Consejo de Derechos Humanos

35º período de sesiones

6 a 23 de junio de 2017

Tema 4 de la agenda

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanosel 23 de junio de 2017

35/27.Situación de los derechos humanos en Belarús

El Consejo de Derechos Humanos,

Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos,

Recordando todas las resoluciones aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, incluida la resolución 32/26 del Consejo, de 1 de julio de 2016, y deplorando la respuesta inadecuada y la falta de cooperación del Gobierno de Belarús ante las solicitudes formuladas por el Consejo en esas resoluciones, incluida la denegación de acceso al país al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús y a otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales, aunque reconociendo la disposición cada vez mayor de Belarús a cooperar con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y con la Unión Europea,

Recordando también las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007,

1.Acoge con beneplácito el informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, de 21 de abril de 2017;

2.Expresa su preocupación persistente ante la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Belarús, en particular las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, evidenciada por la respuesta del Gobierno de Belarús a las protestas pacíficas de febrero y marzo de 2017; la persistencia de las denuncias de tortura y de tratos inhumanos o degradantes a manos de agentes del orden y funcionarios de prisiones, las cuales no son debidamente investigadas por las autoridades; la constante represión de que son objeto los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, a muchas de las cuales se les impide inscribirse o se las somete a registros ordenados por las autoridades; la detención de periodistas en marzo de 2017 y las diversas vulneraciones de la libertad de expresión, incluso por los medios de difusión; e insta al Gobierno a que respete plenamente las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación;

3.Deplora la falta de respuesta del Gobierno de Belarús ante los casos de detención y encierro arbitrarios de activistas políticos y sociales, la renuencia de los fiscales a investigar los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, la impunidad de los autores de delitos que entrañan la comisión de violaciones y abusos contra los derechos humanos, la presión ejercida sobre los abogados defensores y la falta de recursos jurídicos efectivos; y deplora también la falta de leyes específicas que proscriban de manera integral la discriminación, la cual afecta a personas pertenecientes a grupos vulnerables y minorías religiosas;

4.Reitera su llamamiento al Gobierno de Belarús a que lleve a cabo una revisión exhaustiva de la legislación, las políticas, las estrategias y las prácticas pertinentes a fin de que las disposiciones estén definidas con claridad, se ajusten a sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos y no se utilicen para impedir o restringir indebidamente el ejercicio de ningún derecho humano, y a que invierta en el fomento de capacidad y en una capacitación adecuada del poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley;

5.Acoge con beneplácito la aprobación por el Gobierno de Belarús, el 24 de octubre de 2016, de un plan interinstitucional de derechos humanos para el período de 2016-2019, destinado a poner en práctica las recomendaciones aceptadas por el Gobierno durante el segundo ciclo del examen periódico universal y las recomendaciones de algunos órganos creados en virtud de tratados, alienta al Gobierno a que revise y modifique el plan incluyendo en él las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos y teniendo en cuenta las sugerencias formuladas por las organizaciones de la sociedad civil, y acoge con beneplácito la presentación del quinto informe del Gobierno sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en marzo de 2017;

6.Observa que el Relator Especial sigue prestando atención a la cuestión de la pena de muerte en Belarús, y en particular expresa profunda preocupación por su aplicación sin las debidas garantías procesales y por la escasa cantidad de información pertinente sobre su uso, y, habida cuenta de que la transparencia es un requisito para que la justicia penal sea imparcial y eficaz, solicita al Relator Especial que continúe haciendo un seguimiento de la situación y formule recomendaciones;

7.Insta al Gobierno de Belarús, a la luz de los acontecimientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la plena independencia e imparcialidad del poder judicial, para garantizar el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la revisión efectiva de las sentencias y condenas por un tribunal superior, y para hacer efectivo el derecho de todos los acusados a elegir libremente su representante letrado en todas las actuaciones;

8.Recuerda que acogió con beneplácito la puesta en libertad de presos políticos en agosto de 2015, y pidió que se restablecieran íntegramente los derechos civiles y políticos de los expresos políticos; sin embargo, los activistas políticos siguen siendo objeto de malos tratos y acusaciones inventadas, al tiempo que no se ha producido avance alguno en los casos de desaparición forzada de opositores políticos que aún no se han resuelto;

9.Insta a Belarús a que haga realidad sin demora la reforma integral del marco jurídico electoral y a que, antes de las elecciones locales previstas para principios de 2018, corrija las deficiencias sistémicas que desde hace tiempo presentan el marco jurídico y las prácticas electorales, atendiendo a las recomendaciones formuladas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y el Relator Especial;

10.Alienta encarecidamente de nuevo al Gobierno de Belarús a que establezca una institución nacional de derechos humanos acorde con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) y a que se implique activamente en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

11.Decide prorrogar por un año el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, y le pide que presente un informe sobre la situación de los derechos humanos en ese país al Consejo de Derechos Humanos en su 38º período de sesiones y a la Asamblea General en su septuagésimo tercer período de sesiones;

12.Insta al Gobierno de Belarús a que coopere plenamente con el Relator Especial, entre otras cosas dándole acceso al país para que lo visite con miras a ayudar al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y estudiando la posibilidad de poner en práctica las recomendaciones del Relator, e insta también al Gobierno a que haga extensiva su plena cooperación a los procedimientos especiales temáticos;

13.Solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que proporcione al Relator Especial la asistencia y los recursos necesarios para el cumplimiento de su mandato, y solicita al Relator Especial que continúe haciendo un seguimiento de la situación y formule recomendaciones.

37ª sesión 23 de junio de 2017

[Aprobada en votación registrada por 18 votos contra 8, y 21 abstenciones. El resultado de la votación fue el siguiente:

Votos a favor:

Albania, Alemania, Bélgica, Brasil, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Ghana, Hungría, Japón, Letonia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Suiza

Votos en contra:

Bolivia (Estado Plurinacional de), Burundi, China, Cuba, Egipto, Filipinas, India, Venezuela (República Bolivariana de)

Abstenciones:

Arabia Saudita, Bangladesh, Botswana, Congo, Côte d’Ivoire, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Georgia, Indonesia, Iraq, Kenya, Kirguistán, Mongolia, Nigeria, Qatar, Rwanda, Sudáfrica, Togo, Túnez.]