Seguimiento del artículo 19:

Sra. Gaer (suplente, el Sr. El Masry)

Seguimiento del artículo 22:

Sr. El Masry (suplente, la Sra. Gaer)

Seguimiento del artículo 20:

Sr. Rasmussen

Informes atrasados:

Sr. Mariño, Sr. Rasmussen

Las nuevas quejas y las medidas provisionales:

Sr. Mavrommatis

Cuestiones de género:

Sra. Gaer

Cuestiones de la infancia:

Sr. Rasmussen

J. Participación de miembros del Comité en otras reuniones

16.Durante el período que se examina, el Sr. Peter Burns participó en la 15ª reunión de presidentes de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, que se celebró del 23 al 27 de junio de 2003. El Sr. Burns y el Sr. Rasmussen participaron en la segunda reunión entre los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, que tuvo lugar del 18 al 20 de junio de 2003.

K. Declaración conjunta con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

17.Se aprobó la siguiente declaración conjunta que debía divulgarse el 26 de junio de 2004, Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura:

"El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura, el Presidente de la 22ª reunión de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y el Alto Comisionado Interino de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos formulan la siguiente declaración con ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura:

"Deseamos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra grave preocupación por los continuos informes de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que tienen lugar en muchas partes del mundo.

La tortura está prohibida de manera absoluta por las normas internacionales de derechos humanos y por el derecho humanitario internacional. El carácter no derogable de esta prohibición está consagrado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como en varios otros instrumentos. Los Estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción, y en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura.

Con arreglo al derecho internacional, los Estados también tienen la obligación de investigar los actos de tortura dondequiera ocurran, enjuiciar a los culpables y otorgar una indemnización a las víctimas, así como proporcionar los medios para su rehabilitación. Con demasiada frecuencia, las autoridades públicas se muestran renuentes a cumplir sus obligaciones a este respecto, permitiendo que la tortura siga ocurriendo con impunidad.

En este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura rendimos homenaje a todos los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y particulares que llevan a cabo actividades encaminadas a impedir los actos de tortura, castigarlos y garantizar que todas las víctimas obtengan reparación y tengan un derecho jurídicamente exigible a recibir una indemnización equitativa y adecuada, inclusive medios para una rehabilitación lo más completa posible. También manifestamos nuestro agradecimiento a todos los donantes al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura y expresamos la esperanza de que seguirán aumentando las contribuciones al Fondo, a fin de que un mayor número de víctimas de la tortura y de sus familiares puedan recibir la asistencia que necesitan.""

II. PRESENTACIÓN DE INFORMES POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

18.Durante el período que abarca el presente informe se presentaron al Secretario General 12 informes. Se recibió el informe inicial de Albania (CAT/C/28/Add.6), Bahrein (CAT/C/47/Add.4) y Uganda (CAT/C/5/Add.32). Se recibió el segundo informe de Sri Lanka (CAT/C/48/Add.2) y Nepal (CAT/C/33/Add.6). Se recibió el tercer informe del Ecuador (CAT/C/39/Add.6), Austria (CAT/C/34/Add.18), Francia (CAT/C/34/Add.19) y Georgia (CAT/C/66/Add.1). Se recibió el cuarto informe del Reino Unido (CAT/C/67/Add.2), Italia (CAT/C/67/Add.3) y Guatemala (CAT/C/74/Add.1).

19.Al 21 de mayo de 2004, la situación de los informes todavía no presentados, 175 en total, era la siguiente:

Estado Parte

Fecha en que debía presentarse el informe

Informe inicial

Togo

17 de diciembre de 1988

Guyana

17 de junio de 1989

Guinea

8 de noviembre de 1990

Somalia

22 de febrero de 1991

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1993

Seychelles

3 de junio de 1993

Cabo Verde

3 de julio de 1993

Burundi

19 de marzo de 1994

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1994

Etiopía

12 de abril de 1995

Chad

7 de julio de 1996

Tayikistán

9 de febrero de 1996

Côte d'Ivoire

16 de enero de 1997

República Democrática del Congo

16 de abril de 1997

Malawi

10 de julio de 1997

Honduras

3 de enero de 1998

Kenya

22 de marzo de 1998

Bangladesh

3 de noviembre de 1999

Níger

3 de noviembre de 1999

Sudáfrica

8 de enero de 2000

Burkina Faso

2 de febrero de 2000

Malí

27 de marzo de 2000

Turkmenistán

25 de julio de 2000

Japón

29 de julio de 2000

Mozambique

14 de octubre de 2000

Qatar

9 de febrero de 2001

Ghana

6 de octubre de 2001

Botswana

7 de octubre de 2001

Gabón

7 de octubre de 2001

Líbano

3 de noviembre de 2001

Sierra Leona

24 de mayo de 2002

Nigeria

27 de julio de 2002

San Vicente y las Granadinas

30 de agosto de 2002

Lesotho

11 de diciembre de 2002

Mongolia

22 de febrero de 2003

Irlanda

10 de mayo de 2003

Santa Sede

25 de julio de 2003

Guinea Ecuatorial

6 de noviembre de 2003

Timor-Leste

15 de mayo de 2004

Segundo informe periódico

Afganistán

25 de junio de 1992

Belice

25 de junio de 1992

Filipinas

25 de junio de 1992

Uganda

25 de junio de 1992

Togo

17 de diciembre de 1992

Guyana

17 de junio de 1993

Brasil

27 de octubre de 1994

Guinea

8 de noviembre de 1994

Somalia

22 de febrero de 1995

Rumania

16 de enero de 1996

Serbia y Montenegro

9 de octubre de 1996

Yemen

4 de diciembre de 1996

Jordania

12 de diciembre de 1996

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 1997

Benin

10 de abril de 1997

Letonia

13 de mayo de 1997

Seychelles

3 de junio de 1997

Cabo Verde

3 de julio de 1997

Camboya

13 de noviembre de 1997

Burundi

19 de marzo de 1998

Eslovaquia

27 de mayo de 1998

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 1998

Costa Rica

10 de diciembre de 1998

Etiopía

12 de abril de 1999

Albania

9 de junio de 1999

Estados Unidos de América

19 de noviembre de 1999a

la ex República Yugoslava de Macedonia

11 de diciembre de 1999

Namibia

27 de diciembre de 1999

República de Corea

7 de febrero de 2000

Tayikistán

9 de febrero de 2000

Cuba

15 de junio de 2000

Chad

8 de julio de 2000

República de Moldova

27 de diciembre de 2000

Côte d'Ivoire

16 de enero de 2001

República Democrática del Congo

16 de abril de 2001

El Salvador

16 de julio de 2001

Lituania

1º de marzo de 2001

Kuwait

6 de abril de 2001

Malawi

10 de julio de 2001

Honduras

3 de enero de 2002

Kenya

22 de marzo de 2002

Kirguistán

4 de septiembre de 2002

Arabia Saudita

21 de octubre de 2002

Bahrein

4 de abril de 2003

Kazajstán

24 de septiembre de 2003

Bangladesh

3 de noviembre de 2003

Níger

3 de noviembre de 2003

Zambia

5 de noviembre de 2003

Indonesia

26 de noviembre de 2003

Sudáfrica

8 de enero de 2004

Burkina Faso

2 de febrero de 2004

Malí

27 de marzo de 2004

Bolivia

11 de mayo de 2004

Tercer informe periódico

Afganistán

25 de junio de 1996

Belice

25 de junio de 1996

Filipinas

25 de junio de 1996

Senegal

25 de junio de 1996

Uganda

25 de junio de 1996

Uruguay

25 de junio de 1996

Togo

17 de diciembre de 1996

Guyana

17 de junio de 1997

Turquía

31 de agosto de 1997

Túnez

22 de octubre de 1997b

Jamahiriya Árabe Libia

14 de julio de 1998

Argelia

11 de octubre de 1998

Brasil

27 de octubre de 1998

Guinea

8 de noviembre de 1998

Somalia

22 de febrero de 1999

Malta

12 de octubre de 1999

Liechtenstein

1º de diciembre de 1999

Rumania

16 de enero de 2000

Nepal

12 de junio de 2000

Serbia y Montenegro

9 de octubre de 2000

Yemen

4 de diciembre de 2000

Jordania

12 de diciembre de 2000

Mónaco

4 de enero de 2001

Bosnia y Herzegovina

5 de marzo de 2001

Benin

10 de abril de 2001

Letonia

13 de mayo de 2001

Seychelles

3 de junio de 2001

Cabo Verde

3 de julio de 2001

Camboya

13 de noviembre de 2001

Mauricio

7 de enero de 2002

Burundi

19 de marzo de 2002

Eslovaquia

27 de mayo de 2002

Eslovenia

14 de agosto de 2002

Antigua y Barbuda

17 de agosto de 2002

Armenia

12 de octubre de 2002

Costa Rica

10 de diciembre de 2002

Sri Lanka

1º de febrero de 2003

Etiopía

12 de abril de 2003

Albania

9 de junio de 2003

Estados Unidos de América

19 de noviembre de 2003

la ex República Yugoslava de Macedonia

11 de diciembre de 2003

Namibia

27 de diciembre de 2003

República de Corea

7 de febrero de 2004

Tayikistán

9 de febrero de 2004

Cuarto informe periódico

Afganistán

25 de junio de 2000

Belarús

25 de junio de 2000

Belice

25 de junio de 2000

Bulgaria

25 de junio de 2000

Camerún

25 de junio de 2000

Francia

25 de junio de 2000

Hungría

25 de junio de 2000

México

25 de junio de 2000

Filipinas

25 de junio de 2000

Federación de Rusia

25 de junio de 2000

Senegal

25 de junio de 2000

Uganda

25 de junio de 2000

Uruguay

25 de junio de 2000

Austria

27 de agosto de 2000

Panamá

22 de septiembre de 2000

Togo

17 de diciembre de 2000

Colombia

6 de enero de 2001

Ecuador

28 de abril de 2001

Guyana

17 de junio de 2001

Perú

5 de agosto de 2001

Turquía

31 de agosto de 2001

Túnez

22 de octubre de 2001

Chile

29 de octubre de 2001

China

2 de noviembre de 2001

Países Bajos

19 de enero de 2002

Portugal

10 de marzo de 2002

Jamahiriya Árabe Libia

14 de junio de 2002

Polonia

24 de agosto de 2002

Australia

6 de septiembre de 2002

Argelia

11 de octubre de 2002

Brasil

27 de octubre de 2002

Guinea

8 de noviembre de 2002

Nueva Zelandia

8 de enero de 2003

Somalia

22 de febrero de 2003

Paraguay

10 de abril de 2003

Malta

12 de octubre de 2003

Alemania

20 de octubre de 2003

Liechtenstein

1º de diciembre de 2003

Rumania

16 de enero de 2004

20.A petición del Comité, dos de sus miembros, el Sr. Mariño y el Sr. Rasmussen, siguieron manteniendo contacto con los Estados Partes cuyo informe inicial debía haberse presentado hacía cinco años o más a fin de alentarlos a hacerlo. Habida cuenta de que el Gobierno del Togo no ha respondido a las peticiones de los miembros, el Comité decidió examinar la situación en ese país en lo que respecta a la Convención, sin el informe, en su 33º período de sesiones.

21.En su 32º período de sesiones, el Comité decidió dirigir una carta al Gobierno de los Estados Unidos de América para recordarle que aún no había presentado el segundo informe periódico que le había solicitado que presentara el 19 de noviembre de 2001. El Comité le pidió que lo presentara a más tardar el 1º de octubre de 2004. El Comité le señalaba en particular el párrafo 1 del artículo 2 de la Convención que dice que todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Por último, en la carta se indicaba que el informe debe contener información actualizada sobre la situación en los lugares de detención en el Iraq.

III. EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN

22.En sus períodos de sesiones 31º y 32º, el Comité examinó los informes presentados por 13 Estados Partes, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 de la Convención. En su 31º período de sesiones, tuvo ante sí los siguientes informes:

Camerún: tercer informe periódico CAT/C/34/Add.17

Colombia: tercer informe periódico CAT/C/39/Add.4

Letonia : informe inicial CAT/C/21/Add.4

Lituania: informe inicial CAT/C/37/Add.5

Marruecos: tercer informe periódico CAT/C/66/Add.1 y Corr.1

Yemen: informe inicial CAT/C/16/Add.10.

23.En su 32º período de sesiones, el Comité tuvo ante sí los siguientes informes:

Bulgaria: tercer informe periódico CAT/C/34/Add.16

Chile: tercer informe periódico CAT/C/39/Add.5 y Corr.1

Croacia: tercer informe periódico CAT/C/54/Add.3

República Checa: tercer informe periódico CAT/C/60/Add.1

Alemania: tercer informe periódico CAT/C/49/Add.4

Mónaco: segundo informe periódico CAT/C/38/Add.2

Nueva Zelandia: tercer informe periódico CAT/C/49/Add.3.

24.De conformidad con el artículo 66 del reglamento del Comité, se invitó a representantes de todos los Estados Partes que habían presentado informes a que asistieran a las sesiones del Comité cuando se examinaran sus informes. Todos los Estados Partes cuyos informes fueron examinados por el Comité enviaron representantes para que participaran en su examen.

25.Se designaron relatores para el país y relatores suplentes para cada uno de los informes examinados, cuya lista figura en el anexo V del presente informe. En el anexo VI se consignan los métodos de trabajo del Comité para examinar los informes presentados en virtud del artículo 19 de la Convención.

26.En relación con su examen de los informes, el Comité también tuvo ante sí los siguientes documentos:

a)Pautas generales relativas a la forma y el contenido de los informes iniciales que deben presentar los Estados Partes con arreglo al párrafo 1 del artículo 19 de la Convención (CAT/C/4/Rev.2);

b)Directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos que los Estados Partes deben presentar en cumplimiento del artículo 19 de la Convención (CAT/C/14/Rev.1).

27.Las secciones que siguen contienen el texto de las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el Comité con respecto a los informes de los Estados Partes mencionados. Además en su 31º período de sesiones, el Comité señaló que no se había recibido información del Gobierno de Camboya respecto a sus conclusiones y recomendaciones provisionales sobre este país1 y decidió darlas por definitivas.

BULGARIA*

28.El Comité examinó el tercer informe periódico de Bulgaria (CAT/C/34/Add.16) en sus sesiones 612ª y 614ª (CAT/C/SR.612 y 614), celebradas los días 17 y 18 de mayo de 2004, y aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

29.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Bulgaria y celebra la oportunidad de proseguir su diálogo con el Estado Parte.

30.Si bien observa que el informe sólo abarca hasta mayo de 2000, el Comité agradece las respuestas detalladas a la lista de cuestiones por escrito y las respuestas facilitadas a las preguntas planteadas por los miembros del Comité durante el diálogo, que proporcionaron información sobre las medidas adoptadas por el Estado Parte para aplicar la Convención desde 2000.

B. Aspectos positivos

31.El Comité toma nota de las siguientes novedades positivas:

a)Los esfuerzos que está realizando el Estado Parte para reformar la legislación relacionada con la aplicación de la Convención que tiene por objeto reforzar la protección de los derechos humanos. En particular, el Comité celebra:

i)La entrada en vigor de la Ley del ombudsman el 1º de enero de 2004;

ii)La aprobación de la Ley de protección contra la discriminación por la Asamblea Nacional el 16 de septiembre de 2003 y la adopción de otras medidas prácticas en la esfera de la protección contra la discriminación, como por ejemplo la contratación de agentes de policía romaníes;

iii)La entrada en vigor de la nueva Ley de asilo y refugiados el 1º de diciembre de 2002 y particularmente la creación del Organismo Estatal para los Refugiados, único organismo central de refugiados con capacidad de decisión en materia de asilo, así como la introducción de la posibilidad de la revisión judicial en las decisiones adoptadas mediante el procedimiento acelerado;

iv)El Código de Conducta de la Policía, aprobado y puesto en práctica por orden del Ministro del Interior en octubre de 2003.

b)La instrucción Nº I-167 del Ministro del Interior, de 23 de julio de 2003, por la que se establecen los procedimientos que habrá de seguir la policía al detener a una persona en las dependencias orgánicas del Ministerio del Interior;

c)La creación de una Comisión de Derechos Humanos especializada dentro del Servicio Nacional de Policía en agosto de 2000, con una red de coordinadores regionales;

d)La transferencia de los centros de detención preventiva al Ministerio de Justicia en enero de 2000;

e)La concesión de acceso a ONG, como el Comité Helsinki de Bulgaria, para visitar centros penitenciarios de forma periódica;

f)La información facilitada por el representante del Estado Parte durante el diálogo, según la cual en abril de 2004 se cerraron 13 centros de detención preventiva subterráneos y el Estado Parte está buscando soluciones urgentes para los cinco centros subterráneos restantes;

g)La cooperación con el Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes y la información facilitada por el representante del Estado Parte de que éste ha autorizado que se publique el informe sobre la visita que realizó dicho Comité en abril de 2002.

C. Motivos de preocupación

32.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La ausencia en el derecho interno de una definición cabal de la tortura como la que figura en el artículo 1 de la Convención.

b)Las numerosas denuncias de malos tratos a detenidos, en particular durante los interrogatorios policiales, que podrían calificarse de tortura y que afectan desproporcionadamente a los romaníes.

c)La inexistencia de un sistema independiente de investigación de las quejas y el hecho de que las denuncias de maltrato no se investiguen siempre con rapidez e imparcialidad, lo cual da lugar a una aparente situación de impunidad de los autores.

d)La supuesta falta de acceso rápido y adecuado por parte de los detenidos a la asistencia jurídica y médica y a sus familiares, y el que el acceso a la asistencia letrada gratuita sea considerablemente limitado e ineficaz en la práctica. Además, las presuntas incoherencias a la hora de facilitar el necesario historial médico a los detenidos condicionan su capacidad de presentar una queja y pedir reparación.

e)Las deficientes condiciones de los hogares para personas con discapacidad mental y las medidas insuficientes que han adoptado hasta la fecha las autoridades para hacer frente a esta situación, en particular el que no se haya enmendado la legislación relativa al internamiento involuntario en esas instituciones para fines de evaluación y la falta de procedimientos de apelación y revisión judicial.

f)La eficacia insuficiente que se sigue observando en las medidas legislativas y de otra índole destinadas a velar por que se respeten plenamente las disposiciones del artículo 3 de la Convención, y las denuncias según las cuales la expulsión de extranjeros, especialmente por orden del Servicio Nacional de Seguridad por motivos de seguridad nacional, no está sujeta a revisión judicial.

g)Los insuficientes datos relativos a indemnización y rehabilitación de que disponen las víctimas de tortura o sus familiares a cargo de conformidad con el artículo 14 de la Convención.

h)Las pésimas condiciones físicas que predominan en los centros de detención, en particular los de detención preventiva, algunos de los cuales son todavía subterráneos o carecen de recintos básicos para realizar actividades al aire libre y en los que los detenidos pueden permanecer hasta dos años, y la falta de inspecciones independientes de esos centros.

i)La imposición de un régimen especialmente estricto, particularmente durante los cinco primeros años, a todos los reclusos condenados a cadena perpetua.

D. Recomendaciones

33. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Adopte una definición de tortura que abarque todos los elementos contenidos en el artículo 1 de la Convención y que incorpore al Código Penal una definición del delito de tortura que refleje claramente esa definición. Además, el Comité invita al Estado Parte a que considere la conveniencia de incorporar en una ley las disposiciones de la instrucción Nº I-167 del Ministerio del Interior.

b) Refuerce las salvaguardias establecidas en el Código de Procedimiento Penal contra el maltrato y la tortura y prosiga sus esfuerzos para reducir los incidentes de maltrato por parte de la policía y otros funcionarios públicos, y encuentre formas de recopilar datos desglosados y de supervisar la frecuencia con que se producen los actos de este tipo a fin de luchar de forma más eficaz contra esta situación. Se insta al Estado Parte a que siga haciendo lo posible por contratar a agentes de policía de origen romaní.

c) Adopte medidas para establecer un sistema eficaz, fiable e independiente de presentación de quejas que permita iniciar y realizar investigaciones rápidas e imparciales de todas las denuncias de maltrato o tortura y castigar a los culpables. El Comité pide al Estado Parte que le facilite datos estadísticos sobre los casos denunciados y los resultados de las investigaciones, desglosados, entre otras cosas, por género, grupo étnico, región y ubicación y tipo del lugar de detención en que se produjeron.

d) Vele por que, en el derecho y en la práctica, las personas privadas de libertad estén debidamente inscritas en el lugar de detención, y que se les garanticen y se les notifiquen sus derechos a un abogado, a ponerse en contacto con sus familiares y a ser visitados por un médico. A este respecto, debe ponerse en marcha un sistema gratuito e independiente de asistencia letrada para los detenidos. Han de establecerse estrictas normas sobre el mantenimiento del historial médico de todos los detenidos, y éstas han de ser rigurosamente respetadas.

e) Adopte todas las medidas necesarias para resolver la situación en los hogares y hospitales para personas con discapacidad mental a fin de velar por que las condiciones de vida y los servicios de terapia y rehabilitación ofrecidos no vulneren los requisitos de la Convención. El Comité también insta al Estado Parte a que garantice que la colocación de niños en instituciones sociales se revise periódicamente, y a que disponga la supervisión y reevaluación de los diagnósticos por especialistas con los procedimientos de apelación pertinentes.

f) Vele por que ninguna persona sea expulsada, retornada o extraditada a un país en el que existan motivos fundados para creer que podría correr peligro de ser sometida a tortura, y que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 de la Convención, no se invoquen circunstancias excepcionales para justificar esos actos. A tal efecto, recomienda que el Estado Parte considere establecer medidas de vigilancia en los aeropuertos, las fronteras y otros lugares de deportación.

g) Redoble sus esfuerzos para evitar todo acto que no sea conforme a la Convención en lo que respecta a la admisión de solicitantes de asilo en el territorio, e intensifique la cooperación entre el Organismo Estatal para los Refugiados y el Ministerio del Interior.

h) Garantice que todas las personas que hayan sido víctimas de una violación de los derechos reconocidos por la Convención tengan acceso, en el derecho y en la práctica, a medios de reparación, en particular el derecho efectivo a una indemnización justa y adecuada.

i) Adopte medidas para mejorar las condiciones en los centros de detención, en particular los de detención preventiva, con miras a clausurar los cinco centros subterráneos restantes, y vele por que todos los centros de detención ofrezcan por lo menos un mínimo de ejercicio al aire libre para los detenidos.

j) Garantice una estrecha vigilancia de la violencia entre reclusos y de otra índole, en particular la violencia sexual, en los centros de detención y las instituciones sociales, a fin de prevenirla. Se pide al Estado Parte que facilite datos desglosados sobre este problema en su próximo informe periódico.

k) Revise el régimen de los detenidos que cumplen penas de cadena perpetua, en particular los que no tienen opción a la libertad condicional.

