2).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para establecer y garantizar un poder judicial plenamente independiente y profesional, en consonancia con las normas internacionales, y velar por que esté libre de injerencias políticas. Estos esfuerzos deberían incluir la promulgación inmediata de todas las leyes de reforma pertinentes, en particular la Ley orgánica de la organización y el funcionamiento de los tribunales, la enmienda a la Ley sobre el Consejo Supremo de la Magistratura y la Ley del estatuto de jueces y fiscales. El Estado parte debería asimismo cerciorarse de que quienes ejerzan una presión indebida sobre el poder judicial sean investigados, enjuiciados y condenados y debería proporcionar ejemplos de esos casos. Además, el Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que el Colegio de Abogados sea independiente y transparente y permita la admisión de un número suficiente de letrados. El Comité también pide al Estado parte que le facilite información sobre las disposiciones de la Ley de lucha contra la corrupción que se ocupan de la independencia del poder judicial.

Salvaguardias legales fundamentales

14)El Comité expresa una gran preocupación por el hecho de que el Estado parte no otorga en la práctica a todos los detenidos, incluidos los menores y los detenidos en prisión preventiva, todas las salvaguardias legales fundamentales desde el inicio de su detención. Esas salvaguardias incluyen el derecho de los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a ser sometidos a un examen médico independiente, preferiblemente por un médico de su elección, a avisar a un familiar, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención, en particular de los cargos formulados contra ellos, y a comparecer sin demora ante un juez. Preocupa especialmente al Comité que el Código de Procedimiento Penal solo prevea el derecho de los detenidos a consultar a un abogado 24 horas después de su detención, y que, según se informa, el acceso a un médico quede a discreción del agente del orden o del funcionario penitenciario competente. El Comité también expresa su inquietud por el número muy limitado de abogados defensores, incluidos los de oficio, que impide que muchos acusados obtengan asistencia letrada. Está igualmente preocupado por las informaciones según las cuales las personas privadas de libertad permanecen en detención policial durante períodos considerables sin que se proceda a su inscripción en el registro de detenidos y un número considerable de dependencias policiales y cárceles no cumplen en la práctica las normas que rigen los procedimientos de registro de los detenidos (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería adoptar con prontitud medidas eficaces para asegurar que todos los detenidos cuenten en la práctica con todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención. A tal efecto, el Estado parte debería modificar el Código de Procedimiento Penal con el fin de garantizar a los detenidos el derecho a tener acceso inmediato a un abogado desde el momento de su privación de libertad y a lo largo de toda la instrucción, el juicio oral y durante los recursos de apelación, así como a ser sometidos a un examen médico independiente, preferiblemente por un médico de su elección, a avisar a un familiar, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención, en particular de los cargos formulados en su contra, y a comparecer sin demora ante un juez. El Estado parte debería, con carácter urgente, aumentar el número de abogados defensores en el país, incluidos los de oficio, y eliminar los obstáculos injustificados a la admisión en el Colegio de Abogados. El Estado parte debería cerciorarse de que se registre sin demora a las personas privadas de libertad y velar por que en las dependencias policiales y penitenciarias se inspeccionen periódicamente los registros de los detenidos para velar por que se lleven con arreglo a los procedimientos establecidos por ley.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

15)El Comité sigue profundamente preocupado por las numerosas, continuas y concordantes denuncias de tortura y malos tratos de los detenidos en los centros de detención, en particular en las comisarías de policía. A este respecto, al Comité también le inquietan las numerosas denuncias de casos de violencia sexual contra mujeres privadas de libertad perpetrados por agentes del orden y el personal penitenciario. Preocupa además al Comité que rara vez se investiguen y se traduzcan en un proceso judicial esas denuncias y que al parecer exista un clima de impunidad que se manifiesta en la ausencia de medidas disciplinarias significativas o procesos penales contra los funcionarios acusados de cometer actos prohibidos por la Convención. Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte de que su legislación nacional, especialmente el Código de Procedimiento Penal, no contiene ninguna disposición que pueda invocarse como justificación o excusa para utilizar la tortura en circunstancia alguna, el Comité expresa su inquietud por la ausencia de una disposición en la legislación interna que prohíba expresamente invocar circunstancias excepcionales como justificación de la tortura (arts. 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar , con carácter urgente , medidas de aplicación inmediata y efectivas para prevenir los actos de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual durante la detención, en todo el país, mediante, entre otras cosas, la proclamación de una política que tenga resultados mensurables en cuanto a la erradicación de los actos de tortura y malos tratos por parte de funcionarios del Estado y la supervisión y/o grabación de las sesiones de interrogatorio policial.

El Estado parte también debería velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual durante la detención, sean investigadas con prontitud, eficacia e imparcialidad, y por que los autores sean enjuiciados y condenados de acuerdo con la gravedad de los hechos, como exige el artículo 4 de la Convención. El Estado parte debería adoptar un sistema de imposición de penas por los actos de tortura y malos tratos cometidos por funcionarios públicos para garantizar que se impongan penas adecuadas a los culpables de tales actos.

El Estado parte debería cerciorarse de que su legislación interna incluya una disposición que prohíba expresamente invocar circunstancias excepcionales como justificación de la tortura.

Denuncias e investigaciones prontas, imparciales y eficaces

16)El Comité expresa su preocupación por las informaciones de que los actos de tortura y malos tratos cometidos por funcionarios de las fuerzas del orden y penitenciarios están muy extendidos, que son escasas las investigaciones de esos casos y que se imponen muy pocas condenas. El Comité también está preocupado por la falta de un órgano civil independiente de supervisión facultado para recibir e investigar las denuncias de actos de tortura y malos tratos cometidos por la policía y otros agentes del orden. Asimismo, el Comité lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información detallada, en particular estadísticas, sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos, sobre los resultados de todos los procedimientos realizados, por las vías tanto penal como disciplinaria, y sobre su resolución. Además, inquieta al Comité la falta de mecanismos eficaces para garantizar la protección de las víctimas y los testigos (arts. 1, 2, 4, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería fortalecer sus medidas para asegurar la investigación pronta, imparcial y eficaz de todas las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a presos que cumplen condenas y a detenidos, en particular en las comisarías, y enjuiciar a los miembros de las fuerzas del orden y funcionarios penitenciarios que hayan realizado, ordenado o tolerado esas prácticas. El Estado parte debería establecer un mecanismo independiente de denuncia contra los actos de las fuerzas del orden y garantizar que las investigaciones sobre las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por agentes del orden estén a cargo de un órgano civil independiente de supervisión. Cuando existan indicios racionales de que se han cometido torturas o malos tratos, el presunto autor por lo general debería ser suspendido o trasladado mientras dure la investigación para evitar que pueda obstruir las pesquisas o persistir en las presuntas conductas inadmisibles contrarias a la Convención.

El Estado parte debería asimismo establecer un programa de protección de víctimas y testigos con miras a garantizar la confidencialidad y proteger a quienes acuden a denunciar los actos de tortura, así como velar por que se asignen fondos suficientes para su funcionamiento eficaz.

Prisión preventiva prolongada

17)El Comité observa con preocupación que el sistema de justicia penal del Estado parte sigue recurriendo a la prisión como primera medida en el caso de los acusados en espera de juicio y sigue preocupado por la prolongación injustificada del período de prisión preventiva, en el que los detenidos pueden ser sometidos a tortura y otros malos tratos (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para garantizar que su política de prisión preventiva cumpla las normas internacionales y que s o lo se utilice como medida excepcional durante un período limitado, de conformidad con los requisitos establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Con este fin, el Estado parte debería reconsiderar el recurso a la prisión como primera medida en el caso de los acusados en espera de juicio y examinar la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas de la prisión preventiva, como la libertad provisional vigilada. También debería aplicar íntegramente las disposiciones legales que permiten adoptar medidas no privativas de la libertad y seguir elaborando disposiciones en ese sentido.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

18)El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Estado parte de que varios de los organismos competentes están facultados para realizar inspecciones periódicas de las cárceles. El Comité también toma nota de la información facilitada por el Estado parte que indica que las ONG "pertinentes" están autorizadas a visitar las cárceles. No obstante, al Comité le inquieta la falta de información sobre la vigilancia e inspección efectivas de todos los lugares de detención, incluidas las comisarías, las cárceles, los centros de asuntos sociales, los centros de rehabilitación de toxicómanos y otros lugares donde las personas pueden verse privadas de su libertad. A este respecto, preocupa particularmente al Comité que el Estado parte no haya proporcionado información sobre si esas visitas se realizan sin previo aviso o se supervisan de otro modo, ni sobre el seguimiento de los resultados de tales visitas (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que establezca un sistema nacional encargado de la vigilancia e inspección efectivas de todos los lugares de detención, incluidas las comisarías, las cárceles, los centros de asuntos sociales, los centros de rehabilitación de toxicómanos y otros lugares donde las personas pueden verse privadas de su libertad, y a que efectúe un seguimiento para garantizar una vigilancia eficaz. El sistema debe incluir visitas periódicas y sin previo aviso de órganos de vigilancia nacionales e internacionales independientes, incluidas las ONG "pertinentes", a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Condiciones de detención

19)El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones de detención, entre otras cosas, mediante la aplicación del Programa de apoyo a la reforma penitenciaria, la promulgación del subdecreto que reglamenta las raciones de los presos y el equipamiento de las celdas, la elaboración del proyecto de normas mínimas de diseño para la construcción de cárceles, junto con los asociados internacionales, y la construcción de nuevos centros penitenciarios. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación por el alto nivel de hacinamiento en los lugares de privación de libertad, lo que representa una amenaza para la seguridad, la integridad física y psicológica y la salud de los detenidos. Al Comité le preocupan además las denuncias de falta de higiene y de alimentación y atención médica adecuadas. El Comité observa con inquietud que la población penitenciaria está creciendo de manera constante y está preocupado por la falta de formas de castigo distintas de la privación de libertad. Asimismo, el Comité observa con profunda preocupación los casos denunciados de fallecimientos durante la detención y lamenta que el Estado parte no haya proporcionado información al respecto. El Comité también expresa su profunda preocupación ante las denuncias, sobre las que el Estado parte no ha facilitado información, de que los "comités de autogestión de los reclusos" son a veces responsables de los abusos violentos y los malos tratos infligidos a otros presos en el curso de acciones disciplinarias que con frecuencia son ignoradas o toleradas por el Departamento General de Prisiones. Al Comité le inquieta además que a veces las mujeres detenidas no estén separadas de los hombres y que sigan estando vigiladas por personal penitenciario masculino, debido al reducido número de personal penitenciario femenino (arts. 1, 2, 4, 11 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para reducir eficazmente el hacinamiento en los lugares de privación de libertad, incluidas las comisarías y las cárceles, y para mejorar las condiciones en esos lugares, en particular por lo que respecta a la higiene y al suministro de alimentos. Con este fin, el Comité recomienda al Estado parte que aplique medidas sustitutivas de la privación de libertad y destine suficientes asignaciones presupuestarias para desarrollar y renovar las infraestructuras de las cárceles y otros lugares de detención. Asimismo, el Estado parte debería definir y regular claramente la función y la finalidad de los "comités de autogestión de los reclusos" y cerciorarse de que los casos de abusos y malos tratos cometidos por esos organismos sean investigados y los autores castigados. Además, los funcionarios del Departamento General de Prisiones que ignoren o toleren tales actos deberían rendir cuentas por ello y ser objeto de suspensión o traslado durante el proceso de investigación. El Comité también pide información actualizada sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Kong La, Heng Touch y Mao Sok, así como información sobre las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas derivadas de esos casos.

El Estado parte también debería revisar las actuales políticas y procedimientos de detención y trato de los detenidos, en las comisarías de policía y en otros lugares, separar a las mujeres detenidas de los hombres y velar por que las reclusas sean vigiladas por funcionarias, vigilar y documentar los casos de violencia sexual durante la detención, y proporcionar al Comité datos al respecto, desglosados por los indicadores pertinentes. El Comité recomienda además al Estado parte que considere la posibilidad de elaborar una reseña fidedigna y exacta de la población penitenciaria, que incluya información sobre la duración de la pena, el delito cometido y la edad del delincuente, con el fin de ayudar a fundamentar las decisiones en materia de justicia penal.

Centros de asuntos sociales

20)El Comité toma nota de la información y las aclaraciones facilitadas por la delegación respecto de los centros de asuntos sociales, en particular que el Estado parte ha acordado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Camboya llevar a cabo una evaluación de las políticas, los procedimientos y las prácticas vigentes para la remisión, el acogimiento, la gestión, la rehabilitación y la reintegración de los niños, las mujeres y las personas vulnerables en los centros de asuntos sociales y los centros de rehabilitación para jóvenes de todo el país. No obstante, el Comité expresa su grave preocupación por las constantes denuncias de redadas realizadas por agentes del orden en la calle y la reclusión posterior de personas, en particular trabajadores sexuales, víctimas de la trata, toxicómanos, personas sin hogar, mendigos, niños de la calle y enfermos mentales, en los centros de asuntos sociales, en contra de su voluntad y sin ninguna base jurídica ni orden judicial. Además, el Comité toma nota con particular inquietud de las denuncias de un cuadro persistente de detenciones arbitrarias y abusos en Prey Speu entre finales de 2006 y 2008, que comprenden casos de tortura, violación, palizas, presuntos suicidios e incluso presuntos asesinatos cometidos contra los detenidos por guardias de los centros de asuntos sociales. Al Comité le preocupa además la falta de información sobre cualquier iniciativa emprendida por el Estado parte para realizar una investigación exhaustiva de estas denuncias (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que erradique cualquier forma de detención arbitraria e ilegal de personas, en especial en los centros de asuntos sociales, incluido Prey Speu. El Estado parte debería garantizar que todos los departamentos gubernamentales competentes respeten el derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente a causa de su condición social tal como la entiende la Administración y sin ninguna base jurídica ni orden judicial. El Estado parte también debería velar por que los funcionarios, los guardias y las demás personas involucradas en detenciones arbitrarias y casos de abuso sean investigadas y enjuiciadas inmediatamente por esos actos y por que se proporcione reparación a las víctimas.

El Estado parte debería, con carácter de urgencia, realizar una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, en Prey Speu entre finales de 2006 y 2008. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que, en cooperación con los asociados pertinentes, busque alternativas viables y humanitarias para los grupos desfavorecidos y vulnerables, incluidas las personas que viven y trabajan en la calle, y brinde a esos grupos el tipo de asistencia que requieren.

Violencia sexual, incluida la violación

21)El Comité expresa su grave inquietud por el hecho de que, según la información facilitada en el marco del plan estratégico quinquenal denominado "Neary Rattanak III" (2009-2013) del Estado parte, la violencia contra la mujer sigue estando muy extendida en Camboya y, según se indica, hay una creciente incidencia de, por lo menos, algunas formas de violencia basada en el género, en particular la violación. El Comité también está preocupado por las informaciones de fuentes no gubernamentales acerca de un número cada vez mayor de denuncias de violación, en particular violaciones de niñas de corta edad y violaciones en grupo, porque la violencia y los abusos sexuales afectan en especial a los pobres, porque las mujeres y los niños que son víctimas de esa violencia tienen un acceso limitado a la justicia y porque hay una gran escasez de servicios médicos y apoyo psicosocial a las víctimas (arts. 1, 2, 4, 11, 13 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir la violencia y los abusos sexuales contra las mujeres y los niños, incluida la violación. A tal efecto, el Estado parte debería establecer y promover un mecanismo eficaz para recibir e investigar las denuncias de violencia sexual, brindar a las víctimas protección psicológica y médica, así como acceso a una reparación que incluya, según proceda, una indemnización y la rehabilitación. El Comité pide al Estado parte que le proporcione estadísticas sobre el número de denuncias de violación e información sobre las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas en relación con esos casos.

Trata de personas

22)El Comité acoge con agrado la información proporcionada por la delegación sobre las medidas emprendidas para repatriar y proteger a las víctimas de la trata, la aprobación, en 2008, de la Ley de lucha contra la trata de personas y la adopción del Segundo Plan Nacional sobre la trata de personas y la trata con fines sexuales, 2006-2010, las actividades del Departamento de Lucha contra la Trata y Protección Juvenil del Ministerio del Interior, así como otras medidas legislativas, administrativas y policiales adoptadas para combatir la trata de personas. No obstante, el Comité toma nota con gran inquietud de las informaciones que indican que un elevado número de mujeres y niños sigue siendo víctima dentro del país o en tránsito, de la trata, con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. El Comité también considera preocupante que el Estado parte no haya proporcionado estadísticas sobre el número de denuncias, investigaciones y procesamientos de los responsables de la trata, así como las condenas dictadas contra estos, y la falta de información sobre las medidas prácticas adoptadas para prevenir y combatir esos fenómenos, en particular las medidas médicas, sociales y de rehabilitación (arts. 1, 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, en particular mediante la aplicación de las leyes de lucha contra la trata de personas, la protección de las víctimas y la facilitación de su acceso a servicios médicos, sociales, jurídicos y de rehabilitación, así como a servicios de apoyo psicológico, si procede. El Estado parte también debería crear las condiciones adecuadas para que las víctimas puedan ejercer su derecho a presentar denuncias, investigar con prontitud, imparcialidad y eficacia todas las denuncias de trata y velar por que los culpables de esos delitos sean castigados con penas acordes con la gravedad de los delitos cometidos.

Los niños detenidos

23)El Comité celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para reformar su sistema de justicia juvenil, entre los que figuran la elaboración del proyecto de ley de justicia juvenil y el establecimiento, en 2006, de un grupo de trabajo interministerial sobre justicia juvenil. Con todo, el Comité expresa su preocupación por las informaciones que indican que hay un elevado número de niños detenidos y por la falta de medidas distintas de la privación de libertad. Al Comité también le inquieta que los niños no siempre estén separados de los adultos en los centros de detención (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería, con carácter de urgencia, establecer un sistema de justicia juvenil independiente, adaptado a las necesidades particulares de los niños y a su condición y sus necesidades especiales. Con este fin, el Estado parte debería promulgar sin dilación el proyecto de ley de justicia juvenil y asegurarse de que esta ley esté en conformidad con las normas internacionales, y elaborar las correspondientes orientaciones y directrices sobre el concepto de un sistema de justicia adaptado a los niños, destinadas a los jueces, los fiscales y la policía judicial. El Estado parte debería también adoptar todas las medidas necesarias para elaborar y poner en práctica un sistema amplio de medidas sustitutivas con el objetivo de que la privación de libertad de los niños se utilice s o lo como medida de último recurso, durante el menor tiempo posible y en condiciones apropiadas. Además, el Estado parte debería emprender las medidas necesarias para garantizar que los menores de 18 años no estén detenidos junto con los adultos.

Refugiados y no devolución

24)Si bien el Comité celebra que el Estado parte se haya adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, expresa su preocupación por la falta de información sobre los instrumentos legislativos internos que garantizan los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo, incluidos los niños no acompañados que necesitan protección internacional. El Comité también está preocupado por la falta de disposiciones jurídicas que prohíban expresamente la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Asimismo, inquieta al Comité que a muchas personas no se haya concedido la plena protección prevista en el artículo 3 de la Convención para casos de expulsión, devolución o deportación. Por ejemplo a los 674 miembros de la etnia montagnard, solicitantes de asilo que ya no se encuentran en el Estado parte y a los 20 uigures solicitantes de asilo que fueron objeto de repatriación forzosa a China en diciembre de 2009. Le preocupa también que no se disponga de información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para realizar un seguimiento de su situación (arts. 3, 12 y 13).

El Estado parte debería formular y adoptar legislación nacional que garantice los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo, incluidos los niños no acompañados que necesitan protección internacional. El Estado parte debería también formular y adoptar disposiciones jurídicas para incorporar en su derecho interno el artículo 3 de la Convención. El Estado parte no debe, en ninguna circunstancia, proceder a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado si hay razones fundadas para creer que esa persona estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos. El Comité pide al Estado parte que garantice un seguimiento adecuado de la situación de los 674 miembros de la etnia montagnard y los 20 uigures solicitantes de asilo y le proporcione información sobre estos casos.

Formación

25)El Comité toma nota de la información incluida en el informe del Estado parte acerca de los programas de formación y sensibilización en materia de derechos humanos para los agentes del orden, incluida la policía y la policía judicial, los jueces y los fiscales. Sin embargo, lamenta la falta de datos acerca de la formación específica y práctica destinada a estos grupos, así como al personal penitenciario, sobre las obligaciones dimanantes de la Convención, en particular sobre la prohibición de la tortura, la prevención de la tortura o la investigación de los presuntos casos de tortura, incluida la violencia sexual. El Comité también lamenta la falta de información sobre la capacitación de la policía y otros funcionarios competentes en cuestiones como el interrogatorio de testigos, la protección de testigos, los métodos forenses y la reunión de pruebas. Además, el Comité está preocupado por la falta de información sobre la capacitación específica que se imparte al personal competente, como los médicos forenses y el personal médico que atiende a los detenidos, sobre los métodos para documentar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura y los métodos para atender a las víctimas detectadas e informar a las autoridades judiciales. Al Comité le preocupa asimismo la falta de información sobre si esa formación incluye códigos de ética profesional y si estos contienen la prohibición de la tortura, entre otras cosas (art. 10).

El Estado parte debería ampliar y reforzar los programas de educación, en colaboración con las ONG, para asegurar que todos los funcionarios, en particular los agentes del orden y el personal penitenciario, conozcan plenamente las disposiciones de la Convención, que las infracciones denunciadas, incluidos los casos de violencia sexual, no se toleren y sean investigadas, y que se enjuicie a los infractores. Además, la policía y otros funcionarios competentes deberían recibir capacitación sobre el interrogatorio de testigos, la protección de testigos, los métodos forenses y la reunión de pruebas, y todo el personal competente, incluidos los funcionarios encargados de investigar y documentar esos casos, debería recibir formación específica sobre la manera de detectar los indicios de tortura y malos tratos. La formación debería incluir la utilización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). Además, el Estado parte debería asegurarse de que los correspondientes códigos de ética profesional y la importancia de respetar esos códigos formen parte integrante de las actividades de capacitación. Asimismo, el Estado parte debería evaluar la eficacia y los efectos de sus programas de formación y educación.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

26)Si bien el Comité toma nota de que, en virtud del artículo 39 de la Constitución, todos los ciudadanos tienen derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios causados por los órganos del Estado, las organizaciones sociales y el personal de esos órganos y organizaciones, está preocupado por la falta de información y datos sobre la concesión de una indemnización justa y adecuada a las víctimas de tortura. El Comité también está preocupado por la falta de información sobre la prestación de tratamientos y servicios de rehabilitación social, como la rehabilitación médica y psicosocial, a todas esas víctimas (art. 14).

El Comité subraya que incumbe al Estado la responsabilidad de proporcionar reparación a las víctimas de tortura y a sus familias. Con tal fin, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para proporcionar a esas víctimas una reparación que incluya una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación más completa posible. El Estado parte también debería intensificar sus medidas para mejorar el acceso de las víctimas de tortura a los servicios médicos y psicológicos, en especial durante e l encarcelamiento o después de e ste, y cerciorarse de que se les presten servicios de rehabilitación de manera pronta y efectiva; sensibilizar a los profesionales de la salud y del bienestar social sobre las consecuencias de la tortura y la necesidad de rehabilitación que tienen las víctimas de tortura, con miras a aumentar su remisión a los servicios especializados desde el sistema de atención primaria de la salud; y reforzar la capacidad de los organismos nacionales de salud para brindar servicios de rehabilitación especializados, con arreglo a las normas internacionales recomendadas, a las víctimas de tortura, incluidos sus familiares, específicamente en el ámbito de la salud mental.

27)El Comité toma nota con inquietud de que las normas internas de las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya prevén únicamente la reparación moral y colectiva, lo que excluye una indemnización pecuniaria individual. Si bien el Comité toma nota de la existencia de la Sección de Apoyo a las Víctimas, está preocupado porque la rehabilitación y el apoyo psicosocial proporcionados a quienes testifican en esas Salas corren a cargo en gran medida de las ONG, con escaso respaldo del Estado, y lamenta que se haya facilitado muy poca información sobre los tratamientos y servicios de rehabilitación social, como la rehabilitación médica y psicosocial, prestados a las víctimas de tortura bajo el régimen de los jemeres rojos (art. 14).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para proporcionar a las víctimas de tortura bajo el régimen de los jemeres rojos una reparación que incluya una indemnización justa y adecuada y la rehabilitación más completa posible. Con este fin, las Salas Extraordinarias de los Tribunales de Camboya deberían modificar sus normas internas para ofrecer reparación a las víctimas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, con inclusión, si procede, de una indemnización pecuniaria individual. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización decretadas por las Salas Extraordinarias y proporcionadas a las víctimas de tortura o a sus familias. Esa información debería incluir el número de solicitudes presentadas, el número de indemnizaciones otorgadas y las sumas concedidas y efectivamente abonadas en cada caso.

Confesiones obtenidas bajo coacción

28)El Comité manifiesta su preocupación por las informaciones de que en los tribunales del Estado parte se utilizan en forma generalizada como pruebas las confesiones obtenidas por la fuerza. Preocupa también al Comité la falta de información sobre los funcionarios que pudieran haber sido enjuiciados y castigados por obtener esas confesiones (arts. 1, 2, 4, 10 y 15).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para asegurar que las confesiones obtenidas bajo tortura sean inadmisibles ante los tribunales en todos los casos, de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que prohíba categóricamente la admisibilidad en cualesquiera actuaciones de las pruebas obtenidas mediante tortura, y le proporcione información sobre si se ha procesado y sancionado a algún funcionario por obtener confesiones de ese modo, así como ejemplos de procesos que hayan sido declarados nulos porque se había obtenido una confesión bajo coacción. Asimismo, el Estado parte debería velar por que se imparta formación a los agentes del orden, los jueces y los abogados sobre los métodos de detección e investigación de los casos de confesión obtenida por la fuerza.

Institución nacional de derechos humanos

29)El Comité observa con preocupación que en el Estado parte no existe una institución nacional independiente de derechos humanos conforme a los Principios de París (resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993) (art. 2).

El Estado parte debería agilizar los trámites para establecer una institución nacional independiente de derechos humanos que se ajuste a los Principios de París. El Comité pide al Estado parte que se asegure de que la institución nacional de derechos humanos reciba el mandato de proteger y promover las disposiciones sobre derechos humanos de la Convención, y de que se la dote de los recursos financieros necesarios para que funcione de manera independiente. A ese respecto, el Estado parte quizás desee solicitar asistencia técnica a la Oficina del ACNUDH en Camboya.

Mecanismo nacional de prevención

30)El Comité toma nota de la creación mediante subdecreto, en agosto de 2009, de un comité interministerial como órgano transitorio hasta el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención. No obstante, el Comité observa con preocupación que el comité interministerial, integrado por altos funcionarios y presidido por el Viceprimer Ministro y Ministro del Interior, no cumple lo previsto en el Protocolo Facultativo, en particular por lo que se refiere a su independencia y a que en él no participa la sociedad civil. Al Comité también le inquieta la información proporcionada por la delegación de que el actual mandato del mecanismo nacional de prevención no prevé visitas sin previo aviso (art. 2).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que su mecanismo nacional de prevención se establezca de conformidad con el Protocolo Facultativo de la Convención. A tal efecto, el Estado parte debería garantizar que ese mecanismo se cree mediante una enmienda de la Constitución o una ley orgánica, que goce de independencia institucional y financiera, y que esté integrado por profesionales. El Estado parte también debería velar por que la ley por la que se establece el mecanismo nacional de prevención especifique que e ste estará facultado para realizar visitas sin previo aviso a todos los lugares donde haya o pueda haber personas privadas de su libertad y para entrevistarse con ellas en privado, y por que dicha ley prevea un procedimiento de selección transparente que permita nombrar a miembros independientes para integrarlo.

El Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de publicar el informe elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura tras la visita que realizó al país en diciembre de 2009.

Cooperación con la sociedad civil

31)Si bien el Comité toma nota del interés expresado por el Estado parte en colaborar con las ONG, le preocupa que no se haya facilitado información sobre si el proyecto de ley que regulará las ONG podría de alguna manera obstaculizar el funcionamiento y las actividades de los grupos de vigilancia de la sociedad civil, incluidas las ONG que trabajan para prevenir y combatir la tortura y los malos tratos, y, por consiguiente, su capacidad para realizar una labor eficaz (arts. 2, 11, 12 y 13).

El Estado parte debería garantizar que no se limite el establecimiento y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG, y que e stas puedan realizar sus actividades independientemente del Gobierno. En particular, el Comité insta al Estado parte a que cree un entorno propicio para el establecimiento de las ONG y su participación activa en la promoción de la aplicación de la Convención.

Reunión de datos

32)El Comité lamenta que, a pesar de las solicitudes de información estadística específica que formuló tanto en la lista de cuestiones previa a la presentación del informe como durante el diálogo oral con el Estado parte, no se le haya proporcionado esa información. La detección de muchos abusos que requieren atención se ve seriamente entorpecida por la falta de datos globales o desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias por actos de tortura y malos tratos que pudieran haber cometido funcionarios de las fuerzas del orden y el personal penitenciario, o por casos de trata de personas o violencia doméstica y sexual (arts. 2, 12, 13 y 19).

El Estado parte debería reunir los datos estadísticos pertinentes para la vigilancia de la aplicación de la Convención a nivel nacional, desglosados por género, edad y nacionalidad, así como la información relativa a las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las sentencias condenatorias por casos de tortura y malos tratos, trata de personas y violencia doméstica y sexual, y los resultados de todas las denuncias y causas judiciales. El Estado parte debería proporcionar sin demora al Comité la información antes mencionada, incluido el número de denuncias de tortura, agresiones y otros malos tratos que se han presentado desde 2003, año en que se examinó el informe anterior del Estado parte, así como el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas derivadas de esas denuncias.

33)El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

34)El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

35)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes presentados por Camboya al Comité y a las presentes observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

36)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 12, 14, 16, 26 y 27.

37)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas establecido para los documentos específicos para cada tratado. El Comité invita también al Estado parte a que presente un documento básico común actualizado, de conformidad con los requisitos correspondientes enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El documento relativo a cada tratado junto con el documento básico común constituyen el informe que el Estado parte tiene obligación de presentar con arreglo a la Convención.

38)Se invita al Estado parte a que presente su tercer informe periódico a más tardar, el 19 de noviembre de 2014.

50.Ecuador

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados del Ecuador (CAT/C/ECU/4-6) en sus sesiones 965ª y 966ª (CAT/C/SR.965 y 966), celebradas los días 8 y 9 de noviembre de 2010, y aprobó en sus sesiones 978ª y 979ª (CAT/C/SR.978 y 979) las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A.Introducción

2)El Comité celebra que el Ecuador haya presentado sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados en respuesta a la lista de cuestiones previas a la presentación de informes (CAT/C/ECU/Q/4).

3)El Comité aprecia que el Estado parte haya aceptado este nuevo procedimiento para la presentación de informes periódicos que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité. Agradece, asimismo, que el Estado parte haya incluido información sobre las diversas medidas adoptadas para atender las preocupaciones expresadas en las anteriores observaciones finales del Comité (CAT/C/ECU/CO/3), así como sus respuestas a la carta de 11 de mayo de 2009 enviada por la Relatora del Comité para el seguimiento de las observaciones finales.

4)El Comité aprecia también el diálogo franco y abierto entablado con la delegación del Estado parte y la información complementaria que esta proporcionó durante el examen del informe.

B.Aspectos positivos

5)El Comité observa con satisfacción que desde el examen de su tercer informe periódico del Estado parte ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (20 de julio de 2010);

b)Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (20 de octubre de 2009);

c)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo (3 de abril de 2008).

6)El Comité toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para revisar su legislación con miras a cumplir las recomendaciones del Comité y mejorar la aplicación de las convenciones, por ejemplo:

a)La entrada en vigor, el 20 de octubre de 2008, de la nueva Constitución de la República del Ecuador, que establece el marco general de protección de los derechos humanos, fundamentalmente en su Título II (Derechos), cuyo respeto se ve reforzado por el artículo 11.3 relativo a la aplicabilidad directa e inmediata de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En particular, el Comité acoge con satisfacción las disposiciones sobre:

i)La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas, crueles, inhumanos y degradantes (art. 66, párr. 3, inciso c);

ii)La inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales (art. 76, párr. 4);

iii)La incorporación de nuevas figuras jurídicas para la protección de los derechos humanos, como las acciones de protección (art. 88), habeas corpus (art. 89) y extraordinaria de protección (art. 94);

iv)El enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional por órganos de la función judicial (art. 160);

v)La figura de la Defensoría Pública como órgano autónomo de la función judicial encargado de garantizar la asistencia letrada gratuita a aquellas personas que no cuenten con los recursos necesarios para contratar los servicios de un abogado (art. 191).

b)La Resolución Nº 0002-2005-TC del Tribunal Constitucional (hoy, Corte Constitucional), publicada en el Registro Oficial Nº 382-S, de 23 de octubre de 2006, en la que se declara inconstitucional la figura de la detención en firme;

c)La Resolución Nº 0042-2007-TC del Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial Nº 371, de 1º de julio de 2008, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 145 y 147 de la Ley de seguridad nacional que permitían el enjuiciamiento de civiles por parte de la jurisdicción militar por actos cometidos durante estados de emergencia; y la sentencia interpretativa Nº 001-08-SI-CC de la nueva Corte Constitucional, publicada en el Registro Oficial Nº 479, de 2 de diciembre de 2008, en la que se confirma que "las ex Cortes Militar y Policial dejaron de existir con la vigencia de la Constitución del 2008";

7)El Comité también celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos a fin de velar por una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular:

a)La adopción, el 8 de mayo de 2008, de la Política del Ecuador en materia de refugio por la que se compromete a cumplir con los compromisos adquiridos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004;

b)La adopción en 2006 del Plan nacional para combatir la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores;

c)La aprobación de la Ley reformatoria al Código Penal (Ley Nº 2005-2, Registro Oficial Nº 45 de 23 de junio de 2005), que tipifica y sanciona los delitos de explotación sexual de menores de edad;

d)La publicación, el 7 de junio de 2010, del Informe Final de la Comisión de la Verdad con los resultados de sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el Ecuador, principalmente durante el período comprendido entre 1984 y 1988.

8)El Comité observa con agrado la acogida por el Estado parte de decenas de miles de refugiados y solicitantes de asilo, en su gran mayoría colombianos que huyen del conflicto armado interno que vive su país. El Estado parte estima en unas 135.000 las personas con necesidad de protección internacional presentes en su territorio y ha otorgado el estatuto de refugiado a más de 45.000 al 26 de noviembre de 2009.

9)El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte mantiene una invitación permanente a todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Desde el examen del anterior informe periódico del Estado parte, el Ecuador ha recibido la visita de siete relatores especiales y grupos de trabajo del Consejo.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

10)Si bien el Comité toma nota de que la Constitución de 2008, en el inciso c) del párrafo 3 de su artículo 66, dispone la prohibición de la tortura y los tratos y penas, crueles, inhumanos y degradantes, lamenta que todavía no se haya tipificado en el Código Penal del Estado parte el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención (arts. 1 y 4).

El Comité reitera su anterior recomendación (CAT/C/ECU/CO/3, párr. 14) de que el Estado parte tipifique en su derecho interno el delito de tortura y adopte una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte también debería velar por que esos delitos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

Garantías procesales fundamentales

11)El Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar el respeto de las garantías procesales fundamentales de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución. Las directrices adoptadas incluyen el derecho de los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a ser sometidos a un examen médico, a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indiquen, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención, así como a comparecer ante un juez dentro del plazo previsto por la ley. A este respecto, al Comité le preocupa la información incluida por el Estado parte en su informe (párr. 85) de que "cuando una persona es detenida, previo al ingreso en un centro carcelario o calabozo policial, es atendida por un médico de turno de una casa de salud o quien haga sus veces, que puede pertenecer a la policía nacional o la Fiscalía". El Comité toma nota de lo indicado por la delegación del Estado parte respecto del escaso número de peritos forenses independientes (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería garantizar a las personas que se encuentran bajo detención policial su derecho a acceder a un examen médico independiente.

Protección a los médicos forenses y otros defensores de derechos humanos

12)El Comité expresa su repulsa y más enérgica condena por el asesinato el 6 de julio de 2010 del Dr. Germán Antonio Ramírez Herrera, experto forense especialista en la investigación de casos de tortura y ejecuciones sumarias. Según las informaciones recibidas, el Dr. Ramírez Herrera habría recibido amenazas tras documentar casos de tortura y malos tratos en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo. Al mismo tiempo, el Comité solicita al Estado parte que otorgue protección adecuada a los miembros de la red nacional de expertos forenses, así como al resto de defensores de derechos humanos que luchan contra la tortura y la impunidad en el Ecuador (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería:

a) Informar al Comité de los resultados de las investigaciones realizadas sobre el asesinato del Dr. Ramírez Herrera una vez se haga público el sumario del caso;

b) Adoptar un programa destinado a la protección de aquellos profesionales que con sus investigaciones permiten aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura y malos tratos.

No devolución y acceso a un procedimiento de asilo justo y rápido

13)El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para responder adecuadamente al considerable aumento en el número de personas con necesidad de protección internacional presentes en su territorio (véase supra, párr. 8). Celebra, en particular, la puesta en marcha de iniciativas como el Registro Ampliado, que ofreció acceso rápido a los procedimientos de determinación del estatuto de refugiado a decenas de miles de colombianos en las zonas fronterizas más remotas. Sin embargo, el Comité toma nota con preocupación del contenido del Decreto ejecutivo Nº 1471, de 3 de diciembre de 2008, por el que se estableció como requisito previo al ingreso en territorio ecuatoriano de ciudadanos colombianos la presentación de un certificado de antecedentes penales o "pasado judicial", expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia dependiente del poder ejecutivo en Colombia. El carácter discriminatorio de la norma ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo, así como por varios organismos internacionales, y fue objeto de modificación parcial mediante el Decreto ejecutivo Nº 1522, de 7 de enero de 2009, por el que se exceptúa de este requisito a "menores de edad, refugiados legalmente reconocidos por el Ecuador, los tripulantes de aeronaves, las autoridades gubernamentales o seccionales, funcionarios diplomáticos y miembros de organismos internacionales". El Comité considera que el cumplimiento de dicho requisito por parte de los solicitantes de asilo estaría obligando a muchas personas en necesidad de protección internacional a poner en riesgo su seguridad (art. 3).

Ante el considerable aumento de solicitantes de asilo en el Ecuador durante los últimos años, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Continúe los esfuerzos realizados en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la identificación y protección de los ref ugiados y solicitantes de asilo.

b) Examine la conformidad de la legislación vigente en materia de asilo e inmigración con las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos, en particular el principio de no discriminación. El Estado parte debería, asimismo, considerar la eliminación del requisito de presentación del "pasado judicial" en las solicitudes de asilo, que a juicio de este Comité no respeta los principios de no devolución y confidencialidad en materia de derecho de los refugiados.

Abuso y devolución de solicitantes de asilo y refugiados

14)El Comité observa con gran inquietud el deterioro de la situación en la frontera norte con Colombia como consecuencia del conflicto interno en el país vecino y la presencia de grupos dedicados al crimen organizado, que ha llevado al Estado parte a intensificar su presencia militar en la zona. Si bien es consciente de las serias dificultades a las que debe hacer frente el Estado parte para mantener el orden público en las provincias fronterizas, al Comité le preocupan seriamente las informaciones recibidas sobre los continuos abusos y actos de violencia contra la población civil, en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana, por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas (arts. 1 a 3, 10 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte:

a) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad física de la población civil en las provincias fronterizas con Colombia, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo que se hallen bajo su jurisdicción;

b) Velar por que se investiguen las muertes y abusos cometidos en esa región y se enjuicie a los autores de esos actos;

c) Continuar los programas de formación continua obligatoria para miembros de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad del Estado en materia de derechos humanos, asilo y migración, dando prioridad a aquellos policías y militares que se encuentren cumpliendo servicio o vayan a ser destinados a zonas de frontera;

d) Realizar una revisión periódica de los contenidos de la Guía de Derechos Humanos y Movilidad Humana para miembros de las fuerzas armadas y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

15)El Comité observa con profunda preocupación la extensa documentación recibida sobre abusos y agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas ecuatorianas. El Comité recibió información sobre mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, que son acosadas sexualmente u obligadas a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de expulsión. El Comité señala a la atención del Estado parte los recientes casos de devolución de solicitantes de asilo colombianos ocurridos en junio de 2010 y la expulsión sumaria de otro en octubre de 2010 antes de que se hubiera adoptado una decisión en respuesta a su apelación (arts. 1 a 4 y 16).

