Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el informe

Informes iniciales

Uganda

25 de junio de 1988

Togo

17 de diciembre de 1988

Guyana

17 de junio de 1989

Guinea

8 de noviembre de 1990

Somalia

22 de febrero de 1991

Yemen

4 de diciembre de 1992

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1993

Letonia

13 de mayo de 1993

Seychelles

3 de junio de 1993

Cabo Verde

3 de julio de 1993

Camboya

13 de noviembre de 1993

Burundi

19 de marzo de 1994

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1994

Etiopía

12 de abril de 1995

Albania

9 de junio de 1995

Chad

9 de julio de 1995

Tayikistán

9 de febrero de 1996

Côte d´Ivoire

16 de enero de 1997

Lituania

1º de marzo de 1997

República Democrática del Congo

16 de abril de 1997

Malawi

10 de julio de 1997

Honduras

3 de enero de 1998

Kenya

22 de marzo de 1998

Bahrein

4 de abril de 1999

Bangladesh

3 de noviembre de 1999

Níger

3 de noviembre de 1999

Sudáfrica

8 de enero de 2000

Burkina Faso

2 de febrero de 2000

Malí

27 de marzo de 2000

Turkmenistán

25 de julio de 2000

Japón

29 de julio de 2000

Mozambique

14 de octubre de 2000

Qatar

9 de febrero de 2001

Ghana

6 de octubre de 2001

Botswana

7 de octubre de 2001

Gabón

7 de octubre de 2001

Líbano

3 de noviembre de 2001

Segundos informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 1992

Belice

25 de junio de 1992

Filipinas

25 de junio de 1992

Uganda

25 de junio de 1992

Togo

17 de diciembre de 1992

Guyana

17 de junio de 1993

Brasil

27 de octubre de 1994

Guinea

8 de noviembre de 1994

Somalia

22 de febrero de 1995

Rumania

16 de enero de 1996

Nepal

12 de junio de 1996

Yugoslavia

9 de octubre de 1996

Estonia

19 de noviembre de 1996

Yemen

4 de diciembre de 1996

Jordania

12 de diciembre de 1996

Mónaco

4 de enero de 1997

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1997

Benin

10 de abril de 1997

Letonia

13 de mayo de 1997

Seychelles

3 de junio de 1997

Cabo Verde

3 de julio de 1997

Camboya

13 de noviembre de 1997

Burundi

19 de marzo de 1998

Eslovaquia

27 de mayo de 1998

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1998

Costa Rica

10 de diciembre de 1998

Sri Lanka

1º de febrero de 1999

Etiopía

12 de abril de 1999

Albania

9 de junio de 1999

Estados Unidos de América

19 de noviembre de 1999

la ex República Yugoslava de Macedonia

11 de diciembre de 1999

Namibia

27 de diciembre de 1999

República de Corea

7 de febrero de 2000

Tayikistán

9 de febrero de 2000

Cuba

15 de junio de 2000

Chad

8 de julio de 2000

República de Moldova

27 de diciembre de 2000

Côte d'Ivoire

16 de enero de 2001

República Democrática del Congo

16 de abril de 2001

El Salvador

16 de julio de 2001

Lituania

1º de marzo de 2001

Kuwait

6 de abril de 2001

Malawi

10 de julio de 2001

Honduras

3 de enero de 2002

Kenya

22 de marzo de 2002

Terceros informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 1996

Belice

25 de junio de 1996

Bulgaria

25 de junio de 1996

Camerún

25 de junio de 1996

Francia

25 de junio de 1996

Filipinas

25 de junio de 1996

Senegal

25 de junio de 1996

Uganda

25 de junio de 1996

Uruguay

25 de junio de 1996

Austria

27 de agosto de 1996

Togo

17 de diciembre de 1996

Ecuador

28 de abril de 1997

Guyana

17 de junio de 1997

Turquía

31 de agosto de 1997

Túnez

22 de octubre de 1997

Chile

29 de octubre de 1997

Jamahiriya Árabe Libia

14 de junio de 1998

Australia

6 de septiembre de 1998*

Argelia

11 de octubre de 1998

Brasil

27 de octubre de 1998

Guinea

8 de noviembre de 1998

Somalia

22 de febrero de 1999

Malta

12 de octubre de 1999

Alemania

30 de octubre de 1999

Liechtenstein

1º de diciembre de 1999

Rumania

16 de enero de 2000

Nepal

12 de junio de 2000

Venezuela

27 de agosto de 2000

Yugoslavia

9 de octubre de 2000

Estonia

19 de noviembre de 2000

Yemen

4 de diciembre de 2000

Jordania

12 de diciembre de 2000

Mónaco

4 de enero de 2001

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 2001

Benin

10 de abril de 2001

Letonia

13 de mayo de 2001

Seychelles

3 de junio de 2001

Cabo Verde

3 de julio de 2001

Camboya

13 de noviembre de 2001

Mauricio

7 de enero de 2002

Burundi

19 de marzo de 2002

Cuartos informes periódicos

Afganistán

25 de junio de 2000

Argentina

25 de junio de 2000

Belarús

25 de junio de 2000

Belice

25 de junio de 2000

Bulgaria

25 de junio de 2000

Camerún

25 de junio de 2000

Francia

25 de junio de 2000

Hungría

25 de junio de 2000

México

25 de junio de 2000

Filipinas

25 de junio de 2000

Federación de Rusia

25 de junio de 2000

Senegal

25 de junio de 2000

Suiza

25 de junio de 2000

Uganda

25 de junio de 2000

Uruguay

25 de junio de 2000

Canadá

23 de julio de 2000

Austria

27 de agosto de 2000

Panamá

22 de septiembre de 2000

Togo

17 de diciembre de 2000

Colombia

6 de enero de 2001

Ecuador

28 de abril de 2001

Guyana

17 de junio de 2001

Perú

5 de agosto de 2001

Turquía

31 de agosto de 2001

Túnez

22 de octubre de 2001

Chile

29 de octubre de 2001

China

2 de noviembre de 2001

Países Bajos

19 de enero de 2002

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 de enero de 2002

Italia

10 de febrero de 2002

Portugal

10 de marzo de 2002

22.El Comité expresó su preocupación por el número de Estados Partes que no cumplían sus obligaciones en materia de presentación de informes. Con respecto en particular a los Estados Partes cuyos informes tenían un retraso de más de cuatro años, el Comité deploró que esos Estados Partes siguieran sin cumplir las obligaciones que habían asumido libremente en virtud de la Convención. El Comité recalcó que tenía el deber de vigilar la aplicación de la Convención y que el incumplimiento por un Estado Parte de sus obligaciones de presentación de informes constituía una infracción de las disposiciones de la Convención. A consecuencia de ello, el Comité decidió pedir a dos de sus miembros, el Sr. Mariño y el Sr. Rasmussen, que presentaran propuestas en el 29º período de sesiones del Comité sobre los medios de facilitar la presentación de los informes atrasados de los Estados Partes.

23.En el anexo V al presente informe figura el estado de presentación de informes al 17 de mayo de 2002, fecha de clausura del 28º período de sesiones del Comité.

III. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

24.En sus períodos de sesiones 27º y 28º, el Comité examinó los informes presentados por 12 Estados Partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención. En su 27º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes:

Benin: informe inicial

CAT/C/21/Add.3

Indonesia: informe inicial

CAT/C/47/Add.3

Israel: tercer informe periódico

CAT/C/54/Add.1

Ucrania: cuarto informe periódico

CAT/C/55/Add.1

Zambia: informe inicial

CAT/C/47/Add.2

25.En su 28º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes:

Dinamarca: cuarto informe periódico

CAT/C/55/Add.2

Luxemburgo: tercer informe periódico

CAT/C/34/Add.14

Noruega: cuarto informe periódico

CAT/C/55/Add.4

Federación de Rusia: tercer informe periódico

CAT/C/34/Add.15

Arabia Saudita: informe inicial

CAT/C/42/Add.2

Suecia: cuarto informe periódico

CAT/C/55/Add.3

Uzbekistán: segundo informe periódico

CAT/C/53/Add.1

26.De conformidad con el artículo 66 del reglamento del Comité, se invitó a representantes de todos los Estados Partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité cuando se examinaran sus informes. Todos los Estados Partes cuyos informes fueron examinados por el Comité enviaron representantes para que participaran en su examen. El informe de la Arabia Saudita, cuyo examen inicialmente estaba previsto para el 27º período de sesiones, se aplazó a petición del Estado Parte que no pudo enviar a una delegación a ese período de sesiones. De la misma manera, el informe de Venezuela, cuyo examen estaba previsto en el 28º período de sesiones, se aplazó hasta el 29º período de sesiones a solicitud del Estado Parte que no pudo enviar una delegación al 28º período de sesiones.

27.Con arreglo a la decisión adoptada por el Comité en su cuarto período de sesiones*, el Presidente designó relatores por países y relatores suplentes para cada uno de los informes examinados, cuya lista figura en el anexo VI del presente informe.

28.En relación con su examen de los informes, el Comité tuvo también ante sí los siguientes documentos:

a)Pautas generales relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los Estados Partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/4/Rev.2);

b)Directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados Partes deben presentar en cumplimiento del párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

29.De acuerdo con la decisión adoptada por el Comité en su 11º período de sesiones**, las secciones que siguen, dispuestas por país en la secuencia seguida por el Comité para el examen de los informes, contienen referencias a los informes presentados por los Estados Partes y a las actas resumidas de las sesiones en que fueron examinados los informes, así como el texto de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Comité con respecto a los informes de los Estados Partes que fueron examinados en sus períodos de sesiones 27º y 28º.

BENIN

30.El Comité examinó el informe inicial de Benin (CAT/C/21/Add.3) en sus sesiones 489ª y 492ª, celebradas los días 15 y 16 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.489 y 492) y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

31.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Benin, aunque observa que, a pesar de que debía haberse presentado el 10 de abril de 1993, se recibió con un atraso de siete años. El informe ha sido redactado conforme a las directivas generales relativas a la preparación de los informes iniciales de los Estados Partes. Sin embargo, el Comité observa que el informe no contiene ejemplos concretos de la aplicación de la Convención. No obstante, como explicó el jefe de la delegación, el Comité observa que el informe sólo se refiere a la época llamada "revolucionaria" y a un corto período después de la promulgación de la Constitución de 1990, lo que impide al Comité apreciar la situación actual de la aplicación de la Convención.

32.El Comité acoge con beneplácito la información suministrada por la delegación de Benin, así como el diálogo franco, sincero y constructivo mantenido con ella.

B. Aspectos positivos

33.El Comité observa con satisfacción los elementos siguientes:

a)El rango acordado por la Constitución de Benin a los tratados internacionales ratificados por ese país, que tienen un valor superior a la legislación interna.

b)La prohibición formal de practicar la tortura establecida en el artículo 18 de la Constitución.

c)La ratificación por el Estado Parte de una serie de tratados internacionales relativos a la protección de los derechos humanos. En particular, el Comité observa la firma el 24 de septiembre de 1999 del Estatuto de Roma relativo a la creación de la Corte Penal Internacional.

d)La voluntad del Estado Parte de poner fin a las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas durante el período llamado "revolucionario" y de otorgar una mejor protección de esos derechos mediante la adopción de normas legislativas y reglamentarias.

e)El artículo 558 del Código de Procedimiento Penal, que parece ser conforme a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 5 de la Convención sobre la jurisdicción universal.

f)El establecimiento de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos y la creación de una dirección de derechos humanos en el Ministerio de Justicia y Legislación, en virtud del Decreto Nº 97‑30, de 29 de enero de 1997.

g)La indemnización de algunas personas que fueron víctimas de torturas durante el período llamado "revolucionario", en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interministerial creada por el Decreto Nº 91‑95, de 27 de mayo de 1991.

h)La mejora de las condiciones materiales en las cárceles, entre otras cosas, mediante la actual construcción de un nuevo centro penitenciario con una capacidad para 1.000 presos.

C. Motivos de preocupación

34.El Comité expresa su preocupación por los siguientes hechos:

a)La falta de una definición de la tortura estrictamente conforme al artículo 1 de la Convención y la falta de penas específicas que castiguen el delito de tortura, lo que crea una laguna que no permite la plena aplicación de la Convención;

b)La desconfianza manifiesta de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de la policía y la justicia y el carácter reiterado del fenómeno de venganza popular que resulta de ella;

c)El hacinamiento y las malas condiciones materiales en los establecimientos penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados médicos apropiados, pese a los esfuerzos realizados por el Estado Parte y la asistencia de organizaciones no gubernamentales;

d)El espacio insuficiente que se asigna a los derechos humanos, en particular la prohibición de la tortura, en los programas de formación del personal civil y militar encargado de la aplicación de la ley y del personal médico, pese a las iniciativas positivas de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos y la Liga de Derechos Humanos;

e)La posibilidad de prolongar excepcionalmente el plazo de detención hasta ocho días en virtud del artículo 18 de la Constitución;

f)La existencia en la legislación beninesa de disposiciones jurídicas (artículos 327 y 328 del Código Penal) que eximen de responsabilidad a todo culpable de delitos o crímenes cuando la comisión de los hechos ha sido ordenada por ley o dispuesta por la autoridad legítima u obedece a la necesidad de la legítima defensa, lo que contraviene las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención en lo que respecta a la tortura;

g)La falta de programas de readaptación médica y psicológica para las víctimas de la tortura;

h)La posibilidad de mantener a los detenidos en aislamiento durante tres meses;

i)El hecho de que la Ley de amnistía, aprobada antes de la adopción de la Convención contra la Tortura, encierre el peligro de ocasionar una situación de impunidad.

D. Recomendaciones

35.El Comité formula las siguientes recomendaciones:

a)El Estado Parte, para cumplir verdaderamente sus obligaciones en virtud de la Convención, debe adoptar una definición de tortura que sea estrictamente conforme al artículo 1 de la Convención y establecer las penas apropiadas;

b)Deben adoptarse medidas para reglamentar el derecho de las víctimas de torturas a una indemnización equitativa y adecuada otorgada por el Estado, y para crear programas de readaptación física y psicológica de las víctimas;

c)El Estado Parte debería adoptar las medidas legislativas necesarias para armonizar las disposiciones del Código Penal con el artículo 2 de la Convención;

d)El Estado Parte debería fortalecer las actividades de educación y promoción en materia de derechos humanos, en particular la prohibición de los actos de tortura, destinadas a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y el personal médico;

e)El Estado Parte debería adoptar medidas para eliminar la práctica de la venganza popular;

f)El Comité recuerda al Estado Parte su obligación de realizar investigaciones inmediatas e imparciales y enjuiciar a los presuntos autores de violaciones de los derechos humanos, en particular la tortura;

g)El Estado Parte debería seguir adoptando medidas para mejorar las condiciones materiales en las cárceles y reducir notablemente la duración del aislamiento;

h)El Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención para dar forma concreta a su disposición a hacer respetar los derechos humanos en general y la prohibición de la tortura en particular;

i)El Estado Parte debería garantizar una amplia difusión de las observaciones finales del Comité relativas a Benin;

j)El Estado Parte debería presentar su segundo informe periódico, que debía haberse presentado en abril de 1997, lo más pronto posible para corresponder con la periodicidad prevista en el artículo 19 de la Convención.

INDONESIA

36.El Comité examinó el informe inicial de Indonesia (CAT/C/47/Add.3) en sus sesiones 492ª y 495ª, celebradas los días 16 y 19 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.492 y 495), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

37.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Indonesia, aunque observa que, a pesar de que debía haberlo presentado en noviembre de 1999, se recibió con más de un año de atraso. Observa que el informe se refiere sobre todo a disposiciones jurídicas y carece de información detallada sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura en la práctica. Sin embargo, el Comité desea expresar su aprecio por los esfuerzos del Estado Parte para proporcionar información adicional, pues entabló un diálogo constructivo con el Comité.

38.El Comité acoge con beneplácito la aclaración del Estado Parte por la que confirma que reconoce la competencia del Comité prevista en el artículo 20 de la Convención.

39.El Comité observa que Indonesia no ha formulado las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

B. Aspectos positivos

40.El Comité toma nota de los siguientes aspectos positivos:

a)Los continuos esfuerzos del Estado Parte para reformar el sistema jurídico y revisar su Constitución y su legislación con el fin de proteger derechos humanos universales, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

b)La promulgación de la Ley Nº 26/2000 sobre el establecimiento de tribunales de derechos humanos, con competencia en graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, y las seguridades del Estado Parte de que los tribunales de derechos humanos funcionarán a comienzos de diciembre de 2001;

c)Los planes descritos por los representantes del Estado Parte para la terminación inminente de nuevas leyes sobre la protección de víctimas y testigos, y sobre el establecimiento de una Comisión de Verdad y Reconciliación, encargada de reexaminar casos anteriores de violaciones de derechos humanos que hayan tenido importantes repercusiones en la nación;

d)La separación formal de la policía y del ejército en 1999, como aspecto esencial del esfuerzo para garantizar una autoridad civil independiente encargada de mantener la ley y el orden;

e)El reconocimiento por el Estado Parte de que la erradicación de la tortura está vinculada a superar una cultura de violencia en el ejército y en la policía, y las seguridades de que la continuación de los esfuerzos para alcanzar este objetivo es una de las máximas prioridades del Gobierno;

f)El reconocimiento de la apremiante necesidad de crear un registro centralizado de detenidos en todo el país, y las seguridades de que ya se está estudiando la aplicación de tal sistema;

g)El interés expresado por el Estado Parte en la posibilidad de que el Gobierno coopere con organizaciones no gubernamentales nacionales en la vigilancia de las prisiones y los lugares de detención;

h)La declaración del representante del Estado Parte en relación con una posible visita el próximo año del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

41.El Comité es consciente de la dificultad del Estado Parte en vista de los conflictos armados secesionistas en varias partes de su territorio y teniendo en cuenta las características geográficas del archipiélago indonesio. Además, el Comité reconoce asimismo las dificultades concomitantes de la transición política al avanzar hacia un sistema democrático de gobierno.

D. Motivos de preocupación

42.El Comité expresa su preocupación por:

a)El gran de número de alegaciones de actos de tortura y malos tratos cometidos por las fuerzas de policía (especialmente las unidades de la policía móvil ("Brimob"), del ejército (TNI) y grupos paramilitares supuestamente vinculados a las autoridades, y en particular en zonas de conflicto armado (Aceh, Papua, Maluku, etc.);

b)Las alegaciones de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes o con fines de investigación;

c)Las alegaciones de que grupos paramilitares, supuestamente autores de torturas y malos tratos en Indonesia, son apoyados por algunos militares y, según se alega, a veces están acompañados de personal militar;

d)Los numerosos informes de ataques contra defensores de los derechos humanos, que a veces son mortales;

e)Las alegaciones de que los abusos de derechos humanos relacionados con la Convención son cometidos a veces por personal militar empleado por empresas en Indonesia para proteger sus locales y evitar conflictos laborales;

f)Las alegaciones de inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual, que supuestamente se utilizan con frecuencia como formas de tortura y malos tratos;

g)Los informes sobre el gran número de personas que padecen los efectos de la tortura y otras formas de malos tratos.

43.El Comité expresa también su preocupación por:

a)El clima de impunidad, promovido en parte por el hecho de que ha habido pocos progresos en el enjuiciamiento de los militares, los policías y otros funcionarios estatales, en particular los que tienen cargos importantes, que, supuestamente han planificado, dirigido y/o perpetrado actos de tortura y de malos tratos.

b)La no facilitación por el Estado Parte, en cada caso, de investigaciones prontas, imparciales y completas de las numerosas alegaciones de tortura comunicadas a las autoridades, ni el enjuiciamiento de los supuestos infractores, según se requiere en los artículos 12 y 13 de la Convención.

c)El insuficiente nivel de garantías de la independencia e imparcialidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas-HAM), lo que le impide cumplir plenamente su mandato, inclusive la responsabilidad exclusiva en virtud de la Ley Nº 2000/26 de realizar las primeras investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, antes de la transmisión de los casos al Fiscal General para el procesamiento. Como únicamente el Fiscal General tiene facultades para decidir si se inicia el procedimiento, al Comité le preocupa también que todos los informes de la Komnas-HAM sobre las investigaciones preliminares no se publiquen, y que la Komnas-HAM no tenga derecho a impugnar una decisión del Fiscal General de no seguir una causa.

44.El Comité expresa también su preocupación por:

a)La tipificación inadecuada en la legislación penal del país del delito de tortura en términos compatibles con el artículo 1 de la Convención, como resultado de lo cual la tortura no se castiga con penas apropiadas en el Código Penal del Estado Parte, según se requiere en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención. El Comité observa, a este respecto, que la definición de tortura en la Ley Nº 2000/26 no es plenamente compatible con el artículo 1 de la Convención.

b)Las limitaciones geográficas y de tiempo en el mandato del tribunal de derechos humanos ad hoc en Timor-Leste.

c)Las inadecuadas medidas para garantizar que la segunda enmienda de la Constitución de 1945, relativa al derecho a no ser juzgado sobre la base de una ley retroactiva, no se aplicará a delitos como la tortura y los crímenes de lesa humanidad, tipificados como delito en el derecho internacional.

d)La falta de protección adecuada de testigos y víctimas de torturas, que pueden ser objeto de intimidación y abuso por funcionarios.

e)La duración y las condiciones de la custodia policial, y la falta de garantías adecuadas de los derechos de las personas privadas de libertad, incluida la notificación a un pariente próximo o a un tercero y el acceso a asistencia médica y a un abogado de su elección.

f)El hecho de que, a pesar de la separación formal de la policía y del ejército, este último sigue estando relacionado con alegaciones de tortura y malos tratos. Al Comité le preocupa la falta de hábeas corpus para los militares.

g)La insuficiente protección jurídica para garantizar, según se establece en el artículo 3 de la Convención, que ninguna persona puede ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando está en peligro de ser sometida a tortura.

h)La falta de respuesta a comunicaciones enviadas por el Relator Especial sobre la tortura, y el hecho de que no haya sido invitado a visitar el Estado Parte, a pesar de solicitudes que datan de 1993.

i)La inadecuada cooperación con la Dependencia de Delitos Graves de la Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNTAET).

j)La falta de datos estadísticos y de otra información sobre la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desglosada por género, grupo étnico, región geográfica, y tipo y lugar de detención.

E. Recomendaciones

45.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Enmiende la legislación penal de manera que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean delitos prohibidos estrictamente en esta legislación, en términos totalmente conformes a la definición contenida en el artículo 1 de la Convención. Deben adoptar sanciones adecuadas, que correspondan a la gravedad del delito.

b)Establezca un sistema de denuncias efectivo, fiable e independiente para realizar investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas de las alegaciones de malos tratos y de tortura por la policía y otros funcionarios y, cuando las conclusiones lo justifiquen, se juzgue y castigue a los autores, incluidos los altos funcionarios.

c)Se asegure de que quienes patrocinan, planifican, incitan y financian operaciones paramilitares o participan en ellas utilizando la tortura, incluidos los altos funcionarios, serán juzgados como corresponde.

d)Tome inmediatamente medidas para reforzar la independencia, objetividad, eficacia y responsabilidad pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas‑HAM), y se asegure de que se publican a su debido tiempo todos los informes de ésta al Fiscal General.

e)Se asegure de que el tribunal de derechos humanos ad hoc de Timor-Leste podrá considerar los numerosos abusos de derechos humanos que supuestamente tuvieron lugar en el período comprendido entre el 1º de enero y el 25 de octubre de 1999.

f)Se asegure de que los delitos según el derecho internacional como la tortura y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado sean investigados y, cuando proceda, juzgados en tribunales indonesios.

g)Prosiga las medidas de reforma de la policía para reforzar la independencia de ésta del ejército, como organismo civil independiente encargado de hacer cumplir la ley.

h)Reduzca la duración de la detención preventiva, se asegure de la debida protección de testigos y víctimas de tortura y promulgue legislación para que toda declaración como resultado de tortura no pueda ser invocada en ningún procedimiento judicial, salvo contra los torturadores.

i)Garantice que ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura, de conformidad con el artículo 3.

j)Proteja a los defensores de los derechos humanos del hostigamiento, las amenazas y otros ataques.

k)Intensifique la educación en materia de derechos humanos para dar directrices e impartir formación con respecto, en particular, a la prohibición de tortura, a agentes del orden público, magistrados y personal médico.

l)Invite al Relator Especial sobre la tortura a visitar sus territorios.

m)Coopere plenamente con la UNTAET, en particular proporcionando a los miembros de su Dependencia sobre Delitos Graves asistencia en las investigaciones y procedimientos judiciales, el pleno acceso a los expedientes pertinentes, autorizando visitas a Indonesia y Timor-Leste, y trasladando a sospechosos para juzgarlos en Timor-Leste, de conformidad con el memorando de entendimiento firmado en abril de 2000.

n)Adopte medidas inmediatas para hacer frente a la urgente necesidad de rehabilitación del gran número de victimas de la tortura y malos tratos en el país.

o)Formule las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

p)Incluya, en su próximo informe periódico, datos estadísticos sobre la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desglosados, entre otras cosas, por género, grupo étnico, región geográfica y tipo y lugar de detención. Además, se debe proporcionar información sobre denuncias y casos en que entiendan órganos nacionales, incluidos los resultados de las investigaciones realizadas y las consecuencias para las víctimas, en cuanto reparación e indemnización.

q)Difunda ampliamente las conclusiones y recomendaciones del Comité en todo el país y en todos los idiomas que corresponda.

Observaciones del Gobierno de Indonesia

46.El Comité examinó la nota verbal de fecha 7 de diciembre de 2001 dirigida a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por la Misión Permanente de Indonesia que contenía observaciones e información adicional sobre las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Comité. El Comité agradece al Gobierno de Indonesia la nota y acoge con satisfacción el importante número de reformas jurídicas e institucionales que se están desarrollando actualmente en Indonesia. El contenido de la nota verbal se reproducirá en el documento CAT/C/GC/2001/1.

ISRAEL

47.El Comité examinó el tercer informe periódico de Israel (CAT/C/54/Add.1) en sus sesiones 495ª y 498ª, celebradas el 20 y el 21 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.495 y 498), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

48.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Israel, que debía haberse presentado el 1º de noviembre de 2000 y se recibió el 15 de marzo de 2001. El informe corresponde plenamente a las directrices del Comité sobre la preparación de los informes periódicos de los Estados Partes.

49.El Comité felicita al Estado Parte por haber garantizado la presentación de sus informes periódicos de forma oportuna y acoge con satisfacción la continuación de un diálogo constructivo con Israel.

B. Aspectos positivos

50.El Comité acoge con satisfacción lo siguiente:

a)La decisión del Tribunal Supremo de Israel de septiembre de 1999 en el caso Comité Público contra la Tortura en Israel c. el Estado de Israel que afirmaba que la utilización de determinados métodos de interrogatorio por la Agencia de Seguridad de Israel (ASI) que incluían el recurso a la "presión física moderada" era ilegal ya que violaba la protección constitucional del derecho de la persona a la dignidad;

b)El envío por las autoridades de la ASI de una directriz con instrucciones de que en todas las investigaciones de la ASI se respetara estrictamente la decisión del Tribunal;

c)La decisión del Gobierno de Israel de no poner en marcha una legislación que autorizara el uso de medios físicos en los interrogatorios realizados por la policía o la ASI;

d)La decisión del Tribunal Supremo de Israel de abril de 2000 según la cual la continuación de la detención de los detenidos libaneses en Israel que no constituían una amenaza a la seguridad nacional no se podía autorizar y la puesta en libertad subsiguiente de muchos detenidos libaneses;

e)La contribución regular de Israel al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

f)La realización de revisiones judiciales rápidas de la situación de personas detenidas después de que éstas dirigieran una petición al Tribunal Supremo;

g)La transferencia, en 1994, de la responsabilidad por la investigación de quejas contra la ASI al Ministerio de Justicia;

h)La creación de una comisión judicial de investigación de los acontecimientos de octubre de 2000 a consecuencia de los cuales murieron 14 personas.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

51.El Comité es plenamente consciente de la difícil situación a causa de los desórdenes a que hace frente Israel, en particular en los territorios ocupados, y comprende sus preocupaciones de seguridad. Aun reconociendo el derecho de Israel de proteger a sus ciudadanos de la violencia, reitera que no pueden invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura (párrafo 2 del artículo 2 de la Convención).

D. Motivos de preocupación

52.El Comité expresa su preocupación por los siguientes hechos:

a)Aun reconociendo la importancia de la decisión del Tribunal Supremo de septiembre de 1999, el Comité lamenta algunas de sus consecuencias:

i)La decisión no contiene una prohibición decidida de la tortura.

ii)El Tribunal prohíbe el uso de la privación del sueño con el fin de "romper" la resistencia del detenido, pero afirma que si es meramente una consecuencia del interrogatorio, no es ilegal. En la práctica, en los casos de interrogatorios prolongados es imposible distinguir entre las dos situaciones.

iii)El Tribunal indicó que los interrogadores de la ASI que utilizan presión física en circunstancias extremas ("los casos de una bomba de relojería") pueden no ser penalmente responsables ya que pueden recurrir al argumento de "necesidad".

b)Pese al argumento israelí de que todos los actos de tortura, según se definen en el artículo 1 de la Convención, son delitos penales en virtud de la legislación israelí, el Comité sigue sin estar convencido y reitera su preocupación de que la tortura según se define en la Convención todavía no se ha incorporado en la legislación interna.

c)Siguen recibiéndose alegaciones relacionadas con el uso de métodos de interrogatorio por la ASI contra detenidos palestinos que fueron prohibidos por la decisión del Tribunal Supremo de septiembre de 1999.

d)Se alega que se tortura y se maltrata a menores palestinos, en particular a los detenidos en la comisaría de Gush Etzion. También es motivo de preocupación la diferencia en la definición del niño en Israel y en los territorios ocupados. Si bien en virtud de la legislación israelí la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, la orden militar Nº 132 define al menor como alguien que tiene menos de 16 años (en Israel, incluidos sus territorios ocupados, aún se puede considerar penalmente responsable a menores de 12 años).

e)Aun observando que desde el examen del informe anterior ha habido una disminución importante en el número de personas en detención administrativa, el Comité sigue estando preocupado porque la detención administrativa no se ajusta al artículo 16 de la Convención.

f)El uso continuo de la detención en situación de incomunicación, incluso en el caso de los niños, preocupa gravemente al Comité.

g)A pesar de las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de orden público que ha recibido el Comité, se han iniciado muy pocos juicios contra los presuntos autores de esos delitos.

h)Aun observando que de acuerdo con la delegación cualquier alegación de violencia física contra un detenido siempre se trata y se investiga como un delito, el Comité está preocupado porque la División de Investigación de Faltas de Conducta de la Policía pueda decidir que un policía o un investigador de la ASI debe ser objeto únicamente de medidas disciplinarias en lugar de actuaciones penales. Esto puede equivaler a una violación del párrafo 1 del artículo 7 de la Convención.

i)Las políticas israelíes de cierre pueden, en algunos casos, equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 16 de la Convención).

j)Las políticas israelíes de demolición de viviendas pueden, en algunos casos, equivaler a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 16 de la Convención).

k)La práctica judicial de admitir pruebas objetivas derivadas de una confesión inadmisible es motivo de preocupación para el Comité.

l)El Comité también está preocupado por los casos de "asesinatos extrajudiciales" que se le han señalado.

E. Recomendaciones

53.El Comité hace las siguientes recomendaciones:

a)Las disposiciones de la Convención deberían incorporarse en el ordenamiento jurídico interno de Israel; en particular, debería tipificarse el delito de tortura según se define en el artículo 1 de la Convención;

b)La práctica de la detención administrativa en los territorios ocupados debería revisarse para garantizar su conformidad con el artículo 16;

c)El Estado Parte debería revisar sus leyes y políticas para garantizar que todos los detenidos sin excepción comparezcan rápidamente ante un juez y que se les garantice un acceso rápido a un letrado;

d)El Estado Parte debería garantizar que ni la policía ni la ASI utilicen en circunstancia alguna los métodos de interrogatorio prohibidos por la Convención;

e)El Estado Parte, en vista de las numerosas denuncias de tortura y malos tratos por parte de los agentes del orden, debería adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para prevenir el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes e instituir los correspondientes mecanismos eficaces de denuncia, investigación y enjuiciamiento;

f)Se debería permitir a todas las víctimas de la tortura y malos tratos un acceso efectivo a medidas apropiadas de rehabilitación e indemnización;

g)El Estado Parte debería desistir de las políticas de cierre y demolición de viviendas cuando contravienen el artículo 16 de la Convención;

h)El Estado Parte debería intensificar la educación y la capacitación en materia de derechos humanos, en particular con respecto a la Convención, para la ASI, las Fuerzas de Defensa de Israel, la policía y los médicos;

i)Hay que eliminar de la legislación interna la necesidad como posible justificación para el delito de tortura;

j)Hay que adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la exclusión no solamente de una confesión extraída mediante tortura, sino también de cualquier prueba derivada de ese tipo de confesión;

k)Israel debería considerar la posibilidad de retirar su reserva al artículo 20 y declararse a favor de los artículos 21 y 22.

UCRANIA

54.El Comité examinó el cuarto informe periódico de Ucrania (CAT/C/55/Add.1) en sus sesiones 488ª, 491ª y 499ª (CAT/C/SR.488, 491 y 499), y aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

55.El Comité acoge con satisfacción la presentación puntual del cuarto informe periódico de Ucrania. Observa que el informe no se ajusta plenamente a las directivas del Comité para la preparación de los informes periódicos. El Comité observa también que el informe trata fundamentalmente de disposiciones jurídicas y carece de información detallada acerca de algunos artículos de la Convención, así como del seguimiento de las recomendaciones que hizo tras examinar el tercer informe periódico. Con todo, el Comité quiere expresar su reconocimiento por la extensa información proporcionada verbalmente por la delegación del Estado Parte durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

56.El Comité observa con aprecio:

a)Los esfuerzos del Estado Parte para reformar su legislación, incluidos la adopción de un nuevo Código Penal que contiene un artículo en que se define la tortura como delito específico, el establecimiento de un nuevo Tribunal Constitucional, la promulgación de nueva legislación relativa a la protección de los derechos humanos y la adopción de una nueva Ley de inmigración.

b)Que, aunque el Estado Parte no es parte en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados ni en su Protocolo de 1967, en junio de 2001 adoptó una nueva Ley de refugiados que se adhiere -entre otras cosas- a la definición de "refugiado" que figura en esa Convención. El Comité acoge también con satisfacción la adopción en enero de 2001 de una nueva Ley de ciudadanía por la que se permite a las personas deportadas anteriormente regresar a Ucrania y obtener la ciudadanía del país.

c)La retirada de la Ley de secretos de Estado de los delitos que constituyen violación de los derechos humanos.

d)La abolición de la pena de muerte.

e)La información incluida en el informe de que, en virtud de una Ley de 5 de noviembre de 1998, Ucrania reconoció la competencia del Comité en su territorio, según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Convención.

f)La creación de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos (Ombudsman) que se encarga de la protección de los derechos humanos en Ucrania y el hecho de que el Ombudsman pueda visitar y tenga pleno acceso a todos los lugares donde haya personas privadas de libertad.

g)Las seguridades dadas por el jefe de la delegación de que se publicarán los informes de las tres visitas al Comité Europeo para la prevención de la tortura, que tuvieron lugar en 1998, 1999 y 2000.