34. El Comité recomienda al Estado Parte que distribuya y divulgue públicamente en el país el informe del Estado Parte al Comité y las presentes conclusiones y recomendaciones, en los idiomas pertinentes, mediante los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

35. El Comité pide al Estado Parte que suministre, en el plazo de un año, información sobre las medidas que haya adoptado en relación con las recomendaciones del Comité que figuran en los apartados b), c), d), i) y k) del párrafo 33.

36. El Comité pide al Estado Parte que presente su próximo informe periódico el 25 de junio de 2008, fecha en que debe presentarse el quinto informe periódico, y que en ese informe se combinen los informes periódicos cuarto y quinto.

CAMERÚN*

37.El Comité examinó el tercer informe periódico del Camerún (CAT/C/34/Add.17) en sus sesiones 585ª, 588ª y 590ª, celebradas los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2003 (CAT/C/SR.585, 588 y 590), y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

38.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe del Camerún que se preparó ateniéndose a las directivas de aquél y que contiene respuestas a sus precedentes recomendaciones. Observa, sin embargo, que fue presentado al final de 2002, pero sólo abarca el período comprendido entre 1996 y 2000. El Comité se congratula de la presencia de una delegación integrada por expertos de alto nivel, que respondieron a las numerosas preguntas que se les hicieron.

B. Aspectos positivos

39.El Comité toma conocimiento con satisfacción de los elementos siguientes:

a)Las gestiones del Estado Parte para aprobar disposiciones legislativas en que se dé cumplimiento a la Convención;

b)La disolución en 2001, tal como recomendara el Comité, del mando operacional de Douala, encargado de combatir el gran bandidaje;

c)El aumento del número de agentes de policía, como recomendara el Comité;

d)El proyecto de construir más cárceles para poner remedio al hacinamiento en los establecimientos penitenciarios, y la medida de amnistía colectiva anunciada en noviembre de 2002, que permitió la liberación inmediata de 1.757 reclusos;

e)Las seguridades dadas por la delegación de que la verificación de la situación de cada procesado o apelante va a conducir a la ampliación del conjunto de personas en detención preventiva, en particular los menores, las mujeres y los enfermos;

f)El proyecto de reestructurar el Comité Nacional de Derechos Humanos y Libertades (CNDHL) con miras a concederle un mayor grado de independencia del poder ejecutivo y resaltar su actuación;

g)La conclusión de la elaboración de la ley contra la violencia contra la mujer;

h)La creación de un comité técnico ad hoc para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con miras a su ratificación;

i)La creación de nueve nuevas jurisdicciones en 2001.

C. Motivos de preocupación

40.El Comité recuerda que en 2000 observó que la tortura parecía ser una práctica muy difundida en el Camerún, y se declara preocupado por la información que indica que esa situación persiste. Expresa su inquietud por las profundas contradicciones existentes entre las denuncias sistemáticas de violaciones graves de la Convención y la información proporcionada por el Estado Parte. En particular, el Comité está gravemente preocupado por:

a)Las informaciones sobre la utilización sistemática de la tortura en las comisarías de policía y de gendarmería después de la detención.

b)La persistencia de un hacinamiento extremo en las cárceles del Camerún, en las que al parecer las condiciones de vida y de higiene ponen en peligro la salud y la vida de los detenidos y constituirían un trato inhumano y degradante. Se ha informado de que la atención médica debe pagarse y que la separación de los hombres y las mujeres no siempre está garantizada. El Comité observa con inquietud, en particular, el gran número de defunciones en la cárcel central de Douala desde principios de año (25, de acuerdo con el Estado Parte, y 72, según las ONG).

c)La información sobre torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias bajo la responsabilidad de algunos jefes tradicionales, a veces con el apoyo de las fuerzas del orden.

41.El Comité observa con preocupación que:

a)El anteproyecto de ley de procedimiento penal no se ha aprobado todavía;

b)El plazo de detención preventiva, en virtud del anteproyecto, podrá prorrogarse por 24 horas por cada 50 kilómetros que separen el lugar del arresto del de la detención policial;

c)Los plazos de la detención policial presuntamente no se respetan;

d)Los plazos de la detención policial son demasiado largos en virtud de la Ley Nº 90/054 de 19 de diciembre de 1990 contra el gran bandidaje (15 días, renovables) y la Ley Nº 90/047 de 19 de diciembre de 1990 sobre el estado de excepción (hasta dos meses renovables una vez);

e)Aún no se ha sistematizado la utilización de registros en todos los lugares de detención;

f)No existe ninguna disposición jurídica que establezca la duración máxima de la detención preventiva;

g)El sistema de supervisión de los lugares de detención no es eficaz, la tutela de la administración penitenciaria compete al Ministerio de Administración Territorial, las comisiones de vigilancia de los lugares de detención no han podido reunirse regularmente y, según algunos datos, los fiscales y el Comité Nacional de Derechos Humanos y Libertades rara vez visitan esos lugares;

h)El concepto de "orden manifiestamente ilegal" carece de precisión y conlleva el riesgo de que se limite el campo de aplicación del párrafo 3 del artículo 2 de la Convención;

i)El recurso para que se revoque una medida de traslado a la frontera ante la jurisdicción administrativa no tiene efecto suspensivo, lo que puede dar lugar a la violación del artículo 3 de la Convención.

42.El Comité aplaude los esfuerzos del Estado Parte para comunicar información sobre el enjuiciamiento de los agentes del Estado culpables de conculcar los derechos humanos, pero está preocupado por las informaciones que indican que los autores de actos de tortura quedan impunes. En particular, le preocupan:

a)Las informaciones según las cuales, cuando los gendarmes cometen algún delito al cumplir su deber, sólo pueden ser procesados con la autorización del Ministerio de Defensa;

b)Las informaciones según las cuales se ha instruido sumario contra los autores de torturas sólo en los casos en que la defunción de la víctima ha dado lugar a manifestaciones públicas;

c)El hecho de que aún no se haya resuelto el caso de los "Nueve de Bepanda";

d)La reticencia de las víctimas o de sus familiares a presentar denuncia, por ignorancia, falta de confianza o miedo a las represalias;

e)Las informaciones sobre la admisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura en las diversas jurisdicciones.

43.Al Comité le inquietan, además:

a)La competencia que tienen los tribunales militares para juzgar a los civiles que violen la legislación sobre las armas de guerra y armas similares;

b)La falta de legislación sobre la prohibición de la mutilación genital femenina;

c)El hecho de que el Código Penal prevé la exención de la pena para quien viole a una mujer si contrae matrimonio con la víctima.

D. Recomendaciones

44. El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de la tortura en su territorio. Le recomienda que:

a) Haga cesar de inmediato la tortura en las comisarías de policía, las gendarmerías y las cárceles. Debería asegurar una supervisión eficaz de los lugares de detención, permitir que las ONG los visiten y potenciar a las comisiones de vigilancia de las cárceles. El CNDHL y el ministerio público deberían visitarlos con más frecuencia.

b) Proceda de inmediato a hacer una investigación independiente de las muertes en la cárcel central de Douala y enjuicie a los responsables.

c) Adopte medidas urgentes para reducir el hacinamiento en las cárceles. El Estado Parte debería aprobar una ley en que se fije la duración máxima de la detención preventiva y pensar en poner en libertad de inmediato a los delincuentes o presuntos delincuentes encarcelados por primera vez por delitos leves, en particular si se trata de menores de 18 años, a quienes no se debería encarcelar mientras no se solucione el problema del hacinamiento.

d) Garantice la gratuidad de la atención de salud en las cárceles, asegure el ejercicio efectivo del derecho de los detenidos a una alimentación adecuada y haga efectiva la separación entre hombres y mujeres.

e) Ponga fin de inmediato a las torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias cometidos bajo la responsabilidad de los jefes tradicionales del norte. Habida cuenta de las seguridades dadas por la delegación en el sentido de que en ese caso se instruye sumario, el Comité recomienda que el Estado Parte realice más esfuerzos en ese sentido. Las poblaciones afectadas deberían estar debidamente informadas de sus derechos y de los límites de la autoridad y las facultades de esos jefes tradicionales.

45. El Comité recomienda además que el Estado Parte:

a) Adopte con carácter urgente y garantice la aplicación efectiva de una ley en que se enuncie el derecho de todas las personas sometidas a detención policial, en las primeras horas de la detención, a tener acceso a un abogado de su elección y a un médico independiente, y a informar a sus familiares de su detención. El Comité recuerda además que toda prolongación de la detención debe ser autorizada por un magistrado.

b) Renuncie, en su anteproyecto de ley de procedimiento penal, a la posibilidad de prorrogar el período de detención policial en función de la distancia que separa el lugar del arresto del de detención policial, y vele por que se respete rigurosamente el período de detención policial.

c) Procure que el período de detención policial en el marco de la Ley sobre el estado de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos y que no dure más de lo que exijan las circunstancias. El Estado Parte debería suprimir las posibilidades de detención administrativa y militar.

d) Sistematice urgentemente la utilización de registros en todos los lugares de detención.

e) Separe a la policía de las autoridades penitenciarias, por ejemplo transfiriendo la tutela de la administración penitenciaria al Ministerio de Justicia.

f) Aclare el concepto de "orden manifiestamente ilegal", de modo que los agentes del Estado, en especial los agentes de policía, los militares, los guardas de prisiones, los magistrados y los abogados, puedan determinar claramente lo que implica. Se debería dar una formación específica a este respecto.

g) Confiera efecto suspensivo a la apelación de los extranjeros contra la decisión de la jurisdicción administrativa de confirmar una medida de traslado a la frontera.

46. El Comité recomienda que el Estado redoble sus esfuerzos por poner fin a la impunidad de los autores de actos de tortura, en particular:

a) Suprimiendo toda restricción, en particular del Ministerio de Defensa, para el procesamiento de gendarmes y concediendo competencia a las jurisdicciones de derecho común para conocer en delitos comunes cometidos por gendarmes en el cumplimiento del deber como policía judicial.

b) Continuando su investigación para resolver el caso de los "Nueve de Bepanda". El Comité recomienda asimismo que se haga una investigación a fondo de la actuación del mando operacional de Douala durante el tiempo que estuvo funcionando y, por extensión, de todas las unidades contra pandillas que todavía estén en activo.

c) Velando por que sus autoridades competentes procedan de inmediato a hacer una investigación imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Con este fin, el Comité recomienda que se cree un órgano independiente habilitado para recibir e instruir las quejas de torturas u otros malos tratos a manos de agentes del Estado.

d) Asegurando la protección de las víctimas y de los testigos contra todo tipo de intimidación o malos tratos e informando a la población de sus derechos, en particular con respecto a quejas contra los agentes del Estado.

e) Adoptando cuanto antes una ley sobre la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo tortura en todos los procedimientos, y asegurando que se ponga en efecto.

47. El Comité recomienda además a las autoridades del Camerún que:

a) Procedan a reformar el Comité Nacional de Derechos Humanos y Libertades a fin de acatar mejor los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).

b) Circunscriban la competencia de los tribunales militares a delitos de carácter puramente militar.

c) Promulguen una ley relativa a la prohibición de la mutilación genital femenina.

d) Revisen su legislación a fin de acabar con la exención de la pena en caso de violación si el autor se casa con la víctima.

e) Consideren la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

48. El Comité recomienda que las presentes conclusiones y recomendaciones, así como las actas resumidas de las sesiones dedicadas al examen del tercer informe periódico del Estado Parte, se divulguen ampliamente en el país en los idiomas apropiados.

49. Recomienda que el próximo informe periódico contenga información precisa sobre las garantías mínimas en vigor en materia de control jurisdiccional y de derechos de las personas puestas a disposición judicial y sobre la efectiva aplicación de esas garantías.

50. El Comité pide que el Estado Parte le proporcione, en un plazo de un año, información sobre el seguimiento dado a sus recomendaciones que figuran en los apartados b) y c) del párrafo 45, los apartados c) y d) del párrafo 46 y el apartado a) del párrafo 47. En particular, desea recibir información precisa sobre el procesamiento y las sanciones dictadas contra los jefes tradicionales, y los hechos que se les hayan imputado. Igualmente se espera que se comunique en detalle la situación en la prisión central de Douala.

CHILE*

51.El Comité examinó el tercer informe periódico de Chile (CAT/C/39/Add.5 y Corr.1) en sus sesiones 602ª y 605ª (CAT/C/SR.602 y 605), celebradas los días 10 y 11 de mayo de 2004, y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

52.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Chile, que tenía que haberse presentado en 1997 y que se ha preparado de conformidad con las directivas del Comité. Lamenta sin embargo el retraso en su presentación.

53.El Comité acoge con satisfacción el complemento de información proporcionado por el Estado Parte y las extensas y constructivas respuestas escritas y verbales a las preguntas formuladas por el Comité tanto antes como en el curso del período de sesiones. El Comité también aprecia la presencia de una amplia y muy competente delegación del Estado Parte durante la consideración del informe, que facilitó el examen exhaustivo y en profundidad de las obligaciones impuestas por la Convención.

B. Aspectos positivos

54.El Comité toma nota de los siguientes factores positivos:

a)La tipificación del delito de tortura en la legislación penal interna;

b)La reforma en profundidad del Código de Procedimiento Penal, en particular los cambios encaminados a mejorar la protección de las personas privadas de libertad;

c)La creación de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público;

d)La derogación de las disposiciones relativas a la "detención por sospecha";

e)La reducción del período de detención policial hasta un máximo de 24 horas;

f)La afirmación hecha por la delegación del Estado Parte de que la Convención es directamente aplicable ante los tribunales;

g)La creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para identificar a las personas que fueron privadas de libertad y torturadas por motivos políticos durante la dictadura militar, y las garantías expresadas por la delegación del Estado parte de que su mandato se prorrogará para permitir que complete su labor;

h)Las seguridades dadas por la delegación del Estado Parte de que se han creado mecanismos para garantizar que no se admitirá en los tribunales ningún testimonio obtenido bajo tortura, así como su reconocimiento del grave problema de las confesiones extraídas bajo coacción a las mujeres que acuden a los hospitales públicos en busca de tratamiento médico de emergencia tras haberse sometido a un aborto clandestino;

i)La confirmación de que se permite a las ONG visitar periódicamente centros de privación de libertad;

j)Las declaraciones efectuadas en virtud de los artículos 21 y 22 de la Convención, por las que se permite a otros Estados Partes (art. 21) e individuos (art. 22) presentar quejas al Comité en relación con el Estado Parte;

k)La información proporcionada por la delegación del Estado Parte según la cual el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura se ha iniciado.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

55.Las arreglos constitucionales a que se llegó como parte del acuerdo político que facilitó la transición de la dictadura militar a la democracia ponen en peligro el pleno ejercicio de determinados derechos humanos fundamentales, según se afirma en el informe del Estado Parte. El Comité es consciente de las dimensiones políticas de esos arreglos y las dificultades que implican y observa que varios gobiernos han presentado enmiendas constitucionales ante el Congreso en relación con los mismos. El Comité subraya sin embargo que los condicionantes políticos internos no pueden servir de justificación para que el Estado Parte incumpla las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.

D. Motivos de preocupación

56.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)Las denuncias sobre la persistencia de malos tratos a personas, en algunos casos equivalentes a torturas, por parte de carabineros, la policía de investigaciones y la gendarmería, y el hecho de que no se proceda a una investigación completa e imparcial de esas denuncias.

b)Que siguen en vigor algunas disposiciones constitucionales que obstaculizan el disfrute pleno de derechos humanos fundamentales, en particular el Decreto-ley de amnistía, que prohíbe juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que consagra la impunidad de personas responsables de torturas, desapariciones y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y la ausencia de reparación a las víctimas de tortura.

c)Que la definición de tortura del Código Penal no se ajusta plenamente al artículo 1 de la Convención y no incorpora suficientemente los propósitos de tortura y la aquiescencia de funcionarios públicos.

d)El hecho de que los carabineros y la policía de investigaciones sigan perteneciendo al Ministerio de Defensa, lo que da lugar, entre otras cosas, a que la jurisdicción militar siga teniendo una competencia excesivamente amplia.

e)Información recibida según la cual algunos funcionarios implicados en actos de tortura durante la dictadura han sido nombrados en altos cargos oficiales.

f)La ausencia en el ordenamiento jurídico interno de disposiciones que prohíben explícitamente la extradición, la devolución o la expulsión de personas cuando existen motivos para creer que puedan ser víctimas de tortura en el país al que son enviadas, así como la ausencia de disposiciones en el ordenamiento interno que regulen la aplicación de los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Convención.

g)Las limitadas atribuciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo cometido es identificar a las víctimas de tortura durante el régimen militar y las condiciones para obtener reparación. En particular, el Comité observa con preocupación:

i)El breve plazo del que disponen las presuntas víctimas para inscribirse en el registro de la Comisión, lo que da lugar a que el número de inscritos sea inferior al previsto;

ii)La falta de claridad en cuanto al tipo de actos considerados como tortura por parte de la Comisión;

iii)Que, según información recibida, no se admiten las denuncias que no se interponen en persona, incluso en casos de incapacidad por enfermedad de la persona o personas interesadas;

iv)La imposibilidad de que se inscriban las personas que hayan recibido reparación como víctimas de otras violaciones de derechos humanos (por ejemplo, desaparición forzada o exilio);

v)Que una indemnización "austera y simbólica" no equivale a una reparación "justa y adecuada", tal como se dispone en el artículo 14 de la Convención;

vi)Que la Comisión no tiene atribuciones para investigar las denuncias de tortura a fin de identificar a los autores con miras a su procesamiento.

h)El grave problema de hacinamiento y otras condiciones inadecuadas de detención en los centros de privación de libertad y la información de que esos lugares no se inspeccionan sistemáticamente.

i)La persistencia en los artículos 334 y 335 del Código de Justicia Militar del principio de obediencia debida, pese a las disposiciones que afirman el derecho del inferior a reclamar en relación con órdenes que supongan la comisión de un acto prohibido.

j)El hecho de que, según se informó, se condicione la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen información sobre quienes practicaron dichos abortos. Esas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras partes, contraviniendo así lo preceptuado por la Convención.

k)Que se haya aplazado hasta finales de 2005 la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal en la Región Metropolitana.

l)El escaso número de casos de desaparición esclarecidos como resultado de la información proporcionada por el ejército, pese a los esfuerzos del Gobierno por crear la "mesa de diálogo".

m)La falta de datos desglosados sobre denuncias presentadas, los resultados de las investigaciones y el procesamiento relacionados con las disposiciones de la Convención.

n)La insuficiente información sobre la aplicación de la Convención en el ámbito de actuación de las fuerzas armadas.