El Estado parte debería:

a) Velar por que se investiguen plenamente los abusos cometidos contra refugiados y solicitantes de asilo, en particular mujeres y niñas;

b) Asegurar que estos hechos no queden impunes y se establezcan las responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes;

c) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción reciban un trato justo en todas las fases del procedimiento de asilo y, en particular, una revisión efectiva, imparcial e independiente de la decisión de expulsión, devolución o deportación;

d) Velar por el cumplimiento y correcta aplicación, por parte de los Intendentes (Autoridad Provincial de Policía) y Jefes Provinciales de la Policía de Migración, del Protocolo aplicable en procedimientos de deportación y, en caso contrario, proceder a la imposición de las sanciones correspondientes;

e) Adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para facilitar la integración de los refugiados y solicitantes de asilo;

f) Reforzar las campañas de concienciación sobre el conflicto en Colombia y la situación de aquellas personas que llegan al Ecuador en busca de refugio, así como el diseño de medidas de sensibilización que contribuyan a eliminar actitudes discriminatioras o xenófobas.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

16)El Comité observa con preocupación que, según la información proporcionada por el Estado parte en su informe periódico (párr. 181), la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional habría remitido a los jueces ordinarios y policiales únicamente 59 de las 299 denuncias por presuntos malos tratos, tortura o agresiones físicas presentadas en sus oficinas entre mayo de 2005 y diciembre de 2008. Además, el informe periódico del Estado parte indica (párrs. 164 a 166) que entre 2003 y 2008 "tan solo dos procesos de delito contra la libertad individual y torturas llegaron a tener una sentencia condenatoria (…)". Al Comité le preocupa también que, de acuerdo con la información facilitada por la delegación del Estado parte, durante el presente año se hayan presentado únicamente cinco denuncias específicas de maltrato en la red de instituciones penitenciarias del Estado parte, todas ellas en centros de adolescentes infractores. El Comité considera que estos datos contrastan con las persistentes informaciones y la amplia documentación recibida de otras fuentes sobre casos de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad. Al mismo tiempo, el Comité toma nota con interés del Acuerdo ministerial Nº 1435, emitido por el Ministerio del Interior el 9 de junio de 2010, por el que se señala a la Unidad de Asuntos Internos "que, aun cuando hubiese transcurrido el tiempo procesal de investigación, se reabran todos aquellos casos sobre violaciones de derechos humanos en los que se constate que han sido cerrados o archivados sin una adecuada investigación y/o aquellos en los cuales aparezcan nuevos elementos que pudieran llegar a determinar posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas de miembros policiales, para derivarlas a las autoridades pertinentes" (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas apropiadas para velar por que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen de forma pronta e imparcial. En particular, estas investigaciones deben estar al cargo de un órgano independiente y no bajo la autoridad de la policía.

b) Revise la eficacia del sistema de denuncias interno a disposición de los reclusos y considere la posibilidad de establecer un mecanismo de denuncias independiente para todas las personas privadas de libertad .

c) Se enjuicie debidamente a los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y, en caso de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos.

d) Proporcione a las víctimas una indemnización adecuada, y dirija sus esfuerzos a obtener una rehabilitación lo más completa posible.

Comisión de la Verdad

17)El Comité toma nota con satisfacción del Informe Final de la Comisión de la Verdad (véase supra, párr. 7 d)), en particular de las conclusiones y recomendaciones formuladas tras la investigación de 118 casos de violación de derechos humanos ocurridos en el Ecuador entre 1984 y 2008, varios de ellos colectivos, con un total de 456 víctimas reconocidas. El Informe Final establece que 269 personas fueron privadas ilegalmente de su libertad; 365 fueron torturadas; 86 sufrieron violencia sexual; 17 fueron víctimas de desaparición forzada; 68 personas fueron ejecutadas sumariamente; y otras 26 fueron víctimas de "atentado contra la vida". El 8 de junio de 2010 la Comisión de la Verdad presentó, con el respaldo del Defensor del Pueblo y en cumplimiento del artículo 6 del Decreto ejecutivo Nº 305 de 3 de mayo de 2007, una propuesta de mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones contenida en el "proyecto de ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008". El Comité toma nota también de la creación, por parte de la Fiscalía General del Estado, de una unidad especializada para conocer de los 118 casos investigados por la Comisión de la Verdad como paso previo a su enjuiciamiento (arts. 2, 4, 12, 14 y 16).

El Comité solicita al Estado parte la presentación de información completa sobre:

a) La respuesta dada a las 115 recomendaciones incluidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad en materia de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición;

b) El resultado del examen por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional y del posterior trámite de aprobación del proyecto de ley de reparación a las víctimas propuesto por la Comisión de la Verdad;

c) Los resultados de las investigaciones y procesos penales, incluidas las condenas impuestas, obtenidas como resultado de las informaciones remitidas por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía General del Estado.

Violencia contra los niños, abusos y violencia sexual a menores

18)El Comité expresa su más profunda consternación ante la numerosa y concordante información recibida sobre la magnitud del problema de los abusos y la violencia sexual de menores en los centros educativos del Ecuador. Si bien toma nota de la existencia del Plan para la erradicación de los delitos sexuales en establecimientos educativos, el Comité considera que hasta la fecha no se ha dado una respuesta institucional adecuada por parte del Estado parte, lo que contribuye a que con frecuencia las víctimas prefieran no denunciar los abusos. Preocupan especialmente las informaciones sobre casos en que las víctimas habrían identificado a su agresor entre el personal docente. A este respecto, el Comité sigue con atención la tramitación del caso Paola Guzmán c. el Ecuador, admitido a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de octubre de 2008 (Informe Nº 76/18) tras examinar la queja presentada por los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al Comité le preocupa también que el castigo corporal en el hogar sea legal (arts. 1, 2, 4 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que, dada la gravedad de los hechos denunciados:

a) Intensifique sus esfuerzos por erradicar los abusos y la violencia sexual contra menores en las escuelas.

b) Tome todas las medidas necesarias para investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de tales actos.

c) Asegure la disponibilidad de recursos para eliminar el persistente clima de abusos y violencia sexual contra menores en centros educativos.

d) Establezca mecanismos de denuncia a disposición de las víctimas y sus familiares en centros de enseñanza y otras instituciones.

e) Refuerce los programas de sensibilización y formación continua en la materia para el personal docente.

f) Garantice plenamente el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia sanitaria especializados en planificación familiar y prevención y diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. Además, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para proporcionar a las víctimas reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible.

g) Establezca un mecanismo de consulta que cuente con la participación de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de padres de alumnos.

h) Prohíba expresamente el castigo corporal de niños en el hogar.

Linchamientos y acción de las juntas de defensa del campesinado

19)Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación del Estado parte en la que se aclara que el Estado ecuatoriano no promueve, tutela ni avala la actuación de las denominadas "juntas de defensa del campesinado", le preocupan las informaciones sobre su participación activa en la seguridad en el medio rural y los abusos cometidos por algunos de los miembros de estas organizaciones. El Comité condena los recientes linchamientos ocurridos en las provincias de Pichincha, Los Ríos, Guayas, Azuay, Cotopaxi y Chimborazo (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería:

a) Adoptar las medidas necesarias para mejorar la seguridad ciudadana en las zonas rurales, asegurando la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional;

b) Velar por que los hechos sean investigados y los responsables llevados ante la justicia.

Justicia indígena

20)El Comité toma nota de la información del Estado parte sobre la elaboración del anteproyecto de ley de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria, que recoge el principio de control constitucional en sus artículos 4 y 19. No obstante, preocupa al Comité que ni el informe periódico ni las respuestas de la delegación del Estado parte proporcionan suficiente información sobre la forma en que se resolverán los conflictos de jurisdicción entre la administración de justicia ordinaria y la indígena (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar que los conflictos de jurisdicción y competencia entre las administraciones de justicia ordinaria e indígena se resuelvan a través del procedimiento que se establezca por ley, garantizando el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluida la prohibición de la tortura y los tratos y penas, crueles, inhumanos y degradantes.

Capacitación

21)El Comité toma nota de la información incluida en el informe del Estado parte (párrs. 82 a 88) sobre programas de capacitación para los agentes de la policía nacional, pero lamenta la escasa información disponible sobre la evaluación de dichos programas y su eficacia en la reducción de los casos de tortura y malos tratos. El Estado parte indica en su informe (párr. 206) que la Comisión Permanente de Evaluación, Seguimiento y Ajuste de los Planes Operativos de Derechos Humanos del Ecuador, en colaboración con ONG internacionales, puso en marcha entre febrero de 2007 y 2008 un proyecto para el uso del Protocolo de Estambul. Según la información recibida por el Comité, se trata de un proyecto del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), diseñado y desarrollado por la Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de la Violencia (PRIVA) con fondos de la Unión Europea, que ha contado con el apoyo de la Comisión Permanente de Evaluación (art. 10).

El Estado parte debería:

a) Continuar los programas de capacitación para velar por que todos los funcionarios, en particular los agentes de policía y demás agentes del orden, sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, y que no se tolere, se investigue y se enjuicie a los infractores;

b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos;

c) Seguir apoyando las actividades de formación sobre el uso del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

Condiciones de la detención

22)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre la notable reducción de la población reclusa, así como sobre las medidas adoptadas para resolver los problemas de masificación de las prisiones, entre las que destaca la introducción de un nuevo sistema de cómputo de beneficios penitenciarios a través de la reforma del Código de Ejecución de Penas. Asimismo, toma nota de los indultos otorgados en 2008 a 2.228 personas privadas de libertad por tenencia de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como a 13 reclusos en fase terminal de su enfermedad. El Comité observa también que desde 2006 se asignaron partidas presupuestarias adicionales para la construcción, ampliación y acondicionamiento de establecimientos penitenciarios y centros de detención provisional. No obstante, al Comité le siguen preocupando los altos niveles de ocupación que registra la mayoría de los centros de detención, principalmente como consecuencia de la lentitud en el procesamiento de causas judiciales, y reitera su preocupación por las persistentes denuncias sobre las deficientes condiciones higiénicas, la falta de personal, los servicios de asistencia sanitaria inadecuados y la escasez de agua potable y alimentos (art. 11).

El Estado parte debería:

a) Intensificar sus esfuerzos para reducir el hacinamiento en las prisiones, en particular mediante el recurso a medidas alternativas a la pena privativa de libertad, a fin de alcanzar el objetivo fijado por el Estado parte de resolver el problema de masificación de las prisiones en un plazo de 18 meses;

b) Continuar la ejecución de las obras proyectadas para la mejora y ampliación de la infraestructura penitenciaria;

c) Adoptar medidas para aumentar la dotación de personal en general y el número de funcionarias de prisiones en particular;

d) Reforzar los recursos de atención de salud disponibles en los establecimientos penitenciarios y velar por la calidad de la asistencia médica que se dispensa a los reclusos.

Asistencia letrada gratuita

23)El Comité toma nota del impacto positivo que está teniendo la labor de la Defensoría Pública en la reducción del número de personas en detención preventiva, que al 31 de agosto de 2010 era de 501 personas. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 191 in fine de la Constitución, la Defensoría Pública "contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado" (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería asignar a la Defensoría Pública los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones a fin de ampliar su ámbito de atención y aumentar la eficiencia del sistema.

Reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación

24)El Comité toma nota del Decreto Nº 1317, de 9 de septiembre de 2008, por el que se confiere al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad "de coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal de Derechos Humanos". Sin embargo, lamenta la lentitud del Estado parte en dar pleno cumplimiento a los arreglos amistosos y decisiones adoptadas en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la escasez de información sobre reparaciones e indemnizaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluida la rehabilitación.

El Estado parte debería velar por que se tomen las medidas adecuadas para proporcionar a las víctimas de tortura y malos tratos reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible.

El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico le proporcione datos estadísticos e información completa sobre los casos en que las víctimas hayan recibido una reparación plena, que incluya la investigación, información sobre el castigo de los responsables, la indemnización y la rehabilitación.

Protocolo Facultativo y mecanismo nacional de prevención

25)El Comité toma nota de los trámites legales y constitucionales que darán lugar al establecimiento o designación del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de conformidad con lo establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención.

El Estado parte debería acelerar el proceso de designación del mecanismo nacional de prevención y asegurar que dicho mecanismo cuente con los recursos necesarios para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato en todo el territorio .

26)El Comité también recomienda al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención por parte de las fuerzas armadas ecuatorianas desplegadas en el extranjero.

27)Se insta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que presentó al Comité y a las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

28)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 12, 14, 15, 18 y 22 del presente documento.

29)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices y respete el límite de 40 páginas establecido para el informe sobre la aplicación de la Convención. El Comité también invita al Estado parte a que presente un documento básico de conformidad con los requisitos para la preparación de documentos básicos comunes establecidos en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos de tratados, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para este tipo documentos. El informe sobre la aplicación de la Convención, junto con el documento básico común, constituyen el informe que el Estado parte debe presentar periódicamente de conformidad con el artículo 19 de la Convención.

30)Se invita al Estado parte a que presente su séptimo informe periódico a más tardar el 19 de noviembre de 2014.

51. Etiopía

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de Etiopía (CAT/C/ETH/1) en sus sesiones 957ª y 958ª (CAT/C/SR.957 y 958), celebradas los días 2 y 3 de noviembre de 2010, y aprobó las siguientes observaciones finales en sus sesiones 974ª y 975ª (CAT/C/SR.974 y 975).

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe inicial de Etiopía, que en general cumple las directrices del Comité en materia de presentación de informes. No obstante, el Comité deplora que el informe carezca de información estadística y práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención y se haya presentado con 14 años de retraso, lo que le ha impedido llevar a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte después de su ratificación en 1994.

3)El Comité toma nota con agrado de que una delegación de alto nivel del Estado parte se ha reunido con el Comité en su 45º período de sesiones, y observa con satisfacción que ello dio la oportunidad de entablar un diálogo constructivo sobre muchas de las esferas a las que se refiere la Convención.

B.Aspectos positivos

4)El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos y los progresos hechos por el Estado parte desde la caída del régimen militar en 1991, en particular el proceso de reforma de la legislación destinado a luchar contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

5)El Comité celebra que, en el período transcurrido desde que entró en vigor la Convención para el Estado parte en 1994, el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales y regionales, o se haya adherido a ellos:

a)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 2010;

b)La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en 1998.

6)El Comité toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para reformar su legislación a fin de proteger mejor los derechos humanos, incluido el derecho a no sufrir torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en particular:

a)La aprobación, en 1994, de una Constitución Federal que prohíbe todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dispone que se dé un trato humano a las personas privadas de libertad y consagra la imprescriptibilidad de delitos tales como la tortura; y

b)La adopción en 2004 del Código Penal revisado, que tipifica como delito todos los actos de tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la violencia sexual y las prácticas tradicionales nocivas.

7)El Comité toma nota de que el Estado parte ha aprobado directrices y reglamentos específicos que regulan el comportamiento de los agentes de las fuerzas del orden y cuyo incumplimiento entraña la imposición de sanciones disciplinarias, el cese en el servicio o el procesamiento penal:

a)El Reglamento Nº 44/1998 del Consejo de Ministros relativo a la administración de la Fiscalía Federal;

b)El Reglamento Administrativo Nº 86/2003 de la Comisión de la Policía Federal;

c)El Reglamento Nº 137/2007 del Consejo de Ministros relativo a los funcionarios de la Administración Penitenciaria Federal;

d)El Reglamento Nº 138/2007 del Consejo de Ministros relativo al tratamiento de los reclusos federales; y

e)La Directiva/Reglamento relativo a la administración de las Fuerzas de Defensa.

8)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte pudo presentar sus informes retrasados a los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados de derechos humanos, gracias a un proyecto común del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la presentación de informes a esos órganos.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición de tortura

9)El Comité observa que la Constitución Federal de Etiopía prohíbe la tortura y que el artículo 424 del Código Penal revisado contiene una definición del "uso de métodos inapropiados". No obstante, al Comité le preocupa que esa definición sea de menor alcance que la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención, puesto que solo abarca algunos de los fines señalados en el artículo 1 y solo se aplica a los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos encargados de la detención, el encarcelamiento, la vigilancia, la escolta o el interrogatorio de las personas sospechosas, detenidas, encarceladas o convocadas ante un tribunal o que estén cumpliendo sentencia. El Comité observa que los actos de tortura no comprendidos en la definición del artículo 424 del Código Penal revisado son punibles solo como "abuso de poder", aunque la Convención forma parte del ordenamiento jurídico interno de Etiopía (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería incorporar en su Código Penal el delito de tortura, que ha de ser punible con las penas apropiadas teniendo en cuenta su gravedad, e incluir una definición de tortura que abarque todos los elementos enunciados en el artículo 1 de la Convención. El Comité considera que, al nombrar y definir el delito de tortura de conformidad con la Convención y al distinguirlo de otros delitos, los Estados partes avanzarán directamente hacia el logro del objetivo primordial de la Convención, que es impedir los actos de tortura, en particular haciendo saber a todos, tanto los autores como las víctimas y el público, la gravedad especial del delito de tortura y reforzando el efecto disuasivo de la prohibición.

Recurso generalizado a la tortura

10)Al Comité le preocupan profundamente las denuncias numerosas, continuas y concordantes de empleo rutinario de la tortura por la policía, el personal de la administración penitenciaria y otros miembros de las fuerzas de seguridad, así como por los militares, en particular contra disidentes políticos y miembros de partidos de la oposición, estudiantes, presuntos sospechosos de terrorismo y presuntos partidarios de grupos insurgentes como el Frente de Liberación Nacional de Ogaden o el Frente de Liberación Oromo. Al Comité le inquietan también los informes verosímiles según los cuales esos actos se producen frecuentemente con la participación, por instigación o con el consentimiento de personal dirigente en comisarías de policía, centros de detención, prisiones federales, bases militares y lugares de detención no oficiales o secretos. El Comité toma nota de las informaciones concordantes en el sentido de que la tortura se utiliza corrientemente durante los interrogatorios para obtener confesiones cuando el sospechoso no puede hacer valer las garantías jurídicas fundamentales, en particular el acceso a asistencia letrada (arts. 1, 2, 4, 11 y 15).

El Comité exhorta al Estado parte a tomar inmediatamente medidas eficaces para investigar, enjuiciar y castigar todos los actos de tortura y a velar por que las fuerzas del orden no utilicen la tortura, en particular reafirmando inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura y condenando públicamente la práctica de la tortura, especialmente por la policía, por el personal penitenciario y por los miembros de las Fuerzas Nacionales de Defensa de Etiopía, y al mismo tiempo advirtiendo claramente que todo aquel que cometa esos actos o sea cómplice o participante por otro concepto en actos de tortura responderá personalmente ante la ley de esos actos, será procesado penalmente y será castigado con las sanciones pertinentes.

Impunidad por los actos de tortura y malos tratos

11)Al Comité le preocupan profundamente las numerosas informaciones concordantes en el sentido de que el Estado parte no investiga las denuncias de tortura ni enjuicia a los autores, en particular los miembros de las Fuerzas Nacionales de Defensa y los mandos militares o policiales. A este respecto, el Comité observa la falta de información sobre los casos de soldados, agentes de policía o miembros del personal penitenciario que son procesados, sentenciados o sometidos a sanciones disciplinarias por haber cometido actos de tortura o malos tratos. Al Comité le preocupan también los informes según los cuales las Fuerzas Nacionales de Defensa y grupos de milicias privadas ejercen funciones de policía en el Estado Regional Somalí (arts. 2, 4, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería velar por que todas las denuncias de tortura y de malos tratos sean investigadas sin demora e imparcialmente y por que los autores de tales actos sean procesados y condenados a penas proporcionadas a la gravedad de los actos, como lo exige el artículo 4 de la Convención, sin perjuicio de las sanciones y medidas disciplinarias apropiadas.

El Estado parte debería velar por que las funciones de mantenimiento del orden sean ejercidas por la policía y no por las Fuerzas Nacionales de Defensa, incluso en las zonas de conflicto armado en las que no se haya declarado el estado de emergencia. El Estado parte debería impedir que los grupos de milicias privadas eludan las garantías y recursos legales contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Salvaguardias legales fundamentales

12)Al Comité le preocupa seriamente la información en el sentido de que, en la práctica, el Estado parte no proporciona todas las salvaguardias legales fundamentales a todos los detenidos desde el inicio mismo de su detención. Esas salvaguardias comprenden el derecho de los detenidos a ser informados de los motivos de su detención, así como de los cargos formulados contra ellos; a tener pronto acceso a un abogado y, cuando sea necesario, a asistencia letrada y a un examen médico independiente, si es posible por un doctor de su elección; a avisar a un familiar; a comparecer sin demora ante un juez, y a que un tribunal examine la legalidad de su detención, de conformidad con las normas internacionales. A este respecto, al Comité le inquieta que, según el artículo 19, párrafo 3, de la Constitución del Estado parte, el plazo máximo de 48 horas dentro del cual toda persona detenida o encarcelada por una infracción penal debe comparecer ante un juez "no incluya un plazo razonable para ser llevado al tribunal" y que, con arreglo al artículo 59, párrafo 3, del Código de Procedimiento Penal, la detención preventiva pueda prolongarse varias veces durante períodos repetidos de 14 días cada vez. El Comité toma nota con preocupación de los informes acerca de la insuficiencia de los servicios de asistencia letrada que presta la Oficina de Defensores Públicos, así como de los frecuentes casos de incumplimiento, por los agentes de policía, de las órdenes de los tribunales de liberación bajo fianza de sospechosos (arts. 2, 12, 13, 15 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas rápidas y eficaces para que todos los detenidos puedan gozar, en la práctica, de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el inicio mismo de su detención. Esas salvaguardias comprenden, en particular, el derecho de los detenidos a ser informados de los motivos de su detención, así como de los cargos formulados contra ellos; a tener pronto acceso a un abogado y, cuando sea necesario, a asistencia letrada y a un examen médico independiente, si es posible por un doctor de su elección; a avisar a un familiar; a comparecer sin demora ante un juez, y a que un tribunal examine la legalidad de su detención, de conformidad con las normas internacionales. Además, el Estado parte debería considerar la posibilidad de modificar el artículo 19, párrafo 3, de su Constitución y el artículo 59, párrafo 3, de su Código de Procedimiento Penal, a fin de que toda persona detenida o encarcelada por una infracción penal comparezca sin demora ante un juez y no sea sometida a una detención provisional prolongada, respectivamente.

El Comité recomienda que el Estado parte dé cursos obligatorios de formación a los agentes de policía sobre los derechos de los detenidos, vele por que se cumplan estrictamente las órdenes de los tribunales de que se ponga en libertad bajo fianza a los sospechosos, refuerce la capacidad de la Oficina de Defensores Públicos para prestar servicios de asistencia letrada y mejore la calidad de esos servicios.

Vigilancia e inspección de los lugares de privación de libertad

13)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en el sentido de que la administración penitenciaria y los miembros del Parlamento, así como la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y ONG como "Justice for All – Prison Fellowship Ethiopia", llevan a cabo regularmente inspecciones y evaluaciones de los centros de detención, de los establecimientos penitenciarios y de otros lugares de privación de libertad. No obstante, el Comité siente inquietud por el hecho de que no se cumplan las recomendaciones del informe sobre las visitas de control de los establecimientos correccionales realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía en 2008, y señala que no se dispone de información sobre las visitas sin previo aviso de mecanismos independientes a lugares de privación de libertad. Al Comité le preocupa seriamente que, en contra de la información contenida en el informe del Estado parte (párrs. 21 y 56), el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenga acceso a los centros de detención y a los establecimientos penitenciarios ordinarios y fuera expulsado del Estado Regional Somalí en 2007 (arts. 2, 11 y 16).

El Comité exhorta al Estado parte a establecer un sistema nacional independiente y eficaz encargado de vigilar e inspeccionar todos los lugares de privación de libertad, así como de proceder al seguimiento de los resultados de esa vigilancia sistemática. El Estado parte debería reforzar el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y alentarla a hacer visitas sin previo aviso a las prisiones, comisarías de policía y otros lugares de detención y a cumplir las recomendaciones del informe sobre las visitas de control de los establecimientos correccionales realizadas por la Comisión en 2008. El Estado parte debería también estrechar su cooperación con las ONG y prestarles más apoyo, a fin de que estas puedan vigilar independientemente las condiciones de encarcelamiento en los lugares de privación de libertad. Además, el Estado parte debería dar al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otros mecanismos internacionales independientes acceso a las prisiones, los centros de detención y los demás lugares en los que haya personas privadas de libertad, incluso en el Estado Regional Somalí.

Se pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre los lugares, las fechas y la periodicidad de las visitas a lugares de privación de libertad, incluso las efectuadas sin previo aviso, y sobre las conclusiones de esas visitas y el seguimiento de sus resultados.

Medidas de lucha contra el terrorismo

14)Al Comité le preocupan las disposiciones de la Ley Nº 652/2009 sobre la lucha contra el terrorismo que limitan indebidamente las salvaguardias legales contra la tortura y los malos tratos en lo que se refiere a las personas sospechosas o acusadas de terrorismo o de delitos afines, y en particular:

a)Las amplias definiciones de la incitación al terrorismo y de los actos terroristas y delitos afines (artículos 2 a 7 de la ley);

b)Las amplias facultades de que goza la policía para detener a sospechosos sin una orden de los tribunales (art. 19);

c)El hecho de que en los tribunales, en los asuntos de terrorismo, se admitan testimonios de oídas, pruebas indirectas y confesiones escritas o grabadas de sospechosos de terrorismo (art. 23), se autoricen las deposiciones de testigos anónimos (art. 32) y se apliquen otras disposiciones procesales que socavan los derechos de la defensa; y

d)El hecho de que sea el tribunal militar de primera instancia, y no un tribunal ordinario (artículo 31 de la ley), quien determine la condición de prisionero de guerra capturado por las Fuerzas de Defensa durante la guerra (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería velar por el respeto de las salvaguardias legales fundamentales y tomar todas las medidas necesarias para que las disposiciones de la Ley Nº 652/2009 sobre la lucha contra el terrorismo sean compatibles con las disposiciones de la Convención, y en particular que no se pueda invocar absolutamente ninguna circunstancia excepcional como justificación de la tortura.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y arrestos y detenciones arbitrarios

15)Al Comité le preocupan seriamente las numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad y por las Fuerzas Nacionales de Defensa, particularmente en los Estados Regionales Somalí, de Oromiya y de Gambella, de civiles que se presume que son miembros de grupos armados insurgentes. También le preocupan mucho las informaciones sobre el gran número de desapariciones ocurridas, así como la práctica generalizada de detener sin orden judicial y mantener encarcelados arbitrariamente y durante mucho tiempo, sin formular cargos contra ellas ni procesarlas, a personas que se sospecha que son miembros o partidarios de grupos insurgentes o miembros de la oposición política. El Comité subraya que las detenciones sin orden judicial y la falta de supervisión judicial de la legalidad de la detención pueden facilitar la tortura y los malos tratos (arts. 2 y 11).

El Estado parte debería tomar medidas eficaces para investigar sin demora e imparcialmente todas las denuncias de participación de miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Nacionales de Defensa en ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves de los derechos humanos en diferentes partes del país, en particular en los Estados Regionales Somalí, de Oromiya y de Gambella.

El Estado parte debería tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las desapariciones forzadas y las detenciones masivas sin orden judicial, así como los encarcelamientos arbitrarios sin formulación de cargos ni proceso judicial. El Estado parte debería tomar todas las medidas apropiadas para que se cumpla la legislación pertinente, con objeto de reducir la duración del encarcelamiento antes de la formulación de cargos. Se pide al Estado parte que proporcione información detallada sobre las investigaciones concernientes a denuncias de desaparición, así como sobre sus resultados.

La violación y otras formas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado

16)Al Comité le preocupan las denuncias de violaciones y de otras formas de violencia sexual presuntamente cometidas contra mujeres y niñas por miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Nacionales de Defensa en el contexto del conflicto armado, en particular en el Estado Regional Somalí (arts. 2, 12, 13 y 14).

El Comité exhorta al Estado parte a investigar, enjuiciar y castigar a los miembros de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Nacionales de Defensa que sean responsables de violaciones y de otras formas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. El Estado parte debería adoptar medidas inmediatas para indemnizar adecuadamente y rehabilitar a las víctimas de esa violencia.

Investigaciones

17)A pesar de las explicaciones dadas por el Estado parte durante el diálogo, el Comité sigue estando preocupado por las numerosas informaciones concordantes sobre:

a)El hecho de que no se haya investigado a fondo la detención de 3.000 estudiantes en la Universidad de Addis Abeba en abril de 2001, de los que muchos parecen haber sufrido malos tratos en el campamento de policía de Sendafa;

b)El hecho de que solo se haya procesado y condenado a un pequeño número de oficiales del ejército, de baja graduación, involucrados en la ejecución y en la tortura, incluyendo violaciones, de centenares de anuak en la ciudad de Gambella en diciembre de 2003, y de que el Estado parte no haya investigado las ejecuciones, las torturas y las violaciones de anuak cometidas posteriormente en el Estado Regional de Gambella, en 2004;

c)El hecho de que no se haya realizado una investigación independiente e imparcial sobre el uso de fuerza letal por miembros de las fuerzas de seguridad durante los disturbios que siguieron a las elecciones de 2005, en cuya ocasión resultaron muertos 193 civiles y 6 agentes de policía, y de que no se haya procesado ni condenado a nadie por esos actos; y

d)El hecho de que no se haya realizado una investigación independiente e imparcial sobre las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, en particular violaciones y otras formas de violencia sexual, y las detenciones arbitrarias cometidas por las Fuerzas Nacionales de Defensa durante su campaña contra los insurgentes del Frente de Liberación Nacional de Ogaden en el Estado Regional Somalí en 2007 (arts. 12 y 14).

El Estado parte debería emprender urgentemente investigaciones independientes e imparciales sobre los mencionados incidentes a fin de llevar ante los tribunales a los autores de violaciones de la Convención. El Comité recomienda que esas investigaciones corran a cargo de expertos independientes que examinen detenidamente todas las informaciones, que se llegue a conclusiones sobre los hechos y que se tomen las medidas para proporcionar una reparación adecuada, que incluya los medios de lograr la rehabilitación más completa posible, a las víctimas y a sus familiares. Se pide al Estado parte que proporcione al Comité información detallada sobre los resultados de esas investigaciones en su próximo informe periódico.

Mecanismo de denuncia

18)A pesar de la información proporcionada en el informe del Estado parte sobre la posibilidad de que los reclusos y los detenidos presenten denuncias a la administración penitenciaria a diversos niveles, por ejemplo mediante la utilización de buzones para sugerencias, así como a los tribunales, al Departamento Federal de Investigación de Delitos y a la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, el Comité lamenta que no exista un mecanismo específico, independiente y eficaz para recibir denuncias y realizar investigaciones rápidas e imparciales sobre las denuncias de tortura, en particular de reclusos y de detenidos, y para velar por que se sancione debidamente a los culpables. El Comité señala también la falta de información y de estadísticas sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y sanciones de autores de torturas y malos tratos, tanto en el plano penal como en el plano disciplinario (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas urgentes y eficaces para establecer un mecanismo específico, independiente y eficaz que reciba todas las denuncias de torturas y de malos tratos cometidos por las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, militares y personal penitenciario, lleve a cabo investigaciones rápidas e imparciales sobre todas esas denuncias e inicie actuaciones penales contra los responsables. En particular, esas investigaciones no deberán confiarse a la policía ni al ejército, ni efectuarse bajo su autoridad, sino a un órgano independiente. El Estado parte debería garantizar en la práctica la protección de los denunciantes contra los malos tratos o la intimidación a que se los pueda someter como consecuencia de su denuncia o de sus testimonios. El Comité pide al Estado parte que aclare si las torturas y los malos tratos son investigados y dan lugar a procesamiento de oficio, y que proporcione información, con inclusión de estadísticas, sobre el número de denuncias de torturas y malos tratos presentadas contra funcionarios públicos, así como sobre los resultados de las actuaciones incoadas, tanto en el plano penal como en el plano disciplinario. Esa información debería estar desglosada por sexo, edad y etnia del denunciante, e indicar la autoridad que llevó a cabo la investigación.

Refugiados y solicitantes de asilo

19)El Comité, al tiempo que reconoce la generosa política del Estado parte, que ha admitido y ha concedido permiso de residencia a un considerable número de nacionales de Eritrea, Somalia y el Sudán, observa con preocupación que las decisiones del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia por las que se deniega la condición de refugiado o se ordena la deportación solo pueden recurrirse ante la Comisión de Agravios o el Consejo de Apelación, respectivamente, ambos compuestos por representantes de diversos departamentos gubernamentales. El Comité también toma nota con preocupación de que el Estado parte no se ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas ni a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (arts. 2, 3, 11 y 16).

El Estado parte debería velar por que los ciudadanos extranjeros cuyas solicitudes de refugio o de asilo hayan sido rechazadas por el Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia puedan recurrir esas decisiones, así como las órdenes de deportación, ante los tribunales. El Comité recomienda al Estado parte que considere la conveniencia de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Secuestros

20)Al Comité le preocupan las informaciones en el sentido de que el Estado parte, so pretexto de luchar contra el terrorismo, ha secuestrado, según se afirma, a sospechosos de terrorismo en otros países, en particular Somalia, infringiendo la Convención (art. 3).

El Estado parte debería abstenerse de secuestrar a sospechosos de terrorismo en otros países en los que puedan disfrutar de la protección del artículo 3 de la Convención. El Estado parte debería permitir que se hagan investigaciones independientes sobre las denuncias de tales secuestros, en particular cuando vayan seguidos de detenciones secretas y torturas en el Estado parte, e informar al Comité sobre el resultado de tales investigaciones en su próximo informe periódico.

Capacitación

21)El Comité toma nota de la información comunicada por el Estado parte en su informe y en su exposición oral sobre la capacitación, los seminarios y los cursos de derechos humanos para jueces, fiscales, agentes de policía, funcionarios de prisiones y soldados. Al mismo tiempo, toma nota con preocupación de la información contenida en el informe (párr. 14) sobre el insuficiente conocimiento de la Convención por las fuerzas del orden, sobre la opinión predominante de que es necesario utilizar cierto grado de coacción durante los interrogatorios y sobre la falta de competencias y capacidades forenses y de conocimiento de las técnicas de investigación adecuadas en el Estado parte (art. 10).

El Estado parte debería seguir desarrollando y mejorando los programas de formación para que todos los funcionarios, en particular los jueces, las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad, el ejército, los funcionarios de los servicios de inteligencia y los funcionarios de prisiones conozcan bien las disposiciones de la Convención, especialmente la prohibición absoluta de la tortura, y sepan que las infracciones de la Convención no se tolerarán y se someterán a investigación rápida e imparcial y que se enjuiciará a los infractores. Además, todo el personal pertinente, incluido el personal médico, debería recibir una formación específica sobre la forma de detectar los indicios de tortura y de malos tratos, y en particular sobre la utilización del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), publicado por las Naciones Unidas en 2004. Además, el Estado parte debería evaluar la eficacia y el impacto de esos programas educativos y de capacitación.

Actuaciones judiciales e independencia del poder judicial

22)El Comité, aun observando que la Constitución reconoce la independencia del poder judicial, expresa su preocupación por las informaciones sobre injerencias frecuentes del poder ejecutivo en los procesos judiciales, particularmente en las actuaciones penales, así como por las denuncias de acoso, amenazas, intimidación y destitución de jueces que se resisten a las presiones políticas negándose a admitir en las actuaciones procesales las confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos y absolviendo u ordenando la puesta en libertad de acusados de terrorismo o de crímenes contra el Estado. Al Comité le preocupan también las informaciones sobre falta de equidad en las actuaciones judiciales en casos políticamente sensibles, en particular, las violaciones del derecho de los acusados a disponer de tiempo suficiente para su defensa, a tener acceso a asistencia letrada, a que se interrogue a los testigos de la defensa en las mismas condiciones que a los testigos de cargo y a apelar contra la sentencia (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería tomar las medidas necesarias para asegurar la total independencia e imparcialidad del poder judicial en el desempeño de sus funciones de conformidad con las normas internacionales, en particular los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. A este respecto, el Estado parte debería velar por que los jueces estén libres de cualquier injerencia, en particular del poder ejecutivo, tanto en el derecho como en la práctica. El Estado parte debería, sin demora e imparcialmente, investigar y enjuiciar los casos en que los jueces sean objeto de acoso o de intimidación o sean destituidos injustamente, tomar medidas eficaces, en particular, la formación sobre las obligaciones contraídas por el Estado parte de conformidad con la Convención, reforzar la función de los jueces y de los fiscales en lo que se refiere a la iniciación de investigaciones y del enjuiciamiento en los casos de tortura y de malos tratos, así como a la legalidad de la detención, y alentar a los jueces y a los fiscales a respetar las garantías de un juicio imparcial, conforme a las normas internacionales pertinentes, incluso en los asuntos políticamente sensibles.

23)El Comité observa con preocupación que la jurisdicción de los tribunales de la sharia y de los tribunales consuetudinarios en cuestiones de familia, si bien depende del consentimiento de ambas partes, puede exponer a las mujeres víctimas de violencia doméstica o sexual a una presión indebida por parte de sus esposos y de sus familias, y llevar a que los asuntos en los que sean partes sean juzgados por tribunales tradicionales o religiosos más que por tribunales ordinarios (arts. 2 y 13).

El Estado parte debería establecer garantías procesales eficaces para que las partes, en particular las mujeres, den libremente su consentimiento cuando acepten que los asuntos en los que sean partes sean juzgados por los tribunales de la sharia o por los tribunales consuetudinarios, y para que todas las decisiones tomadas por esos tribunales puedan ser objeto de apelación ante los tribunales ordinarios.

Imposición de la pena de muerte

24)El Comité, si bien toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en lo que respecta a la no aplicación de hecho de la pena de muerte y a la "extrema renuencia" de los tribunales a imponer esa pena, que está autorizada "solo para delitos graves y delincuentes excepcionalmente peligrosos… como castigo de delitos consumados y cuando no concurran circunstancias atenuantes" (véase el documento básico (HRI/CORE/ ETH/2008), párrs. 86 y 87), observa con preocupación las informaciones sobre el reciente aumento de las condenas a la pena capital. A este respecto, el Comité se remite al asunto denominado "Ginbot 7", en el que el Tribunal Superior Federal impuso la pena de muerte a cinco funcionarios del anterior partido de la Coalición para la Unidad y la Democracia, de los cuales cuatro (Andargachew Tsigie, Berhanu Nega, Mesfin Aman y Muluneh Iyoel Fage) fueron juzgados en rebeldía y otro (Melaku Teffera Tilahun) compareció en persona, al parecer después de haber sido sometido a tortura, por "conspirar para socavar la Constitución y derrocar al Gobierno por la violencia". El Comité subraya que las condiciones de encarcelamiento de los condenados a muerte puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, en particular cuando se prolonga excesivamente (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. El Comité también recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de prorrogar la moratoria de hecho que instituyó sobre la ejecución de la pena de muerte y que conmute las penas capitales pendientes. El Estado parte debería velar por que todas las personas condenadas a muerte gocen de la protección prevista en la Convención y sean tratadas con humanidad. El Comité pide al Estado parte que indique el número actual de personas que están en espera de ejecución, desglosadas por sexo, edad, grupo étnico y delito cometido.