C. Motivos de preocupación

57.Al Comité le preocupa lo siguiente:

a)Los numerosos informes que indican que la tortura se sigue practicando regularmente en el Estado Parte y que, según el Comisionado de Derechos Humanos, un 30% de los presos son víctimas de tortura.

b)La deportación forzosa de cuatro nacionales uzbekos, miembros de la oposición uzbeka, que corrían el riesgo de ser sometidos a torturas y cuyo caso era objeto de un llamamiento urgente del Relator Especial sobre la tortura.

c)Que haya jueces que formen parte de los recién creados "comités de coordinación de la lucha contra el delito" junto a los representantes del Ministerio del Interior, situación que es contraria al principio de separación de poderes y puede afectar a la independencia del poder judicial.

d)Las numerosas condenas basadas en confesiones y los criterios para el ascenso de los investigadores, que al parecer tienen en cuenta el número de casos resueltos, lo que puede dar lugar a torturas y malos tratos de los detenidos o sospechosos para obligarlos a "confesar".

e)Que las autoridades no hayan llevado a cabo investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas de las alegaciones de dichos actos y no hayan procesado y castigado a los responsables.

f)La información recibida por el Comité en el sentido de que se informa a los parientes y abogados de la detención únicamente después de que el detenido ha sido trasladado de la custodia policial a un centro de detención preventiva, proceso que normalmente dura como mínimo dos semanas. Preocupa también al Comité que no haya disposiciones jurídicas claras sobre el momento exacto en que el detenido puede ejercer su derecho a un abogado defensor, a examen médico y a informar a su familia de su detención.

g)La duración de la detención preventiva, que puede llegar a 18 meses según lo dispuesto en la ley pero en la práctica puede extenderse hasta tres años, de la detención administrativa (hasta 15 días) y la detención de los "vagabundos" (hasta 30 días).

h)Las largas condenas de prisión dictadas por la expresión no violenta de ideas e información.

i)Los informes de amenazas y hostigamiento, incluidos los malos tratos, contra periodistas independientes y otras personas que presentan alegaciones de abusos por parte de los funcionarios.

j)El hacinamiento y la falta de acceso a instalaciones de higiene básicas y a una atención médica adecuada, así como la alta incidencia de la tuberculosis en las prisiones y en los centros de detención preventiva.

k)La falta de una formación adecuada del personal de policía y penitenciario sobre sus deberes en virtud de la ley y los derechos de los detenidos.

l)A pesar de que se han realizado algunos progresos, en las fuerzas armadas se siguen practicando la intimidación y las novatadas (dedovshchina) con los jóvenes reclutas.

D. Recomendaciones

58.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Adopte medidas eficaces para evitar los actos de tortura y malos tratos en su territorio, habida cuenta de los repetidos informes de que la tortura se sigue practicando con regularidad;

b)Deposite ante el Secretario General de las Naciones Unidas una declaración en la que acepte la competencia del Comité con respecto a los artículos 21 y 22 de la Convención y retire su reserva con respecto al artículo 20;

c)Que se asegure de que sea estrictamente observado por las autoridades competentes del Estado Parte el principio consagrado en el artículo 3 de la Convención de que no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado en que estaría en peligro de ser sometida a tortura;

d)Que el Estado Parte establezca su jurisdicción para los delitos de tortura incluso aunque el autor del delito no sea nacional del Estado Parte siempre que se encuentre en cualquiera de los territorios bajo su jurisdicción y, en caso de que no ejerza jurisdicción, que extradite al autor del delito;

e)Que simplifique las disposiciones poco claras y a veces contradictorias sobre el momento en que el detenido tiene derecho a un abogado y que vele por que este derecho se ejerza desde el momento de la detención;

f)Que se asegure de que existe la prohibición legal de interrogar a los detenidos si no es en presencia de un abogado de su elección;

g)Que se adopten las medidas apropiadas para garantizar la independencia del poder judicial y los abogados y la objetividad de la fiscalía en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las normas internacionales;

h)Que asegure el respeto absoluto en la práctica del principio de inadmisibilidad de las pruebas obtenidas por medio de torturas;

i)Que tome medidas eficaces para establecer un mecanismo de denuncias plenamente independiente que garantice investigaciones inmediatas, independientes y completas de las denuncias de tortura, incluidas las numerosas y detalladas alegaciones recibidas de diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;

j)Que adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones en las cárceles y centros de detención preventiva, incluso en lo que se refiere al espacio, las instalaciones y las condiciones de salubridad, y que establezca un sistema de inspección de prisiones y centros de detención por funcionarios imparciales, cuyas conclusiones deberían publicarse;

k)Que reduzca el período actual de detención preventiva de 72 horas durante el cual puede mantenerse a los detenidos en células aisladas antes de llevarlos ante el juez;

l)Que acelere el proceso de formación de los agentes de orden público y el personal médico en lo relativo a su obligación de respetar los derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad;

m)Que adopte medidas eficaces para evitar y castigar la trata de mujeres y otras formas de violencia contra la mujer;

n)Que adopte un sistema más eficaz para acabar con la práctica de la intimidación y las novatadas (dedovshchina) en las fuerzas armadas, mediante la formación y la educación, y que procese y castigue a los infractores;

o)Que establezca un procedimiento para proporcionar una reparación a las víctimas de la tortura, en particular una indemnización justa y adecuada;

p)Que prosiga el programa contra la tuberculosis en las prisiones y centros de detención preventiva;

q)Que divulgue ampliamente en el país las conclusiones y recomendaciones del Comité, en todos los idiomas que corresponda.

ZAMBIA

59.El Comité examinó el informe inicial de Zambia (CAT/C/47/Add.2) en sus sesiones 494ª y 497ª, celebradas los días 19 y 20 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.494 y 497), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

60.El Comité acoge con satisfacción el informe de Zambia y agradece su enfoque franco y detallado. El Comité también expresa su reconocimiento a la delegación de alto nivel por sus respuestas sinceras y exhaustivas a las preguntas formuladas durante el diálogo.

B. Aspectos positivos

61.El Comité observa con satisfacción los siguientes aspectos:

a)El retiro de la reserva formulada por el Estado Parte con respecto al artículo 20 de la Convención;

b)El compromiso del Estado Parte de:

i)Tipificar la tortura como delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención;

ii)Proceder con carácter urgente a la promulgación de una legislación apropiada y otras medidas para garantizar la incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico interno;

iii)Garantizar la inadmisibilidad de las confesiones obtenidas mediante tortura y examinar la cuestión de las pruebas indirectas;

iv)Hacer las declaraciones relativas a los artículos 21 y 22 de la Convención; y

v)Traspasar la función de promover el procedimiento penal de la policía al Director del Ministerio Público;

c)La promulgación de la Ley de policía (modificada) de Zambia (Nº 14 de 1999), que establece las medidas destinadas a proteger y vigilar a las personas en detención preventiva;

d)La aplicación de un plan de reforma de la administración de justicia de menores que tiene por objeto mejorar el trato de los menores en el sistema de justicia penal;

e)La prohibición legal de las penas corporales; y

f)La creación de la Comisión de Derechos Humanos.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

62.El Comité reconoce las dificultades que ha experimentado el Estado Parte en la transición política a un sistema democrático de gobierno. También es consciente de las considerables limitaciones económicas y técnicas que enfrenta el Gobierno.

D. Motivos de preocupación

63.El Comité expresa su preocupación por las constantes denuncias del uso generalizado de la tortura, así como por la aparente impunidad de que gozan sus autores.

64.El Comité observa con preocupación que el Estado Parte no ha incorporado la Convención en su legislación ni ha introducido las disposiciones correspondientes respecto de diversos artículos, en especial:

a)La definición de tortura (art. 1);

b)La tipificación de la tortura como delito (art. 4);

c)La prohibición de las penas crueles en el sistema penal (art. 16);

d)El reconocimiento de la tortura como uno de los delitos que pueden ser objeto de extradición (art. 8);

e)El examen sistemático de las normas de interrogatorio (art. 11); y

f)La institución de su jurisdicción sobre los actos de tortura, incluidos los cometidos en el exterior (art. 5).

65.También expresa su preocupación con respecto a lo siguiente:

a)La demora en investigar las denuncias de tortura y en enjuiciar oportunamente a los sospechosos;

b)Las malas condiciones de reclusión que afectan la salud de los reclusos y de los guardianes, especialmente la falta de personal médico y de medicinas, así como el grave hacinamiento;

c)La incidencia de la violencia contra la mujer en la sociedad, como lo demuestran las denuncias de actos de violencia en las cárceles y en el hogar.

E. Recomendaciones

66.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Incorpore la Convención a su ordenamiento jurídico;

b)Adopte una definición de la tortura que concuerde plenamente con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención y establezca penas adecuadas;

c)Tome las debidas medidas para asegurar su jurisdicción sobre los delitos de tortura, dondequiera que se cometan;

d)Adopte medidas legislativas y de otra índole para terminar con la impunidad y vele por que los actos de tortura sean juzgados con todo el rigor de la ley y los autores de las quejas tengan acceso a asesoramiento letrado, de ser necesario;

e)Adopte normas jurídicas y otras medidas para garantizar el examen sistemático de las normas e instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio;

f)Intensifique los programas de capacitación y de educación sobre la prohibición de la tortura para los agentes del orden;

g)Establezca centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura;

h)Establezca programas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, incluso en la familia; e

i)Asegure el pronto y efectivo funcionamiento de la Dirección de Denuncias contra la Policía.

67.Si bien acoge con agrado la Ley de prisiones (modificada) que dispone la creación de cárceles al aire libre, el Comité insta al Estado Parte a multiplicar sus iniciativas para reducir el hacinamiento, a aplicar con mayor frecuencia penas no privativas de la libertad y a mejorar, en general, los lugares de detención, especialmente debido a los efectos perjudiciales para la salud de los reclusos y de los guardianes.

DINAMARCA

68.El Comité examinó el cuarto informe periódico de Dinamarca (CAT/C/55/Add.2) en sus sesiones 508ª, 510ª y 518ª, celebradas los días 2, 3 y 10 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.508, 510 y 518), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

69.El Comité acoge con beneplácito el cuarto informe periódico de Dinamarca, que se ha presentado a tiempo y que sigue exactamente las directrices generales del Comité para la preparación de informes periódicos. En particular, el Comité celebra la manera en que el Estado Parte ha abordado las anteriores recomendaciones del Comité en una parte separada del informe. El Comité acoge también con satisfacción el diálogo fructífero y abierto que ha sostenido con los representantes del Estado Parte.

B. Aspectos positivos

70.El Comité elogia al Estado Parte por mantener un alto grado de respeto de los derechos humanos en general y de sus obligaciones en virtud de la Convención en particular, así como por su activa participación en la lucha internacional contra la tortura.

71.El Comité acoge con agrado la recomendación formulada por el Comité establecido por el Ministerio de Justicia de que se incorporen tres importantes tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la Convención, en el derecho interno danés.

72.Toma también nota con satisfacción de:

a)La aprobación de una enmienda a la Ley de administración de justicia, que ha hecho mucho más estricto el control sobre el recurso al régimen de incomunicación, disminuyendo su utilización y previendo un control judicial de la incomunicación durante la detención preventiva;

b)Las circulares del Comisionado Nacional de Policía, en las que se prescribe, entre otras cosas, que los detenidos entren más rápidamente en contacto con sus familias, que se efectúe un examen médico obligatorio de todas las personas recluidas en una celda y el acceso sin demora a un abogado y a un intérprete;

c)La promulgación de una legislación que concede un estatuto más protector a los solicitantes de asilo;

d)Los esfuerzos desplegados para ejecutar programas de educación de la policía;

e)El tratamiento multidisciplinario de las personas que habitan en Dinamarca y que han sido víctimas de la tortura;

f)El aumento de la contribución del Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el apoyo continuo a los centros nacionales de rehabilitación para las víctimas de la tortura.

C. Motivos de preocupación

73.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La falta de una definición de tortura, como la que figura en el artículo 1 de la Convención, en la legislación penal del Estado Parte y la ausencia del delito preciso de tortura, castigada con penas adecuadas con arreglo al párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.

b)La falta de procedimientos eficaces para apelar contra las decisiones que imponen la incomunicación a los presos condenados.

c)La enmienda propuesta de la Ley de extranjería, en virtud de la cual los extranjeros a quienes se haya rehusado un permiso de residencia podrían tener que abandonar el país inmediatamente después del rechazo de su solicitud. Si se aplica estrictamente, esta disposición dejará sin efecto el artículo 22 de la Convención.

D. Recomendaciones

74.El Comité recomienda que:

a)El Estado Parte vele por la rápida aplicación de la recomendación del Comité Especial respecto de la incorporación de la Convención en el derecho interno de Dinamarca;

b)Dinamarca adopte disposiciones penales adecuadas para que la tortura, tal como está definida en el artículo 1 de la Convención, constituya un delito punible de conformidad con el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención;

c)El Estado Parte siga supervisando los efectos de la incomunicación en los detenidos, así como las consecuencias del nuevo proyecto de ley que ha reducido el número de razones que pueden motivar dicha incomunicación y su duración;

d)En las disposiciones legales que rigen la incomunicación de los condenados se establezcan mecanismos de revisión adecuados de la decisión que la impone y de su duración;

e)El Estado Parte garantice que la enmienda propuesta a la Ley de extranjería no impida el recurso efectivo al Comité por parte de los extranjeros, como se estipula en el artículo 22 de la Convención;

f)El Estado Parte dé amplia difusión en todo el territorio nacional y en todos los idiomas que proceda a las conclusiones y recomendaciones del Comité.

LUXEMBURGO

75.El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto de Luxemburgo (CAT/C/34/Add.14) en sus sesiones 514ª, 517ª y 525ª, celebradas los días 7, 8 y 15 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.514, 517 y 525), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

76.El Comité acoge con beneplácito los informes periódicos tercero y cuarto de Luxemburgo, que se presentaron en un único documento, de conformidad con lo recomendado por el Comité. El informe se presentó a tiempo y sigue exactamente las directrices generales del Comité para la preparación de informes periódicos. El Comité felicita al Estado Parte por la excelente calidad del informe y celebra el diálogo fructífero y constructivo que se ha sostenido con la delegación de alto nivel del Estado Parte durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

77.El Comité elogia al Estado Parte por mantener un alto grado de respeto de los derechos humanos en general y de sus obligaciones en virtud de la Convención en particular.

78.El Comité toma nota de los siguientes hechos positivos:

a)Se han tratado positivamente y con detalle todas las cuestiones que son motivo de preocupación, así como las recomendaciones anteriores del Comité.

b)Por Ley de 24 de abril de 2000, la tortura se ha tipificado en el Código Penal como delito y como circunstancia agravante de un delito contra las personas. Además, la definición de la tortura se basa en general en la definición que figura en el artículo 1 de la Convención y comprende tanto la tortura física como la moral.

c)La institución de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos el 26 de mayo de 2000.

d)La Ley de 31 de mayo de 1999, por la que se establecen el Cuerpo de Policía Granducal y el Departamento de Inspección General de la Policía, cuyo principal objeto es la fusión de la policía y la gendarmerie. La ley tipifica también como delito, entre otras cosas, la trata de personas.

e)La Ley de 14 de mayo de 2000, por la que se ratifica el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

C. Motivos de preocupación

79.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)Los menores respecto de los cuales se dicta una orden de internamiento en reformatorio son recluidos en cárceles para adultos;

b)La institución del régimen de incomunicación, en particular como medida preventiva durante la detención provisional.

D. Recomendaciones

80.El Comité recomienda:

a)Que el Estado Parte se abstenga de recluir en cárceles para adultos a los menores que deban ingresar en un reformatorio;

b)Que el régimen de incomunicación se rija estricta y expresamente por la ley y que la supervisión judicial se fortalezca de modo que este castigo se aplique solamente en circunstancias graves, con vistas a su abolición, en particular durante la detención provisional;

c)Que el Estado Parte estudie la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas sobre la indemnización adecuada de las víctimas de la tortura en particular;

d)Que las conclusiones y recomendaciones del Comité se difundan ampliamente en el Estado Parte en todos los idiomas que proceda.

NORUEGA

81.El Comité examinó el cuarto informe periódico de Noruega (CAT/C/55/Add.4) en sus sesiones 511ª, 514ª y 519ª, celebradas los días 6, 7 y 10 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.511, 514 y 519), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

82.El Comité acoge con beneplácito el cuarto informe periódico de Noruega, que fue presentado a tiempo y se ajusta cabalmente a las directivas del Comité para la elaboración de los informes periódicos de los Estados Partes. El Comité alaba al Estado Parte por la oportuna periodicidad de los informes y celebra el diálogo productivo y constructivo que ha sostenido con él.

B. Aspectos positivos

83.El Comité encomia al Estado Parte por su alto grado de respeto de los derechos humanos en general y por su cumplimiento de las disposiciones de la Convención.

84.El Comité toma nota con satisfacción de:

a)La aprobación de un plan de acción sobre los derechos humanos para el período de 2000 a 2004, como parte del seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, que indica, entre otras cosas, las medidas destinadas a seguir cumpliendo la Convención introducidas en la legislación noruega;

b)La promulgación de directrices sobre la notificación de la detención a los parientes y abogados, así como sobre el derecho a la atención de la salud de quien esté en detención preventiva;

c)Las propuestas de incorporar en el Código Penal una nueva disposición que prohíba y sancione la tortura, de conformidad con el artículo 1 de la Convención;

d)Las propuestas de modificar la Ley de procedimiento penal para reducir en general la aplicación del régimen de incomunicación y para reforzar la vigilancia judicial de éste por medio de la regulación y limitación jurídicas;

e)Los estudios realizados para determinar la calidad de las investigaciones que llevan a cabo los órganos especiales de investigación;

f)La regularidad y generosidad de las donaciones del Estado Parte al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

g)El alto porcentaje de mujeres entre los funcionarios de la judicatura, la policía y el servicio penitenciario.

C. Motivos de preocupación

85.El Comité sigue preocupado por la aplicación del régimen de incomunicación en la detención preventiva.

D. Recomendaciones

86.El Comité recomienda que:

a)Se promulgue la debida legislación para tipificar como delito la tortura en el derecho penal noruego, conforme al artículo 1 de la Convención, de acuerdo con la propuesta ya mencionada. Pide que en el próximo informe periódico de Noruega se informe a este respecto.

b)En el próximo informe periódico del Estado Parte se informe sobre las medidas adoptadas para responder a la constante inquietud del Comité acerca de la aplicación del régimen de incomunicación en la detención preventiva.

c)En el próximo informe periódico del Estado Parte se informe de lo ocurrido con las propuestas de modificación de la Ley de procedimiento penal en cuanto al régimen de incomunicación.

d)En el próximo informe periódico de Noruega también se informe de las propuestas de modificación de la Ley de extranjería en base a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad sobre la cooperación internacional para luchar contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo.

e)Que las conclusiones y recomendaciones del Comité se difundan ampliamente en el Estado Parte en todos los idiomas que proceda.

FEDERACIÓN DE RUSIA

87.El Comité examinó el tercer informe periódico de la Federación de Rusia (CAT/C/34/Add.15) en sus sesiones 520ª, 523ª y 526ª, celebradas los días 13, 14 y 16 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.520, 523 y 526), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

88.El Comité acoge con agrado el tercer informe periódico de la Federación de Rusia, que fue presentado con retraso. El informe responde directamente a algunos de los motivos de preocupación y las recomendaciones formulados por el Comité en las conclusiones aprobadas en 1996. El Comité lamenta que, pese a las garantías del Estado Parte de que le proporcionaría prontamente la información adicional solicitada en el examen, ese material no ha sido recibido. El Comité aprecia la información actualizada y detallada, así como las extensas respuestas, dadas de viva voz por los representantes del Estado Parte durante la actualización oral, pero observa que por falta de tiempo han quedado sin respuesta muchas de las preguntas que formuló durante el examen del tercer informe periódico.

B. Aspectos positivos

89.El Comité toma nota de los siguientes hechos positivos:

a)La ratificación del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes.

b)La aprobación del nuevo Código Penal y del nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal, así como las garantías del Estado Parte de que todas las disposiciones de este último entrarán en vigor el 1º de julio de 2002. El Comité acoge con agrado la introducción en el Código de Enjuiciamiento Criminal del juicio por jurado, de límites más rigurosos para la detención y los interrogatorios, de disposiciones sobre la inadmisibilidad de pruebas obtenidas en ausencia de un abogado defensor y de la autoridad conferida al juez y no al fiscal para ordenar un arresto.

c)La transferencia de la autoridad del Ministerio del Interior sobre el sistema penitenciario al Ministerio de Justicia.

d)Las medidas introducidas para mejorar las condiciones de detención en las cárceles y reducir el hacinamiento.

e)Las garantías del representante del Estado Parte de que se establecerá el servicio alternativo y un "servicio militar voluntario por contrato" en lugar del servicio militar obligatorio.

f)La orden Nº 46 del Fiscal General que dispone la presencia de un representante de la Fiscalía durante las "operaciones especiales" realizadas en Chechenia, y la orden Nº 80 del Comandante de las Fuerzas Federales del Cáucaso del norte que dispone que las tropas se identifiquen, se registren las detenciones, se notifique a los familiares y se tomen otras medidas para evitar que se cometan abusos contra los civiles.

g)La creación en el Ministerio del Interior de un grupo de trabajo especial encargado de hacer concordar la legislación nacional con el derecho internacional de los refugiados.

C. Factores y dificultades

90.El Comité agradece las francas explicaciones de la delegación sobre las dificultades que todavía encuentra el Estado Parte para superar el sistema caracterizado por "arbitrariedad e impunidad" que ha heredado y para establecer y afianzar instituciones democráticas y el estado de derecho. Toma nota de que estos problemas se agravan con los "actos de terrorismo" y las amenazas a la seguridad. Pese a ello, el Comité reitera que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales... como justificación de la tortura".

D. Motivos de preocupación

91.El Comité está profundamente preocupado por lo siguiente:

a)Las numerosas y constantes denuncias de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes generalizados de los detenidos cometidos por los agentes del orden, generalmente con el fin de obtener una confesión;

b)Las constantes denuncias, pese a los considerables esfuerzos realizados por el Estado Parte para iniciar un diálogo y establecer salvaguardias preventivas, como por ejemplo una línea telefónica directa para las víctimas, de "novatadas" (dedovshchina) generalizadas en el ejército, así como de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las fuerzas armadas, infligidos por los oficiales, o con su consentimiento o aprobación, que resultan en graves daños físicos o mentales para las víctimas;

c)El cuadro persistente de impunidad por tortura y otros malos tratos para funcionarios civiles y militares, falta de noticias sobre decisiones judiciales de desestimación o devolución de casos a la fase de investigación por haber obtenido la confesión mediante tortura, y el escaso número de personas que han sido condenadas por infringir la Convención.

92.El Comité también expresa preocupación por lo siguiente:

a)No haber definido la tortura en el ordenamiento jurídico interno de conformidad con el artículo 1 de la Convención. La designación de la tortura como una circunstancia agravante en el caso de algunos delitos enumerados no cumple lo que disponen los artículos 1 y 4 de la Convención.

b)Los numerosos casos de condenas fundadas en confesiones y el sistema de ascensos en las fuerzas del orden basados en el porcentaje de delitos resueltos, que sumados crearían condiciones que favorecen el uso de la tortura y de los malos tratos para hacer "confesar" a los detenidos.

c)El insuficiente acceso de las personas privadas de libertad, inmediatamente después de haber sido detenidas, a un asesor letrado, un médico o un miembro de la familia, que constituye una importantísima salvaguardia contra la tortura.

d)La negativa de hecho de los jueces a tener en cuenta las pruebas de tortura y de malos tratos que aporta el acusado, con lo cual en tales casos no se realiza ni la instrucción ni el enjuiciamiento.

e)La explicación del Estado Parte de que, aunque haya numerosas denuncias de violencia contra la mujer en detención, no se ha recibido ninguna queja oficial al respecto. Pese a los esfuerzos del Estado Parte por dejar en libertad a los presos y reducir su número en general, la población carcelaria femenina se ha duplicado en los últimos decenios.

f)La falta de formación práctica sobre las obligaciones dimanantes de la Convención para médicos, agentes del orden y jueces, así como para los militares.

g)Las lamentables condiciones de la prisión preventiva, incluida la prevalencia de tuberculosis y otras enfermedades, así como las malas condiciones de detención sin inspecciones en el caso de la detención policial provisional y de la cárcel de encausados, incluida la práctica de poner persianas de metal en la ventana de la celda, para impedir la entrada de luz natural y la ventilación, presuntamente porque la ley prohíbe a los reclusos comunicarse entre sí.

h)El bajo grado de independencia y de eficacia de la Fiscalía, debido, como ha reconocido el Estado Parte, a los problemas que plantea la doble responsabilidad que ésta tiene de promover el juicio y de supervisar el curso de la instrucción.

i)Informes de que las condiciones de los niños en las instituciones o lugares de detención son equivalentes a tratos inhumanos o degradantes.

j)La falta de garantías para que una persona no sea devuelta a un país donde corre un riesgo real de torturas (no devolución).

93.El Comité está especialmente preocupado por lo siguiente, en relación con los acontecimientos en Chechenia:

a)Los numerosos y constantes informes de grave violación de los derechos humanos y de la Convención, como detención arbitraria, tortura y malos tratos, incluidas confesiones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, particularmente durante las "operaciones especiales" o "redadas", y la creación de centros de detención temporarios o ilegales, incluidos los "campos de filtración". Las alegaciones de violencia sexual brutal son demasiado frecuentes. Además, unidades armadas que presuntamente son muy crueles con los civiles han sido enviadas nuevamente a la zona en conflicto.

b)En Chechenia numerosas unidades y fuerzas armadas operan bajo la autoridad de diversos departamentos y servicios y entorpecen la identificación del personal responsable de los pretendidos abusos mencionados.

c)El inclumplimiento de las órdenes Nos. 46 y 80, mencionadas ya entre los aspectos positivos.

d)El sistema de doble jurisdicción que existe en Chechenia, con fiscales y tribunales militares y civiles, lo cual produce largas e inaceptables demoras en el registro de los casos y resulta en un proceso cíclico por el cual la información sobre el caso y la responsabilidad de iniciar la investigación sigue pasándose de un funcionario a otro sin que se dé inicio a las actuaciones. El Comité observa con preocupación que el fiscal civil no puede interrogar al personal militar ni realizar una investigación en los emplazamientos militares a fin de reunir las pruebas necesarias para obligar a la fiscalía militar a encargarse de un caso. También es motivo de preocupación la falta de independencia de los tribunales, fiscales y jueces militares, con lo cual son muy pocas las causas que se abren para juzgar a los presuntos responsables de abusos.

E. Recomendaciones

94.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Incorpore inmediatamente en el ordenamiento jurídico interno una definición de la tortura conforme al artículo 1 de la Convención, y tipifique la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como delitos sancionables con penas apropiadas.

b)Adopte medidas para permitir a los detenidos el acceso a un abogado, a un médico y a los miembros de su familia desde el momento de su detención; informe a los sospechosos y a los testigos de sus derechos al comienzo de la detención, y garantice la prestación de asistencia letrada y médica a solicitud de los detenidos y no sólo cuando lo permitan los encargados. Habría que considerar con urgencia la posibilidad de exigir un examen médico obligatorio de las personas que ingresan en los centros de detención provisional o las cárceles de encausados y de crear un servicio de atención médica independiente de los Ministerios del Interior y de Justicia para que realice esos exámenes.

c)Garantice en la práctica el respeto absoluto del principio de inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y revise las condenas basadas únicamente en confesiones, reconociendo que muchas de ellas pueden haber sido obtenidas mediante torturas o malos tratos y, según corresponda, conceda indemnización a las personas que hayan presentado pruebas fehacientes de haber sido torturadas o maltratadas, y las deje en libertad.

d)Mejore las condiciones en las cárceles y en los centros de detención preventiva para que se ajusten a lo que dispone la Convención. En particular, el Estado Parte debería garantizar que la prohibición de la comunicación entre los detenidos en prisión preventiva no se imponga a todos por igual, sino que esté limitada a determinados detenidos, cuando sea necesario y previa decisión judicial que fije el plazo para ese tipo de detención.

e)Establezca un programa de inspecciones sorpresivas de los centros de prisión preventiva y demás lugares de detención por investigadores imparciales y dignos de confianza, cuyas conclusiones se publiquen.

f)Examine la posibilidad de crear un órgano independiente para inspeccionar las cárceles y detectar toda forma de violencia durante la reclusión, incluida la violencia sexual tanto contra el hombre como contra la mujer, y toda forma de violencia entre los presos, incluida la violencia indirecta con el consentimiento de los funcionarios. La participación del defensor público en la etapa de la instrucción que sigue a la detención será una garantía para los detenidos.

g)Garantice la formación del personal respecto de las obligaciones dimanantes de la Convención para que: i) los médicos puedan detectar señales de tortura o de malos tratos en las personas que han estado o están privadas de su libertad; ii) los agentes del orden y los jueces inicien una investigación pronta e imparcial; y iii) el personal militar conozca la prohibición de la tortura y sepa que no se puede invocar la orden de un oficial superior como justificación de ello.

h)Solicite al Tribunal Supremo que analice las prácticas vigentes para admitir casos de tortura en los tribunales, partiendo de la definición de tortura prevista en el artículo 1 de la Convención, y considere la posibilidad de elaborar directrices sobre esta cuestión.

i)Asegure una investigación pronta, imparcial y completa de todas las denuncias de posibles torturas formuladas a las autoridades, así como el enjuiciamiento y la sanción, según corresponda, de los autores, y proteja de las represalias a las personas que han denunciado torturas y a sus testigos.

j)Dé instrucciones apropiadas a todos los funcionarios competentes sobre la prohibición de los malos tratos y de la tortura de niños en instituciones y cárceles bajo la jurisdicción del Estado, y asegure su aplicación.

k)Garantice que no se proceda a la expulsión, devolución o extradición de ninguna persona a otro país cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

95.Con respecto a la situación en Chechenia, el Comité también recomienda que el Estado Parte:

a)Aclare la jurisdicción sobre los acontecimientos en Chechenia que actualmente es incierto, ya que no existe un Estado de emergencia sino un conflicto armado no internacional. Esta aclaración facilitaría un medio eficaz de desagravio de las violaciones cometidas, sin que las personas se vean atrapadas en un laberinto de departamentos y organismos militares y civiles con diferentes grados de responsabilidad.

b)Si bien en Chechenia se han establecido diversos mecanismos en relación con las denuncias de violación de los derechos humanos, ninguno reúne las características propias de un órgano de investigación imparcial e independiente. Por lo tanto, el Comité reitera su conclusión de 1996 en que pedía al Gobierno del Estado Parte la creación de un comité creíble, imparcial e independiente para que investigara las denuncias de violación de la Convención por las fuerzas militares de la Federación de Rusia y los separatistas chechenos con el fin de llevar ante los tribunales a aquellos contra quienes existiesen pruebas de participación o complicidad en tales actos (A/52/44, párr. 43 h)).

c)Garantice la aplicación efectiva de las órdenes Nos. 46 y 80 y elabore directrices amplias sobre la forma en que se realizan las redadas.

d)Aumente los poderes del Representante Especial del Presidente con respecto a los derechos humanos y civiles y las libertades en Chechenia a fin de que realice investigaciones y formule recomendaciones al ministerio público sobre los posibles casos penales.

e)Tome medidas para garantizar la fiscalización civil del ejército y garantice en la práctica, que las novatadas, torturas y malos tratos estén prohibidos en el ejército, entre los reclutas y los oficiales.

f)Considere la posibilidad de crear un grupo mixto de investigación integrado por fiscales militares y civiles hasta que se haya destinado responsabilidades y establecido la jurisdicción correspondiente.

96.El Comité también recomienda que el Estado Parte:

a)Le proporcione los datos solicitados, incluida información desglosada, por ejemplo, por edad, sexo, origen étnico y ubicación geográfica, de los lugares de detención civiles, militares y de otro tipo, así como los centros de detención de menores y otras instituciones pertinentes, y suministre información en el próximo informe periódico sobre el número, los tipos y la resolución de los casos de sanción de policías u otros agentes del orden por torturas o delitos conexos, comprendidos los casos desestimados por los tribunales.

b)Difunda ampliamente dentro del país las conclusiones y recomendaciones del Comité, así como las actas resumidas del examen del informe, en los idiomas que proceda, y para la preparación del próximo informe considere la posibilidad de consultar con organizaciones independientes de derechos humanos, libertades civiles y asesoramiento jurídico, así como con grupos de defensa pública.

ARABIA SAUDITA

97.El Comité examinó el informe inicial de la Arabia Saudita (CAT/C/42/Add.2) en sus sesiones 516ª, 519ª, 521ª y 524ª, celebradas los días 8, 10, 13 y 15 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.516, 519, 521 y 524), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

98.El Comité acoge con beneplácito la presentación del informe inicial, aunque lamenta su retraso y la escasez de información sobre el disfrute efectivo de los derechos enunciados en la Convención en la Arabia Saudita. En general, el informe se ajusta a las pautas generales del Comité para la presentación de informes. El Comité también acoge con satisfacción la oportunidad de entablar un diálogo con una numerosa delegación sobre muchas cuestiones que se plantean en relación con la Convención, diálogo favorecido por una extensa presentación oral.

B. Aspectos positivos

99.El Comité celebra:

a)La adhesión del Estado Parte a la Convención contra la Tortura el 23 de septiembre de 1997, así como su adhesión a varios otros tratados fundamentales de derechos humanos y la intención que ha expresado de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El Comité celebra también la declaración del Estado Parte de que su ordenamiento jurídico interno, incluidas las partes que se fundan en la Sharia, permite el pleno reconocimiento de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención.

b)Las novedades jurídicas positivas concebidas para realzar el imperio de la ley y la buena administración de justicia que se han producido desde la preparación del informe, por ejemplo, ciertos aspectos de los recién promulgados Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y Código de Deontología para los Abogados. El Comité celebra en particular que el Código de Procedimiento Penal garantice el derecho de todos los acusados a disponer de asistencia letrada en todas las fases de la instrucción y del juicio.

c)La declaración del Estado Parte de que en su derecho interno no se prevé que sea posible invocar ninguna circunstancia excepcional, ni siquiera las órdenes de funcionarios superiores, para defenderse contra una acusación de tortura, la confirmación de que las confesiones extraídas mediante la tortura no son admisibles en el procedimiento y la seguridad que se ha dado verbalmente de que la confesión se puede revocar en cualquier fase del procedimiento. Se señala que el Estado Parte ha dado su palabra de que no se imponen castigos corporales a los menores.

d)Que la Junta de Reclamaciones sea competente para entender en las alegaciones de violación de los derechos humanos y que ciertos establecimientos médicos dispongan de adecuados expertos forenses para examinar a las presuntas víctimas de la tortura. El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de una comisión permanente encargada de investigar las acusaciones de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante el arresto, la detención o la investigación de sospechosos.

e)La invitación del Estado Parte al Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de los magistrados y abogados para que examine su derecho, su política y las prácticas seguidas en esta esfera.