E. Recomendaciones

57. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Adopte una definición de tortura en consonancia con el artículo 1 de la Convención y vele por que englobe todas las formas de tortura.

b) Reforme la Constitución para garantizar la plena protección de los derechos humanos, incluido el derecho a no ser víctima de torturas ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con la Convención y, con ese mismo fin, derogue el Decreto-ley de amnistía.

c) Transfiera la supervisión de los carabineros y de la policía de investigaciones del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y vele por que la jurisdicción de los tribunales militares se circunscriba a los delitos de carácter militar.

d) Elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar, que puede permitir una defensa amparada en las órdenes dictadas por superiores, para adecuarlo al párrafo 3 del artículo 2 de la Convención.

e) Adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todas las denuncias de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean investigadas exhaustivamente con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y al castigo de los autores y al pago de una indemnización justa y adecuada a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto por la Convención.

f) Considere la posibilidad de eliminar la prescripción o ampliar el actual plazo de diez años previsto para el delito de tortura, habida cuenta de su gravedad.

g) Adopte normas destinadas a prohibir la extradición, la devolución o la expulsión de personas a países donde puedan correr el riesgo de ser sometidas a tortura.

h) Adopte medidas legales destinadas a establecer claramente el lugar que ocupa la Convención en el ordenamiento jurídico interno, a fin de garantizar la aplicación de la misma, o adopte legislación específica que incorpore sus disposiciones.

i) Elabore programas de formación para jueces, fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el contenido de la Convención. Dichos programas deben incluir la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes dirigidos al personal de las fuerzas armadas, la policía y otros agentes del orden y personas que de algún modo participen en la detención, el interrogatorio o el trato de personas susceptibles de ser sometidas a tortura. El Estado Parte debe asimismo velar por que los especialistas médicos reciban una formación específica en materia de identificación y documentación de la tortura.

j) Mejore las condiciones en los lugares de detención para ajustarse a las normas internacionales y tome medidas urgentes para hacer frente al problema del hacinamiento en las prisiones y otros lugares de detención. Asimismo, el Estado Parte debe introducir un sistema efectivo de inspección de las condiciones de la detención, el trato de los reclusos, así como la violencia entre los presos y la agresión sexual en las prisiones.

k) Prorrogue el mandato y amplíe las atribuciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para permitir que las víctimas de todas las formas de tortura interpongan sus denuncias, incluidas las víctimas de agresión sexual. A tal fin, el Comité recomienda que el Estado Parte:

i) Adopte medidas para dar a conocer mejor la labor de la Comisión, recurriendo a todos los medios de comunicación y aclarando la definición de tortura mediante la inclusión, en los formularios que deben llenar las víctimas, de una lista no exhaustiva en que se especifiquen distintas formas de tortura, incluida la agresión sexual;

ii) Garantice privacidad a las víctimas al inscribirse en el registro de la Comisión y la posibilidad de que se inscriban las personas que se encuentran en zonas rurales o que por distintas razones no puedan hacerlo en persona;

iii) Incluya en el informe final de la Comisión datos desglosados, entre otros criterios, por género, edad y tipo de tortura infligida;

iv) Considere la posibilidad de ampliar el mandato de la Comisión para permitirle llevar a cabo investigaciones que puedan dar lugar, cuando ello se justifique, al inicio de procedimientos penales contra los presuntos autores de los actos denunciados;

l) Cree un sistema para proporcionar una reparación adecuada y justa a las víctimas de la tortura que incluya medidas de rehabilitación e indemnización.

m) Elimine la práctica de extraer confesiones a efectos de enjuiciamiento de las mujeres que buscan atención médica de emergencia como resultado de abortos clandestinos; investigue y revise las condenas dictadas en las causas en las que se hayan admitido como prueba las declaraciones obtenidas mediante coacción en estos casos y tome las medidas correctivas pertinentes, en particular la anulación de las condenas dictadas que no se ajusten a lo dispuesto por la Convención. De conformidad con las directivas de la Organización Mundial de la Salud, el Estado Parte debe garantizar el tratamiento inmediato y sin condiciones de las personas que buscan atención médica de emergencia.

n) Vele por que la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal se extienda cuanto antes a la Región Metropolitana, para que pueda estar plenamente vigente en todo el país.

o) Introduzca salvaguardias, en el marco de la reforma del sistema de justicia penal, para proteger a las personas susceptibles de sufrir un nuevo trauma derivado del propio proceso judicial, en las causas sobre delitos tales como maltrato de menores y agresión sexual.

p) Proporcione al Comité información actualizada sobre el estado de las investigaciones de delitos de torturas cometidos en el pasado, incluidos los casos conocidos como la "Caravana de la muerte", "Operación Cóndor" y "Colonia dignidad".

q) Proporcione datos estadísticos pormenorizados y desglosados por edad, sexo y lugar geográfico de las denuncias interpuestas por actos de tortura y malos tratos presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas del orden, así como las investigaciones, el procesamiento y las condenas correspondientes.

58. El Comité pide al Estado Parte que proporcione, a más tardar en el plazo de un año, información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité en los apartados k), m) y q) del párrafo 57.

59. El Comité, considerando que Chile ha proporcionado información relativa a la aplicación de la Convención durante el período relativo a los informes periódicos tercero y cuarto, recomienda al Estado Parte que presente su quinto informe a más tardar el 29 de octubre de 2005.

COLOMBIA*

60.El Comité examinó el tercer informe periódico de Colombia (CAT/C/39/Add.4) en sus sesiones 575ª y 578ª celebradas los días 11 y 12 de noviembre de 2003 (CAT/C/SR.575 y 578) y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

61.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Colombia, presentado el 17 de enero de 2002, al tiempo que lamenta la demora de cinco años en su presentación. Observa que el informe contiene poca información sobre la aplicación práctica de la Convención durante el período al que se refiere. Sin embargo, el Comité expresa su reconocimiento por las exhaustivas respuestas orales de la delegación a la mayoría de las preguntas de los miembros del Comité, así como por las estadísticas proporcionadas durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

62.El Comité toma nota con satisfacción de la adopción por el Estado Parte de varias leyes internas relevantes en materia de prevención y represión de los actos de tortura y malos tratos. En particular, son destacables las siguientes:

a)El nuevo Código Penal (Ley Nº 599/2000), el cual tipifica los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Dicho Código estipula además que la obediencia debida no será considerada como causa eximente de responsabilidad cuando se trate de dichos delitos.

b)El nuevo Código Penal Militar (Ley Nº 522/1999), el cual excluye de la jurisdicción penal militar los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, y regula el principio de la obediencia debida.

c)La Ley Nº 548 /1999, mediante la cual se prohíbe que los menores de 18 años puedan ser incorporados a filas.

d)El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 600/2000), el cual establece en el título VI que las pruebas obtenidas de forma ilegal no seráan admitidas.

63.El Comité acoge igualmente con satisfacción:

a)La Ley Nº 742/2000, mediante la cual se aprueba la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo instrumento fue depositado el 5 de agosto de 2002;

b)La Ley Nº 707/2001, con la cual se aprueba la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

64.Asimismo, el Comité muestra su satisfacción sobre:

a)La declaración de la representante del Estado en cuanto a que no ha habido ni habrá amnistías o indultos para delitos de tortura en el Estado Parte;

b)El papel positivo del Tribunal Constitucional en la defensa del Estado de derecho en el Estado Parte;

c)La continua colaboración entre la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Gobierno de Colombia.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

65.El Comité es consciente de las dificultades que la actual y compleja situación interna plantea al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, particularmente en un contexto caracterizado por la acción de grupos armados ilegales. El Comité reitera, sin embargo, que, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura.

D. Motivos de preocupación

66.El Comité reitera su preocupación por el gran número de actos de tortura y malos tratos supuestamente cometidos de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Estado Parte, tanto en operaciones armadas como fuera de ellas. Además, muestra su preocupación por el gran número de desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.

67.El Comité manifiesta su inquietud por el hecho de que diferentes medidas adoptadas o en vía de adopción por el Estado Parte en materia antiterrorista o contra grupos armados ilegales podrían favorecer la práctica de la tortura. En este sentido, el Comité expresa su preocupación, en particular, por:

a)La utilización de "soldados campesinos" a tiempo parcial, que siguen viviendo en su comunidad pero participan en acciones armadas contra la guerrilla, de modo que ellos y sus comunidades pueden ser objeto de acciones de los grupos armados ilegales, incluidos actos de tortura y malos tratos;

b)El proyecto de Ley Nº 223 de 2003 de reforma constitucional, el cual, de adoptarse, parecería otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares y permitir detenciones e interrogatorios, en principio hasta un período de 36 horas, sin control judicial.

68.El Comité expresa también su preocupación por lo siguiente:

a)El clima de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en particular, la ausencia de investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas sobre los numerosos actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de reparación e indemnización adecuada a las víctimas.

b)Las alegaciones de tolerancia, apoyo o aquiescencia por parte de los agentes del Estado Parte en relación con las actividades de los miembros de grupos paramilitares, denominados "auto-defensas", autores de un gran número de torturas y malos tratos.

c)El proyecto de reforma de la justicia, el cual, de aprobarse, establecería supuestamente recortes constitucionales para la acción de tutela (amparo) y reduciría las funciones de la Corte Constitucional, en particular en materia de revisión de la declaratoria de los estados de excepción. Asimismo, el Comité expresa su preocupación por el proyecto de ley conocido como de "Alternatividad Penal", el cual, de aprobarse, concedería la suspensión condicional de la pena a miembros de grupos armados que depongan voluntariamente las armas, incluso si han cometido tortura y otras infracciones graves al derecho internacional humanitario.

d)Las alegaciones e informaciones relativas a:

i)Las dimisiones forzadas de algunos fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, así como de las serias amenazas recibidas por algunos miembros de esta Unidad en relación con su trabajo de investigación de casos de violaciones de derechos humanos.;

ii)La inadecuada protección contra la violación y otras formas de violencia sexual que pretendidamente se utilizarían con frecuencia como formas de tortura y malos tratos. Además, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo Código Penal Militar no excluye específicamente de la jurisdicción militar los delitos de carácter sexual.

iii)El hecho de que los tribunales militares seguirían realizando investigaciones sobre delitos excluidos totalmente de su competencia, como los delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, en los que supuestamente estarían implicados miembros de la fuerza pública a pesar de la promulgación del nuevo Código Penal Militar y del fallo de la Corte Constitucional de 1997, según el cual las conductas de lesa humanidad no son de competencia de la jurisdicción penal militar.

iv)Los ataques generalizados y graves contra defensores de los derechos humanos, que desempeñan una labor esencial en la denuncia de torturas y malos tratos; asimismo, los ataques repetidos contra miembros del poder judicial que ponen en peligro su independencia e integridad física.

e)Los numerosos desplazamientos forzados internos de grupos de población como resultado del conflicto armado y de la inseguridad en que viven en sus propias áreas de población, habida cuenta de la ausencia permanente en ellas de estructuras estatales que cumplan y hagan cumplir la ley.

f)El hacinamiento y las malas condiciones materiales que prevalecen en los establecimientos penitenciarios, que podrían equivaler a tratos inhumanos y degradantes.

g)La falta de información sobre la aplicación del artículo 11 de la Convención, en relación con las disposiciones del Estado Parte para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a arresto, detención o prisión, así como los informes recibidos por el Comité que alegan el incumplimiento de las obligaciones del Estado en esta materia.

h)La ausencia de información satisfactoria sobre la normativa existente en el ordenamiento jurídico interno que garantice la aplicación del artículo 3 de la Convención a los casos de devolución o expulsión de extranjeros cuando éstos corran peligro de ser torturados en el país de destino.

E. Recomendaciones

69. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para impedir los actos de tortura y malos tratos que se cometan en el territorio del Estado de Colombia, en particular:

a) Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; realice investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas; enjuicie a los presuntos autores de torturas y tratos inhumanos; e indemnice adecuadamente a las víctimas. En particular, recomienda que reconsidere la adopción del proyecto de ley de "Alternatividad Penal" a la luz de sus obligaciones según la Convención.

b) Reconsidere asimismo, a la luz de su obligación de prevenir la tortura y los malos tratos según la Convención:

i) La utilización de "soldados campesinos";

ii) La adopción de medidas que parecerían otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares y permitir interrogatorios y detenciones de sospechosos durante periodos prolongados sin control judicial;

iii) El proyecto de reforma de la justicia, a fin de que proteja en toda su amplitud la acción de tutela y respete y promueva el papel de la Corte Constitucional en la defensa del estado de derecho.

c) Se asegure de que toda persona, en particular los agentes públicos, que patrocina, planifica, incita y financia operaciones de grupos paramilitares, denominados "auto-defensas", responsable de tortura, o que participa de otro modo en ella, sea identificada, detenida, suspendida de sus funciones y sometida a juicio.

d) Garantice que los miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación puedan llevar a cabo su labor de manera independiente e imparcial y en condiciones de seguridad, y se le proporcionen los medios necesarios para que puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva.

e) Investigue, enjuicie y castigue a los responsables de las violaciones y otras formas de violencia sexual, incluidas las ocurridas en el marco de operativos contra grupos armados ilegales.

f) En los casos de violaciones del derecho a la vida, se documenten las señales de marcas de tortura, y en particular de violencia sexual, que pueda presentar la víctima. Esos datos deberán incluirse en los informes forenses con el fin de que se investigue no solo el homicidio, sino también la tortura. Además, el Comité recomienda que el Estado Parte imparta las enseñanzas profesionales necesarias para que los médicos puedan detectar la existencia de torturas y malos tratos de cualquier clase.

g) Respete y haga respetar efectivamente las disposiciones del Código Penal Militar que excluyen los delitos de tortura de la jurisdicción penal militar.

h) Adopte medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos del hostigamiento, las amenazas y otros ataques e informe sobre las eventuales decisiones judiciales y cualesquiera otras medidas adoptadas en este sentido. Igualmente se recomienda la adopción de medidas eficaces para la protección de la integridad física e independencia de los miembros del poder judicial.

i) Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión y reducir el hacinamiento existente.

j) Garantice el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión, conforme a los estándares internacionales, a fin de evitar todo caso de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

k) Informe en el próximo informe periódico sobre la normativa en el ordenamiento jurídico interno que garantiza la no devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

l) Formule las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención y ratifique el Protocolo Facultativo a la misma.

m) Difunda ampliamente las conclusiones y recomendaciones del Comité en el Estado Parte.

n) Informe al Comité en el plazo de un año sobre las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los apartados b), d), f) y h).

CROACIA*

70.El Comité examinó el tercer informe periódico de Croacia (CAT/C/54/Add.3) en sus sesiones 598ª y 601ª (CAT/C/SR.598 y 601), celebradas el 6 y 7 de mayo de 2004, y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

71.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Croacia y señala que no se ha redactado de plena conformidad con las directrices del Comité para la elaboración de informes periódicos. No obstante, el Comité expresa su reconocimiento por la información facilitada verbalmente por la delegación del Estado Parte y el diálogo constructivo que tuvo lugar durante el examen del informe.

B. Aspectos positivos

72.El Comité observa con satisfacción los esfuerzos del Estado Parte para reformar su legislación a fin de garantizar una mejor protección de los derechos humanos, en particular del derecho a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a saber:

a)La aprobación de la Ley de asilo en junio de 2003, que deberá entrar en vigor en julio de 2004 y establece el procedimiento para solicitar asilo en el Estado Parte;

b)La entrada en vigor de la nueva Ley de extranjería en febrero de 2004, que incluye una disposición por la que se prohíbe la expulsión de personas que podrían ser torturadas si fueran devueltas a su país;

c)La entrada en vigor en enero de 2001 de la Ley sobre las fuerzas de policía, que se refiere al uso de medidas coercitivas, incluido el uso de armas de fuego;

d)La entrada en vigor en 2001 de la Ley de ejecución de las penas de prisión, que regula el trato y los derechos de los presos.

73.El Comité celebra:

a)La firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en septiembre de 2003 y las seguridades dadas por el representante del Estado Parte de que se prevé la ratificación;

b)La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en mayo de 2001.

74.El Comité toma nota con satisfacción de las seguridades dadas por el representante del Estado Parte de que la Ley de amnistía de 1996 no se ha aplicado a actos de tortura.

75.El Comité también toma nota con satisfacción de las seguridades dadas por el representante del Estado Parte de que en las cárceles cada recluso dispone de un espacio vital mínimo de 4 m2.

76.El Comité expresa su satisfacción por el hecho de que el Estado Parte haya cursado una invitación permanente a los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos para que visiten el país.

C. Motivos de preocupación

77.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)En relación con la tortura y los malos tratos que, según se informa, tuvieron lugar durante el conflicto armado de 1991 a 1995 en la ex Yugoslavia:

i)El hecho de que al parecer el Estado Parte no llevara a cabo investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas, no enjuiciara a los autores y no proporcionara una indemnización justa y adecuada a las víctimas;

ii)La presunta aplicación de un doble rasero en todas las etapas de los procesos, en contra de los acusados serbios y en favor de los acusados croatas enjuiciados por crímenes de guerra;

iii)El hostigamiento, la intimidación y las amenazas que según se informa han sufrido los testigos y las víctimas que han declarado en los procesos y la falta de protección adecuada del Estado Parte;

b)El hecho de que, hasta la fecha, no haya habido procesos ni condenas por presuntos delitos cometidos con arreglo al artículo 176 del Código Penal, que tipifica como delito los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c)La presunta denegación a las personas privadas de libertad del derecho a tener acceso rápido y adecuado a asistencia letrada y médica, y a ponerse en contacto con sus familiares;

d)En relación con los solicitantes de asilo e inmigrantes ilegales:

i)Las malas condiciones de detención de las personas internadas en el Centro de Acogida para Extranjeros de Jezevo, en particular la falta de higiene y las escasas actividades de esparcimiento;

ii)Los presuntos casos de violencia contra las personas que se encuentran en el Centro de Acogida para Extranjeros de Jezevo y la falta de una investigación pronta e imparcial de esta cuestión;

iii)La privación de libertad durante períodos prolongados;

e)El hecho de que presuntamente el Estado Parte no haya abordado el problema de la violencia y el matonismo entre los niños y jóvenes colocados en instituciones de asistencia social;

f)El hecho de que presuntamente el Estado Parte no haya impedido los ataques violentos cometidos por agentes no estatales contra miembros de minorías étnicas y de otra índole y no los haya investigado de manera exhaustiva y pronta;

g)El deficiente sistema de prisión preventiva, en el que los reclusos pasan hasta 22 horas al día en sus celdas sin realizar actividades útiles.

D. Recomendaciones

78. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Adopte todas las medidas necesarias para velar por que se investiguen de manera imparcial, exhaustiva y rápida las denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se enjuicie y castigue a los autores según proceda, independientemente de su origen étnico, y se conceda una indemnización justa y adecuada de las víctimas.

b) Intensifique sus esfuerzos por lograr la plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, entre otras cosas, velando por que se detenga y se ponga a disposición del Tribunal a todos los acusados que se encuentren en su territorio.

c) Aplique todas las normas pertinentes para la protección de los testigos y otros participantes en las actuaciones judiciales y garantice que se asignen suficientes fondos a los programas para ofrecer protección efectiva y general a los testigos.

d) Informe cabalmente a los magistrados, fiscales y abogados de las obligaciones internacionales de Croacia en materia de derechos humanos, en particular, las dimanantes de la Convención.

e) Tome medidas para garantizar en la práctica el derecho de todas las personas privadas de libertad a tener rápido acceso a un abogado y un médico de su elección, así como a ponerse en contacto con miembros de su familia.

f) Adopte todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones materiales de los centros de acogida de las personas que piden asilo y los inmigrantes y asegure la integridad física y psicológica de todos los individuos alojados en esos centros.

g) Se abstenga de detener a las personas que buscan asilo y a los inmigrantes ilegales durante períodos prolongados.

h) Ponga fin a la práctica de denegar acceso a los procedimientos de asilo cuando las autoridades no puedan verificar la identidad del solicitante por falta de documentos o de intérpretes.

i) Proporcione a los solicitantes de asilo, inmediatamente después de su detención o su entrada en el territorio del Estado Parte, información por escrito, en los idiomas que corresponda, sobre los procedimientos de asilo.

j) Facilite a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pleno acceso a las personas que solicitan asilo y viceversa. La Oficina debería normalmente tener acceso a cada uno de los expedientes para poder supervisar los procedimientos de asilo y garantizar el respeto de los derechos de los refugiados y de las personas que solicitan asilo.

k) Mejore la protección de los niños y los jóvenes internados en instituciones sociales, entre otras cosas, asegurándose de que los actos de violencia se denuncien e investiguen, prestando apoyo y tratamiento a los niños y los jóvenes con problemas psicológicos, y velando por que estas instituciones empleen personal capacitado, como trabajadores sociales, psicólogos y pedagogos.

l) Garantice la protección de los miembros de las minorías étnicas y de otro tipo, entre otras cosas, tomando todas las medidas efectivas necesarias para enjuiciar y castigar a los responsables de todo acto de violencia contra sus miembros, estableciendo programas para crear una mayor conciencia respecto de ese tipo de violencia y para prevenirla y combatirla, e incluyendo la cuestión en los programas de capacitación de los agentes del orden público y otros grupos pertinentes de profesionales.

m) Mejore el régimen de actividades durante la prisión preventiva, de conformidad con las normas internacionales.

n) Informe al Comité sobre las medidas jurídicas y de otro tipo adoptadas para llevar a cabo el examen sistemático de las normas para el interrogatorio, las instrucciones, los métodos y las prácticas aplicables a las personas privadas de libertad.

o) Siga procurando mejorar la enseñanza de los derechos humanos y las actividades de capacitación sobre la prohibición de la tortura y los malos tratos destinadas a los agentes del orden público, el personal médico, los funcionarios públicos y otras personas relacionadas con la detención, el interrogatorio o el trato de las personas sujetas a cualquier forma de arresto, detención o encarcelamiento.

p) Facilite al Comité datos estadísticos sobre los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes denunciados a las autoridades administrativas y sobre el resultado de las investigaciones, desglosadas, entre otras cosas, por sexo, grupo étnico, región geográfica y tipo y ubicación de los lugares de privación de la libertad donde se produjeron. Además, debe proporcionarse información sobre las denuncias y acciones incoadas ante los tribunales nacionales, incluidos los resultados de las investigaciones y las consecuencias para las víctimas en cuanto a reparación e indemnización.

79. El Comité recomienda también que el Estado Parte dé amplia difusión en su territorio a las conclusiones y recomendaciones del Comité.

80. El Comité pide que el Estado Parte proporcione información, dentro del plazo de un año, sobre su respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los incisos a), b), f), n) y p) del párrafo 78 .

81. El Comité recomienda al Estado Parte que le presente su siguiente informe periódico el 7 de octubre de 2008, plazo máximo de presentación del informe periódico. Ese informe refundirá los informes periódicos cuarto y quinto.

REPÚBLICA CHECA*

82.El Comité examinó el tercer informe periódico de la República Checa (CAT/C/60/Add.1) en sus sesiones 594ª y 597ª (CAT/C/SR.594 y 597), celebradas los días 4 y 5 de mayo de 2004, y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

83.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de la República Checa, presentado de conformidad con las directrices del Comité, y la inclusión en él de información autocrítica, así como el franco y abierto diálogo con el Estado Parte.