Institución nacional de derechos humanos

25)El Comité toma nota con interés de la información proporcionada por el Estado parte sobre el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía consistente en visitar los lugares de privación de libertad y en examinar las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos, en particular los derechos protegidos por la Convención. El Comité observa que no se ha dado suficiente seguimiento a las sugerencias y recomendaciones formuladas por esa Comisión en su informe sobre las visitas de control de los establecimientos correccionales, y que esa Comisión no dispone más que de facultades limitadas para iniciar actuaciones en los casos en que se han constatado actos de tortura o malos tratos (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería reforzar la función y el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía de hacer visitas regularmente y sin previo anuncio a los lugares de privación de libertad, así como de formular conclusiones y recomendaciones independientes sobre esas visitas. Debería también tomar debidamente en consideración las conclusiones de esa Comisión sobre las denuncias individuales, en particular comunicando tales conclusiones a la Fiscalía en los casos en que se constate que se han infligido torturas o malos tratos. Se pide al Estado parte que proporcione información, incluidos datos estadísticos, acerca de las denuncias examinadas por la Comisión sobre presuntas torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que indique si esos asuntos han sido sometidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Además, el Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para conseguir que la Comisión cumpla plenamente los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Condiciones de detención

26)El Comité toma nota de los esfuerzos hechos por el Estado parte para que las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se reflejen en su legislación y en su reglamentación administrativa para el tratamiento de los reclusos y de los detenidos (véase el informe del Estado parte, párrs. 54 y 55). No obstante, el Comité sigue estando sumamente preocupado por los informes concordantes sobre el hacinamiento, las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias, la falta de espacio para dormir, de agua y alimentos, la falta de atención médica adecuada, incluso para las mujeres embarazadas y para los reclusos que padecen VIH/SIDA y tuberculosis, así como por la falta de estructuras especializadas para los reclusos y detenidos con discapacidades, por el encarcelamiento de los menores en los mismos locales que los adultos y por la insuficiente protección de los menores delincuentes y de los niños encarcelados con sus madres contra la violencia que reina en las prisiones y en otros lugares de detención del Estado parte (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas urgentes para armonizar las condiciones de detención en las comisarías, prisiones y otros lugares de detención con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como con otras normas pertinentes, en particular:

a) Reduciendo el hacinamiento en las prisiones, en particular considerando formas de castigo no privativas de libertad y, en el caso de los menores, velando por que la detención solo se utilice como último recurso;

b) Mejorando la calidad y la cantidad del agua y de los alimentos, así como los servicios médicos prestados a los detenidos y a los reclusos, incluidos los niños, las mujeres embarazadas y las personas que padecen VIH/SIDA y tuberculosis;

c) Mejorando las condiciones de detención de los menores y velando por que estén separados de los adultos, conforme a las normas internacionales para la administración de la justicia de menores, y haciendo que las madres encarceladas o detenidas puedan seguir teniendo a su cargo a sus hijos de corta edad, en su caso hasta después de los 18 meses de edad;

d) Velando por que los reclusos y los detenidos con discapacidades dispongan de suficientes instalaciones adecuadas;

e) Reforzando la supervisión judicial de las condiciones de detención.

Niños detenidos

27)Preocupa al Comité que, según los artículos 52, 53 y 56 del Código Penal revisado, la responsabilidad penal comience a los 9 años y que los delincuentes mayores de 15 años estén sujetos a las penas ordinariamente aplicables a los adultos y puedan estar encarcelados junto con delincuentes adultos (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería elevar la edad mínima de responsabilidad penal con arreglo a las normas internacionales y clasificar a las personas de entre 15 y 18 años de edad como "jóvenes" que son punibles con penas más leves conforme a los artículos 157 a 168 del Código Penal y que no pueden estar encarcelados junto con delincuentes adultos. El Estado parte debería adaptar su sistema de justicia de menores a normas internacionales tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing).

Castigos corporales de los niños

28)El Comité observa con preocupación que los castigos corporales, aunque están prohibidos en las escuelas y en las instituciones de cuidado de la infancia y como sanciones penales o disciplinarias en el sistema penal, no están prohibidos como medida disciplinaria para "educar debidamente" a los niños en el hogar ni en las instituciones de guarda de los niños privados de su medio familiar, conforme al artículo 576 del Código Penal revisado de 2005 y al artículo 258 del Código de la Familia revisado de 2000 (arts. 2, 10 y 16).

El Estado parte debería considerar la posibilidad de modificar el Código Penal revisado y el Código de la Familia revisado con miras a prohibir los castigos corporales en la educación de los niños en el hogar y en las instituciones de guarda de los niños privados de su medio familiar, y debería concienciar a la población respecto de las formas de disciplina positivas, participativas y no violentas.

Muertes de personas detenidas o encarceladas

29)El Comité expresa su preocupación por el número sumamente elevado de muertes de personas detenidas o encarceladas, aun tomando conocimiento de la explicación del Estado parte de que esas muertes fueron provocadas por las condiciones de salud de los detenidos más que por las condiciones de detención (arts. 12 y 16).

El Estado parte debería investigar sin demora, a fondo e imparcialmente, todos los casos de muerte de personas cuando estaban detenidas o encarceladas, así como los casos de muerte resultante de torturas, malos tratos o negligencia culpable, y enjuiciar a los responsables. El Estado parte debería proporcionar al Comité información sobre todos esos casos, velar por la realización de exámenes forenses independientes y aceptar sus conclusiones como prueba en los juicios penales y civiles.

Reparación, incluyendo la indemnización y la rehabilitación

30)El Comité toma nota de la información que sobre las modalidades de indemnización de las víctimas de torturas y de malos tratos por el Estado parte figura en el informe del Estado parte (párr. 60) y en el documento básico (párrs. 184 a 186). No obstante, lamenta la falta de información sobre las decisiones de tribunales civiles por las que se concede indemnización a las víctimas de torturas o de malos tratos, o a sus familias, y sobre las cantidades concedidas como indemnización en tales casos. El Comité deplora también la falta de información sobre los servicios de tratamiento y de rehabilitación social y sobre otras formas de asistencia, incluida la rehabilitación médica y psicosocial, prestados a las víctimas (art. 14).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para ofrecer a las víctimas de tortura y de malos tratos una reparación, que incluya una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación lo más completa posible. Además, el Estado parte debería proporcionar información sobre las medidas de reparación y de indemnización ordenadas por los tribunales a favor de las víctimas de tortura o de sus familias. Esta información debería incluir el número de solicitudes formuladas, el número de solicitudes aceptadas y las cantidades cuyo pago se haya efectivamente ordenado y efectuado en cada caso. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre los programas existentes de rehabilitación de las víctimas de tortura y de malos tratos, y destinar recursos suficientes para garantizar la ejecución efectiva de esos programas.

Confesiones obtenidas por la fuerza

31)El Comité, si bien toma nota de las garantías constitucionales y de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que prohíben la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, expresa su preocupación por las informaciones recibidas sobre casos de confesiones obtenidas mediante la tortura y por la falta de información sobre los funcionarios enjuiciados y sancionados por haber obtenido confesiones de esa forma (arts. 2 y 15).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para que, en la práctica, no se admitan en las actuaciones judiciales las confesiones obtenidas mediante tortura, incluso en los casos comprendidos en el campo de aplicación de la Ley contra el terrorismo, conforme a la legislación nacional pertinente y al artículo 15 de la Convención. El Comité pide al Estado parte que proporcione información sobre la aplicación de las disposiciones que prohíben la admisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, y que indique si se ha enjuiciado y sancionado a algún funcionario por haber obtenido confesiones de esa forma.

Violencia contra la mujer y prácticas tradicionales nocivas

32)El Comité toma nota de que en el Código Penal revisado están tipificadas como delito las prácticas tradicionales nocivas, como la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y el rapto de muchachas para forzarlas a contraer matrimonio, así como de la información proporcionada durante el diálogo por el Estado parte sobre la creación de equipos especiales en el Ministerio de Justicia y en los departamentos regionales de justicia para investigar los casos de violación y otras formas de violencia contra las mujeres y los niños. Sin embargo, preocupa al Comité que no se apliquen las disposiciones del Código Penal que criminalizan la violencia contra la mujer y las prácticas tradicionales nocivas. En particular, le inquieta que en el Código Penal revisado no se tipifique como delito la violación en el matrimonio. También lamenta la falta de información sobre las denuncias, los enjuiciamientos y las penas impuestas a los autores, así como sobre la asistencia prestada a las víctimas y sobre su indemnización (arts. 1, 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres y los niños, así como las prácticas tradicionales nocivas, en particular en las zonas rurales. El Estado parte debería considerar la posibilidad de modificar su Código Penal revisado a fin de tipificar como delito la violación en el matrimonio. Debería también proporcionar a las víctimas servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de rehabilitación, así como una indemnización, y crear las condiciones adecuadas para que denuncien las prácticas tradicionales nocivas de que sean víctimas y la violencia doméstica y sexual sin temor a represalias o a estigmatización. El Estado parte debería impartir formación a los jueces, a los fiscales, a los agentes de policía y a los dirigentes de la comunidad sobre la estricta aplicación del Código Penal revisado y sobre el carácter criminal de las prácticas tradicionales nocivas y de otras formas de violencia contra la mujer. El Comité pide también al Estado parte que proporcione en su próximo informe periódico datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias, de investigaciones y de enjuiciamientos y sobre las penas impuestas a los autores, así como sobre la asistencia prestada a las víctimas y sobre su indemnización.

Trata de personas

33)El Comité expresa su preocupación por el bajo número de enjuiciamientos efectuados y de condenas dictadas en los asuntos de secuestro de niños y de trata de personas, en particular la trata interna de mujeres y de niños para el trabajo forzoso y la explotación sexual u otros tipos de explotación. También le inquieta la falta general de información sobre la amplitud de la trata de personas en el Estado parte, en particular sobre el número de denuncias, de investigaciones, de enjuiciamientos y de condenas de los responsables de la trata y sobre las medidas concretas adoptadas para prevenir y combatir la trata de personas (arts. 1, 2, 12 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir, en particular, el secuestro de niños y la trata interna de mujeres y de niños, dar protección a las víctimas y garantizar su acceso a los servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de rehabilitación. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que adopte una amplia estrategia para luchar contra la trata de personas y contra sus causas. El Estado parte debería también investigar todas las denuncias de trata y velar por que los autores sean enjuiciados y castigados con penas proporcionadas a la gravedad de sus delitos. Se pide al Estado parte que proporcione información sobre las medidas adoptadas para prestar asistencia a las víctimas de la trata y datos estadísticos sobre el número de denuncias, de investigaciones, de juicios y de condenas relacionados con la trata.

Restricciones impuestas a las organizaciones no gubernamentales que trabajanen la esfera de los derechos humanos y de la administración de justicia

34)El Comité expresa su gran preocupación por la información verosímil sobre los efectos negativos que la Ley Nº 621/2009, relativa al registro de organizaciones benéficas y de asociaciones y por la que se prohíbe que las ONG extranjeras y las ONG que reciben más de un 10% de sus fondos de fuentes extranjeras trabajen en la esfera de la administración de justicia y los derechos humanos (art. 14), puede tener sobre la capacidad de las ONG locales que se ocupan de los derechos humanos para facilitar visitas a las prisiones y ofrecer asistencia letrada y otras formas de asistencia o de rehabilitación a las víctimas de tortura o de malos tratos. El Comité observa con preocupación que ya no son plenamente operacionales las ONG locales de derechos humanos que con anterioridad trabajaban en estas esferas, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos de Etiopía, la Asociación de Abogadas de Etiopía, el Colegio de Abogados de Etiopía y el Centro de Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura en Etiopía (arts. 2, 11, 13 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que reconozca la función crucial de las ONG en la prevención de la tortura y de los malos tratos, en la reunión de información sobre esas prácticas y en la prestación de asistencia a las víctimas, a que considere la posibilidad de levantar las restricciones impuestas a la financiación de las ONG locales que se ocupan de los derechos humanos, a que desbloquee todos los activos congelados de esas ONG y a que vele por que esas ONG no sean objeto de acoso o de intimidación, con el fin de que puedan desempeñar una función eficaz en la aplicación de la Convención en el Estado parte, ayudando así al Estado parte a cumplir las obligaciones que le impone la Convención.

Recopilación de datos

35)El Comité lamenta la falta de datos completos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas en casos de tortura o de malos tratos en que estén involucrados las fuerzas del orden, los servicios de seguridad, los militares y el personal penitenciario, así como sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la trata de personas y la violencia doméstica y sexual (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería recopilar datos estadísticos pertinentes para supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional, incluidos datos sobre las denuncias, investigaciones, juicios y condenas en casos de tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, trata de personas y violencia doméstica y sexual, así como sobre las medidas de reparación, en particular de indemnización y de rehabilitación, propuestas a las víctimas.

Cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas

36)El Comité recomienda al Estado parte que estreche su cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular permitiendo las visitas de, entre otros, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

37)El Comité, tomando nota del compromiso asumido por el Estado parte en el contexto del Examen Periódico Universal (A/HRC/13/17/Add.1, párr. 3), recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

38)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de hacer las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

39)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y los Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

40)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

41)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité, así como a las observaciones finales del Comité, en los idiomas pertinentes, por conducto de los sitios web oficiales, de los medios de información pública y de las ONG.

42)El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año, proporcione información sobre la respuesta que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 12, 16 y 31 del presente documento.

43)El Comité invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico de conformidad con sus directrices para la presentación de informes y a respetar el límite de 40 páginas para el documento relativo a la Convención. El Comité invita también al Estado parte a actualizar regularmente su documento básico de conformidad con los requisitos establecidos en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas en la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de los derechos humanos, y a respetar el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común actualizado. El documento específico para el tratado y el documento básico común satisfacen, conjuntamente, la obligación que tiene el Estado parte de presentar informes en virtud de la Convención.

44)Se invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico, que será su segundo informe periódico, a más tardar el 19 de noviembre de 2014.

52. Mongolia

1)El Comité examinó el informe inicial de Mongolia (CAT/C/MNG/1) en sus sesiones 963ª y 964ª (CAT/C/SR.963 y 964), celebradas los días 5 y 8 de noviembre de 2010, y aprobó en su 976ª sesión (CAT/C/SR.976) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del informe inicial de Mongolia, el cual, aunque en términos generales se ajusta a las directrices del Comité relativas a la presentación de informes, carece de información estadística y práctica sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención. El Comité lamenta que el informe se haya presentado con seis años de retraso, lo que le ha impedido llevar a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte tras su ratificación. También lamenta que en la preparación del informe no haya participado ninguna organización de la sociedad civil.

3)El Comité expresa su satisfacción por el diálogo franco y constructivo que mantuvo con la delegación del Estado parte y las detalladas respuestas orales que se ofrecieron a las preguntas de los miembros del Comité, que aportaron información adicional importante.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que, desde su adhesión a la Convención el 24 de enero de 2002, el Estado parte haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales o se haya adherido a ellos:

a)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en marzo de 2002;

b)Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en abril de 2002;

c)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en junio de 2003;

d)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en octubre de 2004;

e)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus protocolos, en mayo de 2008;

f)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en mayo de 2009;

g)Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en mayo de 2009;

h)Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en julio de 2010.

5)El Comité toma nota de los esfuerzos que está realizando el Estado parte para reformar su legislación con el fin de dar mayor protección a los derechos humanos, en particular:

a)La aprobación del Código Penal en 2002;

b)La aprobación de la Ley de lucha contra la violencia doméstica en 2005;

c)La enmienda a la Ley de ejecución de las sentencias judiciales el 3 de agosto de 2007;

d)La enmienda al Código Penal promulgada el 1º de febrero de 2008.

6)El Comité observa con satisfacción las nuevas medidas y políticas adoptadas por el Estado parte a fin de velar por una mejor protección de los derechos humanos, en particular:

a)La aprobación en 2003 del Programa Nacional de Acción de derechos humanos de Mongolia, y la creación en 2005 del Comité de Ejecución del Programa Nacional;

b)La invitación permanente extendida a los titulares de mandatos de los procedimientos especiales desde 2004;

c)La aprobación del Programa Nacional de lucha contra la violencia doméstica en 2007;

d)La aprobación del Programa Nacional de Protección contra la Trata de Niños y Mujeres con Fines de Explotación Sexual para 2005-2015;

e)La apertura, en todos los distritos de la capital y en las 21 provincias, de centros de asistencia jurídica que prestan sus servicios a las personas vulnerables implicadas en causas penales, civiles y administrativas;

f)La declaración por el Presidente de Mongolia, el 14 de enero de 2010, de una moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte, y su observación de que la moratoria debería ser un primer paso hacia la abolición.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y penalización de la tortura

7)El Comité toma nota de la introducción en 2008 de ciertas enmiendas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal para armonizar la legislación interna con la Convención, pero expresa su preocupación por el hecho de que la legislación del Estado parte no contenga una definición de tortura que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención, como también señaló el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el informe sobre su misión a Mongolia en 2005 (E/CN.4/2006/6/Add.4, párr. 39) (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería introducir en su legislación penal nacional una definición de tortura que contenga todos los elementos del artículo 1 de la Convención. Asimismo, debería tipificar la tortura como delito aparte en su legislación, de conformidad con el artículo 4 de la Convención, y velar por que las sanciones impuestas por torturas sean acordes a la gravedad del delito.

Salvaguardias legales fundamentales

8)Preocupa al Comité la información de que las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios son un fenómeno frecuente, y que dos tercios de las personas en prisión preventiva hayan sido recluidas sin orden judicial. También preocupa al Comité la frecuencia con que los sospechosos detenidos se ven privados de acceso rápido a un juez, a un abogado, a un médico o a su familia, como exige la ley, y que la prisión preventiva no se esté utilizando como medida de último recurso (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería tomar sin demora medidas efectivas para que todos los detenidos gocen de la totalidad de las garantías legales fundamentales desde el momento en que sean privados de libertad, incluidos los derechos a ser informados de los motivos de su detención, a tener acceso a un abogado y, si procede, a la asistencia letrada. T ambién deberían tener derecho a un reconocimiento médico independiente, preferentemente realizado por un facultativo de su elección, a avisar a un familiar, a comparecer sin demora ante un juez y a que un tribunal examine la legalidad de su detención, de conformidad con las normas internacionales.

Impunidad por actos de tortura

9)Preocupa al Comité que al parecer no siempre se procese y castigue adecuadamente a los agentes del orden y los interrogadores por actos de tortura o maltrato. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura también hizo alusión a esta situación cuando señaló que la impunidad era "la principal causa de torturas y malos tratos". El Relator Especial concluyó que la tortura seguía existiendo en el país, sobre todo en las comisarías de policía y en los centros de detención preventiva, y que "la ausencia de una definición de tortura en el Código Penal que se ajustara a lo dispuesto en la Convención y la falta de mecanismos efectivos para recibir e investigar denuncias" amparaban a los culpables ( ibid. ) (arts. 1, 2, 4, 12 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que ponga fin a la impunidad y vele por que no se toleren ni la tortura ni los malos tratos cometidos por funcionarios públicos, que todos los presuntos autores de actos de tortura sean sometidos a una investigación y, si procede, sean procesados, condenados y castigados con penas acordes a la gravedad del delito. El Estado parte debería asegurarse de que se establezcan mecanismos de investigación eficientes e independientes para luchar contra la impunidad con respecto a la tortura y los malos tratos. También debería revocar inmediatamente el artículo 44.1 del Código Penal, donde se establece que "la vulneración de los derechos e intereses protegidos en el presente Código no se considerará delito cuando tenga lugar en ejercicio del deber de acatar órdenes o decretos de obligado cumplimiento". Asimismo, la legislación del Estado parte debería estipular claramente que la obediencia debida a un superior no podrá alegarse como justificación de la tortura.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza durante los sucesos del 1º de julio de 2008

10)Al Comité le preocupa la información de que durante los disturbios del 1º de julio de 2008 en la plaza de Sukhbaatar y durante el estado de emergencia la policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza. Le preocupa que, al parecer, la mayoría de los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía tuvieran lugar tras la declaración del estado de emergencia. También le preocupan los resultados de una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según la cual, de 100 detenidos entrevistados, 88 manifestaron haber sufrido malos tratos consistentes en palizas y agresiones durante la detención y los interrogatorios. Preocupa al Comité la información de que los detenidos permanecían encerrados en condiciones de hacinamiento, sin comida, agua ni acceso a un baño por períodos de 48 a 72 horas, y sin la posibilidad de ponerse en contacto con un abogado ni con sus familias (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería velar por que los agentes del orden reciban instrucciones claras sobre el uso de la fuerza y estén informados de su responsabilidad si recurren a ella de forma innecesaria o excesiva. Deberían aplicarse las leyes existentes, incluidas las referidas a la notificación al público de la imposición del estado de emergencia. El Estado parte debería velar por que los agentes del orden apliquen las disposiciones jurídicas que amparan a las personas privadas de libertad, incluidas las salvaguardias legales fundamentales en caso de detención, y cumplan estrictamente las disposiciones del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (aprobado por la Asamblea General en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988), y por que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado, a un médico y a su familia. A fin de prevenir la impunidad y el abuso de autoridad, los agentes del orden declarados culpables de esos delitos deberían ser castigados con las sanciones jurídicas y administrativas pertinentes.

Denuncias e investigaciones prontas, imparciales y efectivas

11)Preocupa profundamente al Comité que desde 2002 solo se haya condenado a una persona por tratos inhumanos y crueles, y que solo se haya declarado culpable a una persona en los 744 casos de tortura registrados desde 2007, pues esto genera un clima de impunidad para los culpables. El Relator Especial sobre la cuestión de la tortura también se hizo eco de esta preocupación, señalando que "aunque existe un marco jurídico para que las víctimas presenten denuncias y estas sean atendidas, el sistema no funciona en la práctica" (E/CN.4/2006/6/Add.4, párr. 41) y que "por consiguiente, las víctimas carecen de recursos efectivos ante la justicia, y de acceso a medidas de indemnización y rehabilitación en casos de tortura y otras formas de maltrato" (ibid., pág. 2). También preocupa al Comité que, tras los sucesos del 1º de julio de 2008, las 10 denuncias presentadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (4 de las cuales hacían referencia a actos de tortura) y las 11 denuncias presentadas a la Fiscalía fueran desestimadas por falta de pruebas (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería hacer lo necesario para que se establezcan mecanismos independientes y eficaces para recibir denuncias e investigar de manera pronta, imparcial y efectiva las alegaciones de torturas y malos tratos. El Estado parte debería combatir la impunidad y velar por que quienes hayan sido declarados culpables de actos de tortura y maltrato sean condenados sin dilación. Además, debería tomar medidas para proteger a denunciantes, abogados y testigos contra los actos de intimidación o represalia, de conformidad con el artículo 13 de la Convención. El Estado parte debería facilitar información acerca de toda investigación de las denuncias de tortura formuladas por el Sr. Ts. Zandankhuu, que fue detenido el 2 de julio de 2008 y trasladado al centro de detención de Denjiin Myanga.

Comisión Nacional de Derechos Humanos

12)El Comité observa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una acreditación de clase "A", en calidad de institución nacional de derechos humanos establecida de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), y que puede formular propuestas y transmitir órdenes y recomendaciones a otras entidades con respecto a cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, preocupa al Comité que, en relación con los sucesos del 1º de julio de 2008 en la plaza de Sukhbaatar, la Comisión afirmara en un comunicado que no hubo "violación de los derechos humanos" durante el estado de emergencia. Preocupa al Comité que esta declaración haya sido utilizada posteriormente por el poder judicial para desestimar denuncias de tortura y malos tratos y para obligar a algunas personas a firmar declaraciones autoinculpatorias que sirvieron luego de base para condenarlas (arts. 1, 2, 4, 13, 15 y 16).

El Estado parte debería velar por que el proceso de nombramientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea transparente, y por que las consultas sean amplias, abiertas y cuenten con más participación de la sociedad civil. También debería dar más independencia y capacidad a la Comisión y velar por que no se pongan trabas a sus actividades. Debería dotarse a la Comisión de los recursos humanos, financieros y materiales que le permitan desempeñar su mandato plenamente. La Comisión debería tener la capacidad y las competencias para visitar sistemáticamente, y sin previo aviso, todos los centros de detención, debería poder hacerse cargo de las denuncias de tortura y debería cerciorarse de que se tomen medidas de reparación y rehabilitación cuando corresponda. Debería incluirse a la Comisión en las actividades de formación sobre la prohibición absoluta de la tortura destinadas a los agentes del orden y a los funcionarios del sistema de justicia penal. La Comisión también debería participar en las campañas de sensibilización del público en general sobre las cuestiones de derechos humanos.

Obligaciones relativas a la no devolución

13)Preocupa al Comité que, de 2000 a 2008, las autoridades de Mongolia hayan ejecutado 3.713 órdenes de expulsión de ciudadanos de 11 países. También le preocupa que no se haya suspendido ni anulado la ejecución de ninguna orden porque sobre el interesado pesara la amenaza de ser torturado en el país de destino. Asimismo, preocupa al Comité que en octubre de 2009 se expulsara a un solicitante de asilo y su familia a China, en contra de su voluntad y antes de que se hubiera tomado una decisión definitiva sobre la solicitud (art. 3).

El Estado parte debería tomar todas las medidas legislativas, judiciales y administrativas para cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 3 de la Convención. Al determinar si es aplicable su obligación de no devolución, el Estado parte debería estudiar el fondo de cada caso particular. El Estado parte debería introducir enmiendas en su legislación que regulen la expulsión forzosa de ciudadanos extranjeros. Además, debería estudiar la posibilidad de adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 1951) y a su Protocolo de 1967. El Estado parte debería dar formación a todos los agentes del orden y funcionarios de inmigración sobre el derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos, haciendo énfasis en el principio de no devolución, y velar por que los recursos interpuestos ante los tribunales contra órdenes de expulsión tengan efecto suspensivo.

Formación de la judicatura

14)El Comité toma nota de que los instrumentos internacionales adquieren fuerza de ley interna cuando entran en vigor las leyes nacionales de ratificación o adhesión, pero muestra su preocupación ante la declaración de la delegación de que los jueces tienen un conocimiento limitado de los instrumentos internacionales, incluida la Convención. Esta preocupación es compartida por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, que observó un "desconocimiento fundamental, principalmente por parte de los fiscales, los abogados y los jueces, de la normativa internacional sobre la prohibición de la tortura" (E/CN.4/2006/6/Add.4, párr. 40). Preocupa especialmente al Comité la información de que los clientes de abogados que en su defensa invocaron tratados y convenciones internacionales fueron condenados a penas de prisión más largas (art. 10).

El Estado parte debería velar por que en la formación impartida a los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados y demás profesionales del sector se incluyan todas las disposiciones de la Convención, en especial la prohibición absoluta de la tortura. El Estado parte tal vez desee plantearse la posibilidad de pedir asistencia internacional con respecto a esta formación. Los funcionarios públicos y el personal médico que tienen trato con detenidos, y todos los profesionales que participan en la documentación e investigación de la tortura, deberían recibir formación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

Formación de los agentes del orden

15)Preocupan al Comité los informes en el sentido de que los policías están insuficientemente formados para las intervenciones antidisturbios y la utilización del equipo correspondiente, y a menudo no reciben instrucciones sobre la utilización adecuada de las armas de fuego ni sobre la prohibición de hacer un uso excesivo de la fuerza (art. 10).

El Estado parte debería velar por que los agentes del orden reciban una formación adecuada sobre cómo desempeñar su cometido, lo que incluye tanto la utilización del material como el uso de la fuerza de forma adecuada al tipo de manifestación, y únicamente de manera excepcional y proporcionada. La policía debe ría recibir formación sobre el c ódigo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (aprobado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990), y debería cumplir las disposiciones de ambos instrumentos.

Condiciones de detención

16)Al Comité le preocupan las condiciones de detención en algunos centros, en particular el hacinamiento, la escasa ventilación y calefacción, la falta de aseos suficientes, el abastecimiento de agua inadecuado y la propagación de enfermedades infecciosas. También preocupan al Comité los malos tratos, como la práctica de mezclar a reclusos condenados con detenidos en prisión preventiva o los cambios de celda arbitrarios, y el hecho de que los guardias de prisiones alienten a los reclusos condenados a comportarse de forma abusiva con ciertos presos. Igualmente, preocupa al Comité el régimen de aislamiento especial, consistente en mantener incomunicados a los presos condenados a 30 años de prisión, algunos de los cuales dijeron al Relator Especial sobre la cuestión de la tortura que habrían preferido la pena de muerte. El Comité expresa su especial preocupación por los informes de que los condenados a muerte permanecen encerrados en condiciones de aislamiento, esposados y con grilletes durante todo el período de reclusión, y no reciben una alimentación adecuada. El Relator Especial señaló que estas condiciones de detención eran un castigo adicional que no podía más que calificarse de tortura en el sentido del artículo 1 de la Convención (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte suprima el régimen de aislamiento especial y vele por que todos los reclusos reciban un trato humano y conforme a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977) y al Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. El Estado parte debería seguir mejorando las condiciones de detención en todos los centros de privación de libertad para ponerlos en conformidad con las normas internacionales. El Estado parte también debe velar por que los guardias de prisiones y otros funcionarios cumplan la ley y se adhieran estrictamente a las normas y reglamentos. Debería autorizarse a la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos independientes con el correspondiente permiso a llevar a cabo visitas periódicas y sin previo aviso a los centros de detención.

Reparación e indemnización

17)Preocupa al Comité que no haya medios efectivos y adecuados para que las víctimas de la tortura obtengan justicia, rehabilitación y una indemnización. También le preocupa que la legislación de Mongolia en la materia no prevea la tortura como causa para exigir una indemnización. Este aspecto también fue señalado por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura tras su visita a Mongolia (art. 14).

El Estado parte debería velar por que las víctimas de la tortura obtengan reparación y puedan ejercer el derecho a una indemnización justa y adecuada, y debería establecer un marco jurídico amplio que contemple la tortura y los malos tratos como motivo para solicitar una indemnización y reparación.

Declaraciones obtenidas mediante tortura

18)Preocupa profundamente al Comité que en los tribunales de Mongolia se sigan utilizando declaraciones y confesiones obtenidas mediante tortura y malos tratos, hecho al que también hizo alusión el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura. El Relator Especial señaló que el sistema de justicia penal recurría habitualmente a la obtención de confesiones para iniciar los procesamientos, por lo que el riesgo de tortura y malos tratos era "muy real" (E/CN.4/2006/6/Add.4, párr. 36). A este respecto, también preocupa al Comité que al parecer se haya recurrido a la tortura para interrogar a personas detenidas en relación con los sucesos del 1º de julio de 2008, y que las confesiones firmadas en tales circunstancias se utilizaran luego como prueba ante un tribunal (art. 15).

El Estado parte debería asegurarse de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento. El Estado parte debería proceder sistemáticamente a vigilar y grabar en soporte audiovisual todos los interrogatorios realizados en todos los lugares propensos a la tortura y los malos tratos, y debería aportar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para tal fin. El Estado parte debería asegurarse de que ninguna declaración o confesión de un detenido que se determine que ha sido hecha como resultado de tortura o malos tratos se admita como prueba de cargo contra el autor de la confesión. Tales declaraciones y confesiones deber ían invocarse como prueba únicamente en un procedimiento iniciado contra la persona acusada de tortura o malos tratos.

La pena de muerte y los condenados en espera de ejecución

19)Al Comité le preocupa que la información sobre la pena de muerte esté clasificada como secreto de Estado, que la fecha de la ejecución no se comunique ni siquiera a la familia del reo y que esta no reciba los restos mortales tras la ejecución. También preocupan al Comité la suerte y las condiciones de detención de los 44 presos que están a la espera de ser ejecutados (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería hacer públicas las estadísticas sobre la pena de muerte, facilitar al Comité información sobre las 44 personas en espera de ejecución, estudiar la posibilidad de conmutar todas las penas de muerte y proporcionar la información pertinente a las familias de las personas que hayan sido ejecutadas. El Estado parte debería desclasificar la información sobre la pena de muerte, y el Comité lo alienta a que prosiga sus esfuerzos encaminados a la abolición de este castigo, entre ellos la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Estado parte debería velar por que los reclusos en espera de ejecución sean tratados con arreglo a las normas internacionales.

Violencia contra la mujer

20)Si bien el Comité acoge con agrado los esfuerzos del Estado parte para combatir la violencia contra la mujer, expresa su preocupación por el hecho de que, al parecer, la incidencia de los actos violentos, en particular la violencia doméstica contra la mujer, la violación y el acoso sexual, siga siendo alta. También preocupa al Comité que la violencia doméstica siga considerándose un asunto privado, mentalidad que comparten incluso los agentes del orden, y que el porcentaje de procesamientos por este tipo de actos sea tan bajo. Asimismo, preocupa al Comité la información de que son pocos los casos de violación que se denuncian, que a menudo en las zonas remotas las víctimas de violación no tengan posibilidad de someterse a un reconocimiento médico y que con frecuencia no se disponga de centros de acogida ni servicios de rehabilitación prestados por personal cualificado. El Comité lamenta que el Estado parte todavía no haya tipificado como delitos la violación marital o el acoso sexual (arts. 1, 2, 4, 12 y 16).

El Estado parte debería poner todo su empeño en combatir la violencia contra la mujer, especialmente las violaciones, la violencia doméstica y el acoso sexual. También debería tipificar como delitos la violación marital y el acoso sexual. Asimismo, debería velar por que los funcionarios públicos estén totalmente familiarizados con las disposiciones jurídicas aplicables y sensibilizados con respecto a todas las formas de violencia contra la mujer, y respondan adecuadamente ante estas situaciones. El Estado parte debería velar además por que todas las mujeres víctimas de la violencia tengan acceso a formas de reparación y protección inmediatas, en particular órdenes de protección, refugios seguros, un reconocimiento médico y medidas de asistencia a la rehabilitación, en todas las zonas del país. Los autores de actos de violencia contra la mujer deberían ser debidamente procesados y, en caso de ser hallados culpables, condenados a penas apropiadas.

Trata de personas

21)El Comité celebra la firma, el 18 de octubre de 2010, del Acuerdo de Cooperación para Combatir la Trata de Personas con la Región Administrativa Especial de Macao (China), así como las demás iniciativas emprendidas por el Estado parte para luchar contra la trata de personas, pero expresa su preocupación por el presunto agravamiento de este fenómeno. También le preocupa la información de que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, en particular niñas pobres y de la calle, así como víctimas de la violencia doméstica, que son objeto de trata con fines de explotación sexual y laboral y para matrimonios fraudulentos. Además, preocupa al Comité que el marco jurídico de protección a las víctimas y los testigos de la trata siga siendo inadecuado. También preocupa al Comité la escasa frecuencia con que se inician causas por trata de personas en virtud del artículo 113 del Código Penal, relativo a la compra y venta de personas, que contempla penas más severas que las previstas en el artículo 124, relativo a la inducción a la prostitución y la organización de la prostitución. Asimismo, preocupa al Comité que, al parecer, entre el 85% y el 90% de los casos investigados se archiven por falta de pruebas o por no haberse demostrado que se engañó a la víctima, y que se sospeche de la participación de agentes del orden, como implicados o facilitadores, en delitos de trata, sin que los presuntos hechos se hayan investigado (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Estado parte debería promulgar un marco legislativo amplio para luchar contra la trata de personas que se ocupe de las cuestiones de la prevención y la protección de las víctimas y testigos de la trata, y velar por que todas las víctimas de este fenómeno obtengan una indemnización y puedan rehabilitarse en la mayor medida posible. El Estado parte debería formar adecuadamente a los agentes del orden, investigadores y fiscales sobre las leyes y prácticas aplicables en los casos de trata de personas. La trata de personas debería perseguirse con arreglo al artículo 113 del Código Penal. El Estado parte debería establecer además mecanismos independientes dotados de recursos humanos y financieros suficientes y apropiados para vigilar la aplicación de las medidas de lucha contra la trata. El Estado parte debería investigar de forma independiente, exhaustiva y efectiva todas las denuncias de trata de personas, incluidas las formuladas contra agentes del orden. Asimismo, el Estado parte también debería seguir reforzando su labor de cooperación internacional, regional y bilateral sobre esta cuestión.

Explotación laboral y trabajo infantil

22)Preocupa al Comité la información de que algunos mineros artesanales (informales), entre ellos menores de edad (denominados también "mineros ninja"), trabajan en comunidades mineras del sector no estructurado en condiciones muy precarias que son incompatibles con la normativa internacional del trabajo. También preocupan al Comité la explotación y las condiciones laborales peligrosas a las que presuntamente se somete a los niños. Además, el Comité expresa su preocupación por las noticias sobre la situación de los niños de la calle y la falta de medidas efectivas para mejorarla (art. 16).

El Estado parte debería luchar contra todas las formas de trabajo forzoso y tomar las medidas necesarias para que los niños no trabajen en condiciones peligrosas, entre otras cosas en las minas artesanales (sector no estructurado), y velar también por que los adultos que trabajan en esas minas lo hagan en condiciones mejores, conformes a la normativa internacional y en particular a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Estado parte. El Estado parte debería adoptar medidas para vigilar, tratar y combatir el trabajo infantil, en particular considerando delincuentes a los empleadores que hagan trabajar a niños en condiciones de explotación y llevándolos ante los tribunales. El Estado parte debería realizar campañas de sensibilización sobre los efectos negativos del trabajo infantil. También debería reforzar las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de los niños de la calle.

Castigos corporales infligidos a los niños

23)Al Comité le preocupa la información sobre la alta incidencia de los castigos corporales infligidos a los niños en las escuelas, las instituciones para niños y el hogar, especialmente en las zonas rurales (art. 16).

El Estado parte debería adoptar medidas urgentes para prohibir explícitamente los castigos corporales infligidos a los niños en cualquier entorno. Asimismo, a través de actividades apropiadas para la educación del público y la formación de profesionales, el Estado parte debería velar por la adopción de métodos disciplinarios positivos, participativos y no violentos.

Justicia juvenil

24)Preocupa al Comité la información facilitada por el Comité de los Derechos del Niño según la cual el sistema de justicia juvenil no se ajusta a los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no hay un marco de políticas global para la justicia juvenil. También preocupa al Comité que no se apliquen las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing, aprobadas por la Asamblea General el 29 de noviembre de 1985), y que no se mantenga separados de los presos adultos a los niños condenados ni a los que se encuentran en prisión preventiva. (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería proseguir y completar el proceso de armonización de su legislación nacional con las normas internacionales aplicables, y mejorar el marco jurídico de la justicia juvenil. No debería utilizar la prisión preventiva más que en los casos previstos en la ley y debería velar por la segregación de niños y adultos detenidos en toda circunstancia, así como por la aplicación de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). El Estado parte debería establecer tribunales especializados en justicia juvenil, con jueces y funcionarios judiciales formados en la materia, y, en caso necesario, solicitar asistencia internacional a este respecto.

Discriminación y violencia contra los grupos vulnerables

25)Preocupa al Comité:

a)Que al parecer no exista una legislación nacional global contra la discriminación, y que los delitos motivados por el odio y los mensajes de incitación al odio no estén tipificados como delitos. Preocupa también al Comité las noticias de que grupos vulnerables como la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero son objeto de actos de violencia y de abuso sexual, tanto en entornos públicos como domésticos, debido a la actitud social negativa que impera a este respecto en la sociedad. El Comité celebra que se haya registrado oficialmente el Centro para Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero, y observa con reconocimiento la indicación del Estado parte de que es necesario llevar a cabo una campaña de sensibilización del público sobre las personas que integran esta comunidad.

b)Que, según se informa, las personas con VIH/SIDA sufran discriminación, especialmente en el acceso a la vivienda y en los procesos de evaluación preliminar antes de obtener un empleo.

c)Que, aun tomando nota de la promulgación en 2002 del nuevo Código Civil, donde se estipula que los no ciudadanos tienen los mismos derechos que los ciudadanos en las esferas civil y legal, algunos extranjeros puedan ser víctimas de la violencia organizada debido a su origen étnico (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería establecer un marco jurídico global para luchar contra la discriminación, incluidos los delitos motivados por el odio y los mensajes de incitación al odio. El Estado parte debería tomar medidas para que los autores de estos delitos sean llevados ante los tribunales. También debería velar por la protección de los grupos vulnerables, como las minorías sexuales, las personas que viven con el VIH/SIDA y determinadas comunidades extranjeras. El Estado parte debería establecer mecanismos efectivos de vigilancia, cumplimiento y denuncia que aseguren una investigación pronta, exhaustiva e imparcial cuando se denuncien agresiones motivadas por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, de conformidad con los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. El Estado parte debería aprobar leyes para luchar contra la violencia provocada por organizaciones que promueven e incitan a la discriminación racial, étnica y de otro tipo.