C. Motivos de preocupación

100.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)Aunque señala la indicación del Estado Parte de que la Sharia prohíbe expresamente la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, el propio ordenamiento jurídico del Estado Parte no refleja explícitamente esta prohibición ni dicta sanciones penales. El Comité considera que la incorporación expresa en el ordenamiento interno del Estado Parte del delito de tortura, tal como está definido en el artículo 1 de la Convención, es necesaria para indicar la importancia esencial que tiene esta prohibición.

b)La condena a castigos corporales y la ejecución de éstos por las autoridades judiciales y administrativas, comprendidos en particular la flagelación y la amputación de miembros, que no concuerdan con lo que dispone la Convención.

c)Los diferentes regímenes aplicables, de hecho y de derecho, a los nacionales y a los extranjeros en relación con su derecho reconocido a no ser víctima de actos que violen la Convención y con su capacidad para denunciar esos actos. El Comité recuerda que la Convención y la protección que ofrece son aplicables a todos los actos que violen la Convención y que se produzcan dentro de su jurisdicción, de donde se sigue que todas las personas tienen derecho, en igual medida y sin discriminación, a gozar de los derechos enunciados en ella.

d)Las alegaciones de detención preventiva de algunas personas prolongada más allá de los límites legales prescritos, lo que aumenta el riesgo de actos que violen la Convención y puede ocasionalmente constituir de por sí un acto de esta clase. A este respecto, el Comité expresa su preocupación por los casos de denegación de acceso a los servicios consulares a los extranjeros detenidos, a veces durante largos períodos de tiempo. Además, el Comité está preocupado por la escasa supervisión judicial de la prisión preventiva.

e)Las denuncias de incomunicación de los detenidos, a veces prolongada, en especial durante la instrucción de la causa. La denegación de acceso a asistencia letrada o médica externa, así como a los miembros de la familia, aumenta la probabilidad de que los actos que violan la Convención no sean debidamente perseguidos ni castigados.

f)La especificación en el artículo 100 de los estatutos de la Dirección de Seguridad Pública de que el agente investigador debe tratar "con mesura" de averiguar las razones del silencio de un sospechoso. Aunque en el artículo se prohíbe formalmente el recurso a la tortura o la coerción, esa especificación aumenta injustificadamente el riesgo de una conducta que viole la Convención.

g)Los casos de deportación de extranjeros que han sido señalados al Comité y que parecen haberse llevado a cabo en incumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 3 de la Convención.

h)La jurisdicción de la policía Mutawe'en,que se extiende a la persecución, entre otras cosas, de los delitos contra la moral y a la represión de toda conducta que no favorezca la moralidad y la seguridad públicas. Preocupa al Comité que las facultades de este cuerpo estén imprecisamente definidas en la ley y que sus actividades violen la Convención.

i)El aparente fallo del Estado Parte en cuanto al establecimiento de mecanismos eficaces para investigar las quejas de violación de la Convención.

j)Aunque se señala la creación por el Estado Parte de mecanismos para indemnizar por actos que violen la Convención, en realidad parece que rara vez se obtiene una indemnización y, por consiguiente, el pleno disfrute de los derechos garantizados por la Convención está limitado.

D. Recomendaciones

101.El Comité recomienda en particular que el Estado Parte:

a)Incorpore expresamente en su ordenamiento jurídico interno el delito de tortura en términos que correspondan al artículo 1 de la Convención;

b)Reexamine la imposición de castigos corporales que violen la Convención;

c)Se cerciore de que en la práctica sus leyes se apliquen a todos, independientemente de la nacionalidad, el sexo, la afiliación religiosa u otras diferencias, en la medida en que entren en juego cuestiones relacionadas con la Convención;

d)Se cerciore de que todos los lugares de detención o encarcelamiento respondan a normas que garanticen que nadie sea víctima de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

e)Vele por que sus disposiciones jurídicas y sus prácticas reflejen las obligaciones impuestas por el artículo 3 de la Convención;

f)Garantice que todas las personas que hayan sido víctimas de la violación de los derechos enunciados en la Convención tengan acceso, de hecho y de derecho, a los medios necesarios para obtener plena reparación, indemnización inclusive, y que las personas responsables de esas violaciones sean objeto de investigación pronta e imparcialmente y, en su caso, castigadas;

g)Se cerciore de que la jurisdicción de la policía Mutawe'en sea clara y precisa, de conformidad con la Convención y con otras normas sobre la no discriminación aplicables, de un modo que se rija por la ley y con sujeción al control de la autoridad judicial ordinaria;

h)Vele por que en la práctica las personas detenidas puedan obtener rápido acceso a la asistencia letrada y médica que elijan, a los miembros de su familia y, en el caso de los nacionales extranjeros, al personal consular;

i)Vele por que la composición del órgano judicial se ajuste a cabalidad a las normas contenidas en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura;

j)Vele por que la formación del personal encargado del cumplimiento de la ley comprenda educación e información sobre el reconocimiento de las consecuencias físicas de la tortura, conformes a las que se ofrece a una parte de su personal médico de conformidad con el artículo 10 de la Convención;

k)Tome medidas adecuadas para permitir la creación de organizaciones no gubernamentales independientes y la realización de sus actividades en materia de defensa de los derechos humanos;

l)Proporcione datos en el próximo informe periódico, desglosados por edad, sexo, origen étnico, nacionalidad, ubicación geográfica y otras características, sobre las personas privadas de su libertad en cárceles u otros lugares, u objeto de alguna otra sanción, que puedan estar expuestas a actos que violen la Convención, e información sobre el resultado de los casos de procesamiento o sanción de policías u otros agentes del orden por actos que prohíbe la Convención;

m)Estudie la posibilidad de formular la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención; y

n)Divulgue en todo el país y en todos los idiomas del caso las conclusiones y recomendaciones del Comité.

SUECIA

102.El Comité examinó el cuarto informe periódico de Suecia (CAT/C/55/Add.3) en sus sesiones 504ª y 507ª, celebradas el 30 de abril y el 1º de mayo de 2002 (CAT/C/SR.504 y 507), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

103.El Comité acoge con satisfacción el cuarto informe periódico de Suecia, que fue presentado antes del plazo fijado y fue redactado siguiendo las directrices del Comité.

104.El Comité acoge con satisfacción la información adicional que ha facilitado la delegación de Suecia, verbalmente y por escrito, demostrando la voluntad del Estado Parte de continuar un diálogo franco y abierto con el Comité. El Comité también destaca los esfuerzos realizados por la delegación para contestar sus preguntas a cabalidad.

B. Aspectos positivos

105.El Comité destaca con satisfacción la firme y total dedicación a los derechos humanos manifestada por Suecia y la respuesta positiva a las anteriores recomendaciones del Comité. En particular, acoge con beneplácito lo siguiente:

a)La adopción de un plan nacional de derechos humanos para los años 2002 a 2004 como parte del seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, que tiene como tema principal la cuestión de la protección internacional contra la persecución y la tortura. El Comité acoge con satisfacción el plan de las autoridades suecas de traducir las conclusiones y recomendaciones de los seis órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas y de distribuirlas en los municipios.

b)La creación en diciembre de 2000 de una comisión especial para estudiar la forma en que se llevó a cabo la investigación del homicidio culposo en detención en 1995 de Osmo Vallo. El Comité toma nota en particular de que la Comisión Osmo Vallo publicó sus conclusiones y recomendaciones en abril de 2002, y que han sido sometidas al Ministerio de Justicia.

c)La creación en diciembre de 2000 de un comité parlamentario oficial para determinar si es satisfactorio el marco existente para tramitar las denuncias de actos ilícitos cometidos por la policía.

d)La creación de un comité oficial para investigar la actuación de la policía durante los sucesos de Gotemburgo y determinar cómo debe proceder la policía en caso de manifestaciones públicas para proteger el orden público, así como el derecho fundamental de participar en una manifestación.

e)La creación de una comisión especial para reformar la legislación y la jurisprudencia relativa a la aplicación de las decisiones de expulsión del territorio sueco, especialmente las referentes a alegaciones de que las personas han sido expulsadas a países en que no tienen ningún lazo importante.

f)Los numerosos estudios y proyectos destinados a mejorar el ordenamiento jurídico interno en materia de protección de los derechos humanos, en especial la jurisdicción de los tribunales suecos sobre los delitos internacionales cometidos en el exterior, y el mejoramiento del procedimiento para solicitar asilo.

g)La garantía de las autoridades suecas de que han actuado de conformidad con las observaciones del Comité sobre las quejas individuales y la obligación del Estado Parte de no devolver a determinadas personas a los países donde corren riesgo de ser torturadas. El Comité también acoge con agrado que la Ley de extranjería contenga una disposición que permite a las autoridades de inmigración suecas basar sus decisiones directamente en las observaciones de órganos internacionales.

C. Motivos de preocupación

106.Si bien las disposiciones específicas para incorporar la Convención en el ordenamiento jurídico interno quedan a discreción de cada Estado Parte, los medios utilizados deben ser apropiados, es decir, sus resultados deben mostrar que el Estado Parte ha cumplido plenamente sus obligaciones. Por lo que respecta a la incorporación de los tratados internacionales en el derecho interno, Suecia ha optado por el dualismo y, por lo tanto, debe promulgar la legislación apropiada para incorporar la Convención contra la Tortura. El Comité observa que el derecho interno sueco no contiene una definición de la tortura que concuerde con el artículo 1 de la Convención. Sobre todo, ni la tortura ni los tratos crueles, inhumanos y degradantes están tipificados como delitos de mayor o menor gravedad en el derecho penal del país.

107.El Comité también deja constancia de su preocupación por lo siguiente:

a)La alegación de que algunos extranjeros han sido expulsados o devueltos a un país en que no tienen lazos importantes en base, por ejemplo, a criterios lingüísticos que a veces no son metódicos ni seguros y que podrían conducir al incumplimiento del artículo 3 de la Convención.

b)La Ley de vigilancia especial de extranjeros, conocida como la ley antiterrorista, permite la expulsión de los extranjeros sospechosos de terrorismo mediante un procedimiento que podría no estar acorde con la Convención porque no está prevista la apelación.

c)En los últimos años, en Suecia han ocurrido varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía y guardias penitenciarios, que provocaron la muerte de las víctimas. Además, en el año 2001 se produjeron los disturbios de Gotemburgo, que dieron lugar a muchas denuncias de malos tratos.

d)Alegaciones de que las directrices sobre el uso de la fuerza que se dan a los policías y guardias penitenciarios son imprecisas, a menudo subjetivas e inadecuadas y de que su capacitación es deficiente.

e)Si bien en el informe periódico se afirma que una declaración obtenida por la fuerza no puede utilizarse como prueba en el juicio, no parece haber una disposición legal que lo establezca claramente.

D. Recomendaciones

108.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Incorpore a en su ordenamiento jurídico interno la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención, y tipifique los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes como delitos específicos que se castigan con penas apropiadas.

b)Garantice que, en el caso de devolución de un extranjero, se le expulse a un país de su elección o a un país en que tenga lazos reales y donde no haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura.

c)Ajuste las disposiciones de la Ley de vigilancia especial de extranjeros a la Convención.

d)Mejore el mecanismo de seguimiento de las garantías de un trato adecuado ofrecido por el país al que sea expulsado un extranjero.

e)Realice investigaciones más amplias y detalladas de la situación de los derechos humanos en el país de origen de los solicitantes de asilo.

f)Vele por que todas las denuncias de violaciones cometidas por policías y guardias penitenciarios, especialmente toda muerte en detención, se investiguen pronta e imparcialmente. Se debería prestar la debida atención a las conclusiones y recomendaciones de la "Comisión Osmo Vallo".

g)Mejore los programas de educación en materia de derechos humanos destinados a los funcionarios policiales y penitenciarios y demás fuerzas de seguridad, así como los programas de capacitación en la aplicación del Manual de procedimientos policiales y legítima defensa.

h)Se cerciore de que la prohibición de utilizar como prueba en los juicios las declaraciones obtenidas mediante tortura esté claramente formulada en el derecho del país.

109.El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su quinto informe periódico un resumen de las conclusiones y recomendaciones de las comisiones y los comités nacionales mencionados e indique la forma en que se han cumplido.

110.El Comité también recomienda que el Estado Parte difunda ampliamente en el país las conclusiones y recomendaciones del Comité en todos los idiomas que proceda.

UZBEKISTÁN

111.El Comité examinó el segundo informe periódico de Uzbekistán (CAT/C/53/Add.1) en sus sesiones 506ª, 509ª y 518ª, celebradas los días 1, 2 y 8 de mayo de 2002 (CAT/C/SR.506, 509 y 518), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

112.El Comité acoge con beneplácito el segundo informe de Uzbekistán, que se presentó a tiempo y de conformidad con la solicitud anterior del Comité, y aprecia la considerable información que se da sobre las numerosas reformas iniciadas para armonizar la legislación nacional con las obligaciones del Estado Parte en virtud de la Convención. El Comité observa que el informe contiene escasa información sobre el cumplimiento de la Convención en la práctica, pero desea expresar su reconocimiento por la extensa actualización de la información hecha verbalmente por los representantes del Estado Parte durante el examen del informe y por la voluntad del Estado Parte de suministrar por escrito más información y las estadísticas pertinentes.

B. Aspectos positivos

113.El Comité toma nota de los hechos positivos siguientes:

a)La ratificación de varios tratados de derechos humanos importantes y la promulgación de numerosos textos legislativos encaminados a armonizar la legislación del Estado Parte con las obligaciones contraídas en virtud de esos tratados;

b)Las iniciativas tomadas por el Estado Parte en materia de educación para familiarizar a los diversos sectores con las normas internacionales de derechos humanos y los amplios esfuerzos desplegados para colaborar con las organizaciones internacionales a fin de promover la comprensión de los derechos humanos, entre otras cosas solicitando la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;

c)Los informes del Estado Parte sobre sus actividades encaminadas a redactar una definición de la tortura que sea compatible con la definición contenida en el artículo 1 de la Convención y la presentación al Parlamento de un proyecto de ley que tiene por objeto autorizar las denuncias de los ciudadanos en materia de tortura;

d)La seguridad ofrecida por el representante del Estado Parte de que éste tiene la voluntad decidida de establecer un aparato judicial independiente;

e)El informe del representante del Estado Parte sobre el establecimiento de un sistema de apelación contra las sentencias y la introducción de penas alternativas al encarcelamiento y la liberación de los presos bajo fianza;

f)La información facilitada por el representante del Estado Parte de que se está preparando la respuesta a las conclusiones de un estudio oficial sobre las denuncias presentadas en la Oficina del Defensor del Pueblo, que habían revelado la existencia de condenas judiciales dudosas, incidentes de tortura o malos tratos a manos de los agentes del orden público y una supervisión inadecuada de la aplicación de las normas de derechos humanos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley;

g)El enjuiciamiento en enero de 2002 de cuatro agentes de policía y su condena al encarcelamiento por tortura, y la declaración del representante del Estado Parte de que este fue un momento decisivo, signo de la resuelta voluntad del Estado Parte de hacer respetar en la práctica la prohibición de la tortura.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

114.El Comité se da cuenta de la dificultad que entraña superar el legado de un sistema totalitario en la transición hacia una forma democrática de gobierno y de que a esta dificultad se añade la inestabilidad en la región. Sin embargo, el Comité subraya que estas circunstancias no se pueden invocar para justificar la tortura.

D. Motivos de preocupación

115.El Comité expresa preocupación por lo siguiente:

a)Las alegaciones particularmente numerosas, continuas y sistemáticas de actos especialmente brutales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del orden público;

b)La falta de acceso adecuado de las personas privadas de libertad desde el momento en que son detenidas a un abogado independiente, a un médico o perito médico y a los miembros de su familia, como una protección importante contra la tortura;

c)El grado insuficiente de independencia y eficacia de la Fiscalía, en particular porque el fiscal tiene competencia para controlar la duración de la detención preventiva, que se puede prolongar hasta 12 meses;

d)La falta de formación práctica de i) los médicos para reconocer los signos de tortura o malos tratos en las personas que han estado o están detenidas y ii) de los agentes del orden público y los jueces para que inicien investigaciones prontas e imparciales;

e)El grado insuficiente de independencia del poder judicial;

f)La negativa de hecho de los jueces a tomar en cuenta las pruebas de tortura y malos tratos presentadas por los acusados, con la consecuencia de que no hay ni investigaciones ni enjuiciamientos;

g)El hecho de que la definición de la tortura que figura en el Código Penal del Estado Parte es incompleta y, por lo tanto, no es plenamente conforme al artículo 1 de la Convención;

h)Los numerosos casos de condenas fundadas en confesiones y el mantenimiento del criterio de "delitos resueltos" como base para el ascenso del personal de los servicios de orden público, que, tomados conjuntamente, crean condiciones que favorecen el recurso a la tortura y a los malos tratos para obligar a los detenidos a "confesar";

i)La falta de transparencia del sistema de justicia penal y la falta de estadísticas públicamente disponibles sobre los detenidos, las denuncias de tortura y el número y el resultado de las investigaciones de esas denuncias; además, el Estado Parte no ha facilitado la información solicitada en relación con el informe inicial examinado en noviembre de 1999 sobre el número de personas detenidas y el número de personas ejecutadas tras una condena a muerte;

j)La extradición o expulsión de personas, incluso de solicitantes de asilo en Uzbekistán, a países en que corren el riesgo de ser sometidos a tortura.

E. Recomendaciones

116.El Comité recomienda que el Estado Parte:

a)Aplique cuanto antes los planes encaminados a examinar las propuestas de modificación del derecho penal nacional, con objeto de tipificar el delito de tortura de un modo que corresponda plenamente a la definición contenida en el artículo 1 de la Convención y de fijar una pena adecuada.

b)Tome medidas urgentes y efectivas i) para establecer, fuera de la Fiscalía, un mecanismo de quejas plenamente independiente destinado a las personas oficialmente detenidas y ii) para velar por que se efectúen investigaciones prontas, imparciales y completas de las numerosas alegaciones de tortura notificadas a las autoridades y por que se enjuicie y castigue, en su caso, a los autores.

c)Vele por que quienes presenten denuncias de tortura y sus testigos sean protegidos contra las represalias.

d)Garantice en la práctica el respeto absoluto del principio de la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas por medio de la tortura.

e)Tome medidas para disponer y garantizar la independencia del poder judicial en el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las normas internacionales, en particular con los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.

f)Adopte medidas para que los detenidos tengan acceso a un abogado, a un médico y a los miembros de su familia desde el comienzo mismo del período de detención y vele por que se ponga a disposición un médico cuando el detenido lo solicite, sin que haya de mediar la autorización de los funcionarios de la cárcel y se lleve un registro con los nombres de todos los detenidos, el momento en que se haya efectuado la notificación a los abogados, los médicos y los familiares, y los resultados de los reconocimientos médicos, al que tengan acceso los abogados y, en su caso, otras personas.

g)Mejore las condiciones en las cárceles y en los centros de prisión preventiva y establezca un sistema que permita la inspección imprevista de esos lugares por investigadores imparciales dignos de crédito, cuyas conclusiones deberán publicarse; el Estado Parte debe tomar también medidas para acortar el período de prisión preventiva y disponer un control judicial independiente del período y las condiciones de la prisión preventiva. Además, la orden de arresto sólo debe ser dictada por un tribunal.

h)Se cerciore de que los agentes del orden, el personal judicial y médico y las demás personas que tienen que ver con la detención, el interrogatorio o el tratamiento o que por otras razones entran en contacto con los detenidos han recibido formación en cuanto a la prohibición de la tortura, y de que el procedimiento de recalificación de ese personal comprende la verificación del conocimiento de las disposiciones de la Convención y la consulta de sus antecedentes en el trato a los detenidos.

i)Estudie otras medidas con objeto de transferir la responsabilidad del sistema penitenciario del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, mejorando así las condiciones de este sistema de conformidad con la Convención.

j)Examine los casos de condena fundada solamente en la confesión registrados desde que Uzbekistán se adhirió a la Convención, admitiendo que muchas de las condenas pueden haberse basado en pruebas obtenidas por medio de la tortura o los malos tratos y, cuando proceda, efectúe una investigación pronta e imparcial y adopte las medidas correctivas que corresponda.

k)Vele por que, según la ley y en la práctica, nadie pueda ser expulsado, devuelto o extraditado a un Estado en el que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura.

l)Estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

m)Presente en el próximo informe periódico datos desglosados, entre otras cosas, por edad, sexo, origen étnico y ubicación geográfica de los lugares de detención civiles y militares, los centros de detención de menores y otras instituciones en que las personas puedan ser sometidas a tortura o malos tratos según se definen en la Convención; suministre información en el próximo informe periódico sobre el número, el tipo y el resultado de los casos de sanción, disciplinaria o penal, de policías u otros agentes del orden por tortura o delitos conexos.

n)Dé amplia difusión a las conclusiones y recomendaciones del Comité y a las actas resumidas del examen de los informes del Estado Parte entre los agentes del orden, en los medios de comunicación y a través de las actividades de difusión desplegadas por organizaciones no gubernamentales.

o)Estudie la posibilidad de consultar directamente con organizaciones no gubernamentales independientes de derechos humanos cuando prepare el próximo informe periódico.

IV. ACTIVIDADES DEL COMITÉ EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

A. Información general

117.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, si el Comité recibe información fiable que, a su juicio, parece indicar de forma fundamentada que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a ese Estado Parte a cooperar en el examen de la información y, a tal fin, a presentar observaciones con respecto a la información de que se trate.

118. Conforme lo dispuesto en el artículo 69 del reglamento del Comité, el Secretario General señalará a la atención del Comité la información que se haya presentado o parezca haberse presentado para su examen por el Comité de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. El Comité no recibirá ninguna información que se refiera a un Estado Parte que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención, haya declarado en el momento de ratificar la Convención o de adherirse a ella que no reconoce la competencia del Comité prevista en el artículo 20, salvo que este Estado Parte haya retirado posteriormente su reserva de conformidad con el párrafo 2 del artículo 28 de la Convención.

119.La labor del Comité en aplicación del artículo 20 de la Convención continuó durante el período que se examina.

120.Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención y en los artículos 72 y 73 del reglamento, todos los documentos y actuaciones del Comité relativos a sus funciones de conformidad con el artículo 20 de la Convención tienen carácter confidencial y todas las sesiones relativas a sus actuaciones previstas en dicho artículo son privadas.

121.No obstante, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité, después de celebrar consultas con el Estado Parte interesado, puede decidir que figure un resumen de los resultados de la investigación en su informe anual a los Estados Partes y a la Asamblea General.

122.A continuación se reproduce ese resumen de los resultados en relación con Sri Lanka.

B. Resumen de los resultados de la investigación en relación con Sri Lanka

1. Introducción

123.Sri Lanka ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 3 de enero de 1994. En el momento de la ratificación, no declaró que no reconocía la competencia del Comité prevista en el artículo 20 de la Convención, como habría podido hacer de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención. El procedimiento del artículo 20 es, pues, aplicable a Sri Lanka.

124.La aplicación a Sri Lanka del procedimiento confidencial previsto en el artículo 20 comenzó en abril de 1999 y concluyó en mayo de 2002. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité, tras celebrar consultas con el Estado Parte interesado decidió en su 28º período de sesiones hacer constar en el informe anual que presentará a la Asamblea General en 2002 el siguiente resumen de los resultados de la investigación sobre Sri Lanka.

2. Desarrollo del procedimiento

125.El 21 de julio de 1998, cinco organizaciones no gubernamentales con sede en Londres, a saber, British Refugee Council (Consejo Británico para los Refugiados), Medical Foundation for the Care of Victims of Torture (Fundación Médica de Atención a las Víctimas de Torturas), Refugee Legal Centre (Centro Jurídico para los Refugiados), Immigration Law Practitioners Association (Asociación de Juristas Especializados en Cuestiones de Inmigración) y Refugee Legal Group (Asesoría Jurídica para los Refugiados), presentaron al Comité información por la que se denunciaba la práctica sistemática de la tortura en Sri Lanka.

126.El Comité examinó la información recibida en su 21º período de sesiones, celebrado en noviembre de 1998. Llegó a la conclusión de que era fidedigna y contenía indicios fundados de que se practicaba sistemáticamente la tortura en el territorio de Sri Lanka. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención y el artículo 76 de su reglamento, el Comité decidió invitar a Sri Lanka a que cooperara en su examen de la información y, con ese objeto, a que presentara observaciones al respecto a más tardar el 1º de febrero de 1999. El Gobierno de Sri Lanka presentó sus observaciones en la fecha establecida por el Comité.

127.En su 22º período de sesiones, celebrado del 26 de abril al 14 de mayo de 1999, el Comité, habiendo examinado las observaciones del Estado Parte, reafirmó que la información que se le había comunicado contenía indicios fundados de que se practicaba sistemáticamente la tortura en Sri Lanka. En consecuencia, decidió llevar a cabo una investigación y designar con ese fin al Sr. Mavrommatis y al Sr. Yu Mengjia. Al comunicar su decisión, el Comité pidió también al Gobierno de Sri Lanka que aceptara que los dos miembros del Comité designados para realizar la investigación visitaran el país para enero de 2000.

128.El Gobierno confirmó su aprobación de la visita, pero solicitó un aplazamiento debido al apretado programa de trabajo de las autoridades políticas y militares a causa del agravamiento de los enfrentamientos armados entre el ejército de Sri Lanka y miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) en el norte y el este del país.

129.Finalmente, la visita tuvo lugar del 19 de agosto al 1º de septiembre de 2000. Los miembros del Comité centraron sus actividades en Colombo, pero también viajaron a Kandy, Matale, Dambulla, Panadura y Kalutara a fin de visitar lugares de detención. Sin embargo, por razones de seguridad no pudieron visitar las partes septentrional y oriental de Sri Lanka, donde tenía lugar el conflicto armado y donde se habían denunciado muchas de las supuestas torturas. Durante la visita, el Sr. Mavrommatis y el Sr. Yu Mengjia sostuvieron 12 reuniones con funcionarios gubernamentales y visitaron 16 lugares de detención. El Gobierno apoyó plenamente la visita y cooperó en todo momento.

130.Se celebraron reuniones muy útiles con funcionarios superiores del sistema de las Naciones Unidas con sede en Sri Lanka, que ayudaron al Comité a comprender el contexto y los antecedentes para examinar las denuncias de tortura. Los dos miembros del Comité celebraron numerosas reuniones con organizaciones no gubernamentales, abogados y médicos que se ocupaban de casos de tortura. También entrevistaron a diversas supuestas víctimas de torturas.

131.Los miembros del Comité formularon observaciones y recomendaciones iniciales durante la reunión de recapitulación celebrada el 31 de agosto de 2000 con representantes gubernamentales. El 6 de noviembre de 2000, el Estado Parte dio una respuesta en relación con la aplicación de las recomendaciones iniciales.

132.Los dos miembros informaron al Comité acerca de su visita en su 25º período de sesiones (13 a 24 de noviembre de 2000). El Comité expresó unánimemente satisfacción por la forma en que hasta entonces Sri Lanka había cooperado en la investigación e hizo suyas las sugerencias de los miembros encargados de la investigación de que: a) sería prematuro hacer una evaluación final y transmitir las conclusiones de la investigación en ese momento, y b) sería más conveniente proseguir la cooperación entre el Comité y el Gobierno de Sri Lanka en el marco de la investigación para alentar a éste a adoptar medidas concretas para cumplir a cabalidad sus obligaciones en virtud de la Convención.

133.En este contexto, mediante una carta de fecha 24 de noviembre de 2000, se transmitieron las recomendaciones preliminares del Comité al Gobierno para ayudarlo en sus esfuerzos por mejorar la aplicación de la Convención, y se pidió al Gobierno que informara al Comité de las medidas adoptadas respecto de tales recomendaciones. El Gobierno proporcionó información detallada sobre la aplicación de las recomendaciones preliminares mediante comunicaciones de fechas 28 de marzo, 27 de abril y 8 de noviembre de 2001.

134.El 7 de septiembre de 2001, las organizaciones no gubernamentales transmitieron al Comité información actualizada relativa a casos de tortura, malos tratos, acoso sexual, violaciones y muertes de personas detenidas en Sri Lanka.

135.Durante su 27º período de sesiones (12 a 23 de noviembre de 2001), el Comité decidió transmitir al Gobierno las conclusiones de la investigación e invitarlo a informar al Comité a más tardar en febrero de 2002 de las medidas adoptadas en relación con esas conclusiones. El 11 de marzo de 2002, el Gobierno de Sri Lanka presentó sus observaciones sobre las conclusiones del Comité.

3. Recomendaciones preliminares del Comité

136.El Comité hizo las siguientes recomendaciones preliminares al Gobierno: el Estado Parte debe comprometerse a:

a)Aprobar instrucciones precisas dirigidas a sus agentes para evitar la falta de eficacia práctica de las medidas jurídicas, administrativas o de otra índole adoptadas para luchar contra la tortura;

b)Reducir y, en última instancia, suprimir la extensa superposición de competencias entre organismos que investigan delitos de conformidad con la Ley de prevención del terrorismo y el Reglamento de excepción y establecer ámbitos de competencia claros que permitan aumentar la prevención eficaz de la tortura en todas sus formas;

c)Introducir, de conformidad con la Ley de prevención del terrorismo y el Reglamento de excepción, una disposición que exija la presentación de sospechosos ante el juez en un plazo corto;

d)Retirar al Secretario de Defensa la facultad de ordenar la detención preventiva durante un período de hasta un año sin revisión judicial;

e)Establecer un registro central de detenidos de todo el país;

f)Crear un mecanismo eficaz para el enjuiciamiento penal de los funcionarios públicos que lleven a cabo actos de tortura;

g)Garantizar que los individuos mantenidos en detención policial tengan acceso a un abogado;

h)Establecer un sistema gratuito de asistencia letrada;

i)Establecer un mecanismo de visitas regulares de control a los lugares de detención por parte de los jueces;

j)Poner fin a la detención ilegal de sospechosos por grupos paramilitares que colaboran con las fuerzas armadas de Sri Lanka en la guerra contra los LTTE y hacer que grupos como la PLOTE o TELO se sometan al control estricto del Estado o que sean disueltos;

k)Emprender a la mayor brevedad investigaciones independientes sobre cada denuncia de tortura;

l)Conceder autoridad al Fiscal General para emprender investigaciones de esas denuncias;

m)Establecer una metodología eficaz para garantizar que las directivas relativas a la prevención de la tortura se cumplan de forma rigurosa;

n)Confeccionar una lista o seleccionar a funcionarios cualificados para actuar como encargados de todas las comisarías y/o prisiones, y organizar periódicamente cursos de formación en el empleo;

o)Mejorar las condiciones de detención con arreglo a las Reglas mínimas y los Principios básicos de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;

p)Llevar a cabo oportunamente las evaluaciones y los estudios mencionados en la nota del Gobierno de 6 noviembre de 2000 e informar al Comité de los resultados.

4. Información recibida del Gobierno de Sri Lanka después de la visita

137.Como ya se ha mencionado, mediante comunicaciones de fecha 8 de noviembre, 27 de abril y 28 de marzo de 2001, el Gobierno de Sri Lanka facilitó al Comité información detallada sobre sus conclusiones y recomendaciones.

138.El Gobierno informó al Comité de que el 20 de noviembre de 2000 se creó un Comité Permanente Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos para que examinara cuestiones e incidentes relativos a los derechos humanos, en particular la prohibición de la tortura, y tomara decisiones en materia de política a ese respeto. Posteriormente, se creó un Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos para que supervisara la puesta en práctica de las decisiones adoptadas por el Comité Permanente Interministerial y tomara medidas en relación con las cuestiones urgentes. El Grupo de Trabajo examinó las 16 recomendaciones preliminares transmitidas por el Comité contra la Tortura el 24 de noviembre al Gobierno de Sri Lanka. De conformidad con las comunicaciones recibidas del Gobierno, se han adoptado múltiples medidas positivas con miras a prohibir la tortura.

Recomendación a)

139.El Gobierno indicó que en enero de 2001 el Inspector General de la Policía convocó una reunión especial de todos los inspectores generales adjuntos de la policía para sensibilizarlos acerca de las imputaciones de tortura que se hacían. Se mencionaron la misión de investigación del Comité y sus observaciones iniciales. Se subrayó que todos los inspectores generales adjuntos de la policía tendrían que velar por que en ningún caso se cometieran actos de tortura dentro de su jurisdicción. Además, debían adoptar medidas prontas e imparciales cuando se presentara una denuncia o se tuviera información de pretendidos actos de tortura.

140.El 14 de enero de 2001, el Inspector General de la Policía remitió una circular oficial a todos los oficiales encargados de las divisiones de policía y de las divisiones especializadas reiterando que en ningún caso debían cometerse o permitirse que se cometieron actos de tortura. Según el Gobierno, para finales de febrero de 2001, todos los agentes del Departamento de Policía de Sri Lanka habían recibido instrucciones específicas sobre la absoluta necesidad de que no cometieran ningún acto de tortura.

141.El Gobierno de Sri Lanka informó además al Comité de que, en virtud de la política del Ministerio de Defensa, únicamente el personal autorizado de la policía y de las fuerzas de seguridad debía participar en el arresto, la detención y el interrogatorio de los sospechosos. Ninguna otra persona ni ningún miembros de otro grupo debía participar en esas actividades en ninguna circunstancia. El Ministerio de Defensa vigila estrechamente el cumplimiento de la directiva por la que se prohíbe la participación de miembros de grupos ex militantes en esfuerzos represivos de hecho. Se ha prohibido totalmente que los miembros de grupos ex militantes efectúen arrestos o detenciones.

Recomendación b)

142.Según la respuesta del Gobierno, todos los agentes de la policía están habilitados y autorizados para investigar los delitos reconocidos en la Ley de prevención del terrorismo y en el Reglamento de excepción. Habida cuenta de la situación actual, no serviría a los intereses del país ni a su seguridad conferir los poderes otorgados en virtud de la Ley de prevención del terrorismo y del Reglamento de excepción sólo a un organismo especializado de la policía. El Gobierno ha reconocido la posible superposición de jurisdicciones.

143.En la respuesta del Gobierno se da una explicación del arresto y la detención de sospechosos conforme a la Ley de prevención del terrorismo y al Reglamento de excepción.

144.Conforme a la ley, todo funcionario de policía habilitado podrá proceder al arresto de un sospechoso con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Ley de prevención del terrorismo o del Reglamento de excepción. La detención se producirá en la comisaría de policía a que esté adscrito el oficial que practicó el arresto. Si el arresto se produce en la zona en que el sospechoso tiene su domicilio, será retenido en la comisaría de dicha zona. No obstante, dado que la División de Investigación Antiterrorista tiene jurisdicción para hacer todas las investigaciones de esa índole en cualquier parte del país, si el arresto lo efectúa un funcionario de policía adscrito a la División de Investigación Antiterrorista, el sospechoso será detenido en las instalaciones de la División en Colombo.

145.Tras el arresto por un agente de policía, si el oficial encargado de la comisaría considera que es preciso seguir investigando los hechos y mantener el estado de detención, así lo señalará al oficial encargado de la división de policía pertinente, procediendo al traslado de la investigación o del detenido a la División de Investigación Antiterrorista o a la unidad antisubversiva. A menos que medien circunstancias excepcionales, no se retendrá a un sospechoso arrestado y detenido conforme a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo o del Reglamento de excepción en una comisaría por más de 72 horas.