84.El Comité, si bien toma nota de que el informe se refiere al período comprendido entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, agradece la información actualizada que facilitó la delegación de la República Checa y las respuestas pormenorizadas a la lista de cuestiones y a las preguntas formuladas por los miembros del Comité durante el diálogo.

B. Aspectos positivos

85.El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos que realiza el Estado Parte para revisar su legislación con el fin de salvaguardar los derechos humanos en general y, más concretamente, los relacionados con la aplicación de la Convención contra la Tortura. El Comité celebra, en particular, lo siguiente:

a)Las enmiendas introducidas en la Ley Nº 222/2003 de la Recopilación, relativa a la residencia de extranjeros, que entró en vigor el 1º de enero de 2004, por las que se establece un órgano judicial independiente de segunda instancia para examinar los casos de solicitud de asilo;

b)Las enmiendas introducidas en la Ley de cumplimiento de penas (Ley Nº 52/2004 de la Recopilación), y determinadas leyes conexas, en las que se definen las condiciones de encarcelamiento con arreglo a las normas exigidas y se ofrece más protección a los reclusos;

c)La Ley de servicios de libertad condicional y mediación (Ley Nº 257/2000 de la Recopilación), que tiene por resultado, entre otras cosas, la disminución del número de presos;

d)La Ley de protección especial de los testigos (Ley Nº 137/2001 de la Recopilación);

e)Las enmiendas al Código Penal (Ley Nº 265/2001 de la Recopilación) por las que se establece que la dirección de la investigación de los delitos penales presuntamente cometidos por miembros de la policía corresponde al ministerio fiscal y no al investigador de la policía, como ocurría anteriormente;

f)La introducción en 2003 de la Estrategia Nacional para luchar contra la trata de seres humanos;

g)La intención de ratificar en 2005 el Protocolo Facultativo de la Convención y la enmienda conexa de la Ley del defensor público de derechos por la que se amplían sus facultades como mecanismo nacional de prevención, según lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención;

h)La publicación de los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las respuestas del Estado Parte, así como la garantía de que se adoptarán medidas para supervisar la aplicación de las recomendaciones.

C. Motivos de preocupación

86.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)El constante aumento de los actos de violencia contra los romaníes y las denuncias de violencia policial contra ellos, incluida la renuencia injustificada de la policía a proteger debidamente a las personas de esa etnia y a investigar esos delitos, pese al empeño que muestra el Estado Parte en ponerles coto;

b)La falta de garantías jurídicas explícitas que salvaguarden el derecho de todas las personas privadas de libertad a disponer de un abogado e informar a sus parientes más próximos de su situación desde el primer momento de su detención;

c)El hecho de que a los menores detenidos no se los separe de los adultos en ninguna de las modalidades de detención;

d)El hecho de que los presos que se hallen en régimen de prisión preventiva o de cadena perpetua no puedan trabajar y pierdan el tiempo en la ociosidad por no tener nada apropiado que hacer;

e)La violencia entre presos y la falta de datos estadísticos que se desglosen en los indicadores pertinentes para facilitar la determinación de sus causas básicas y la elaboración de estrategias para prevenir y reducir el número de casos;

f)El hecho de que las consultas médicas no siempre puedan ser confidenciales y de que la decisión de recurrir a limitaciones al respecto no siempre esté amparada por la ley ni se examine con regularidad;

g)El actual sistema en virtud del cual los internos tienen que pagar parte de los gastos que ocasiona su encarcelamiento;

h)Las conclusiones de las investigaciones acerca del uso excesivo de la fuerza por la policía con ocasión de las manifestaciones ocurridas en Praga durante la reunión de septiembre de 2000 del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, conclusiones según las cuales sólo un caso constituía delito penal;

i)La falta de información completa del Estado Parte sobre la reparación y la indemnización que se proporcionan a las víctimas de actos de tortura o a sus familias;

j)Las enmiendas a la ley sobre el derecho de asilo en virtud de las cuales se ampliaron los motivos por los que se rechazan las solicitudes de asilo y se autorizó que las personas en proceso de expulsión permanezcan detenidas en centros de detención de extranjeros durante un período de hasta 180 días; así como el carácter restrictivo de las condiciones existentes en esos centros, que son comparables a las de las prisiones; y

k)Las denuncias relativas a algunos casos de esterilización no comunicada ni consentida de mujeres romaníes, así como la incapacidad de investigar mostrada por el Gobierno debido a la identificación insuficiente de las denunciantes.

D. Recomendaciones

87. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Despliegue mayores esfuerzos para luchar contra la intolerancia racial y la xenofobia y garantice que la legislación general contra la discriminación que se está examinando incluya todos los motivos pertinentes abarcados por la Convención.

b) Adopte medidas a fin de establecer un mecanismo eficaz, fiable e independiente para investigar con prontitud e imparcialidad las denuncias de malos tratos o torturas que se interpongan contra la policía y otros funcionarios públicos, incluidas las denuncias de actos de violencia racial cometidos por personas ajenas al Estado, en particular los que hayan tenido por resultado la muerte de las víctimas, y castigar a los culpables.

c) Redoble sus esfuerzos para reducir los casos de malos tratos de la policía y otros funcionarios públicos, en particular los que tienen motivación étnica y, sin perjuicio de respetar la intimidad personal, elabore métodos para reunir datos y vigilar esta clase de actos, con el fin de atajar el problema con mayor eficacia.

d) Refuerce las salvaguardias previstas en el Código de Procedimiento Penal contra los malos tratos y la tortura, y vele por que, tanto en la legislación como en la práctica, se garantice a todas las personas privadas de libertad el derecho a disponer de un abogado y a comunicar su situación a sus parientes más próximos, y se les informe sistemáticamente de este derecho.

e) Garantice que las personas menores de 18 años permanezcan detenidas separadas de los adultos en toda circunstancia.

f) Examine las modalidades para ofrecer actividades adicionales a todos los internos, con miras a alentar su ocupación y reducir, así, el tiempo que pasen en la ociosidad.

g) Vigile y documente los casos de violencia entre presos, con miras a descubrir sus causas fundamentales y elaborar estrategias de prevención adecuadas. El Comité invita al Estado Parte a que le proporcione datos de esta clase en su próximo informe periódico, desglosados con arreglo a los factores pertinentes.

h) Garantice la confidencialidad de los exámenes médicos y estudie la posibilidad de trasladar los servicios médicos del Ministerio de Justicia al Ministerio de Salud.

i) Considere nuevamente las disposiciones por las que se establece que los presos tienen que pagar parte de sus gastos, con el fin de suprimir completamente esta obligación.

j) Garantice que la clasificación de los actos prohibidos en virtud de la Convención sea efectuada por una autoridad imparcial, con miras a iniciar las actuaciones procesales adecuadas, y proporcione información en el siguiente informe periódico acerca de las investigaciones penales relativas a presuntos actos de tortura u otros malos tratos de conformidad con el artículo 259 a) del Código Penal.

k) Examine la independencia y eficacia de las investigaciones sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza en relación con las manifestaciones que hubo en septiembre de 2000 con ocasión de la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con miras a llevar a la justicia a los culpables y a indemnizar a las víctimas.

l) Incluya en el siguiente informe periódico datos sobre la indemnización concedida a las víctimas y a sus familias, de conformidad con el artículo 14 de la Convención.

m) Examine el régimen estricto de detención de los inmigrantes ilegales, con miras a su abolición, y garantice que todos los niños detenidos en esos centros sean trasladados junto con sus padres a centros de acogida familiar.

n) Investigue las denuncias de esterilizaciones no consentidas, utilizando los registros médicos y personales e instando a las denunciantes a que, en lo posible, ayuden a sustanciar las denuncias.

o) Le proporcione, en el plazo de un año, información sobre las medidas que haya adoptado en respuesta a las recomendaciones que se formulan en los apartados a), b), i), k), y m) del presente párrafo;

p) Divulgue ampliamente, en los idiomas adecuados, a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG, los informes presentados por la República Checa al Comité, así como las conclusiones y recomendaciones al respecto.

q) Le presente, a más tardar, el 31 de diciembre de 2009, fecha prevista de presentación del quinto informe, su próximo informe periódico, en cuyo texto fundirá los informes cuarto y quinto.

ALEMANIA*

88.El Comité examinó el tercer informe periódico de Alemania (CAT/C/49/Add.4) en sus sesiones 600ª y 603ª (CAT/C/SR.600 y 603), celebradas los días 7 y 10 de mayo de 2004, y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

89.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Alemania, aunque lamenta que se haya presentado con tres años de retraso. El informe se ajusta a las directrices del Comité para la presentación de informes; en particular, trata la respuesta del Estado Parte a las anteriores observaciones finales del Comité. El Comité elogia las exhaustivas respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones, así como las detalladas respuestas proporcionadas a todas las preguntas planteadas verbalmente. Por último, el Comité acoge también con satisfacción la disposición del Estado Parte para participar en un diálogo pleno y franco con el Comité sobre todas las cuestiones planteadas en relación con la Convención.

B. Aspectos positivos

90.El Comité acoge con satisfacción las siguientes iniciativas:

a)El fortalecimiento por el Estado Parte de medios institucionales de protección de los derechos humanos mediante, en particular, la creación del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Federal y la presentación cada dos años por el Gobierno Federal al Parlamento Federal de informes nacionales de derechos humanos.

b)La creación en marzo de 2001 del Instituto Alemán de Derechos Humanos, un centro de coordinación encargado de supervisar la situación de los derechos humanos en el país.

c)La reafirmación del Estado Parte de su compromiso de velar por la prohibición absoluta de exponer a una persona al riesgo de ser sometida a tortura, en particular devolviendo a la persona a otro Estado. A este respecto, el Comité toma nota del reciente inicio de procedimientos penales contra un jefe de policía de Frankfurt acusado de amenazas de tortura. Además, celebra que el Estado Parte haya confirmado que la prohibición de devolución que figura en el artículo 3 de la Convención se aplica a todos los casos, incluso si se ha denegado al solicitante de asilo la condición de refugiado por motivos de seguridad.

d)El compromiso del Estado Parte de aceptar el examen externo de su cumplimiento de la Convención, expresado por su aceptación de la competencia del Comité para examinar quejas presentadas de acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Convención.

e)Las considerables mejoras realizadas en el período de que se informa en los siguientes aspectos: i) las instalaciones para refugiados del aeropuerto de Frankfurt; ii) los procedimientos aplicables para la determinación de la condición de refugiado que se realizan allí; y iii) los métodos utilizados para la devolución forzosa por vía aérea de los solicitantes de asilo que no lo han obtenido.

f)La aprobación por el Estado Parte de legislación para aplicar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que codifica exhaustivamente crímenes de derecho internacional, entre otros la tortura en el contexto de genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.

g)La consideración por el Estado Parte de actos de tortura y de otro tipo que contravengan la Convención cometidos por agentes no estatales, que sean pertinentes de conformidad con la Convención, en procedimientos de asilo y expulsión, y el hecho de que de acuerdo con la doctrina jurídica federal también pueden presentarse denuncias individuales por malos tratos cuando la persona provenga de un tercer país "seguro".

h)La iniciativa del Estado Parte para instituir el mandato de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, en particular de mujeres y niños.

C. Motivos de preocupación

91.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La tardanza en resolver procedimientos penales por alegaciones de malos tratos de personas en custodia policial, incluidos casos especialmente graves que resultaron en la muerte de la persona, como el de Amir Ageeb, que murió en mayo de 1999.

b)Algunas alegaciones de denuncias penales presentadas, con fines punitivos o disuasivos, por fuerzas del orden contra personas que han interpuesto denuncias por malos tratos contra ellas.

c)El hecho de que para muchas de las áreas que abarca la Convención el Estado Parte no haya presentado datos estadísticos o no haya desglosado adecuadamente los que sí presentó. Durante el actual diálogo, esto se produjo en relación con, por ejemplo, procesamientos, supuestos casos de alegaciones colusorias de malos tratos, casos de reconvenciones presentadas por las fuerzas del orden, y detalles en cuanto a los infractores, las víctimas y los elementos objetivos de cargos de malos tratos.

d)El hecho de que, debido a las dificultades constitucionales percibidas que surgen de la división de poderes entre las autoridades federales y las de los Länder, las medidas adoptadas en el plano federal para aumentar el cumplimiento de la Convención no se apliquen a las actividades pertinentes de los Länder. Así pues, las normas generales federales sobre la devolución forzosa por vía aérea, aunque sean aplicables a las devoluciones que efectúa la Policía Federal de Fronteras (Bundesgrenzschutz), no se aplican a las devoluciones efectuadas por las autoridades de los Länder.

e)Los controles legales y la capacitación impartida a las compañías privadas de seguridad contratadas para prestar servicios de seguridad en algunas instalaciones de detención en el aeropuerto internacional de Frankfurt-am-Main.

D. Recomendaciones

92. El Comité recomienda que:

a) El Estado Parte adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que las denuncias penales presentadas contra sus agentes del orden se resuelvan con prontitud a fin de solucionarlas rápidamente y evitar cualquier posible inferencia de impunidad, incluidos los casos en que se presentan reconvenciones.

b) El Estado Parte cree un centro de coordinación en el que se reúnan los datos estadísticos y la información pertinente a escala nacional sobre los temas que abarca la Convención, solicite esos datos e información a las autoridades de los Länder o adopte las medidas que puedan ser necesarias para garantizar que las autoridades del Estado Parte, así como el Comité, conozcan plenamente los detalles al evaluar el cumplimiento por el Estado Parte de las obligaciones dimanantes de la Convención.

c) El Estado Parte adopte las medidas que le correspondan en su ámbito de competencia con respecto a las autoridades de los Länder para garantizar la adopción y aplicación general de medidas que hayan sido eficaces en el plano federal para mejorar el cumplimiento de la Convención, como las normas federales sobre devolución por vía aérea.

d) El Estado Parte agrupe de manera exhaustiva sus disposiciones penales sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

e) El Estado Parte proporcione al Comité información detallada sobre el número de casos de extradición o expulsión, condicionados a la recepción de seguridades o garantías diplomáticas, producidos desde el 11 de septiembre de 2001, sobre los requisitos mínimos del Estado Parte acerca del contenido de esas seguridades y garantías y sobre las medidas de supervisión subsiguientes que haya adoptado en esos casos.

f) El Estado Parte clarifique al Comité los siguientes puntos: i) si todos los medios para presentar denuncias y las vías de reparación judicial (incluida la asunción por el Estado de responsabilidad por los actos de sus agentes) que pueden utilizarse contra miembros de las fuerzas del orden son aplicables a los empleados de empresas privadas de seguridad contratadas por el Estado Parte; y ii) qué tipo de capacitación se imparte a esos empleados sobre las cuestiones que abarca la Convención.

g) El Estado Parte ofrezca realizar, como práctica habitual, exámenes médicos antes de todas las expulsiones forzosas por vía aérea y, en el supuesto de que no se lleven a cabo, después.

h) El Estado Parte considere la posibilidad de utilizar más activamente los mecanismos de extradición de la Convención en relación con los ciudadanos alemanes que presuntamente hayan participado, o hayan sido cómplices, en actos de tortura cometidos en el extranjero o en los que ciudadanos alemanes hayan alegado ser víctimas.

i) El Estado Parte haga todo lo posible para ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

93. El Comité pide que el Estado Parte proporcione, en el plazo de un año, información en respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los apartados a), b), e) y f) del párrafo 92.

94. El Comité, considerando que Alemania ha proporcionado información relativa a la aplicación de la Convención durante el período correspondiente a los informes periódicos tercero y cuarto, recomienda que el Estado Parte presente su quinto informe periódico el 30 de octubre de 2007.

LETONIA*

95.El Comité examinó el informe inicial de Letonia (CAT/C/21/Add.4) en sus sesiones 579ª y 582ª, celebradas los días 13 y 14 de noviembre de 2003 (CAT/C/SR.579 y 582), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

96.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Letonia, que se preparó de conformidad con la forma y el contenido de los informes iniciales de los Estados Partes. Sin embargo, lamenta que el informe, que debía haberse presentado el 13 de mayo de 1993, se presentara con nueve años de retraso. A este respecto, el Comité reconoce las dificultades con que se enfrentaba el Estado Parte durante su transición política y económica y confía en que en el futuro cumpla plenamente sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Convención.

97.El Comité también acoge con satisfacción la información adicional presentada por escrito por el Estado Parte y por la delegación de alto nivel en los comentarios preliminares y en las respuestas detalladas a las preguntas formuladas, que demuestran la voluntad del Estado Parte de entablar un diálogo abierto y provechoso con el Comité.

B. Aspectos positivos

98.El Comité observa con reconocimiento los esfuerzos que realiza el Estado Parte para fortalecer los derechos humanos en Letonia. En particular, el Comité celebra los siguientes aspectos:

a)Medidas legislativas:

i)La creación en 1996 del Tribunal Constitucional y la inclusión en la Constitución de un capítulo VIII dedicado a los derechos humanos fundamentales.

ii)La creación en 1995 de la Oficina Nacional de Derechos Humanos, cuyo mandato incluye, entre otras funciones, el examen de las denuncias de violaciones de derechos humanos, así como la presentación al Tribunal Constitucional de casos de disposiciones legales que considere que no se ajustan a la Constitución de Letonia.

iii)La entrada en vigor en septiembre de 2002 de la nueva Ley de asilo, destinada a armonizar el sistema nacional de asilo con las prácticas de la Unión Europea sobre el asilo y las normas internacionales correspondientes. La nueva Ley de asilo también introdujo dos formas de protección complementaria ("estatuto alternativo") para los solicitantes de asilo.

iv)La entrada en vigor en mayo de 2003 de la nueva Ley de inmigración que, entre otras cosas, prevé una duración máxima de la detención de extranjeros detenidos por violación de esa ley, así como el derecho de los extranjeros detenidos a presentar una denuncia ante un fiscal, ponerse en contacto con el consulado de su país y tener acceso a la asistencia de un abogado.

v)La entrada en vigor de la nueva Ley penal, que introdujo el concepto de ejecución progresiva de las sanciones y estableció sanciones alternativas para reducir el problema del hacinamiento en las prisiones.

vi)El proyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal, cuyo objetivo es simplificar los procedimientos legales y que, entre otras cosas, reduciría de 72 a 48 horas el plazo para que un sospechoso comparezca ante el juez.

vii)El proyecto de nueva ley de amnistía, que dispone la puesta en libertad o la reducción del período de prisión de los grupos vulnerables, como los menores, las embarazadas, las mujeres con hijos pequeños, los discapacitados y los ancianos.

b)Medidas administrativas:

i)La adopción en 2002 de la reglamentación sobre el régimen de prisión preventiva, que establece normas sobre las condiciones de detención y los derechos y obligaciones básicos de los detenidos.

ii)El traspaso, a partir de noviembre de 2003, de la vigilancia en todas las prisiones de Letonia a guardas profesionales capacitados.

iii)La creación de programas de capacitación, de conformidad con el artículo 10 de la Convención, para el personal encargado de la aplicación de la ley y el personal judicial.

99.Además, el Comité elogia los siguientes aspectos:

a)La participación de ONG nacionales y de la sociedad civil en la preparación del informe inicial de Letonia.

b)La puesta en marcha de un nuevo proyecto en el que ONG participan en la supervisión de lugares de detención de Letonia.

C. Motivos de preocupación

100.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)Las denuncias de maltrato grave de personas, que en algunos casos podría ser considerado como tortura, por miembros de la policía, especialmente en el momento de la detención y durante el interrogatorio de los sospechosos.

b)La falta de independencia e imparcialidad de la Oficina de Seguridad Interna de la Policía Estatal, que tiene competencia para tratar las denuncias de supuestos actos de violencia cometidos por agentes de policía.

c)Las condiciones en los lugares de detención, especialmente en las comisarías y en los centros de aislamiento temporal.

d)La duración de los procedimientos legales y los períodos excesivos de detención preventiva, especialmente en los centros de aislamiento temporal.

e)El hecho de que la nueva Ley de asilo disponga que no se conceda el "estatuto alternativo" a los solicitantes de asilo que hayan llegado a Letonia procedentes de un país en el que podrían haber solicitado y recibido protección. Además, al Comité le preocupan los largos períodos que los solicitantes de asilo pueden permanecer detenidos después de ser rechazada su solicitud de asilo.

f)El hacinamiento en las prisiones y en otros lugares de detención, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de esa situación para la propagación de enfermedades contagiosas.

g)El hecho de que, aunque el proyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal ha tratado de resolver muchas de las deficiencias existentes, la ley actualmente en vigor no incluye el derecho de un detenido a ponerse en contacto con sus familiares. El Comité también expresa preocupación por la información de que la elección de un médico está sujeta a la aprobación de las autoridades.

h)Las denuncias de que en muchos casos, incluso cuando así está previsto por la ley, se niega o se retrasa en la práctica el acceso a un abogado de las personas detenidas por la policía, y que los acusados deben pagar los costos de la asistencia letrada si pierden el caso.

i)El gran número de personas que pierden su estatuto jurídico como ciudadanos o "no ciudadanos" y pasan a ser "ilegales" tras haber abandonado temporalmente el país.