Personas con discapacidad mental y problemas psicológicos

26)El Comité lamenta que la delegación del Estado no haya facilitado información sobre las salvaguardias legales, incluidas las medidas de vigilancia y supervisión, aplicables a la hospitalización de personas con enfermedades mentales y discapacidades intelectuales. Preocupan al Comité la frecuencia con que al parecer se recurre a la hospitalización, la escasez de tratamientos alternativos y el escaso número de profesionales especializados en atender a las personas con enfermedades y discapacidades mentales.

El Estado parte debería, con carácter urgente, reforzar las disposiciones jurídicas relativas a los derechos de las personas con discapacidad, incluidas las que sufren enfermedades mentales y discapacidades intelectuales, y establecer mecanismos de vigilancia y supervisión para los centros de hospitalización. También debería impulsar los métodos alternativos de tratamiento y atención, y dar prioridad a aumentar el número de profesionales cualificados en psicología/psiquiatría.

Reunión de datos

27)El Comité lamenta la ausencia de datos completos y desglosados sobre las denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas en los casos de tortura y malos tratos cometidos por agentes del orden, personal militar y funcionarios de prisiones, así como sobre los presos en espera de ejecución, el maltrato de trabajadores migrantes, la trata de personas y la violencia doméstica y sexual.

El Estado parte debería recabar datos estadísticos relacionados con la vigilancia de la aplicación de la Convención en el plano nacional, incluidos los datos sobre las denuncias, investigaciones, procesamientos y condenas de los culpables de haber sometido a torturas y malos tratos a trabajadores migrantes, sobre los presos en espera de ejecución, sobre la trata de personas y sobre la violencia doméstica y sexual, desglosados por edad, sexo, etnia y tipo de delito, así como sobre los medios de reparación ofrecidos a las víctimas, incluidas la indemnización y las medidas de rehabilitación.

28)El Comité recomienda que el Estado parte estudie la posibilidad de ratificar lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

29)El Comité recomienda al Estado parte que estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

30)El Comité invita al Estado parte a ratificar los instrumentos básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

31)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe que ha presentado al Comité y a las observaciones finales del Comité, en todos los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

32)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 11, 16 y 19 del presente documento.

33)El Comité invita al Estado parte a velar por que su próximo informe periódico se ajuste a las directrices para la presentación de informes, y a atenerse al límite de 40 páginas establecido para los documentos específicos de cada tratado. El Comité también invita al Estado parte a que presente un documento básico común, de conformidad con los nuevos requisitos del documento básico común enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. Este documento básico y el documento específico sobre el tratado satisfacen conjuntamente la obligación de presentar informes que incumbe al Estado parte en virtud de la Convención.

34)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el segundo, a más tardar el 19 de noviembre de 2014.

53.Turquía

1)El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de Turquía (CAT/C/TUR/3) en sus sesiones 959ª y 960ª, celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2010 (CAT/C/SR.959 y 960), y aprobó las siguientes observaciones finales y recomendaciones en su 975ª sesión (CAT/C/SR.975).

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del tercer informe periódico de Turquía, aunque lamenta que se haya presentado con un retraso de cuatro años, lo que impide que el Comité pueda realizar un análisis continuo de la aplicación de la Convención.

3)El Comité también acoge con satisfacción que el informe se haya presentado de conformidad con el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes consistente en la presentación de las respuestas del Estado parte a una lista de cuestiones preparada y transmitida por el Comité. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por haber presentado su informe de conformidad con el nuevo procedimiento, que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité. El Comité agradece que las respuestas a la lista de cuestiones se hayan enviado en el plazo solicitado. El Comité acoge con satisfacción el diálogo constructivo establecido con la delegación de alto nivel, así como sus esfuerzos por ofrecer explicaciones durante el examen del informe.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que durante el período transcurrido desde el examen del segundo informe periódico el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los siguientes instrumentos:

a)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2003;

b)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 2003, y a sus Protocolos Facultativos, en 2006;

c)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, en 2004;

d)Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en 2004;

e)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en 2009.

5)El Comité toma nota con reconocimiento de las amplias reformas llevadas a cabo por el Estado parte en materia de derechos humanos, y de sus iniciativas en curso para revisar su legislación a fin de asegurar una mayor protección de los derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En concreto, el Comité acoge con satisfacción:

a)La enmienda al artículo 90 de la Constitución, conforme a la cual los tratados internacionales de derechos humanos y las libertades fundamentales prevalecen sobre las leyes nacionales en caso de conflicto entre ellos;

b)La aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 5271) en 2005 y del nuevo Código Penal (Ley Nº 5237) en 2004. En particular, el Comité acoge con satisfacción las disposiciones sobre:

i)El aumento de las sanciones por el delito de tortura (3 a 12 años de prisión) (Código Penal, art. 94);

ii)La responsabilidad penal de cualquier persona que impida o restrinja el derecho de acceso a un abogado (Código de Procedimiento Penal, art. 194);

iii)El derecho del acusado o sospechoso a designar uno o más abogados en cualquier fase de la instrucción (Código Penal, art. 149);

iv)La asistencia obligatoria de un abogado en caso de prisión preventiva (Código de Procedimiento Penal, art. 101 3));

c)Los elementos de la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2010 de conformidad con un refere ndum nacional, que establece, entre otras cosas:

i)El derecho de petición como derecho constitucional para lo que se establece la institución del Ombudsman (artículo 74 de la Constitución);

ii)El derecho de recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con los derechos y libertades fundamentales (artículo 148 de la Constitución);

iii)La garantía de que los civiles no serán juzgados ante tribunales militares salvo en tiempo de guerra (artículos 145 y 156 de la Constitución).

6)El Comité también celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte para modificar sus políticas a fin de garantizar una mayor protección de los derechos humanos y aplicar la Convención, en particular:

a)El anuncio de una política de "tolerancia cero de la tortura" hecho el 10 de diciembre de 2003;

b)La preparación de un segundo plan de acción nacional para luchar contra la trata de personas;

c)La invitación permanente cursada a los mecanismos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas y la aceptación por el Estado parte de las visitas del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (2006), del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (2006) y de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (2008);

d)El compromiso del Estado parte de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, que el Estado parte firmó en 2005, y de establecer un mecanismo nacional de prevención en consulta con representantes de la sociedad civil, que formará parte de la institución nacional de derechos humanos que ha de crearse de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Tortura e impunidad

7)El Comité expresa su grave preocupación por las numerosas, continuas y concordantes alegaciones de uso de la tortura, especialmente en lugares no oficiales de detención, como los vehículos de la policía, la calle y fuera de las comisarías, a pesar de la información facilitada por el Estado parte en el sentido de que la lucha contra la tortura y los malos tratos ha sido una "cuestión prioritaria" y de que al parecer se ha reducido el número de denuncias de torturas y otras formas de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares oficiales de detención del Estado parte. Al Comité le preocupa además la falta de investigaciones prontas, exhaustivas, independientes y eficaces de las denuncias de actos de tortura cometidos por los agentes de seguridad y las fuerzas del orden, tal como se exige en el artículo 12 de la Convención, así como que esa falta de investigación sea la pauta habitual. También le preocupa que a muchos agentes del orden declarados culpables de malos tratos se les conceda la remisión condicional de la pena, lo que ha contribuido a crear un clima de impunidad. A este respecto, al Comité le preocupa que los juicios por denuncias de tortura se lleven a cabo con frecuencia en el contexto del artículo 256 ("uso excesivo de la fuerza") o del artículo 86 ("daño intencional") del Código Penal, que prevén penas más leves así como la posibilidad de remisión condicional de la pena, y no en el del artículo 94 ("tortura") o del artículo 95 ("tortura con circunstancias agravantes") del mismo Código (art. 2).

El Estado parte debería tomar medidas inmediatas para poner fin a la impunidad por los actos de tortura. En particular, el Estado parte debería garantizar que todas las denuncias de tortura se investiguen con prontitud, eficacia e imparcialidad. Cuando existan indicios racionales de que se han cometido torturas o malos tratos, el Estado parte debería garantizar que los presuntos culpables sean suspendidos de sus funciones o reasignados a otras durante la instrucción para evitar cualquier riesgo de que puedan obstaculizar la investigación o sigan cometiendo actos inadmisibles contrarios a la Convención. El Estado parte debería velar por que existan directrices para determinar los casos en que los artículos 256 y 86 del Código Penal deben aplicarse en lugar del artículo 94 para enjuiciar los casos de malos tratos. Además, el Estado parte debería establecer inmediatamente mecanismos efectivos e imparciales para realizar investigaciones eficaces, prontas e independientes de todas las denuncias de actos de tortura y malos tratos, y velar por que los autores de esos actos sean juzgados con arreglo a los artículos 94 ("tortura") y 95 ("tortura con circunstancias agravantes") a fin de garantizar que la tortura se castigue con penas apropiadas como se exige en el artículo 4 de la Convención.

Inexistencia de una investigación eficaz, rápida e independiente de las denuncias

8)Al Comité le preocupa que las autoridades sigan sin llevar a cabo una investigación eficaz, rápida e independiente de las denuncias de torturas y malos tratos. En particular, al Comité le preocupan los informes de que los fiscales encuentran obstáculos para investigar eficazmente las denuncias contra agentes de las fuerzas de seguridad y de que, en muchos casos, estas investigaciones las realizan generalmente los propios agentes de las fuerzas de seguridad, lo que supone una falta de independencia, imparcialidad y eficacia, no obstante la Circular Nº 8 del Ministerio de Justicia en la que se establece que las investigaciones de denuncias de torturas y malos tratos deben ser realizadas por el fiscal público y no por los agentes de seguridad. A este respecto, al Comité le preocupa también la falta de claridad en torno al actual sistema de investigación administrativa de las denuncias de abusos por parte de la policía, que carece de imparcialidad e independencia, y el hecho de que siga siendo necesario, conforme al Código de Procedimiento Penal, una autorización previa para investigar a los funcionarios superiores de las fuerzas de seguridad. Al Comité también le preocupa la información de que los informes médicos independientes que establecen actos de tortura no se acepten como prueba documental en los tribunales y que los jueces y los fiscales solo acepten los informes del Instituto Médico Forense del Ministerio de Justicia. Además, si bien toma nota del proyecto iniciado en 2006 para introducir una "Comisión Independiente de Quejas contra la Policía y un Sistema de Quejas contra la Policía y la Gendarmería", al Comité le preocupa que todavía no se haya establecido un mecanismo independiente de quejas contra la policía. Preocupan al Comité las demoras sistemáticas, la inacción y las medidas insatisfactorias por parte de las autoridades del Estado parte en cuanto a la investigación, el enjuiciamiento y la condena de agentes de las fuerzas de seguridad y personal militar por los delitos de violencia, malos tratos y tortura contra ciudadanos (arts. 12 y 13).

El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actuales esfuerzos para establecer mecanismos imparciales e independientes que garanticen una investigación eficaz, rápida e independiente de todas las denuncias de tortura y malos tratos. El Estado parte debería, con carácter prioritario:

a) Fortalecer la eficacia e independencia de la fiscalía pública aumentando el número, la autoridad y la capacitación de los fiscales y los agentes de la policía judicial.

b) Garantizar la conservación de las pruebas hasta la llegada del fiscal y dar instrucciones a los tribunales para que examinen la posibilidad de que se hayan manipulado las pruebas o de que falten pruebas esenciales para las actuaciones judiciales .

c) Cerciorarse de que los fiscales y los agentes judiciales lean y evalúen todos los informes médicos en que se documenten torturas y malos tratos elaborados por el personal médico y los forenses, independientemente de la institución a la que pertenezcan, que sean competentes y tengan una formación especializada en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra dantes (Protocolo de Estambul).

d) Establecer un mecanismo independiente de quejas contra la policía conforme a lo previsto por el Ministerio del Interior.

e) Enmendar el artículo 161, párrafo 5, del Código de Procedimiento Penal, en su forma enmendada por el artículo 24 de la Ley Nº 5353 de 25 mayo de 2005, a fin de que no sea necesario obtener una autorización especial para investigar a los funcionarios superiores acusados de tortura o malos tratos. Del mismo modo, el Estado parte debería revocar el artículo 24 de la Ley Nº 5353.

Falta de investigación de las desapariciones

9)Al Comité le preocupa la falta de información del Estado parte sobre los progresos realizados en la investigación de los casos de desapariciones. En particular, le preocupa: a) el número de casos pendientes de desapariciones identificadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (63 casos hasta 2009), y b) la falta de información sobre los progresos en la investigación de los casos de desapariciones en que considera que el Estado parte ha violado los artículos 2, 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (casos Chipre c. Turquía y Timurtas c. Turquía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Al Comité le preocupa, además, la falta de información sobre: a) la investigación eficaz, independiente y transparente de esos casos y, si procede, sobre los eventuales juicios y condenas de los autores; y b) la oportuna notificación de los resultados de esas investigaciones y juicios a los familiares de las personas desaparecidas. Esta falta de investigación y seguimiento suscita graves cuestiones con respecto al incumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones conforme a la Convención y, como determinó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituye una violación continua de la Convención con respecto a los familiares de las víctimas (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería tomar medidas inmediatas para garantizar la realización de investigaciones eficaces, transparentes e independientes de todos los casos pendientes de presuntas desapariciones, incluidas las citadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( Chipre c. Turquía y Timurtas c. Turquía ) y las identificadas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Cuando corresponda, el Estado parte debería proceder a las actuaciones judiciales pertinentes. El Estado parte debería notificar a los familiares de las víctimas el resultado de estas investigaciones y actuaciones judiciales. El Comité insta además al Estado parte a que considere la posibilidad de firmar y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Ejecuciones extrajudiciales

10)Al Comité le preocupa la escasa información facilitada por el Estado parte con respecto a la aplicación de las recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, de que el Estado parte lleve a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas, transparentes y diligentes, y juicios justos en relación con el presunto papel de las fuerzas de seguridad en los incidentes de ejecuciones ocurridos en Kiziltepe y Semdinli en 2004 y 2005, respectivamente (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería realizar investigaciones diligentes, exhaustivas e independientes de todos los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y del orden, y velar por que los responsables comparezcan ante la justicia y sean castigados con penas apropiadas a la naturaleza de sus delitos.

Limitaciones de las salvaguardias legales fundamentales

11)Al Comité le preocupan las limitaciones impuestas al disfrute de las salvaguardias legales fundamentales contra la tortura y los malos tratos a raíz de la introducción de nuevas leyes y de enmiendas al Código de Procedimiento Penal de 2005. En particular, al Comité le preocupa: a) que se pueda denegar a un sospechoso el derecho a ponerse en contacto con un abogado durante las 24 horas siguientes a la detención, en virtud de la Ley contra el terrorismo (Ley Nº 3713); b) que se deniegue asistencia letrada a los acusados sospechosos de haber cometido delitos punibles con una pena de prisión inferior a cinco años (Ley Nº 5560); c) que no se reconozca legalmente el derecho a ser examinado por un médico independiente; y d) que el derecho reconocido legalmente a ser examinado inmediatamente por un médico se limite a los reclusos (art. 94, Ley Nº 5275). Preocupa al Comité la información de que el reconocimiento médico del detenido se hace en presencia de un funcionario público, a pesar de que la ley lo prohíbe, a menos que el personal médico así lo solicite por razones de seguridad personal.

El Estado parte debería garantizar en la legislación y en la práctica que todos los detenidos tengan derecho a acceder rápidamente a un abogado, a notificar la detención a un miembro de la familia y a ser examinado por un médico independiente desde el comienzo mismo de su detención. El Estado parte debería garantizar que se respete la confidencialidad entre médico y paciente durante estos exámenes médicos.

Consideraciones generales en relación con la aplicación de la Convención

12)El Comité lamenta que, pese a que en la lista de cuestiones previa a la presentación de informes y en el diálogo oral con el Estado parte se solicitó información estadística, gran parte de esa información no se haya facilitado. En particular, la falta de datos completos o desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los juicios y las condenas de casos de tortura y malos tratos por parte de los agentes del orden, los agentes de seguridad y el personal de prisiones, la expulsión de inmigrantes y solicitantes de asilo, el acceso a los registros sobre detenciones, la duración de los juicios, la rehabilitación e indemnización, la trata de personas y la violencia sexual dificulta gravemente la identificación de los casos de incumplimiento de la Convención que exigen atención.

El Estado parte debería compilar y facilitar al Comité datos estadísticos, desglosados por sexo, edad, origen étnico, pertenencia a minorías, ubicación geográfica y nacionalidad, que sean pertinentes para supervisar la aplicación de la Convención a nivel nacional, así como información completa sobre las denuncias, las investigaciones, los juicios y las condenas de casos de tortura y malos tratos, las expulsiones, la duración de los juicios de los presuntos autores de tortura y malos tratos, la rehabilitación e indemnización (incluida la indemnización económica), la trata de personas y la violencia sexual, y sobre el resultado de todas estas denuncias y casos.

Uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden y presentación de acusaciones para intimidar a las personas que denuncian actos de tortura y malos tratos

13)Si bien el Comité toma nota de que el representante del Estado parte reconoce el uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden y de la información sobre las medidas adoptadas para erradicar esta práctica, en particular grabando los números de identificación en los cascos de los agentes de la policía antidisturbios, sigue preocupado por los informes que indican un aumento del uso excesivo de la fuerza y los malos tratos contra los manifestantes, por parte de la policía, fuera de los lugares oficiales de detención. En particular al Comité le preocupan los informes sobre víctimas mortales por disparos de la policía y la gendarmería, así como la información sobre la aplicación arbitraria de las modificaciones introducidas en junio de 2007 a la Ley sobre las facultades y deberes de la policía (Ley Nº 2559) que autorizan a la policía a pedir a cualquier persona que se identifique, lo que, según se informa, ha dado lugar a un aumento de los enfrentamientos violentos. Además, al Comité le preocupan los informes de que la policía recurre con frecuencia a la presentación de acusaciones en virtud del Código Penal contra las presuntas víctimas de malos tratos y sus familiares, en particular conforme al artículo 265, relativo al "uso de la violencia o de amenazas contra un funcionario público para impedirle cumplir con su deber"; el artículo 125, relativo a la "difamación de la policía"; el artículo 301, relativo a la "denigración de la nación turca"; y el artículo 227, relativo a la "tentativa de influenciar el proceso judicial". Preocupa al Comité que, según se informa, se utilicen esas acusaciones para disuadir a las presuntas víctimas de abusos y a sus familiares de que presenten denuncias, o incluso para intimidarlos (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería aplicar sin dilación medidas eficaces para poner fin al uso excesivo de la fuerza y los malos tratos por parte de los agentes del orden. En particular, el Estado parte debería:

a) Garantizar que la legislación interna, las normas de intervención y las normas que rigen los procedimientos relacionados con el orden público y las medidas antidisturbios se ajusten plenamente a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en particular la disposición según la cual solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida (Principios, párr. 9);

b) Introducir un sistema de supervisión de la aplicación de la Ley sobre atribuciones y deberes de la policía (Ley Nº 2559) e impedir que la policía lo use arbitrariamente;

c) Velar por que los funcionarios del Estado no amenacen con formular a su vez acusaciones, en particular conforme a los artículos 265, 125, 301 y 277 del Código Penal, como forma de intimidar a las personas detenidas o a sus familiares para que no denuncien la tortura, revisar las condenas dictadas conforme a esos artículos durante el período objeto del informe con miras a identificar todo uso erróneo con esos fines y velar por que todas las denuncias legítimas de tortura sean objeto de una investigación independiente y se enjuicie a los responsables cuando esté justificado.

Reparación e indemnización, incluida la rehabilitación

14)Al Comité le preocupa la falta de información general y de datos estadísticos sobre las medidas de reparación e indemnización, incluida la rehabilitación, para las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado parte, como se exige en el artículo 14 de la Convención (art. 14).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos en relación con la reparación, la indemnización y la rehabilitación, y proporcionar a las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes una reparación e indemnización adecuadas, incluida la rehabilitación. El Estado parte debería considerar la posibilidad de elaborar un programa específico de asistencia a las víctimas de tortura y malos tratos.

La no devolución y la detención de refugiados, solicitantes de asilo y extranjerosen situación irregular

15)El Comité acoge con satisfacción la información facilitada por el representante del Estado parte de que hay tres proyectos de ley relativos al asilo, a una unidad especializada en cuestiones de asilo y a los extranjeros, que se presentarán próximamente al Parlamento. También toma nota de que en marzo de 2010 el Ministerio del Interior emitió las circulares Nos. 18/2010 (migración ilegal) y 19/2010 (asilo y migración). No obstante, al Comité le preocupa que el proyecto de ley sobre el asilo mantenga la limitación por razones geográficas a la aplicación de la Convención sobre los refugiados de 1951, que excluye a los solicitantes de asilo no europeos de la protección de la Convención. Además, le preocupa el sistema de detención administrativa de los extranjeros que hayan entrado, permanezcan o traten de salir ilegalmente del Estado parte, a los que se retiene en "centros de acogida para extranjeros" y otros centros de expulsión y tienen escasas posibilidades de acceder al procedimiento nacional para obtener asilo temporal. Al Comité le preocupan además las denuncias de deportaciones y devoluciones pese al riesgo de tortura. A este respecto, le preocupa la presunta falta de acceso de los solicitantes de asilo a asistencia letrada, las deficiencias del sistema de recurso para los solicitantes de asilo, la falta de efecto suspensivo de los procedimientos de deportación durante el examen de las solicitudes de asilo y el restringido acceso concedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a los abogados para que visiten a los solicitantes de asilo detenidos. Al Comité le preocupan además, gravemente, los presuntos malos tratos y la grave situación de hacinamiento en los "centros de acogida para extranjeros" y otros centros de expulsión (art. 3).

El Estado parte debería tomar medidas inmediatas y eficaces para garantizar el cumplimiento de su obligación de conformidad con el artículo 3 de la Convención de no devolver a ninguna persona que corra el riesgo de ser sometida a tortura, y asegurar que todas las personas que necesiten protección internacional tengan acceso en condiciones justas y de igualdad a los procedimientos de asilo y sean tratadas con dignidad. El Comité insta al Estado parte a que:

a) Permita el acceso de los órganos independientes de supervisión a los "centros de acogida para extranjeros" y otros lugares de detención, y proceda sin dilación a construir nuevos centros de acogida que ofrezcan condiciones de vida seguras y saludables;

b) Considere la posibilidad de suprimir la limitación geográfica a la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y retire para ello su reserva a la Convención;

c) Vele por que todos los refugiados reconocidos tengan acceso a la protección internacional que facilita el ACNUR;

d) Vele por que los extranjeros detenidos tengan acceso efectivo a los procedimientos de asilo e introduzca el efecto suspensivo de los procedimientos de expulsión durante el examen de las solicitudes de asilo;

e) Garantice el acceso del personal del ACNUR a las personas detenidas que deseen solicitar asilo, de acuerdo con la circular del Ministerio del Interior sobre los solicitantes de asilo y refugiados detenidos, a fin de que puedan ejercer el derecho de solicitar asilo;

f) Vel e por que los solicitantes de asilo y los refugiados detenidos recib a n asistencia de abogados, a fin de garantizar su derecho a recurrir ante los tribunales de justicia competentes las decisiones relativas a su solicitud de asilo y otros aspectos de su condición jurídica.

Supervisión e inspección de los lugares de detención

16)El Comité toma nota de la información facilitada por el representante del Estado parte sobre la función de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los Derechos Humanos y celebra que se permitan las visitas de los defensores de derechos humanos a los centros de detención, pero lamenta la falta de una reglamentación oficial que permita una supervisión independiente así como las visitas de representantes de la sociedad civil a esos centros. El Comité también lamenta la falta de información sobre la aplicación de las principales recomendaciones y conclusiones de las instituciones mencionadas en los párrafos 58 a 68 del informe del Estado parte que están autorizadas a inspeccionar los lugares de detención (arts. 2, 11 y 16).

El Estado parte debería facilitar información sobre los reglamentos oficiales que permiten las visitas independientes de representantes de la sociedad civil, abogados, personal médico y miembros de la asociación de abogados a los lugares en que hay personas privadas de libertad. El Estado parte debería facilitar también al Comité información detallada sobre las medidas de seguimiento y las actividades llevadas a cabo de conformidad con las conclusiones y recomendaciones de las instituciones públicas, en particular las mencionadas en los párrafos 58 a 68 del informe del Estado parte.

Condiciones de detención

17)Al Comité le preocupan gravemente las denuncias de hacinamiento en los centros de detención en el Estado parte y toma nota de que el representante del Estado parte ha reconocido francamente que la situación es "inaceptable". En vista de la información facilitada por el Estado parte sobre una cifra de ocupación total de 120.000 presos, la mitad de los cuales son preventivos, al Comité le preocupa que las autoridades judiciales no hayan tenido en cuenta otras medidas alternativas a la privación de libertad, así como los períodos excesivamente largos de la prisión preventiva, en particular de personas procesadas por los nuevos tribunales penales para delitos graves. El Comité observa además con preocupación la información de que ciertos privilegios relacionados con las actividades en grupo de los reclusos pueden restringirse en el caso de personas acusadas o condenadas por terrorismo o delincuencia organizada, a las que se puede mantener en régimen de aislamiento en prisiones de la categoría F. El Comité, celebra el hecho de que el juez pueda exigir la grabación de los interrogatorios como prueba en los juicios penales, pero le preocupa que actualmente solo el 30% de las comisarías de policía estén equipadas con cámaras de videovigilancia y que al parecer esas cámaras no funcionen en muchos casos. La presunta falta de fondos para reducir el hacinamiento mediante la construcción de nuevos centros penitenciarios, el elevado número de vacantes entre el personal de prisiones (aproximadamente 8.000) mencionado por el representante del Estado parte, la escasez de personal médico y las dificultades de acceso a atención de salud que al parecer tienen los detenidos enfermos en el Estado parte, son también cuestiones que preocupan al Comité. El Comité observa además con inquietud que la información sobre las instalaciones de detención puede ser objeto de restricciones en virtud de la Ley sobre el derecho de acceso a la información (Ley Nº 4982) (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería tomar de inmediato medidas para poner fin al problema endémico del uso excesivo de la prisión preventiva y el hacinamiento en los lugares de detención. Además, debería proseguir sus esfuerzos para mejorar la infraestructura de las prisiones y las comisarías a fin de ofrecer protección contra los abusos. En particular, el Estado parte debería:

a) Alentar a los miembros de la judicatura a que consideren la posibilidad de aplicar, como sanción penal, medidas alternativas a las penas de privación de libertad, incluso aprobando la legislación necesaria a tal efecto;

b) Instalar cámaras de videovigilancia y hacer grabaciones en vídeo de todos los interrogatorios, como procedimiento normalizado;

c) Proceder a una revisión de los artículos 15 a 28 de la Ley sobre el derecho de acceso a la información (Ley Nº 4982), con el fin de evaluar su compatibilidad con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención;

d) Proseguir los esfuerzos para proveer las vacantes en las instituciones penitenciarias a fin de asegurar una plantilla adecuada de personal de prisiones;

e) Limitar únicamente a casos excepcionales y situaciones bien definidas las restricciones de los privilegios relacionados con las actividades en grupo de los reclusos en régimen de aislamiento;

f) Abordar el problema de la escasez de personal médico y velar por que los reclusos enfermos tengan acceso a la atención de salud, aunque ello suponga aplazar la ejecución de la pena, en caso necesario.

Inscripción de los detenidos en registros

18)Preocupan al Comité los informes según los cuales los sospechosos son mantenidos en dependencias de la policía sin que se proceda a un registro oficial, y a este respecto observa con preocupación la vaguedad de la disposición jurídica que establece que la inscripción de las personas detenidas en el registro debe tener lugar "en un plazo razonable" después de su detención (art. 2).

El Estado parte debería cerciorarse de que se registre sin demora a las personas privadas de libertad y de que se especifique en la ley el plazo máximo en que debe procederse al registro oficial después de la detención.

Violencia contra las mujeres

19)Preocupan al Comité las numerosas denuncias de violación, violencia sexual y otras formas de actos de tortura y malos tratos por motivos de sexo cometidos por los agentes de seguridad, los funcionarios de prisiones y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El Comité toma nota de los programas de capacitación y sensibilización puestos en práctica por el Estado parte para combatir y prevenir esos actos, pero lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas para asegurar que se exijan responsabilidades a los autores, sobre las investigaciones, juicios y condenas de los responsables, así como la falta de información sobre las medidas de reparación e indemnización, incluida la rehabilitación, para las víctimas, como se exige en el artículo 14 de la Convención.

El Estado parte debería tomar medidas sin demora para prevenir todos los actos de tortura y malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual, contra las mujeres privadas de libertad, y garantizar que se exijan responsabilidades a todos los autores de esos actos, emprendiendo una pronta investigación de las denuncias y, cuando proceda, enjuiciando y condenando con sanciones apropiadas a los responsables. El Estado parte debería garantizar que todas las víctimas de actos de tortura y malos tratos por motivos de género reciban una reparación e indemnización adecuadas, incluida la rehabilitación.

Violencia doméstica y homicidios por motivos de honor

20)Si bien el Comité toma nota de las enmiendas introducidas en 2007 en la Ley de protección de la familia Nº 4320 y en 2005 en el Código Penal con el fin de mejorar la protección de la mujer contra la violencia, así como la aprobación del Plan de Acción Nacional para combatir la violencia doméstica contra la mujer y distintos programas de capacitación para agentes del orden, sigue preocupado por los informes generalizados de violencia física y sexual contra las mujeres. Al Comité le preocupan los informes de que las mujeres no suelen denunciar a la policía los malos tratos y la violencia de que son objeto, así como el insuficiente número de centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia, no obstante las disposiciones pertinentes de la Ley municipal de 2005. Además, le preocupa la falta de información sobre las medidas de reparación e indemnización, incluida la rehabilitación, para las víctimas, como se exige en el artículo 14 de la Convención. Al Comité le preocupan también los informes según los cuales las autoridades del Estado parte no han procedido a investigar los homicidios por motivos de honor, así como la falta de estadísticas oficiales completas sobre esos homicidios y sobre la violencia doméstica. Asimismo, le preocupa que en virtud del artículo 287 del Código Penal los jueces y los fiscales puedan ordenar en casos de violación una prueba de virginidad contra la voluntad de la mujer (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería proseguir e intensificar sus esfuerzos, incluida la cooperación con el Consejo de Europa, la Unión Europea y los mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para prevenir y proteger a la mujer contra todas las formas de violencia. El Estado parte debería:

a) Adoptar todas las medidas necesarias para facilitar y promover el ejercicio por las mujeres de su derecho a presentar denuncias a la policía por violencia doméstica, por ejemplo permitiéndoles la presentación de esas denuncias en los centros de acogida y al personal de esos centros, a través de una línea telefónica de ayuda, y otras medidas de protección;

b) Asegurar una investigación rápida y eficaz de todas las denuncias de homicidio por motivo de honor y violencia contra la mujer, y velar por que los responsables comparezcan ante la justicia y sean castigados con sanciones apropiadas a la naturaleza de su delito;

c) Garantizar que se ofrezca a las víctimas una reparación e indemnización adecuadas, incluida la rehabilitación;

d) Introducir un sistema completo de recopilación de datos y estadísticas sobre la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica y los homicidios por motivo de honor, desglosados por edad, grupo étnico y grupo minoritario, así como situación geográfica.

Niños detenidos

21)El Comité acoge con satisfacción las enmiendas de 2010 a la Ley contra el terrorismo que prohíben el procesamiento por terrorismo de los menores que participan en reuniones y manifestaciones ilegales o distribuyen material de propaganda en favor de organizaciones proscritas, y que reducen las penas impuestas a menores acusados de delitos relacionados con el terrorismo; sin embargo, expresa preocupación por los informes de que sigue habiendo menores privados de libertad, tras ser detenidos durante manifestaciones, en centros de prisión preventiva para adultos no registrados, incluso en el Departamento Antiterrorista de la Dirección de Seguridad y no en el Departamento de Menores. Además, al Comité le preocupan los informes de malos tratos a menores que se encuentran privados de libertad en centros no oficiales de detención y de que se han llevado a cabo interrogatorios sin la presencia de un abogado o de un adulto o tutor legal. El Comité toma nota de la información del representante del Estado parte de que la mayoría de las sentencias en estos casos no exceden de dos años de prisión, pero expresa preocupación porque al parecer se sigue condenando a menores a largas penas de prisión (art. 16).

El Estado parte debería elaborar y aplicar un sistema completo de medidas alternativas para garantizar que las penas de privación de libertad se impongan a menores únicamente como medida de último recurso, por el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas. El Estado parte debería garantizar que la detención de los menores sea objeto de revisión, a fin de cerciorarse de que ningún menor sea objeto de forma alguna de malos tratos durante la detención, y que no se detenga a ningún menor en lugares no registrados. Además, el Estado parte debería promover el conocimiento y la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos relacionadas con la justicia de menores entre los miembros de los tribunales de menores, y aumentar el número de estos tribunales. Además, el Comité insta al Estado parte a que considere la posibilidad de aumentar la edad de responsabilidad penal, fijada actualmente en 12 años, para adaptarla a las normas internacionales.

Castigos corporales

22)El Comité toma nota de la enmienda de 2002 del Código Civil por la que se retira a los padres el derecho de corrección, pero expresa preocupación por la ausencia en la legislación nacional de una prohibición explícita de los castigos corporales en el hogar y en los establecimientos de cuidados alternativos, así como por los informes que indican que los padres recurren habitualmente a los castigos corporales y que en las escuelas se sigue considerando que esos castigos tienen un valor educativo (art. 16).

El Estado parte debería aclarar más allá de toda duda la situación jurídica de los castigos corporales en las escuelas y en las instituciones penitenciarias, y, con carácter prioritario, prohibirlos en el hogar, los establecimientos de cuidados alternativos y, si procede, en las escuelas y en las instituciones penitenciarias.

Tratamiento de las personas que requieren atención psiquiátrica

23)El Comité observa con preocupación la falta de información en el informe del Estado parte sobre las condiciones en los centros de rehabilitación para delincuentes que requieren atención psiquiátrica. Aunque toma nota de la información facilitada por el representante del Estado parte sobre los cinco centros de rehabilitación para detenidos con problemas psiquiátricos, que actualmente dependen de la administración penitenciaria, al Comité le preocupa la falta de información sobre las condiciones de vida en esos centros, incluido el ejercicio pleno y efectivo de las salvaguardias fundamentales de esos detenidos. Al Comité le preocupa, además, la falta de información sobre las condiciones generales, las salvaguardias legales y la protección contra los malos tratos de las personas recluidas en centros y hospitales psiquiátricos, y observa con preocupación el elevado número de tratamientos electroconvulsivos (ECT) administrados en clínicas y hospitales para enfermos mentales según se indica en el informe del Estado parte (párr. 306). Además, el Comité lamenta la falta de información sobre el acceso de los mecanismos de vigilancia independientes a esos centros.

El Estado parte debería realizar una revisión rigurosa de la aplicación del tratamiento electroconvulsivo (ECT) y debería poner fin a cualquier otro tratamiento que pueda equivaler a actos prohibidos en la Convención, en el caso de personas que requieren atención psiquiátrica. El Estado parte debería garantizar en la ley y en la práctica las salvaguardias legales fundamentales de todas las personas que requieran atención psiquiátrica, tanto si están internadas en centros psiquiátricos y hospitales para enfermos mentales como en instituciones penitenciarias. El Estado parte debería además permitir que los mecanismos de vigilancia independientes tengan acceso a los centros psiquiátricos y a los hospitales para enfermos mentales a fin de prevenir toda forma de malos tratos.

Prescripción

24)El Comité toma nota de que, con arreglo al nuevo Código Penal de 2005, se ha aumentado el plazo de prescripción de los delitos de tortura hasta los 15 años, o hasta los 40 años cuando los actos de tortura han provocado la muerte. No obstante, al Comité le preocupa que el Estado parte mantenga la prescripción del delito de tortura (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería reformar su Código Penal para asegurar que los actos de tortura no prescriban

Capacitación

25)Si bien el Comité acoge favorablemente la información facilitada por el representante del Estado parte en el sentido de que la capacitación de los funcionarios de los servicios de seguridad y la gendarmería incluye formación sobre el Protocolo de Estambul, lamenta la falta de información sobre si los inspectores públicos de prisiones y otros lugares de detención reciben esta capacitación, y de ser así de qué manera. Además, el Comité lamenta la falta de información sobre la posible capacitación que reciben las patrullas rurales o los funcionarios de inmigración sobre la prohibición absoluta de la tortura (art. 10).

El Estado parte debería desarrollar y fortalecer programas permanentes de educación para garantizar que todos los funcionarios, incluidos los jueces y fiscales, los inspectores públicos de los centros de detención, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los agentes de seguridad, los miembros de las patrullas rurales y los funcionarios de prisiones y de inmigración sean plenamente conscientes de las disposiciones de la Convención, de la prohibición absoluta de la tortura y de que se les exigirán responsabilidades por actos que contravengan la Convención.

26)El Comité invita al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y los instrumentos básicos de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que todavía no es parte, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia.

27)Se pide al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité, a las actas resumidas y a las observaciones finales del Comité, en los idiomas correspondientes, a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

28)El Comité pide al Estado parte que facilite, en el plazo de un año, información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 7, 8, 9 y 11 del presente documento.

29)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas para el documento relativo al tratado. El Comité invita también al Estado parte a que presente un documento básico actualizado de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes aprobadas por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6) y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común.

30)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el cuarto informe, a más tardar el 19 de noviembre de 2014.

54. Finlandia

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe periódico combinado de Finlandia (CAT/C/FIN/5-6), que incluye los informes quinto y sexto, en sus sesiones 996ª y 999ª, celebradas los días 18 y 19 de mayo de 2011 (CAT/C/SR.996 y 999), y en sus sesiones 1011ª y 1012ª, celebradas los días 27 y 30 de mayo de 2011, aprobó las siguientes observaciones finales (CAT/C/SR.1011 y CAT/C/SR.1012).

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación en los plazos del informe periódico combinado de Finlandia, que contiene los informes quinto y sexto, de conformidad con el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes consistente en la presentación de las respuestas del Estado parte a una lista de cuestiones (CAT/C/FIN/Q/5-6) transmitida por el Comité. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por haber accedido a presentar su informe con arreglo a este nuevo procedimiento, que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité. El Comité agradece que las respuestas a la lista de cuestiones fueran presentadas dentro de los plazos solicitados.

3)El Comité también apreció el diálogo abierto y constructivo mantenido con la delegación multisectorial de alto nivel del Estado parte, así como la información y las explicaciones adicionales ofrecidas por la delegación al Comité. El Comité agradece a la delegación sus respuestas claras, directas y detalladas a las preguntas planteadas por los miembros del Comité.

B.Aspectos positivos

4)El Comité observa con satisfacción que, desde el examen del cuarto informe periódico del Estado parte, este último se ha adherido a los siguientes instrumentos internacionales:

a)El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo);

b)El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

5)El Comité celebra los constantes esfuerzos del Estado parte para revisar su legislación a fin de dar efecto a las recomendaciones del Comité y mejorar la aplicación de la Convención, en particular:

a)La enmienda del Código Penal que entró en vigor el 1º de enero de 2010, y que tipifica delictivamente la tortura y establece la prohibición absoluta de la misma en cualquier circunstancia, cumpliendo así con las recomendaciones del Comité de poner el Código en conformidad con los artículos 1 y 4 de la Convención;

b)La enmienda, aprobada el 20 de mayo de 2011, a la Ley del Ombudsman Parlamentario (Nº 197/2002), que entrará en vigor el 1º de junio de 2012, por la que se establece el Centro para los Derechos Humanos como institución nacional de derechos humanos, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

c)La aprobación de la Ley de instrucción sumarial, la Ley de medidas coercitivas y la Ley de policía en 2011;

d)La aprobación por el Parlamento, en marzo de 2011, de una reforma jurídica en virtud de la cual las personas identificadas en la Ley de bienestar de la infancia deben denunciar a la policía cualquier sospecha de abuso sexual;

e)Las enmiendas a la Ley de extranjería de Finlandia (Nº 301/2004) que entraron en vigor el 1º de abril de 2011;

f)La entrada en vigor de la nueva Ley de detención (Nº 767/2005), de la Ley de prisión preventiva (Nº 768/2005) y de la Ley sobre el trato de personas bajo custodia policial (Nº 841/2006);

g)Las enmiendas a la Ley del Ombudsman de las Minorías y la Junta sobre Discriminación, que entraron en vigor el 1º de enero de 2009, en virtud de las cuales el Ombudsman de las Minorías actúa como Relator Nacional sobre trata de seres humanos;

h)Las enmiendas al Código Penal en virtud de las cuales, a partir de 2011, toda falta de agresión cometida contra menores y personas próximas al autor del acto, incluido el cónyuge o su pareja de hecho inscrita en el Registro Civil, constituirá base para la apertura de un proceso judicial; e

i)La reducción en el número de presos desde la introducción en 2006 de la posibilidad de obtener la libertad condicional vigilada en virtud de la Ley de encarcelamiento.