146.Si el sospechoso ha sido arrestado con arreglo a lo dispuesto en la Ley de prevención del terrorismo o del Reglamento de excepción por un agente adscrito a una unidad antisubversiva, salvo que sea trasladado a la División de Investigación Antiterrorista, se le mantendrá en detención hasta que se le haga comparecer ante un magistrado en la unidad antisubversiva correspondiente.

147.En los casos en que se haya autorizado al Departamento de Investigaciones Criminales a iniciar y realizar una investigación determinada en relación con un delito tipificado en la Ley de prevención del terrorismo o en el Reglamento de excepción, el sospechoso permanecerá detenido en las instalaciones que tiene el Departamento de Investigaciones Criminales hasta que se le haga comparecer ante un magistrado.

148.Todos los sospechosos arrestados por agentes adscritos a la División de Investigación Antiterrorista permanecerán detenidos en las instalaciones de esa División.

Recomendación c)

149.En su comunicación inicial, de fecha 28 de marzo de 2001, el Gobierno explicó al Comité que el Reglamento de excepción exige que las autoridades competentes hagan comparecer ante un magistrado a las personas arrestadas conforme a las disposiciones de dicha ley en los 30 días siguientes al arresto. Según el Gobierno, a raíz de los debates mantenidos en el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos, se decidió enmendar la disposición pertinente y exigir que se haga comparecer a los sospechosos ante los magistrados en un plazo de 14 días.

150.En una comunicación de fecha 27 de abril de 2001, el Gobierno informó además al Comité de que, mediante orden de 6 de abril de 2001, la Presidenta, en virtud del artículo 5 de la Ordenanza de seguridad pública, decretó que "toda persona detenida en aplicación de las disposiciones del artículo 18 del Reglamento [de excepción] se pondrá a disposición de la autoridad judicial en un plazo razonable, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, y en cualquier circunstancia, antes de transcurridos 14 días a partir de la fecha de la detención".

151.Conforme a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo, al practicarse el arresto de un sospechoso conforme a la ley, a menos que se le detenga en cumplimiento de un mandamiento de detención dictado conforme al párrafo 1 del artículo 9 de la ley, se le hará comparecer ante un juez en un plazo de 72 horas. No obstante, si se detiene al sospechoso en cumplimiento de un mandamiento de detención dictado conforme al párrafo 1 del artículo 9 de la ley, se le hará comparecer ante un juez tan pronto concluya la investigación que le concierna (por un período máximo de 18 meses).

Recomendación d)

152.Según el Gobierno, la autoridad conferida al Secretario del Ministerio de Defensa de autorizar detenciones preventivas está sujeta a revisión judicial durante todo el período de la detención. En las circunstancias actuales, el Gobierno de Sri Lanka no estima necesario derogar el artículo pertinente.

Recomendación e)

153.El Gobierno informó al Comité que se ha establecido un registro central de policía computadorizado. El registro contiene información precisa y actualizada sobre todos los arrestos y detenciones efectuados con arreglo a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo y las disposiciones de excepción que proclame el Presidente de Sri Lanka. Todos los agentes de policía que arresten a un sospechoso con arreglo a esas disposiciones notificarán al registro a más tardar seis horas después de la captura del sospechoso. El registro entró en funcionamiento el 1º de noviembre de 2001. Se informó al público de la existencia del registro central y los interesados pueden hacer consultas y obtener información en cualquiera de los tres idiomas oficiales (cingalés, tamil o inglés). Los familiares de personas presuntamente arrestadas podrán ponerse en contacto con el registro para obtener información respecto de si efectivamente han sido arrestadas, cuál es la autoridad que efectuó el arresto y el lugar de detención.

Recomendaciones f), g) y h)

154.Según el Gobierno, varias fuentes de información pueden motivar la realización de esas investigaciones criminales y pesquisas internas, como las quejas directas de tortura presentadas por víctimas o las comunicaciones recibidas de mecanismos de las Naciones Unidas. En el caso de que un organismo estatal distinto de la Fiscalía General reciba información de esa índole, deberá transmitirla de inmediato a la Dependencia de Enjuiciamiento de Torturadores de la Fiscalía General, que registrará el caso.

155.Las investigaciones estarán a cargo de un equipo especial de policías adscritos al Departamento de Investigaciones Criminales. Sin embargo, en caso de que se denuncie a un oficial adscrito a este departamento, se ha dispuesto encomendar la investigación a un equipo de policías adscritos a la Jefatura de Policía. Al concluir la investigación, se presenta el expediente a la Dependencia de Enjuiciamiento de Torturadores, que considerará la posibilidad de incoar acción judicial conforme a las disposiciones de la Ley sobre la Convención contra la Tortura de 1994. Si se decide encausar a los presuntos torturadores, se dicta un auto de procesamiento contra los acusados ante el Tribunal Superior correspondiente. Simultáneamente al inicio de la acción judicial, el Fiscal General remite una notificación a la autoridad disciplinaria pertinente, invitándola a considerar la posibilidad de iniciar un procedimiento disciplinario. La dependencia mantiene una base de datos computadorizada de todas las medidas adoptadas, incluidas las relativas a denuncias de tortura.

Recomendación i)

156.De conformidad con la información proporcionada por el Gobierno, el Departamento de Policía no hace objeción a que los abogados defensores de los sospechosos en custodia policial los representen o se reúnan con ellos y los asesoren antes de que comparezcan ante un juez. Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los investigadores policiales puedan efectuar la investigación inicial y entrevistar a los sospechosos sin trabas, esa reunión tendrá lugar después que se haya tomado declaración a los sospechosos. No obstante, el sospechoso o su abogado pueden presentar una denuncia por agresión policial en el momento de la primera comparecencia ante el juez. El abogado defensor del sospechoso detenido tiene derecho a entrevistar al oficial encargado de la comisaría de que se trate en cualquier momento después de la captura.

Recomendación j)

157.Se indicó que hay dos sistemas de asistencia letrada gratuita patrocinados por el Gobierno, que están a cargo de la Asociación de Bienestar del Recluso y del Proyecto de Asistencia Jurídica de la Comunidad, destinados a los sospechosos. Además, existen algunos otros servicios de asistencia jurídica dirigidos por ONG. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka ha contado 34 organizaciones no gubernamentales que ofrecen dichos servicios.

Recomendación k)

158.En su comunicación inicial de fecha 28 de marzo de 2001, el Gobierno de Sri Lanka informó al Comité de que todos los magistrados están habilitados para visitar e inspeccionar los centros de detención preventiva, donde se recluye a los sospechosos (por orden del respectivo magistrado). Además, el Comité fue informado de que, conforme a lo debatido en el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos, se decidió enmendar las disposiciones en vigor del Reglamento de excepción, que facultan a los jueces para visitar (sin previo aviso) e inspeccionar todos los lugares donde haya sospechosos detenidos con arreglo al Reglamento de excepción.

159.En una comunicación de fecha 27 de abril de 2001, el Gobierno informó además al Comité de que, mediante orden de 6 de abril de 2001, la Presidenta, en virtud del artículo 5 de la Ordenanza de seguridad pública, decretó que "el oficial responsable de cualquier lugar habilitado por el Inspector General de la Policía como centro de detención, a efectos del artículo 17 ó 18, presentará cada 14 días a la autoridad judicial dentro de los límites de cuya jurisdicción se encuentra dicho lugar de detención, una lista con los nombres de todas las personas que estén detenidas en dicho lugar. La autoridad judicial velará por que se coloque esa lista en el tablón de anuncios del juzgado. El juez en cuya jurisdicción se encuentra situado el centro de detención autorizado visitará dicho centro al menos una vez al mes. El oficial responsable del centro de detención velará por que todas las personas ahí detenidas sin mandamiento judicial se pongan a disposición del juez cuando éste realice las visitas".

160.Al caducar el Reglamento de excepción, cesó también la potestad normativa conferida a los magistrados el 6 de abril de 2001 de realizar visitas sin previo aviso a los lugares de detención con arreglo al Reglamento de excepción. Sin embargo, a raíz de una recomendación del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos sobre la necesidad de facultar a los jueces a visitar e inspeccionar todos los lugares de detención y entrevistar a los sospechosos, el Ministerio de Justicia está considerando la posibilidad de incorporar una nueva disposición en el Código de Procedimiento Penal que facultará los magistrados a realizar esta función en el caso de todos los sospechosos detenidos con arreglo a las diversas leyes aplicables.

Recomendación l)

161.Según el Gobierno, se ha advertido a todos los grupos ex militantes de la necesidad de que respeten la ley y de que se abstengan de capturar o detener a nadie. En caso de que lo hagan se considerará una violación del derecho penal y se adoptarán las medidas que convenga con arreglo a la ley.

Recomendación m)

162.En una comunicación inicial de fecha 28 de marzo de 2001, el Gobierno de Sri Lanka explicó que se ha encomendado al Inspector General Superior Adjunto de la Policía la tarea de coordinar todas las actividades de protección y promoción de los derechos humanos y la aplicación de las leyes del país relativas a la pretendida violación de los derechos humanos. Incumbirá a dicho funcionario velar por que se cumplan rigurosamente las directivas sobre la prevención de la tortura.

163.Además, el Comandante del Ejército de Sri Lanka ha nombrado a un brigadier para coordinar todas las cuestiones relativas a los derechos humanos. Incumbe a dicho brigadier asegurar el estricto cumplimiento de las directivas del Ejército de Sri Lanka. Del mismo modo, la Marina de Sri Lanka ha nombrado un comodoro para que desempeñe estas funciones.

164.En una comunicación de fecha 27 de abril de 2001, el Gobierno informó también al Comité de que recientemente el Inspector General Adjunto de la Policía ha tomado la iniciativa de examinar, entre otras cosas, el cumplimiento de la política estatal, y en particular la cuestión de si los detenidos en las comisarías de policía son tratados conforme a las normas y criterios internacionalmente aceptados, y si se los somete a alguna forma de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

165.El Inspector General Superior Adjunto de la Policía encargado de las cuestiones relativas a los derechos humanos sigue vigilando personalmente el cumplimiento de las directivas del Inspector General de la Policía y la Jefatura de Policía. Esas directivas tienen por objeto garantizar la protección de los derechos humanos de los sospechosos arrestados o detenidos en poder de la policía. Para garantizar su cumplimiento, dicho oficial visitará las comisarías sin previo aviso.

Recomendación n)

166.Todos los encargados de comisarías reciben formación en el momento de su selección y en forma periódica a partir de entonces. El Secretario del Ministerio de Defensa invitó al Sri Lanka Foundation Institute a realizar un estudio amplio de todos los programas de formación de la policía y las fuerzas de seguridad en relación con los derechos humanos, con miras a revisar el contenido y el desarrollo de los cursos, con la intención principal, además de la enseñanza, de mudar las actitudes a fin de modificar el comportamiento. El Sri Lanka Foundation Institute ya ha comenzado un nuevo programa de enseñanza de los derechos humanos a los agentes de policía.

Recomendación o)

167.El proceso de mejoramiento de las condiciones en los centros de detención exige considerables recursos e importantes mejoras de la infraestructura. El desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de detención será un proceso paulatino y largo.

Recomendación p)

168.El Comité Interministerial Permanente y el Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos seguirán vigilando la situación relativa a la tortura. El Grupo de Trabajo adoptará todas las medidas que sean necesarias para prevenir la tortura y para que se respeten las garantías procesales en relación con todas las denuncias de tortura.

169.Además de facilitar respuestas específicas a las recomendaciones formuladas por el Comité en su comunicación de 28 de marzo de 2001, el Gobierno proporcionó información sobre nuevas actividades: la grabación en vídeo de las declaraciones de los sospechosos ante los superintendentes adjuntos de la policía, hechas con arreglo a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo y al Reglamento de excepción; la creación de otros centros de detención en la División de Investigación Antiterrorista con miras a reducir el hacinamiento en el centro de detención ubicado en el sexto piso del nuevo edificio de la secretaría, y la determinación y formulación de métodos legales de investigación criminal para obtener pruebas de cargo.

170.En su comunicación de 27 de abril de 2001, el Gobierno de Sri Lanka informó al Comité de que el Ministerio de Defensa había iniciado un proceso para invitar a las autoridades disciplinarias a que consideraran la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra los agentes de policía y los miembros de las fuerzas de seguridad que presuntamente hayan practicado la tortura. Se sigue considerando la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias en relación con los casos que determine el Tribunal Supremo y los señalados al Gobierno de Sri Lanka por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura.

171.Además, el Gobierno también proporcionó estadísticas del número de personas detenidas por las fuerzas del orden público con arreglo a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo, el Reglamento de excepción y la legislación ordinaria. Esta información se ha presentado porque el Gobierno sostiene que el Comité debe determinar que se practica la tortura de manera sistemática en el territorio de un Estado Parte sólo cuando se registran con persistencia casos de tortura en el proceso que se inicia con la detención y termina al concluir ésta o al cumplirse las sanciones penales impuestas por el sistema de administración de justicia u otro proceso análogo de derecho o de hecho.

5. Conclusiones del Comité contra Tortura

172.En noviembre de 2001, el Comité transmitió al Gobierno de Sri Lanka las conclusiones que figuran a continuación. Las conclusiones del Comité, basadas principalmente en lo que observaron los miembros encargados de la investigación durante su visita a Sri Lanka, son las siguientes.

173.El problema más grave con que se enfrenta Sri Lanka es el conflicto interno que lleva varios años y crea un clima de violencia, en particular en las zonas septentrional y oriental del país, agravado por actos de terrorismo en zonas urbanas por los LTTE.

174.El Gobierno ha tomado y sigue tomando medidas draconianas para poner fin al conflicto interno. Estas medidas comprenden el recurso a reglamentaciones de excepción que superan con creces la legislación ordinaria.

175.El Gobierno usa no sólo a la policía y a sus fuerzas armadas para combatir el terrorismo sino también a grupos paramilitares, algunos de los cuales cuentan con tamiles que han defeccionado. Esos grupos no se encuentran bajo el control total de las autoridades civiles o militares.

176.Con frecuencia practican la tortura:

a)La policía, especialmente durante los primeros días siguientes al arresto y detención de los sospechosos;

b)El ejército, cuando se captura a sospechosos de terrorismo, a fin de "facilitar" las operaciones de seguimiento y antes de entregarlos a las autoridades civiles; y

c)Las fuerzas paramilitares, que al parecer no son fuerzas regulares sometidas a un mando militar.

177.Aunque el número de casos de tortura es considerablemente alto, la mayoría de los detenidos no son torturados, aunque algunos sí pueden ser sometidos a malos tratos.

178.El Gobierno no aprueba la tortura y recurre a varios medios para evitarla. Al parecer, las instrucciones en ese sentido no siempre son obedecidas y no se han tomado medidas de seguimiento adecuadas para garantizar su cumplimiento.

179.La investigación policial de los supuestos casos de tortura no es satisfactoria porque se suele demorar excesivamente. Hasta hace poco, los juicios y las medidas disciplinarias han sido muy escasos.

180.Son dignas de mención las medidas correctivas adoptadas por el Tribunal Superior respecto de las denuncias relativas a los derechos fundamentales. También cabe señalar la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka. Esa labor, aunque ha mejorado recientemente, deja mucho que desear todavía, en particular por lo que hace al cumplimiento de las instrucciones para evitar la tortura y los posibles efectos para los derechos humanos de la nueva legislación de excepción.

181.En vista de lo expuesto, el Comité ha llegado a la conclusión de que, si bien tiene lugar un número preocupante de casos de tortura así como de malos tratos tal como se definen en los artículos 1 y 16 de la Convención, están teniendo lugar principalmente en relación con el conflicto interno; no son sistemáticos.

182.Para llegar a esta conclusión, el Comité ha tenido en cuenta sus opiniones con respecto al significado de "práctica sistemática de la tortura" al final de su primera investigación en virtud de artículo 20 de la Convención en 1993 y reiterada en investigaciones posteriores (A/48/44/Add.1, párr. 39; A/51/44, párr. 214, y A/56/44, párr. 163)1. En esos textos se describe el sentido corriente del término "sistemático" en el contexto de su uso en el artículo 20 de la Convención contra la Tortura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

183.El Comité también tomó en consideración que el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Gobierno habían empezado a aplicar la mayor parte de las recomendaciones del Comité al Estado Parte.

184.Huelga decir que es obligación del Gobierno poner fin a todo acto de tortura o de malos tratos, examinar independientemente todas las denuncias de tortura y violaciones del artículo 16, enjuiciar a los presuntos culpables e indemnizar a las víctimas, y cumplir plenamente todas las recomendaciones formuladas por el Comité. El Comité se felicita, en particular, de las medidas adoptadas por el Gobierno para controlar a los grupos paramilitares, a los que se atribuyen muchos casos de tortura. En opinión del Comité, estos grupos deberían ser disueltos a fin de evitar posibles actos sistemáticos de tortura.

185.Si bien el Comité acoge con satisfacción el establecimiento del Comité Permanente Interministerial y del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Cuestiones de Derechos Humanos como una medida muy importante para luchar contra la tortura, exhorta al Gobierno de Sri Lanka a que vele por que esos órganos sigan siendo eficaces.

6. Información ulterior proporcionada por el Gobierno de Sri Lanka

186.En una comunicación de fecha 11 de marzo de 2002, el Gobierno de Sri Lanka dio respuesta a las conclusiones del Comité. Parte de la información proporcionada se ha reflejado en lo que antecede, por cuanto se refiere a nuevos acontecimientos que guardan relación con las recomendaciones formuladas por el Comité.

187.Conforme a la respuesta, el Gobierno, por conducto del Sri Lanka Foundation Institute, el Instituto de Formación Superior de la Policía y varias instituciones de capacitación del ejército de Sri Lanka, sigue velando por que se capacite a los agentes de la policía y las fuerzas de seguridad en el cumplimiento y el respeto de las normas de derechos humanos y el derecho humanitario. Los programas de formación habitual de la policía y las fuerzas de seguridad comprenden ahora aspectos de la legislación en materia de derechos humanos y el derecho humanitario.

188.El Gobierno también informó al Comité de que, tras un análisis profundo de la necesidad de que el Departamento de Policía y su personal actúen únicamente como un órgano de orden público y no como fuerza complementaria de los tres cuerpos de las fuerzas de seguridad, ha establecido un nuevo ministerio, denominado Ministerio del Interior, cuyo principal objetivo es desvincular efectivamente a la policía de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Defensa.

189.Además, se han creado direcciones de derechos humanos en la Armada y la Fuerza Aérea de Sri Lanka. El mandato de la Dirección de Derechos Humanos del Ejército de Sri Lanka comprende el asesoramiento del Comandante del Ejército en todas las cuestiones relativas al derecho humanitario internacional en relación con conflictos, la organización periódica de programas de capacitación para el ejército y una estrecha coordinación con la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para resolver cuestiones de derechos humanos y problemas humanitarios.

190.El Gobierno también informó al Comité de que, como resultado de las negociaciones iniciales facilitadas por el Gobierno de Noruega, el 23 de febrero de 2002 el Gobierno de Sri Lanka pudo concertar un acuerdo de cesación del fuego con los LTTE. Según el Gobierno, el acuerdo contiene una serie de disposiciones para fomentar un entorno propicio al mejoramiento de la coexistencia pacífica de las distintas comunidades de Sri Lanka y tiene como objetivo promover y proteger sus derechos humanos.

191.A la luz de las conclusiones del Comité de que la tortura y otras formas de malos tratos tienen lugar principalmente a causa del conflicto interno, los acontecimientos recientes, en particular la entrada en vigor del acuerdo de cesación del fuego el 23 de febrero de 2002, supervisado por una misión internacional de verificación, suprimir efectivamente las condiciones señaladas por el Comité como causa principal de la prevalencia de la tortura y otras formas de malos tratos.

192.De conformidad con el párrafo 2.1 del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a renunciar a las operaciones de acordonamiento y de búsqueda, y se abstendrá de arrestar o detener a sospechosos con arreglo a las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo. De ser necesario arrestar a una persona de quien se sospecha ha participado en un acto terrorista, el arresto podrá practicarse con arreglo a las disposiciones del derecho ordinario (Código de Procedimiento Penal). En el acuerdo de cese del fuego se ha establecido una moratoria a la aplicación de las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo. El Gobierno informó al Comité de que el Reglamento de excepción no está en vigor y de que está dispuesto a examinar y revisar la disposiciones en vigor de la Ley de prevención del terrorismo.

193.Con arreglo a párrafo 1.8 del acuerdo, todos los grupos paramilitares tamiles quedarán desarmados antes de transcurrido un mes a contar de la fecha de entrada en vigor del acuerdo.

194.Además, el Gobierno informó al Comité de que tras el establecimiento de la Dependencia de Enjuiciamiento de Torturadores de la Fiscalía General y la Dependencia de Investigación de Torturas del Departamento de Investigaciones Criminales, todas las denuncias de tortura se investigan de manera imparcial, diligente y completa y, cuando se justifica, se procesa a los responsables.

7. Observaciones finales

195.El Comité acoge con agrado los múltiples esfuerzos significativos realizados por el Gobierno de Sri Lanka para reprimir y prevenir los actos de tortura. Acoge con agrado el acuerdo de cese del fuego y expresa su reconocimiento por las medidas adoptadas para aplicar prácticamente todas las recomendaciones formuladas por el Comité. Sin embargo, el Comité advierte que la lucha contra la tortura es un proceso permanente, que exige la vigilancia del Estado Parte.

V. EXAMEN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

196.De conformidad con el artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención pueden presentar quejas al Comité contra la Tortura para que éste las examine con arreglo a las condiciones establecidas en dicho artículo. Cuarenta y nueve de los 129 Estados que se han adherido a la Convención o la han ratificado han declarado que reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención. La lista de dichos Estados figura en el anexo III. El Comité no puede examinar ninguna queja que se refiera a un Estado Parte en la Convención que no ha reconocido la competencia del Comité en virtud del artículo 22.

197.El examen de las quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención se verifica en sesiones privadas (párrafo 6 del artículo 22). Todos los documentos relativos a la labor del Comité en virtud del artículo 22, (como exposiciones de las partes y demás documentos de trabajo), son confidenciales.

198.En su 28º período de sesiones, el Comité aprobó enmiendas a su reglamento para facilitar y acelerar el examen de las quejas (anexo IX).

199.En virtud del artículo 107 revisado del reglamento, para decidir la admisibilidad de una queja, el Comité, su Grupo de Trabajo o un relator designado con arreglo al artículo 98 o al párrafo 3 del artículo 106 comprobarán: que la persona alega ser víctima de una violación por el Estado Parte interesado de cualquiera de las disposiciones de la Convención; que la queja no constituye un abuso del proceso del Comité ni es manifiestamente infundada; que no es incompatible con las disposiciones de la Convención; que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional; que el autor de la queja ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que el tiempo transcurrido desde el agotamiento de los recursos internos no es tan injustificadamente largo como para que el examen de las denuncias plantee dificultades indebidas al Comité o al Estado Parte.

200.Con arreglo al artículo 109 del reglamento en su versión enmendada, tan pronto como sea posible una vez que se haya registrado la queja, ésta será transmitida al Estado Parte con la solicitud de que presente por escrito una respuesta en un plazo de seis meses. A menos que el Comité, el Grupo de Trabajo o un relator, a causa del carácter excepcional del caso, hayan decidido solicitar una respuesta que se refiera únicamente a la cuestión de la admisibilidad, el Estado Parte incluirá en su respuesta explicaciones o declaraciones relativas a la admisibilidad y el fondo de la queja, así como a toda medida correctiva que se haya adoptado. Todo Estado Parte podrá solicitar, dentro del plazo de dos meses, que la queja sea rechazada por ser inadmisible. El Comité o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán o no acceder a separar el examen de la admisibilidad del examen del fondo. Tras la adopción de una decisión separada sobre la admisibilidad, el Comité fijará la fecha límite para la presentación de información caso por caso. El Comité, su Grupo de Trabajo o los relatores pueden solicitar al Estado Parte interesado o al autor de la queja que presenten por escrito información adicional, aclaraciones u observaciones y fijarán un plazo para su presentación. En el plazo fijado por el Comité, el Grupo de Trabajo o un relator, el Estado Parte o el autor de la queja podrán tener la oportunidad de hacer observaciones sobre cualquier documento presentado por la otra parte. La falta de presentación de dichas observaciones generalmente no deberá retrasar el examen de la queja y el Comité o el grupo de trabajo podrán decidir examinar la admisibilidad, el fondo o ambos en vista de la información disponible.

201.El Comité concluye su examen de una queja emitiendo una decisión al respecto a la luz de toda la información que le hayan facilitado el autor de la queja y el Estado Parte. Las conclusiones del Comité se comunican a las partes (párrafo 7 del artículo 22 de la Convención y artículo 112 del reglamento) y se ponen a disposición del público en general. También se publica el texto de las decisiones del Comité por las que se declaran inadmisibles las comunicaciones en virtud del artículo 22 de la Convención, sin que se dé a conocer la identidad del autor de la queja y en cambio sí la del Estado Parte interesado.

202.A tenor del párrafo 1 del nuevo artículo 115 del reglamento enmendado, el Comité podrá incluir en su informe anual un resumen de las comunicaciones examinadas. El Comité también incluirá en su informe anual el texto de sus decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

A. Nuevos métodos de trabajo

203.En su 27º período de sesiones, el Comité nombró a uno de sus miembros, el Sr. Mavrommatis, Relator para las medidas provisionales y lo confirmó en sus funciones en el 28º período de sesiones como Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales (art. 98). También en su 27º período de sesiones, el Comité decidió establecer un Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones integrado por entre tres y cinco miembros para que asista al pleno en sus trabajos en virtud del artículo 22, y designó a cuatro de sus miembros, los Sres. Burns, Camara, González Poblete y Yakovlev, para que integrasen el primer Grupo de Trabajo. En el 28º período de sesiones, el Grupo de Trabajo presentó recomendaciones al Comité sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad, así como sobre el fondo de las quejas. También en el 28º período de sesiones el Comité creó la función de Relator para el seguimiento y designó relatores al Sr. González Poblete y la Sra. Gaer (suplente) (art. 114). El mandato del Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales se reproduce en el anexo VIII, mientras que el texto del mandato de los Relatores para el seguimiento se reproduce en el anexo IX.

B. Medidas provisionales de protección

204.Los autores de las quejas solicitan a menudo una protección provisional, en particular en los casos relacionados con una expulsión o extradición inminentes y, en este sentido, invocan el artículo 3 de la Convención. Según el artículo 108 enmendado, en cualquier momento después de la recepción de una queja, el Comité, su Grupo de Trabajo o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán transmitir al Estado Parte interesado una solicitud para que adopte las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de las presuntas violaciones. Se informará al Estado Parte de que dicha solicitud no implicará ningún juicio sobre la admisibilidad o el fondo de la queja. El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales verificará que se cumplan las solicitudes del Comité de adopción de medidas provisionales. El Estado Parte podrá informar al Comité de que las razones que motivaron las medidas provisionales han desaparecido o exponer las causas por las que deban ser retiradas. El Relator, el Comité o su Grupo de Trabajo, podrán retirar la solicitud de adopción de medidas provisionales.

205.Durante el período que se examina, el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales solicitó a los Estados Partes que aplazaran la expulsión en varios casos para que el Comité pudiera examinar las quejas en virtud del procedimiento del Comité. Todos los Estados Partes interesados accedieron a la solicitud de aplazamiento del Comité.

C. Marcha de los trabajos

206.En el momento de aprobar el presente informe, el Comité había registrado 209 quejas con respecto a 21 países. Se suspendió el examen de 55 de ellas y 38 fueron declaradas inadmisibles. El Comité adoptó decisiones finales basadas en el fondo de 50 quejas y halló que se habían cometido violaciones de la Convención en 21 de ellas. Por último, quedaron pendientes de examen 46 quejas.

207.En su 27º período de sesiones, el Comité dejó de examinar tres comunicaciones y declaró admisible una queja, que se examinaría en cuanto al fondo. Además, al mismo tiempo que recordó que el principio de agotamiento de los recursos internos exige que el autor de la queja utilice los recursos directamente relacionados con el riesgo de tortura conforme al artículo 3 de la Convención, declaró inadmisible la comunicación Nº 170/2000 (A. R. c. Suecia) a tenor de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención. El texto de esta decisión se reproduce en el anexo VII de la sección B del presente informe.

208.En su 27º período de sesiones, el Comité aprobó un dictamen respecto de las comunicaciones Nos. 154/2000 (M.S. c. Australia), 156/2000 (M. S. c. Suiza), 162/2000 (H. A. c. Australia), 166/2000 (B. S. c. el Canadá), 175/2000 (S. T. c. los Países Bajos) y 178/2001 (H. O. c. Suecia). El texto de las decisiones del Comité se reproduce en el anexo VII de la sección A del presente informe.

209.En sus decisiones sobre los casos antes mencionados, el Comité consideró que los autores de las quejas no habían justificado su afirmación de que correrían el riesgo de ser torturados a su regreso a su país de origen. Por consiguiente, el Comité llegó a la conclusión de que en cada uno de los casos el traslado de los autores de las quejas a dichos países no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

210.En su 28º período de sesiones, el Comité declaró inadmisible la queja 176/2000 (Roitman c. España), principalmente debido a que el autor no era víctima de una violación en el sentido del párrafo 1 del artículo 22 de la Convención. El texto de la decisión se reproduce en el anexo VII de la sección B del presente informe.

211.También en su 28º período de sesiones, el Comité adoptó decisiones respecto de las quejas Nº 111/1998 (R. S. c. Austria), 138/1999 (M. P. S. c. Australia), 146/1999 (E. T. B. c. Dinamarca), 164/2000 (L. M. T. c. Suecia), 177/2001 (H. I. c. Australia), 179/2001 (B. A. M. c. Suecia), 180/2001 (F. Z. c. Dinamarca) y 185/2001 (Karoui c. Suecia). El texto de las decisiones del Comité se reproduce en el anexo VII de la sección A del presente informe.

212.En su decisión sobre la queja Nº 111/1998 (R. S. c. Austria), el Comité consideró que las autoridades autríacas no habían violado la obligación que les imponía el artículo 13 de la Convención de realizar una investigación pronta e imparcial.

213.En su decisión sobre la queja Nº 185/2001 (C. B. A. K. c. Suecia), el Comité observó que el autor había presentado información sustantiva, en particular certificados médicos de que había sido sometido a tortura, una carta de apoyo de Amnistía Internacional y una declaración del presidente de la organización a la que pertenecía, que daban motivos para creer que correría un riesgo real de ser sometido a tortura si fuera enviado de regreso a Túnez.

214.En sus decisiones sobre las quejas Nº 138/1999 (M. P. S. c. Austalia), 146/1999 (E. T. B. c. Dinamarca), 164/2000 (L. M. T. c. Suecia), 177/2001 (H. I. c. Australia), 179/2001 (B. A. M. c. Suecia) y 180/2001 (F. Z. c. Dinamarca), el Comité estimó que los autores de las comunicaciones no habían justificado su afirmación de que correrían el riesgo de ser torturados al regresar a su país de origen. Por consiguiente, el Comité llegó a la conclusión en todos los casos de que la expulsión de los autores de las quejas a dichos países no violaría el artículo 3 de la Convención.

VI. OPINIÓN DEL ASESOR JURÍDICO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CUESTIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA CONVENCIÓN EN EL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO

215.En su 26º período de sesiones, el Comité decidió solicitar la opinión del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la aplicabilidad de la Convención en el territorio palestino ocupado. Por carta del 22 de junio de 2001, el Presidente del Comité solicitó al Asesor Jurídico que hiciera conocer al Comité dicha opinión. En su respuesta del 19 de septiembre de 2001, el Asesor Jurídico afirmó que la Convención obligaba a Israel, en su carácter de Potencia ocupante del territorio palestino ocupado. Añadió que el Comité contra la Tortura, al parecer, ya había procedido sobre la base de esa suposición.

VII. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DEL TERRITORIO PALESTINO OCUPADO A LA LUZ DE LA CONVENCIÓN

216.En su 28º período de sesiones, el Comité decidió, por pedido de uno de sus miembros, examinar la situación en el territorio palestino ocupado a la luz de la Convención. Dicho examen se celebró en la 522ª sesión, el 14 de mayo de 2002. Como resultado de ella, el Comité decidió, por 9 votos contra uno, que en el ejercicio de su mandato el Relator o la Relatora sobre el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Comité con respecto a los informes presentados por los Estados Partes tuviese en cuenta el debate sostenido en dicha sesión.

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ

217.De conformidad con el artículo 24 de la Convención, el Comité presentará un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General. Puesto que el Comité celebra su segundo período ordinario de sesiones de cada año civil a fines de noviembre, lo que coincide con los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, el Comité aprueba su informe anual al finalizar su período de sesiones de primavera para transmitirlo oportunamente a la Asamblea General durante el mismo año civil. Por consiguiente, en su 528ª sesión celebrada el 17 de mayo de 2002, el Comité examinó y aprobó por unanimidad el informe sobre sus actividades en sus períodos de sesiones 27º y 28º.