D. Recomendaciones

101. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Adopte todas las medidas adecuadas para impedir los actos de maltrato por miembros de la policía y garantizar que todas las denuncias de maltrato se investiguen pronta e imparcialmente.

b) Mejore las condiciones en los lugares de detención, especialmente en las comisarías y en los centros de aislamiento temporal, y garantice que se ajusten a las normas internacionales.

c) Garantice que las personas en detención policial tengan derecho a ponerse en contacto con sus familias y acceso a un médico de su elección y a un abogado desde el momento de su detención.

d) Adopte todas las medidas adecuadas para reducir la duración de los procedimientos legales y el actual período de detención preventiva.

e) Introduzca plazos legalmente exigibles para la duración de la detención de los solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada y se haya ordenado su expulsión. A este respecto, se invita al Estado Parte a que proporcione datos estadísticos, desglosados por sexo, etnia, país de origen y edad, sobre las personas que se encuentren en espera de ser expulsadas.

f) Siga adoptando medidas para tratar de solucionar el hacinamiento en las prisiones y en otros lugares de detención.

g) Proporcione en el próximo informe periódico datos estadísticos detallados, desglosados por edad, sexo y país de origen, sobre las denuncias relacionadas con la tortura y otras formas de maltrato supuestamente cometidas por miembros de la policía, así como información sobre las investigaciones, los procedimientos judiciales y las decisiones penales y disciplinarias al respecto.

h) Garantice que el proyecto de código de conducta para los interrogatorios policiales ("código de conducta de la policía") sea adoptado rápidamente.

i) Adopte medidas para garantizar que, en cualquier circunstancia, el delito de tortura se incluya explícitamente entre los delitos para los que el artículo 34 de la Ley penal excluye acogerse al principio de obediencia debida.

j) Continúe promoviendo la integración y la naturalización de los "no ciudadanos".

k) Considere la posibilidad de hacer las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

l) Considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

102. El Comité también recomienda que el Estado Parte divulgue ampliamente las conclusiones y recomendaciones del Comité, en todos los idiomas pertinentes, a través de los sitios oficiales en la red, los medios de información y las ONG.

103. El Comité pide al Estado Parte que le proporcione, en el plazo de un año, información sobre las medidas que haya adoptado en respuesta a las recomendaciones del Comité contenidas en los apartados e), f), g), h) e i) del párrafo 101.

104. Se invita al Estado Parte a que presente antes del 13 de mayo de 2005 su próximo informe periódico, que será considerado el segundo.

LITUANIA*

105.El Comité examinó el informe inicial de Lituania (CAT/C/37/Add.5) en sus sesiones 584ª y 587ª (CAT/C/SR.584 y 587), celebradas los días 17 y 19 de noviembre de 2003, y aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes.

A. Introducción

106.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Lituania y la información adicional proporcionada por la delegación de alto nivel.

107.El informe, que trata principalmente de las disposiciones jurídicas y que carece de información pormenorizada sobre la aplicación práctica de la Convención y de datos estadísticos, no se ajusta plenamente a las directrices para la presentación de informes.

B. Aspectos positivos

108.El Comité celebra las siguientes iniciativas en curso del Estado Parte para reformar su ordenamiento jurídico y revisar su legislación a fin de salvaguardar los derechos humanos fundamentales, y en particular el derecho a no ser víctima de torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

a)Aprobación de un nuevo Código Penal y un nuevo Código de Procedimiento Penal en el que se prohíbe el uso a la violencia, la intimidación, los tratos degradantes o los tratos perjudiciales para la salud, así como un Código de Aplicación de Penas, que entraron en vigor el 1º de mayo de 2003;

b)Promulgación de la Orden Nº 96, de 8 de junio de 2001, del Fiscal General sobre la protección de los detenidos contra la tortura u otros tratos o penas inhumanos o degradantes;

c)Aprobación de la Ley de indemnización de los daños resultantes de actos ilícitos de las instituciones públicas, de 21 de mayo de 2002;

d)Promulgación de la Ley de establecimiento de tribunales administrativos, de 1999, que regula el examen de las denuncias relativas a actos, acciones u omisiones de los funcionarios;

e)Transferencia de competencias en materia de aplicación de penas del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia por la Ley Nº VIII-1631, de 18 de abril de 2000;

f)Ratificación de varios tratados de derechos humanos, en concreto, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, así como la actual cooperación con el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes;

g)Ratificación en 2003 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

h)Formulación de un plan de acción nacional en materia de derechos humanos, aprobado mediante la resolución Nº IX-1185, de 7 de noviembre de 2002 por el Parlamento de Lituania;

i)Creación de estructuras institucionales de derechos humanos, en particular la Oficina del Defensor del Pueblo del Parlamento, la Oficina del Defensor de la Igualdad de Oportunidades y la Oficina del Defensor de los Derechos del Niño;

j)Creación de un Servicio de Protección de Víctimas y Testigos en el Departamento de Policía;

k)Medidas destinadas a reducir el hacinamiento, en particular, tipificando la figura de la falta penal, para la que no existen penas de privación de libertad.

C. Motivos de preocupación

109.El Comité expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La falta de una definición general del término "tortura", con arreglo al artículo 1 de la Convención, y de tipificación del delito de tortura en el derecho penal (art. 4).

b)La imposibilidad en la práctica de que las personas privadas de libertad puedan ponerse en contacto con un letrado, un médico independiente o sus familiares desde el principio de la detención.

c)Las denuncias de malos tratos de los detenidos que puedan constituir actos de tortura, en particular todo acto que pueda tener lugar durante los interrogatorios de la policía.

d)Los procedimientos relativos a la expulsión de extranjeros, que en algunos casos pueden constituir una vulneración del artículo 3; las condiciones en los centros donde se recluye a los extranjeros a la espera de ser expulsados y la falta de datos sobre la edad, el sexo y el país de destino de los extranjeros o apátridas expulsados, en concreto los del Centro de Registro de Extranjeros.

e)El gran aumento de las denuncias sobre el trato dado a los detenidos por la policía (en gran parte debido a las medidas positivas del Estado para que el proceso de denuncia sea más confidencial) y el hecho de que, según el Estado Parte, casi la mitad de ellas hayan sido confirmadas. Además, al Comité le preocupa que las investigaciones de las acusaciones contra funcionarios de policía no sean realizadas por un órgano independiente de dicho cuerpo.

f)Las informaciones, según las cuales algunos letrados designados por el Estado han mostrado escaso interés en el trato recibido por sus clientes detenidos.

g)La falta de información sobre la indemnización y la rehabilitación que se proporciona a las víctimas de actos de tortura o malos tratos, o ambos.

h)Las condiciones deficientes en los centros de detención, como reconocía el propio Estado Parte y el hecho de que algunos detenidos "viven con temor" a la violencia de otros reclusos, como señaló el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

i)La falta de información sobre las denuncias de actos de brutalidad cometidos contra soldados.

D. Recomendaciones

110. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Adopte una definición de tortura que englobe todos los elementos enunciados en el artículo 1 de la Convención y que tipifique en su Código Penal el delito de tortura, ajustándose cabalmente a esa definición.

b) Vele por que todas las personas privadas de libertad tengan acceso inmediato a un médico y a un letrado, y puedan ponerse en contacto con sus familiares en todas las fases de la privación de libertad (art. 2).

c) Tome todas las medidas adecuadas para impedir actos de tortura y malos tratos, entre otras cosas:

i) velando por que el personal sanitario esté capacitado para detectar los indicios de torturas físicas y psicológicas;

ii) haciendo hincapié en la importancia de capacitar a los funcionarios de prisiones a fin de que adquieran buenas técnicas para comunicarse con los reclusos, medida que permitiría reducir el recurso a la coerción física prohibida y los actos violentos entre los reclusos;

iii) adoptando otras medidas adecuadas para impedir los malos tratos infligidos por la policía y estableciendo un sistema de investigación plenamente independiente e imparcial.

d) Vele por que en la práctica se supervisen las acciones del fiscal a fin de que cualquier persona que afirme haber sido víctima de malos tratos o torturas o que requiera un examen médico sea autorizada por el ministerio público a ser examinada a petición propia y no sólo por orden de un funcionario.

e) Adopte medidas urgentes y eficaces para crear un mecanismo de denuncia plenamente independiente, velando por una investigación pronta, imparcial y exhaustiva de las acusaciones de torturas notificadas a las autoridades y a los fiscales y sancionando, cuando proceda, a los presuntos autores.

f) Vele por que los oficiales del ejército investiguen con diligencia las denuncias de brutalidad contra los soldados que puedan constituir casos de malos tratos y torturas, investiguen otras denuncias de malos tratos con justicia e imparcialidad y hagan que los responsables respondan de sus actos.

g) Vele por que las autoridades competentes observen estrictamente el artículo 3 de la Convención y no expulsen, devuelvan o extraditen a ninguna persona a un Estado en que pudiera ser sometida a torturas. El Comité insta al Estado Parte a que multiplique sus esfuerzos para que los centros de retención de extranjeros se ajusten a las normas internacionales y solicita datos desglosados al respecto.

h) Prosiga los esfuerzos para establecer un sistema de ayuda jurídica eficaz, entre otras cosas financiando con fondos públicos oficinas de defensores, proporcionándoles una remuneración adecuada y logrando la participación del Colegio de Abogados para coordinar los nombramientos.

i) Proporcione información sobre las posibilidades de resarcimiento y rehabilitación disponibles para las víctimas de torturas y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

j) Siga adoptando nuevas medidas para mejorar las condiciones de reclusión, tanto para los reclusos en prisión preventiva como para los condenados.

k) Estudie la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención y de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.

l) Examine la posibilidad de consultar a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil al preparar todas las partes del próximo informe periódico.

111. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico proporcione estadísticas pormenorizadas, desglosadas por delito, localización geográfica y origen étnico y sexo, sobre las denuncias relativas a torturas y malos tratos presuntamente cometidos por funcionarios de las fuerzas del orden y sobre los tipos y los resultados de los casos de miembros de la policía y de otras fuerzas del orden acusados de delitos relacionados con la tortura, incluidos los desestimados por los tribunales y, cuando corresponda, sobre la indemnización y la rehabilitación proporcionadas a las víctimas.

112. El Comité pide al Estado Parte que suministre, en el plazo de un año, información sobre las medidas que haya adoptado en relación con las recomendaciones del Comité que figuran en los apartados d), e) y f) del párrafo 110.

113. El Comité pide al Estado Parte que divulgue ampliamente en el país, y en particular entre las fuerzas del orden, las presentes conclusiones y recomendaciones así como las actas resumidas del examen del informe inicial del Estado Parte, haciéndolas públicas en los medios de comunicación y aprovechando los esfuerzos de distribución y divulgación de las ONG.

MÓNACO *

114.El Comité examinó el segundo informe periódico de Mónaco (CAT/C/38/Add.2) en sus sesiones 596ª, 599ª y 609ª, celebradas los días 5, 6 y 13 de mayo de 2004 (CAT/C/SR.596, 599 y 609), y aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

115.El Comité acoge con satisfacción el segundo informe periódico de Mónaco, que se ajusta en general a las directrices del Comité. No obstante, lamenta que el informe se haya presentado con cinco años de retraso y contenga poca información sobre la aplicación concreta de la Convención. El Comité acoge con agrado la presencia de una delegación de alto nivel que respondió de forma detallada a las preguntas formuladas y dio muestra de un espíritu de franca colaboración.

B. Aspectos positivos

116.El Comité acoge con satisfacción:

a)La ausencia de denuncias de violaciones de la Convención por el Estado Parte;

b)El actual proceso de adhesión al Consejo de Europa;

c)La reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal con el fin de armonizarlos con las normas europeas de derechos humanos;

d)Las contribuciones aportadas cada año desde 1994 al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

C. Motivos de preocupación

117.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)La falta de una definición de la tortura en el derecho penal que reúna el conjunto de los elementos constitutivos que se describen en el artículo 1 de la Convención;

b)La falta de una disposición que prohíba expresamente invocar circunstancias excepcionales o la orden de un superior jerárquico o de una autoridad pública como justificación de la tortura;

c)Las escasas garantías en lo que se refiere a la expulsión y la devolución de extranjeros, ya que en el derecho interno no parece haber para esas situaciones ninguna cláusula de no devolución que responda a las exigencias del artículo 3 de la Convención, y dado que el recurso ante el Tribunal Supremo no tiene automáticamente efecto suspensivo;

d)El reducido ámbito de aplicación de los artículos 228 y 278 del Código Penal, que no responden plenamente a las exigencias del artículo 4 de la Convención en cuanto sólo se refieren a los asesinatos cometidos mediante la tortura o acompañados de actos de crueldad y a las torturas cometidas en el marco de detenciones ilegales o del secuestro de personas;

e)El hecho de que durante el período de detención preventiva las personas no tengan derecho a la asistencia letrada sino a partir de la primera comparecencia ante el juez de instrucción y no puedan informar a sus allegados de su detención si no cuentan con la autorización de este juez;

f)La falta de disposiciones que prevean expresamente llevar un registro de las personas detenidas en los locales de la policía, aun si esos registros existen en la práctica;

g)La ausencia de un mecanismo de vigilancia de las condiciones materiales de detención y del trato que reciben los presos que cumplen penas en establecimientos penitenciarios franceses.

D. Recomendaciones

118. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Incorpore en el derecho penal interno una definición de la tortura que corresponda plenamente al artículo 1 de la Convención.

b) Incorpore en su derecho interno una disposición que prohíba invocar circunstancias excepcionales o la orden de un superior jerárquico o de una autoridad pública como justificación de la tortura.

c) Respete el principio enunciado en el artículo 3 de la Convención, incluso en los casos de expulsión y devolución de extranjeros, y confiera efecto suspensivo automático a los recursos contra las decisiones de deportación cuando se invoque el riesgo de tortura en los países de destino. El Comité, observando que la expulsión y la devolución se llevan a cabo exclusivamente hacia Francia, recuerda al Estado Parte que debe asegurarse de que no se procederá a la devolución de ninguna persona hacia un tercer país donde haya riesgo de torturas.

d) Garantice el derecho de las personas en detención preventiva a tener acceso a un abogado de su elección y a informar a sus allegados en las primeras horas de la detención.

e) Reglamente la utilización de registros en los locales de la policía de conformidad con los instrumentos internacionales pertinentes, en particular el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

f) Vigile las condiciones materiales de detención de los presos en los establecimientos penitenciarios franceses, y el trato que reciben.

g) Considere la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyos objetivos de prevención son muy importantes.

119. El Comité recomienda que se dé amplia difusión en el país a las presentes conclusiones y recomendaciones, así como a las actas resumidas de las sesiones dedicadas al examen del segundo informe periódico del Estado Parte.

120. El Comité pide al Estado Parte que le proporcione en el plazo de un año información sobre la aplicación de sus recomendaciones que figuran en los apartados c), d) y f) del párrafo 118.

121. El Comité, considerando que el segundo informe periódico de Mónaco comprende asimismo el tercer informe que se debía haber presentado el 4 de enero de 2001, pide al Estado Parte que presente sus informes cuarto y quinto en un solo documento el 4 de enero de 2009.

MARRUECOS*

122.El Comité examinó el tercer informe periódico de Marruecos (CAT/C/66/Add.1 y Corr.1), así como las informaciones orales complementarias presentadas por la delegación del Estado Parte, en sus sesiones 577ª, 580ª y 589ª (CAT/C/SR.577, 580 y 589), celebradas los días 12, 13 y 20 de noviembre de 2003, y aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

123.El Comité acoge con satisfacción el tercer informe periódico de Marruecos, que le proporcionó informaciones detalladas sobre los esfuerzos realizados por el Estado Parte para poner en práctica la Convención desde el examen del segundo informe en 1999, así como los datos facilitados verbalmente por la delegación, que le aportó una información útil sobre las medidas de aplicación de la Convención adoptadas desde la presentación del tercer informe, el 23 de marzo de 2003. El Comité agradece a la delegación el haber entablado un diálogo franco y constructivo.

124.El tercer informe se presentó con un pequeño retraso, puesto que estaba previsto para 2002. No se ajustó plenamente a las Directivas generales sobre la forma y el contenido de los informes periódicos, en particular porque no se dedicó una parte a las medidas adoptadas en cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones formuladas anteriormente por el Comité.

B. Aspectos positivos

125.El Comité toma nota de los siguientes aspectos positivos:

a)La declaración hecha por la delegación del Estado Parte acerca de la intención de las más altas autoridades del poder ejecutivo, así como del poder legislativo, de poner en práctica la Convención, que es directamente aplicable en Marruecos; de adoptar medidas institucionales, normativas y educativas en consulta con asociaciones locales e internacionales; y de desarrollar actividades de cooperación técnica en materia de derechos humanos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONG; esta voluntad política también se ha expresado mediante la puesta en libertad de presos políticos, entre ellos un grupo de 56 presos que fueron liberados en noviembre de 2002, y la indemnización concedida a víctimas;

b)La ampliación del mandato del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, la creación del cargo de un "mediador", el diwan Al Madhalim, encargado de examinar los casos de vulneración de los derechos humanos que se le presenten y elevar a las autoridades competentes las propuestas y recomendaciones que sean de rigor; la creación de la Fundación Mohamed VI para la reinserción de los reclusos, que está presidida por el propio Rey; la creación del Centro de Documentación, Información y Capacitación en Derechos Humanos; la reforma de las cárceles, especialmente la adopción de medidas en favor de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y sobre todo los menores alojados en los centros de protección de la infancia; y la adopción de medidas que garantizan la atención médica y formación de los detenidos y reclusos;

c)La importante reforma de la legislación pertinente iniciada por el Estado Parte, especialmente el Código de Procedimiento Penal y el proyecto de reforma del Código Penal, en consulta con el Consejo Consultivo de Derechos Humanos y las asociaciones competentes en la materia, en particular con respecto a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el derecho de apelación y la consideración de las necesidades específicas de la mujer y el menor;

d)Los notables esfuerzos para fomentar la formación y educación sobre los derechos humanos, especialmente la organización por el Centro de Documentación, Información y Capacitación en Derechos Humanos de cursillos de capacitación destinados a funcionarios de la administración penitenciaria y profesionales de la medicina penitenciaria y medicina legal;

e)La autorización concedida a las ONG locales independientes para visitar a los detenidos y reclusos;

f)El pago de indemnizaciones en cumplimiento de las recomendaciones para la indemnización de los daños materiales y morales sufridos por personas que han sido víctimas de desapariciones y detenciones arbitrarias y por sus derechohabientes, formuladas por la Comisión de Arbitraje independiente instituida ante el Consejo Consultivo de Derechos Humanos;

g)La garantía de que el Estado Parte tomará las medidas necesarias en relación con las recomendaciones y preocupaciones del Comité.

C. Motivos de preocupación

126.El Comité expresa preocupación por las siguientes cuestiones:

a)La falta de información sobre la aplicación completa del artículo 2 de la Convención, particularmente en los casos previstos en los párrafos 2 y 3, relativos a circunstancias excepcionales y a la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como causa de exoneración de la responsabilidad penal;

b)La considerable prolongación de la detención en locales de la policía, período durante el cual el riesgo de tortura es mayor, incorporada tanto en la legislación penal general como en la Ley contra el terrorismo con posterioridad al examen del segundo informe periódico;

c)La inexistencia, durante el período de detención en locales de la policía, de garantías que aseguren a las personas un acceso rápido y adecuado a la asistencia letrada y médica, así como a sus familiares;

d)El aumento, según ciertas informaciones, de las detenciones por motivos políticos durante el período examinado, del número de detenidos y reclusos en general, comprendidos los presos políticos, así como el de las denuncias de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que implican a la Dirección de Vigilancia del Terrorismo;

e)La falta de información sobre las medidas adoptadas por las autoridades, en particular las judiciales y administrativas, para atender las quejas y realizar investigaciones, acusaciones, procesos y juicios contra los autores de actos de tortura, especialmente en el caso de los verificados por la Comisión de Arbitraje independiente para la indemnización de los daños materiales y morales sufridos por personas que han sido víctimas de desapariciones y detenciones arbitrarias y por sus derechohabientes;

f)La aplicación a los actos de tortura del período de prescripción previsto en el derecho común, que privaría a las víctimas de su derecho imprescriptible a intentar una acción de justicia;

g)La ausencia de una disposición en el derecho penal que prohíba invocar como elemento de prueba en un procedimiento judicial cualquier declaración obtenida mediante la tortura;

h)La cantidad de muertos en las cárceles;

i)El hacinamiento en las cárceles y las denuncias de golpes y violencia entre los detenidos.

D. Recomendaciones

127. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) En el marco de la reforma en curso del Código Penal prevea una definición de tortura que corresponda plenamente a las disposiciones de los artículos 1 y 4 de la Convención.

b) En el marco de la reforma en curso del Código Penal, prohíba claramente todo acto de tortura, incluso los cometidos en circunstancias excepcionales o siguiendo una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública.

c) Limite estrictamente al mínimo el período de detención policial y garantice el derecho de las personas detenidas en locales de la policía a tener rápidamente acceso a un abogado, un médico y un familiar.

d) Incluya en el Código de Procedimiento Penal disposiciones que prevean el derecho imprescriptible de toda persona que haya sido víctima de un acto de tortura a intentar una acción de justicia contra todo torturador.

e) Adopte todas las medidas efectivas necesarias para eliminar la impunidad de los agentes del Estado que sean responsables de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

f) Garantice que se investiguen de manera pronta, imparcial y completa todas las denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular las relacionadas con casos y situaciones verificados por la citada Comisión de Arbitraje independiente y las que se refieren a la implicación de la Dirección de Vigilancia del Terrorismo en actos de tortura, y vele por que se impongan sanciones apropiadas a los culpables y se conceda una reparación justa a las víctimas.

g) Informe al Comité de los resultados de las investigaciones imparciales realizadas como consecuencia de cualquier muerte que se produzca en locales de la policía, en detención o en prisión, en particular cuando se denuncie que son el resultado de torturas.

h) En el marco de la reforma en curso del Código Penal, incorpore una disposición que prohíba invocar como elemento de prueba en un procedimiento judicial cualquier declaración obtenida mediante tortura, de conformidad con el artículo 15 de la Convención.

i) Levante la reserva hecha al artículo 20 y haga las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

j) Dedique una parte de su próximo informe periódico a las medidas adoptadas para tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones formuladas por el Comité.

k) Presente en su próximo informe periódico informaciones detalladas y estadísticas, especialmente por tipo de delito, edad y sexo de la víctima y categoría del autor de la infracción, sobre las denuncias por actos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado, así como sobre las investigaciones, procesos y sanciones penales y disciplinarias relativos a esas denuncias. El Estado Parte deberá también facilitar información sobre los resultados de toda inspección de cualquier lugar de detención y sobre las medidas adoptadas por las autoridades para encontrar una solución a los problemas del hacinamiento en las cárceles y el curso dado a las denuncias de violencia entre detenidos.