6)El Comité también celebra los esfuerzos que realiza el Estado parte para corregir sus políticas, programas y medidas administrativas a fin de garantizar una mayor protección de los derechos humanos y dar efecto a la Convención, en particular:

a)La unificación, a principios de 2010, del Organismo de Sanciones Penales, del Servicio de Prisiones y el Servicio de Libertad Condicional en una sola organización, denominada Organismo de Sanciones Penales, que está preparando un estudio piloto, para finales de 2012, sobre internos y personal penitenciario;

b)La revisión del Plan de Acción Nacional de lucha contra la trata de personas; y la aprobación, el 11 de junio de 2010, del Programa sobre la prevención de la violencia contra la mujer, que incluye 60 medidas;

c)El hecho de que el Estado parte haya continuado contribuyendo, con carácter regular y desde 1984, al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Régimen de prescripción en relación con el delito de tortura

7)Al Comité le preocupa que el Código Penal contenga disposiciones sobre prescripción en relación con el delito de tortura (art. 4).

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que los actos de tortura no queden sujetos a ningún régimen de prescripción.

Salvaguardias legales fundamentales

8)Al Comité le preocupa que no siempre se garanticen las salvaguardias legales fundamentales a las personas privadas de libertad, en particular a quienes han cometido "delitos menores", como el caso de los adolescentes, desde el mismo inicio de la privación de libertad, como el derecho a reunirse con un abogado, preferiblemente de su elección; a notificar la detención al pariente más próximo, incluso en el caso de breves estancias bajo custodia policial, y a ser examinado por un médico independiente, preferiblemente de su propia elección, en los mismos locales en que se encuentra detenido (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que todas las personas privadas de libertad se beneficien de salvaguardias legales fundamentales desde el mismo inicio de la detención como el acceso a un abogado, preferiblemente de su elección; se notifique a su familia la detención desde el mismo inicio de esta; y por que sean examinadas por un médico independiente, preferiblemente de su propia elección.

9)Al Comité le preocupa que los interrogatorios de personas que han sido detenidas y privadas de libertad y las pesquisas realizadas como parte de la instrucción previa al juicio no se graben sistemáticamente en audio o vídeo (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte asigne fondos necesarios para equipar los lugares en los que se interroga a personas y en los que se realizan actos de instrucción sumarial, y en particular las comisarías de policía, con los equipos necesarios de grabación de audio y vídeo.

No devolución

10)Al Comité le inquieta el hecho de que no siempre se garanticen a todos los solicitantes de asilo (especialmente en virtud del procedimiento acelerado de asilo), así como a los extranjeros a la espera de ser deportados, las salvaguardias legales en vigor; por ejemplo, el derecho a interponer un recurso judicial con efectos suspensivos ante el Tribunal Administrativo de Helsinki y el Tribunal Supremo Administrativo, y de que no se respeten los plazos prescritos en la ley. El Comité carece de información sobre si los procesos de deportación son supervisados por un órgano independiente (art. 3).

El Comité recomienda que el Estado parte garantice un derecho de apelación a nivel nacional y con efectos suspensivos y respete todas las salvaguardias y medidas provisionales en relación con los procedimientos de asilo y de deportación a la espera de los resultados de los recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo de Helsinki y el Tribunal Supremo Administrativo. El Comité desearía recibir información sobre si los procesos de deportación son supervisados por un órgano independiente.

Hospitalización y tratamiento psiquiátricos involuntarios

11)Al Comité le preocupa que las disposiciones de la Ley sobre la salud mental que regulan la hospitalización y el tratamiento psiquiátricos involuntarios no hayan sido enmendadas. Le preocupa además que no se incluya un dictamen psiquiátrico independiente como parte del procedimiento de hospitalización forzosa, y el hecho de que una decisión de hospitalización forzosa pueda basarse en un certificado de un único doctor, que normalmente es un médico generalista. Además, el Comité toma nota con preocupación de que a menudo no existe la posibilidad de revisar judicialmente las hospitalizaciones de este tipo. Al Comité también le inquieta que no se procure obtener el consentimiento del paciente en relación con la terapia electroconvulsiva y que no exista un registro específico para dejar constancia de los casos en que se recurre a dicha terapia (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte enmiende la Ley sobre la salud mental y promulgue legislación clara y específica que derogue las disposiciones que regulan la hospitalización y el tratamiento psiquiátricos involuntarios, y también que promulgue legislación clara y específica que garantice salvaguardias legales básicas, como la exigencia de un dictamen psiquiátrico independiente como parte del proceso relativo al inicio y revisión de la hospitalización forzosa, y la garantía de que se ofrezca una revisión judicial sustantiva y rápida de las medidas de hospitalización forzosa, que incluya la posibilidad de presentar denuncias. El Estado parte debería velar por que la atención y los servicios de salud mental proporcionados a todas las personas privadas de libertad, especialmente en las prisiones, hospitales psiquiátricos e instituciones sociales, se basen en un consentimiento libre e informado de la persona concernida. El Estado parte debería velar también por que cualquier administración de una terapia electroconvulsiva a pacientes privados de libertad se base en el consentimiento libre e informado. También recomienda la creación de un órgano independiente para supervisar los hospitales y los lugares de detención, que tenga también potestad para recibir denuncias.

Violencia contra la mujer

12)El Comité aprecia la respuesta de los representantes del Estado parte en relación con la aceptación del principio de la diligencia debida en lo que respecta a la aplicación de la Convención, especialmente en los casos en que los Estados partes cumplen con su deber de prevenir, investigar y castigar actos de violencia contra las mujeres y adoptan medidas efectivas en relación con actos de violencia contra las mujeres, tanto si son cometidos por el Estado, por particulares o por grupos armados. Sin embargo, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres (arts. 2, 4 y 16).

El Comité insta en particular al Estado parte a incluir información sobre la prohibición de la tortura, con arreglo a la Convención en la educación y adiestramiento de las fuerzas del orden y otros miembros del personal que participa en la lucha contra la violencia hacia la mujer, en particular la violencia en el hogar y la trata. El Comité agradecería recibir información del Estado parte en relación con las sentencias impuestas a personas condenadas por violación, y sobre si los castigos son acordes con la gravedad del delito. También recomienda que el Estado parte promulgue legislación con miras a aumentar el número de refugios para víctimas de la violencia, en particular personas objeto de trata, a los que debería asignarse financiación adecuada y dotarse de personal especializado.

Formación

13)Al Comité le preocupa que todo el adiestramiento policial sea supervisado, evaluado y aceptado por la Junta de la Policía Nacional. También le preocupa que el personal médico que tiene contacto con las personas privadas de libertad, los solicitantes de asilo y otros extranjeros no reciba sistemáticamente capacitación sobre las disposiciones del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) (art. 10).

El Comité recomienda que toda la capacitación de funcionarios públicos sea evaluada y supervisada por un órgano calificado e independiente como el órgano independiente de evaluación que, adscrito al Ministerio de Educación y Cultura, está previsto que inicie su labor en 2011. También recomienda que el adiestramiento sobre las disposiciones del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) se incorpore al plan de estudios básico de capacitación para personal médico.

Condiciones de detención

14)El Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que sigue produciéndose hacinamiento, de manera esporádica, en algunas cárceles y centros de detención. Aunque toma nota de que los reclusos tienen acceso a retretes durante las 24 horas del día, expresa su preocupación por los informes del Estado parte según los cuales 222 celdas de tres centros penitenciarios carecían aún de servicios higiénicos adecuados, en particular retretes, y seguía practicándose el "vaciado manual", práctica que no está previsto que finalice antes de 2015 (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte ponga remedio a la situación de hacinamiento, especialmente mediante la redistribución de los reclusos, la aceleración de los procedimientos judiciales y la puesta en práctica del sistema de libertad condicional vigilada, introducido en 2006. El Comité insta al Estado parte a que inicie con prontitud la renovación de las prisiones de Mikkeli y Kuopio, así como las de Helsinki y Hameenlinna, y a que instale equipamiento sanitario en todos los lugares de detención lo antes posible.

15) Preocupa al Comité que, aunque el número total de reclusos ha disminuido, el de presos preventivos, mujeres detenidas y reclusos extranjeros ha aumentado. Le sigue inquietando la situación de los presos preventivos, la detención preventiva de extranjeros en centros de detención de la policía y la guardia fronteriza y la duración de la prisión provisional. Además, le preocupa que alrededor del 10% de los presos romaníes estén alojados en galerías aisladas. El Comité expresa también preocupación por la lentitud del sistema judicial del Estado parte, y desearía saber si entre el personal del poder judicial hay miembros de las minorías étnicas (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte, en la medida de lo posible, limite la estancia de presos preventivos y extranjeros en prisión provisional, en particular en centros de detención de la policía y la guardia fronteriza, y cumpla las recomendaciones formuladas en noviembre de 2010 por el grupo de trabajo establecido por el Ministerio de Justicia para introducir una enmienda legislativa en virtud de la cual los traslados de presos preventivos desde las comisarías de policía a las prisiones regulares se realicen con mayor celeridad de la que es habitual actualmente. El Comité recomienda que el Ombudsman Parlamentario supervise las condiciones de detención de los presos romaníes, en particular la aplicación de la equidad en relación con la pertenencia étnica, y vele por que el personal penitenciario intervenga en todos los incidentes de discriminación contra romaníes que se señalen a su conocimiento. El Comité recomienda que se apruebe legislación para reducir, en la medida de lo posible, la duración de la detención preventiva y acelerar los procedimientos civiles y penales pendientes. El Comité agradecerá que se le proporcionen estadísticas sobre el número de miembros de minorías étnicas que forman parte del poder judicial.

Vigilancia de los centros de privación de libertad

16)El Comité toma nota con preocupación de que el Ombudsman Parlamentario Adjunto que se ocupa de asuntos penitenciarios no pudo realizar visitas frecuentes y sin previo aviso a los lugares de privación de libertad debido al gran volumen de trabajo y a las numerosas tramitaciones de denuncias a que tiene que hacer frente (art. 11).

El Comité recomienda que el Estado parte asigne recursos humanos y financieros suficientes al Ombudsman Parlamentario con el fin de que pueda realizar visitas frecuentes y sin previo aviso a los lugares de privación de libertad en el marco del mandato encomendado. En este contexto, el Comité toma nota con satisfacción de que el Estado parte se ha adherido al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y recomienda que el Estado parte finalice el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo cuanto antes, de forma que el Ombudsman Parlamentario pueda desempeñar la función de mecanismo nacional de prevención.

Detención y maltrato de solicitantes de asilo, inmigrantes irregulares y otros extranjeros

17)Al Comité le preocupa la información relativa al uso frecuente de la detención administrativa de solicitantes de asilo, inmigrantes irregulares, niños no acompañados o separados de su familia, mujeres con hijos y otras personas vulnerables, incluidas las personas con necesidades especiales, así como el número de detenidos y la frecuencia y duración de las detenciones. Le preocupa también que, en virtud de la Ley de extranjería, pueda procederse a la detención preventiva de una persona, no porque esta haya, presuntamente, cometido un delito, sino porque exista la sospecha de que pueda cometerlo (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte considere la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la frecuente detención de solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares, incluidos niños y otras personas vulnerables, y que establezca un mecanismo para examinar la frecuente detención de esas personas. Recomienda además que el Estado parte considere la posibilidad de incrementar la aplicación de medidas no privativas de la libertad, utilizar la detención como medida de último recurso, y garantizar que no se produzca ningún caso de detención administrativa de niños no acompañados. El Comité pide al Estado parte que vele por que el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión se aplique a los solicitantes de asilo en situación de detención administrativa. Además, agradecería recibir información sobre el número de solicitantes de asilo e inmigrantes en situación irregular detenidos, la frecuencia con que se producen esas detenciones y la duración media de las mismas.

18)El Comité manifiesta su preocupación por las condiciones y la duración de la detención de solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares en el centro de detención para extranjeros de Metsälä, así como por la falta de salvaguardias legales con respecto a la duración de la detención. Le preocupa también que los detenidos sean ingresados no solo en el centro de detención de Metsälä, que tiene una capacidad limitada, sino también en centros de detención de la policía y la guardia fronteriza, que no reúnen condiciones para el internamiento de personas detenidas en virtud de la legislación sobre extranjería. Preocupa al Comité que en esas instalaciones no se separe a hombres de mujeres, que los niños estén junto con adultos cuando las familias con hijos son recluidas en centros de internamiento para migrantes y que, en 2010, se detuviera a un total de 54 niños en aplicación de Ley de extranjería (arts. 2 y 11).

El Comité recomienda que se adopten medidas para aumentar la capacidad del centro de detención de Metsälä o para establecer un nuevo centro de internamiento para extranjeros. Recomienda también al Estado parte que examine la detención, incluida la duración de esta, de los solicitantes de asilo, migrantes irregulares y otros extranjeros en el centro de Metsälä, así como en centros de detención de la policía y la guardia fronteriza, proporcione a esos reclusos las salvaguardias legales fundamentales, establezca un mecanismo de denuncias en relación con las condiciones de detención y aplique medidas no privativas de la libertad.

19)El Comité también está preocupado por las denuncias sobre el aumento de los malos tratos físicos y psicológicos a los solicitantes de asilo y los inmigrantes en situación irregular, en particular el trato injustificadamente severo que les dispensan la policía y otras fuerzas del orden (arts. 10, 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que la formación especializada y las directrices internas de la policía, los guardias de fronteras y otros cuerpos de seguridad del Estado sean las adecuadas a fin de que los miembros de esos cuerpos sean conscientes de sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho de los refugiados, de forma que traten a los solicitantes de asilo de manera más humana y acorde con su singularidad cultural, y que los autores de actos de malos tratos sean investigados, enjuiciados y condenados.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

20)Al Comité le preocupa que, aunque las personas tienen derecho a indemnización según la Ley de indemnización con cargo a fondos públicos por el arresto o la detención de una persona inocente y que el Ombudsman Parlamentario a veces ofrece indemnización limitada por los perjuicios no pecuniarios causados por la tortura o el maltrato, según el ordenamiento jurídico del Estado parte, las autoridades no tienen una obligación general de abonar una indemnización a una persona cuyos derechos hayan sido violados (art. 14).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias a fin de cumplir plenamente con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, según el cual el Estado parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible; además, en caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización; y nada de lo dispuesto en ese artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales. Además, si bien el Comité acoge con beneplácito la existencia en el Estado parte de dos dependencias de rehabilitación para supervivientes de la tortura, recomienda que se pongan a disposición de todas las víctimas de tortura o malos tratos, en cualquier contexto, medidas de rehabilitación plena.

No admisibilidad de pruebas

21)Si bien el Comité observa que no ha recibido ninguna información de que se hayan aceptado pruebas obtenidas mediante la tortura, le preocupa que en el derecho penal del Estado parte no figure disposición alguna sobre la prohibición de emplear declaraciones obtenidas mediante tortura, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Convención. También le preocupa que la Fiscalía no haya cursado instrucciones ni órdenes con respecto a la prohibición del empleo, como elemento de prueba, de declaraciones obtenidas mediante tortura (art. 15).

El Comité recomienda que el Estado parte promulgue disposiciones legislativas a fin de prohibir específicamente el uso de declaraciones obtenidas mediante tortura como prueba o elemento de prueba, de conformidad con el artículo 15 de la Convención.

Maltrato

22)Al Comité le inquieta el hecho de que, según el Ombudsman Parlamentario Adjunto, la policía atase a las personas que fueron detenidas por participar en una manifestación a los asientos de su autobús, y también entre sí, y que no se les permitiera usar el aseo mientras estaban en el vehículo, contraviniendo así la Decisión Nº 1836/2/07 del Ministerio del Interior, de 28 de noviembre de 2007, resumen 2007, págs. 41 a 44 (art. 16).

El Comité, si bien toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para remediar la situación y prevenir la repetición de incidentes similares en el futuro, según se declaró durante el diálogo mantenido con la delegación, recomienda que el Estado parte formule directrices claras que la policía deberá observar al realizar detenciones y en su trato con las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir cualquier maltrato a los detenidos, como se indica en el c ódigo de c onducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley .

Información y datos estadísticos

23)Si bien el Comité toma nota de la información sobre la base empleada para la compilación de las estadísticas del Ombudsman Parlamentario, recomienda que el Estado parte proporcione al Comité datos desglosados por edad, sexo y origen étnico sobre denuncias, investigaciones y enjuiciamientos y, de existir, condenas en relación con casos de tortura y malos tratos por agentes de las fuerzas de seguridad, militares y funcionarios de prisiones, así como por personas que no son funcionarios públicos. También desearía recibir datos desglosados sobre la trata de seres humanos, la prostitución forzada clandestina y la explotación de mujeres inmigrantes, la violencia contra las mujeres, en particular la violencia doméstica y sexual, así como sobre los medios de reparación ofrecidos a las víctimas, incluida la indemnización y la rehabilitación.

24)El Comité, si bien toma nota con satisfacción de que el Estado parte se comprometió a hacer de las recomendaciones formuladas durante el examen periódico universal parte de la política general sobre derechos humanos de su Gobierno, desearía recibir información sobre las medidas efectivas adoptadas para prevenir la violencia contra la mujer, reunir información sobre la violencia contra los niños, proporcionar la misma cobertura en la legislación nacional y las actividades de formación sobre la discriminación por motivos de orientación sexual y discapacidad, así como por otros motivos de discriminación en ámbitos como la prestación de servicios y atención sanitaria, y sobre la posibilidad de utilizar los Principios de Yogyakarta relativos a la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género como referencia y ayuda en la formulación de sus políticas.

25)Además, el Comité desearía recibir información sobre la aplicación de la Convención en los territorios donde estén desplegados contingentes de sus Fuerzas Armadas, incluidas las misiones de las Naciones Unidas.

26)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los principales tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

27)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe relativo a la Convención respetando el límite de 40 páginas. El Comité también invita al Estado parte a que presente una actualización de su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2), ajustándose a lo requerido al respecto en las Directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos de tratados de derechos humanos, y a que se ciña al límite de 80 páginas establecido en relación con el documento básico común. Este documento básico y el documento específico sobre la Convención constituyen la obligación de presentar informes que incumbe al Estado parte en virtud de la Convención.

28)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 15, 17 y 20 supra.

29)El Comité recomienda al Estado parte que difunda ampliamente, en todo su territorio y en todos los idiomas oficiales, el informe presentado al Comité, así como las observaciones finales de este, a través de sus sitios oficiales en la Web, los medios de comunicación y las ONG.

30)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el séptimo, a más tardar el 3 de junio de 2015.

55. Ghana

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de Ghana (CAT/C/GHA/1) en sus sesiones 992ª y 995ª (CAT/C/SR.992 y 995), celebradas los días 16 y 17 de mayo de 2011, y aprobó en su sesión 1011ª (CAT/C/SR.1011) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del informe inicial de Ghana pero lamenta que este no siga en general las Directrices del Comité sobre la forma y el contenido de los informes iniciales (CAT/C/4/Rev.3) y que se haya presentado con casi ocho años de retraso, lo que ha impedido al Comité llevar a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte tras su ratificación en 2000. Asimismo, lamenta que el informe no incluya datos prácticos y estadísticos sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención.

3)El Comité valora positivamente el debate franco y abierto que mantuvo con la delegación del Estado parte y la información adicional que esta aportó durante el examen del informe.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra los esfuerzos y avances realizados por el Estado parte desde la vuelta al régimen democrático en enero de 1993.

5)El Comité acoge con satisfacción que, en el período transcurrido desde que la Convención entrara en vigor en 2000 para el Estado parte, Ghana haya ratificado los siguientes instrumentos internacionales y regionales o se haya adherido a ellos:

a)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2000;

b)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo sobre comunicaciones individuales, en 2000;

c)Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en 2000;

d)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 2011.

6)El Comité toma nota de las iniciativas emprendidas por el Estado parte para reformar su legislación a fin de garantizar una mejor protección de los derechos humanos, en particular:

a)La aprobación en 2003 de la Ley de justicia de menores (Ley Nº 653);

b)La aprobación en 2005 de la Ley sobre la trata de personas (Ley Nº 694) y de su enmienda de 2009;

c)La aprobación en 2007 de la Ley sobre la violencia doméstica (Ley Nº 732);

d)La aprobación en 2007 del Código Penal modificado (Ley Nº 741), que tipifica como delito la práctica de la mutilación genital femenina.

7)El Comité celebra que, el 9 de febrero de 2011, Ghana hiciera la declaración prevista en el artículo 34 6) del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con arreglo a la cual aceptaba la competencia de la Corte para recibir y examinar casos de personas y de ONG, de conformidad con el artículo 5, párrafo 3, del Protocolo.

8)El Comité observa con satisfacción que el Estado parte ha cursado una invitación permanente a los mecanismos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y celebra la reciente visita del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y delito de tortura

9)El Comité señala que el párrafo 2 a) del artículo 15 de la Constitución de 1992 prohíbe la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pero lamenta que todavía no se haya incorporado en el Código Penal del Estado parte el delito de tortura, tal y como lo define el artículo 1 de la Convención. Asimismo, acoge con satisfacción la información aportada por la delegación del Estado parte según la cual la Fiscalía General está intentando obtener la aprobación del Gabinete para incorporar la Convención a la legislación nacional, lo que posteriormente se someterá a examen del Parlamento, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería tomar las medidas necesarias para garantizar que la tortura se tipifique como delito en su derecho interno y debería adoptar una definición de tortura que abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. Asimismo, debería velar por que tales delitos se castiguen con penas adecuadas que tengan en cuenta su grave naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención.

Salvaguardias legales fundamentales

10)El Comité observa las medidas adoptadas por el Estado parte para asegurar el respeto de las garantías procesales, incluido el derecho de todos los detenidos a tener acceso inmediato a un abogado y a ser sometidos a un examen médico, a ser informados inmediatamente de sus derechos en un idioma que comprendan y a comparecer ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su detención. También observa que se han creado con carácter experimental en algunas comisarías de policía salas de interrogatorio equipadas con cámaras de televisión con circuito cerrado. No obstante, el Comité expresa su preocupación por las informaciones de que la policía no hace comparecer ante un juez a los sospechosos dentro de las 48 horas posteriores a su detención, y algunos agentes de policía al parecer firman ellos mismos órdenes de prisión provisional y trasladan directamente a los sospechosos a centros penitenciarios. También muestra su inquietud por el número muy limitado de abogados defensores de oficio, lo que impide que para muchos casos se obtenga asistencia letrada. Además, preocupa al Comité el contenido de los artículos 10 a 13 de la Instrucción Nº 171 del servicio de policía, en los que se establecen que los exámenes médicos se realizarán bajo el control de "funcionarios médicos gubernamentales", que deberán estar presentes durante los exámenes médicos independientes (arts. 2, 11 y 12).

El Estado parte debería tomar medidas efectivas para garantizar que se respeten las salvaguardias legales fundamentales de las personas detenidas por la policía, entre ellas el derecho a ser informado sin demora de los motivos de su detención y de cualquier cargo que pese en su contra, el derecho a comparecer ante un juez dentro d el plazo prescrito por la ley y el derecho a ser sometido a un examen médico independiente o a ser visitado por un médico de su elección.

El Estado parte también debería:

a) Asegurarse de que todos los detenidos tengan la posibilidad de impugnar efectivamente y de inmediato la legalidad de su detención por medio del habeas corpus ;

b) Realizar sistemáticamente grabaciones audiovisuales de los interrogatorios practicados a todas las personas;

c) Aumentar el número de abogados defensores de oficio;

d) Velar por que se registren sin demora todas las personas privadas de su libertad y garantizar la inspección periódica de los registros de detenidos en comisarías de policía y centros penitenciarios para asegurarse de que se mantengan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley;

e) Garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información médica: ningún funcionario público debería estar presente durante el examen médico de una persona detenida, salvo en circunstancias excepcionales y justificables.

Prohibición absoluta de la tortura

11)Si bien el Comité señala la información proporcionada por el Estado parte respecto de los preceptos constitucionales pertinentes que rigen la declaración y administración del estado de emergencia, expresa preocupación por la ausencia de disposiciones jurídicas claras que garanticen que la prohibición absoluta de la tortura no se deroga bajo ninguna circunstancia (art. 2, párr. 2).

El Estado parte debería incorporar en la Constitución y en otras leyes el principio de la prohibición absoluta de la tortura, por el que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de esta.

Pena de muerte

12)El Comité observa con interés la información presentada por la delegación según la cual en el Estado parte no se ha aplicado la pena de muerte desde el fin del régimen militar en 1993.

El Comité invita al Estado parte a que considere la posibilidad de abolir la pena de muerte o, en su defecto, formalice la actual moratoria de facto . Asimismo, alienta firmemente al Estado parte a que estudie la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Confesiones obtenidas bajo coacción

13)El Comité valora la información y las aclaraciones proporcionadas por el representante del Estado parte respecto del Decreto sobre pruebas de 1975 (NRCD 323), que regula la obtención de pruebas en los procedimientos judiciales y declara inadmisibles como prueba las declaraciones hechas sin la presencia de "un testigo independiente, aceptado por la persona en cuestión, que no sea un agente de policía ni un miembro de las fuerzas armadas". No obstante, al Comité le preocupa que esta norma no se refiera explícitamente a la tortura. También le inquieta la falta de información sobre las decisiones adoptadas por los tribunales de Ghana en virtud de las cuales no se admiten como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura (art. 15).

El Estado parte debería velar por que se armonicen las normas probatorias en el campo procesal con el artículo 15 de la Convención, a fin de excluir expresamente toda prueba obtenida mediante tortura.

El Comité pide al Estado parte que informe sobre la aplicación del Decreto sobre pruebas de 1975 e indique si se ha juzgado y castigado a funcionarios por haber obtenido confesiones mediante tortura.

Institución nacional de derechos humanos

14)Si bien durante el examen periódico universal de Ghana realizado en 2008 el Estado parte aceptó seguir reforzando la capacidad de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) proporcionándole más financiación y recursos, preocupa al Comité la información facilitada por la delegación del Estado parte, en la que figuraba un representante de la CHRAJ, de que la Comisión no recibe fondos suficientes para las actividades que tiene programadas.

El Estado parte debería consolidar la completa independencia de la Comisión, en particular dotándola de un presupuesto de funcionamiento adecuado y redoblando sus esfuerzos para garantizar que se ajuste plenamente a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a los detenidos(artículos 2, 4, 11 y 15)

15)El Comité está gravemente preocupado por la afirmación del Estado parte de que la probabilidad de que se presenten casos de tortura en los centros de detención es alta y ha preguntado acerca de las medidas adoptadas para poner fin a esta práctica, entre otras, la exigencia de responsabilidades al personal penitenciario y la garantía de reparación a las personas sometidas a tortura. Asimismo, le preocupa la existencia de legislación que permite los castigos físicos y los azotes, aunque toma nota de la poca frecuencia de esas prácticas.

El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas inmediatas y efectivas para investigar, enjuiciar y castigar todos los actos de tortura y velar por que las fuerzas del orden, especialmente los agentes de policía y personal penitenciario, no utilicen la tortura, en particular reafirmando inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura y condenando públicamente la práctica de la tortura y advirtiendo claramente que todo aquel que cometa, sea cómplice o participe en tales actos deberá responder personalmente de ellos ante la justicia con arreglo a la legislación penal y se le impondrán las penas correspondientes.

Condiciones de reclusión

16)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre las medidas adoptadas para resolver los problemas de hacinamiento y la prisión preventiva prolongada, en particular mediante la construcción de un nuevo centro penitenciario en Ankaful y la puesta en marcha del programa "Justicia para Todos" en 2007. No obstante, inquieta al Comité el elevado nivel de hacinamiento registrado en la mayoría de los centros de detención que, según se describe en el informe del Estado parte, están "en condiciones muy deplorables" y "no son habitables". Además observa con especial inquietud las denuncias persistentes de falta de personal, condiciones sanitarias e higiénicas precarias, servicios de atención de la salud deficientes y escasez de ropa de cama y alimentos. A este respecto, señala que los reclusos son alimentados por el Estado una vez al día, ya que el estipendio para su mantenimiento es inferior a 1 dólar de los Estados Unidos. El Comité también señala con inquietud la información relativa al escaso número de centros de reclusión de menores y las malas condiciones de esas instituciones. El Comité toma nota positivamente de la notable reducción del número de fallecimientos ocurridos en prisión (118 en 2008 frente a 55 en 2010) pero lamenta la falta de información sobre las causas de las muertes, así como sobre las condiciones de internamiento de los migrantes en situación administrativa irregular (art. 11).

El Estado parte debería:

a) Garantizar condiciones de detención en las cárceles del país que sean compatibles con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos;

b) Redoblar sus esfuerzos para solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles , en particular estableciendo otras medidas que no conlleven la privación de libertad;

c) Seguir ejecutando los planes para mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y los centros de detención preventiva, incluidos los centros de menores;

d) Adoptar medidas para aumentar el número de funcionarios de prisiones;

e) Examinar la idoneidad de los recursos sanitarios disponibles en los establecimientos penitenciarios y velar por la calidad de la asistencia médica que se dispensa a los reclusos;

f) Revisar todas las disposiciones legislativas que autorizan los castigos físicos y los azotes a fin de abolirlas con carácter prioritario .

El Estado parte debería incluir en su próximo informe periódico datos estadísticos sobre los casos de fallecimiento durante la detención de los que se ha informado, desglosados por lugar de reclusión, sexo, edad y origen étnico de los fallecidos y causa de la muerte.

Instituciones psiquiátricas

17)Preocupan al Comité las informaciones relativas al tratamiento inadecuado de los enfermos mentales y las deficientes condiciones de vida en las instituciones psiquiátricas, en particular las del Hospital Psiquiátrico de Accra. El Comité expresa preocupación por los informes sobre la grave situación de hacinamiento, la falta de personal cualificado y las condiciones deplorables de mantenimiento e higiene en ese centro psiquiátrico. Manifiesta también su profunda inquietud por la situación de las personas ingresadas en razón de un mandamiento judicial y que, al parecer, han estado en situación de abandono durante años. A ese respecto, observa con interés la información proporcionada por la delegación del Estado parte acerca de las propuestas existentes para ampliar las instalaciones psiquiátricas del país y el proyecto de ley sobre la salud mental que está examinando el Parlamento, que incluiría un sistema de denuncias individuales. El Comité está profundamente preocupado por los informes relativos a personas que permanecen en los hospitales mucho tiempo después de haber recibido el alta porque no existe una atención posterior adecuada ni centros alternativos y seguros de cuidados. Toma nota de las explicaciones dadas por la delegación sobre el hecho de que la labor de reinserción de las personas dadas de alta tropieza con diversos obstáculos, entre ellos el del estigma social, pero señala que, en ningún caso, esa circunstancia puede aducirse como motivo para no establecer centros alternativos de atención posterior a la hospitalización (art. 16).

El Estado parte debería:

a) Mejorar las condiciones de vida de los pacientes ingresados en instituciones psiquiátricas;

b) Asegurar que no se produzcan internamientos psiquiátricos a menos que sean estrictamente necesarios, garantizar a todas las personas que no tengan plena capacidad jurídica una tutela que las represente y defienda verdaderamente sus intereses, y proceder a un control judicial efectivo de la legalidad de la admisión y el mantenimiento de toda persona en establecimientos sanitarios;

c) Velar por que los órganos independientes de supervisión visiten todos los lugares en los que haya enfermos mentales que reciben tratamiento involuntario , con el fin de garantizar la correcta aplicación de las salvaguardias establecidas para proteger sus derechos;

d) Desarrollar formas alternativas de tratamiento, sobre todo en el seno de la comunidad, en particular para acoger a las personas que han sido dadas de alta en hospitales.

Vigilancia e inspección de los lugares de privación de libertad

18)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte de que el Auditor General y diversos organismos independientes realizan inspecciones periódicas de las instituciones penitenciarias. Sin embargo, y a pesar de las explicaciones dadas por la delegación, el Comité sigue preocupado por el hecho de que, en marzo de 2008, el Gobierno de Ghana denegara el permiso de visita solicitado por la ONG Amnistía Internacional aduciendo motivos de "inseguridad" (art. 2).

El Comité exhorta al Estado parte a que establezca un sistema nacional independiente eficaz para vigilar e inspeccionar todos los lugares de privación de libertad y dé seguimiento a los resultados de esa vigilancia sistemática.

El Estado parte debería reforzar su cooperación con las ONG que realizan actividades de seguimiento y el apoyo que presta a estas.

El Comité recomienda al Estado parte que proporcione información detallada sobre el lugar, el momento y la periodicidad de las visitas a los lugares de privación de libertad, incluidas las efectuadas sin previo aviso, y sobre las constataciones y las medidas adoptadas tras dichas visitas.

Investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales

19)El Comité manifiesta su preocupación por los informes de impunidad en casos de tortura y malos tratos, incluidos casos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza. El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte en relación con algunos casos que han sido objeto de una amplia cobertura en los medios de información, pero sigue preocupado por el hecho de que los agentes del orden y los militares responsables de presuntos actos de tortura raras veces son procesados. Le inquieta además que el Estado parte no pudiera aportar información sobre algunos de los casos concretos a los que el Comité hizo referencia y la falta de estadísticas de las denuncias de tortura y malos tratos y los resultados de las investigaciones realizadas al respecto. El Comité toma nota de la existencia de una propuesta para establecer una fiscalía independiente (arts. 12 y 13).

El Estado parte debería adoptar medidas adecuadas para velar por que:

a) Todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen de manera diligente, exhaustiva e imparcial, se enjuicie debidamente a sus autores y, si se los declara culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos, y se proporcione a las víctimas una indemnización adecuada, incluida su completa rehabilitación;

b) Se reúnan datos claros y fiables sobre los actos de tortura y malos tratos ocurridos durante la detención policial y el encarcelamiento o la reclusión en otros lugares de privación de libertad;

c) Todos los agentes del orden y los militares reciban una formación completa sobre las normas internacionales de derechos humanos, en particular las que figuran en la Convención.

Refugiados y solicitantes de asilo

20)El Comité señala que, según los informes, desde el 16 de mayo de 2011, a raíz de la crisis desatada en Côte d'Ivoire tras las elecciones, alrededor de 14.178 nacionales de ese país (6.036 de ellos niños) han solicitado asilo en el Estado parte. Entre los recién llegados hay personas que podrían haber sido objeto de amenazas directas y malos tratos debido a su supuesta afiliación política.Preocupan particularmente al Comité las informaciones acerca de la posible presencia de combatientes entre las personas que han huido de Côte d'Ivoire en dirección de las zonas de acogida de refugiados, lo que podría generar graves problemas de seguridad para los refugiados, los solicitantes de asilo y las comunidades en general, y podría también menoscabar el carácter civil y humanitario del asilo. El Comité valora la labor realizada por el Estado parte para recibir esa afluencia masiva de personas y lo alienta a establecer los procedimientos necesarios para identificar y separar a los combatientes, y para determinar rápidamente la condición de refugiado de los solicitantes de asilo de Côte d'Ivoire. El Comité señala con preocupación que en Ghana viven alrededor de 11.000 refugiados procedentes de Liberia, que llevan viviendo en su territorio más de veinte años, y que, según la información proporcionada por la delegación, el Estado parte tiene la intención de trasladarlos a otro lugar o devolverlos a su lugar de origen (arts. 3 y 16).

El Comité exhorta al Estado parte a que adopte una actitud más activa en relación con sus obligaciones, a nivel internacional y regional, en virtud del derecho internacional de los refugiados. A ese respecto, el Estado parte debería:

a) Proseguir su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) , para seguir identificando a los refugiados y solicitantes de asilo y garantizar su protección de conformidad con el derecho internacional, en particular, el respeto del principio de la no devolución;

b) Considerar la posibilidad de conceder la condición de refugiado prima facie a los nacionales de Côte d'Ivoire que huyen de su país, con excepción de aquellos que pueden ser considerados combatientes, hasta que se compruebe que han renunciado realmente y de manera definitiva a toda actividad militar;

c) Tomar medidas para realizar controles efectivos de las personas que llegan a l territorio de Ghana y separar a los combatientes de los no combatientes con el fin de garantizar el carácter civil de los campamentos y/o asentamientos de refugiados, mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de los mecanismos de control existentes y de la capacidad de la Comisión de Refugiados de Ghana en la frontera;

d) Reforzar la capacidad de la Comisión de Refugiados de Ghana para tramitar las peticiones de los solicitantes de asilo en el país que no pertenecen al grupo de quienes pueden obtener el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie ;

e) Velar por que los refugiados liberianos que se encuentran en Ghana no sean devueltos a su país de origen por la fuerza , de manera que pueda ser incompatible con las obligaciones de no devolución dimanantes de la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.

Trata de personas

21)El Comité toma nota de la aprobación en 2005 de la Ley de prohibición de la trata de seres humanos y de su enmienda de 2009, cuya definición de trata está en consonancia con la que figura en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Sin embargo, expresa su preocupación por las constantes denuncias de casos de trata de mujeres y niños, dentro del país y a través de las fronteras, con fines de explotación sexual o trabajo forzoso como, por ejemplo, los trabajadores domésticos o los portadores de carga sobre la cabeza (kayaye). El Comité expresa también preocupación porque el informe del Estado parte no incluye estadísticas sobre, entre otras cosas, el número de juicios, condenas y sentencias de los autores del delito de trata, por ejemplo con fines de trabajo infantil, y por la ausencia de medidas prácticas para prevenir y combatir ese fenómeno. Observa también con inquietud que no existe un proceso oficial de remisión de casos para el traslado de las víctimas en custodia cautelar a otras instituciones (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería:

a) Redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir la trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, por ejemplo , aplicando la Ley de prohibición de la trata de seres humanos, protegiendo a las víctimas y garantizando su acceso a servicios médicos, sociales, jurídicos y de rehabilitación, así como de apoyo psicológico, según corresponda;

b) Asegurar condiciones adecuadas para que las víctimas puedan ejercer su derecho a presentar denuncias;

c) Investigar con prontitud e imparcialidad los casos de trata y velar por que quienes sean declarados culpables de tales delitos sean castigados con penas acordes con el carácter del delito ;

d) Realizar campañas de sensibilización a nivel nacional e impartir cursos de f ormación para agentes del orden;

e) Proporcionar información detallada sobre el número de investigaciones realizadas y denuncias de trata presentadas, así como sobre los enjuiciamientos y las condenas impuestas en esos casos.

Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica

22)El Comité toma nota de la aprobación en 2007 de la Ley contra la violencia doméstica y de las estadísticas presentadas por el Estado parte durante el diálogo sobre los casos de este tipo de violencia ocurridos en 2010. No obstante, preocupan al Comité los informes de que la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, es un fenómeno extendido, así como la aplicación parcial de la Ley contra la violencia doméstica y la insuficiencia de recursos de la Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas del Servicio de Policía. Le preocupa igualmente que el Estado parte se muestre reticente a tipificar como delito la violación conyugal, así como la ausencia de información en el informe del Estado parte sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas en las causas de violencia contra las mujeres durante el período objeto de examen (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité insta al Estado parte a:

a) Investigar, enjuiciar y castigar a los autores de tales actos;

b) Adoptar medidas más eficaces para proteger y ayudar a las víctimas;

c) Destinar recursos financieros suficientes para asegurar el eficaz funcionamiento de la Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas;

d) Reforzar las actividades de concienciación y educativas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas destinadas tanto a los funcionarios que están en contacto directo con las víctimas (agentes del orden, jueces, trabajadores sociales, etc.) como al público en general;

e) Promulgar leyes que tipifique n como delito la violación conyugal.