Anexo I

ESTADOS QUE HAN FIRMADO O RATIFICADO LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, O QUE SE HAN ADHERIDO A ELLA AL 17 DE MAYO DE 2002

Estado

Fecha de la firma

Fecha de recepción del instrumento de ratificación o de adhesión

Afganistán

4 febrero 1985

1º abril 1987

Albania

11 mayo 1984a

Alemania

13 octubre 1986

1º octubre 1990

Antigua y Barbuda

19 julio 1993 a

Arabia Saudita

23 septiembre 1997 a

Argelia

26 noviembre 1985

12 septiembre 1989

Argentina

4 febrero 1985

24 septiembre 1986

Armenia

13 septiembre 1993 a

Australia

10 diciembre 1985

8 agosto 1989

Austria

14 marzo 1985

29 julio 1987

Azerbaiyán

16 agosto 1996 a

Bahrein

6 marzo 1998 a

Bangladesh

5 octubre 1998 a

Belarús

19 diciembre 1985

13 marzo 1987

Bélgica

4 febrero 1985

25 junio 1999

Belice

17 marzo 1986 a

Benin

12 marzo 1992 a

Bolivia

4 febrero 1985

12 abril 1999

Bosnia y Herzegovina

6 marzo 1992b

Botswana

8 septiembre 2000

8 septiembre 2000

Brasil

23 septiembre 1985

28 septiembre 1989

Bulgaria

10 junio 1986

16 diciembre 1986

Burkina Faso

4 enero 1999a

Burundi

18 febrero 1993 a

Cabo Verde

4 junio 1992 a

Camboya

15 octubre 1992 a

Camerún

19 diciembre 1986 a

Canadá

23 agosto 1985

24 junio 1987

Chad

9 junio 1995 a

Chile

23 septiembre 1987

30 septiembre 1988

China

12 diciembre 1986

4 octubre 1988

Chipre

9 octubre 1985

18 julio 1991

Colombia

10 abril 1985

8 diciembre 1987

Comoras

22 septiembre 2000

Costa Rica

4 febrero 1985

11 noviembre 1993

Côte d'Ivoire

18 diciembre 1995 a

Croacia

8 octubre 1991 b

Cuba

27 enero 1986

17 mayo 1995

Dinamarca

4 febrero 1985

27 mayo 1987

Ecuador

4 febrero 1985

30 marzo 1988

Egipto

25 junio 1986 a

El Salvador

17 junio 1996 a

Eslovaquia

29 mayo 1993 b

Eslovenia

16 julio 1993 a

España

4 febrero 1985

21 octubre 1987

Estados Unidos de América

18 abril 1988

21 octubre 1994

Estonia

21 octubre 1991 a

Etiopía

14 marzo 1994 a

Federación de Rusia

10 diciembre 1985

3 marzo 1987

Filipinas

18 junio 1986 a

Finlandia

4 febrero 1985

30 agosto 1989

Francia

4 febrero 1985

18 febrero 1986

Gabón

21 enero 1986

8 septiembre 2000

Gambia

23 octubre 1985

Georgia

26 octubre 1994 a

Ghana

7 septiembre 2000

7 septiembre 2000 a

Grecia

4 febrero 1985

6 octubre 1988

Guatemala

5 enero 1990 a

Guinea

30 mayo 1986

10 octubre 1989

Guinea-Bissau

12 septiembre 2000

Guyana

25 enero 1988

19 mayo 1988

Honduras

5 diciembre 1996 a

Hungría

28 noviembre 1986

15 abril 1987

India

14 octubre 1997

Indonesia

23 octubre 1985

28 octubre 1998

Irlanda

28 septiembre 1992

11 abril 2002

Islandia

4 febrero 1985

23 octubre 1996

Israel

22 octubre 1986

3 octubre 1991

Italia

4 febrero 1985

12 enero 1989

Jamahiriya Árabe Libia

16 mayo 1989 a

Japón

29 junio 1999 a

Jordania

13 noviembre 1991 a

Kazajstán

26 agosto 1998

Kenya

21 febrero 1997 a

Kirguistán

5 septiembre 1997 a

Kuwait

8 marzo 1996 a

la ex República Yugoslavade Macedonia

12 diciembre 1994 b

Lesotho

12 noviembre 2001 a

Letonia

14 abril 1992 a

Líbano

5 octubre 2000 a

Liechtenstein

27 junio 1985

2 noviembre 1990

Lituania

1º febrero 1996 a

Luxemburgo

22 febrero 1985

29 septiembre 1987

Madagascar

1º octubre 2001

Malawi

11 junio 1996 a

Malí

26 febrero 1999 a

Malta

13 septiembre 1990 a

Marruecos

8 enero 1986

21 junio 1993

Mauricio

9 diciembre 1992 a

México

18 marzo 1985

23 enero 1986

Mónaco

6 diciembre 1991 a

Mongolia

24 enero 2002

Mozambique

14 septiembre 1999 a

Namibia

28 noviembre 1994 a

Nauru

12 noviembre 2001

Nepal

14 mayo 1991 a

Nicaragua

15 abril 1985

Níger

5 octubre 1998 a

Nigeria

28 julio 1988

28 junio 2001

Noruega

4 febrero 1985

9 julio 1986

Nueva Zelandia

14 enero 1986

10 diciembre 1989

Países Bajos

4 febrero 1985

21 diciembre 1988

Panamá

22 febrero 1985

24 agosto 1987

Paraguay

23 octubre 1989

12 marzo 1990

Perú

29 mayo 1985

7 julio 1988

Polonia

13 enero 1986

26 julio 1989

Portugal

4 febrero 1985

9 febrero 1989

Qatar

11 enero 2000a

Reino Unido de Gran de Bretañae Irlanda del Norte

15 marzo 1985

8 diciembre 1988

República Checa

1º enero 1993 b

República de Corea

9 enero 1995 a

República Democrática del Congo

18 marzo 1996 a

República de Moldova

28 noviembre 1995 a

República Dominicana

4 febrero 1985

Rumania

18 diciembre 1990 a

San Vicente y las Granadinas

1º agosto 2001 a

Santo Tomé y Príncipe

6 septiembre 2000

Senegal

4 febrero 1985

21 agosto 1986

Seychelles

5 mayo 1992 a

Sierra Leona

18 marzo 1985

25 abril 2001

Somalia

24 enero 1990 a

Sri Lanka

3 enero 1994 a

Sudáfrica

29 enero 1993

10 diciembre 1998

Sudán

4 junio 1986

Suecia

4 febrero 1985

8 enero 1986

Suiza

4 febrero 1985

2 diciembre 1986

Tayikistán

11 enero 1995 a

Togo

25 marzo 1987

18 noviembre 1987

Túnez

26 agosto 1987

23 septiembre 1988

Turkmenistán

25 junio 1999 a

Turquía

25 enero 1988

2 agosto 1988

Ucrania

27 febrero 1986

24 febrero 1987

Uganda

3 noviembre 1986 a

Uruguay

4 febrero 1985

24 octubre 1986

Uzbekistán

28 septiembre 1995 a

Venezuela

15 febrero 1985

29 julio 1991

Yemen

5 noviembre 1991 a

Yugoslavia

18 abril 1989

10 septiembre 1991 b

Zambia

7 octubre 1998 a

Anexo II

ESTADOS PARTES QUE HAN DECLARADO, EN EL MOMENTO DE RATIFICAR LA CONVENCIÓN O ADHERIRSE A ELLA, QUE NO RECONOCEN LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN, AL 17 DE MAYO DE 2002a

Afganistán

Arabia Saudita

China

Israel

Kuwait

Marruecos

Ucrania

Anexo III

ESTADOS PARTES QUE HAN FORMULADO LAS DECLARACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONVENCIÓN, AL 17 DE MAYO DE 2002a

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor

Alemania

19 de octubre de 2001

Argelia

12 de octubre de 1989

Argentina

26 de junio de 1987

Australia

29 de enero de 1993

Austria

28 de agosto de 1987

Bélgica

25 de julio de 1999

Bulgaria

12 de junio de 1993

Camerún

11 de noviembre de 2000

Canadá

24 de julio de 1987

Chipre

8 de abril de 1993

Costa Rica

27 de febrero de 2002

Croacia

8 de octubre de 1991

Dinamarca

26 de junio de 1987

Ecuador

29 de abril de 1988

Eslovaquia

17 de abril de 1995

Eslovenia

16 de julio de 1993

España

20 de noviembre de 1987

Federación de Rusia

1º de octubre de 1991

Finlandia

29 de septiembre de 1989

Francia

26 de junio de 1987

Ghana

7 de octubre de 2000

Grecia

5 de noviembre de 1988

Hungría

26 de junio de 1987

Irlanda

11 de abril de 2002

Islandia

22 de noviembre de 1996

Italia

11 de febrero de 1989

Liechtenstein

2 de diciembre de 1990

Luxemburgo

29 de octubre de 1987

Malta

13 de octubre de 1990

Mónaco

6 de enero de 1992

Noruega

26 de junio de 1987

Nueva Zelandia

9 de enero de 1990

Países Bajos

20 de enero de 1989

Polonia

12 de junio de 1993

Portugal

11 de marzo de 1989

República Checa

3 de septiembre de 1996

Senegal

16 de octubre de 1996

Sudáfrica

10 de diciembre de 1998

Suecia

26 de junio de 1987

Suiza

26 de junio de 1987

Togo

18 de diciembre de 1987

Túnez

23 de octubre de 1988

Turquía

1º de septiembre de 1988

Uruguay

26 de junio de 1987

Venezuela

26 de abril de 1994

Yugoslavia

10 de octubre de 1991

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 21 de la Convención, al 17 de mayo de 2002

Estados Unidos de América

21 de octubre de 1994

Japón

29 de junio de 1999

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

8 de diciembre de 1988

Uganda

19 de diciembre de 2001

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, al 17 de mayo de 2002b

Azerbaiyán

4 de febrero de 2002

México

15 de marzo de 2002

Seychelles

6 de agosto de 2001

Anexo IV

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA EN 2002

Miembro

Nacionalidad

El mandato expira el 31 de diciembre de

Sr. Peter Thomas BURNS

Canadá

2003

Sr. Guibril CAMARA

Senegal

2003

Sr. Sayed Kassem EL MASRY

Egipto

2005

Sra. Felice GAER

Estados Unidos de América

2003

Sr. Alejandro GONZÁLEZ POBLETE

Chile

2003

Sr. Fernando MARIÑO MENÉNDEZ

España

2005

Sr. Andreas MAVROMMATIS

Chipre

2003

Sr. Ole Vedel RASMUSSEN

Dinamarca

2005

Sr. Alexander M. YAKOVLEV

Federación de Rusia

2005

Sr. YU Mengjia

China

2005

Anexo V

ESTADO DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ESTADOS PARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, AL 17 DE MAYO DE 2002

A. Informe inicial

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor de la Convención

Fecha en que debía presentarse el informe inicial

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1988 (27)

Afganistán

26 junio 1987

25 junio 1988

21 enero 1992

CAT/C/5/Add.31

Argentina

26 junio 1987

25 junio 1988

15 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.12/Rev.1

Austria

28 agosto 1987

27 agosto 1988

10 noviembre 1988

CAT/C/5/Add.10

Belarús

26 junio 1987

25 junio 1988

11 enero 1989

CAT/C/5/Add.14

Belice

26 junio 1987

25 junio 1988

18 abril 1991

CAT/C/5/Add.25

Bulgaria

26 junio 1987

25 junio 1988

12 septiembre 1991

CAT/C/5/Add.28

Camerún

26 junio 1987

25 junio 1988

15 febrero 1989 y25 abril 1991

CAT/C/5/Add.16 y 26

Canadá

24 julio 1987

23 julio 1988

16 enero 1989

CAT/C/5/Add.15

Dinamarca

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988

CAT/C/5/Add.4

Egipto

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988 y 20 noviembre 1990

CAT/C/5/Add.5 y 23

España

20 noviembre 1987

19 noviembre 1988

19 marzo 1990

CAT/C/5/Add.21

Federación de Rusia

26 junio 1987

25 junio 1988

6 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.11

Filipinas

26 junio 1987

25 junio 1988

26 julio 1988 y28 abril 1989

CAT/C/5/Add.6 y 18

Francia

26 junio 1987

25 junio 1988

30 junio 1988

CAT/C/5/Add.2

Hungría

26 junio 1987

25 junio 1988

25 octubre 1988

CAT/C/5/Add.9

Luxemburgo

29 octubre 1987

28 octubre 1988

15 octubre 1991

CAT/C/5/Add.29

México

26 junio 1987

25 junio 1988

10 agosto 1988 y 13 febrero 1990

CAT/C/5/Add.7 y 22

Noruega

26 junio 1987

25 junio 1988

21 julio 1988

CAT/C/5/Add.3

Panamá

23 septiembre 1987

22 septiembre 1988

28 enero 1991

CAT/C/5/Add.24

Rep. Democrática Alemana

9 octubre 1987

8 octubre 1988

19 diciembre 1988

CAT/C/5/Add.13

Senegal

26 junio 1987

25 junio 1988

30 octubre 1989

CAT/C/5/Add.19 (en sustitución de CAT/C/5/Add.8)

Suecia

26 junio 1987

25 junio 1988

23 junio 1988

CAT/C/5/Add.1

Suiza

26 junio 1987

25 junio 1988

14 abril 1989

CAT/C/5/Add.17

Togo

18 diciembre 1987

17 diciembre 1988

Ucrania

26 junio 1987

25 junio 1988

17 enero 1990

CAT/C/5/Add.20

Uganda

26 junio 1987

25 junio 1988

Uruguay

26 junio 1987

25 junio 1988

6 junio 1991 y 5 diciembre 1991

CAT/C/5/Add.27 y 30

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1989 (10)

Chile

30 octubre 1988

29 octubre 1989

21 septiembre 1989 y5 noviembre 1990

CAT/C/7/Add.2 y 9

China

3 noviembre 1988

2 noviembre 1989

1º diciembre 1989

CAT/C/7/Add.5 y 14

Colombia

7 enero 1988

6 enero 1989

24 abril 1989 y28 agosto 1990

CAT/C/7/Add.1 y 10

Ecuador

29 abril 1988

28 abril 1989

27 junio 1990,28 febrero 1991 y 26 septiembre 1991

CAT/C/7/Add.7, 11 y 13

Grecia

5 noviembre 1988

4 noviembre 1989

8 agosto 1990

CAT/C/7/Add.8

Guyana

18 junio 1988

17 junio 1989

Perú

6 agosto 1988

5 agosto 1989

9 noviembre 1992 y22 febrero 1994

CAT/C/7/Add.15 y 16

Rep. Federal Checa y Eslovaca

6 agosto 1988

5 agosto 1989

21 noviembre 1989 y14 mayo 1991

CAT/C/7/Add.4 y 12

Túnez

23 octubre 1988

22 octubre 1989

25 octubre 1989

CAT/C/7/Add.3

Turquía

1º septiembre 1988

31 agosto 1989

24 abril 1990

CAT/C/7/Add.6

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1990 (11)

Argelia

12 octubre 1989

11 octubre 1990

13 febrero 1991

CAT/C/9/Add.5

Australia

7 septiembre 1989

6 septiembre 1990

27 agosto 1991 y11 junio 1992

CAT/C/9/Add.8 y 11

Brasil

28 octubre 1989

27 octubre 1990

26 mayo 2000

CAT/C/9/Add.16

Finlandia

29 septiembre 1989

28 septiembre 1990

28 septiembre 1990

CAT/C/9/Add.4

Guinea

9 noviembre 1989

8 noviembre 1990

Italia

11 febrero 1989

10 febrero 1990

30 diciembre 1991

CAT/C/9/Add.9

Jamahiriya Árabe Libia

15 junio 1989

14 junio 1990

14 mayo 1991 y27 agosto 1992

CAT/C/9/Add.7 y 12/Rev.1

Países Bajos

20 enero 1989

19 enero 1990

14 marzo 1990, 11 septiembre 1990 y13 septiembre 1990

CAT/C/9/Add.1 a 3

Polonia

25 agosto 1989

24 agosto 1990

22 marzo 1993

CAT/C/9/Add.13

Portugal

11 marzo 1989

10 marzo 1990

7 mayo 1993

CAT/C/9/Add.15

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

7 enero 1989

6 enero 1990

22 marzo 1991 y30 abril 1992

CAT/C/9/Add.6, 10 y 14

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1991 (7)

Alemania

31 octubre 1990

30 octubre 1991

9 marzo 1992

CAT/C/12/Add.1

Guatemala

4 febrero 1990

3 febrero 1991

2 noviembre 1994 y31 julio 1995

CAT/C/12/Add.5 y 6

Liechtenstein

2 diciembre 1990

1º diciembre 1991

5 agosto 1994

CAT/C/12/Add.4

Malta

13 octubre 1990

12 octubre 1991

3 enero 1996

CAT/C/12/Add.7

Nueva Zelandia

9 enero 1990

8 enero 1991

29 julio 1992

CAT/C/12/Add.2

Paraguay

11 abril 1990

10 abril 1991

13 enero 1993

CAT/C/12/Add.3

Somalia

23 febrero 1990

22 febrero 1991

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1992 (10)

Croacia

8 octubre 1991

7 octubre 1992

4 enero 1996

CAT/C/16/Add.6

Chipre

17 agosto 1991

16 agosto 1992

23 junio 1993

CAT/C/16/Add.2

Estonia

20 noviembre 1991

19 noviembre 1992

19 junio 2001

CAT/C/16/Add.9

Israel

2 noviembre 1991

1º noviembre 1992

25 enero 1994

CAT/C/16/Add.4

Jordania

13 diciembre 1991

12 diciembre 1992

23 noviembre 1994

CAT/C/16/Add.5

Nepal

13 junio 1991

12 junio 1992

6 octubre 1993

CAT/C/16/Add.3

Rumania

17 enero 1991

16 enero 1992

14 febrero 1992

CAT/C/16/Add.1

Venezuela

28 agosto 1991

27 agosto 1992

8 julio 1998

CAT/C/16/Add.8

Yemen

5 diciembre 1991

4 diciembre 1992

Yugoslavia

10 octubre 1991

9 octubre 1992

20 enero 1998

CAT/C/16/Add.7

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1993 (8)

Benin

11 abril 1992

10 abril 1993

12 febrero 2001

CAT/C/21/Add.3

Bosnia y Herzegovina

6 marzo 1992

5 marzo 1993

Cabo Verde

4 julio 1992

3 julio 1993

Camboya

14 noviembre 1992

13 noviembre 1993

Letonia

14 mayo 1992

13 mayo 1993

Mónaco

5 enero 1992

4 enero 1993

14 marzo 1994

CAT/C/21/Add.1

República Checa

1º enero 1993

31 diciembre 1993

18 abril 1994

CAT/C/21/Add.2

Seychelles

4 junio 1992

3 junio 1993

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1994 (8)

Antigua y Barbuda

18 agosto 1993

17 agosto 1994

Armenia

13 octubre 1993

12 octubre 1994

20 abril 1995 y 21 diciembre 1995

CAT/C/24/Add.4 y Rev.1

Burundi

20 marzo 1993

19 marzo 1994

Costa Rica

11 diciembre 1993

10 diciembre 1994

10 agosto 2000

CAT/C/24/Add.7

Eslovaquia

28 mayo 1993

27 mayo 1994

1º mayo 2000

CAT/C/24/Add.6

Eslovenia

15 agosto 1993

14 agosto 1994

10 agosto 1999

CAT/C/24/Add.5

Marruecos

21 julio 1993

20 julio 1994

29 julio 1994

CAT/C/24/Add.2

Mauricio

8 enero 1993

7 enero 1994

10 mayo 1994 y 1º marzo 1995

CAT/C/24/Add.1 y 3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1995 (7)

Albania

10 junio 1994

9 junio 1995

Estados Unidosde América

20 noviembre 1994

19 noviembre 1995

15 octubre 1999

CAT/C/28/Add.5

Etiopía

13 abril 1994

12 abril 1995

Georgia

25 noviembre 1994

24 noviembre 1995

4 junio 1996

CAT/C/28/Add.1

la ex República Yugoslava de Macedonia

12 diciembre 1994

11 diciembre 1995

22 mayo 1998

CAT/C/28/Add.4

Namibia

28 diciembre 1994

27 diciembre 1995

23 agosto 1996

CAT/C/28/Add.2

Sri Lanka

2 febrero 1994

1º febrero 1995

27 octubre 1997

CAT/C/28/Add.3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1996 (6)

Chad

9 julio 1995

8 julio 1996

Cuba

16 junio 1995

15 junio 1996

15 noviembre 1996

CAT/C/32/Add.2

República de Corea

8 febrero 1995

7 febrero 1996

10 febrero 1996

CAT/C/32/Add.1

República deMoldova

28 diciembre 1995

27 diciembre 1996

17 septiembre 2001

CAT/C/32/Add.4

Tayikistán

10 febrero 1995

9 febrero 1996

Uzbekistán

28 octubre 1995

27 octubre 1996

18 febrero 1999

CAT/C/32/Add.3

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1997 (8)

Azerbaiyán

15 septiembre 1996

14 septiembre 1997

18 diciembre 1998

CAT/C/37/Add.3

Côte d'Ivoire

17 enero 1996

16 enero 1997

El Salvador

17 julio 1996

16 julio 1997

5 julio 1999

CAT/C/37/Add.4

Islandia

22 noviembre 1996

21 noviembre 1997

12 febrero 1998

CAT/C/37/Add.2

Kuwait

7 abril 1996

6 abril 1997

5 agosto 1997

CAT/C/37/Add.1

Lituania

2 marzo 1996

1º marzo 1997

Malawi

11 julio 1996

10 julio 1997

Rep. Democrática del Congo

17 abril 1996

16 abril 1997

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1998 (4)

Arabia Saudita

22 octubre 1997

21 octubre 1998

27 febrero 2001

CAT/C/42/Add.2

Honduras

4 enero 1997

3 enero 1998

Kenya

23 marzo 1997

22 marzo 1998

Kirguistán

5 octubre 1997

4 octubre 1998

9 febrero 1999

CAT/C/42/Add.1

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 1999 (6)

Bahrein

5 abril 1998

4 abril 1999

Bangladesh

4 noviembre 1998

3 noviembre 1999

Indonesia

27 noviembre 1998

26 noviembre 1999

7 febrero 2001

CAT/C/47/Add.3

Kazajstán

25 septiembre 1998

24 septiembre 1999

15 agosto 2000

CAT/C/47/Add.1

Níger

4 noviembre 1998

3 noviembre 1999

Zambia

6 noviembre 1998

5 noviembre 1999

1º diciembre 2000

CAT/C/47/Add.2

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 2000 (8)

Bélgica

25 julio 1999

25 julio 2000

14 agosto 2001

CAT/C/52/Add.2

Bolivia

12 mayo 1999

11 mayo 2000

16 mayo 2000

CAT/C/52/Add.1

Burkina Faso

3 febrero 1999

2 febrero 2000

Japón

29 julio 1999

29 julio 2000

Malí

28 marzo 1999

27 marzo 2000

Mozambique

14 octubre 1999

14 octubre 2000

Sudáfrica

9 enero 1999

8 enero 2000

Turkmenistán

25 julio 1999

25 julio 2000

Informe inicial que los Estados Partes debían presentar en 2001 (5)

Qatar

10 febrero 2000

9 febrero 2001

Ghana

7 octubre 2000

6 octubre 2001

Botswana

8 octubre 2000

7 octubre 2001

Gabón

8 octubre 2000

7 octubre 2001

Líbano

4 noviembre 2000

3 noviembre 2001

Informe inicial que los Estados Partes deben presentar en 2002 (4)

Sierra Leona

25 mayo 2001

24 mayo 2002

Nigeria

28 julio 2001

27 julio 2002

San Vicente y las Granadinas

31 agosto 2001

30 agosto 2002

Lesotho

12 diciembre 2001

11 agosto 2002

B. Segundo informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el segundo informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1992 (26)

Afganistán

25 junio 1992

Argentina

25 junio 1992

29 junio 1992

CAT/C/17/Add.2

Austria

27 agosto 1992

12 octubre 1998

CAT/C/17/Add.21

Belarús

25 junio 1992

15 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.6

Belice

25 junio 1992

Bulgaria

25 junio 1992

19 junio 1998

CAT/C/17/Add.19

Camerún

25 junio 1992

20 noviembre 1999

CAT/C/17/Add.22

Canadá

23 julio 1992

11 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.5

Dinamarca

25 junio 1992

22 febrero 1995

CAT/C/17/Add.13

Egipto

25 junio 1992

13 abril 1993

CAT/C/17/Add.11

España

19 noviembre 1992

19 noviembre 1992

CAT/C/17/Add.10

Federación de Rusia

25 junio 1992

17 enero 1996

CAT/C/17/Add.15

Filipinas

25 junio 1992

Francia

25 junio 1992

19 diciembre 1996

CAT/C/17/Add.18

Hungría

25 junio 1992

23 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.8

Luxemburgo

28 octubre 1992

3 agosto 1998

CAT/C/17/Add.20

México

25 junio 1992

21 julio 1992 y28 mayo 1996

CAT/C/17/Add.3 y 17

Noruega

25 junio 1992

25 junio 1992

CAT/C/17/Add.1

Panamá

22 septiembre 1992

21 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.7

Senegal

25 junio 1992

27 marzo 1995

CAT/C/17/Add.14

Suecia

25 junio 1992

30 septiembre 1992

CAT/C/17/Add.9

Suiza

25 junio 1992

28 septiembre 1993

CAT/C/17/Add.12

Togo

17 diciembre 1992

Ucrania

25 junio 1992

31 agosto 1992

CAT/C/17/Add.4

Uganda

25 junio 1992

Uruguay

25 junio 1992

25 marzo 1996

CAT/C/17/Add.16

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1993 (9)

Chile

29 octubre 1993

16 febrero 1994

CAT/C/20/Add.3

China

2 noviembre 1993

2 diciembre 1995

CAT/C/20/Add.5

Colombia

6 enero 1993

4 agosto 1995

CAT/C/20/Add.4

Ecuador

28 abril 1993

21 abril 1993

CAT/C/20/Add.1

Grecia

4 noviembre 1993

6 diciembre 1993

CAT/C/20/Add.2

Guyana

17 junio 1993

Perú

5 agosto 1993

20 enero 1997

CAT/C/20/Add.6

Túnez

22 octubre 1993

10 noviembre 1997

CAT/C/20/Add.7

Turquía

31 agosto 1993

28 noviembre 2001

CAT/C/20/Add.8

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1994 (11)

Argelia

11 octubre 1994

23 febrero 1996

CAT/C/25/Add.8

Australia

6 septiembre 1994

19 octubre 1999

CAT/C/25/Add.11

Brasil

27 octubre 1994

Finlandia

28 septiembre 1994

11 septiembre 1995

CAT/C/25/Add.7

Guinea

8 noviembre 1994

Italia

10 febrero 1994

20 julio 1994

CAT/C/25/Add.4

Jamahiriya Árabe Libia

14 junio 1994

30 junio 1994

CAT/C/25/Add.3

Países Bajos

19 enero 1994

14 abril 1994,16 junio 1994 y27 marzo 1995

CAT/C/25/Add.1, 2 y 5

Polonia

24 agosto 1994

7 mayo 1996

CAT/C/25/Add.9

Portugal

10 marzo 1994

7 noviembre 1996

CAT/C/25/Add.10

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 enero 1994

25 marzo 1995

CAT/C/25/Add.6

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1995 (7)

Alemania

30 octubre 1995

17 diciembre 1996

CAT/C/29/Add.2

Guatemala

3 febrero 1995

13 febrero 1997

CAT/C/29/Add.3

Liechtenstein

1º diciembre 1995

3 septiembre 1998

CAT/C/29/Add.5

Malta

12 octubre 1995

29 septiembre 1998

CAT/C/29/Add.6

Nueva Zelandia

8 enero 1995

25 febrero 1997

CAT/C/29/Add.4

Paraguay

10 abril 1995

10 julio 1996

CAT/C/29/Add.1

Somalia

22 febrero 1995

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1996 (10)

Chipre

16 agosto 1996

12 septiembre 1996

CAT/C/33/Add.1

Croacia

7 octubre 1996

5 marzo 1998

CAT/C/33/Add.4

Estonia

19 noviembre 1996

Israel

1º noviembre 1996

6 diciembre 1996 y 7 febrero 1997(informe especial)26 febrero 1998

CAT/C/33/Add.2/Rev.1CAT/C/33/Add.3

Jordania

12 diciembre 1996

Nepal

12 junio 1996

Rumania

16 enero 1996

Venezuela

27 agosto 1996

1º septiembre 2000

CAT/C/33/Add.5

Yemen

4 diciembre 1996

Yugoslavia

9 octubre 1996

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1997 (8)

Benin

10 abril 1997

Bosnia y Herzegovina

5 marzo 1997

Cabo Verde

3 julio 1997

Camboya

13 noviembre 1997

Letonia

13 mayo 1997

Mónaco

4 enero 1997

República Checa

31 diciembre 1997

14 febrero 2000

CAT/C/38/Add.1

Seychelles

3 junio 1997

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1998 (8)

Antigua y Barbuda

17 agosto 1998

Armenia

12 octubre 1998

15 junio 1999

CAT/C/43/Add.3

Burundi

19 marzo 1998

Costa Rica

10 diciembre 1998

Eslovaquia

27 mayo 1998

Eslovenia

14 agosto 1998

8 octubre 2001

CAT/C/43/Add.4

Marruecos

20 julio 1998

2 septiembre 1998

CAT/C/43/Add.2

Mauricio

7 enero 1998

8 junio 1998

CAT/C/43/Add.1

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1999 (7)

Albania

9 junio 1999

Estados Unidos de América

19 noviembre 1999

Etiopía

12 abril 1999

Georgia

24 noviembre 1999

15 noviembre 1999

CAT/C/48/Add.1

la ex República Yugoslava de Macedonia

11 diciembre 1999

Namibia

27 diciembre 1999

Sri Lanka

1º febrero 1999

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (6)

Chad

8 julio 2000

Cuba

15 junio 2000

República de Corea

7 febrero 2000

República de Moldova

27 diciembre 2000

Tayikistán

9 febrero 2000

Uzbekistán

27 octubre 2000

5 diciembre 2001

CAT/C/59/Add.2

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2001 (8)

Azerbaiyán

14 septiembre 2001

2 noviembre 2001

CAT/C/59/Add.1

Côte d'Ivoire

16 enero 2001

El Salvador

16 julio 2001

Islandia

21 noviembre 2001

27 noviembre 2001

CAT/C/59/Add.2

Kuwait

6 abril 2001

Lituania

1º marzo 2001

Malawi

10 julio 2001

República Democrática del Congo

16 abril 2001

Segundo informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2002 (4)

Arabia Saudita

21 octubre 2002

Honduras

3 enero 2002

Kenya

22 marzo 2002

Kirguistán

4 septiembre 2002

C. Tercer informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el tercer informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1996 (26)

Afganistán

25 junio 1996

Argentina

25 junio 1996

26 septiembre 1996

CAT/C/34/Add.5

Austria

27 agosto 1996

Belarús

25 junio 1996

29 septiembre 1999

CAT/C/34/Add.12

Belice

25 junio 1996

Bulgaria

25 junio 1996

Camerún

25 junio 1996

Canadá

23 julio 1996

19 octubre 1999

CAT/C/34/Add.13

Dinamarca

25 junio 1996

5 julio 1996

CAT/C/34/Add.3

Egipto

25 junio 1996

30 octubre 1998

CAT/C/34/Add.11

España

19 noviembre 1996

18 noviembre 1996

CAT/C/34/Add.7

Federación de Rusia

25 junio 1996

5 diciembre 2000

CAT/C/34/Add.15

Filipinas

25 junio 1996

Francia

25 junio 1996

Hungría

25 junio 1996

21 abril 1998

CAT/C/34/Add.10

Luxemburgo

28 octubre 1996

30 octubre 2000

CAT/C/34/Add.14

México

25 junio 1996

25 junio 1996

CAT/C/34/Add.2

Noruega

25 junio 1996

6 febrero 1997

CAT/C/34/Add.8

Panamá

22 septiembre 1996

19 mayo 1997

CAT/C/34/Add.9

Senegal

25 junio 1996

Suecia

25 junio 1996

23 agosto 1996

CAT/C/34/Add.4

Suiza

25 junio 1996

7 noviembre 1996

CAT/C/34/Add.6

Togo

17 diciembre 1996

Ucrania

25 junio 1996

19 junio 1996

CAT/C/34/Add.1

Uganda

25 junio 1996

Uruguay

25 junio 1996

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1997 (9)

Chile

29 octubre 1997

18 febrero 2002

CAT/C/39/Add.4

China

2 noviembre 1997

5 mayo 1999

CAT/C/39/Add.2

Colombia

6 enero 1997

17 enero 2002

CAT/C/39/Add.4

Ecuador

28 abril 1997

Grecia

4 noviembre 1997

29 noviembre 1999

CAT/C/39/Add.3

Guyana

17 junio 1997

Perú

5 agosto 1997

12 diciembre 1998

CAT/C/39/Add.1

Túnez

22 octubre 1997

Turquía

31 agosto 1997

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1998 (11)

Argelia

11 octubre 1998

Australia

6 septiembre 1998

Brasil

27 octubre 1998

Finlandia

28 septiembre 1998

16 noviembre 1998

CAT/C/44/Add.6

Guinea

8 noviembre 1998

Italia

10 febrero 1998

22 julio 1998

CAT/C/44/Add.2

Jamahiriya Árabe Libia

14 junio 1998

2 septiembre 1998

CAT/C/44/Add.3

Países Bajos

19 enero 1998

3 septiembre 1998 y27 diciembre 1999

CAT/C/44/Add.4 y 8

Polonia

24 agosto 1998

11 noviembre 1998

CAT/C/44/Add.5

Portugal

10 marzo 1998

2 febrero 1999

CAT/C/44/Add.7

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 enero 1998

2 abril 1998

CAT/C/44/Add.1

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1999 (7)

Alemania

30 octubre 1999

Guatemala

3 febrero 1999

18 enero 2000

CAT/C/49/Add.2

Liechtenstein

1º diciembre 1999

Malta

12 octubre 1999

Nueva Zelandia

8 enero 1999

10 enero 2002

CAT/C/49/Add.3

Paraguay

10 abril 1999

14 junio 1999

CAT/C/49/Add.1

Somalia

22 febrero 1999

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (10)

Croacia

7 octubre 2000

3 diciembre 2001

CAT/C/54/Add.3

Chipre

16 agosto 2000

29 junio 2001

CAT/C/54/Add.2

Estonia

19 noviembre 2000

Israel

1º noviembre 2000

15 marzo 2001

CAT/C/54/Add.1

Jordania

12 diciembre 2000

Nepal

12 junio 2000

Rumania

16 enero 2000

Venezuela

27 agosto 2000

Yemen

4 diciembre 2000

Yugoslavia

9 octubre 2000

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2001 (8)

Benin

10 abril 2001

Bosnia y Herzegovina

5 marzo 2001

Cabo Verde

3 julio 2001

Camboya

13 noviembre 2001

Letonia

13 mayo 2001

Mónaco

4 enero 2001

República Checa

31 diciembre 2001

5 marzo 2002

CAT/C/60/Add.1

Seychelles

3 junio 2001

Tercer informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2002 (8)

Antigua y Barbuda

17 agosto 2002

Armenia

12 octubre 2002

Burundi

19 marzo 2002

Costa Rica

10 diciembre 2002

Eslovaquia

27 mayo 2002

Eslovenia

14 agosto 2002

Marruecos

20 julio 2002

Mauricio

7 enero 2002

D. Cuarto informe periódico

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el cuarto informe periódico

Fecha efectiva de presentación del informe

Signatura del informe

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2000 (26)

Afganistán

25 junio 2000

Argentina

25 junio 2000

Austria

27 agosto 2000

Belarús

25 junio 2000

Belice

25 junio 2000

Bulgaria

25 junio 2000

Camerún

25 junio 2000

Canadá

23 julio 2000

Dinamarca

25 junio 2000

4 agosto 2000

CAT/C/55/Add.2

Egipto

25 junio 2000

19 febrero 2001

CAT/C/55/Add.6

España

19 noviembre 2000

8 enero 2001

CAT/C/55/Add.5

Federación de Rusia

25 junio 2000

Filipinas

25 junio 2000

Francia

25 junio 2000

Hungría

25 junio 2000

Luxemburgo

28 octubre 2000

México

25 junio 2000

Noruega

25 junio 2000

15 septiembre 2000

CAT/C/55/Add.4

Panamá

22 septiembre 2000

Senegal

25 junio 2000

21 agosto 2000

CAT/C/55/Add.3

Suecia

25 junio 2000

Suiza

25 junio 2000

Togo

17 diciembre 2000

Ucrania

25 junio 2000

31 julio 2000

CAT/C/55/Add.1

Uganda

25 junio 2000

Uruguay

25 junio 2000

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2001 (9)

Chile

29 octubre 2001

China

2 noviembre 2001

Colombia

6 enero 2001

Ecuador

28 abril 2001

Grecia

4 noviembre 2001

21 enero 2002

CAT/C/61/Add.1

Guyana

14 junio 2001

Perú

5 agosto 2001

Túnez

22 octubre 2001

Turquía

31 agosto 2001

Cuarto informe periódico que los Estados Partes deben presentar en 2002 (11)

Argelia

11 octubre 2002

Australia

6 septiembre 2002

Brasil

27 octubre 2002

Finlandia

28 septiembre 2002

Guinea

8 noviembre 2002

Italia

10 febrero 2002

Jamahiriya Árabe Libia

14 junio 2002

Países Bajos

19 enero 2002

Polonia

24 agosto 2002

Portugal

10 marzo 2002

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

6 enero 2002

Anexo VI

RELATORES PARA LOS PAÍSES Y RELATORES SUPLENTES ENCARGADOS DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES EXAMINADOS POR EL COMITÉ EN SUS PERÍODOS DE SESIONES 27º Y 28º

Informe

Relator

Suplente

A. 27º período de sesiones

Ucrania:Cuarto informe periódico(CAT/C/55/Add.1)

Sr. El Masry

Sr. Rasmussen

Benin:Informe inicial(CAT/C/21/Add.3)

Sr. Camara

Sr. González Poblete

Indonesia:Informe inicial(CAT/C/47/Add.3)

Sra. Gaer

Sr. Yu

Zambia:Informe inicial(CAT/C/47/Add.2)

Sr. Mavrommatis

Sr. Rasmussen

Israel:Tercer informe periódico(CAT/C/54/Add.1)

Sr. Burns

Sr. Yakovlev

B. 28º período de sesiones

Arabia Saudita:Informe inicial(CAT/C/42/Add.2)

Sr. Burns

Sr. Yakovlev

Dinamarca:Cuarto informe periódico(CAT/C/55/Add.2)

Sr. El Masry

Sr. Camara

Suecia:Cuarto informe periódico(CAT/C/55/Add.3)

Sr. Camara

Sr. Yu

Noruega:Cuarto informe periódico(CAT/C/55/Add.4)

Sr. Yu

Sr. El Masry

Luxemburgo:Tercer informe periódico(CAT/C/34/Add.14)

Sr. Mavrommatis

Sr. Camara

Uzbekistán:Segundo informe periódico(CAT/C/53/Add.1)

Sr. Yakovolev

Sra. Gaer

Federación de Rusia:Tercer informe periódico(CAT/C/34/Add.15)

Sra. Gaer

Sr. Rasmussen

Anexo VII

DECISIONES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA A TENOR DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Decisiones sobre el fondo de la cuestión

Queja Nº 111/1998

Autor de la queja:Sr. R. S. [Representado por el Sr. Richard Soyer, abogado en Viena, Austria]

Estado Parte:Austria

Fecha de la comunicación:16 de abril de 1997 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 30 de abril de 2002,

Habiendo concluido el examen de la queja Nº 111/1998, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Adopta una decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es el Sr. R. S., súbdito austríaco, quien en la fecha de la primera presentación estaba preso en Viena (Austria), acusado de robo con allanamiento de morada, proxenetismo y tráfico de drogas. Afirma ser víctima de una violación por Austria del artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo representa un abogado.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el 11 de enero de 1999 el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte.