128. El Comité recomienda que se dé amplia difusión en el país y en las lenguas correspondientes a las presentes conclusiones y recomendaciones, así como a las actas resumidas de las sesiones dedicadas al examen del tercer informe periódico del Estado Parte.

129. El Comité pide al Estado Parte que le proporcione en el plazo de un año información sobre la aplicación de sus recomendaciones que figuran en los apartados c), f) y g) del párrafo 127.

NUEVA ZELANDIA*

130.El Comité examinó el tercer informe periódico de Nueva Zelandia (CAT/C/49/Add.3) en sus sesiones 604ª, 607ª y 616ª, celebradas los días 11, 12 y 19 de mayo de 2004 (CAT/C/SR.604, 607 y 616), y aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones.

A. Introducción

131.El Comité acoge con beneplácito el tercer informe periódico de Nueva Zelandia, que se ha elaborado conforme a sus directrices. Sin embargo, observa que el informe se ha presentado con tres años de retraso.

132.El Comité agradece la información suplementaria que se le ha facilitado oralmente y por escrito, así como la asistencia de una delegación de alto nivel, que demuestra que el Estado Parte tiene la voluntad de mantener un diálogo franco y fructífero con él.

B. Aspectos positivos

133.El Comité señala su satisfacción por lo siguiente:

a)La aprobación de la Ley de extradición de 1999, que se hizo atendiendo a sus recomendaciones previas;

b)La cooperación entablada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la voluntad de aplicar sus directrices y recomendaciones;

c)El hecho de que el Centro de Hospedaje de Mangere pueda considerarse más un centro abierto que un centro de detención;

d)El programa de asistencia letrada a las personas detenidas por la policía, gracias al cual se ofrece asesoramiento jurídico inicial de carácter gratuito a las personas que se hallen bajo custodia policial;

e)Las medidas legislativas y administrativas destinadas a mejorar el cumplimiento de la Convención, en particular el Protocolo que suscribieron en el año 2000 la administración penitenciaria y la Oficina del Defensor del Pueblo, la enmienda de 1998 a la Ley de asistencia mutua en asuntos penales, y la Ley de la Corte Penal Internacional y de crímenes internacionales, de 2000;

f)Las medidas adoptadas para mejorar la efectividad y reforzar la independencia del Servicio de Denuncias contra la Policía;

g)Las medidas adoptadas para fomentar una relación positiva entre la policía y los maoríes;

h)Las medidas adoptadas para construir nuevas instalaciones residenciales destinadas a niños, jóvenes y familias;

i)La actual elaboración de un plan de acción nacional de derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos; y

j)La intención declarada de retirar las reservas a la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño, y de ratificar el Protocolo Facultativo de la primera.

C. Motivos de preocupación

134.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)El hecho de que en la normativa de inmigración no se prevea la obligación de no devolución que se impone en el artículo 3 de la Convención;

b)La sensible disminución de la proporción de solicitantes de asilo a quienes se les permite integrarse, con total libertad, en la sociedad inmediatamente después de su llegada, así como la reclusión de varios solicitantes de asilo en centros de prisión preventiva, donde no se los separa de los demás presos;

c)El procedimiento de expedición de certificados de riesgo para la seguridad al amparo de la Ley de inmigración, lo que podría llegar a infringir el artículo 3 de la Convención, habida cuenta de que las autoridades pueden expulsar o deportar a toda persona que, a su parecer, entrañe una amenaza para la seguridad nacional sin tener que aportar justificaciones detalladas ni revelar información confidencial a la persona afectada; el hecho de que las posibilidades de interponer recursos efectivos sean exiguas, y el hecho de que el Ministerio de Inmigración haya de decidir en el plazo de tres días laborables si expulsa o deporta a la persona afectada;

d)Los casos de separación prolongada, no consentida, durante la reclusión (régimen de aislamiento), cuyas condiciones son tan severas que pueden constituir, en algunas circunstancias, actos prohibidos en el artículo 16 de la Convención;

e)La edad tan baja de reconocimiento de la responsabilidad penal y el hecho de que, en ocasiones, no se separe a los delincuentes adultos de los jóvenes y se recluya a éstos en celdas de comisaría debido a la falta de instalaciones residenciales para niños, jóvenes y familias; y

f)Las conclusiones del Defensor del Pueblo con respecto a las investigaciones de los presuntos ataques efectuados por funcionarios de prisiones contra reclusos, en particular la renuencia a ocuparse de esas denuncias con prontitud, y la calidad, la imparcialidad y la fiabilidad de las investigaciones.

D. Recomendaciones

135. El Comité recomienda al Estado Parte que:

a) Incorpore en su normativa de inmigración la obligación de no devolución que se impone en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y estudie la posibilidad de instituir un procedimiento único de determinación de la condición de refugiado en el que, en primer lugar, se examinen los argumentos que justifiquen el reconocimiento de dicha condición con arreglo a lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y, en segundo lugar, se examinen todos los demás argumentos que puedan justificar la aplicación de fórmulas de protección complementarias, en particular las previstas en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura.

b) Garantice, en todo momento, que la lucha contra el terrorismo no lleve a contravenir la Convención y a imponer dificultades injustificadas a los solicitantes de asilo, y fije un plazo para la detención de los solicitantes de asilo y la aplicación de restricciones a éstos.

c) Adopte, con urgencia, medidas para examinar la legislación relativa al certificado de riesgo para la seguridad, a fin de garantizar la posibilidad de interponer recursos efectivos contra la decisión de detener, expulsar o deportar a una persona; medidas de prórroga del plazo de que dispone el Ministerio de Inmigración para adoptar una decisión, y medidas dirigidas a lograr que se respete el artículo 3 de la Convención en su integridad.

d) Acorte la duración y mejore las condiciones de la separación no consentida durante la reclusión (régimen de aislamiento) que pueda imponerse a los solicitantes de asilo, presos normales y demás personas detenidas.

e) Aplique las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño (CRC/C/15/Add.216, párrs. 30 y 50).

f) Informe sobre los resultados de la estrategia de desarrollo encaminada a garantizar que los menores no sean sometidos a cacheos injustificados.

g) Realice una investigación de los hechos que condujeron a la decisión del Tribunal Superior en el caso Taunoa y otros.

h) Informe al Comité de los resultados de las medidas que se adopten atendiendo a la preocupación manifestada por el Defensor del Pueblo con respecto a la investigación de los ataques perpetrados por funcionarios de prisiones contra reclusos.

136. El Comité celebra que el Estado Parte esté dispuesto a ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para reducir los casos de apatridia, y le recomienda que ratifique estos instrumentos con puntualidad.

137. El Comité recomienda al Estado Parte que dé amplia publicidad a sus conclusiones y recomendaciones, en los idiomas oportunos, valiéndose de sus sitios web oficiales, de los medios de difusión y de las ONG.

138. El Comité solicita al Estado Parte que facilite, en el plazo de un año, información sobre el cumplimiento de las recomendaciones que figuran en los apartados b), c), d) y h) del párrafo 135.

139. El Comité considera que el tercer informe periódico incluye también el cuarto, que había de presentarse el 8 de enero de 2003, y, por tanto, invita al Estado Parte a que le presente su quinto informe periódico el 8 de enero de 2007.

YEMEN*

140.El Comité examinó el informe inicial del Yemen (CAT/C/16/Add.10) en sus sesiones 583ª y 586ª, celebradas los días 17 y 18 de noviembre de 2003 (CAT/C/SR.583 y 586), y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación.

A. Introducción

141.El Comité acoge con beneplácito el informe inicial del Yemen y la oportunidad de entablar un diálogo con el Estado Parte, pero lamenta que el informe, que debería haberse presentado el 4 de diciembre de 1992, le haya sido sometido con casi diez años de retraso.

142.En el informe se proporcionan datos muy completos sobre la legislación, pero no se abordan en forma pormenorizada ni la aplicación práctica de la Convención ni las dificultades a las que se ha hecho frente en ese sentido. Por ello, no cumple como es debido con las directrices del Comité sobre la presentación de los informes. El Comité agradece que la delegación se haya mostrado dispuesta a mantener un diálogo franco y abierto.

B. Aspectos positivos

143.El Comité ve con agrado las actividades que despliega el Estado Parte para reformar su sistema jurídico, revisar su legislación y defender los valores democráticos, y en particular:

a)La creación del Ministerio de Derechos Humanos en 2003 a fin de promover y garantizar el respeto de los derechos humanos, entre otras cosas mediante el examen de denuncias de particulares.

b)El permiso otorgado a muchas ONG para que actúen libremente en el país.

c)Las disposiciones de las leyes de protección de los derechos humanos que se han promulgado, por ejemplo el artículo 149 de la Constitución; el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal Nº 3, de 1994; el artículo 21 del Código de Delitos y Sanciones Militares de 1998; el artículo 9 de la Ley del cuerpo de policía Nº 15/2000; el artículo 35 del Código Penal y la ratificación de la Convención Árabe de Cooperación Judicial mediante la Ley Nº 36 de 1983.

d)La intención declarada del Estado Parte de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las medidas tomadas al respecto en el plano nacional.

e)La ratificación de los principales instrumentos de derechos humanos y la incorporación de las disposiciones de estos tratados internacionales en su ordenamiento jurídico interno.

f)Las actividades de educación y formación en materia de derechos humanos y la apertura del país a la cooperación internacional, que quedan reflejadas en el acuerdo celebrado con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

g)Las garantías dadas por la delegación de que el país prevé establecer instituciones especiales ("casas de reinserción") para las mujeres vulnerables que salen de la cárcel.

h)El acceso que tuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja a los detenidos por el Departamento de Seguridad Política.

C. Factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención

144. El Comité, aunque consciente de las dificultades que enfrenta el Estado Parte en su prolongada lucha contra el terrorismo, recuerda que no puede invocarse ningún tipo de circunstancia excepcional para justificar la tortura. Subraya en particular que las reacciones del Estado Parte frente a tales peligros deben ser compatibles con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención y estar dentro de los límites establecidos por la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.

D. Motivos de preocupación

145.El Comité expresa su preocupación por las siguientes cuestiones:

a)Falta de una definición amplia de la tortura en la legislación del país, como se establece en el artículo 1 de la Convención.

b)El carácter de algunas sanciones penales, en particular los azotes y la amputación de miembros, que pueden violar las disposiciones de la Convención.

c)Las denuncias sobre la práctica frecuente de la incomunicación por los agentes del Departamento de Seguridad Política, especialmente los casos de detenciones en masa y por períodos prolongados sin que se abra un proceso judicial.

d)El hecho de que en la práctica los detenidos no tengan acceso a un abogado o a un médico de su elección o a sus parientes desde el comienzo de la detención.

e)El hecho de que al parecer no se investiguen rápida, imparcial y plenamente las numerosas denuncias de tortura y de violaciones del artículo 16 de la Convención, ni se someta a juicio a los presuntos autores.

f)Las denuncias de deportación de extranjeros sin que tuvieran la oportunidad de recurrir judicialmente las medidas que, si realmente se han aplicado, podrían representar una violación de las obligaciones que impone el artículo 3 de la Convención.

g)El hecho de que el Estado Parte no proporcione información detallada sobre cómo se indemniza y rehabilita a las víctimas de malos tratos por el Estado.

h)La situación de ciertas mujeres que, aunque hayan cumplido sus penas, permanecen en prisión por períodos prolongados.

i)Preocupa al Comité la baja edad de responsabilidad penal y la detención de niños delincuentes de apenas 7 años de edad en hospitales especializados o instituciones de protección social.

E. Recomendaciones

146. El Comité recomienda que el Estado Parte:

a) Adopte una definición de tortura que abarque todos los elementos recogidos en el artículo 1 de la Convención, y modifique la legislación penal en ese sentido.

b) Tome todas las medidas adecuadas para que las sanciones penales sean plenamente compatibles con la Convención.

c) Vele por que, en todas las etapas de la detención, los detenidos tengan acceso inmediato a un médico y a un abogado, así como contacto con sus familias, y que los detenidos por el Departamento de Seguridad Política sean sometidos sin demora a los tribunales.

d) Tome todas las medidas necesarias para abolir la incomunicación de facto de los detenidos.

e) Adopte disposiciones inmediatas para que los arrestos y las detenciones se realicen bajo la supervisión de jueces independientes e imparciales.

f) Vele por que todas las medidas antiterroristas sean plenamente compatibles con la Convención.

g) Garantice que la expulsión, devolución o extradición de una persona a un tercer Estado se ajuste a las disposiciones del artículo 3 de la Convención.

h) Tome medidas para crear un sistema eficaz, fiable e independiente de presentación de quejas a fin de investigar rápida e imparcialmente las denuncias de malos tratos o tortura por parte de la policía u otros funcionarios públicos y castigar a los autores.

i) Fortalezca las actividades destinadas a reducir los casos de tortura u otros malos tratos por la policía y otros funcionarios públicos, y reúna datos para vigilar tales actos.

j) Garantice el derecho de las víctimas de la tortura a una indemnización justa y adecuada del Estado, y cree programas de rehabilitación física y psicosocial de las víctimas.

k) Mantenga y aumente las actividades destinadas a crear "casas de reinserción" para las mujeres a fin de que no permanezcan en prisión una vez cumplida la pena.

l) Modifique la edad de responsabilidad penal y vele por que todas las instituciones de protección y demás lugares de detención respeten las normas internacionales de justicia de menores, en particular las que figuran en la Convención.

m) Contemple la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención y ratificar su Protocolo Facultativo.

n) Celebre estrechas consultas con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los mecanismos independientes de derechos humanos de las Naciones Unidas y los programas radicados en el país, a fin de elaborar programas adecuados de educación y formación sobre, entre otras cosas, los procesos de presentación de informes a los órganos de los tratados de derechos humanos y los programas destinados a aplicar la prohibición de la tortura y los malos tratos.

147. El Comité recomienda que en su próximo informe el Estado Parte observe las directrices del Comité sobre su elaboración y que incluya, entre otras cosas:

a) Información pormenorizada sobre la aplicación en la práctica de la legislación y las recomendaciones del Comité.

b) Estadísticas detalladas, desglosadas por delito, situación geográfica, etnia y sexo, de las denuncias de malos tratos y torturas presuntamente cometidos por los agentes del orden, así como, en cada caso, las investigaciones realizadas, los juicios celebrados y las sentencias penales y medidas disciplinarias aplicadas.

148. El Comité recomienda que el Estado Parte difunda ampliamente los informes presentados por el Yemen al Comité y las conclusiones y recomendaciones de éste, en los idiomas en que corresponda, mediante los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las ONG.

149. El Comité invita a la delegación a que presente por escrito información complementaria sobre las cuestiones planteadas durante el diálogo que quedaron sin respuesta.

150. El Comité pide al Estado Parte que le proporcione, en el plazo de un año, información sobre las medidas que se hayan adoptado en respuesta a las recomendaciones del Comité que figuran en los apartados d) y f) del párrafo 146.

I V. ACTIVIDADES DEL COMITÉ EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

A. Información general

151.De conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, si el Comité recibe información fiable que, a su juicio, parece indicar que efectivamente se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado Parte, invitará a éste a cooperar en el examen de la información y, a tal fin, a presentar observaciones acerca de dicha información.

152.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 del reglamento del Comité, el Secretario General señalará a la atención del Comité la información que se haya presentado o parezca haberse presentado para que la examine de conformidad con el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.

153.El Comité no recibirá ninguna información que se refiera a un Estado Parte que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 28 de la Convención, haya declarado, en el momento de ratificarla o de adherirse a ella, que no reconoce la competencia del Comité prevista en el artículo 20, a menos que ese Estado Parte haya retirado posteriormente su reserva de conformidad con el párrafo 2 del artículo 28.

154.La labor del Comité en aplicación del artículo 20 de la Convención continuó durante el período que se examina. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención y en los artículos 72 y 73 del reglamento, todos los documentos y actuaciones del Comité relativos a sus funciones en virtud del artículo 20 tienen carácter confidencial y todas las sesiones relativas a sus actuaciones previstas en ese artículo son privadas. No obstante, y de conformidad con el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención, el Comité, después de celebrar consultas con el Estado Parte interesado, puede decidir que en su informe anual a los Estados Partes y a la Asamblea General figure un resumen de los resultados de la investigación. A continuación se reproduce ese resumen de los resultados en relación con Serbia y Montenegro.

155.En el marco de sus actividades de seguimiento, en su 31º período de sesiones el Comité designó a uno de sus miembros, el Sr. Rasmussen, para que procurara alentar a los Estados Partes respecto de los cuales se hubiesen realizado averiguaciones, cuyos resultados se hubiesen publicado, a tomar medidas para aplicar las recomendaciones del Comité. El Sr. Rasmussen estableció un primer contacto con esos Estados para recoger información sobre las medidas que hubiesen adoptado hasta la fecha.

B. Resumen de los resultados de la investigación en relación con Serbia y Montenegro

I. Introducción

156.El 19 de diciembre de 1997, el Centro de Derecho Humanitario, ONG con sede en Belgrado, presentó al Comité información sobre denuncias de práctica sistemática de la tortura en el territorio de Serbia y Montenegro y le pidió que examinase la situación a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la Convención. En mayo de 1998, el Comité invitó al Centro de Derecho Humanitario a que presentara información adicional para justificar los hechos alegados. En noviembre de 1998, la información recibida del Centro de Derecho Humanitario fue transmitida al Estado Parte, al que se pidió que presentara sus observaciones. El Comité decidió aplazar el examen de la situación a causa de la situación política del país en ese momento. En mayo de 2000, el Comité decidió reiterar al Estado Parte su petición de que presentase observaciones sobre las denuncias recibidas. Las observaciones fueron presentadas finalmente el 23 de agosto de 2000.

157.En noviembre de 2000, el Comité decidió proceder a una investigación confidencial en vista de que la información de que disponía contenía indicios de la practica sistemática de la tortura en el país. Al mismo tiempo, pidió al Gobierno que aceptara que los miembros designados para realizar la investigación visitaran el país. El Gobierno aprobó la visita, que tuvo lugar del 8 al 19 de julio de 2002.

II. Visita a Serbia y Montenegro del 8 al 19 de julio de 2002

158.Realizaron la visita Peter Burns, Andreas Mavrommatis y Ole Rasmussen. Los miembros del Comité visitaron Belgrado, en donde celebraron conversaciones con el Ministro de Relaciones Exteriores, con representantes del Ministerio Federal de Justicia, con el Ministro de Justicia Adjunto de Serbia, con el Ministro del Interior de Serbia y su principal secretario privado, con el Fiscal General de Serbia, con el Director del Sistema Penitenciario de Serbia, con miembros del Tribunal Supremo de Serbia, con el Presidente del Tribunal de Distrito de Belgrado, con el Director del Departamento de Seguridad del Estado (Jefe de Policía) en el Ministerio de Asuntos Interiores de Serbia, con el Fiscal Togado Militar y con el Coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se reunieron asimismo con representantes de la Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Serbia y Montenegro, del Consejo de Europa y de ONG. Los miembros también fueron a Novi Pazar, en donde se reunieron con el Fiscal de Distrito y representantes de ONG. Visitaron además varias comisarías de policía y establecimientos penitenciarios en Belgrado y otras partes de Serbia.

159.Por otra parte, los miembros del Comité visitaron Podgorica, en Montenegro, en donde se reunieron con el Primer Ministro Adjunto y Ministro de Relaciones Exteriores Interino, el Ministro de Justicia, el Ministro de Asuntos Interiores Adjunto y el Fiscal General. Durante su estancia en Montenegro, se reunieron también con representantes de ONG y visitaron dos comisarías de policía y la cárcel de Spuž (véase el capítulo V). Como las autoridades yugoslavas no habían tenido jurisdicción sobre el territorio de Kosovo desde el establecimiento de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) en 1999, el Comité estimó que no era aconsejable ir a Kosovo durante la visita.

160.Las autoridades federales y de la República dieron su apoyo a la visita y se mostraron muy cooperadoras. Los miembros visitaron prisiones y lugares de detención sin previo aviso y hablaron en privado con los detenidos. La única dificultad con que tropezaron surgió en relación con las entrevistas con presos preventivos. Por disposición de la ley, tales entrevistas tenían que ser aprobadas por el correspondiente juez instructor, regla que se aplicaba a cualquier persona que deseara visitar a un preso preventivo. Desgraciadamente, los miembros no habían sido informados de ese requisito antes de su llegada al país. Por fin, se obtuvieron las autorizaciones necesarias y pudieron visitar a algunos presos preventivos. Sin embargo, los miembros del Comité habrían deseado que el Estado Parte hubiera tomado las disposiciones correspondientes con anticipación, a fin de evitar retrasos en su programa de trabajo.