El Comité pide al Estado parte que facilite en su próximo informe periódico estadísticas sobre el número de denuncias de violencia contra la mujer, incluida la violación, así como datos sobre las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas impuestas en esas causas .

Prácticas tradicionales nocivas

23)El Comité toma nota de las medidas positivas adoptadas por el Gobierno al tipificar como delito prácticas tradicionales nocivas, tales como la mutilación genital femenina y la trokosi (esclavitud ritual o consuetudinaria). Asimismo, observa que entre 1999 y 2010 disminuyó un 25% el número de casos denunciados de mutilación genital femenina, aunque en ese período aún se denunciaron un total de 123.000 casos. No obstante, el Comité sigue preocupado por la patente incompatibilidad entre ciertos aspectos del derecho consuetudinario y las prácticas tradicionales de Ghana y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, incluida la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al respecto, inquietan al Comité las informaciones de que se acusa a algunas mujeres de practicar la brujería debido a lo cual son objeto de actos de violencia grave, incluidos actos de violencia colectiva, quemas y linchamientos, y son obligadas a abandonar sus comunidades. Muchas de esas mujeres han sido enviadas a los llamados "campamentos de brujas", mediante un sistema carente de las mínimas garantías procesales, y la posibilidad de que regresen a la sociedad es incierta. El Comité también expresa preocupación acerca de las denuncias de violencia contra viudas que a menudo son despojadas de su herencia y, en algunos casos, sometidas a rituales de viudez humillantes y abusivos. El Comité lamenta la falta de información sobre los enjuiciamientos y las penas impuestas a los autores de esos hechos, así como sobre la ayuda y las indemnizaciones para las víctimas. También lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas para velar por que el derecho consuetudinario de Ghana no sea incompatible con las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería:

a) Intensificar la labor para prevenir y combatir las prácticas tradicionales nocivas, incluida la mutilación genital femenina, en especial en las zonas rurales y velar por que se investiguen tales actos y por que se juzgue y castigue a sus autores;

b) Proporcionar a las víctimas servicios jurídicos, médicos, psicológicos y de rehabilitación, así como indemnizaciones, y crear las condiciones propicias para que puedan presentar denuncias sin temor a sufrir represalias;

c) Impartir capacitación a los jueces, fiscales, agentes del orden y dirigentes de la comunidad en relación con la aplicación estricta de la legislación pertinente que penaliza las prácticas tradicionales nocivas y otras formas de violencia contra la mujer.

De manera general, el Estado parte debería velar por que su derecho consuetudinario y sus prác ticas tradicionales sean compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente las previstas en la Convención. El Estado parte también debería proporcionar información sobre la jerarquía de las normas consuetudinari as en el ordenamiento interno, en particular respecto de las formas de discriminación contra la mujer.

El Comité pide asimismo al Estado parte que en su próximo informe periódico facilite información detallada y datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y penas impuestas a los autores de conductas delictivas relacionadas con las prácticas tradicionales nocivas, incluidos los asesinatos, así como sobre la asistencia y las indemnizaciones proporcionadas a las víctimas.

Castigos corporales

24)Si bien el Comité señala que la Ley de justicia de menores (2003) y la Ley de la infancia (1988) prohíben explícitamente los castigos corporales como medida disciplinaria en las cárceles, expresa su preocupación por el uso todavía generalizado de dichos castigos, en particular en el ámbito de la familia, la escuela y las instituciones de cuidado alternativo (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería:

a) Prohibir explícitamente los castigos corporales infligidos a niños en cualquier entorno, por ejemplo derogando todas las eximentes jurídicas aplicadas a los castigos corporales "razonables" y "justificables";

b) Promover el uso de otras formas de disciplina que sean compatibles con la dignidad del niño y conformes con la Convención;

c) Elaborar medidas para sensibilizar a la población sobre los efectos nocivos de los castigos corporale s.

Capacitación

25)El Comité lamenta la escasa información facilitada por el Estado parte sobre los programas de capacitación en derechos humanos para el personal médico, los agentes del orden, las autoridades judiciales y otras personas que participan en la custodia, interrogatorio y trato de las personas privadas de libertad, acerca de materias acerca de cuestiones relacionadas con la prohibición de la tortura y los malos tratos. Asimismo observa con preocupación que en 2010 se interrumpieron por falta de fondos las actividades de capacitación en derechos humanos para el personal de policía que se estaban organizando en Ghana a través del Programa de acceso a la justicia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Estado parte debería:

a) Seguir impartiendo programas obligatorios de capacitación para asegurar que todos los funcionarios, en especial los miembros de la p olicía y otros agentes del orden, conozcan debidamente las disposiciones de la Convención y sean plenamente conscientes de que las infracciones no se tolerarán, que serán investigadas y sus autores serán enjuiciados;

b) Evaluar la eficacia y los efectos de los programas de capacitación y educación en la incidencia de los actos de tortura y malos tratos;

c) Apoyar la capacitación sobre el uso del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) destinado a todo el personal competente, incluido el personal médico.

Recopilación de datos

26)El Comité lamenta la falta de datos exhaustivos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas en las causas de tortura y malos tratos infligidos por agentes del orden, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, y sobre la violencia contra las mujeres, la trata y las prácticas tradicionales nocivas.

El Estado parte debería recopilar datos estadísticos relativos a la aplicación de la Convención en el plano nacional, que incluyan información sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas en los casos de tortura y malos tratos por parte de agentes del orden, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, así como en los casos de violencia contra la mujer, trata y prácticas tradicionales nocivas, incluidas las indemnizaciones y medidas de rehabilitación facilitadas a las víctimas. El Estado parte debe ría proporcionar esos datos en su próximo informe periódico.

27)Si bien el Comité acoge con satisfacción la firma del Protocolo Facultativo de la Convención el 6 de noviembre de 2006, alienta al Estado parte a que agilice el proceso de ratificación y cree un mecanismo nacional de prevención.

28)El Comité observa el compromiso asumido por el Estado parte en el contexto del examen periódico universal (A/HRC/8/36), y le recomienda que considere la posibilidad de ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como la reciente Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

29)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión al informe que ha presentado al Comité y a las presentes observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

30)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas establecido para el documento específico sobre la aplicación de la Convención. Invita además al Estado parte a que presente un documento básico común actualizado ajustándose a los requisitos de las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común actualizado. El documento específico para cada tratado y documento básico común satisfacen, conjuntamente, la obligación de presentar informes que tiene el Estado parte con arreglo a la Convención.

31)El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10 c) y d), 17 d) y 23 a) del presente documento.

32)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el segundo, a más tardar el 3 de junio de 2015.

56. Irlanda

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de Irlanda (CAT/C/IRL/1), en sus sesiones 1002ª y 1005ª (CAT/C/SR.1002 y 1005), celebradas los días 23 y 24 de mayo de 2011 y, en su sesión 1016ª (CAT/C/SR.1016), celebrada el 1º de junio de 2011, aprobó las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe inicial del Estado parte pero lamenta que se haya presentado con un retraso de ocho años, lo que ha impedido al Comité examinar la aplicación de la Convención en el Estado parte. El Comité también observa que en el informe del Estado parte en general se siguieron las directrices, pero no se proporcionó información concreta sobre la aplicación de la Convención.

3)El Comité expresa su satisfacción porque se reunió durante su 46º período de sesiones con una delegación de alto nivel del Estado parte y tuvo la oportunidad de entablar un diálogo constructivo sobre muchas de las esferas a que se refiere la Convención. El Comité también felicita al Estado parte por las respuestas detalladas que presentó por escrito durante el examen del informe del Estado parte.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos internacionales y regionales:

a)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 de diciembre de 1989;

b)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 29 de diciembre de 2000;

c)Convención sobre los Derechos del Niño, 28 de septiembre de 1992;

d)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 23 de diciembre de 1985;

e)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 17 de junio de 2010;

f)Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 17 de junio de 2010;

g)Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, 18 de junio de 1993;

h)Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, 13 de julio de 2010.

5)El Comité celebra la promulgación de las siguientes leyes:

a)Ley de derecho penal (trata de seres humanos) de 2008;

b)Ley de la Corte Penal Internacional de 2006.

6)El Comité también celebra el establecimiento de un Plan de acción nacional para prevenir y combatir la trata de seres humanos en Irlanda, 2009-2012.

7)El Comité celebra también la elaboración de una Estrategia nacional contra la violencia doméstica, sexual y de género, 2010-2014.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Reducción de los recursos financieros para las instituciones de derechos humanos

8)Si bien el Comité acoge con satisfacción el compromiso del Estado parte de proporcionar recursos a las instituciones de derechos humanos, expresa preocupación por la información recibida acerca de los desproporcionados recortes presupuestarios a varias instituciones de derechos humanos encargadas de promover y vigilar los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda, en comparación con otras instituciones públicas. Además, el Comité toma nota de la decisión de trasladar esa Comisión del Departamento de Asuntos Comunitarios, Igualdad y Expresión Gaélica al Departamento de Justicia e Igualdad; sin embargo lamenta que la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda no rinda cuentas directamente al Parlamento y carezca de autonomía financiera (art. 2).

El Comité recomienda que el Estado parte vele por que los actuales recortes presupuestarios a las instituciones de derechos humanos, en particular la Comisión de Derechos Humanos de Irlanda, no obstaculicen sus actividades y hagan que su mandato resulte ineficaz. A ese respecto, se alienta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos por garantizar que las instituciones de derechos humanos sigan desempeñando su mandato eficazmente. Además, el Comité recomienda que el Estado parte refuerce la independencia de la Comisión para que, entre otras cosas, rinda cuentas directamente al Parlamento y tenga autonomía financiera, de acuerdo con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Vuelos con fines de entrega extrajudicial de detenidos

9)Preocupan al Comité los diversos informes acerca de la presunta colaboración del Estado parte en un programa de entrega extrajudicial de detenidos, para lo cual los vuelos utilizan espacio aéreo y aeropuertos del Estado parte. Preocupa también al Comité la respuesta inadecuada del Estado parte con respecto a la investigación de esas denuncias (art. 3).

El Estado parte debería proporcionar información adicional sobre las medidas concretas que haya adoptado para investigar las denuncias de participación del Estado parte en los programas de entrega extrajudicial de detenidos y de utilización de los aeropuertos y el espacio aéreo del Estado parte para los vuelos con fines de "entrega extrajudicial" de detenidos. El Estado parte debería proporcionar aclaraciones sobre esas medidas y sobre el resultado de las investigaciones, y hacer todo lo posible por impedir que se den esos casos.

Protección internacional de los refugiados

10)El Comité toma nota de que las solicitudes de asilo a las que se aplica el Reglamento "Dublín II" pueden ser objeto de apelación ante el Tribunal de Apelación para asuntos relacionados con el estatuto de refugiado en el Estado parte; sin embargo, le preocupa que la presentación de la apelación no tenga efecto suspensivo sobre las decisiones impugnadas. Preocupa también al Comité el hecho de que si bien en el proyecto de ley sobre inmigración, residencia y protección de 2008 se prohíbe la devolución, no se establece el procedimiento que ha de seguirse. Además, el Comité toma nota de los informes que indican una reducción considerable de las decisiones positivas con respecto a la concesión del estatuto de refugiado (arts. 3 y 14).

El Comité recomienda que el Estado parte siga haciendo todo lo posible por fortalecer la protección de las personas que necesitan protección internacional. A ese respecto, el Estado parte debería considerar la posibilidad de enmendar el proyecto de ley sobre inmigración, residencia y protección para armonizarlo con las disposiciones de la Convención, en particular con respecto al derecho de los migrantes a una revisión judicial de los actos administrativos, como también lo recomendó el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/IRL/CO/3-4, párr. 15). El Comité recomienda también que el Estado parte considere la posibilidad de enmendar su legislación de modo que la presentación de un recurso ante el Tribunal de Apelación para asuntos relacionados con el estatuto de refugiado tenga efecto suspensivo sobre la decisión impugnada. Además, el Comité recomienda que el Estado parte investigue la considerable reducción de las decisiones positivas con respecto a la concesión del estatuto de refugiado, a fin de garantizar que las solicitudes se tramiten siguiendo el procedimiento reglamentario.

Condiciones carcelarias

11)El Comité toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para reducir el hacinamiento en las cárceles mediante, entre otras cosas, la construcción de nuevos pabellones en las instalaciones carcelarias existentes y el mejoramiento de algunas de esas instalaciones, así como la adopción de medidas no privativas de la libertad para reducir el número de personas encarceladas, como por ejemplo la aprobación de la Ley de multas de 2010. Sin embargo, el Comité sigue profundamente preocupado porque, según informes, el hacinamiento sigue siendo un problema grave (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Establezca un calendario preciso para la construcción de nuevas instalaciones carcelarias que cumplan con las normas internacionales. A ese respecto, el Comité pide que el Estado parte le informe de las decisiones que adopte con respecto al proyecto de la cárcel de Thornton Hall.

b) Adopte una política centrada en el establecimiento de sanciones alternativas a la privación de libertad, que incluya la promulgación del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de justicia penal de 1983 (servicios a la comunidad) según la cual los jueces deben considerar los servicios a la comunidad como medida sustitutiva de una pena privativa de libertad en todos los casos en que corresponda imponer una pena de prisión de 12 meses o menos.

c) Agilice el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

12)Si bien toma nota de los esfuerzos que realiza el Estado parte para instalar servicios sanitarios en todas las celdas, el Comité expresa profunda preocupación por la práctica persistente del vaciado manual de los desechos humanos en algunas de las cárceles del Estado parte, lo que constituye un trato inhumano y degradante (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos por eliminar cuanto antes la práctica del vaciado manual, empezando por los casos en que los presos están obligados a compartir celda. El Comité recomienda también que el Estado parte adopte medidas concertadas que permitan a todos los presos salir de su celda para utilizar los servicios sanitarios en todo momento, hasta que se disponga de servicios sanitarios en todas las celdas.

13)El Comité toma nota de las aclaraciones hechas por el Estado parte sobre el uso de celdas de observación especial. También toma nota con interés del hecho de que, tras una recomendación del Inspector de prisiones, el Servicio de Prisiones está procediendo a la designación de celdas de observación especial, con fines médicos únicamente, que se regirán por una enmienda al reglamento de prisiones (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte procure seguir la orientación impartida por el Inspector de prisiones en su informe de fecha 7 de abril de 2011 de que las celdas de observación especial y las de observación estricta se utilicen de manera apropiada.

14)El Comité expresa preocupación por los informes acerca de las deficiencias que se han detectado en la atención de la salud en varias cárceles del Estado parte (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte mejore la atención sanitaria en todas las cárceles, teniendo en cuenta la orientación impartida por el Inspector de prisiones según lo indicado en su informe de 18 de abril de 2011.

Violencia dentro de las cárceles

15)El Comité toma nota de las medidas que el Estado parte ha adoptado para hacer frente a los casos de violencia dentro de las cárceles. Sin embargo, sigue preocupado por los numerosos incidentes que se siguen produciendo en algunas cárceles y por los informes de denuncias hechas por miembros de la comunidad nómada de la cárcel de Cork, de que son sometidos sistemáticamente a actos de intimidación por otros presos (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus esfuerzos por poner fin a la violencia dentro de las cárceles mediante, entre otras cosas:

a) Un análisis de los factores que contribuyen a la violencia dentro de las cárceles, como la disponibilidad de drogas, la existencia de pandillas rivales, la falta de actividades útiles, la falta de espacio y las malas condiciones materiales;

b) La contratación de personal suficiente que reciba la capacitación necesaria para gestionar el problema de la violencia dentro de las cárceles;

c) Un análisis de la cuestión de la intimidación de los miembros de la comunidad nómada y la investigación de todas las denuncias relacionadas con esos casos de intimidación.

El Comité recomienda además al Estado parte que facilite datos estadísticos que le permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por el Estado parte para poner fin a la violencia dentro de las cárceles.

Separación de los presos preventivos

16)Si bien el Comité celebra los esfuerzos que realiza el Estado parte para mantener, en la medida de lo posible, a los presos condenados en pabellones separados de los presos preventivos, expresa preocupación porque esa separación aún no se ha materializado (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas urgentes para alojar a los presos preventivos en instalaciones separadas de los presos condenados.

Detención de los refugiados y solicitantes de asilo

17)El Comité expresa preocupación por el hecho de que se recluya a personas detenidas por motivos de inmigración en cárceles comunes junto con presos preventivos y condenados (arts. 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas para asegurar que todas las personas detenidas por motivos de inmigración sean alojadas en instalaciones acordes con su condición.

Mecanismos de presentación de denuncias y de investigación

18)El Comité toma nota de la información suministrada por el Estado parte con respecto a la investigación de las denuncias presentadas por los presos contra el personal penitenciario en relación con los incidentes que supuestamente se produjeron en las siguientes cárceles: Portlaoise, el 30 de junio de 2009; Mountjoy, el 15 de junio de 2009 y el 12 de enero de 2010; Cork, el 16 de diciembre de 2009; y Midlands, el 7 de junio de 2009. El Comité expresa su preocupación porque en todos esos casos no se ha procedido a una investigación independiente y eficaz de las denuncias de malos tratos por parte del personal penitenciario. El Inspector de prisiones, en su informe de 10 de septiembre de 2010 titulado "Guidance on best practice for dealing with prisoners complaints" (Guía sobre las mejores prácticas para tramitar esas denuncias de los presos), concluyó que no existía un órgano independiente encargado de investigar las denuncias de los presos y que los procedimientos que se seguían actualmente no correspondían a las mejores prácticas, y recomendó que se estableciera un mecanismo independiente para recibir e investigar las denuncias contra el personal penitenciario (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Establezca un mecanismo independiente y eficaz para recibir e investigar denuncias, que facilite la presentación de denuncias de las víctimas de tortura y malos tratos por parte del personal penitenciario y vele por que en la práctica se proteja a los denunciantes de toda forma de intimidación o represalias como consecuencia de sus denuncias;

b) Proceda a una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de todas las denuncias de tortura o malos tratos infligidos por el personal penitenciario;

c) Vele por que todos los funcionarios presuntamente implicados en casos de violación de los derechos consagrados en la Convención sean suspendidos de sus funciones mientras se realizan las investigaciones;

d) Proporcione al Comité información sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos presentados contra el personal penitenciario, el número de investigaciones realizadas y el número de acciones judiciales y condenas, así como sobre las medidas de reparación a las víctimas.

19)El Comité celebra la creación en 2005 de la Comisión del Mediador de la Garda Síochána (GSOC), cuyos miembros no pueden ser agentes o exagentes de la Garda Síochána (fuerza policial). La GSOC está facultada para investigar las denuncias de tortura y malos tratos presentadas contra miembros de la Garda Síochána. Sin embargo, el Comité lamenta que la GSOC también pueda remitir las denuncias al Comisionado de la Garda (policía), que puede realizar investigaciones independientemente o con la supervisión de la GSOC, con excepción de las denuncias de casos de muerte o lesiones graves de una persona bajo detención policial. Preocupan también al Comité los informes según los cuales la GSOC ha presentado propuestas de enmienda de varias secciones de la Ley de la Garda Síochána de 2005, por ejemplo, la de facultar a la GSOC para que remita investigaciones a la Garda Síochána, con lo cual la policía podría investigarse a sí misma (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte establezca por ley que todas las denuncias de tortura y malos tratos infligidos por la policía sean investigadas directamente por la Comisión del Medidor de la Garda Síochána y que se asignen a la Comisión recursos suficientes para que pueda desempeñar sus funciones en forma rápida e imparcial y pueda ocuparse de las denuncias e investigaciones pendientes que se han venido acumulando. El Comité pide además al Estado parte que le facilite datos estadísticos sobre: a) el número de denuncias de tortura y malos tratos presentadas en contra del personal penitenciario, el número de investigaciones realizadas y el número de acciones judiciales y condenas impuestas; y b) el número de casos que han sido remitidos a la Garda Síochána.

Seguimiento del Informe Ryan

20)El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte con respecto al plan que había adoptado en 2009 para poner en práctica las recomendaciones del informe de la Comisión encargada de investigar los casos de maltrato infantil, conocido como Informe Ryan. Sin embargo, el Comité expresa preocupación porque, según la declaración formulada en marzo de 2011 por el Defensor del Niño, aún no se han puesto en práctica los importantes compromisos asumidos en virtud de ese plan. El Comité expresa también profunda preocupación porque a pesar de las conclusiones del Informe Ryan en el sentido de que "el maltrato y el descuido físico y psíquico eran característicos de las instituciones" y que "en muchas de ellas se daban casos de abuso sexual, especialmente en las instituciones para varones", el Estado parte no ha dado seguimiento a la cuestión. Preocupa además al Comité que, pese a las abundantes pruebas recabadas por la Comisión, el Estado parte solo haya presentado 11 casos a la Fiscalía, de los cuales 8 fueron rechazados (arts. 12, 13, 14 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Indique cómo se propone aplicar todas las recomendaciones de la Comisión encargada de investigar los casos de maltrato infantil e indique el calendario que ha establecido para hacerlo;

b) Proceda a una investigación pronta, independiente y exhaustiva de todos los casos de abuso señalados en el informe y que, si procede, enjuicie y castigue a los autores;

c) Vele por que todas las víctimas de abuso obtengan reparación y tengan el derecho efectivo a una indemnización, incluidos los medios necesarios para una rehabilitación lo más completa posible.

Lavanderías de la Magdalena (Magdalene Laundries)

21)Preocupa seriamente al Comité que el Estado parte no haya podido proteger a las mujeres y niñas que fueron recluidas involuntariamente entre 1922 y 1996 en las Lavanderías de la Magdalena (Magdalene Laundries), al no reglamentar ni inspeccionar sus actividades. Según se informa, en esas lavanderías mujeres y niñas fueron objeto de maltrato físico, psicológico y de otro tipo, que constituyen violaciones de la Convención. El Comité también expresa gran preocupación por el hecho de que el Estado parte no haya procedido a una investigación pronta, independiente y exhaustiva de las denuncias de los malos tratos inflingidos a mujeres y niñas en las Lavanderías de la Magdalena (arts. 2, 12, 13, 14 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte inicie investigaciones prontas, independientes y exhaustivas de todas las denuncias de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que presuntamente se cometieron en las Lavanderías de la Magdalena y que, cuando proceda, enjuicie y sancione a los autores con penas acordes con la gravedad de los delitos cometidos, y vele por que todas las víctimas obtengan reparación y tengan el derecho efectivo a una indemnización, incluidos los medios necesarios para una rehabilitación lo más completa posible.

Niños detenidos

22)El Comité toma nota de la política del Estado parte de recluir a los niños en reformatorios bajo la supervisión del Servicio de Justicia de Menores de Irlanda. Sin embargo, preocupa seriamente al Comité que se mantenga la práctica de recluir a varones de 16 y 17 años en St. Patrick's Institution, una cárcel de mediana seguridad, que es más bien una institución para niños infractores y no un centro de acogida de niños. Preocupa también al Comité que a pesar del compromiso adquirido de poner fin a la reclusión de niños pequeños en St. Patrick's Institution, el Estado parte aún no ha tomado su decisión definitiva de proceder a la construcción de los nuevos establecimientos nacionales para la detención de niños (arts. 2, 11 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte inicie sin demora la construcción de los nuevos establecimientos nacionales para la detención de niños en Oberstown. Entre tanto, el Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas que sean necesarias para poner fin a la detención de niños en St. Patrick's Institution y los traslade a establecimientos apropiados.

23)El Comité expresa profunda preocupación por el hecho de que el Defensor del Niño no tiene atribuciones para investigar las presuntas violaciones de la Convención en St. Patrick's Institution, con lo cual los niños de esa institución no tienen acceso a ningún mecanismo para presentar denuncias (arts. 12 y 13).

El Comité recomienda que el Estado parte revise su legislación relativa al establecimiento del Defensor del Niño con el propósito de incluir en su mandato la facultad de investigar las denuncias de tortura y malos tratos infligidos a los niños recluidos en St. Patrick's Institution.

Castigos corporales

24)El Comité observa que los castigos corporales están prohibidos en las escuelas y en el sistema penitenciario; sin embargo, le preocupa seriamente que esos castigos sean legales en el hogar, en virtud del derecho que garantiza el common law de recurrir al castigo en grado "razonable" o "moderado" a fin de disciplinar a los niños, así como en algunos entornos de acogimiento alternativo (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que prohíba todo tipo de castigo corporal a los niños en cualquier entorno, realice campañas públicas para educar a los padres y al público en general acerca de sus efectos perjudiciales, y promueva formas positivas no violentas de disciplina como alternativas al castigo corporal.

Prohibición de la mutilación genital femenina

25)El Comité toma nota de la intención del Estado parte de volver a incluir en la agenda del Seanad (Parlamento), el proyecto de ley de justicia penal (mutilación genital femenina) que penaliza esa práctica, y define otras infracciones conexas, algunas de las cuales quedan comprendidas dentro de la jurisdicción extraterritorial de los tribunales. Sin embargo, el Comité lamenta la inexistencia de una legislación que prohíba la mutilación genital femenina, a pesar de que los datos basados en el censo de 2006 indican que se ha practicado la mutilación genital femenina a cerca de 2.585 mujeres del Estado parte (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Agilice la inclusión del proyecto de ley de justicia penal (mutilación genital femenina) en la nueva agenda del Seanad;

b) Ponga en marcha programas específicos con el fin de sensibilizar a todos los sectores de la población acerca de los efectos sumamente perjudiciales de la mutilación genital femenina;

c) Establezca expresamente en la legislación que la mutilación genital femenina constituye un acto de tortura.

Aborto

26)El Comité toma nota de la preocupación expresada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la ausencia en el Estado parte de un procedimiento interno eficaz y accesible que permita determinar si algunos embarazos constituyen un riesgo médico real y sustancial para la vida de la madre (caso de A. B. y C. c. Irlanda), lo que crea incertidumbre para las mujeres y sus médicos, quienes también corren el riesgo de ser objeto de una investigación o sanción penal si su dictamen o tratamiento es considerado ilegal. El Comité expresa preocupación por la falta de claridad mencionada por el Tribunal y la ausencia de un marco jurídico que permita resolver las diferencias de opinión. El Comité destaca el riesgo que corren esas mujeres y sus médicos de ser procesados penalmente y encarcelados, y expresa su preocupación de que esta situación pueda plantear cuestiones que constituyan una violación de la Convención. El Comité agradece la intención del Estado parte, manifestada durante el diálogo con el Comité, de establecer un grupo de expertos para estudiar la sentencia del Tribunal. No obstante, al Comité le sigue preocupando que, a pesar de la jurisprudencia existente por la que se autoriza el aborto, no exista legislación al respecto y que ello pueda tener graves consecuencias en ciertos casos, especialmente cuando se trata de menores, mujeres migrantes y mujeres que viven en condiciones de pobreza (arts. 2 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que establezca claramente por ley el alcance del aborto legal y proporciona mecanismos adecuados que permitan impugnar dictámenes médicos contradictorios, así como servicios que puedan realizar abortos en el Estado parte, a fin de que la legislación y la práctica sean conformes con la Convención.

Violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica

27)El Comité expresa satisfacción por las medidas adoptadas por el Estado parte para prevenir y reducir la violencia de género, en particular la adopción de la Estrategia nacional contra la violencia doméstica, sexual y de género para 2010-2014. Sin embargo, preocupan mucho al Comité los informes sobre la persistencia del elevado número de casos de violencia doméstica contra la mujer y los recortes de 2009 y 2010 en la financiación de los servicios de apoyo y los albergues destinados a las víctimas de la violencia.

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Redoble sus esfuerzos por prevenir la violencia contra la mujer mediante, entre otras cosas, la eficaz aplicación de la Estrategia nacional contra la violencia doméstica, sexual y de género, que incluya la recopilación de datos pertinentes;

b) Aumente su apoyo y financiación para los servicios de apoyo y albergues destinados a las víctimas de la violencia doméstica;

c) Inicie una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las denuncias de violencia doméstica y, cuando proceda, enjuicie y condene a los responsables;

d) Introduzca enmiendas a la Ley sobre violencia doméstica de 1996 que permitan establecer criterios claros que garanticen seguridad y emitir órdenes de alejamiento, y amplíe esos criterios para que se apliquen a quienes estén o hayan estado en una relación de pareja independientemente de la cohabitación, de modo que se ajusten a las mejores prácticas internacionalmente reconocidas;

e) Vele por que se conceda por ley la condición de inmigrante a las mujeres migrantes que experimentan violencia doméstica y cuya condición de inmigrante depende de la de su pareja.

Tratamiento de las personas con discapacidad mental

28)El Comité expresa preocupación por el hecho de que la definición de paciente voluntario no es lo suficientemente precisa como para proteger el derecho a la libertad de una persona que podría ser admitida en un centro de salud mental homologado. El Comité lamenta nuevamente la falta de claridad en la reclasificación de "paciente voluntario" a "involuntario" de las personas con discapacidad mental (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte revise su Ley de salud mental de 2001 a fin de garantizar que cumpla con las normas internacionales. Por lo tanto, recomienda que el Estado parte se refiera en su segundo informe periódico a las medidas concretas que haya adoptado para armonizar su legislación con las normas internacionalmente aceptadas.

Protección de los menores no acompañados o separados de sus padres

29)Si bien el Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte con respecto al procedimiento para proteger a los menores separados o no acompañados de sus padres previsto en el mandato del Instituto Nacional de Sanidad, expresa profunda preocupación por el hecho de que entre 2000 y 2010 el número de niños desaparecidos fue de 509 y solo se pudo saber del paradero de 58. El Comité lamenta también la falta de información del Estado parte sobre las medidas adoptadas para prevenir ese fenómeno y proteger a esos menores de otras formas de explotación (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería tomar medidas para proteger a los menores no acompañados o separados de sus padres. A ese respecto, también debería proporcionar información sobre las medidas concretas que haya adoptado para proteger a los menores no acompañados o separados de sus padres.

Capacitación de agentes del orden

30)Si bien el Comité acoge con satisfacción la información facilitada por el Estado parte sobre los programas de capacitación general de la Garda Síochána, expresa preocupación por la falta de capacitación específica tanto de los agentes del orden, con respecto a la prohibición de la tortura y los malos tratos, como del personal médico, con respecto al Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) (arts. 2, 10 y 16).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Vele por que se proporcione a los agentes del orden, en forma periódica y sistemática, la capacitación necesaria sobre las disposiciones de la Convención, especialmente con respecto a la prohibición de la tortura.

b) Vele por que el personal médico y otros funcionarios que participan en la detención, el interrogatorio o el tratamiento de toda persona sometida a cualquier tipo de detención, encarcelamiento o reclusión, así como otros profesionales que se ocupan de la documentación y la investigación de los casos de tortura, reciban, en forma periódica y sistemática, capacitación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y que el Manual se traduzca a todos los idiomas pertinentes. El Estado parte debería también velar por que esa capacitación se proporcione a las personas encargadas del procedimiento de examen de las solicitudes de asilo.

c) Elabore y adopte una metodología para evaluar la eficacia y las repercusiones de esos programas de educación y capacitación en la prevención de la tortura y los malos tratos, y evalúe periódicamente la capacitación que imparte a sus agentes del orden.

d) Haga todo lo posible por aplicar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género en la capacitación de las personas que participan en la detención, el interrogatorio o el tratamiento de las mujeres sometidas a cualquier forma de detención, encarcelamiento o reclusión.

e) Haga todo lo posible por impartir capacitación a los agentes del orden y a otras personas sobre el tratamiento de los grupos vulnerables que corren el riesgo de sufrir malos tratos, como los niños, los migrantes, los nómadas, los romaníes y otros grupos vulnerables.

f) Intensifique la capacitación profesional en los hospitales y en las instituciones médicas y sociales.

31)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

32)Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité, las actas resumidas y las presentes observaciones finales del Comité, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

33)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, presente información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 8, 20, 21 y 25 del presente documento.

34)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe sobre el tratado específico respetando el límite de 40 páginas. El Comité invita también al Estado parte a que actualice su documento básico común (HRI/CORE/1/Add.15/Rev.1) ajustándose a los requisitos correspondientes enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/ Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas. El documento relativo a cada tratado y el documento básico común satisfacen conjuntamente la obligación de presentar informes que tiene el Estado parte en virtud de la Convención.

35)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el segundo, a más tardar el 3 de junio de 2015.

57. Kuwait

1)El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico de Kuwait (CAT/C/KWT/2) en sus sesiones 986ª y 989ª (CAT/C/SR.986 y 989), celebradas los días 11 y 12 de mayo de 2011, y aprobó en su 1007ª sesión (CAT/C/SR.1007) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico de Kuwait, que se preparó de acuerdo con el nuevo procedimiento facultativo del Comité que consiste en que el Estado responda a una lista de cuestiones que el Comité prepara y le transmite (CAT/C/KWT/Q/2) para que haya un diálogo más focalizado. Sin embargo, el Comité lamenta que el informe carezca de información detallada con datos estadísticos, así como el hecho de que se presentase con nueve años de retraso, lo que le ha impedido llevar a cabo un análisis continuado de la aplicación de la Convención en el Estado parte.

3)El Comité celebra que a la reunión con el Comité asistiese una delegación de alto nivel del Estado parte y que además fuese posible entablar un diálogo constructivo, donde se trataron varios de los motivos de preocupación relacionados con la Convención.

B.Aspectos positivos

4)El Comité acoge con satisfacción el hecho de que desde el examen del informe inicial el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los instrumentos internacionales siguientes:

a)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados;

b)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

5)El Comité celebra la creación en 2008 del Comité Superior de Derechos Humanos, que se encarga de examinar las leyes y reglamentos vigentes y de proponer modificaciones a fin de integrar los conceptos fundamentales de los derechos humanos en los planes de estudios de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria.

6)El Comité se felicita por la invitación que el 12 de mayo de 2010 el Estado parte cursó a todos los mecanismos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y penalización de la tortura

7)El Comité acoge con satisfacción el compromiso contraído por los representantes del Estado parte durante el diálogo de promulgar una ley especial a fin de adoptar una definición de la tortura plenamente conforme con el artículo 1 de la Convención, así como de modificar su legislación nacional a fin de sancionar adecuadamente la tortura y los malos tratos. Sin embargo, el Comité observa con preocupación que las disposiciones legales vigentes no incluyen una definición de la tortura ni permiten imponer sanciones adecuadas tratándose de esos actos, ya que establece una pena máxima de tres años o una multa de 225 dinares, o ambas penas, en los supuestos de detención, encarcelamiento o privación de libertad no previstos por la ley, o de siete años solo si además la persona fue víctima de tortura física o amenazas de muerte (arts. 1 y 4).

El Comité reitera su recomendación anterior (A/53/44, párr. 230) de que el delito de tortura se tipifique en la legislación penal de Kuwait con arreglo a la definición del artículo 1 de la Convención, y de que el Estado parte vele por que se incluyan todos los elementos contemplados en el artículo 1 de la Convención.

El Estado parte debería modificar su legislación nacional para que en el derecho penal se tipifiquen como delito los actos de tortura y se castiguen con penas severas en las que se tenga en cuenta la gravedad de esos actos, como lo exige el artículo 4, párrafo 2, de la Convención.

Salvaguardias legales fundamentales

8)El Comité toma nota de que el Código de Procedimiento Penal (17/60) y el Código de Ordenamiento Penitenciario (Ley Nº 26/1962) incluyen disposiciones por las que se reconocen a las personas privadas de libertad algunas salvaguardias legales, como los derechos a tener acceso a un abogado, a notificar su detención a un familiar, a ser informados de los cargos que se les imputan y a comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales, pero observa con preocupación que no siempre se respetan esas disposiciones. Además, si bien constata que el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal reconoce al acusado el derecho a contratar a un abogado para su defensa y a que este pueda estar presente en el interrogatorio, considera motivo de preocupación que los abogados solo puedan tomar la palabra si el investigador lo autoriza (art. 2).

El Estado parte debería adoptar sin demora medidas efectivas para garantizar que todos los detenidos disfruten, en la práctica, de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el primer momento de su detención, incluidos los derechos a tener pronto acceso a un abogado y un examen médico independiente, notificar su detención a un familiar, ser informado de sus derechos en el momento de la detención, en particular sobre los cargos que se le imputan, y comparecer ante un juez en un plazo acorde con las normas internacionales.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

9)El Comité toma nota de que en las respuestas a la lista de cuestiones se afirma que, con arreglo a la Ley de ordenamiento de la judicatura (23/1990), Ley Nº 26, de 1962, y el artículo 56 del Decreto-ley Nº 23 de 1990, la legislación de Kuwait contempla varios tipos de control y vigilancia de las prisiones. Sin embargo, el Comité considera preocupante la falta de una vigilancia sistemática y eficaz de todos los lugares de detención, en particular la falta de visitas periódicas y sin previo aviso a esos lugares por inspectores nacionales e internacionales (art. 2).

El Comité insta al Estado parte a que establezca un sistema nacional para supervisar e inspeccionar efectivamente todos los lugares de detención y adopte medidas en función de los resultados de esa vigilancia metódica. El sistema debería incluir visitas periódicas y sin previo aviso, a fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se alienta al Estado parte a que acepte la vigilancia de los lugares de detención por los mecanismos internacionales pertinentes.

Denuncias e investigación pronta, completa e imparcial

10)El Comité observa que, según la información que se le proporcionó en el diálogo, el Ministerio del Interior de Kuwait ha creado un departamento especial para recibir las quejas de los ciudadanos y examinar las denuncias de abuso de autoridad presentadas contra un funcionario del Ministerio del Interior, pero lamenta que no exista un mecanismo independiente de denuncia que pueda admitir a trámite e investigar de manera pronta, imparcial y exhaustiva los casos de tortura denunciados ante las autoridades, y que vele por que se sancione debidamente a los culpables (art. 13).

El Estado parte debería crear un mecanismo independiente de denuncia, velar por que se lleve a cabo sin dilación una investigación imparcial y exhaustiva de toda denuncia de tortura, enjuiciar a los presuntos autores y sancionar a quienes hayan sido declarados culpables.

11)Si bien el Comité constata que en el período de 2001 a 2011 se instruyeron 632 juicios por casos de tortura, malos tratos y castigos corporales, y que en 248 causas se pronunciaron sentencias condenatorias contra los autores, observa, no obstante, que el Estado no ha presentado información detallada sobre el tipo exacto de sanciones impuestas a los reos convictos (arts. 4, 12 y 13).

El Comité pide al Estado parte que proporcione información, en particular estadísticas, sobre el número de denuncias presentadas contra funcionarios públicos por tortura y malos tratos, así como sobre los resultados de los procedimientos, tanto penales como disciplinarios, con ejemplos de las correspondientes penas.

12)El Comité lamenta profundamente la muerte de Mohamed Ghazi Al-Maymuni Al‑Matiri, sometido a tortura en enero de 2011 por las fuerzas del orden cuando se encontraba en detención policial. El Comité toma nota de la inculpación de 19 personas que participaron en actos de tortura relacionados con ese caso (art. 12).

El Comité pide al Estado parte que proporcione información detallada sobre las actuaciones judiciales del caso, así como sobre las medidas de indemnización a los familiares de la víctima.

13)El Comité expresa preocupación por el caso de ocho expresos de la bahía de Guantánamo que al ser puestos en libertad regresaron a Kuwait donde, al parecer, fueron detenidos y juzgados.

El Comité pide al Estado parte que informe de las circunstancias exactas del caso, así como de las actuaciones judiciales que se hayan producido.

14)El Comité toma nota de que en la observación final del Comité de Derechos Humanos de 2000 (CCPR/CO/69/KWT, párr. 11) se menciona una lista de 62 personas detenidas en 1991, después de la guerra, y posteriormente desaparecidas. El Comité toma nota de que el Estado parte solo ha admitido un caso. Preocupa al Comité el carácter recurrente de la información sobre la desaparición de personas detenidas tras la guerra de 1991, cuestión que fue planteada por una ONG durante el examen del informe de Kuwait por el mecanismo del examen periódico universal en mayo de 2010.

El Estado parte debería ofrecer información detallada para aclarar los casos de personas detenidas y desaparecidas después de la guerra de 1991 que le hayan sido comunicados.

No devolución

15)El Comité lamenta la falta de información sobre la cuestión 5 (CAT/C/KWT/2, párr. 18) en las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones del Comité (CAT/C/KWT/Q/2), en concreto la falta de información estadística correspondiente a los últimos cinco años (2005-2010) sobre las solicitudes de asilo, y en particular sobre las presentadas por solicitantes que fueron torturados o corrían el riesgo de ser torturados en caso de devolución a su país de origen (art. 3).