Los hechos expuestos por el autor de la queja

El 30 de julio de 1996, el autor de la queja fue interrogado por la policía en la comisaría de distrito de Leopoldstadt de la Dirección Federal de Policía de Viena. Mientras el autor estaba siendo interrogado por agentes de policía de un equipo de investigación, tres policías entraron en la sala y lo llevaron al despacho de uno de ellos. Los agentes del equipo de investigación protestaron contra el traslado del autor, porque aún no habían concluido su interrogatorio. Poco después de que lo hubieran trasladado al otro despacho, apareció fuera de éste con tres heridas sangrantes en la parte inferior de la pierna derecha. Fue examinado por un médico de la policía y se tomaron fotografías de las heridas. El 1º de agosto de 1996, el autor de la queja fue trasladado por su médico particular a un hospital para someterlo a nuevos exámenes, que se realizaron el 2 de agosto de 1996. Fue dado de alta inmediatamente. El informe del hospital, presentado por el autor, documenta la existencia de heridas en la parte inferior de la pierna derecha y una hinchazón leve de la nariz.

2.2.El 9 de agosto de 1996, la Dirección Federal de Policía de Viena envió a la Fiscalía un informe sobre los hechos del caso y las denuncias del autor de la queja de que había sido objeto de malos tratos. El 20 de agosto de 1996, el fiscal inició actuaciones judiciales contra los tres agentes de policía, acusándolos de hacer objeto de malos tratos a un preso y de intentar ejercer coacción contra él.

2.3.La primera vista de la causa se celebró el 7 de octubre de 1996. El 6 de noviembre de ese año, el defensor del autor de la queja propuso al tribunal y al fiscal que se designara a un juez instructor, de conformidad con un decreto del Ministerio Federal de Justicia, para concluir la investigación preliminar llevada a cabo por la Dirección Federal de Policía. El tribunal y el fiscal rechazaron esa propuesta. El 25 de noviembre de 1996, se absolvió a los tres agentes de policía. El 10 de marzo de 1997, el fiscal retiró su recurso. Se señala que, por consiguiente, la decisión del tribunal es definitiva.

La queja

3.1.El autor afirma que el 30 de julio de 1996, cuando estaba siendo interrogado en la comisaría de distrito de Leopoldstadt, de la Dirección Federal de Policía de Viena, tres agentes lo maltrataron. Según se afirma, uno de ellos lo tiró al suelo y lo pateó. El autor de la queja sostiene además que ese policía lo pateó intencionalmente y le golpeó la espinilla derecha, en la que ya tenía una heridaa. A consecuencia de ello, la herida comenzó a sangrar. Cuando el autor se levantó, otro policía lo abofeteó. Entonces le dijeron que confesara. El autor afirma que en la sala se hallaba presente un cuarto agente, pero que no participó en los malos tratos.

3.2.El autor de la queja afirma que, en la primera vista el 7 de octubre de 1996 en el Tribunal Regional de Viena para causas penales, salió a la luz que había habido graves deficiencias en las indagaciones preliminares. En particular, no se había tratado de averiguar en ellas la identidad de la cuarta persona presente en la sala de interrogatorio, pese a que el testimonio de esa persona habría sido indispensable para determinar los hechos.

3.3.El autor sostiene que las indagaciones preliminares carecían de la imparcialidad necesaria, porque fueron llevadas a cabo por la policía y, por consiguiente, constituían una violación del artículo 13 de la Convención. Si se hubiera realizado una investigación imparcial, se habría identificado a la "cuarta persona".

3.4.El autor de la queja afirma asimismo que no existe en el derecho austríaco ninguna base legal para que la policía lleve a cabo indagaciones preliminares como en el presente caso, aunque ese tipo de indagaciones se realiza con frecuencia en Austria. No hubo ni instrucción preliminar a cargo de un juez ni investigaciones preliminares judiciales, como lo dispone el Código de Procedimiento Penal.

3.5.Por último, el autor sostiene que el único recurso interno de que aún dispone consiste en ejercitar una acción civil (Amtshaftungsklage). Sin embargo, se considera que esa acción no sería viable porque, en ausencia de una investigación penal a fondo, una acción civil fracasaría.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad

4.1.El 20 de mayo de 1999, el Estado Parte afirma que el caso se debe declarar inadmisible. Señala que el interrogatorio del autor de la queja por el primer equipo de investigación fue interrumpido cuando el agente de policía asignado al caso en la comisaría lo hizo comparecer en su despacho para que fuese examinado por el perito médico de la Dirección General de Policía de Viena a fin de determinar si su salud física y mental estaba afectada por el consumo de drogas.

4.2.Tras el examen médico, el autor de la queja dijo a otro agente de la comisaría (el coronel P.) que había sido maltratado por el agente que lo interrogó, el perito médico y otro agente de policía. El coronel P. inmediatamente comunicó sus alegaciones al jefe de la comisaría. Este último llamó por teléfono, sin demora, al Jefe de la Dirección Federal de Policía de Viena y al Director de la Oficina de Investigaciones Penales (Sicherheitsbüro), para solicitar su intervención. La Oficina de Investigaciones Penales de inmediato dio inicio a las averiguaciones. El mismo día, apenas una hora y media después de haber formulado la denuncia, el autor fue trasladado a la Oficina de Investigaciones Penales, donde lo interrogaron largamente.

4.3.Los días 31 de julio y 1º de agosto de 1996, se sometió al coronel P. y a los policías acusados a intensos interrogatorios. Los días 2, 5 y 6 de agosto, también se interrogó exhaustivamente a otros cinco agentes en la Oficina de Investigaciones Penales. Esta Oficina también intentó, en vano, averiguar si en el momento de los supuestos malos tratos se hallaba presente una cuarta persona.

4.4.El 9 de agosto de 1996, la Oficina de Investigaciones Penales entregó a la Fiscalía de Viena una exposición de los hechos, en que se comunicaban los resultados de sus averiguaciones. El 20 de agosto de 1996, en el Tribunal Penal Regional de Viena el fiscal formuló cargos contra los policías acusados de infligir sufrimientos e intentar ejercer coacción sobre un preso. El Tribunal Penal Regional recibió esa información el 28 de agosto de 1996.

4.5.La Oficina de Investigaciones Penales continuó sus indagaciones y averiguó que una cuarta persona (G. W.) había entrado en el despacho en que el autor estaba siendo interrogado. Esa persona era un funcionario del ayuntamiento de Viena, que declaró que había estado presente en el despacho uno o dos minutos, durante los cuales no había visto señales de malos tratos al autor de la queja. Esta información fue presentada a la Fiscalía el 26 de agosto de 1996.

4.6.El 7 de octubre de 1996, comenzó el juicio de los tres policías en el Tribunal Penal Regional de Viena. El autor de la queja y los agentes acusados fueron interrogados largamente por el Tribunal en presencia del fiscal, el abogado defensor y el representante del autor. También se interrogó a diversos testigos, entre ellos G. W., que reiteró que había permanecido un momento en el despacho en que el autor afirmaba haber sufrido malos tratos y que no había presenciado ningún trato de ese tipo.

4.7.Habida cuenta de que el autor de la queja negaba que la cuarta persona fuera G. W., la Oficina de Investigaciones Penales continuó sus indagaciones paralelamente al procedimiento judicial. A este respecto, el 30 de agosto de 1996 se pidió al autor que colaborara con la Oficina, pero él respondió que no asistiría a una citación y no hizo ninguna declaración cuando se le mostró una fotografía de G. W.

4.8.Los tres agentes acusados fueron absueltos por falta de pruebas mediante fallo pronunciado el 25 de noviembre de 1996. El Tribunal se basó en particular en la opinión del perito médico, según la cual los malos tratos denunciados por el autor habrían tenido otras consecuencias, perceptibles para el médico que lo examinó inmediatamente después del pretendido incidente. El perito también opinó que el autor podía haberse infligido a sí mismo la supuesta lesión. El 6 de marzo de 1997, la Fiscalía retiró el recurso anunciado, con lo cual el fallo pasó a ser definitivo. En consecuencia, se abandonó el proceso disciplinario iniciado contra uno de los tres agentes mientras que otro fue absuelto. No se inició proceso disciplinario contra el tercero.

4.9.El Estado Parte afirma que se ha garantizado plenamente el derecho del autor reconocido en el artículo 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes. El mismo día en que el autor hizo su denuncia, se informó de ella al Jefe de la Dirección Federal de Policía de Viena y la Oficina de Investigaciones Penales inició sus averiguaciones. El Estado Parte observa a este respecto que la Oficina de Investigaciones Penales y las comisarías de distrito pertenecen a diferentes departamentos de la policía y que estos departamentos son independientes uno de otro.

4.10.El hecho de que la investigación fuese realizada por la Oficina de Investigaciones Penales, que trata únicamente los delitos más graves, demuestra que las autoridades competentes examinaron el caso con prontitud. La demora entre el inicio de las averiguaciones y la transmisión de la información a la Fiscalía fue la mínima posible y después se llevaron a cabo extensas indagaciones. Se hizo una investigación a fondo tras la declaración del autor de que durante los pretendidos malos tratos se hallaba presente una cuarta persona. Se afirma que esto demuestra que las autoridades competentes efectuaron las investigaciones necesarias con total imparcialidad.

4.11.Los resultados habrían sido los mismos si un tribunal de justicia hubiese llevado a cabo la instrucción preliminar o si el expediente se hubiese devuelto al juez instructor. Los testigos y los acusados interrogados por la policía durante las investigaciones preliminares volvieron a ser interrogados largamente por el juez durante el juicio. Por lo tanto, cualquier posible deficiencia de las investigaciones preliminares habría podido corregirse en ese momento. Acceder a la petición hecha el 6 de noviembre de 1996 por el representante del autor de que se devolviera el expediente al juez instructor hubiera sido contraproducente, ya que no se habrían obtenido nuevos resultados y se habría retrasado considerablemente el procedimiento penal.

4.12.Por último, el Estado Parte afirma que los requisitos enunciados en la Convención no se han cumplido en el presente caso y considera que el Comité debe declarar inadmisible la queja.

Comentarios del autor de la queja

5.Por carta de 28 de julio de 1999, el autor declaró que había presentado toda la información pertinente.

Decisión sobre la admisibilidad

6.En su 23º período de sesiones, el Comité examinó la cuestión de si la comunicación era admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. En el caso que se examinaba, el Comité observó que la comunicación no era anónima y que la misma cuestión no había sido, ni estaba siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. También tomó nota de la declaración del autor de que se habían agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. El Estado Parte no refutó esta declaración. Además, el Comité consideró que la queja no constituía un abuso del derecho de presentar comunicaciones ni era incompatible con las disposiciones de la Convención y estimó que las observaciones hechas por el Estado Parte se referían al fondo más bien que a la cuestión de la admisibilidad. Por consiguiente, el Comité consideró que nada impedía declarar admisible la queja. En consecuencia, el 18 de noviembre de 1999 el Comité declaró que la queja era admisible.

Observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo

7.1.En su exposición de 9 de junio de 2000, el Estado Parte se refiere a su presentación anterior de los hechos del caso.

7.2.Atendiendo a una solicitud del Comité, el Estado Parte presenta información sobre el procedimiento previsto en su legislación interna para el examen de las denuncias de tortura. El Estado Parte sostiene que se dispone de recursos que, en conjunto, garantizan un examen pronto e imparcial de los casos de presunta tortura según lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención.

Comentarios del autor de la queja en cuanto al fondo

8.1.En su exposición de 8 de enero de 2002, el autor de la queja formula alegaciones adicionales que confirman sus anteriores afirmaciones.

8.2.El autor sostiene que, pese a la afirmación del Estado Parte de que la denuncia de tortura fue objeto de suficientes investigaciones, en realidad la Oficina de Investigaciones Penales no adoptó ninguna medida apropiada ni eficaz para determinar la identidad de la cuarta persona que estuvo presente durante los malos tratos. La única investigación mencionada por el Estado Parte fue la citación del autor, el 30 de agosto de 1996, para que se presentara en la Oficina de Investigaciones Penales para identificar una fotografía. El autor sostiene que se negó a cooperar porque hasta entonces sólo se habían realizado investigaciones policiales, sin la participación de las autoridades judiciales, y el autor no confiaba en el carácter independiente de tales investigaciones.

8.3.El autor de la queja sostiene asimismo que la Fiscalía no es una autoridad imparcial e independiente para investigar denuncias contra miembros de los órganos de seguridad, ya que está sujeta a las órdenes del Ministro Federal de Justicia. El autor afirma que solamente el juez de instrucción, cuya independencia está garantizada por el artículo 87 de la Constitución Federal de Austria, sería competente para llevar a cabo tales investigaciones. En el presente caso, el Tribunal Penal Regional se negó a adoptar medidas por medio del juez de instrucción.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

9.1.El Comité ha examinado la presente queja a la luz de toda la información puesta a su disposición por las partes, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

9.2.El Comité toma nota de la afirmación del autor de la queja de que el Estado Parte violó el artículo 13 de la Convención porque el Tribunal Penal Regional no hizo una investigación judicial de sus denuncias de tortura. Afirma que sólo una investigación judicial se podría considerar imparcial. A este respecto, el Comité observa que el fallo del Tribunal Penal Regional de 25 de noviembre de 1996 pone de manifiesto que éste, al decidir la absolución de los tres agentes de policía, tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas por el autor de la queja y el fiscal. Así pues, el Comité considera que el autor no fundamentó su afirmación de que la investigación realizada por el Estado Parte no era imparcial con arreglo al artículo 13 de la Convención.

10.El Comité contra la Tortura concluye que el Estado Parte no violó la norma establecida en el artículo 13 de la Convención y considera que, teniendo presente la información que se le ha presentado, no puede concluirse la existencia de una violación de cualquier otra disposición de la Convención.

Queja Nº 138/1999

Autor de la queja:Sr. M. P. S.

Representado por:Sra. Chanrani Buddhipala, abogada en Epping (Australia)

Estado Parte:Australia

Fecha de la queja:4 de junio de 1999 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 30 de abril de 2002,

Habiendo concluido el examen de la queja Nº 138/1999, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja y el Estado Parte,

Adopta la presente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es el Sr. M. P. S., ciudadano de Sri Lanka de origen étnico tamil, quien, en el momento de la presentación de su queja, se encontraba detenido en el Centro de Detención de Villawood de Sydney (Australia). Afirma que su expulsión a Sri Lanka supuso una violación por Australia del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo representa una abogada.

1.2.Conforme al párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la queja a la atención del Estado Parte el 21 de junio de 1999 a las 14.35 horas, hora de Ginebra. Al mismo tiempo, el Comité, actuando en virtud del artículo 108 de su reglamento, pidió al Estado Parte que no expulsara al autor de la queja a Sri Lanka mientras el Comité la examinaba. El Comité toma nota de la información del Estado Parte de que el autor de la queja fue expulsado de Australia el 21 de junio de 1999. La Misión Permanente de Australia recibió la nota verbal del Secretario General, según se afirma, cuando el autor de la queja ya había sido deportado a Sri Lanka.

Los hechos expuestos por el autor de la queja

2.1.El 9 de septiembre de 1997, el autor de la queja llegó a Australia, sin pasaporte u otros documentos de identidad. El 15 de septiembre de 1997, solicitó el estatuto de refugiado (visado de protección) al Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales. Su solicitud fue rechazada el 25 de septiembre de 1997. El 30 de octubre de 1997, el Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio confirmó esta decisión, después de una vista en que el autor contó con la asistencia de un asesor letrado y un intérprete. A raíz de una decisión del Tribunal Federal de 13 de mayo de 1998, el asunto fue remitido nuevamente al Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio para someterlo a un nuevo examen. El 20 de agosto de 1998, tras escuchar al autor de la queja, el Tribunal volvió a decidir no conceder un visado de protección. El 3 de febrero de 1999, el Tribunal Federal desestimó la apelación de la segunda decisión del Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio presentada por el autor. El 14 de mayo de 1999, se desestimó una apelación al Pleno del Tribunal Federal. El 3 de noviembre de 1997, el 20 de agosto de 1998 y el 18 de junio de 1999, se estimó que su caso no reunía las condiciones para la concesión de un visado para permanecer en Australia por motivos humanitarios. La abogada afirma que se han agotado todos los recursos efectivos de la jurisdicción interna.

2.2.La abogada afirma que el autor de la queja vivía en la zona de Nuwara Eliya, en la parte meridional de Sri Lanka. En 1989, cuando estalló el conflicto entre el movimiento Janatha Vimurthi Peramuna (JVP), pro cingalés, y el Gobierno en la zona de Nuwara Eliya, el autor de la queja fue detenido y recluido de seis a siete meses en el campamento militar de Diyatalawa como sospechoso de pertenecer al JVP. Durante este tiempo, según se informa, el autor fue interrogado y torturado por oficiales del ejército. El padre del autor tuvo que pagar mucho dinero para que se le pusiese en libertad.

2.3.Entre 1992 y 1995, algunos miembros del movimiento de los Tigres de Liberación del Ealam Tamil (LTTE), amigos de la familia política del autor, efectuaron visitas frecuentes y el autor se vio obligado a ofrecerles alimentos y alojamiento. La última vez, en octubre de 1995, varios miembros de los LTTE se quedaron con su familia 15 días. Durante ese tiempo, los tanques de almacenamiento de petróleo de Kolonnawa, en Colombo, fueron bombardeados y la policía creyó que estaban implicados los alojados de la familia del autor. Según se afirma, éste fue conducido a la comisaría de Nuwara Eliya, donde fue interrogado y torturado. Se afirma que se le dejó libre tres días más tarde solamente, tras el pago de una importante suma de dinero al comisario.

2.4.En febrero de 1996, los LTTE acusaron al autor de la queja de proporcionar al Gobierno información sobre el atentado contra los tanques de petróleo. La abogada afirma que el autor de la queja fue golpeado y amenazado de muerte. Se le dejó en libertad gracias a la intervención de su familia y de su mujer.

2.5.A fines de febrero de 1996, el autor fue detenido por la policía, que lo condujo al campamento militar de Diyathalawa, donde estuvo recluido tres días y, según parece, lo torturaron. La abogada afirma que el padre del autor pagó una importante cantidad de dinero por su libertad. Inmediatamente después de quedar libre, el autor huyó de Nuwara Eliya por temor a las autoridades de Sri Lanka y a los LTTE. Se quedó con amigos en Kandy y más tarde en Hatton por espacio de un mes, antes de dirigirse a Colombo.

2.6.Más avanzado el año, la policía de Maradana detuvo al autor en Colombo, lo mantuvo encarcelado una semana y lo interrogó sobre su relación con los LTTE. Se afirma que el autor fue golpeado todas las noches por agentes de policía y que no se le proporcionaron alimentos adecuados. En marzo de 1997, logró huir de Sri Lanka a Camboya, Bangkok y Sydney.

2.7.La abogada sostiene que, habida cuenta de las dos detenciones del autor de la queja en relación con el atentado de Kolonnawa, es muy posible que volviera a ser detenido si regresara a Sri Lanka. La abogada cree que los documentos que la policía incautó al autor han sido entregados a la policía secreta (NIB) y que, en consecuencia, las autoridades podrán ubicar al autor dondequiera que resida. La abogada sostiene que el autor había sido detenido y que había captado la atención de las fuerzas de seguridad por haber ofrecido un lugar seguro a miembros de los LTTE, presuntamente implicados en lo que se considera uno de los principales asesinatos perpetrados por ese movimiento. Con toda probabilidad, el autor de la queja sería detenido e interrogado en el aeropuerto al regresar a Colombo.

2.8.La abogada sostiene además que existen motivos fundados para creer que el autor de la queja estaría en peligro de ser torturado por la policía de Sri Lanka, las fuerzas de seguridad y los LTTE en caso de que regresara a Sri Lanka. Fue víctima de torturas y malos tratos por las autoridades y los LTTE antes de abandonar el país. La abogada cita los informes de Vigilancia de los Derechos Humanos y varios informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 1996 como pruebas de la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos humanos en Sri Lanka. Alega que con arreglo a la Ley de prevención del terrorismo y el Reglamento de excepción, la policía puede detener a una persona sobre la base de una mera sospecha, con frecuencia por presunta culpabilidad nada más que por proceder del norte o el este del país. En esa atmósfera, la abogada estima que con toda probabilidad el autor de la queja, por ser un joven de habla tamil de la provincia oriental de Sri Lanka, será acosado y maltratado por las autoridades por meras sospechas. La abogada cita los titulares de un periódico de Sri Lanka y varios artículos a este respecto.

La queja

3.1.La abogada sostiene que la evaluación de las pruebas en los procedimientos de asilo en Australia es deficiente. Dice que las autoridades de inmigración de Australia esperan que el solicitante haga una declaración exhaustiva al ingresar en el país. La abogada afirma que esto no se justifica puesto que los solicitantes de asilo se comportan inicialmente de manera irracional e inadecuada, no confían en las autoridades y sólo están dispuestos a relatar los hechos verídica y exhaustivamente después de haber permanecido en el país durante algún tiempo. Por lo tanto, considera absurda la opinión del Gobierno de Australia de que todo lo que se invoque más tarde no es digno de confianza, puesto que en casos como el del autor de la queja el Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio deberá aceptar toda nueva declaración pese a que en un principio el relato haya sido incoherente, inconsecuente y contradictorio.

3.2.La letrada sostiene que la deportación del autor de la queja a Sri Lanka constituyó una violación del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Afirma que había motivos fundados para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura en caso de ser deportado. Habida cuenta de la prohibición absoluta de expulsar a una persona cuando existe el peligro de que sea torturada, la abogada afirma que no ha debido ser expulsado.

3.3.La abogada sostiene que las pruebas de la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos en Sri Lanka prohíben al Gobierno de Australia la expulsión del autor.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión

4.1.El Estado Parte afirma que siempre ha aceptado las solicitudes de adopción de medidas provisionales por el Comité si ha estado en condiciones de hacerlo. Sin embargo, el autor de la queja fue expulsado de Australia el 21 de junio de 1999 a las 16.30 horas, hora de Ginebra. El texto de la queja y la solicitud del Comité fueron recibidos después de que el autor fuera expulsado de Australia, es decir, con el correo ordinario de la Misión Permanente de Australia en Ginebra al terminar la mañana del 21 de junio de 1999 y, posteriormente, el mismo día, a las 14.36 horas, hora de Ginebra, en el fax de la Misión.

4.2.El Estado Parte impugna las alegaciones de deficiencias de procedimiento en relación con el tratamiento de las pruebas al examinar el caso del autor de la queja. El Estado Parte afirma que él no ha presentado pruebas de que las pretendidas irregularidades de procedimiento equivalen a una violación de alguna de las disposiciones de la Convención y, por lo tanto, se debe desestimar esta afirmación como inadmisible ratione materiae. Por otra parte, el Estado Parte afirma que, salvo en determinadas circunstancias, no incumbe al Comité examinar conclusiones sobre cuestiones de hecho o la interpretación de la legislación nacional por órganos del propio Estado Parte. Además, el Estado Parte afirma que cualquier cuestión atribuible a posibles errores de derecho en la primera decisión del Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio se habría corregido posteriormente. El autor de la queja no se refirió a las decisiones segunda y tercera del Tribunal Federal a este respecto.

4.3.El Estado Parte niega que existan motivos fundados para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura en caso de regresar a Sri Lanka. El Estado Parte afirma que el riesgo de malos tratos por parte de los LTTE alegado por el autor no plantea una cuestión que deba examinar el Comité, porque el autor no facilitó prueba alguna de que los LTTE actuarían con el consentimiento o la aquiescencia de las autoridades de Sri Lanka. Además, el autor no ha demostrado que los LTTE ejercen una autoridad cuasigubernamental en la zona a la que se lo ha de devolver y que, por lo tanto, se los podría considerar un agente a los fines del artículo 3 de la Convención. Por otra parte, el Estado Parte sostiene que el autor no ha afirmado que existe el peligro de que lo torturen los LTTE. A este respecto, el Estado Parte pide que la queja se declare inadmisible ratione materiae. En relación con el riesgo de ser torturado por las autoridades de Sri Lanka, el Estado Parte afirma que las pruebas del autor carecen de credibilidad o que no son suficientes para determinar que existe un riesgo real, previsible y personal de que sea sometido a tortura.

4.4.El Estado Parte pide que se declare la queja inadmisible ratione materiae por cuanto su autor se basa en una interpretación del artículo 3 de la Convención según la cual un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos en el Estado de acogida basta para dar lugar a la protección internacional del artículo 3.

4.5.Por último, el Estado Parte señala que en el ordenamiento jurídico interno de Sri Lanka se protege el derecho a no ser torturado. Además, Sri Lanka ha ratificado la Convención y es Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Deliberaciones del Comité

5.El Comité observa que el Tribunal Federal rechazó el 18 de junio de 1999 las pretensiones del autor de la queja, dejando así a éste tres días solamente para acogerse a las disposiciones del artículo 22 de la Convención.

Consideraciones sobre la admisibilidad

6.1.Antes de considerar cualquier afirmación que figure en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si ésta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como requiere el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

6.2.El Comité toma nota de que el Estado Parte afirma que la comunicación es inadmisible ratione materiae (véanse los párrafos 4.2 y 4.3). Sin embargo, el Comité opina que los argumentos del Estado Parte plantean cuestiones sustantivas, que han de considerarse en el momento del examen de las cuestiones de fondo y no de la admisibilidad. Por consiguiente, el Comité estima que se han reunido las condiciones establecidas en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención. Puesto que el Comité considera que no existe ningún otro obstáculo a la admisibilidad, declara admisible la comunicación.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1.La cuestión que el Comité tiene ante sí es la de determinar si la expulsión del autor de la queja a Sri Lanka violó la obligación de Australia en virtud del artículo 3 de la Convención de no expulsar o devolver a una persona a otro Estado cuando existen motivos fundados para creer que correría peligro de ser torturada.

7.2.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe decidir si existen razones fundadas para creer que la presunta víctima habría estado en peligro de ser sometida a tortura al regresar a Sri Lanka. Para tomar esa decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. No obstante, el objeto de la determinación es establecer si el interesado correría personalmente peligro de ser torturado en el país al que regresaría. Así pues, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye en sí una razón suficiente para determinar que una persona correría peligro de ser torturada si regresara a ese país; debe haber otras razones para creer que el propio interesado correría peligro. Del mismo modo, el que no exista un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

7.3.En el presente caso, el Comité toma nota del argumento del Estado Parte de que no le incumbe el examen de conclusiones de hecho ni la interpretación de la legislación nacional por los órganos del propio Estado Parte. El Comité conviene en que no puede revocar la interpretación por un órgano interno autorizado de la aplicación de la legislación interna, pero reitera que no está obligado por conclusiones de hecho adoptadas por órganos del Estado Parte y que, en cambio, sí está facultado, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención, para evaluar los hechos teniendo en cuenta todas las circunstancias de cada casoa. El Comité recuerda que, incluso si subsisten dudas sobre la veracidad de los hechos aducidos por el autor de una queja, debe velar por que la seguridad de éste no se ponga en peligrob. Para ello, no es necesario comprobar todos los hechos invocados por el autor; basta con que el Comité considere que son lo suficientemente fundados y fiables.

7.4.En relación con la afirmación del autor de la queja de que estaba en peligro de ser torturado por los LTTE, el Comité recuerda que la obligación de un Estado Parte de no proceder a la devolución forzada de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura guarda relación directa con la definición de la tortura que figura en el artículo 1 de la Convención. A efectos de aplicación de la Convención, según lo dispuesto en el artículo 1, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. El Comité recuerda su jurisprudencia anterior conforme a la cual la cuestión de si el Estado Parte tiene la obligación de no proceder a la expulsión de una persona que puede estar en peligro de que se le inflijan dolores o sufrimientos por parte de una entidad ajena al Gobierno, sin el consentimiento ni la aquiescencia de éste, rebasa el ámbito del artículo 3 de la Convenciónc.

7.5.El Comité toma nota con preocupación de los informes sobre la práctica de la tortura por funcionarios públicos en Sri Lanka, incluidos los presentados por el autor de la queja, pero señala que, a efectos del artículo 3 de la Convención, debe haber razones fundadas para creer que existe un riesgo previsible, real y personal de tortura en el país al que sea devuelto el autor de la queja. Fundándose en los hechos expuestos por el autor, el Comité opina que no se han establecido esas razones. Por lo tanto, el Comité considera que el autor no ha fundamentado su afirmación de que correría peligro de ser sometido a tortura si se lo devolviese a Sri Lanka.

8.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la expulsión del autor de la queja a Sri Lanka, en base a la información presentada, no constituyó una violación del artículo 3 de la Convención.

Queja Nº 146/1999

Autora de la queja:Sra. E. T. B.

Representada por:Let Bosnia Live, una organización no gubernamental

Estado Parte:Dinamarca

Fecha de la presentación:9 de agosto de 1999

Fecha de la decisión:30 de abril de 2002

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 30 de abril de 2002,

Habiendo concluido el examen de la queja Nº 146/1999, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado la autora de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Adopta una decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

Decisión

1.1.La autora de la queja es E. T. B., ciudadana de Georgia nacida el 19 de marzo de 1974; presenta la queja en su propio nombre y en el de sus dos hijos menores. Actualmente los tres residen en el Centro de Refugiados de la Cruz Roja de Dinamarca, país en el que la autora busca asilo para la familia. La autora afirma que su regreso a Georgia tras denegársele su solicitud de asilo constituiría una violación del artículo 3 de la Convención por parte de Dinamarca. Representa a la autora la organización Let Bosnia Live.

1.2.De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el 11 de octubre de 1999 el Comité señaló la queja Nº 146/1999 a la atención del Estado Parte. En virtud del artículo 108 del reglamento del Comité, se le pidió que no expulsara a la autora a Georgia hasta que el Comité examinara el caso. En una comunicación de fecha 10 de diciembre de 1999 el Estado Parte informó al Comité de que había decidido atender a la solicitud de no expulsar a la autora ni a sus hijos mientras el Comité estuviera examinando su queja.

Los hechos expuestos

2.1.La autora es viuda y tiene dos hijos menores. Todos son ciudadanos georgianos de origen étnico mengrel. En Georgia, la autora y su difunto esposo, M. B, trabajaban para el ex Presidente de Georgia Gamsajurdia (también mengrel) y su partido político zwiadista, así como para la causa de los mengreles en Georgia. La autora ha sido miembro del Partido Zwiadista desde mediados de 1992 y comenzó a atender a zwiadistas heridos tras hacerse enfermera en 1993. Su marido y su padre luchaban en el ejército partisano mengrel.

2.2.El 19 de noviembre de 1993, la autora fue detenida junto con otras 30 mujeres, entre ellas su madre, mientras participaban en una manifestación ilegal de unas 1.500 personas en su ciudad de residencia, Zugditi, contra el Gobierno del Presidente Shevardnadze. Se impuso a todas las detenidas la pena capital a título colectivo. En la cárcel, los guardianes las golpeaban con frecuencia y ejecutaron a cinco de ellas. Guardianes de esta cárcel violaron a dos de las presas antes de ejecutarlas. Uno de los guardianes sometió a la autora a abusos sexuales y la violó, por lo que ésta suponía que la iban a matar después como a las otras presas. Sin embargo, al poco tiempo, el 31 de diciembre de 1993, partisanos mengreles asaltaron la cárcel de Zugditi y pusieron en libertad a todos los presos políticos. El padre de la autora formaba parte del grupo de atacantes. Tras su liberación, la autora se desplazó con su familia a Gegetjkori. Entretanto, el marido de la autora vivía en un campamento de partisanos mengreles en un bosque cercano. El 18 de agosto de 1994, resultó herido y fue capturado por el ejército georgiano, tras lo cual fue ejecutado.

2.3.El 3 de febrero de 1996, la autora, sus dos hijos y su madre abandonaron ilegalmente Georgia, tomaron un barco hasta Polonia y se escondieron en un camión que iba a Dinamarca, adonde llegaron el 12 de febrero. Se dirigieron de inmediato a la policía y pidieron asilo. Un año después, el padre de la autora también llegó a Dinamarca y pidió asilo, tras una larga estancia en un hospital de la cordillera del Cáucaso. No sabía que su familia ya residía en Dinamarca.