III. Conclusiones del Comité con respecto a Serbia

161.El uso generalizado de la tortura bajo el régimen del Presidente Slobodan Milosevic ha sido ampliamente documentado por ONG nacionales e internacionales, los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos en el territorio de la ex Yugoslavia de la Comisión de Derechos Humanos y la OSCE. Testimonios directos y la información recibida por los miembros de fuentes gubernamentales y no gubernamentales antes y durante su visita a Serbia confirmaron la fiabilidad de los datos aportados y la valoración de que la tortura se utilizó sistemáticamente durante el régimen de Milosevic, principalmente por motivos políticos. En los archivos del Comité reposa mucha información a este respecto, de la que se transmitieron algunos pasajes al Estado Parte.

162.La información reunida por los miembros durante su visita a Serbia y Montenegro puso de manifiesto que las características y la frecuencia de la tortura cambiaron totalmente después de octubre de 2000 con el nuevo régimen político. Sus conclusiones a este respecto se basan principalmente en el testimonio de personas en libertad que pretendían haber sido objeto de torturas o malos tratos, presos, ONG, médicos de prisiones, personal de las fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y miembros de la judicatura.

A. Información obtenida mediante entrevistas con presuntas víctimas y visitas a lugares de privación de libertad

163.Los miembros del Comité entrevistaron a dos personas que supuestamente habían sido torturadas antes de ser puestas en libertad. También mantuvieron entrevistas a solas con 40 personas privadas de su libertad. Los entrevistados fueron seleccionados entre los que habían ingresado más recientemente en los lugares de detención visitados. Algunos fueron seleccionados sobre la base de los archivos clínicos mantenidos en esos lugares en los meses que precedieron a la visita. Los entrevistados manifestaron que habían sido tratados de un modo que los miembros del Comité consideraron que podía corresponder a la definición de tortura en el artículo 1 de la Convención.

164.En cada prisión y comisaría visitadas, los miembros del Comité examinaron los libros de ingresos que, en general, se llevaban como es debido. En las comisarías de policía, examinaron las salas utilizadas para los interrogatorios y las celdas de los detenidos. Aunque la visita no giraba en torno a las condiciones materiales de detención, no pudieron por menos que sentirse hondamente impresionados por ellas en algunos casos. Por ejemplo, las celdas de la mayoría de las comisarías carecían de luz, ventilación y mobiliario y de servicios higiénicos aceptables1. En cuanto a las condiciones en los establecimientos penitenciarios, observaron que el tiempo de ejercicio diario al aire libre para presos preventivos era demasiado breve (una media hora). El resto del día permanecían en sus celdas sin que se les ofreciera la posibilidad de realizar ningún tipo de actividad. Algunos incluso eran mantenidos en celdas de aislamiento durante largos períodos. Además, no parecía haber ningún sistema de inspección por expertos independientes de las condiciones de detención. Los reclusos que desearan presentar alguna reclamación sólo podían hacerlo por escrito al Ministerio de Justicia. El Comité de Derechos Humanos de Helsinki, que había sido autorizado recientemente a visitar algunas prisiones, comunicó a los miembros del Comité que la mayoría de esas denuncias quedaban sin respuesta.

165.En general, los miembros del Comité tuvieron la impresión de que la situación en los establecimientos penitenciarios había mejorado considerablemente desde octubre de 2000 y que las autoridades habían podido corregir las prácticas de los funcionarios, manteniendo sólo a aquellos que estaban decididos a observar un comportamiento adecuado. Esa impresión fue confirmada por el testimonio de los propios reclusos.

1. Prisiones

La prisión central de Belgrado

166.Un miembro del Comité con conocimientos de medicina examinó el historial médico de 70 presos a disposición del Tribunal de Distrito de Belgrado. En 55 de ellos no se encontró ningún indicio de malos tratos o violencia física por parte de la policía. En las 15 fichas restantes (el 21%), se observó que los detenidos habían denunciado que la policía los había golpeado. Seis de ellos (aproximadamente el 9% del total de fichas examinadas) tenían marcas que fueron descritas por el médico que practicó el reconocimiento. Además, el médico de la prisión dijo a los miembros que un tercio, aproximadamente, de los reclusos presentaba lesiones a su llegada, aunque éstas no se debían necesariamente a malos tratos de la policía. En los casos en que los presos (alrededor del 10% de ellos) denunciaban haber sido golpeados por la policía, las lesiones eran generalmente ligeras, como magulladuras. Las denuncias formuladas por los presos se recogían siempre en el historial médico. El médico señaló también que no había casos de reclusos golpeados por los funcionarios penitenciarios, aunque antes eran frecuentes.

167.Los miembros del Comité también entrevistaron a 21 presos preventivos, algunos de los cuales fueron seleccionados en base a los registros médicos examinados. Todos estaban acusados de delitos comunes. Nueve de ellos dijeron que habían sido golpeados u objeto de otras formas de tortura por parte de la policía para que confesaran.

La cárcel de Sremska Mitrovica

168.En la cárcel de Sremska Mitrovica, la más grande del país con más de 1.000 reclusos, se informó a los miembros de que el nuevo equipo directivo había introducido cambios importantes. Hasta fines del año 2000 no se habían adoptado, en los casos de denuncia de malos tratos, medidas disciplinarias contra los culpables. No obstante, el director aseguró que todos los funcionarios problemáticos habían sido trasladados. Desde entonces, no se habían registrado conflictos entre los reclusos y los funcionarios ni incidentes de violencia entre reclusos. El médico de la prisión confirmó que no había habido actos de tortura ni malos tratos en esta cárcel.

169.Cinco reclusos fueron entrevistados en esta cárcel, ninguno de los cuales denunció que había sido torturado antes de su ingreso en prisión o durante su reclusión. Cuatro de ellos dijeron que la situación había cambiado completamente en los dos últimos años, desde la llegada del nuevo director y el traslado de algunos de los guardias. Un recluso, en una celda de castigo por intento de fuga, no se quejó de ningún maltrato de parte del personal.

El centro penitenciario para mujeres de Pozarevac

170.Se entrevistó individualmente a seis internas de la unidad de régimen cerrado. Ninguna de ellas denunció haber sido torturada o maltratada por la policía o los funcionarios penitenciarios. En las unidades de régimen abierto o semiabierto un grupo de presas denunció casos de malos tratos anteriores. No obstante, calificaron la situación actual de muy buena. Una denunció que en una ocasión un funcionario la golpeó coléricamente en la palma de la mano mientras trabajaba en el campo. Según parece, el responsable fue suspendido en sus funciones y se inició un procedimiento disciplinario. El médico del establecimiento confirmó que en los tres años anteriores no había tenido noticia de ningún caso de tortura o malos tratos.

La prisión militar de Belgrado

171.En esta prisión se entrevistó a un recluso que había sido detenido e inculpado de deserción. No denunció tortura ni malos tratos.

2. Las comisarías de policía

172.Los miembros del Comité visitaron nueve comisarías de policía, es decir, las situadas en las calles de Bozidura Adzije, Rakovica, Vozdovac, Palilula, 29 de noviembre, Stari Grad y Milan Rakic de Belgrado, la comisaría principal de Smederevo y la comisaría central de Novi Sad. En el momento de la visita había dos detenidos en Vozdovac, uno en Milan Rakic y uno en Smederevo. Ninguno de ellos denunció haber sido torturado o maltratado. En la comisaría de la calle 29 de noviembre no había más que un hombre mayor en las celdas, el cual no denunció malos tratos. Un miembro del Comité habló con dos inmigrantes supuestamente irregulares que estaban esperando ser llevados a presencia del juez por faltas; manifestaron que los habían tratado bien.

B. Información presentada por organizaciones no gubernamentales

173.Los representantes de las ONG con los que se reunieron los miembros del Comité proporcionaron información sobre casos de tortura comunicados por las presuntas víctimas. En su opinión, no se habían producido desde el cambio de Gobierno violaciones masivas del derecho a no ser sometido a tortura. No obstante, la frecuencia con que las fuerzas de seguridad utilizaban una fuerza excesiva en el cumplimiento de su cometido seguía siendo motivo de preocupación. Dijeron que quedaba mucho por hacer en lo que respecta a la formación del personal de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y que había que proceder a otros relevos de personal en la policía para abandonar del todo las prácticas del antiguo régimen y restablecer la confianza pública en los cuerpos de seguridad. Denunciaron que muchas veces se utilizaba la tortura como medio de obtener información. Ahora bien, en muchos casos la tortura obedecía a la mentalidad característica de muchos policías, para quienes el uso de una fuerza excesiva había sido siempre algo rutinario. Además, las ONG señalaron que desde el cambio de gobierno pocos presuntos autores de actos de tortura supuestamente cometidos en el antiguo régimen habían sido investigados o juzgados.

174.El Centro de Derecho Humanitario proporcionó información en particular sobre 12 casos en que se hallaban implicadas 21 presuntas víctimas, que ocurrieron entre el 1º de diciembre de 2000 y marzo de 2002. Estos casos supuestamente tuvieron lugar en Belgrado, Smederevo, Becej (Voivodina), Presevo, Novi Sad, Smederevska Palanka, Srbobran (Voivodina), Vladicin Han, Kragujevac y Backa Palanka. Todas las víctimas denunciaron haber sido golpeadas brutalmente; una comunicó que se le habían aplicado descargas eléctricas y a otra, que padecía asma, no se le permitió utilizar su inhalador cuando sufrió un severo ataque de asma en la comisaría. Seis de las víctimas eran romaníes.

175.El Comité de Juristas para los Derechos Humanos yugoslavo proporcionó información sobre 16 casos, todos los cuales, salvo 4, habían ocurrido en Serbia después del 5 de octubre de 2000. Se denunciaban brutales palizas con porras, falaqa, negación de asistencia médica a una víctima inconsciente, agresión sexual (quizás violación) y descarga de armas de fuego junto a la cabeza. Según se informa, los incidentes tuvieron lugar en la calle, pero también durante el interrogatorio en la comisaría. En un caso la víctima supuestamente fue golpeada por funcionarios penitenciarios y en otro, por soldados. Los hechos tuvieron lugar, entre otros lugares, en Belgrado, Leskovac, Tutin, Sjenica (ambos en el Sandzak), Surdulica, Prokuplje y Vranje.

176.El Centro de los Derechos de las Minorías, una ONG que vigila la situación de los romaníes, comunicó que esta minoría estaba particularmente expuesta a la violencia de la policía y aportó algunos ejemplos que figuran en un informe titulado "Abusos contra los derechos de los romaníes en Serbia"2. Después de la visita se recibió también información de otras ONG, en particular del Comité de Derechos Humanos de Leskovac, el Comité de Libertades y Derechos Humanos de Sandzak y el Comité de Derechos Humanos de Bujanovac. Los casos presentados se referían a casi todas las regiones de Serbia.

C. Información recibida de funcionarios del Estado

177.Casi todos los funcionarios del Estado con los que se entrevistaron los miembros del Comité reconocieron que la práctica de la tortura estaba muy extendida en el antiguo régimen. Sostuvieron, sin embargo, que con el nuevo Gobierno la situación había cambiado totalmente, en especial en lo concerniente a la actitud de la policía.

178.El Ministro de Asuntos Interiores manifestó que la tortura ya no era empleada por la policía. Desde octubre de 2000 se habían producido algunos casos de uso excesivo de la fuerza, pero se habían adoptado las medidas apropiadas, como iniciar una investigación disciplinaria y, en su caso, penal y suspender a los presuntos autores mientras se llevaba a cabo la investigación. Dijo también que todos los funcionarios superiores del Ministerio habían sido sustituidos y que el proceso de renovación de personal casi había terminado en todas las regiones. Cerca de dos tercios de los comisarios jefe de toda Serbia habían sido relevados.

179.El Director de Prisiones declaró en el Ministerio de Justicia que la tortura en las instituciones penitenciarias había sido erradicada. Esto se había conseguido fundamentalmente relevando a los directores de los establecimientos penitenciarios y sus adjuntos. Se había sancionado con la separación del servicio a un gran número de funcionarios de prisiones y se habían formulado cargos contra muchos de ellos, pero, no disponía de datos estadísticos del número de personas implicadas. Los casos de uso excesivo de la fuerza por los funcionarios penitenciarios ahora eran raros y generalmente terminaban con la separación del servicio de los culpables. El Ministerio tampoco disponía de estadísticas sobre estos casos. Todos los presos eran reconocidos por un médico en el momento de su ingreso en prisión. Si denunciaban haber sido torturados o maltratados por la policía, esa denuncia se incluía en su historial médico y se ponía en conocimiento del juez instructor. El Director reconoció que no existía un sistema de inspección de prisiones por un órgano independiente. Por esta razón había invitado al Comité de Derechos Humanos de Helsinki a visitar las cárceles. No obstante, se estaba tratando de establecer un sistema de supervisión con la participación de expertos ajenos al Ministerio.

D. Garantías jurídicas para la prevención de la tortura y los malos tratos

180.El nuevo Código de Procedimiento Penal, que entró en vigor el 28 de marzo de 2002, es bastante mejor que el precedente en lo que se refiere a las garantías penales en la fase de instrucción, por ejemplo en relación directa con la prevención de la tortura como el tiempo que una persona puede ser mantenida en detención policial y el derecho a asistencia letrada. El Código de Procedimiento Penal, sin embargo, no es aplicable a los detenidos por sospecha de que han cometido una falta. Según la Ley sobre delitos menores, la policía puede retenerlos 24 horas antes de ponerlos a disposición del juez. El presunto responsable no tiene derecho a la asistencia de un letrado mientras se encuentra en detención policial. Los miembros del Comité observaron que con frecuencia se mencionaba la supuesta comisión de una falta como motivo para la detención en las comisarías de policía. Según la información que les proporcionó el Ministerio de Asuntos Interiores, en el período de enero a junio de 2002, había 1.918 personas detenidas a disposición judicial y 1.865 privadas de su libertad. De estas últimas, 1.104 se hallaban detenidas en los locales de la policía sólo por faltas contra el orden público. Con arreglo a esos datos estadísticos, la protección que ofrece el nuevo Código de Procedimiento Penal, como el derecho a la asistencia letrada, no parece que se aplique a un número importante de personas en régimen de detención policial.

181.El principio general concerniente al derecho a la asistencia de abogado se enuncia en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, según el cual toda persona privada de libertad será informada, de forma inmediata, del derecho que le asiste a designar abogado y a pedir que se ponga en conocimiento de su familia u otras personas allegadas el hecho de la detención.

182.El artículo 226 del Código dispone que durante las diligencias de averiguación de los hechos la policía podrá citar a una persona, aunque no interrogarla por más de cuatro horas. No se deberá usar la fuerza para obtener información de los ciudadanos. Se dará lectura al atestado o acta oficial de la diligencia practicada en presencia de la persona que hizo la declaración. Ésta podrá hacer objeciones y las autoridades policiales están obligadas a consignarlas en el atestado o acta oficial. El mismo artículo dispone que cuando la policía reciba la declaración de una persona de la que haya motivos para suponer que es el autor material de una infracción penal, esa persona podrá ser citada como imputado; la citación incluirá información acerca del derecho del presunto responsable a recibir asistencia letrada. Si durante las diligencias de averiguación la autoridad policial estima que la persona citada es presuntamente responsable de una infracción penal, deberá informarla de inmediato de los hechos que se le imputan, de su derecho a obtener la asistencia de un abogado, que estará presente en nuevos interrogatorios, y de que no está obligada a responder a las preguntas que se le hagan si no está presente su abogado. El artículo 226 establece también que la autoridad policial, al acordar el interrogatorio del imputado, lo pondrá en conocimiento del fiscal, quien podrá estar presente durante el interrogatorio.

183.De conformidad con el artículo 5 del Código, toda persona que haya sido detenida sin orden judicial será puesta inmediatamente a disposición del juez instructor competente. El párrafo 3 del artículo 227 establece que si la conducción de la persona privada de libertad se demora más de ocho horas debido a obstáculos inevitables, el funcionario de policía autorizado está obligado a expresar los motivos de la dilación en una declaración que deberá ser presentada al juez instructor. Por otra parte, el artículo 229 establece que la detención preventiva de una persona por la policía, a efectos de tomarle declaración, no podrá durar más de 48 horas antes de que sea puesta a disposición de un juez3.

184.Según la información recibida por los miembros del Comité, los principios antes expuestos parecen ser observados generalmente en los casos en que se aplica el Código de Procedimiento Penal. No obstante, parece que se sigue practicando la tortura durante el plazo de 48 horas anterior a la entrega del presunto responsable al juez y antes de que se le permita ponerse en relación con su abogado. A veces no se le permite que llame a su abogado o no tiene uno, en cuyo caso ha de escoger un defensor de la lista propuesta por la policía. En algunos de los casos examinados por los miembros, las presuntas víctimas denunciaron que el abogado había desempeñado su cometido a la ligera y que no había prestado atención al hecho de que su cliente había sido maltratado.

185.Algunos de los funcionarios con los que se entrevistaron los miembros del Comité adujeron que no tenía sentido que la policía coaccionara a confesar, puesto que las confesiones así obtenidas no pueden ser utilizadas como prueba en el proceso. A este respecto, el artículo 89 del Código dispone que está prohibido emplear la fuerza para obtener una declaración o confesión del inculpado y que, en caso de incumplimiento de esta disposición, la decisión del tribunal no puede basarse en tal declaración o confesión. Ahora bien, los miembros opinan que, aunque la condena no se puede basar exclusivamente en la confesión, la policía sigue utilizando la información obtenida de los detenidos para completar sus investigaciones. Por cierto, algunos de los funcionarios policiales con los que se entrevistaron en sus visitas a las comisarías alegaron que carecían de un equipamiento moderno para la investigación del delito y que tenían que utilizar medios muy rudimentarios.

186.En su reunión con los miembros del Comité, el Fiscal General subrayó los esfuerzos que se estaban realizando para cambiar la mentalidad de la policía. En su opinión, ese cambio tenía que acompañar los relevos de personal y la reorganización interna de las fuerzas de seguridad que estaba en marcha. La manera como la policía abordaba la recogida de pruebas también tenía que cambiar. La policía tenía que comprender que la probanza sólo podía hacerse por medios legales. Esto era muy importante para el Ministerio Fiscal, ya que, con arreglo al ordenamiento jurídico yugoslavo, los fiscales no dirigían la investigación de la policía y no podían dar instrucciones a ésta acerca de cómo reunir las pruebas.

187.La necesidad de cambiar la mentalidad de la policía fue destacada por varios interlocutores, así como en un informe publicado por la OSCE en octubre de 2001, con el título Study on Policing in the Federal Republic of Yugoslavia (Estudio sobre los servicios de policía en la República Federativa de Yugoslavia). Según este informe, la razón por la cual en tantas situaciones se dan agresiones, resistencia y resentimientos es que los funcionarios de policía, no sólo no intervienen, sino que no comprenden que tienen la obligación de intervenir, con arreglo a un código deontológico. A falta de dicho código o de principios básicos de actuación, tal es el lamentable estado de cosas aparentemente en toda Yugoslavia. Se propone, por consiguiente, que todas las fuerzas de policía de Yugoslavia adopten un amplio programa de formación de sus funcionarios en materia de derechos humanos que sea creíble y se base en las situaciones con que se enfrenta la policía en la práctica4.

E. Investigación de los actos de tortura y castigo de los responsables

1. El procedimiento disciplinario

188.El Director de la Seguridad del Estado en Serbia, que es el encargado de la inspección interna de la policía en el Ministerio de Asuntos Interiores, explicó a los miembros del Comité que cada departamento regional de policía cuenta con una dependencia de control interno que examina y supervisa a cada funcionario de policía. Si una dependencia recibe información de abusos policiales de cualquier fuente, puede iniciar una investigación y someter el asunto a los tribunales disciplinarios correspondientes establecidos por el Ministerio. Entre las sanciones disciplinarias están una reducción de la remuneración mensual de hasta el 30% durante un período de uno a seis meses y la transferencia a un nivel inferior de la escala de sueldos por cierto tiempo. En última instancia, el funcionario de que se trate puede ser separado del servicio. El expediente disciplinario puede instruirse con independencia de que se haya iniciado un procedimiento penal. Los miembros del Comité fueron informados después por el Ministerio de que de enero a junio de 2002 se presentaron 392 denuncias contra la policía, de las cuales 43 se consideraron fundadas y dieron lugar a la incoación de un procedimiento disciplinario. No obstante, esa información no especifica cuántas eran por casos de torturas o malos tratos ni si se instruyó sumario.

189.Los miembros observan que, según el Decreto sobre el Régimen Disciplinario en el Ministerio de Asuntos Interiores5, que regula el procedimiento disciplinario interno, la decisión de iniciar este procedimiento recae en el superior jerárquico inmediato del funcionario contra el que se ha interpuesto la denuncia. El superior jerárquico determina si hay o no indicios bastantes para suponer que se ha producido una violación y remite el asunto al fiscal del tribunal disciplinario. Ello da a los superiores jerárquicos competentes la posibilidad de bloquear el procedimiento contra un miembro de su unidad. Además, las denuncias recibidas por los miembros indicaban que el decreto y la práctica policial no garantizaban que el agraviado fuera informado del desarrollo y resultado del procedimiento.