El Estado parte no debería proceder, en ninguna circunstancia, a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura o malos tratos. El Comité solicita al Estado parte que facilite información detallada sobre el número exacto de solicitudes de asilo recibidas, el número de solicitudes de asilo aceptadas, el número de solicitudes de asilo aceptadas porque el solicitante había sido torturado o corría el riesgo de serlo en caso de devolución a su país de origen, el número de expulsiones, precisando: a) el número de expulsiones de solicitantes de asilo ; y b) los países a los que se les expulsó. Los datos deberían ir desglosados por edad, sexo y nacionalidad.

Refugiados

16)El Comité observa que, pese a la cooperación existente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Estado parte todavía no haya ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni su Protocolo Facultativo, de 1967.

El Comité alienta al Estado parte a estudiar la posibilidad de pasar a ser parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y en su Protocolo Facultativo, de 1967.

Imposición de la pena de muerte

17)Si bien el Comité toma nota de la información facilitada por la delegación en cuanto a que la pena de muerte lleva sin aplicarse en el Estado parte desde 2006, le preocupa la falta de información sobre el número de personas ejecutadas antes de ese año. También preocupa al Comité el gran número de infracciones que se castigan con la pena de muerte, así como la falta de información sobre el número actual de condenados a muerte. Preocupa además al Comité que las disposiciones del artículo 49 del Código de Procedimiento Penal permitan el uso de fuerza excesiva contra los presos condenados a muerte (arts. 2 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Entretanto, el Estado parte debería revisar su política con vistas a limitar la imposición de la pena de muerte por los delitos más graves. El Estado parte debería asegurar que todos los condenados a muerte gocen de la protección prevista en la Convención contra la Tortura y reciban un trato humano y que no se les someta a medidas discriminatorias ni malos tratos. El Comité pide al Estado parte que informe del número exacto de personas ejecutadas desde que se examinó el informe anterior en 1998 y sobre los delitos por los que fueron condenadas. El Estado parte también debería indicar cuántos condenados están a la espera de su ejecución actualmente, y desglosar esa información por sexo, edad, origen étnico e infracción.

Formación

18)El Comité observa con agrado que el Estado parte organizó varias actividades de formación en derechos humanos para las fuerzas del orden. Sin embargo, preocupa al Comité que no haya una formación específica destinada a las fuerzas del orden y al personal de seguridad, así como a los jueces, fiscales, médicos forenses y personal médico que atiende a las personas detenidas, sobre las disposiciones de la Convención y sobre la forma de detectar y documentar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, el Comité lamenta la falta de información sobre la capacitación impartida acerca de la trata de personas, la violencia doméstica, los migrantes, las minorías y otros grupos vulnerables, así como sobre la vigilancia y la evaluación de las repercusiones de sus programas de formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos (art. 10).

El Estado parte debería ampliar y reforzar las actividades formativas y los programas de educación para asegurarse de que todos los funcionarios, en particular las fuerzas del orden y el personal de seguridad y prisiones, conozcan plenamente las disposiciones de la Convención y sepan que las infracciones de la Convención no se tolerarán y que serán investigadas pronta y efectivamente, y que se enjuiciará a los infractores. Además, todo el personal pertinente, incluido el personal médico, debería recibir formación específica sobre la manera de identificar señales de tortura y malos tratos. Para ello, convendría incluir en el material de formación el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). El Estado parte también debería desarrollar programas educativos para todos los funcionarios acerca de la trata de personas, la violencia doméstica, los migrantes, las minorías y otros grupos vulnerables. Además, el Estado parte debería evaluar la eficacia y los efectos de esos programas de capacitación/educación en la prohibición absoluta de la tortura.

Condiciones de detención

19)El Comité celebra que se haya presentado un proyecto de ley para reformar el artículo 60 del Código de Procedimiento Penal de 1960 a fin de reducir el período máximo de detención policial sin orden judicial de 4 días a 48 horas a lo sumo. No obstante, preocupan sumamente al Comité las condiciones generales de detención en todos los centros de detención (arts. 11 y 16).

El Comité pide al Estado parte que proporcione información detallada sobre las condiciones generales de detención, incluida la tasa de ocupación en todos los tipos de centros de detención. El Estado parte debería tomar medidas urgentes para que las condiciones de detención en todos los centros de reclusión se ajusten a las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en particular mejorando la alimentación y la atención médica que reciben los detenidos y reforzando la supervisión judicial y una vigilancia independiente de las condiciones de reclusión.

Condiciones de los hospitales psiquiátricos

20)El Comité tiene en cuenta la información facilitada durante el diálogo acerca de las personas con discapacidad mental. No obstante, el Comité lamenta la escasa información facilitada sobre las condiciones y las salvaguardias legales de las personas sometidas a tratamiento involuntario en centros psiquiátricos. (art. 16).

El Comité recomienda que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias para velar por que las personas objeto de tratamiento involuntario dispongan de mecanismos de denuncia. El Comité pide al Estado parte que proporcione información sobre las condiciones de las personas internadas en hospitales psiquiátricos.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

21)El Comité observa que en la legislación del Estado parte hay disposiciones generales susceptibles de permitir a las víctimas de tortura obtener una indemnización del Estado, lo cual incluye la restitución de sus derechos y una indemnización económica justa y adecuada, así como la atención médica necesaria y medidas de rehabilitación, pero le inquieta que no haya un programa específico para hacer valer el derecho de las víctimas de tortura y malos tratos a una reparación y una indemnización adecuadas. También preocupa al Comité que no se disponga de información sobre el número de víctimas de tortura y malos tratos que hayan podido recibir una indemnización, sobre las sumas concedidas en esos casos y sobre otras formas de asistencia, en particular la rehabilitación médica o psicosocial, que haya podido prestarse a las víctimas (arts. 12 y 14).

El Estado parte debería garantizar a las víctimas de tortura y malos tratos el derecho efectivo a obtener una reparación, incluida una indemnización justa y adecuada, y la rehabilitación más completa posible. Además, el Estado parte debería facilitar información sobre las medidas de reparación e indemnización decretadas por los tribunales y proporcionadas a las víctimas de tortura. Esa información debería incluir el número de solicitudes presentadas y el número de indemnizaciones y las sumas concedidas y efectivamente abonadas en cada caso. Además, el Estado parte debería informar acerca de los programas de reparación vigentes, con inclusión del tratamiento del trauma y otras formas de rehabilitación proporcionadas a las víctimas de tortura y malos tratos, así como de la asignación de recursos suficientes para que esos programas funcionen eficazmente.

Trabajadores domésticos migratorios

22)El Comité expresa su preocupación por la información sobre el maltrato generalizado que sufren los trabajadores domésticos migratorios y especialmente las mujeres. Según parece, este frágil grupo está constantemente expuesto a malos tratos, infligidos con total impunidad, y carece de protección jurídica. El Comité también lamenta la falta de estadísticas sobre el número y el tipo de denuncias presentadas ante las autoridades encargadas de supervisar el trabajo doméstico, y sobre la resolución de estas denuncias. El Comité toma nota del compromiso asumido por los representantes del Estado parte durante el examen de su informe en el octavo período de sesiones del examen periódico universal, celebrado en mayo de 2010, de tomar disposiciones para redactar legislación contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo (arts. 1, 2 y 16).

El Estado parte debería adoptar , con carácter urgente , leyes laborales sobre el trabajo doméstico que ofrezcan a los empleados domésticos migrantes, en particular a las mujeres, protección contra la explotación, los malos tratos y los abusos en su territorio. El Estado parte debería asimismo facilitar al Comité estadísticas que incluyan el número y el tipo de denuncias presentadas a las autoridades, así como las medidas adoptadas para resolver los casos que motivaron las denuncias.

Violencia contra la mujer

23)El Comité observa con inquietud el elevado número de denuncias de violencia contra la mujer y de violencia doméstica, sobre las que el Estado parte no ha proporcionado información. Preocupa al Comité que no exista una ley específica contra la violencia doméstica, así como la falta de información estadística sobre el volumen global de las denuncias por violencia doméstica y sobre el número de investigaciones, condenas y sanciones impuestas (arts. 2, y 16).

El Comité:

a) Insta al Estado parte a que promulgue, con carácter urgente, legislación para prevenir, combatir y penalizar la violencia contra la mujer, en particular sobre la violencia doméstica;

b) Recomienda que el Estado parte lleve a cabo estudios y recopile datos sobre la magnitud del problema de la violencia doméstica, y facilite al Comité datos estadísticos sobre denuncias, enjuiciamientos y penas;

c) Alienta al Estado parte a que organice la participación de sus funcionarios públicos en programas de rehabilitación y asistencia jurídica y lleve a cabo amplias campañas de sensibilización para jueces, funcionarios judiciales, agentes del orden y trabajadores sociales, que están en contacto directo con las víctimas. Convendría dar a conocer dichos programas a la población en general.

Trata de personas

24)Preocupa al Comité la falta de legislación específica para prevenir, combatir y penalizar la trata de personas. Preocupa además al Comité la falta de información sobre la trata de personas, entre otras cosas sobre la legislación y las estadísticas existentes, en particular el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas de los culpables de trata, y sobre las medidas prácticas adoptadas para prevenir y luchar contra este fenómeno, incluidas las medidas de carácter médico, sociales y de rehabilitación (arts. 2, 4 y 16).

El Estado parte debería luchar contra la trata de personas aprobando y aplicando legislación específica al respecto, asegurándose de que la trata se tipifique como delito en el Estado parte de conformidad con las normas internacionales. Estos delitos deberían ser castigados con penas adecuadas. El Estado parte debería brindar protección a las víctimas y garantizar que tengan acceso a servicios médicos, sociales y de rehabilitación, asesoramiento y asistencia letrada.

Discriminación y violencia contra grupos vulnerables

25)Preocupa al Comité la información de que grupos vulnerables como las lesbianas, los gays, los bisexuales y transgénero (LGBT) sufren discriminación y malos tratos, así como violencia sexual, en el ámbito público y en el doméstico. (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería investigar los delitos relacionados con la discriminación contra todos los grupos vulnerables y buscar medios de prevenir y castigar los delitos motivados por prejuicios. Asimismo, debería investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial todos los casos de discriminación y malos tratos de esos grupos vulnerables y castigar a los autores. El Estado parte debería llevar a cabo campañas de sensibilización de todos los funcionarios que tratan directamente con las víctimas de ese tipo de violencia, y de la población en general.

Situación de los "bidún"

26)El Comité expresa su preocupación por la situación de al menos 100.000 personas, no reconocidas legalmente por el Estado, conocida como "bidún" (sin nacionalidad), que al parecer son víctimas de diferentes tipos de discriminación y malos tratos (art. 16).

El Estado parte debería promulgar legislación específica para proteger a los "bidún" y reconocer su situación jurídica. El Estado parte debería adoptar todas las medidas jurídicas y prácticas que corresponda para simplificar y facilitar la regularización e integración de esas personas y de sus hijos. Debería velar por que esas personas gocen de todos los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. El Estado parte también debería adoptar las medidas necesarias para garantizar que esas personas sean informadas de sus derechos en un idioma que entiendan y tengan acceso a las salvaguardias legales fundamentales desde el momento en que sean privadas de libertad, sin discriminación de ningún tipo.

Institución nacional de derechos humanos

27)El Comité observa con preocupación que el Estado parte aún no ha establecido una institución nacional para promover y proteger los derechos humanos conforme a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) (anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General) (art. 2).

El Estado parte debería establecer una institución nacional independiente dederechos humanos conforme a los Principios de París.

Reunión de datos

28)El Comité lamenta que no existan datos globales y desglosados de las denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas por casos de tortura y malos tratos cometidos por personal de las fuerzas del orden, los servicios de seguridad, personal de inteligencia y penitenciario, ni sobre la trata, los malos tratos a trabajadores migratorios y la violencia doméstica y sexual.

El Estado parte debería reunir estadísticas pertinentes que permitan analizar la aplicación de la Convención a nivel nacional, incluidos datos sobre las denuncias, investigaciones, enjuiciamientos y condenas relacionados con casos de tortura y malos tratos, trata, malos tratos a los trabajadores migratorios y violencia doméstica y sexual, así como las indemnizaciones y medidas de rehabilitación otorgadas a las víctimas.

29)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

30)El Comité acoge con satisfacción el compromiso, asumido por el Estado parte durante el diálogo, de retirar su reserva al artículo 20 de la Convención.

31)El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

32)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

33)El Comité invita al Estado parte a que ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia.

34)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas establecido para los informes específicos para cada tratado. El Comité también invita al Estado parte a que actualice su documento básico común de conformidad con los requisitos correspondientes enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/ Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El documento relativo a cada tratado y el documento básico común satisface conjuntamente la obligación de presentar informes que tiene el Estado parte en virtud de la Convención.

35)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité y a las presentes observaciones finales en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

36)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información acerca del seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 10, 11 y 17, así como del seguimiento a su compromiso mencionado en el párrafo 6 de las presentes observaciones finales.

37)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el tercero, a más tardar el 3 de junio de 2015.

58. Mauricio

1)El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de Mauricio (CAT/C/MUS/3), presentado de conformidad con el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes, en sus sesiones 998ª y 1001ª, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2011 (CAT/C/SR.998 y 1001), y aprobó las siguientes observaciones finales en su 1015ª sesión, celebrada el 31 de mayo (CAT/C/SR.1015).

A.Introducción

2)El Comité acoge con beneplácito la presentación del tercer informe periódico de Mauricio de conformidad con el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes del Comité que consiste en las respuestas del Estado parte a una lista de cuestiones preparada y transmitida por el Comité. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por acceder a presentar su informe de conformidad con este nuevo procedimiento, que facilita el diálogo entre el Estado parte y el Comité. Sin embargo, el Comité lamenta que el informe se presentara con ocho años de retraso, lo cual dificulta al Comité el análisis continuo de la aplicación de la Convención.

3)El Comité agradece que las respuestas a la lista de cuestiones se presentaran dentro del plazo establecido. Agradece también el diálogo abierto y constructivo con la delegación de alto nivel del Estado parte, así como la información y las explicaciones adicionales proporcionadas por la delegación al Comité.

B.Aspectos positivos

4)El Comité acoge con beneplácito la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 21 de junio de 2005;

b)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el 12 de febrero de 2009;

c)Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 24 de septiembre de 2003;

d)Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 24 de septiembre de 2003;

e)Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el 5 de marzo de 2002;

f)Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 21 de abril de 2003.

5)El Comité observa con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Estado parte para modificar su legislación a fin de aumentar la protección de los derechos humanos y acoge con beneplácito la aprobación de:

a)La Ley (de enmienda) del Código Penal (art. 78), de 2003, por la que se incorpora en la legislación nacional la definición de tortura establecida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura;

b)Las enmiendas de 2004 de la Ley de protección frente a la violencia doméstica de 1997;

c)Las enmiendas de 2005 y 2008 de la Ley de protección del niño de 1994;

d)La Ley de lucha contra la trata de personas de 21 de abril de 2009;

e)La Ley (de enmienda) de procedimiento penal (art. 5 1)) de 2007, por la que se abolieron las penas preceptivas en relación con los delitos tipificados en el Código Penal y la Ley de drogas peligrosas y se restableció la discrecionalidad de los tribunales en lo que respecta a la imposición de penas;

f)La Ley (de abolición) de la prisión por deudas de 2006;

g)La Ley de lucha contra la discriminación sexual de 2002, por la que se creó la División de Lucha contra la Discriminación Sexual en la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

h)La Ley de traslado de presos de 2001.

6)El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos desplegados por el Estado parte para poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril de 2001 y establecer la institución del Defensor del Niño.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Incorporación del derecho internacional

7)Aunque observa que el Estado parte tiene un sistema dualista de recepción de los tratados internacionales, el Comité está preocupado por que el Estado parte todavía no ha incorporado plenamente la Convención en su derecho interno (art. 2).

El Estado parte debería, en el contexto de la próxima reforma constitucional anunciada por la delegación, estudiar la posibilidad de incorporar plenamente las disposiciones de la Convención en su derecho interno para que los tribunales nacionales puedan exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.

Penas adecuadas para los actos de tortura

8)Aunque el artículo 78, en su forma revisada, del Código Penal enmendado (2008), prevé una multa máxima de 150.000 rupias y un período máximo de diez años de prisión por el delito de tortura, el Comité sigue preocupado porque no se tienen en cuenta algunas circunstancias agravantes, como la discapacidad permanente de la víctima. Observa también con preocupación que las penas por otros delitos, como el tráfico de drogas, son más severas que las penas aplicables al delito de tortura (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería revisar su Código Penal para castigar los actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, de conformidad con el artículo 4 de la Convención.

Prohibición absoluta de la tortura

9)Si bien el Comité observa que "no es probable que los tribunales de Mauricio consideren que alguna circunstancia excepcional pueda justificar la tortura" (CAT/C/MUS/3, párr. 15), le preocupa la ausencia en la legislación del Estado parte de una disposición que garantice que no se pueda invocar ninguna circunstancia excepcional como justificación de la tortura, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención.

El Estado parte debería incorporar en su legislación una disposición que prohíba terminantemente la tortura y que impida que se pueda invocar alguna circunstancia como justificación de la tortura.

Salvaguardias legales fundamentales

10)Aunque toma nota de la información proporcionada por el Estado parte, el Comité está preocupado por la falta de aclaraciones sobre si las personas sometidas a detención policial tienen acceso a un médico, en la medida de lo posible, de su elección, al comienzo de la detención y si se respeta el derecho a la intimidad. El Comité está preocupado también por la falta de información clara sobre si se informa rápidamente a las personas detenidas de su derecho a ponerse en contacto con sus familiares o una persona de su elección. El Comité está preocupado además por la inscripción adecuada en un registro de las personas entre el momento de la detención y el momento en que son llevadas ante un juez (art. 2).

El Estado parte debería cerciorarse de que:

a) Las personas detenidas en las comisarías de policía tengan acceso, al comienzo de la detención, a un médico, en la medida de lo posible, de su elección;

b) Las visitas de los médicos sean confidenciales; y

c) Las personas detenidas puedan informar a sus familiares o a una persona de su elección sobre su detención.

El Estado parte también debería establecer normas y procedimientos claros y apropiados sobre la inscripción en un registro de las personas desde el comienzo de la detención y velar por que se las lleve ante un juez en un plazo breve.

Mecanismos de denuncia

11)Si bien observa que diversos mecanismos se encargan de recibir e investigar las denuncias contra los agentes de policía por uso excesivo de la fuerza, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina de Investigación de Denuncias, el Comité expresa preocupación por la independencia de esa Oficina, puesto que se encuentra bajo la supervisión administrativa del Comisionado de Policía. El Comité lamenta la falta de información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de 2007 en lo que respecta a la policía (arts. 2, 12 y 13).

El Estado parte debería adoptar medidas concretas para que las denuncias presentadas contra la policía sean tramitadas rápida, exhaustiva e imparcialmente por mecanismos independientes de denuncia y que se pueda procesar, condenar y sancionar a los culpables. A este respecto, el Estado parte debería aprobar rápidamente y aplicar el proyecto de ley de denuncias contra la policía, establecer la Oficina Independiente de Denuncias contra la Policía y aprobar una nueva ley de policía y una ley de procedimientos de la policía y medios de prueba en materia penal, así como códigos de prácticas para regular la conducta de las personas a las que se encargue investigar delitos. El Estado parte también debería velar por la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2007 en lo que respecta a la conducta de la policía e informar al Comité sobre sus resultados concretos.

No devolución

12)El Comité está preocupado porque la legislación del Estado no garantiza clara y plenamente el principio de no devolución establecido en el artículo 3 de la Convención, como solicitó el Comité en sus observaciones finales (A/54/44, 1999, párr. 123 c)). Le preocupa también la falta de información suficiente sobre el procedimiento utilizado en los casos de solicitud de extradición, así como las garantías procesales de las personas extraditadas, incluido el derecho a interponer un recurso contra la extradición, con efecto suspensivo (art. 3).

El Estado parte debería revisar la legislación por la que se garantiza el principio de no devolución. El Estado parte debería revisar su Ley de extradición para que esté plenamente en conformidad con el artículo 3 de la Convención, en particular, debería aclarar el procedimiento de extradición y las garantías ofrecidas, incluida la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución con efecto suspensivo para que las personas expulsadas, devueltas o extraditadas no corran el riesgo de ser sometidas a tortura. El Estado parte debería también proporcionar datos estadísticos detallados sobre el número de solicitudes recibidas, los Estados solicitantes y el número de personas extraditadas o no.

Educación y formación en materia de derechos humanos

13)Aunque observa los esfuerzos desplegados por el Estado parte para proporcionar educación y formación en materia de derechos humanos a los agentes de policía, entre otros, incluida la prevención de la tortura, el Comité lamenta la falta de información sobre los resultados concretos de esos programas de formación. El Comité también está preocupado por el hecho de que los programas de formación para el personal médico no incluyen el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" (Protocolo de Estambul) (art. 10).

El Estado parte debería reforzar sus programas de formación para las fuerzas del orden, el personal médico y quienes documenten e investiguen actos de tortura sobre las disposiciones de la Convención y otros instrumentos, como el "Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" (Protocolo de Estambul). El Estado parte también debería establecer una metodología para evaluar el efecto concreto de esos programas de formación e informar al Comité sobre sus resultados. A este respecto, se alienta al Estado parte a que recabe la asistencia técnica de los órganos y organizaciones internacionales.

Condiciones de detención

14)El Comité toma nota de la información proporcionada por el Estado parte sobre sus esfuerzos por mejorar las condiciones de detención, incluida la construcción de una nueva cárcel con capacidad para 750 reclusos en Melrose. Sin embargo, el Comité está preocupado por el hacinamiento en algunas cárceles del Estado parte (en particular en las cárceles de Beau Bassin, Petit Verger y GRNW), las condiciones inadecuadas de las cárceles, la falta de separación en algunos casos entre los presos preventivos y los condenados y el alto índice de violencia entre los reclusos. El Comité está preocupado también por el alto índice de presos preventivos (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería adoptar medidas adecuadas adicionales para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones en todas las cárceles. El Comité también insta al Estado parte a que utilice medidas alternativas distintas de la privación de libertad y reduzca los plazos de la prisión preventiva. El Estado parte también debería adoptar medidas para separar a los presos preventivos y aprobar un plan para reducir la violencia entre los reclusos.

Denuncias, investigaciones y enjuiciamientos

15)El Comité está preocupado porque se investigan y enjuician muy pocas denuncias de tortura, uso excesivo de la fuerza o malos tratos por parte de agentes de policía o funcionarios de prisiones o fallecimientos producidos durante la detención policial y no suelen dar lugar a una indemnización (arts. 12, 13 y 14).

El Estado parte debería realizar sistemáticamente investigaciones imparciales, exhaustivas y eficaces de todas las denuncias de violencia por parte de agentes de policía o funcionarios de prisiones y enjuiciar y sancionar a los autores de forma proporcional a la gravedad de sus actos. También se debería velar por que las víctimas o sus familiares obtengan reparación y reciban una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para una rehabilitación lo más plena posible. El Estado parte debería informar al Comité de los resultados de los procesos en curso y de la apelación interpuesta por el Fiscal General contra el sobreseimiento de una causa contra cuatro agentes de policía.

Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica

16)El Comité observa los esfuerzos desplegados por el Estado parte para luchar contra la violencia doméstica, en particular la violencia contra las mujeres y los niños, como la modificación de 2004 de la Ley de protección frente a la violencia doméstica, los planes y las estrategias adoptados y aplicados y los mecanismos establecidos. Sin embargo, el Comité está preocupado porque la violencia doméstica, en particular la violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia sexual, persiste en el Estado parte y la violación conyugal no está tipificada como delito (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería seguir luchando eficazmente contra la violencia doméstica, incluida la violencia contra las mujeres y los niños. A este respecto, el Estado parte debería velar por la entrada en vigor de las enmiendas de 2007 de la Ley de protección frente a la violencia doméstica y seguir llevando a cabo campañas de concienciación y ejecutando programas de formación de sus funcionarios sobre la violencia doméstica, incluida la violencia sexual. El Estado parte también debería adoptar medidas para facilitar la presentación de denuncias por las víctimas e informarlas sobre los recursos disponibles. Debería investigar, procesar y sancionar a los culpables. Además, el Estado parte debería tipificar específicamente como delito la violación conyugal en su Código Penal y aprobar, lo antes posible, el proyecto de ley de delitos sexuales, que está en fase de preparación.

Castigos corporales y maltrato infantil

17)Si bien el Comité toma nota de la información suministrada por el Estado parte, según la cual el artículo 13 de la Ley de protección del niño tipifica como delito la exposición de un niño a un daño, está preocupado porque los castigos corporales no están completamente prohibidos en la legislación del Estado parte, en particular en las instituciones penitenciarias y las modalidades alternativas de cuidado. El Comité está preocupado también por la información proporcionada por el Estado parte de que todos los años se denuncian algunos casos de "acoso sexual", incluidos abusos sexuales, a las autoridades competentes. Estos casos se remiten a la policía, que adopta medidas disciplinarias contra los culpables, pero no se proporciona información sobre las consecuencias penales de esos abusos (art. 16).

El Estado parte debería aprobar legislación para prohibir los castigos corporales, en particular en las instituciones sociales y las modalidades alternativas de cuidado. Con ese fin, el Estado parte debería incorporar esta cuestión en el proyecto de ley del niño, que está en fase de preparación. El Estado parte también debería continuar las campañas de concienciación sobre los efectos negativos de los castigos corporales. Por último, debería redoblar sus esfuerzos por luchar contra el maltrato infantil, en particular mediante la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los culpables. El Estado parte debería proporcionar al Comité datos estadísticos sobre los casos de maltrato infantil, las investigaciones realizadas, los procesos entablados, las penas impuestas y la reparación o la rehabilitación ofrecida a las víctimas.

Aprobación de proyectos de ley sobre los derechos humanos

18)El Comité toma nota de la explicación de la delegación del Estado parte sobre las dificultades para finalizar y aprobar proyectos de ley, pero está preocupado por la posibilidad de que no se aprueben varios proyectos de ley de derechos humanos destinados a prevenir la tortura, como el proyecto de ley de la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía, el proyecto de ley de derechos de las víctimas y el proyecto de Carta de las Víctimas, el nuevo proyecto de ley de policía y el proyecto de ley de procedimientos de la policía y medios de prueba en materia penal, preparados o debatidos por el Parlamento desde hace mucho tiempo, en ocasiones muchos años (arts. 2 y 4).

El Estado parte debería adoptar las medidas necesarias para acelerar el proceso de aprobación de los proyectos de ley sobre los derechos humanos, especialmente los encaminados a prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y aplicarlos tan pronto como se aprueben.

Mecanismo nacional de prevención

19)Aunque observa que se ha encomendado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que actúe de mecanismo nacional de prevención para aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité está preocupado por el hecho de que todavía no se ha finalizado el proyecto de ley del mecanismo nacional de prevención y no se ha establecido el mecanismo a pesar de la ratificación del Protocolo Facultativo por el Estado parte en 2005 (art. 2).

El Comité recomienda que el Estado parte:

a) Finalice el proyecto de ley del mecanismo nacional de prevención y apruebe y establezca el mecanismo, lo antes posible. Se deberían proporcionar al mecanismo nacional de prevención los recursos humanos y financieros necesarios, de conformidad con los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) (resolución 48/134 de la Asamblea General, anexo).

b) Publique el informe preparado por el Subcomité tras su visita de 2007.

Plan de acción nacional para los derechos humanos

20)Aunque observa la información proporcionada por el Estado parte y su delegación de que próximamente se finalizará un plan de acción para los derechos humanos, el Comité lamenta que todavía no se haya aprobado dicho plan, que servirá de marco general para promover y proteger los derechos humanos en el Estado parte, incluidas la prevención y la protección contra la tortura (art. 2).

El Estado parte debería acelerar la aprobación del plan de acción para los derechos humanos y aplicarlo a fin de proteger efectivamente los derechos humanos, en particular contra la tortura. El Estado parte debería tener en cuenta las recomendaciones del Comité y consultar a la sociedad civil al preparar y aplicar dicho plan.

Reunión de datos

21)El Comité lamenta la falta de datos exhaustivos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos por agentes de policía, personal de seguridad, miembros del ejército y funcionarios de prisiones, así como sobre los condenados a muerte, los malos tratos contra trabajadores migratorios, la trata de personas y la violencia doméstica y sexual.

El Estado parte debería recopilar los datos estadísticos pertinentes para supervisar la aplicación de la Convención en el plano nacional, con inclusión de datos sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos, malos tratos contra trabajadores migratorios, condenados a muerte, trata de personas y violencia doméstica y sexual, desglosados por edad, sexo, origen étnico y tipo de delito, así como sobre la reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación, proporcionada a las víctimas.

22)El Comité invita al Estado parte a que estudie la posibilidad de ratificar los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber: la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

23)El Comité recomienda que el Estado parte apruebe el proyecto de ley de la Corte Penal, encaminado a incorporar las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el derecho interno.

24)El Comité invita al Estado parte a que estudie la posibilidad de hacer la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención sobre las quejas individuales.

25)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con sus directrices para la presentación de informes y respete el límite de 40 páginas del documento específico para el tratado. El Comité invita también al Estado parte a que actualice su documento básico común de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El documento específico para el tratado y el documento básico común satisfacen conjuntamente la obligación de presentar informes que tiene el Estado parte en virtud de la Convención.

26)Se insta al Estado parte a que dé amplia difusión, en todos sus idiomas oficiales, al informe que presentó al Comité y a las observaciones finales del Comité, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

27)El Comité solicita al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 11, 14, 19 a) y 19 b) del presente documento.

28)El Comité invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico, que será el cuarto, a más tardar el 3 de junio de 2015.

59. Mónaco

1)El Comité contra la Tortura examinó los informes periódicos cuarto y quinto de Mónaco (CAT/C/MCO/4-5) en sus sesiones 1000ª y 1003ª (CAT/C/SR.1000 y 1003), celebradas los días 20 y 23 de mayo de 2011, y aprobó en su 1015ª sesión (CAT/C/SR.1015) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción los informes periódicos cuarto y quinto de Mónaco, y celebra que se hayan presentado mediante el nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes, que para el Estado parte consiste en responder a una lista de cuestiones transmitida por el Comité (CAT/C/MCO/Q/4). Asimismo, agradece al Estado parte que haya accedido a presentar su informe por este nuevo procedimiento facultativo que facilita la cooperación entre el Estado parte y el Comité.

3)El Comité celebra el diálogo franco y constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte, a la que agradece las respuestas claras, precisas y detalladas que le ofreció durante este diálogo, así como las respuestas adicionales que le presentó por escrito.

B.Aspectos positivos

4)El Comité toma nota con satisfacción de la ratificación por el Estado parte, durante el período que se examina, de los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos:

a)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 2005;

b)Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2008.

5)El Comité toma nota con satisfacción de:

a)La entrada en vigor de la Ley Nº 1343 de justicia y libertad, de 26 de diciembre de 2007, por la que se modifican algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal con el objeto de garantizar los derechos de las personas en detención policial o en prisión provisional. Dicha ley determina asimismo el régimen de indemnización por los daños resultantes de la prisión provisional injustificada.

b)La entrada en vigor de la Ley Nº 1344, de 26 de diciembre de 2007, relativa al fortalecimiento de la represión de los crímenes y delitos contra los niños.

c)La entrada en vigor de la Ley Nº 1312, de 29 de junio de 2006, relativa a la motivación de las decisiones administrativas, lo que incluye la obligación de exponer los motivos de toda decisión de devolver a un extranjero, a falta de lo cual la decisión es nula.

d)La Real Orden Nº 605, de 1º de agosto de 2006, relativa a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus Protocolos adicionales.

6)El Comité también toma nota con satisfacción de la organización de diferentes actividades de formación y sensibilización sobre los derechos humanos, destinadas principalmente a los magistrados y a los agentes del orden.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y penalización de la tortura

7)El Comité observa que en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, por el que se establece la competencia de los tribunales sobre los actos de tortura cometidos en el extranjero, se hace referencia al artículo 1 de la Convención. No obstante, preocupa al Comité que en el Código Penal, pese a su reciente revisión, no se haya incluido una definición de tortura que sea plenamente conforme al artículo 1 de la Convención. También le preocupa que no haya ninguna disposición donde la tortura se tipifique específicamente como delito (arts. 1 y 4).

El Estado parte debería incluir en su legislación penal una definición de tortura que se ajuste estrictamente a la del artículo 1 de la Convención. El Comité estima que los Estado s partes, al establecer y definir el delito de tortura de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Convención y al hacer de él un delito distinto de todos los demás, contribuyen directamente al objetivo fundamental de la Convención, que consiste en prevenir la tortura, entre otras formas, señalando a la atención de todos (los autores, las víctimas y la opinión pública) que este delito reviste una gravedad particular y reforzando el efecto disuasorio de la prohibición de la tortura.

Prohibición absoluta de la tortura

8)El Comité observa que los artículos 127 a 130 del Código Penal, referidos al abuso de autoridad, sancionan con severidad las órdenes ilegales de las autoridades públicas, pero le preocupa que en las revisiones recientes del Código Penal del Estado parte no se haya incluido una prohibición expresa de invocar circunstancias excepcionales o la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura (art. 2).

El Estado parte debería aprobar disposiciones específicas que prohíban invocar circunstancias excepcionales o la orden de un funcionario superior como justificación de la tortura, como le recomendó el Comité en sus anteriores observaciones finales. También debería adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que resulten eficaces para impedir la comisión de actos de tortura, entre ellas reforzar las garantías de protección de un agente que se niegue a ejecutar una orden ilegal dada por su superior jerárquico.

No devolución

9)El Comité lamenta que los recursos contra las decisiones de expulsión o de devolución de un extranjero interpuestos ante el Tribunal Supremo solo tengan efecto suspensivo si van acompañados de una solicitud de suspensión de la ejecución. Asimismo, habida cuenta de que en Mónaco el estatuto de refugiado está subordinado a su reconocimiento por la Oficina Francesa de Refugiados y Apátridas (OFPRA), el Comité lamenta también que el Estado parte no haga un seguimiento de las solicitudes de asilo tramitadas por Francia, y señala la dificultad práctica que supone para un solicitante de asilo que se encuentra en Mónaco interponer un recurso contra el rechazo de su solicitud (art. 3).

El Estado parte debería instaurar un mecanismo de seguimiento de los expedientes de asilo tramitados por la OFPRA. También debería hacer automático el efecto suspensivo de los recursos contra las decisiones de expulsión o devolución de extranjeros, a fin de garantizar el respeto del principio de no devolución. Asimismo, y a pesar de que la expulsión y la devolución se efectúan exclusivamente hacia Francia, que también es parte en la Convención, el Comité expresa una inquietud particular por la falta de seguimiento de los casos de expulsión, principalmente cuando se trata de nacionales no europeos que corren el riesgo de ser expulsados ulteriormente hacia otro Estado donde podrían estar en peligro de sufrir torturas o malos tratos.

Seguimiento de las condiciones de detención

10)El Comité toma nota de que el Estado parte ha iniciado una negociación con las autoridades francesas para establecer mediante convenio las modalidades del "derecho de visita" de los reclusos condenados por los tribunales monegascos e internados en centros penitenciarios franceses. No obstante, expresa su preocupación por la falta de seguimiento de estos condenados recluidos en Francia, y lamenta que en ningún texto se establezca formalmente la práctica de pedir a los condenados en Mónaco su consentimiento explícito para ser trasladados a Francia (art. 11).

El Estado parte debería crear un órgano que dependa directamente de las autoridades monegascas para facilitar el seguimiento del trato dispensado a estos presos y de las condiciones físicas de su reclusión. Se alienta al Estado parte a que introduzca en el convenio con Francia el consentimiento explícito del condenado para su traslado.

Violencia en la familia

11)El Comité toma nota de la presentación ante el Consejo Nacional, en octubre de 2009, del proyecto de ley Nº 869 para prevenir y combatir los actos particulares de violencia contra las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, pero muestra su inquietud por la lentitud con que transcurre el proceso de aprobación de esta importante ley (arts. 2, 13, 14 y 16).

El Estado parte debería asegurar la pronta aprobación del proyecto de ley Nº 869 con el fin de prevenir y combatir toda forma de violencia contra las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Asimismo, debería cerciorarse de que se prohíba de forma explícita el castigo corporal de los niños en todos los ámbitos de la vida y se reprima la violencia doméstica. Además, el Comité recomienda al Estado parte que organice actividades de formación o campañas de sensibilización destinadas específicamente a informar de sus derechos a las víctimas de la violencia en la familia.

Reparación para las víctimas de la tortura

12)Si bien no se han registrado denuncias de actos de tortura durante el período que se examina, preocupa al Comité la ausencia de disposiciones específicas sobre la reparación y la indemnización destinadas a las víctimas de torturas o de malos tratos (art. 14).

El Comité recomienda al Estado parte que en su proyecto de ley sobre ciertas formas de violencia, incluya disposiciones específicas para la indemnización de las víctimas de torturas o de malos tratos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención, donde se dispone, entre otras cosas, que, en caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, sus derechohabientes tendrán derecho a indemnización.

Formación

13)El Comité toma nota de la información que ha facilitado el Estado parte sobre los diferentes programas de formación para los magistrados y los agentes del orden, pero deplora que las actividades de formación organizadas hayan sido incompletas desde la perspectiva de la Convención contra la Tortura (art. 10).

El Comité alienta al Estado parte a seguir organizando sesiones de formación sobre los derechos humanos, y le recomienda que incorpore el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) en los programas de formación destinados al personal médico y a otras categorías profesionales. El Estado parte también debería evaluar la eficacia y el impacto de estos programas de formación.

Medidas contra el terrorismo

14)Pese a no haberse registrado ningún caso de terrorismo durante el período objeto de examen, el Comité reitera la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/MCO/CO/2) respecto del carácter amplio y poco preciso de la definición de los actos de terrorismo que figura en el Código Penal, incluida la falta de claridad de la definición de terrorismo denominado "ecológico" (arts. 2 y 16).

El Estado parte debería aprobar una definición más precisa de los actos de terrorismo, velando por que cualquier medida adoptada contra este respete todas las obligaciones dimanantes del derecho internacional, incluido el artículo 2 de la Convención.

Institución nacional de derechos humanos

15)El Comité observa la labor realizada por la Dependencia de derechos humanos y por el Mediador, así como el proyecto de texto para reforzar las competencias de este último, que se encuentra en fase de examen, pero lamenta la reticencia mostrada por el Estado parte a crear una institución nacional de derechos humanos (arts. 2, 12, 13 y 16).

El Comité alienta al Estado parte a crear una institución nacional independiente de derechos humanos que sea conforme a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París, anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General), y a dotarla de los recursos humanos y financieros necesarios para ejercer eficazmente sus funciones, entre ellas la investigación de las denuncias de tortura.

16)El Comité invita al Estado parte a estudiar la posibilidad de ratificar los instrumentos fundamentales de derechos humanos en los que aún no es parte, a saber, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

17)Se alienta al Estado parte a que dé amplia difusión a los informes que presenta al Comité y a las conclusiones y recomendaciones de este a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

18)El Comité invita al Estado parte a presentar su próximo informe periódico respetando el límite de 40 páginas y a actualizar si procede su documento básico de 27 de mayo de 2008 (HRI/CORE/MCO/2008) atendiendo a las instrucciones relativas al documento básico común que figuran en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN/2/Rev.6), aprobadas en la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, así como a respetar el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El informe específico de la Convención y el documento básico común constituyen los documentos que el Estado parte está obligado a presentar para cumplir con la obligación de presentación de informes que dimana de la Convención.

19)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 10 y 11 del presente documento.

20)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe, que será su sexto informe periódico, a más tardar el 3 de junio de 2015.

60. Eslovenia

1)El Comité contra la Tortura examinó el tercer informe periódico de Eslovenia (CAT/C/SVN/3) en sus sesiones 984ª y 987ª (CAT/C/SR.984 y 987), celebradas los días 10 y 11 de mayo de 2011, y aprobó en su 1006ª sesión (CAT/C/SR.1006) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité celebra la presentación del tercer informe periódico de Eslovenia, que se ajusta a las directrices para la presentación de informes, aunque lamenta que se haya presentado con tres años de retraso.