2.4.El Servicio de Inmigración danés rechazó la solicitud de asilo de la autora el 22 de mayo de 1998. El 31 de julio de 1998, el abogado que tenía por aquel entonces la autora apeló ante la Junta de Refugiados. La solicitud fue rechazada el 4 de agosto de 1998 y se ordenó a la autora que abandonara Dinamarca el 19 de agosto de 1998. El 23 de septiembre de 1998 y el 26 de enero de 1999, la Junta de Refugiados rechazó dos solicitudes de que se reabriera el caso de la autora, que habían sido presentadas el 17 de agosto y el 29 de octubre de 1998/1º de diciembre de 1998, respectivamente.

2.5.En su decisión de 4 de agosto de 1998, la Junta de Refugiados adujo entre las causas de la denegación que, de haber tenido lugar realmente, el asalto a la cárcel el 31 de diciembre de 1993 habría sido mencionado en la documentación de antecedentes de que se disponía sobre Georgia y que el padre de la autora lo habría mencionado en su propia solicitud de asilo, lo cual no era el caso. La Junta estimó que, aunque aceptara el relato de la autora, no consideraba que ésta fuera a ser objeto de persecución si regresaba a Georgia. La Junta citó la información recibida del ACNUR en el sentido de que no se perseguía a los partidarios del Presidente de Gamsajurdia únicamente por apoyarlo.

2.6.En la solicitud de 29 de octubre de 1998, el letrado pidió que, a la luz de la nueva información que había recibido, se volviera a examinar el asunto de la petición de asilo de la autora. La información consistía en dos documentos nuevos, a saber, el certificado de defunción del marido de la autora y una declaración de diez de los vecinos de la autora en Gegetjkori, por la que se confirmaba que ésta había sido amenazada y perseguida por desconocidos, quienes también habían matado a su perro, cuyo cadáver habían dejado junto a su puerta como advertencia. Además, el letrado citaba informaciones aparecidas en la prensa acerca de nuevos enfrentamientos entre los zwiadistas y las fuerzas gubernamentales. El letrado presentó también el documento de Amnistía Internacional titulado "Concerns for Georgia", de octubre de 1996, en el que se informaba sobre torturas y malos tratos de los presos políticos. En su carta del 1º de diciembre de 1998, el letrado facilitó el historial médico de la autora desde su llegada en 1996, en el que se relataba su experiencia como víctima de torturas.

2.7.El 22 de febrero de 1999, el letrado pidió que se volviera a examinar el caso en base a dos informes de 1997 y 1998 de la Federación Internacional de Helsinki, en los que se describían graves violaciones de los derechos humanos en Georgia. Respondiendo a las razones por las que la Junta de Refugiados había rechazado la solicitud, el letrado adujo que de los informes se desprendía que en Georgia se restringía la libertad de expresión y que las autoridades habían impedido que los medios de información locales dieran noticias sobre el asalto a la cárcel de Zugditi y la fuga de los presos. Asimismo, aunque en los informes no se hablaba de la manifestación del 19 de noviembre de 1993, sí se hacía referencia a diversas manifestaciones similares, tanto anteriores como posteriores al 19 de noviembre de 1993. Adujo también que la descripción de las condiciones de reclusión hecha por la autora coincide con los informes. El 8 de marzo, la Junta de Refugiados rechazó la solicitud.

2.8.En mayo de 1999, el letrado envió sendas cartas sobre la autora a 18 miembros del Parlamento danés en las que les pedía que se dirigieran el Ministro del Interior para solicitar que se concediera a la autora un permiso de residencia por razones humanitarias. Siete parlamentarios se pusieron en contacto con el Ministro, quien a su vez remitió el caso a la Junta de Refugiados, que denegó la solicitud.

La queja

3.El letrado afirma que la autora teme que, de ser devuelta a Georgia, sea detenida, torturada y asesinada por haber participado en la organización política mengrel de los zwiadistas y en la manifestación que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1993, así como por el hecho de que su marido perteneció al ejército mengrel. El letrado añade que existe un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos por las autoridades georgianas, en particular contra los opositores políticos, quienes corren peligro de sufrir torturas y malos tratos en la cárcel, y que hay razones de sobra para creer que la autora sería sometida a torturas u otros tratos inhumanos si fuera devuelta a Georgia.

Observaciones del Estado Parte acerca de la admisibilidad y el fondo de la cuestión

4.1.En su nota verbal de 10 de diciembre de 1999, el Estado Parte presenta sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión. El Estado Parte sostiene que la autora no ha aportado indicios suficientes a efectos de la admisibilidad de la petición y que, por consiguiente, el caso debe ser declarado inadmisible.

4.2.El Estado Parte argumenta que la Junta de Refugiados ha examinado todos los aspectos del caso, teniendo en cuenta las obligaciones contraídas por aquél en virtud de la Convención, y que ninguna otra información presentada al Comité contra la Tortura puede poner de manifiesto que la autora corre peligro de ser sometida a tortura si regresa a Georgia. El Estado Parte señala que el Comité no es un órgano de apelación, sino de supervisión, y que la autora se está valiendo del Comité para obtener una nueva vista de su caso.

4.3.En cuanto a la evaluación de si existen razones fundadas para creer que la autora correría peligro de ser sometida a tortura en caso de ser devuelta a Georgia, el Estado Parte se remite por entero a las decisiones de la Junta de Refugiados. Hace hincapié en que, con arreglo a la información de antecedentes de que se dispone, sólo se persigue a los zwiadistas de alto rango o más destacados, grupo al que no pertenecía la autora. En cuanto a la jurisprudencia del Comité en el caso I. O. A. c. Sueciaa y en el caso N. P. c. Australiab, el Estado Parte señala la importancia de que la información sobre el país receptor corrobore las afirmaciones de la autora de que corre el riesgo de ser sometida a tortura. Asimismo, el Estado Parte señala el caso X c. Suizac, en el que el Comité subrayó que el solicitante "no pertenece a una agrupación política, profesional o social perseguida por las autoridades con fines de represión y tortura".

4.4.El Estado Parte reitera que la Junta de Refugiados no aceptó el relato de la autora acerca de que había sido puesta en libertad gracias a un asalto armado, principalmente porque en el material de antecedentes no había referencias a tal asalto. Aunque la autora afirmó que su padre había tomado parte en el ataque, éste último no lo había mencionado en su solicitud de asilo. En este contexto, el Estado Parte se remite a la decisión del Comité en el caso H. D. c. Suizad, en el que el Comité tiene en cuenta si la presentación de los hechos que hace el autor se considera fundada y verosímil.

4.5.Además, la Junta de Refugiados estimó que, aunque hubiera tenido lugar la detención, no consideraba que la autora corriera peligro de persecución ni tortura si era devuelta a Georgia. Según el Estado Parte, esta valoración se atiene a la jurisprudencia del Comité en los casos A. L. N. c. Suiza y X, Y y Z c. Sueciae.

4.6.El Estado Parte subraya que no hay pruebas objetivas que corroboren la afirmación de la autora de que ha sido sometida a torturaf, ni se ha establecido que las autoridades de Georgia la estén buscandog. El Estado Parte destaca que, tras su puesta en libertad, la autora se trasladó a la región de Gegetjkori, donde reanudó sus actividades políticas, pero que no ha indicado que tuviera problemas con las autoridades mientras residió ahíh, y que los hechos que causaron la partida de la autora tuvieron lugar hace un tiempo relativamente largoi.

4.7.La Junta de Refugiados no estimó importante la declaración de los vecinos de la autora de que las autoridades habían acosado a la familia de la autora con visitas y amenazas, ya que esta denuncia se presentó en una etapa posterior del procedimiento de asilo y la autora no las había mencionado en sus declaraciones anteriores. El Estado Parte se remite a la práctica del Comité, consistente en que si un autor modifica su relato durante el trámite de la solicitud de asilo, es importante que dé una explicación lógicaj.

4.8.Asimismo, el Estado Parte considera compatible con la jurisprudencia del Comité que se tenga debidamente en cuenta que la Convención contra la Tortura entró en vigor para Georgia el 25 de noviembre de 1994k.

Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado Parte

5.1.En una carta del 7 de febrero de 2000, el letrado señala la jurisprudencia del Comité en el caso E. A. c. Suizal, en la que se afirma que basta con que las "razones fundadas" del artículo 3 exijan la existencia de más que una simple posibilidad de tortura, aunque no sea necesaria una gran probabilidad de que tenga lugar, para que se cumplan las condiciones de la mencionada disposición, y afirma que la autora cumple esta condición.

5.2.En cuanto al argumento del Estado Parte de que el padre de la autora no mencionó en su solicitud de asilo que había participado en la liberación de los presos, entre los que se encontraba la propia autora, ello se explica por su escepticismo general hacia las autoridades y su estado mental tras su vida como partisano.

5.3.Asimismo, la autora no puede demostrar que fue sometida a tortura, e incluso violación, puesto que no se le ha practicado un examen médico al respecto. Su renuencia a facilitar dicha información a las autoridades danesas puede explicarse por el trauma que producen tales experiencias. El letrado cita la jurisprudencia del Comité en el caso Kisoki c. Sueciam de que "difícilmente puede esperarse exactitud total de las víctimas de la tortura y que las incoherencias que pueda haber en la descripción de los hechos por la autora no son importantes y no suscitan dudas en cuanto a la veracidad general de las denuncias de la autora".

5.4.El letrado sostiene que, aunque Georgia ha ratificado la Convención, es evidente que, a juzgar por la persecución a que se somete a los opositores políticos, ese país no respeta las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.

5.5.El letrado adjunta una carta de la Junta de Refugiados en la que se dice que ésta ha decidido reabrir el caso de la autora debido a que hay información de que, de ser devuelta a Georgia, corre el riesgo de ser deportada a Abjasia. Sin embargo, el letrado afirma en otra carta, del 1º de febrero de 2002, que la decisión de la Junta de Refugiados de 24 de enero de 2002 fue desfavorable a la autora de la queja. De la decisión de la Junta de Refugiados se desprende que, tras una petición general del Estado Parte, el ACNUR respondió que los ciudadanos georgianos que regresan no corren el peligro de ser deportados a Abjasia.

Decisión sobre la admisibilidad y examen del fondo de la cuestión

6.Antes de proceder al examen de una afirmación que figure en una queja, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como exige el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité observa que el Estado Parte se ha opuesto a la admisibilidad de la queja porque la autora no ha establecido la existencia prima facie de fundamentos suficientes para dicha admisibilidad. Si se comparan las afirmaciones de la autora acerca de su pertenencia al movimiento zwiadista desde mediados de 1992, su participación en diferentes aspectos de su labor y sus presuntas experiencias de tortura con la actual situación de persecución de los opositores políticos en Georgia, el Comité estima que las alegaciones de la autora cruzan el umbral de la admisibilidad, por lo que el Comité procede a considerar la queja en cuanto al fondo.

7.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe determinar si existen razones fundadas para creer que la autora estaría en peligro de ser sometida a tortura si se la enviara de regreso a Georgia. Para llegar a esa conclusión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

8.No obstante, el Comité debe determinar si el interesado estaría personalmente en peligro de ser sometido a tortura en el país al que fuera expulsado. De ello se sigue que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye razón suficiente, de por sí, para afirmar que una persona corre peligro de ser sometida a tortura al regresar a su país; deben existir otros motivos para llegar a la conclusión de que el propio interesado corre peligro.

9.Por consiguiente, en el caso que se considera el Comité debe determinar si la expulsión de la autora a Georgia tendría como consecuencia previsible exponerla a un peligro real y personal de ser detenida y torturada.

10.El Estado Parte ha señalado incoherencias en las declaraciones de la autora, las cuales, en su opinión, suscitan dudas sobre la veracidad de sus alegaciones. El Comité reafirma su jurisprudencia de que no puede esperarse que las víctimas de la tortura recuerden hechos en un todo coherentes en relación con acontecimientos extremadamente traumáticos, pero deben estar preparados para presentar pruebas que corroboren esta alegación. La naturaleza de las actividades políticas que la autora afirma haber llevado a cabo desde que se hizo miembro de los zwiadistas no permite concluir que corra el riesgo de ser torturada a su regreso. La información facilitada tampoco revela que la autora esté en peligro de ser sometida a tortura por las actividades partisanas de su marido ni porque las fuerzas del gobierno lo hayan ejecutado. Corrobora también esta opinión el que las autoridades georgianas no se interesaran por la autora entre su puesta en libertad en 1993 y el momento en que abandonó el país en 1996. En este sentido, el Comité no otorga importancia a la declaración de los vecinos de que fue perseguida cuando residía en Gegetjkori, entre 1994 y su partida en 1996, dado que la autora no alegó este hecho hasta el 29 de octubre de 1998, más de dos años y medio después de haber presentado su primera solicitud de asilo.

11.Sobre la base de estas consideraciones, el Comité considera que la autora no ha fundamentado su afirmación de que corre peligro de ser torturada si regresa a Georgia.

12.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, decide que la expulsión de la autora a Georgia no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 154/2000

Autor de la comunicación:M. S. (se ha omitido el nombre) [representado por un abogado]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Australia

Fecha de la comunicación:25 de enero de 2000

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 23 de noviembre de 2001,

Habiendo concluido el examen de la queja Nº 154/2000, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Adopta el presente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la comunicación es M. S., ciudadano argelino actualmente detenido en el Centro de Reclusión de Inmigrantes de Chester Hill (Australia). Afirma que su expulsión a Argelia constituiría una violación por Australia del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo representa el Refugee Advice and Casework Service (Australia) Inc.

1.2.Conforme al párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la comunicación a la atención del Estado Parte el 28 de enero de 2000. Al mismo tiempo, actuando en virtud del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, el Comité pidió al Estado Parte que no expulsara al autor a Argelia mientras examinaba su comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El 24 de agosto de 1998, el autor de la comunicación llegó a Australia procedente de Sudáfrica, sin documentos de viaje en regla. Durante el interrogatorio en el aeropuerto, solicitó del Estado Parte protección como refugiado.

2.2.El 3 de septiembre de 1998, el autor solicitó el estatuto de refugiado (visado de asilo) ante el Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales al amparo de la Ley de migración. El 2 de octubre de 1998, un delegado del Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales decidió denegar el visado de asilo. El 14 de diciembre de 1998, el Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio confirmó esta decisión. El 30 de abril de 1999, el Tribunal Federal de Australia desestimó la petición de revisión judicial presentada por el autor.

2.3.El 22 de marzo de 1999, el autor solicitó al Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales que interviniese y anulase la decisión del Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio en aras del interés público, conforme al artículo 417 de la Ley de migración. En una carta sin fecha, el Ministro respondió que había decidido no ejercer esa facultad. El 13 de septiembre de 1999, el letrado volvió a escribirle al Ministro para solicitar que se permitiese al autor presentar una segunda solicitud de visado de asilo conforme al párrafo B del artículo 48 de la Ley de migración. El letrado no ha recibido respuesta a esta solicitud.

2.4.El autor afirma que realizó labores de asistencia social para el Frente Islámico de Salvación (FIS) desde 1990, concretamente que, al concluir su jornada laboral, solía ir a las oficinas del FIS de la localidad para evaluar las necesidades de las familias pobres. En enero de 1992, tras la anulación de los resultados de las elecciones generales a la Asamblea Popular Nacional, la oficina local del FIS fue clausurada y la policía (gendarmerie) convocó al autor y lo interrogó durante más de dos horas. El autor afirma que, una vez en libertad, se le exigió que se presentase a la gendarmerie todos los días y que no saliera de su ciudad, Ngaos. El 16 de septiembre de 1994, con la ayuda de un amigo, se fue en avión a la República Árabe Siria. Al día siguiente de su partida y luego una vez más en octubre, la gendarmerie interrogó a su padre acerca del paradero de la presunta víctima. Se afirma además que el padre del autor le aconsejó posteriormente que no volviera a Argelia porque la policía lo acusaba de eludir su reintegración en el ejército.

2.5.El autor afirma que salió de Argelia en 1994 cuando supo que un decreto oficial llamaba a filas por otros 6 meses a los reservistas que sólo habían cumplido 18 meses de servicio militar. El autor había servido en el Ejército Republicano Nacional desde mayo de 1988 hasta marzo de 1990. Sostiene que en marzo de 1994 se informó de que el Ministro del Interior de Argelia había anunciado la intención del Gobierno de llamar a miles de reservistas del ejército y que el Tribunal de Revisión no disponía de esta información cuando examinó el asunto.

2.6.El autor alega que, en 1996, obtuvo copia de una sentencia judicial de 17 de noviembre de 1996 en que se lo había declarado culpable de organización de un grupo terrorista y condenado a muerte en rebeldíaa.

La queja

3.1.El autor sostiene que su expulsión a Argelia sería una violación del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Afirma que hay motivos fundados para creer que, en caso de que lo expulsaran a Argelia, correría peligro de ser sometido a tortura porque lo han considerado partidario del FIS.

3.2.El autor pretende que si volviese a Argelia se consideraría que ha eludido sus obligaciones militares y se le atribuirían automáticamente por esta razón opiniones antigubernamentales.

3.3.El autor sostiene además que a su vuelta sería detenido y torturado en razón de la sentencia judicial de 1996. Se afirma que el fallo corresponde a las informaciones que el letrado tiene en su poder sobre las penas impuestas por deserción cuando se considera que ésta está vinculada a una relación con los islamistas.

3.4.El autor afirma además que a su vuelta será interrogado en el aeropuerto sobre el tiempo que pasó fuera de Argelia y sobre sus actividades y eventualmente sobre su posible solicitud de la condición de refugiado en otro país. El autor cita una información aparecida en un periódico británico en junio de 1997 acerca de la muerte de un solicitante a quien se había negado el asilo y fue deportado a Argelia.

3.5.El autor sostiene que Argelia comete violaciones manifiestas de los derechos humanos, que no sólo se llevan a cabo con total impunidad, sino que son consentidas en los más altos niveles. Recordando los acontecimientos ocurridos en Argelia desde 1992, afirma también que Argelia incumple inveteradamente las obligaciones que le imponen los tratados internacionales de derechos humanos.

3.6.El autor afirma que se han agotado todos los recursos internos disponibles. Sin perjuicio de la respuesta pendiente del Ministro de Inmigración y Asuntos Culturales y con arreglo a la Ley de migración, cabe pensar que Australia deportará a la presunta víctima en cuanto sea posible.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la cuestión

4.1.En su respuesta de 14 de noviembre de 2000, el Estado Parte afirma que la solicitud no es admisible porque carece de la justificación mínima requerida en el artículo 22 de la Convención.

4.2.Si el Comité llegara a la conclusión de que la solicitud es admisible, el Estado Parte afirma que ésta carece de base, ya que los motivos para creer que la presunta víctima sería sometida a tortura a su vuelta a Argelia no son fundados, personales o efectivos.

4.3.Si bien el Estado Parte reconoce la gravedad de la situación de los derechos humanos en Argelia, afirma que informaciones recientes indican que la situación ha mejorado. El Estado Parte menciona la adopción de la Ley de armonía civil de 1999 y el acuerdo del Ministerio del Interior de Argelia de investigar los casos de desaparición. El Estado Parte sostiene que Amnistía Internacional, Vigilancia de los Derechos Humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos han informado también de que en 1999 había disminuido el número de desapariciones, detenciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales llevados a cabo por agentes argelinos. El Estado Parte señala que Argelia se ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención contra la Tortura y formuló sendas declaraciones en relación con los artículos 21 y 22, y a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

4.4.El Estado Parte afirma que no hay motivos fundados para creer que, al volver a Argelia, el autor de la comunicación será sometido a tortura por su declarada colaboración con el FIS. El Estado Parte solicita al Comité que conceda el peso debido a las conclusiones del Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio a este respecto, puesto que el autor no ha facilitado nueva información sobre este punto. El Estado Parte recuerda las conclusiones del Tribunal sobre el hecho de que el autor nunca fue miembro del FIS y no tenía interés en sus actividades políticas ni participó en ellas y que la policía argelina no se interesaba en absoluto en él. El Tribunal alegó que la afirmación del autor de que estaba obligado a presentarse a la policía y su libertad de viajar estaba limitada no es verosímil, vistas las pruebas sobre el trato dado a los miembros del FIS en esa época. Además, dada la evolución reciente de la situación en Argelia, el Estado Parte afirma que no es probable que la simpatía por el FIS llame la atención de las autoridades argelinas.

4.5.En lo que respecta a las obligaciones militares del autor, el Estado Parte señala las averiguaciones del Tribunal de Revisión del Asilo y Refugio de que no hubo llamamiento al ejército hasta marzo de 1995. La información del país recibida por el Estado Parte indica que antes, en 1991, se llamó a los reservistas, pero el llamamiento no se repitió hasta marzo de 1995. El Estado Parte recuerda además que no hay pruebas de que se hubiera llamado a filas al autor, si bien otros documentos independientes indicaban que se le habría enviado una notificación a su domicilio. Incluso en caso de que el autor no hubiera respondido a la convocación de los reservistas, la presunta víctima no ha facilitado información concreta sobre la probabilidad de que se lo someta a tortura. El Estado Parte menciona el manual de procedimiento del ACNUR en relación con los solicitantes de asilo argelinos y sostiene que la probabilidad de detención no basta para justificar la afirmación de que podría ser sometido a tortura.

4.6.El Estado Parte sostiene que es poco probable que la copia de la sentencia judicial presentada por el autor sea auténtica, puesto que la fecha en que, según el autor, se dictó la orden, no coincide con la fecha de ésta y la sentencia dictada no coincide con la información recibida sobre las penas impuestas por no responder a un llamamiento de reservistas, es decir, detención y prisión por un período de tres meses a diez años, según las circunstancias. El Estado Parte recuerda además la información de Amnistía Internacional según la cual, en diciembre de 1994, Argelia declaró una moratoria para la ejecución de las penas de muerte, que se respeta desde entonces.

4.7.En lo que respecta a la declaración del autor de que corre peligro de ser sometido a tortura por sospecharse que ha solicitado el estatuto de refugiado o el asilo, se afirma que la presunta víctima no ha aportado pruebas que indiquen que las autoridades argelinas están informadas de sus solicitudes de asilo en Australia y en Sudáfrica. La información del país recibida por el Estado Parte indica que, aun cuando las autoridades argelinas estuvieran informadas de las solicitudes del autor, no hay motivos fundados para creer que sería sometido a tortura.

Observaciones del autor

5.1.El autor afirma que la situación de los derechos humanos en Argelia sigue siendo crítica. Alega que Argelia sigue sin tener en cuenta o no puede responder a las acusaciones de tortura y malos tratos a los detenidos sospechosos de vinculación con grupos armados. El autor recuerda la nota de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de 1998 en la que se indicaba que eran numerosas las fuentes de información sobre torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias en Argelia. Además, el autor señala la preocupación constante de Amnistía Internacional por la tortura de quienes han sido sometidos a interrogatorio sobre sus posibles contactos con miembros de grupos armados.

5.2.El autor sostiene que establecer una distinción entre su vinculación con el FIS y la calidad de miembro activo de la organización es falso. Además, no se aportan pruebas que permitan concluir que las actividades de asistencia social, de evidente carácter político, no sean consideradas políticas por las autoridades argelinas.

5.3.El autor sostiene que, a la luz de los recientes acontecimientos, es simplista negar la posibilidad de que sus simpatías por el FIS llamen la atención de la gendarmerie argelina hacia su caso. Se alega que es probable que se persiga con rigor a quienes no han pedido la amnistía o no cumplen las condiciones establecidas en la Ley de armonía civil.

Deliberaciones del Comité

6.1.El Comité toma nota de la información del Estado Parte de que la deportación del autor ha sido pospuesta de conformidad con la solicitud del Comité formulada en virtud del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento.

6.2.Antes de considerar cualquier afirmación que figure en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como requiere el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité toma nota de que el Estado Parte considera que la comunicación no es admisible por no estar suficientemente fundada. No obstante, el Estado Parte no presentó nuevos argumentos a este respecto, sino que ha argumentado el fondo de la cuestión por si el Comité llegase a la conclusión de que la comunicación es admisible. La opinión del Comité, por consiguiente, es que la argumentación del Estado Parte sólo plantea cuestiones sustantivas que han de considerarse en el momento del examen de las cuestiones de fondo y no de la admisibilidad. El Comité considera que no existe ningún otro obstáculo a la admisibilidad de la comunicación y la declara admisible.

6.3.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, el Comité debe decidir si existen razones fundadas para creer que si el autor volviera a Argelia estaría en peligro de ser sometido a tortura. Para tomar esa decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. No obstante, el objeto de la determinación es establecer si el interesado correría personalmente peligro de ser torturado en el país al que regresaría. Así pues, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye en sí una razón suficiente para determinar que una persona correría peligro de ser torturada si regresara a ese país; deben existir otros motivos para demostrar que el propio interesado estaría en peligro. Análogamente, el que no exista un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

6.4.En el caso presente, el Comité toma nota de que las actividades de beneficencia del autor para el FIS remontan a principios de 1992, fecha en que fue detenido e interrogado durante dos horas. No se afirma que el autor haya sido torturado o procesado por sus actividades para el FIS antes de irse a Siria.

6.5.El Comité toma nota de que el autor invoca la protección del artículo 3 sobre la base de que está personalmente en peligro de ser detenido y torturado en relación con una cuestionada sentencia de 1996. No obstante, el autor no facilita información alguna para justificar la afirmación de que estaría expuesto al riesgo de tortura. El Comité estima que, aun cuando fuera cierto que el autor sería detenido al volver a Argelia por sus antecedentes penales, el simple hecho de su detención y nuevo enjuiciamiento no basta para deducir que hay motivos serios para creer que corre peligro de ser torturadob.

6.6.En relación con la afirmación de que quedaría marcado y se le atribuirían automáticamente opiniones contrarias al Gobierno, el Comité señala que el autor no ha presentado pruebas de que efectivamente hubiera sido reconvocado al ejército. Las pruebas presentadas al Comité tampoco permiten establecer que corra el riesgo de ser torturado si es interrogado en el aeropuerto a su regreso a Argelia.

6.7.El Comité recuerda que, a efectos del artículo 3 de la Convención, tiene que existir un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura en el país al que sea devuelta la persona. Basándose en las anteriores consideraciones, el Comité considera que el autor no ha presentado pruebas suficientes para convencerlo de que corre un peligro personal de ser torturado si lo envían de regreso a Argelia.

7.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la expulsión del autor a Argelia, sobre la base de información presentada, no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 156/2000

Presentada por:M. S. (se ha omitido el nombre) [representado por un abogado]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Suiza

Fecha de la comunicación:9 de febrero de 2000

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 13 de noviembre de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 156/2000, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Adopta el presente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la comunicación, nacido el 13 de abril de 1979, es un nacional de Sri Lanka de origen tamil. En la actualidad se halla en Suiza, donde ha presentado una solicitud de asilo. Esa solicitud fue desestimada y el autor sostiene que, al devolverlo a Sri Lanka, Suiza violaría el artículo 3 de la Convención. El autor solicitó al Comité poder acogerse a las medidas de urgencia, habida cuenta de que en el momento en que presentó su comunicación, corría el riesgo de una expulsión inminente. Estuvo representado por letrado hasta el 9 de abril de 2001.

1.2.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la comunicación a la atención del Estado Parte el 21 de febrero de 2000. Al mismo tiempo, el Comité, en virtud del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, solicitó al Estado Parte que no expulsase al autor a Sri Lanka mientras no hubiese finalizado el examen de su comunicación. El 23 de mayo de 2000, el Estado Parte informó al Comité de que se habían tomado medidas para que el autor no fuese devuelto a Sri Lanka hasta que el Comité no hubiese concluido el examen de la comunicación.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor afirma que, como la mayor parte de los ciudadanos de Sri Lanka de origen tamil, fue obligado a trabajar desde su más tierna infancia para el movimiento de los Tigres de Liberación del Ealam Tamil (LTTE), en particular en la construcción de búnkeres y pegando carteles de propaganda. El autor declara que, al negarse a colaborar de manera más activa en este movimiento, no tuvo más remedio que huir de Kilinochchi y trasladarse a Colombo.

2.2.El autor sostiene que en Colombo fue detenido en varias ocasiones por las autoridades, a veces durante más de 15 días, y torturado, por presunta pertenencia al movimiento de los Tigres tamiles. Declara que fue enjuiciado en repetidas ocasiones, la primera el 15 de marzo de 1997, y liberado poco después. Añade que fue detenido una vez más el 3 de enero de 1999 por la policía de Colombo y que estuvo encarcelado un mes antes de comparecer nuevamente ante los tribunales el 10 de febrero de 1999. Según el autor, el juez lo puso en libertad con la única condición de que se presentase todos los sábados en las dependencias de los servicios secretos (CID) para firmar en un registro.

2.3.El autor declara haber huido de Sri Lanka el 28 de marzo de 1999 con ayuda de un pasador. Señala que a causa de la huida se dictó orden de detención contra él y se presentó un documento de la policía de Colombo de fecha 23 de agosto de 1999 a este respecto. El autor llegó a Suiza el 29 de marzo de 1999.

2.4.El 30 de marzo de 1999, el autor presentó una solicitud de asilo en Suiza que fue desestimada el 18 de agosto de ese año. El 10 de diciembre de 1999, la Comisión Federal de Recurso en Materia de Asilo, que debía pronunciarse sobre el recurso interpuesto por el autor el 21 de septiembre de 1999, confirmó la decisión inicial por la que se desestimaba la solicitud. Se notificó al autor que tenía de plazo hasta el 15 de enero de 2000 para salir del país. El 10 de enero de 2000, el autor solicitó una prórroga del plazo de que disponía para salir del país aduciendo motivos de salud. El 20 de enero de 2000, la Oficina Federal de los Refugiados observó que esos motivos no eran suficientes para justificar una postergación de la fecha, pero decidió prorrogar el plazo hasta el 15 de febrero de 2000 a fin de que el autor pudiese preparar en mejores condiciones su partida.

La denuncia

3.1.El autor afirma que su regreso a Sri Lanka aumentará las sospechas de la policía local sobre su presunta pertenencia al movimiento de los Tigres tamiles y, por consiguiente, las posibilidades de ser detenido sumariamente y sometido a tortura a su llegada a Colombo. Según el autor, es preciso señalar que todo nacional de Sri Lanka de origen tamil que huya del país por persecución de las fuerzas gubernamentales corre con mayor motivo el riesgo de ser torturado a su regreso.

3.2.El autor se remite a la publicación Servicio de Noticias de Amnistía Internacional del 1º de junio de 1999, en la que se informa de que casi a diario se denuncian actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad en el contexto del conflicto armado que las opone a los LTTE. Según se informa en este boletín de noticias, este problema también se observa en el mantenimiento normal del orden público, pues es corriente que los policías torturen a sospechosos de derecho común. Así, siempre según esta fuente, pese a existir dispositivos de protección jurídica, se sigue practicando la tortura con relativa impunidad.

3.3.El autor llega a la conclusión de que el argumento según el cual las persecuciones de que es víctima no eran lo suficientemente intensas para dar lugar a un derecho de asilo carece de validez a la vista de las persecuciones que sin duda sufrirá cuando regrese a Sri Lanka.

3.4.El autor añade que desde mayo de 1999 padece tuberculosis plural. Puntualiza que de mayo a diciembre de 1999 siguió un tratamiento contra la tuberculosis en el Departamento de Neumología de la Policlínica Universitaria del Cantón de Vaud (Suiza). Según el autor, los médicos de este departamento consideran que es necesario que su evolución clínica pueda ser vigilada en los dos años próximos, puesto que la enfermedad que padece se debe considerar grave. El autor afirma que puede surgir la necesidad de una intervención médica urgente y que las condiciones de hospitalización en Sri Lanka, contrariamente a lo que piensa la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo, no permiten el tratamiento médico adecuado.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.El Estado Parte no impugnó la admisibilidad de la comunicación y, en una carta de fecha 21 de agosto de 2000, formuló algunas observaciones en cuanto al fondo.

4.2.En primer lugar, el Estado Parte examinó la decisión de la Comisión Federal de Recurso en materia de Asilo.

4.3.El Estado Parte observa que, aun considerando que a todas luces el recurso era infundado y, por consiguiente, podía ser desestimado por el procedimiento simplificado, la Comisión procedió a un examen pormenorizado del caso.

4.4.El Estado Parte recordó que, al igual que la Oficina Federal de los Refugiados, la Comisión ha considerado que el autor no había demostrado haber sufrido graves perjuicios que hubiesen podido provocar el temor objetivo y subjetivo de ser víctima de persecuciones en caso de regresar a Sri Lanka. Según el Estado Parte, el autor no ha demostrado la existencia de un riesgo personal, concreto y grave de ser sometido, en caso de ser expulsado a su país de origen, a un trato prohibido por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes. En virtud de la decisión de la Comisión Federal, el Estado Parte llega a la conclusión de que, a la luz de los compromisos internacionales contraídos por Suiza, la devolución del autor es lícita. El Estado Parte recuerda que la Comisión ha desestimado los argumentos del autor que invocaba su estado de salud para oponerse a su devolución.

4.5.En segundo lugar, el Estado Parte examinó en cuanto al fondo la decisión de la Comisión, a la luz del artículo 3 de la Convención y de la jurisprudencia del Comité.

4.6.El Estado Parte declara que en su comunicación el autor se limita a recordar los motivos que había invocado ante las autoridades nacionales. Según el Estado Parte, el autor no aporta ningún elemento nuevo que permita poner en tela de juicio la decisión de la Oficina Federal de los Refugiados de 18 de agosto de 1999 ni la de la Comisión de 10 de diciembre de 1999. El Estado Parte afirma que el autor no explica, en particular, al Comité las incoherencias y las contradicciones que se observan en sus alegaciones. Al contrario, según el Estado Parte, lo único que hace es confirmarlas, puesto que afirma que, por motivos desconocidos para las autoridades suizas, volvió a ser detenido el 3 de enero de 1999 por la policía de Colombo y enjuiciado el 10 de febrero de 1999. El Estado Parte recuerda que según el autor estas afirmaciones quedan corroboradas en el documento de la policía de Colombo de fecha 23 de agosto de 1999.

4.7.El Estado Parte considera que estas afirmaciones son cuando menos sorprendentes, puesto que en el procedimiento interno el autor declaró primero y de manera espontánea que no había sido detenido por la policía ni por el CID después de abril de 1997. Sin embargo, en la vista el autor sostuvo que había sido detenido por la Organización de Liberación Popular de Tamil Ealam (PLOTE) en febrero de 1998. Según el Estado Parte, sólo en el recurso interpuesto ante la Comisión el autor señaló muy vagamente, y en contradicción total con sus alegaciones anteriores, que entre febrero de 1998 y la fecha de su salida hacia Suiza había sido arrestado o detenido en varias ocasiones por la policía o el CID.