3)El Comité observa con satisfacción la presencia de una delegación de alto nivel del Estado parte, y también señala complacido la oportunidad de entablar con ella un diálogo constructivo sobre muchas de las materias contempladas en la Convención.

B.Aspectos positivos

4)El Comité aplaude que, desde el examen del segundo informe periódico, el Estado parte ya ha ratificado los siguientes instrumentos internacionales:

a)Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 23 de enero de 2007;

b)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, el 24 de abril de 2008;

c)Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 23 de septiembre de 2004;

d)Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el 23 de septiembre de 2004;

e)Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 21 de mayo de 2004.

5)El Comité toma nota de la labor que está realizando el Estado parte para reformar su legislación en aspectos relacionados con la Convención, y destaca las siguientes medidas:

a)Incorporación al Código Penal del artículo 265, que define y tipifica el delito de tortura, así como las enmiendas que amplían la pena máxima para la trata de seres humanos, en 2008;

b)Enmiendas a la Ley de policía que reconocen el derecho de los detenidos a tener acceso a un médico, en 2005;

c)Enmiendas a la Ley de procedimiento penal y de la Ley de la Fiscalía del Estado, en 2007, por las que se dispone la creación de unidades especializadas dependientes de la Fiscalía del Estado para el procesamiento de los delitos cometidos por la policía civil o militar o por personas destinadas a una misión militar o análoga en el extranjero;

d)Aprobación de la Ley de los derechos del paciente, en 2008, que regula el procedimiento de denuncia en caso de que se conculquen los derechos de los pacientes, incluidos los de centros de salud mental;

e)Aprobación de la Ley de salud mental, en 2008, que dispone el asesoramiento y la protección de los derechos en la esfera de la salud mental, incluidos los procedimientos de detención de las personas con problemas de salud mental;

f)Aprobación de la Ley de prevención de la violencia doméstica, en 2008;

g)Aprobación de la Ley de enmienda a la Ley que regula la situación jurídica de los ciudadanos de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia que viven en Eslovenia, en 2010;

h)Aprobación de la Ley de protección del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas, en 2006, y sus enmiendas en 2009.

6)El Comité celebra también las medidas que está adoptando el Estado parte para mejorar sus políticas y sus procedimientos en pro de una mayor protección de los derechos humanos y de la aplicación de la Convención, entre ellas:

a)Introducción de una forma alternativa de sanción penal a la que se ha denominado "prisión de fin de semana";

b)Publicación de un folleto sobre los derechos de las personas detenidas, en 2009;

c)Aprobación de una resolución sobre la prevención de la violencia doméstica para el período 2009-2014.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Definición y tipificación del delito de tortura

7)El Comité celebra la introducción de una nueva disposición que define y penaliza la tortura, en la que se incluyen los elementos enunciados en el artículo 1 de la Convención, pero sigue preocupado porque el delito de tortura está sujeto a un plazo de prescripción (arts. 1 y 4).

El Comité insta al Estado parte a modificar el artículo 90 de su Código Penal para derogar la prescripción de los delitos de tortura. El Estado parte debería velar también por que las penas previstas para este delito sean adecuadas y tengan en cuenta su gravedad, tal como se dispone en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención.

Salvaguardias legales fundamentales

8)El Comité, observa que en el artículo 148 de la Ley de procedimiento penal se contempla la posibilidad de realizar grabaciones audiovisuales de los interrogatorios, pero considera preocupante que estas grabaciones no se suelan realizar, puesto que no están prescritas por la ley (art. 2).

El Comité recomienda que el Estado parte establezca la obligación legal de la grabación audiovisual de todos los interrogatorios a detenidos en todo el país, como medio adicional de prevención de la tortura y los malos tratos.

9)El Comité observa que el Estado parte ha adoptado un sistema informatizado para registrar toda la información vinculada con la detención en las dependencias policiales, pero le preocupa que haya información que no se introduzca en el sistema, puesto que faltan algunos datos, como la hora de llegada a la comisaría de policía y de reclusión en una celda (art. 2).

El Comité recomienda que se amplíe el sistema informático de registro de los detenidos para que incluya todos los datos pertinentes sobre la custodia de la persona detenida a fin de crear un sistema de seguimiento preciso de todo el período de detención.

Prisión preventiva y acumulación de causas en los tribunales

10)El Comité celebra el proyecto "Lukenda", así como otras medidas adoptadas por el Estado parte para reducir la acumulación de causas en los tribunales, pero sigue preocupado por el alto porcentaje de presos preventivos, que, según las estadísticas facilitadas por el Estado parte, no ha descendido en los cinco últimos años (art. 2).

El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para reducir la acumulación de causas judiciales y adopte todas las medidas necesarias con ese fin, incluidas medidas no privativas de la libertad.

Defensor de los Derechos Humanos

11)El Comité observa que el Defensor de los Derechos Humanos ha asumido la función de mecanismo nacional de prevención en virtud del Protocolo Facultativo, pero le preocupa que la financiación de su oficina sea insuficiente y la información que ha recibido acerca del alcance de su mandato para instruir sus propias investigaciones respecto de las denuncias de tortura y malos tratos (art. 2).

El Estado parte debería reforzar la estructura de la oficina del Defensor y ampliar su mandato para que pueda instruir sus propias investigaciones respecto de las denuncias de tortura y malos tratos, y dotarla de recursos humanos, materiales y financieros suficientes, de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

Denuncias, investigaciones y enjuiciamiento de los actos de tortura

12)El Comité toma nota de los datos facilitados por el Estado parte sobre las investigaciones de malos tratos en aplicación de distintos artículos del Código Penal, como los referidos al abuso de poder, la falsedad documental, las amenazas o la negligencia, entre otros, y le preocupa la falta de información sobre los casos investigados o las denuncias presentadas en virtud del artículo 265 del Código Penal, relativo a la tortura (arts. 12 y 13).

El Comité insta al Estado parte a velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen sin demora, de forma imparcial y efectiva, y por que los autores de tales actos sean enjuiciados. El Comité solicita al Estado parte que le facilite datos sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas en aplicación del artículo 265 del Código Penal, desglosados por sexo, edad, origen étnico u origen de las víctimas.

Condiciones de detención

13)Si bien el Comité acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar considerablemente las condiciones de detención, en particular la construcción de nuevas instalaciones y la renovación de las existentes, sigue preocupado por los problemas de hacinamiento, en especial en grandes centros penitenciarios como los de Dob, Liubliana, Maribor, Koper y Novy Mesto. Asimismo, preocupan al Comité los mecanismos insuficientes para prevenir los suicidios en los centros penitenciarios (arts. 11 y 16).

El Estado parte debería intensificar sus esfuerzos por armonizar las condiciones de detención en los centros de privación de libertad con las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como con otras normas internacionales pertinentes, en particular reduciendo el hacinamiento en las prisiones, ampliando las formas de detención no privativas de libertad y proporcionando un alojamiento adecuado y apoyo psicosocial a los detenidos que requieran supervisión y tratamiento psiquiátricos. El Comité recomienda también que el Estado parte adopte todas las medidas necesarias para investigar y prevenir los suicidios en los lugares de detención.

Centros de tratamiento psiquiátrico

14)El Comité aprecia la información aportada durante el diálogo por los representantes del Estado parte, pero lamenta la falta de información sobre los casos de internamiento forzoso en instituciones psiquiátricas cuando solamente se cumplen algunos y no todos los criterios establecidos en la Ley de salud mental y sobre el número de denuncias y apelaciones por internamientos forzosos en hospitales psiquiátricos. Pese a la información facilitada durante el diálogo, el Comité lamenta la falta de información sobre el uso de medidas como la terapia electroconvulsiva y las sustancias psicotrópicas, así como sobre las denuncias por medidas especiales de ese tipo (art. 16).

El Comité recomienda al Estado parte que establezca una estrecha supervisión y vigilancia por parte de los órganos judiciales de todos los ingresos en instituciones psiquiátricas y vele por que todos los lugares en que se recluya y se someta a un tratamiento no voluntario a personas con enfermedades mentales sean visitados periódicamente por órganos de vigilancia independientes a fin de garantizar que se apliquen correctamente las salvaguardias vigentes. Además, el Estado parte debería velar por la plena y oportuna aplicación de las recomendaciones formuladas por el Defensor de los Derechos Humanos y otros órganos de vigilancia a este respecto. Asimismo, el Comité recomienda que el Estado parte revise seriamente la aplicación de la terapia electroconvulsiva y cualquier otro tratamiento que pueda constituir una violación de la Convención.

Violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica

15)El Comité toma nota de las medidas legales y administrativas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia de género y contra los niños, pero sigue preocupado por la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas (véanse las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/SVN/CO/4, párr. 23). También preocupa al Comité que el castigo corporal de los niños siga siendo lícito en el hogar (arts. 2, 12 y 16).

El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos por prevenir, perseguir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños, incluida la violencia doméstica, y vele por la aplicación plena y efectiva de las leyes vigentes y las estrategias nacionales adoptadas con ese fin, en particular el Programa nacional de prevención de la violencia en la familia para el período 2009-2014. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que acelere la aprobación del proyecto de ley de matrimonio y familia, que prohíbe los castigos corporales de los niños en el hogar (véanse las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/15/Add.230, párr. 40). Además, se alienta al Estado parte a que amplíe las campañas de sensibilización y capacitación sobre la violencia en el hogar destinadas a los agentes del orden, jueces, abogados y trabajadores sociales que están en contacto directo con las víctimas y al público en general.

Trata de personas

16)El Comité acoge con satisfacción las enmiendas al Código Penal que tipifican como delito la trata de personas y aumentan el castigo por tales actos, así como las políticas orientadas a la sensibilización, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los autores. No obstante, el Comité sigue preocupado porque la trata de mujeres para la prostitución continúa siendo un problema en Eslovenia y porque las medidas para proteger y asistir a las víctimas no son institucionales, sino que se basan en proyectos; asimismo, lamenta la falta de información sobre el número de casos en los que las víctimas han recibido reparación, incluida una indemnización (arts. 2, 4 y 16).

El Estado parte debería redoblar sus esfuerzos para luchar contra la trata de personas, en especial de mujeres y niños, en particular:

a) Prosiguiendo sus esfuerzos para sensibilizar sobre la trata de personas a todos los agentes del orden, jueces y fiscales;

b) Enjuiciando a los autores de conformidad con la disposición pertinente del Código Penal y ofreciendo a todas las víctimas de la trata una reparación efectiva que incluya indemnización y rehabilitación; y

c) Mejorando la identificación de las víctimas de la trata de personas y ofreciéndoles programas de rehabilitación adecuados, acceso verdadero a la atención de la salud y asesoramiento al respecto, e institucionalizando tales servicios.

Asilo y no devolución

17)A pesar del artículo 51 de la Ley de extranjería, sobre la no devolución, el Comité sigue preocupado por que la nueva Ley de protección internacional, que regula el asilo y las cuestiones conexas, no contiene una cláusula de no devolución cuando existan razones fundadas para creer que, en caso de expulsión, devolución o extradición a otro Estado, una persona correría el peligro de ser objeto de tortura. Asimismo, preocupa al Comité la duración y la incertidumbre del proceso de determinación de la condición de refugiado (art. 3).

El Estado parte debería:

a) Velar por que todas las leyes que regulan el asilo o las cuestiones relacionadas con el asilo, incluidos los procedimientos para la protección subsidiaria de los grupos vulnerables, en particular las víctimas de la trata, establezcan el principio de no devolución;

b) Garantizar las salvaguardias procesales contra la devolución y ofrecer recursos efectivos respecto de las devoluciones en los procesos de expulsión, incluido su examen por un órgano judicial independiente;

c) Velar por que las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido desestimadas tengan derecho a interponer un recurso efectivo a fin de suspender la ejecución de la decisión de expulsión o deportación; y

d) Enmendar la Ley de protección internacional de modo que refleje los principios y los criterios establecidos en el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos, en especial la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967.

18)El Comité toma nota de las medidas legislativas adoptadas para enmendar la ley que regula la situación jurídica de los ciudadanos de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia que viven en Eslovenia a fin de corregir las disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales, pero sigue preocupado porque el Estado parte no ha hecho cumplir la ley ni ha restituido los derechos de residencia a las personas "excluidas" originarias de otras repúblicas yugoslavas cuya residencia permanente en Eslovenia fue revocada ilegalmente en 1992 y que ya han sido repatriadas a otras repúblicas de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. Preocupa al Comité que persista la discriminación contra las personas "excluidas", especialmente las pertenecientes a la comunidad romaní (arts. 3 y 16).

El Comité recuerda, a la luz de su Observación general Nº 2 (2008), sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, que la protección especial de ciertas minorías o personas o grupos marginados que corren especial peligro forma parte de las obligaciones que impone al Estado parte la Convención. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para restaurar la condición de residente permanente a las personas "excluidas" que fueron repatriadas a otros Estados de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a facilitar la plena integración de las personas "excluidas", especialmente de aquellas que pertenecen a las comunidades romaníes, y a garantizarles unos procedimientos justos de solicitud de la ciudadanía.

Reparación, incluidas la indemnización y la rehabilitación

19)El Comité lamenta que no se haya facilitado información sobre cualquier reparación otorgada a las víctimas de un acto de tortura y malos tratos por el Estado parte (arts. 14y 16).

El Estado parte debería velar por que todas las víctimas de tortura y malos tratos obtengan reparación y tengan el derecho jurídicamente exigible a una indemnización justa y adecuada, que incluya los medios para una rehabilitación lo más completa posible. Asimismo, debería reunir datos sobre el número de víctimas que han recibido indemnización y rehabilitación, incluida la cuantía concedida.

Formación

20)Si bien el Comité acoge con satisfacción las medidas positivas adoptadas por el Estado parte, consistentes en la creación de programas de capacitación sobre ética policial y derechos humanos dirigidos a los agentes de policía y el establecimiento de un sistema de información sobre los resultados obtenidos, sigue preocupado por la supervisión y la evaluación insuficientes de la eficacia de esos programas para la prevención y la detección de la tortura y los malos tratos (art. 10).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que se brinde, de manera periódica y sistemática, capacitación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) al personal médico y otros funcionarios que participen en la investigación y la documentación de los casos de tortura;

b) Elabore y aplique una metodología para determinar la eficacia y los efectos de todos los programas de educación y formación en la reducción de los casos de tortura y malos tratos, y evalúe periódicamente la capacitación impartida a los agentes del orden;

c) Intensifique sus esfuerzos por aplicar una perspectiva de género en la formación de las personas que participan en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de las mujeres sometidas a cualquier forma de detención, encarcelamiento o reclusión; y

d) Prepare módulos de capacitación para concienciar a los agentes del orden sobre la discriminación por razón del origen étnico.

Minoría romaní

21)El Comité toma nota de la explicación del Estado parte de que la reunión de datos sobre el origen étnico es contraria al derecho a la intimidad, pero sigue preocupado porque el Estado parte no ha establecido ninguna otra modalidad con el fin de examinar el alcance de los delitos cometidos por motivos étnicos y prevenir y vigilar la comisión de esos actos, garantizando al mismo tiempo la protección de la vida privada de las personas. Al Comité también le inquieta la discriminación contra la minoría romaní no nacional (véanse las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/SVN/CO/1) (arts. 2, 10 y 16).

A la luz de su Observación general Nº 2, el Comité recuerda que la especial protección de ciertas personas o grupos minoritarios o marginados en particular en situación de riesgo forma parte de las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de la Convención. El Comité observa que la finalidad de reunir datos estadísticos es que los Estados partes puedan identificar y conocer mejor a los grupos étnicos presentes en su territorio y los tipos de discriminación de que son o pueden ser víctimas, aportar respuestas y soluciones adaptadas a las formas de discriminación constatadas y evaluar los progresos realizados. Por consiguiente, el Comité recomienda al Estado parte que estudie el alcance de los delitos cometidos por motivos étnicos e informe al respecto, investigue sus causas subyacentes al tiempo que garantiza el derecho a la intimidad y adopte todas las medidas necesarias para prevenir esos delitos en el futuro. A este respecto, el Estado parte debería intensificar sus esfuerzos por luchar contra todo tipo de discriminación contra las minorías romaníes.

Reunión de datos

22)El Comité lamenta la falta de datos exhaustivos y desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relativos a los casos de tortura y malos tratos perpetrados por agentes del orden y funcionarios de prisiones, así como sobre la violencia doméstica y sexual y la violencia contra la mujer, los niños y otros grupos vulnerables. Asimismo, reitera que no se ha facilitado información sobre los mecanismos de reparación de que disponen las víctimas de tortura y malos tratos.

El Estado parte debería recopilar datos estadísticos, desglosados por tipo de delito, origen étnico, edad y sexo, que resulten pertinentes para vigilar la aplicación de la Convención a nivel nacional, en particular datos sobre las denuncias, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas relativos a los casos de tortura y malos tratos perpetrados por agentes del orden y funcionarios de prisiones y de violencia sexual y doméstica y violencia contra los niños y otros grupos vulnerables, así como sobre los medios de reparación, incluida la indemnización y la rehabilitación, proporcionados a las víctimas.

23)El Comité invita al Estado parte a que ratifique los tratados fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas en los que aún no es parte, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

24)Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y a las observaciones finales de este, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las ONG.

25)El Comité pide al Estado parte que, dentro del plazo de un año, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 9, 12, 17 y 21 del presente documento.

26)El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico de conformidad con las directrices para la presentación de informes y a que respete el límite de 40 páginas establecido para el documento específico de cada tratado. El Comité invita también al Estado parte a que presente un documento básico común actualizado de conformidad con los requisitos relativos a ese documento enunciados en las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos (HRI/GEN.2/Rev.6), aprobadas por la reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y a que respete el límite de 80 páginas establecido para el documento básico común. El documento específico del tratado y el documento básico común satisfacen, conjuntamente, la obligación del Estado parte de presentar informes en virtud de la Convención.

27)Se invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, que será el cuarto, a más tardar el 3 de junio de 2015.

61. Turkmenistán

1)El Comité contra la Tortura examinó el informe inicial de Turkmenistán (CAT/C/TKM/1) en sus sesiones 994ª y 997ª, celebradas los días 17 y 18 de mayo de 2011 (CAT/C/SR.994 y 997), y aprobó en su 1015ª sesión (CAT/C/SR.1015) las siguientes observaciones finales.

A.Introducción

2)El Comité acoge con satisfacción la presentación del informe inicial de Turkmenistán, que en general sigue las directrices del Comité para la presentación de informes, pero lamenta que el informe carezca de datos estadísticos sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones de la Convención y que haya sido presentado con diez años de retraso, lo que impidió que el Comité llevara a cabo un análisis de la aplicación de la Convención en el Estado parte tras su ratificación en 1999.

3)El Comité agradece haberse reunido con una delegación de alto nivel del Estado parte durante su 46º período de sesiones, así como la oportunidad de entablar con dicha delegación un diálogo constructivo que abarcó muchas de las esferas de la Convención.

B.Aspectos positivos

4)El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado o se haya adherido a los instrumentos internacionales siguientes:

a)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (29 de septiembre de 1994);

b)Convención sobre los Derechos del Niño (20 de septiembre de 1993) y sus dos Protocolos facultativos (29 de abril y 28 de marzo de 2005);

c)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1º de mayo de 1997) y sus dos Protocolos Facultativos (1º de mayo 1997 y 11 de enero de 2000);

d)Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1º de mayo de 1997) y su Protocolo Facultativo (20 de mayo de 2009);

e)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1º de mayo de 1997);

f)Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (4 de septiembre de 2008) y su Protocolo Facultativo (10 de noviembre de 2010).

5)El Comité toma nota de la labor que realiza el Estado parte para reformar su legislación, sus políticas y sus procedimientos en las esferas de interés para la Convención, por ejemplo:

a)La aprobación de la nueva Constitución el 26 de septiembre de 2008;

b)La aprobación del nuevo Código de Ejecución Penal el 26 de marzo de 2011;

c)La aprobación del nuevo Código Penal el 10 de mayo de 2010;

d)La aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal el 18 de abril de 2009;

e)La aprobación de la Ley de los tribunales de justicia el 15 de agosto de 2009;

f)La aprobación de la Ley de lucha contra la trata de personas el 14 de diciembre de 2007;

g)La creación de una comisión estatal para examinar las denuncias de los ciudadanos relativas a las actividades de las fuerzas del orden mediante un Decreto presidencial de 19 de febrero de 2007;

h)La abolición de la pena de muerte mediante un Decreto presidencial de 28 de diciembre de 1999.

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Tortura y malos tratos

6)El Comité está profundamente preocupado por las numerosas y reiteradas denuncias de uso generalizado de torturas y malos tratos contra personas privadas de libertad en el Estado parte. De acuerdo con información fiable presentada al Comité, estas personas son torturadas, maltratadas y amenazadas por funcionarios públicos, especialmente en el momento de la detención y durante la prisión provisional, para obtener confesiones y como castigo adicional después de la confesión. Esa información confirma la inquietud expresada por varios organismos internacionales, por ejemplo en el informe del Secretario General (A/61/489, párrs. 38 a 40), y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las causas Kolesnik c. Rusia, Soldatenko c. Ucrania, Ryabkin c. Rusia y Garabayev c. Rusia. Aunque observa la existencia de leyes que prohíben, entre otras cosas, el abuso de poder y el uso de la violencia por parte de los funcionarios contra las personas que están bajo su custodia con el fin de obtener testimonios, preocupa al Comité la diferencia considerable que existe entre el marco legislativo y su aplicación en la práctica (arts. 2, 4, 12 y 16).

Con carácter de urgencia, el Estado parte debería adoptar medidas inmediatas y efectivas para impedir los actos de tortura y malos tratos en todo el país, por ejemplo aplicando políticas que produzcan resultados mensurables en la erradicación de la tortura y los malos tratos por parte de los funcionarios del Estado. Además, debería adoptar medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos autores de actos de tortura y malos tratos, llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas, juzgar a los autores de tales actos y, si son declarados culpables, imponerles penas apropiadas, e indemnizar debidamente a las víctimas.

Situación de la Convención en el ordenamiento jurídico interno

7)El Comité observa que el artículo 6 de la Constitución de Turkmenistán reconoce la primacía de las normas universalmente reconocidas del derecho internacional, sin embargo le preocupa que la Convención nunca haya sido invocada directamente ante los tribunales nacionales. Asimismo, toma nota de la declaración oral formulada por los representantes del Estado en el sentido de que los tribunales aplicarán directamente la Convención en breve.

El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para lograr la plena aplicabilidad de las disposiciones de la Convención en su ordenamiento jurídico interno y la aplicación en la práctica del artículo 6 de la Co nstitución, por ejemplo, impartir una capacitación amplia al personal del poder judicial y de las fuerzas del orden con el fin de que conozcan plenamente las disposiciones de la Convención y su aplicabilidad directa. Por otra parte, el Estado parte debería informar sobre los progresos realizados a ese respecto y sobre las decisiones de los tribunales nacionales o las autoridades administrativas que hacen efectivos los derechos consagrados en la Convención.

Definición, prohibición absoluta y penalización de la tortura

8)Si bien toma nota del artículo 23 de la Constitución, que prohíbe los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Comité sigue considerando preocupante que el Estado parte no haya incorporado aún en la legislación nacional el delito de tortura tal como se define en el artículo 1 de la Convención y que el Código Penal no contenga disposiciones que penalicen específicamente la tortura, sino que más bien tipifique como delito "los golpes sistemáticos u otros actos violentos con resultado de lesiones físicas y morales" en su artículo 113, el "abuso de poder" por un funcionario en su artículo 358 y el uso de la fuerza por funcionarios contra las personas que están bajo su custodia con el fin de obtener información en su artículo 197. El Comité expresa inquietud con respecto al artículo 47 de la Constitución, en virtud del cual la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos puede ser objeto de suspensión cuando se haya decretado un estado de excepción o la ley marcial de conformidad con la legislación interna. Además, lamenta la falta de información sobre las normas y disposiciones relativas a la prescripción de los delitos (arts. 1, 2 y 4).

El Comité insta al Estado parte a que adopte una definición de tortura que abarque todos los elementos contenidos en el artículo 1 de la Convención. La definición de tortura debería enunciar claramente el propósito del delito, estipular las circunstancias agravantes, incluir la tentativa de tortura, así como los actos realizados para intimidar o coaccionar a la víctima o a un tercero, y reflejar los motivos o razones para infligir tortura señalados en el artículo 1 de la Convención. El Estado parte debería también asegurar que los actos de tortura no se definan como un delito menos grave, como el hecho de causar sufrimiento físico y moral, y que sean punibles con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad, como se establece en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención. Por otra parte, debería velar por que la prohibición absoluta de la tortura no pueda ser objeto de suspensión y por que el delito de tortura no prescriba.

Salvaguardias legales fundamentales

9)Aunque toma nota del artículo 26 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la asistencia letrada, el Comité expresa su grave preocupación por el hecho de que el Estado parte no otorgue en la práctica, y desde el momento de la detención, a todas las personas privadas de libertad, incluidas las recluidas en centros de detención temporal, las salvaguardias legales fundamentales que se recogen en los párrafos 13 y 14 de la Observación general Nº 2 del Comité (2008) sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes. Preocupa al Comité que el Código Penal permita a los agentes de policía detener a una persona durante 72 horas sin la autorización del fiscal general y durante un máximo de un año sin hacerla comparecer ante un juez. Al parecer, a los detenidos se les suele denegar el acceso a un abogado y la policía suele ejercer la violencia contra ellos para obtener confesiones durante ese período. El Comité observa con inquietud las informaciones que indican la existencia de torturas y malos tratos generalizados a menores en el momento de la detención y durante la prisión provisional (CRC/C/TKM/CO/1, párr. 36) (arts. 2, 11 y 12).

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Vele por que todos los detenidos gocen en la práctica de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el momento de su detención, incluido el derecho a acceder rápidamente a un abogado y a ser examinados por un médico independiente, a contactar con sus familiares, a ser informados de sus derechos en el momento de la detención, así como de las acusaciones que pesan sobre ellos, y a comparecer sin dilación ante un juez;

b) Se asegure de que los menores cuenten con la presencia de un abogado y de sus padres o tutores en todas las etapas de un procedimiento, incluso durante el interrogatorio que realice un agente de policía;

c) Vele por que todos los detenidos, incluidos los menores de edad, sean inscritos en un registro central de las personas privadas de libertad y por que a ese registro puedan acceder los abogados y familiares de los detenidos y otras personas, según proceda;

d) Adopte medidas para que todos los interrogatorios efectuados en las comisarías y los centros de detención sean grabados o filmados para reforzar la prevención de la tortura y los malos tratos.

Independencia del poder judicial

10)El Comité está profundamente inquieto por el mal funcionamiento del sistema de justicia, que al parecer se debe en parte a la falta de independencia de la fiscalía y la judicatura, tal como señaló el Secretario General en 2006 (A/61/489, párr. 46). Asimismo, lamenta que la responsabilidad de los nombramientos y los ascensos de los jueces corresponda al Presidente, lo que pone en peligro la independencia del poder judicial, y expresa su preocupación por el caso del Sr. Ilmurad Nurliev, pastor protestante que fue condenado por estafa tras un juicio en el que supuestamente no se respetaron numerosas garantías procesales (arts. 2 y 13).

El Estado parte debería adoptar medidas para establecer y garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial en el ejercicio de sus funciones de conformidad con las normas internacionales, en particular los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Debería también permitir que se lleve a cabo una revisión imparcial e independiente de la condena del Sr. Nurliev.

Mecanismos de denuncia y de investigaciones; impunidad

11)Preocupa profundamente al Comité que las denuncias de tortura y malos tratos por parte de funcionarios del Estado rara vez sean objeto de una investigación ni den lugar a un enjuiciamiento, así como por el aparente clima de impunidad que se traduce en la falta de medidas disciplinarias significativas o de actuaciones penales contra los funcionarios acusados de los actos definidos en la Convención (arts. 2, 11, 12, 13 y 16). En particular, inquietan al Comité:

a)La falta de un mecanismo de denuncia independiente y efectivo que reciba las denuncias de tortura y lleve a cabo una investigación imparcial y exhaustiva al respecto, en particular con respecto a los condenados y los detenidos en espera de juicio.

b)La información según la cual graves conflictos de interés impiden que los mecanismos de denuncia existentes lleven a cabo investigaciones efectivas e imparciales de las denuncias recibidas.

c)La información según la cual ningún funcionario ha sido enjuiciado por haber cometido actos de tortura y, en los diez últimos años, solo cuatro agentes de las fuerzas del orden han sido acusados del delito menos grave definido como "abuso de autoridad" en el artículo 182, párrafo 2, del Código Penal.

d)La falta de información y estadísticas detalladas sobre el número de denuncias de tortura y malos tratos formuladas ante todos los mecanismos de denuncia existentes, como el Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión estatal encargada de examinar las denuncias de los ciudadanos sobre las actividades de las fuerzas del orden, y sobre los resultados de esas investigaciones, así como sobre si se iniciaron actuaciones penales y/o disciplinarias y sobre sus resultados. En ese sentido, el Comité expresa especial preocupación por el caso del Sr. y la Sra. Bazargeldy y Aydyemal Berdyev, en el que el Estado parte rechaza la autenticidad de una respuesta que los Sres. Berdyev afirman haber recibido del Instituto Nacional en 2009 con respecto a una denuncia de tortura que habían presentado.

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Establezca un mecanismo independiente y efectivo para:

i) Facilitar que las víctimas de torturas y malos tratos presenten denuncias a las autoridades públicas y obtengan pruebas médicas que apoyen sus acusaciones, y asegurar en la práctica que los denunciantes sean protegidos frente a todo maltrato o acto de intimidación como consecuencia de su denuncia o del testimonio prestado;

ii) Llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de torturas o malos tratos contra agentes de policía y otros funcionarios públicos que hayan realizado, ordenado o tolerado tales prácticas, y sancionar a los infractores.

b) Asegure que esas investigaciones no sean realizadas por la policía o bajo su autoridad, sino por un órgano independiente, y que todos los funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido la Convención sean suspendidos de sus funciones durante la investigación.

c) Proporcione información sobre el número de denuncias presentadas contra funcionarios públicos por casos de tortura y malos tratos, así como información sobre los resultados de esas investigaciones y de cualesquiera actuaciones incoadas, tanto de carácter penal como disciplinario. Se incluirá información estadística, desglosada por sexo, edad y origen étnico del denunciante, y se describirá cada acusación pertinente, indicándose la autoridad encargada de la investigación posterior. Se incluirá también información específica sobre las denuncias de actos de tortura durante la reclusión presentadas al Instituto Nacional por el Sr. y la Sra. Bazargeldy y Aydyemal Berdyev, así como sobre las medidas adoptadas para investigar las denuncias, el organismo que llevó a cabo la investigación y los resultados de esta.

Institución nacional de derechos humanos

12)El Comité toma nota de la respuesta del Estado parte a la recomendación de establecer una institución nacional independiente de derechos humanos formulada con motivo del examen periódico universal (A/HRC/10/79). Sin embargo, considera preocupante que no se haya establecido ninguna institución de ese tipo de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). También lamenta que los mecanismos nacionales de protección existentes que dependen de la Presidencia, entre ellos el Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos y la Comisión estatal encargada de examinar las denuncias de los ciudadanos sobre las actividades de las fuerzas del orden, no se ajusten a los Principios de París, especialmente en lo que respecta a su composición y a la falta de independencia (arts. 2, 11 y 13).

El Estado parte debería establecer una institución nacional independiente de derechos humanos de conformidad con los Principios de París, dotarla de competencia para recibir y examinar denuncias y quejas relativas a situaciones individuales, supervisar los centros de detención y publicar los resultados de sus investigaciones, y velar por la aplicación de las recomendaciones de la institución con respecto a la concesión de reparación a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores, así como por la asignación de recursos suficientes para su funcionamiento. El Comité recomienda al Estado parte que cree un mecanismo nacional de prevención como parte de la institución nacional de derechos humanos y lo invita a que estudie la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Defensores de los derechos humanos

13)El Comité observa con inquietud las numerosas y constantes denuncias de graves actos de intimidación, represalias y amenazas contra defensores de los derechos humanos, periodistas y sus familiares, así como la falta de información proporcionada sobre la investigación de esas acusaciones. El Comité expresa también su profunda preocupación por las informaciones según las cuales algunos defensores de los derechos humanos han sido detenidos, al parecer en represalia por su labor, y han sido enjuiciados sin las debidas garantías procesales. También expresa su grave preocupación por el hecho de que, el 30 de septiembre de 2010, el Presidente Berdymukhamedov diera instrucciones al Ministerio de Seguridad Nacional para que llevara a cabo "una lucha sin cuartel contra aquellos que calumnian nuestro Estado laico... y democrático", el día después de que un canal de televisión por satélite emitiera una entrevista con el Sr. Farid Tukhbatullin, defensor turcomano de los derechos humanos exiliado. Si bien le preocupan las presuntas amenazas contra el Sr. Tukhbatullin y los ataques contra su sitio web, el Comité agradece las seguridades dadas oralmente por el representante del Estado parte de que ni el Gobierno de Turkmenistán ni sus agentes lo intimidarán o amenazarán. Asimismo, lamenta que el Estado parte no haya aplicado la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (Opinión Nº 15/2010) ni haya respondido a los llamamientos urgentes enviados por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (A/HRC/4/37/Add.1, párrs. 700 a 704) en nombre del Sr. Annakurban Amanklychev, miembro de la Turkmenistan Helsinki Foundation, y el Sr. Sapardurdy Khajiev, pariente del director de dicha fundación (arts. 2, 12 y 16).

El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para:

a) Asegurar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas, en Turkmenistán y en el extranjero, gocen de protección contra los actos de intimidación o violencia como consecuencia de sus actividades;

b) Asegurar que se lleve a cabo una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de tales actos y se enjuicie y castigue a los culpables con penas adecuadas a la naturaleza de dichos actos;

c) Proporcionar información actualizada acerca del resultado de las investigaciones sobre las presuntas amenazas y malos tratos contra defensores de los derechos humanos, incluidos los mencionados;

d) Poner en práctica la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (Opinión Nº 15/2010) sobre los Sres. Amanklychev y Khajiev, en la que el Grupo concluyó que su detención era arbitraria y pidió que fueran puestos en libertad inmediatamente, así como que se les concediera una indemnización por daños y perjuicios.

Vigilancia e inspección de los lugares de detención

14)El Comité toma nota de las actividades de vigilancia de los centros de detención por parte de la Fiscalía General, pero está profundamente preocupado por el hecho de que los órganos de vigilancia internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, no tengan acceso a los centros de detención de Turkmenistán. El Comité observa que el Estado parte coopera con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que presta asistencia en materia de derecho humanitario y de otras maneras, pero le inquieta que el Estado parte no haya permitido el acceso del CICR a los centros de detención, a pesar de las diversas recomendaciones formuladas por organismos internacionales, entre ellos la Asamblea General en sus resoluciones 59/206 y 60/172, y de lo señalado por el Secretario General (A/61/489, párr. 21). El Comité expresa también su pesar por que siga sin respuesta desde hace mucho tiempo la solicitud de realizar una visita al país formulada por los nueve titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en particular el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (arts. 2, 11 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Establezca un sistema nacional que, de manera independiente, efectiva y periódica, supervise e inspeccione todos los lugares de detención sin previo aviso;

b) Con carácter extremamente urgente, permita que distintas organizaciones independientes gubernamentales y no gubernamentales, en particular el CICR, accedan a todos los centros de detención del país;

c) Estreche aún más la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular permitiendo , tan pronto como sea posible, las visitas del Relator Especial sobre la tortura y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de conformidad con el mandato de las misiones de investigación realizadas por relatores y representantes especiales (E/CN.4/1998/45).

Desapariciones forzadas y detención en régimen de incomunicación

15)El Comité está preocupado por una serie de personas que han sido detenidas y condenadas en juicios a puerta cerrada y sin defensa adecuada y encarceladas en régimen de incomunicación, y por la falta de información del Estado parte sobre los progresos realizados en la determinación de su suerte y su paradero. Se trata del Sr. Gulgeldy Annaniazov, el Sr. Ovezgeldy Ataev, el Sr. Boris Shikhmuradov, el Sr. Batyr Berdyev y las personas encarceladas en relación con el intento de asesinato del expresidente en 2002, cuyos casos planteó, entre otros, el Relator Especial sobre la tortura (A/HRC/13/42, párrs. 203 y 204; E/CN.4/2006/6/Add.1, párr. 514). En particular, inquieta al Comité la falta de: a) investigaciones efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de tales prácticas, y de enjuiciamientos y condenas de los autores, de ser declarados culpables; y b) la debida notificación de los resultados de tales investigaciones a los familiares de las personas desaparecidas, a los que se debería confirmar su lugar de detención y si están vivos. Esa falta de investigación y seguimiento plantea serias dudas con respecto a la voluntad del Estado parte de cumplir sus obligaciones dimanantes de la Convención y constituye una violación continua de esta con respecto a los familiares de las víctimas (arts. 12 y 13).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Adopte todas las medidas necesarias para abolir la detención en régimen de incomunicación y se asegure de que todas las personas detenidas en ese régimen sean puestas en libertad o imputadas y juzgadas con todas las garantías procesales;

b) Con carácter prioritario, comunique la suerte y el paradero de las personas que hayan sido detenidas en régimen de incomunicación a sus parientes y facilite las visitas familiares;

c) Adopte medidas inmediatas para que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre todos los casos pendientes de presuntas desapariciones, se proporcionen las reparaciones correspondientes y se comunique a los familiares de las víctimas los resultados de tales investigaciones y actuaciones judiciales;

d) Informe al Comité de los resultados de la investigación sobre los casos mencionados del Sr. Annaniazov, el Sr. Ataev, el Sr. Shikhmuradov, el Sr. Berdyev y las personas encarceladas en relación con el intento de asesinato del expresidente en 2002.

Muertes bajo custodia

16)El Comité está profundamente preocupado por las numerosas y constantes informaciones sobre una serie de muertes que se han producido bajo custodia y sobre las restricciones supuestamente impuestas para que no se realizara un examen forense independiente de tales muertes, como la de la Sra. Ogulsapar Muradova, que permaneció en régimen de incomunicación durante todo su período de reclusión y murió bajo custodia en circunstancias sospechosas. El caso de esa mujer, en la que se encontraron indicios de tortura, está bien documentado y fue mencionado por el Secretario General (A/61/489, párr. 39) y varios Relatores Especiales (A/HRC/WG.6/3/TKM/2, párr. 38) (arts. 2, 11, 12 y 16).

El Comité insta al Estado parte a que:

a) Investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial todos los casos de muerte bajo custodia, publique los resultados de esas investigaciones y enjuicie a los responsables de cometer las violaciones de la Convención que condujeron a esas muertes.

b) Asegure que se lleven a cabo exámenes forenses independientes en todos los casos de muerte bajo custodia, permita que los familiares de los fallecidos encarguen una autopsia independiente y vele por que los tribunales del Estado parte acepten los resultados de las autopsias independientes como prueba en las causas penales y civiles.

c) Proporcione al Comité datos sobre todas las muertes bajo custodia, desglosados por centro de reclusión y sexo de la víctima, y los resultados de las correspondientes investigaciones. En particular, el Estado parte deberá informar al Comité sobre la investigación llevada a cabo para esclarecer las muertes provocadas supuestamente como consecuencia de actos de tortura, malos tratos o negligencia intencional, incluida la muerte bajo custodia de la Sra. Muradova en septiembre de 2006.

Uso indebido de los establecimientos psiquiátricos

17)El Comité está profundamente preocupado por las informaciones, numerosas, coherentes y fidedignas, sobre el uso indebido de los hospitales psiquiátricos para recluir a personas por razones distintas de las médicas, en particular por la expresión no violenta de sus opiniones políticas. Lamenta que el Estado parte no haya respondido a al menos dos llamamientos urgentes enviados conjuntamente por el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en nombre del Sr. Gurbandurdy Durdykuliev, disidente político (E/CN.4/2005/62/Add.1, párr. 1817), y el Sr. Sazak Durdymuradov, periodista (A/HRC/10/44/Add.4, párr. 239) (arts. 2, 11 y 16), en 2004 y 2008, respectivamente.

El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Pong