4.8.El Estado Parte destaca que, aunque el pretendido documento de la policía de Colombo está fechado el 23 de agosto de 1999, el autor nunca señaló que hubiese sido detenido en 1999, ni durante las vistas antes señaladas, ni en el recurso que interpuso ante la Comisión el 21 de septiembre de 1999, ni en sus cartas a la Comisión de fecha 15 y 19 de octubre de 1999. Según el Estado Parte, resulta aún más sorprendente que el autor no se haya referido a este documento en la solicitud de prórroga del plazo para salir del país que presentó el 10 de enero de 2000. El Estado Parte puntualiza que, al no haber presentado nunca este documento en el procedimiento ordinario, el autor habría podido interponer un recurso de revisión, cosa que no hizo. El Estado Parte recuerda que el procedimiento de revisión está reconocido como un recurso interno eficaz con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención. Sea como fuere, el Estado Parte considera que no se puede tener en cuenta este documento en el presente caso.

4.9.El Estado Parte explica que, además, es legítimo preguntar cuál es el origen y el contenido de ese documento que, cabe reiterar, nunca fue presentado ante las instancias nacionales. El Estado Parte declara que es preciso preguntar por qué motivos el autor teme ser víctima de persecución por la policía, cuando ésta le hace la cortesía de expedirle un documento en el que se recogen por orden cronológico todas las detenciones de las que asegura haber sido objeto. Al Estado Parte le parece extraña la cortesía demostrada por la policía al ofrecer la posibilidad de escapar a la persona que desea detener. El Estado Parte llega a la conclusión de que la detención de 1999 es a todas luces inverosímil y que el documento presuntamente expedido por la policía de Colombo, presentado en forma de copia no autentificada, no tiene ningún valor probatorio.

4.10. Tras recordar la jurisprudencia del Comité y su comentario general sobre la aplicación del artículo 3, el Estado Parte declara que en el presente caso el Gobierno de Suiza hace plenamente suyas las razones aducidas por la Comisión al motivar su decisión de desestimar la solicitud de asilo presentada por el autor y confirmar su devolución. En cuanto al artículo 3 de la Convención, el Estado Parte quiere puntualizar ante todo que, según la jurisprudencia del Comité (P. Q. L. c. el Canadá, comunicación Nº 57/1996), esta disposición no ofrece ninguna protección al autor, que alega simplemente su temor de ser detenido a la vuelta a su país. Esta es la conclusión que cabe inferir, máxime cuando se trata de un simple riesgo de detención (I. A. O. c. Suecia, comunicación Nº 65/1997). El Estado Parte recuerda que en el presente caso el autor sostiene que sería detenido por no haber cumplido la obligación de personarse semanalmente en las dependencias del CID.

4.11. El Estado Parte afirma que, tras una exposición de motivos convincente, la Comisión consideró que las alegaciones del autor eran inverosímiles. Según el Estado Parte, la exposición de motivos no se puede descartar sólo porque ahora el autor presenta al Comité, por primera vez, un documento presuntamente redactado por la policía de Colombo el 23 de agosto de 1999, en el que se dice que el autor volvió a ser detenido el 3 de enero de 1999 y que era buscado por la policía por no haber cumplido su obligación de presentarse en las dependencias del CID. El Estado Parte puntualiza que el autor debía y podía proporcionar esa información a las autoridades nacionales en el momento de incoar el procedimiento interno, puesto que el solicitante de asilo tiene el deber de cooperar. El Estado Parte considera especialmente sorprendente que el autor no haya aludido ante las instancias internas a su detención el 3 de enero de 1999, cuando ésta tuvo lugar poco antes de su salida de Sri Lanka. El Estado Parte añade que el autor también señala que fue torturado en las diferentes ocasiones en que estuvo detenido y en las que presuntamente fue maniatado y golpeado por las autoridades. Sin embargo, según el Estado Parte, los médicos suizos que examinaron al autor y le administraron un tratamiento contra la tuberculosis no señalaron en ningún momento eventuales secuelas atribuibles a actos violentos.

4.12. El Estado Parte explica que, independientemente de esas incoherencias, cabe observar que las alegaciones presentadas por el autor en relación a la detención del 3 de enero de 1999 y a la orden de detención no son muy dignas de fe. En la vista del procedimiento incoado en el cantón, el autor declaró explícitamente que, tras su detención en Colombo por el PLOTE en febrero de 1998, fue liberado "a condición de volver inmediatamente a Kilinochchi" y añadió que los miembros del PLOTE le habían prohibido volver a Colombo. Si hubiese vuelto a Colombo, el autor habría podido correr el riesgo de que "se prolongase su detención sin presentación a los tribunales". Ahora bien, según el Estado Parte, es preciso admitir que estas afirmaciones son poco creíbles teniendo en cuenta que la policía de Colombo lo detuvo el 3 de enero de 1999 y, sobre todo, que en su auto el juez señalaba que ponía en libertad al autor a condición de que se presentase todos los sábados en las dependencias del CID.

4.13. Por último, el Estado Parte considera que las explicaciones ofrecidas por el autor en relación con el modo en que salió de Sri Lanka son, como mínimo, dudosas. En particular, el autor no explica cómo pudo salir del país desde el aeropuerto de Colombo, a pesar de ser buscado por la policía. Según el Estado Parte, los controles de seguridad extremadamente estrictos practicados en dicho aeropuerto no le habrían permitido en ningún caso facturar y pasar los controles de policía y fronteras. El Estado Parte considera que es poco probable que, como afirma, haya podido recurrir a los servicios de un pasador que presuntamente le prohibió hablar con los aduaneros y prometió intervenir en caso de que formulasen preguntas. Según el Estado Parte, los hechos demuestran que, al contrario, no hay ninguna prueba que permita demostrar que el autor era buscado en el momento de su salida el 24 o el 25 de marzo de 1999.

4.14. El Estado Parte llega a la conclusión de que hay motivos fundados para dudar de que el autor sea buscado por las autoridades de Sri Lanka. Asimismo, es poco verosímil que el autor corra el riesgo de ser detenido si vuelve a su país. Sin embargo, aun cuando este riesgo fuese real, a juicio del Estado Parte, no basta para inferir que existen razones fundadas para creer que el autor corre peligro de ser sometido a tortura (comunicaciones Nos.157/1996 y 65/1997).

4.15. Tocante a los motivos de salud invocados por el autor, el Estado Parte recuerda que la Comisión los había tenido en cuenta. Basándose en dos certificados médicos, la Comisión llegó a la conclusión de que la parte fundamental del tratamiento contra la tuberculosis había concluido y que el autor no padecía ya de una dolencia que pudiese poner en peligro su vida o su salud. Según el Estado Parte, el nuevo certificado médico expedido el 6 de enero de 2000, en el que se apoya el autor, confirma esta conclusión. Los cirujanos consultados renunciaron, de común acuerdo, a llevar a cabo una decorticación quirúrgica. El Estado Parte añade que, aun en el caso en que resultase necesaria una intervención, cosa que según dicho certificado por el momento no lo es, ésta se podría llevar a cabo en Colombo. Según el Estado Parte, lo mismo cabe decir del control del estado de salud del autor y del seguimiento médico que pudiese necesitar. El Estado Parte declara que la Comisión estimó que las condiciones médicas en Colombo se debían considerar satisfactorias y que, llegado el caso, el autor podría recibir la atención necesaria.

4.16. A la luz de los hechos que anteceden, el Estado Parte llega a la conclusión de que nada indica que existan motivos fundados para temer que el autor se vea expuesto concreta y personalmente a la tortura a su regreso a Sri Lanka. Según el Estado Parte, las alegaciones del autor tampoco permiten pensar que su devolución a Sri Lanka entrañe un riesgo real, concreto y personal de ser torturado.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1. El autor recuerda que las contradicciones e incoherencias de sus alegaciones, en las que se fundamenta el Gobierno de Suiza para confirmar la decisión de la Comisión Federal, deben examinarse en el contexto en que las autoridades suizas conocieron del caso tras su llegada. Así, el autor declara que se hallaba gravemente enfermo de tuberculosis y que, en ese estado de extrema debilidad, tuvo que responder a todas las preguntas que le formularon las autoridades suizas. El autor afirma que en ese estado es más que probable que haya pasado por alto algunos pormenores o los haya explicado mal y que, además, seis semanas después de su llegada tuvo que ser hospitalizado durante tres semanas.

5.2.El autor rechaza luego los argumentos de la Oficina Federal de los Refugiados, según los cuales su huida de Sri Lanka era poco verosímil, y declara que el hecho de recurrir a un pasador de personas tenía por finalidad precisamente evitar los controles de la policía y de los servicios de aduanas del aeropuerto de Colombo.

Deliberaciones del Comité

6.1.Antes de examinar una afirmación contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe determinar si es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, conforme al apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. En el presente caso, el Comité toma nota también de que se han agotado todos los recursos internos y que el Estado Parte no ha puesto objeciones a la admisibilidad. El Comité considera, por consiguiente, que la comunicación es admisible. Habida cuenta de que tanto el Estado Parte como el autor han formulado observaciones sobre el fondo de la comunicación, el Comité procede a examinar ese fondo.

6.2.La cuestión que tiene ante sí el Comité es determinar si la devolución del autor a Sri Lanka entrañaría incumplimiento por el Estado Parte de la obligación contraída en virtud del artículo 3 de la Convención de no expulsar ni devolver a una persona a otro Estado cuando haya motivos fundados para creer que correría peligro de ser sometida a tortura.

6.3.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, el Comité debe decidir si hay motivos fundados para creer que el autor correría peligro de ser sometido a tortura en caso de ser devuelto a Sri Lanka. Al adoptar esta decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, inclusive la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, el objetivo es determinar si el interesado correría personalmente peligro de ser torturado en el país al que fuese devuelto. De ahí que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituya en sí motivo suficiente para determinar que una persona corre peligro de ser torturada a su regreso a ese país. Deben concurrir otras circunstancias que hagan pensar que la persona del interesado corre peligro. Asimismo, la no existencia de un cuadro persistente de violaciones patentes de los derechos humanos no significa que una persona no pueda ser torturada en las circunstancias de su caso.

6.4.El Comité recuerda su observación general sobre la aplicación del artículo 3, que dice así:

"Teniendo en cuenta que el Estado Parte y el Comité están obligados a evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si se procediese a su expulsión, devolución o extradición a otro Estado, el riesgo de tortura debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha. De todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo es muy probable." (A/53/44, anexo IX, párr. 229.)

6.5.En el presente caso, el Comité observa que el Estado Parte advierte una serie de incoherencias y contradicciones en las declaraciones del autor que obligan a dudar de la veracidad de sus alegaciones. También toma nota de las explicaciones dadas por el letrado al respecto.

6.6.El Comité observa que no ha quedado demostrado claramente que el autor sea buscado por la policía o los servicios secretos de Sri Lanka ni que el documento de la policía de Colombo que ha presentado como prueba sea auténtico; puntualiza, por lo demás, que es sorprendente que ese documento, fechado el 23 de agosto de 1999, no fuese presentado a las instancias suizas, ni siquiera cuando el autor solicitó, el 20 de enero de 2000, una prórroga del plazo para su salida del país.

6.7.El Comité considera, además, que las alegaciones del autor en lo que se refiere a los actos de tortura en Sri Lanka no están suficientemente fundamentadas y, en particular, no son corroboradas por informes médicos, a pesar de habérsele practicado un reconocimiento médico al poco tiempo de llegar a Suiza.

6.8.El Comité es consciente de la gravedad de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, incluso de los informes sobre alegaciones de tortura. Sin embargo, recuerda que, para que se pueda aplicar el artículo 3 de la Convención, el interesado debe correr un riesgo previsible, real y personal de ser torturado en el país al que va a ser devuelto. Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, el Comité considera que no ha quedado demostrada la existencia de ese riesgo.

7.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, considera que la devolución del autor a Sri Lanka no constituiría una violación por el Estado Parte del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 162/2000

Presentada por:Y. H. A. (se ha omitido el nombre) [representado por un abogado]

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Australia

Fecha de la comunicación:14 de abril de 2000

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 23 de noviembre de 2001,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 162/2000, presentada con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente dictamen a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.El autor de la comunicación es Y. H. A., ciudadano somalí perteneciente al clan shikal que en la actualidad está detenido en un Centro de detención de Nueva Gales del Sur y que solicita el estatuto de refugiado a Australia. El autor sostiene que su regreso obligado a Somalia constituiría una violación por parte de Australia del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por letrado.

1.2.El 20 de abril de 2000, el Comité transmitió al Estado Parte la comunicación para que formulara sus observaciones y le pidió que, conforme al párrafo 9 del artículo 108 del reglamento, no expulsara al autor a Somalia mientras el Comité estuviera examinando la comunicación. El Estado Parte ha accedido a su petición.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor nació el 1º de enero de 1967 en Mogadishu. Tiene un hijo que en el momento de su solicitud ante el Tribunal de Revisión de los casos de Refugiados vivía con el padre del autor en Kenya. La madre del autor murió y sus cuatro hermanos viven todos en Kenya, salvo uno que vive en los Países Bajos.

2.2.Desde 1980 hasta 1987, el autor vivió con su familia en Galkayo, en el noreste de Somalia, donde fue a la escuela y estudió mecánica. La familia volvió luego a Mogadishu donde el autor trabajó en un comercio de 1989 a 1991.

2.3.El autor salió de Somalia en 1991 porque a su padre, que había sido agente de policía con el anterior Gobierno de Siad Barre, lo perseguía la milicia del Congreso de la Unidad Somalí (USC). A principios de 1991, los miembros de la milicia se presentaron en la casa de la familia del autor y violaron y mataron a su hermana. El autor se fue a Kenya, donde residió desde principios de 1991 hasta finales de 1992 y donde también residió algún tiempo en 1994. Mientras vivió en Kenya, trabajó en un restaurante.

2.4.En 1992, el autor volvió a Somalia porque su mujer pertenecía al clan hawiye (el mismo clan de la milicia del USC), lo que le ofrecía cierta protección. De 1992 a 1994, el autor trabajó para la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM) en Mogadishu como informante para descubrir dónde había armas. El 3 de octubre de 1993, como el USC había descubierto que el autor pasaba información a la ONUSOM, mató a su mujer y le disparó a él hiriéndole en un riñón.

2.5.En 1994, mientras el autor estaba en casa de su suegro, la milicia del USC le disparó hiriéndole en un hombro y mató a su cuñada. Como su suegro pertenecía al clan hawiye logró evitar más muertes, pero luego le dijo que ya no podría seguir protegiéndolo y lo llevó al aeropuerto donde el autor tomó con su hijo un avión para Kenya.

2.6.El autor permaneció ilegalmente en Kenya hasta 1997. De allí se fue a Zambia y posteriormente a Sudáfrica donde compró un pasaporte con otro nombre y lo utilizó para viajar a Australia adonde llegó, indocumentado, el 16 de julio de 1998. El 28 de julio de 1998 solicitó un visado de protección al Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales (DIMA). El 21 de agosto de 1998, se denegó la solicitud del autor que pidió la revisión de la decisión al Tribunal de Revisión de casos de Refugiados. Éste confirmó la decisión de no conceder el visado de protección.

2.7.El Tribunal de Revisión expresó reservas acerca de la veracidad de las afirmaciones del autor, pero no determinó que los hechos descritos por él no hubieran ocurrido. El Tribunal determinó que el autor podía volver a Somalia y vivir fuera de Mogadishu, en la zona de Galkayo, al noreste de Somalia. Al adoptar esta decisión, el Tribunal tuvo en cuenta una información independiente según la cual las facciones del noreste y noroeste de Somalia no aceptarían a los repatriados forzosos. También señaló que el autor no estaba dispuesto a volver a ningún lugar de Somalia, ni siquiera a Galkayo. No obstante, consideró que estos factores no le conferían el estatuto de refugiado.

2.8.El autor solicitó la revisión judicial de la decisión del Tribunal de Revisión ante el Tribunal Federal de Australia. El 10 de septiembre de 1999, el Tribunal Federal desestimó la solicitud del autor, a raíz de lo cual éste interpuso un recurso ante el pleno del Tribunal Federal de Australia. El 10 de marzo de 2000, el pleno del Tribunal Federal desestimó el recurso. El autor solicitó un permiso especial para recurrir contra la decisión del pleno del Tribunal Federal ante el Tribunal Supremo de Australia. El autor señala que este es en Australia el tribunal de apelación en última instancia.

2.9.De conformidad con el autor, Somalia no ha logrado constituirse en Estado y sigue siendo un territorio con un cuadro persistente de violaciones graves y manifiestas de los derechos humanosa. Afirma que todos conocen la situación de los shikal en Somalia. Amnistía Internacional ha dicho que los shikal están expuestos a malos tratos graves, incluso a una muerte arbitraria y ha declarado que se opone al regreso de los miembros del clan shikal a Somalia. El autor declara que los hechos de este caso se asemejan a los del caso de Elmi c. Australiab en que el Comité determinó que se había violado el artículo 3 de la Convención. El abogado se remite asimismo a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas que han manifestado que se oponen a la repatriación involuntaria a Somalia de los solicitantes de asilo que no han logrado obtenerloc.

La denuncia

3.El autor alega que, debido a las agresiones anteriores de que fue objeto por parte del USC, hay motivos fundados para creer que estaría en peligro de ser sometido a la tortura si volviera a Somalia y, por consiguiente, Australia violaría el artículo 3 de la Convención si se le devuelve a ese país. El autor señala que, según fuentes dignas de crédito, en Somalia impera un "cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes y masivas de los derechos humanos", y se remite a este respecto al párrafo 2 del artículo 3 de la Convención. Se aduce que el propio autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si volviera a Somalia. El autor afirma también que pertenece a un clan minoritario que, por lo tanto, no está en condiciones de protegerlo.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y en cuanto al fondo

4.1.El Estado Parte sostiene que esta comunicación es inadmisible ratione materiae basándose en que la Convención no se aplica a los hechos expuestos por el autor. En particular, el tipo de actos de los que el autor podrá o no ser víctima si es devuelto a Somalia no corresponde a la definición de tortura del artículo 1 de la Convención. El Estado Parte sostiene que se considerará tortura todo acto por el que se inflijan "dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales". El Estado Parte opina que, si bien los hechos pasados dan una idea de lo que puede ocurrir en el futuro, los anteriores incidentes denunciados por el autor no indican que se pueda prever que será sometido a tortura si vuelve a Mogadishu. Admite que, dada la situación política de Somalia, es posible que el autor sufra una violación de sus derechos humanos, pero sostiene que esa violación no supondrá necesariamente el tipo de actos que se contemplan en el artículo 1 de la Convención.

4.2.De conformidad con el Estado Parte, el autor aduce que correrá riesgo a causa de los miembros del USC y que estará en peligro por haber trabajado como informante de la ONUSOM, pero no que correrá el riesgo de ser sometido a actos que impliquen una violación de la Convención. En las pruebas presentadas al Tribunal de Revisión, el autor afirmó que podría ser agredido por miembros del clan hawiye que le exigirían dinero para la milicia del USC. No obstante, la amenaza de extorsión no figura en la definición del artículo 1 de la Convención.

4.3.Según el Estado Parte, el autor no ha aportado pruebas sólidas de que corra más riesgos de ser sometido a tortura por el USC que los demás residentes de Mogadishu presa de la lucha de facciones entre grupos armados. Sostiene que en los procesos internos de examen se expresaron serias reservas en cuanto a la veracidad de los hechos relatados por el autor, incluso las versiones contradictorias del episodio en que murió su mujer y en que el autor resultó herido. Según el Estado Parte, en el interrogatorio inicial en el aeropuerto, el autor no ofreció información sobre la violación y asesinato de su hermana en 1991, ni sobre el asesinato de su cuñada durante un tiroteo en 1991, en el que también el autor resultó herido. El autor afirmó en un primer momento que nunca había salido de Somalia, pero posteriormente afirmó que había salido por primera vez en 1991. En una declaración oficial al Tribunal de Revisión el 2 de septiembre de 1998, el autor admitió haber hecho varias declaraciones falsas al llegar a Sydney. El Estado Parte también sostiene que para el Tribunal de Revisión no era verosímil que la ONUSOM emplease a alguien que había estado fuera del país durante algún tiempo para localizar escondites de armas en Mogadishu. El Estado Parte también se refirió a la conclusión del Tribunal de Revisión de que el autor había intentado evitar que el Tribunal investigase su caso a través de personas que tenían información directa sobre su situación desde 1991.

4.4.Además, el Estado Parte sostiene que los actos de que el autor teme ser objeto si se le devuelve a Somalia no corresponden al concepto de "tortura" definido en el artículo 1 de la Convención, porque no son actos de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas. El Estado Parte admite que los miembros de grupos minoritarios pueden ser objeto de acoso, intimidación y malos tratos por parte de hombres armados de todas las filiaciones políticasd, pero no admite que sean cometidos o instigados por funcionarios públicos ni otras personas en el ejercicio de sus funciones, ni con su consentimiento o aquiescencia, como indica el artículo 1 de la Convención. Afirma que estos actos son cometidos por individuos, a título privado y para su beneficio personale.

4.5.El Estado Parte se remite al dictamen del Comité en Elmi c. Australiaf y admite que, si bien algunos clanes pueden actuar como instituciones cuasi gubernamentales en algunas zonas de Somalia, es preciso distinguir claramente estos casos de los actos aleatorios de violencia de individuos aislados que actúan por su propia cuenta. No hay pruebas que indiquen que todos los miembros de un clan dominante actúen siempre de forma cuasi gubernamental. También sería difícil determinar si la milicia actúa cumpliendo órdenes concretas en un momento determinado, ya que "las fuerzas de seguridad son poco dignas de confianza, están mal pagadas, no tienen formación para cumplir funciones pacíficas y suelen escapar a todo control"g. Para apoyar su argumentación sobre la necesidad de examinar si los actos se cometen en el ejercicio de funciones públicas o por cuenta propia a fin de determinar si constituyen tortura, el Estado Parte presenta comentarios académicos y dictámenes de tribunales y cortes internacionales y nacionales.

4.6.Además, el Estado Parte afirma que no hay pruebas que indiquen que los supuestos actos se llevaron a cabo como resultado de decisiones adoptadas por los dirigentes del clan o por orden de los jefes del USC. Tampoco hay pruebas que indiquen que los supuestos actos fueran instigados por el clan o la milicia ni que el clan o milicia dieran su consentimiento, o tuvieran conocimiento de los presuntos actos. En apoyo de esta argumentación, el Estado Parte señala que el autor afirmó que la violación y el asesinato de su hermana fueron instigados por el USC que buscaba a integrantes del cuerpo de policía del anterior régimen, incluido el padre del autor; esto no coincide con un informe de la misión de estudio en Mogadishu, de 1991h. El Estado Parte opina que este incidente fue probablemente consecuencia del clima general de violencia que al parecer reinaba en aquel momento en Mogadishu y no obra de personas que ejecutaran órdenes de los jefes del USC de torturar y matar a las familias de los antiguos miembros del régimen de Barre.

4.7.En lo que respecta al asesinato de su mujer y la agresión del propio autor, el Estado Parte señala que éste dio dos versiones del incidente. Primero dijo que su casa había sido alcanzada por una bomba en el curso de un enfrentamiento entre las fuerzas de Aideed (USC) y la ONUSOM. Luego, declaró que su casa había sido atacada después de unas conversaciones sostenidas con los miembros del clan hawiye sobre el empleo de su padre durante el régimen de Barre, en el curso de las cuales los miembros del clan hawiye dijeron que querían quedarse con la casa. Si esta segunda versión de los hechos es verdadera, no parece que la persona en cuestión actuase en calidad de funcionario público. Además, el autor no dice si su mujer o su suegro reconocieron a jefes del clan o a miembros que tuvieran autoridad en el clan, pese a que todos pertenecían al mismo clan.

4.8.En lo que respecta al episodio en casa de su suegro, en que el autor resultó herido y su cuñada murió de un disparo, el Estado Parte aduce que, si bien es probable que algunos miembros de la milicia del USC tuvieran orden de detener, torturar o matar a los informantes de la ONUSOM en ese momento, nada explica que matasen a la cuñada, quien presumiblemente no trabajaba para la ONUSOM, y en cambio el propio autor sólo resultase herido. Si la milicia del USC hubiese actuado con carácter oficial, no habría hecho caso de la intervención del suegro del autor, salvo que éste tuviese alguna autoridad en el USC o en el clan hawiye. No hay pruebas de que así fuera.

5.1.En cuanto al fondo, el Estado Parte alega que no hay pruebas de que en la actualidad el autor corra el riesgo de ser torturado por el Gobierno si vuelve a Somalia porque su padre hubiese estado comprometido con el régimen de Barre o por su propio trabajo para la ONUSOMi. El Estado Parte declara que las pruebas de que dispone Australia indican que el nuevo Gobierno de Somalia, que fue elegido respetando estrictamente la representación proporcional de los clanes, tiene al frente a un Presidente interino que fue ministro del anterior régimen de Barrej. El Presidente nombró Primer Ministro a un antiguo miembro del régimen de Barre, que había sido Ministro de Industria entre 1980 y 1982. La Asamblea Nacional de Transición de 245 escaños, comprende representantes de los clanes minoritarios, así como de los clanes dominantes de Somalia. Además, en la actualidad hay tres representantes shikal en esta Asamblea, que forman parte de los representantes que corresponden al clan hawiye. Estos representantes también están estrechamente vinculados al anterior régimen de Barre. El hecho de que, tanto el Presidente como el Primer Ministro del Gobierno recién formado, hubieran sido ministros del régimen anterior indica que los miembros de más alto nivel de ese régimen no son ya objeto de persecución, aunque quizá lo fueran inmediatamente después de la caída del régimen de Barre.

5.2.El Estado Parte se remite también al discurso del Presidente interino ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciado el 19 de septiembre de 2000, en que expresó su reconocimiento a las Naciones Unidas por sus esfuerzos por aliviar las tribulaciones del pueblo de Somalia en los últimos diez años y describió la reciente creación de la Asamblea Nacional como el comienzo de una nueva era de paz y estabilidad.

5.3.Si bien el Estado Parte no niega los ataques contra el autor, su mujer, su hermana y su cuñada ni que, en aquel momento e inmediatamente después, el autor pueda haberse sentido especialmente vulnerable a los ataques de la milicia del USC y que ese temor pueda haberle incitado a huir de Somalia, ello no prueba que en la actualidad exista amenaza de tortura por alguna de las dos facciones del USC. En este contexto, el Estado Parte añade que el jefe de una de las facciones forma también parte de la nueva Asamblea Nacional de Transición y ha declarado que apoya al nuevo Presidente.

5.4.En cuanto al temor del autor de ser torturado por su trabajo para la ONUSOM, el Estado Parte afirma que no hay pruebas de que tuviera un cargo importante, ni de que todos supieran que trabajaba para la ONUSOM o que contribuía directamente a los objetivos de la ONUSOM. Tampoco hay pruebas que indiquen que los antiguos empleados de la ONUSOM corran riesgo alguno de parte de una u otra facción. Por otro lado, no existe en Somalia un archivo central desde hace casi diez años y, por lo tanto, es difícil determinar la forma en que el USC podría conocer el trabajo del autor para la ONUSOM si él mismo no lo admite.

5.5.En lo que respecta a la argumentación de que el autor pertenece a un clan minoritario que no puede ofrecerle protección en ningún lugar de Somalia, el Estado Parte observa que el autor no indicó en su testimonio ante el Tribunal de Revisión que temiera ser torturado porque era miembro del clan shikal. En cambio, afirmó que su clan no podría protegerlo, pero podía ser atacado por el clan hawiye para extraerle dinero con que financiar su milicia, el USC. Según el Estado Parte, ello no demuestra que el autor corra riesgo personal por ser miembro del clan shikal.

5.6.El Estado Parte admite que viene habiendo un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes y masivas de los derechos humanos en Somalia en general y que los miembros de clanes pequeños, que no han tomado partido y no están armados, como el shikal, eran más vulnerables a las violaciones de derechos humanos que los miembros de los clanes mayores. Aunque las violencias y la agitación son continuas, el riesgo es el mismo para toda la población y especialmente grande en Mogadishu y en el sur de Somalia. Ello no es prueba de que el propio autor corra personalmente el riesgo de ser sometido a la tortura. Además, el Estado Parte afirma que, aunque el nivel de violencia ha disminuido desde la elección del Gobierno provisional, la situación sigue siendo tensa. El Gobierno provisional ha incorporado a muchos miembros de la milicia en el cuerpo nacional de policía. Si bien algunos jefes de facciones de Mogadishu se han negado a reconocer al Gobierno provisional, el subclan habr-hirdir del clan hawiye apoya al Presidente interino. Los jefes de facciones que en la actualidad están en la zona sur de Mogadishu pertenecen al subclan habr-girdir como el Presidente interino.

5.7.El Estado Parte observa que los procesos internos de examen revelaron que, incluso si el autor corriese el riesgo de ser sometido a tortura a su regreso a Mogadishu, tendría siempre la posibilidad de establecerse en Galkayo (en el noreste de Somalia), donde había vivido bastante tiempo. Durante los procesos internos de examen también se observó que las autoridades de esa región aceptaban a los miembros de otros clanes, que la región gozaba todavía de una relativa estabilidad y que el autor podría contar con una importante protección contra el peligro que pretende temer. Ni la milicia del USC ni sus facciones controlan esa zona, sino el Frente Democrático de Salvación Somalí. En dos informes sobre esta región se dice que la zona noreste de Somalia ha sido una zona relativamente pacífica y estable que acoge a los miembros de todos los clanes.

5.8.El Estado Parte afirma que la conclusión a que se llegó en los procedimientos internos de examen antecedió a la formación de un Gobierno central en Somalia, como existe ahora en Mogadishu. Teniendo en cuenta que el autor se resistía a volver a esta parte del país y dada la nueva situación política que se ha descrito en el párrafo 5.1, el Estado Parte afirma que actualmente es poco probable que haya algún motivo para que el autor necesite volver a establecerse en Galkayo y no en Mogadishu.

Observaciones del autor sobre la comunicación del Estado Parte

6.1.En respuesta al Estado Parte, el autor reafirma que corre un riesgo importante de ser sometido a la tortura en Somalia, ya que, como miembro del clan minoritario shikal, las condiciones anárquicas que reinan en toda Somalia hacen que sea especialmente vulnerable. El autor alega que el Tribunal de Revisión admitió que era vulnerable, pero rechazó su denuncia porque no había vinculación entre el peligro que afronta y su pertenencia a un clan. El letrado afirma que, con arreglo a la Convención contra la Tortura, no se necesita vinculación alguna.

6.2.Al tratar de actos de tortura de los llamados agentes no estatales o agentes cuasi estatales, se afirma que el Comité debe adoptar una concepción amplia del alcance de la responsabilidad del Estado. A este respecto, el autor llama la atención hacia la jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según el abogado, no es necesario que las personas que cometen actos de tortura lo hagan por encargo de un órgano competente o hayan sido autorizadas por éste. El artículo 1 de la Convención contra la Tortura hace extensiva la responsabilidad de los actos de tortura a la aquiescencia del responsable. Además, alega el abogado, como se reconoció en Elmi c. Australia, cuando hay un vacío de poder central, los grupos de particulares que practican la tortura actúan efectivamente como funcionarios públicos en la zona en cuestión y debe disponerse de la protección que ofrece el artículo 3.

6.3.Conforme al autor, las recientes iniciativas de paz no han puesto fin al conflicto en Somalia. En el último informe de la experta independiente de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Somalia, se señalaba que Mogadishu sigue dividida en feudos controlados por el Gobierno Nacional de Transición y varios jefes de facciones. El autor señaló que los choques entre facciones suelen ocasionar víctimas civiles y pérdida de bienes y observó que en la ciudad impera un clima de anarquía. Afirma que, como miembro de un clan vulnerable, él correría un riesgo especial en estas circunstancias. Incluso si se le devolviese por la fuerza al noreste, como ha propuesto el Estado Parte, tendría que pasar por Mogadishu y, así, estaría en peligro.

6.4.Por último, el autor añade que de todos modos no se le puede obligar a volver a Galkayo, ya que la información presentada al Tribunal de Revisión indica que los repatriados por la fuerza no son aceptados en esa parte de Somalia. En todo caso, el hecho de pertenecer al clan shikal hace que sea igualmente vulnerable en el noreste ya que, como se indicaba también en el informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos, sigue habiendo fuertes combates en el noreste de Somalia, en especial en los alrededores de Galkayo.

Cuestiones materiales y procesales de previo pronunciamiento

7.1.Antes de examinar una denuncia contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe determinar si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. A este respecto, el Comité se ha cerciorado, conforme al apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité también señala que el Estado Parte no pone en tela de juicio que se hayan agotado los recursos internos. También toma nota de la opinión del Estado Parte de que la comunicación se debe declarar inadmisible ratione materiae sobre la base de que la Convención no es aplicable a los hechos alegados, ya que el trato a que podrá o no ser sometido el autor si se le devuelve a Somalia no corresponde previsible o necesariamente a la definición de "tortura" del artículo 1 de la Convención y, en cualquier caso, no será infligido por, ni a instigación de, ni con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público o de una persona en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el Comité opina que el argumento ratione materiae del Estado Parte plantea una cuestión que no puede tratarse en la etapa de la admisibilidad. El Comité considera que no hay más obstáculos a la admisibilidad, por lo que declara admisible la comunicación.

7.2.El Comité debe decidir si la repatriación forzosa del autor a Somalia constituiría una violación de la obligación del Estado Parte, a tenor del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, de no expulsar ni devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Para adoptar esa decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive la existencia en el Estado en cuestión de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, la finalidad es determinar si el propio interesado está en peligro de ser sometido a tortura en el país al que regresa. De ahí que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye en sí un motivo suficiente para decidir si la persona en cuestión está en peligro de ser sometida a tortura al regresar a ese país; deben aducirse más razones que demuestren que el propio interesado corre ese peligro. Inversamente, la falta de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que se pueda considerar que una persona no esté en peligro de ser sometida a tortura en su caso concreto.

7.3.El Comité toma nota de la afirmación del autor de que se halla en verdadero peligro de ser torturado si se le devuelve a Somalia debido al puesto que su padre ocupaba como agente de policía del Gobierno anterior, su propio trabajo con la ONUSOM y su vulnerabilidad como miembro del clan shikal. En apoyo de su afirmación, expone a grandes rasgos los incidentes de tortura que, en el pasado, padecieron él y su familia. El Comité señala que el Estado Parte no niega que se hayan producido esos incidentes, pero alega que el autor no ha hecho una descripción consecuente de los hechos y que era más probable que esos ataques se hubiesen producido como parte de un clima general de violencia en Mogadishu en ese momento que como un intento deliberado dirigido contra el autor por los motivos que esgrime. El Comité observa también que el autor no ha logrado explicar las incoherencias en su relato de los ataques, lo que le plantea dudas en cuanto a su sinceridad.

7.4.Además, el Comité recuerda que, incluso si no se pusieran en tela de juicio las pruebas de torturas pasadas que presentó el autor, el objetivo del examen de la comunicación por el Comité es valorar el riesgo que correría de ser sometido a tortura si se le devuelve a Somalia ahora. Teniendo en cuenta la composición del nuevo Gobierno de Transición, que comprende miembros del propio clan shikal, el Comité opina que, en la actualidad, el autor no correría ese riesgo. A la luz de lo que antecede y aunque reconoce la continua y generalizada violación de los derechos humanos en Somalia, el Comité considera que el autor no ha demostrado que se enfrente a un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura en el sentido del artículo 3 de la Convención.

8.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la devolución del autor a Somalia por el Estado Parte no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.