190.Por lo que respecta al funcionamiento de los tribunales disciplinarios, las ONG informaron de que, aunque la policía se muestra ahora mucho más receptiva a las denuncias y observaciones de las organizaciones de derechos humanos, a menudo intenta negar que se haya producido un caso concreto de tortura o, si ello es imposible debido a la existencia de pruebas convincentes (como registros médicos, fotografías o testigos oculares), anuncia que se investigará el caso y se procesará a los autores, mas no siempre se hace. En los casos graves de tortura y a pesar de indicios evidentes en contra de lo que se afirma, los tribunales disciplinarios suelen dar más crédito a las declaraciones de los funcionarios implicados que a las de las víctimas. Además, parece que hay casos en que los propios funcionarios de tribunales disciplinarios han sido acusados de cometer actos de tortura.

191.En su estudio sobre los servicios de policía a que se ha hecho referencia más arriba, la OSCE dijo que había necesidad de garantizar la calidad de la labor de todas las dependencias de control interno de forma que el público quedara satisfecho y que para atender las preocupaciones del público era necesario crear un órgano independiente con importantes atribuciones de supervisión e intervención. El informe añadía que para exigir responsabilidades a la policía era necesario que hubiera una inspección externa y totalmente independiente de la investigación policial de las denuncias, pero que la autoridad responsable de esa inspección debía contar con amplias potestades para exigir la entrega de documentos, papeles y archivos relativos a la denuncia y estar facultada, en su caso, para ordenar nuevas investigaciones6.

2. El procedimiento penal

192.Los miembros del Comité descubrieron varios puntos débiles en la normativa legal relativa a la prohibición de la tortura y en el funcionamiento de los órganos encargados de la investigación de las denuncias.

193.En sus conclusiones y recomendaciones sobre el informe inicial de Yugoslavia, el Comité expresó su preocupación porque en la legislación penal no hay una disposición que defina la tortura como delito específico de conformidad con el artículo 1 de la Convención y recomendó que se incorporase el delito de tortura propiamente dicho en los códigos penales de Yugoslavia7. Esta situación no ha cambiado. De resultas de ello, los autores de actos de tortura sólo pueden ser inculpados en virtud de disposiciones penales como las relativas a la obtención de declaraciones por la fuerza8 o la vulneración de los derechos individuales9. Ahora bien, el alcance de estas disposiciones es más restrictivo que la definición del artículo 1. Por ejemplo, estas disposiciones no parecen tomar en consideración los supuestos en que el acto de tortura es cometido a instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público. Además, los jueces en general no parecen tener plena conciencia de las obligaciones internacionales de Yugoslavia en materia de derechos humanos y de la Convención en particular, como confirmaron los miembros del Tribunal Supremo serbio con quienes se reunieron los miembros del Comité. Ellos manifestaron que, a menudo, los jueces se enteraban de esas obligaciones y de la jurisprudencia de los órganos internacionales sólo cuando las ONG se las señalaban.

194.En general, parece que jueces y fiscales sólo abren una investigación si reciben una denuncia formal de la víctima o de su abogado. Cuando se les preguntó lo que hacen los jueces instructores cuando alguien denuncia torturas, los miembros del Tribunal Supremo respondieron que, en teoría, los jueces tenían que informar al fiscal de los hechos y que incumbía a éste iniciar el procedimiento. Añadieron, no obstante, que en la práctica los fiscales sólo intervenían cuando un abogado presentaba una denuncia y hacía público el caso.

195.La inacción del Ministerio Fiscal era aún más manifiesta en el pasado y en regiones como Kosovo y Sandzak10. El Fiscal General de Serbia, cuando los miembros del Comité le plantearon esta cuestión, especialmente en relación con los casos ocurridos antes de octubre de 2000, dijo que había fiscales que se ocupaban de algunos casos, pero que no disponía de información al respecto. La Fiscalía también se había ocupado de algunos crímenes de guerra. No obstante, eran muy difíciles de investigar porque las pruebas tenían que ser aportadas por la policía, que no siempre estaba dispuesta a cooperar11.

196.Uno de los primeros obstáculos con que tropiezan las víctimas al presentar una denuncia es el de las presiones a que las somete la policía para que renuncien a hacerlo, con la amenaza de formular cargos contra ellas. Si a pesar de todo las víctimas persisten en su denuncia, la policía presenta sistemáticamente denuncias contra ellas por obstrucción a un funcionario de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función (artículo 213 del Código Penal serbio) o por alteración del orden público. Los miembros del Comité fueron informados de un caso de esta naturaleza en el que la condena condicional a cuatro meses de prisión por supuesta obstrucción (insultos a los funcionarios de policía) era casi tan dura como la impuesta a un funcionario de policía por causar lesiones corporales. Por otra parte, se afirmó reiteradamente que la denuncia de la policía solía tramitarse con mucha rapidez, mientras que la de la víctima se investigaba muy lentamente o no se investigaba en absoluto. Mientras que miembros del Tribunal Supremo serbio manifestaron a los miembros del Comité que no podían confirmar ni negar esa acusación, el Fiscal General dijo que no tenía noticia de esa situación.

197.Con respecto al papel de los fiscales en la investigación de las denuncias, varios interlocutores, en particular el propio Fiscal General, subrayaron que los fiscales no controlaban, en la práctica, a la policía en lo concerniente a la probanza12. Los miembros del Comité señalan con preocupación que esto es contrario a las disposiciones del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, a tenor del cual el Fiscal General será competente para pedir que se abra una investigación y dirigir la instrucción sumarial. La misma disposición establece que los funcionarios de policía u otras autoridades del Estado competentes para investigar los delitos están obligados a proseguir su investigación cuando el funcionario competente del Ministerio Fiscal así se lo pida.

198.Las ONG informaron de que muy frecuentemente los fiscales no persiguen penalmente los actos de tortura y ni siquiera informan a la presunta víctima del resultado de su denuncia. La falta de notificación, sin embargo, puede ser un obstáculo importante para la continuación de las actuaciones. En virtud del artículo 61 del Código de Procedimiento Penal, cuando el fiscal desestima una denuncia penal o decide retirar los cargos, el agraviado podrá, en un plazo de ocho días después de haber recibido la notificación de la decisión del fiscal, actuar en calidad de acusador particular y seguir adelante con la causa. Si el agraviado no recibe esa notificación, el Código establece un plazo de tres meses, contados desde la fecha de la desestimación de la denuncia o el retiro de los cargos, para que ejercite la acción penal. Miembros del Tribunal Supremo confirmaron que la falta de notificación era muy corriente, pero que los jueces permitían que el agraviado siguiera adelante con las actuaciones en calidad de acusador particular aun a falta de tal notificación.

199.Las ONG proporcionaron información sobre varios casos en que funcionarios de policía habían sido declarados culpables de actos de tortura. Afirmaron, sin embargo, que pocos casos habían llegado hasta los tribunales y que muy raramente se imponía a los responsables penas equiparables a la gravedad del delito cometido. Las penas impuestas pocas veces son superiores a seis meses de prisión y con frecuencia la condena es condicional, lo que permite a los funcionarios de policía sentenciados conservar su empleo13. Informaron también de que, normalmente, los funcionarios de policía investigados no eran suspendidos en sus funciones. Los miembros del Tribunal Supremo concordaban en que sólo unos pocos casos de tortura llegaban a los tribunales. El Ministro de Justicia Adjunto de Serbia dijo que sólo en un pequeño número de casos las víctimas de actos de tortura presentan una denuncia y que el número de casos que terminan en condena es aún menor. Además, las penas impuestas por los jueces son generalmente muy leves, a veces incluso con suspensión de la ejecución de la pena.

200.Las ONG afirmaron también que muy a menudo el juicio oral tiene que aplazarse, incluso varias veces en la misma causa, por incomparecencia de los policías acusados. Algunos miembros del Tribunal Supremo confirmaron esta alegación. Aparentemente, cuando se encuentra en una situación de este género, el órgano jurisdiccional dirige una queja al jefe de policía competente, pero esas quejas no siempre tienen una respuesta apropiada14.

201.Representantes del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Sandzak expusieron a los miembros del Comité algunas de las dificultades con que tropezaban al presentar denuncias penales por incidentes ocurridos algunos años atrás. Manifestaron que en 2001 y 2002 presentaron 33 denuncias relativas a actos que estaban dentro del ámbito de aplicación de los artículos 65 y 66 del Código Penal serbio, ocurridos en Sandzak principalmente en los años noventa. Sin embargo, sólo dos estaban siendo investigadas, habiéndose desestimado todas las demás. Dijeron que era muy difícil para los abogados presentar pruebas médicas, puesto que entre 1992 y 1997 los establecimientos sanitarios no estaban autorizados a proporcionar el parte médico a las víctimas de brutalidad policial. Las denuncias iban acompañadas de pruebas documentales consistentes fundamentalmente en testimonios, nombres de testigos y fotografías. Señalaron que, en su opinión, el Fiscal de Distrito hacía una interpretación equivocada del artículo 65 del Código Penal serbio: según esa interpretación, el delito existía sólo si los actos cometidos habían producido lesiones corporales graves. Otra dificultad con que tropezaban era que algunos de los casos eran de delitos sujetos a prescripción15.

202.Cuando los miembros del Comité señalaron estas acusaciones al Fiscal de Distrito de Novi Pazar, éste observó que el plazo para presentar una denuncia a tenor de lo dispuesto en los artículos 65 y 66 era de cinco años y que, por consiguiente, muchos de los asuntos habían prescrito. Añadió que, además de los 33 casos antes mencionados, la Fiscalía y los jueces municipales habían estatuido sobre muchos otros en los diez años anteriores. Prometió reunir datos y algunas estadísticas a este respecto y remitirlos al Comité. No obstante, nunca se recibió esa información.

IV. Conclusiones del Comité con respecto a Montenegro

203.Sólo algunos de los casos puestos en conocimiento del Comité por las ONG desde 1997 tuvieron lugar en Montenegro. Durante la visita, las ONG en Montenegro facilitaron a los miembros del Comité información acerca de algunos casos. Una ONG manifestó que sus abogados habían presentado 20 denuncias que en el momento de la visita se encontraban en diferentes fases del procedimiento penal. Ninguno de los interlocutores del Comité afirmó que el uso de la tortura en la República fuera sistemático, ni antes ni ahora.

204.Durante su estancia en Montenegro, los miembros del Comité visitaron la cárcel de Spuž. El Comité no tenía noticia de denuncias de tortura o malos tratos en ese establecimiento penitenciario. El director de la prisión explicó que, en los tres años anteriores, había puesto en marcha un amplio programa de reformas que incluía la formación del personal. Se había hecho especial hincapié en establecer las mejores relaciones posibles entre el personal y los presos. En 2002 sólo se notificaron dos casos de uso excesivo de la fuerza. El primero se refería a un enfermo mental encarcelado, que había sido golpeado por un funcionario penitenciario por negarse a abandonar su celda. El segundo era el de un preso que atacó físicamente a un testigo en la sala de audiencia; se empleó la fuerza para someterlo cuando ya se apartaba. Los funcionarios implicados en estos dos casos fueron sancionados con la pérdida de la mitad de su remuneración durante tres meses. Si de resultas de esos actos se hubieran causado lesiones graves a los presos, los hechos se habrían considerado agresión, es decir, constitutivos de delito.

205.El director explicó además que todos los reclusos, a su ingreso en el establecimiento penitenciario, eran examinados por un médico. Se dejaba debida constancia de lesiones. El parte médico se ponía en conocimiento del abogado y la familia del recluso, del Ministro del Interior y del juez instructor. Por otra parte, el médico de servicio dijo a los miembros del Comité que cinco años antes, aproximadamente, los reclusos denunciaban con frecuencia torturas o malos tratos de la policía a su ingreso en prisión y que había habido algunos casos graves. Desde entonces, la situación había cambiado considerablemente, aunque seguía habiendo internos que manifestaban haber sido golpeados y presentaban lesiones leves. Los miembros del Comité examinaron el historial médico de los reclusos que habían ingresado desde enero de 2002. Había 167 hombres y 8 mujeres. De ellos, 39 hombres denunciaron que habían sido golpeados, 24 presentaban lesiones que habían sido calificadas por los médicos de "no graves" y tres, lesiones "graves".

206.Durante su vista a Spuž, los miembros del Comité se entrevistaron con tres reclusos. Uno de ellos, que había ingresado recientemente, alegó que la policía lo había golpeado delante de su familia en Berhane. Según su parte médico, tenía tres costillas rotas. El segundo entrevistado, que había sido condenado por tráfico de drogas, declaró que cuando fue detenido en 1998 fue mantenido en detención policial durante tres días antes de ser entregado al juez. Denunció que durante esos tres días había sido golpeado y amenazado metiéndole una pistola en la boca para conseguir que delatara a los narcotraficantes que hay en Montenegro. Antes de ser puesto a disposición del juez, no tuvo acceso a un abogado. El tercer entrevistado había sido detenido unos tres días antes de la visita del Comité a Spuž, en la frontera entre Yugoslavia y Hungría, por tentativa de robo y por disparar y herir a dos encargados de una gasolinera. Alegó que había sido privado durante casi un día de alimento y agua, que no se le permitía ir al servicio y que se le tuvo con las manos atadas muy fuertemente a la espalda.

207.Durante su estancia en Montenegro, los miembros del Comité visitaron también la comisaría de policía de Danilovgrad, en la que en el momento no había ningún detenido. Visitaron asimismo la comisaría central de Podgorica en que se hallaba una persona que acababa de ser detenida. No se les permitió verla en privado, pese a su insistencia, por razones que no quedaron claras.

208.Por lo que hace al derecho a formular denuncias y a que la denuncia sea investigada, la situación en Montenegro no parece muy diferente de la que impera en Serbia. Muy a menudo las víctimas que presentan denuncias son procesadas por resistencia a la autoridad en el desempeño de sus funciones y los jueces de instrucción no informan a los fiscales de las acusaciones de tortura y malos tratos formuladas por detenidos. Las autoridades de Montenegro siguen sin aceptar la aplicabilidad del nuevo Código Federal de Procedimiento Penal en la República y siguen aplicando el Código de 1976, con arreglo al cual una persona detenida por la policía tiene que ser puesta a disposición del juez instructor en un plazo de 24 horas contadas desde su detención. No obstante, el artículo 196 permite en determinados supuestos mantener a la persona detenida en régimen de detención cautelar durante 72 horas antes de tener acceso a asistencia letrada y de entregarla al juez instructor. Además, la tortura no se define en el Código Penal de Montenegro, que contiene disposiciones análogas a las enunciadas en los artículos 65 y 66 del Código Penal serbio.

209.Los funcionarios del Estado con los que se reunieron los miembros del Comité manifestaron que ponen todo su tesón en la protección de los derechos humanos y expusieron algunas de las iniciativas que el Gobierno de Montenegro adopta en este campo como la elaboración de una ley del defensor del pueblo, las medidas para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal y la reforma de la policía. También manifestaron su voluntad de cooperar con las organizaciones internacionales. El Ministro del Interior Adjunto dijo que se habían creado líneas de comunicación directa y que el número de teléfono se publica periódicamente en los diarios a fin de que cada ciudadano pueda llamar y denunciar el abuso de poder de los funcionarios. Además, se estaban elaborando programas para enseñar los derechos humanos a las fuerzas de policía. En 2001, su Ministerio había recibido nueve denuncias de tortura que dieron lugar a un procedimiento disciplinario y a la separación del servicio de 18 agentes.

210.Con respecto a las causas penales, el Fiscal General de Montenegro dijo que, aunque por ley el Ministerio Fiscal puede de oficio instruir sumario, esta posibilidad se utilizaba sólo en circunstancias excepcionales. Dijo también que la Fiscalía promovía una reforma que permitiría a los fiscales supervisar y dirigir las averiguaciones realizadas por la policía.

V. Conclusiones y recomendaciones del Comité

211.Desde el comienzo de la investigación, el Comité examinó una gran cantidad de información de buena fuente relativa a la práctica de la tortura en Serbia y Montenegro antes de octubre de 2000. Esa información fue corroborada por el testimonio aportado a los tres miembros del Comité que visitaron el país por víctimas, testigos y funcionarios del Estado. Basándose en esa información, el Comité llegó a la conclusión de que la tortura se practicaba sistemáticamente en Serbia antes de octubre de 200016. Además, observó con consternación que, a pesar de la gravedad de los asuntos, no se adoptaban medidas significativas para investigarlos, castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas. No obstante, el Comité acogió con satisfacción el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación17 con el mandato de alentar y organizar la investigación de los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional y humanitario y el derecho de la guerra que tuvieron lugar en el territorio de la ex Yugoslavia, con objeto de revelar la verdad y contribuir a la reconciliación general dentro de Serbia y Montenegro y con los países vecinos. Observó que la Comisión se proponía reunir el mayor número de testimonios posible y elaborar una lista de víctimas, pero no necesariamente una lista de los autores materiales de los hechos puesto que carecían de potestad jurisdiccional para castigarlos.

212.A diferencia de la situación que imperaba en el país antes de octubre de 2000, el Comité observó que, con el nuevo régimen político, la incidencia de la tortura parecía haber experimentado un notable descenso y ya no era sistemática18. No obstante, era evidente que seguían dándose casos de tortura, especialmente en las comisarías de policía, y que las reformas de la policía y del poder judicial aún tenían que demostrar plenamente su efectividad en la prevención y el castigo de tales prácticas. A fin de poner término a lo que parecía ser una cultura de impunidad, los funcionarios superiores de policía, los jueces y los fiscales, que aparentemente muestran pasividad frente al problema de la tortura, deben adoptar una actitud más dinámica para afrontarlo. Actualmente, su actuación parece depender en gran medida de que el público ejerza presión sobre ellos para que intervengan en determinados casos, de la presentación de una denuncia por particulares u ONG en representación de éstos o de la interposición de una querella. El Comité desea recordar a este respecto que los Estados Partes están obligados a no escatimar esfuerzos en la investigación de todos los casos de tortura, a resarcir la pérdida o el daño causado y a procesar a los responsables. Además, de conformidad con la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad y del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los Estados Partes también han contraído la obligación de cooperar plenamente con el Tribunal para investigar y enjuiciar a las personas acusadas de cometer infracciones graves del derecho internacional humanitario, incluida la tortura.

213.Teniendo en cuenta estas conclusiones, el Comité consideró procedente hacer las recomendaciones siguientes:

a)Las denuncias relativas a supuestos actos de tortura cometidos por funcionarios públicos en el régimen anterior deberían ser investigadas imparcial y plenamente, los culpables procesados y las víctimas indemnizadas. Los resultados de esas investigaciones deberían hacerse públicos.

b)Debería prestarse plena cooperación al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en particular mediante la detención y entrega de las personas que han sido procesadas y continúan en libertad, así como dándole pleno acceso a los documentos solicitados y a los posibles testigos.

c)La Comisión de la Verdad y la Reconciliación debería estar facultada para investigar todas las denuncias de actos de tortura cometidos en el régimen anterior, publicar sus conclusiones y recomendar medidas correctivas, como la instrucción de sumarios cuando sea procedente. Se debería reconocer a la Comisión, en la medida en que fuere necesario, la potestad y los medios para cumplir su mandato lo antes posible.

d)En la ley deberían existir garantías que impidan la tortura de todas las personas en régimen de detención policial, ya sean acusadas de delitos graves o de otros delitos, y que les permitan comunicar su situación a su familia y tener acceso a un médico y a la asistencia de un letrado de su elección.

e)El Estado Parte debería garantizar plenamente la independencia de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal.

f)El Estado Parte debería adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que las minorías étnicas y religiosas no sean objeto de vejaciones discriminatorias por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad.

g)Debería establecerse un sistema de inspección por expertos independientes de las condiciones de reclusión. Se debería seguir permitiendo que las ONG visiten las cárceles.

h)Debería incorporarse al ordenamiento interno el delito de tortura, tal como se define en la Convención. Se recuerda al Estado Parte que la tortura está considerada un crimen internacional de conformidad con el derecho internacional consuetudinario y con la Convención. La tortura, como cualquier otro crimen internacional, se debería considerar imprescriptible. A la vez, se debería establecer el derecho a una indemnización justa y adecuada y a la rehabilitación, a tenor de lo dispuesto en la Convención.

i)De conformidad con el artículo 12 de la Convención, fiscales y jueces deberían investigar las denuncias de tortura en todos los casos en que vengan en conocimiento de ellas, haya formalizado o no la víctima su denuncia. En particular, todo juez instructor, al tener noticias a través de la declaración de un detenido de que ha sido objeto de actos de tortura, debería iniciar sin demora una investigación efectiva del caso.

j)En vista de lo que parece ser una cultura de impunidad, la investigación de los casos de tortura debería ser pronta, imparcial y efectiva. Debería comprender un reconocimiento médico efectuado de conformidad con el Protocolo de Estambul sobre la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

k)Los funcionarios de las fuerzas de seguridad deberían tener a su disposición todos los métodos y equipo modernos, así como haber recibido la formación profesional necesaria para llevar a cabo investigaciones penales justas y eficaces.

l)Todos los funcionarios de las fuerzas de seguridad deberían recibir formación sobre las normas internacionales relativas a la custodia y el trato de los detenidos, de conformidad con la Convención y con el Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

m)El reconocimiento médico de todos los reclusos se debería llevar a cabo en todas las prisiones durante las primeras 24 horas a partir del ingreso. El reconocimiento médico de toda persona detenida o presa debería comprender: i) un resumen de las declaraciones hechas por el interesado que sean pertinentes para el examen médico, en particular su propia descripción de su estado de salud y toda denuncia de malos tratos; ii) un resumen de los resultados clínicos objetivos basados en un reconocimiento minucioso; iii) la conclusión del facultativo a la luz de los incisos i) y ii). Además, el resultado del examen médico antes mencionado debería ser comunicado al recluso y a su abogado.

n)Habría que lograr que jueces, fiscales y abogados adquiriesen plena conciencia de las obligaciones internacionales de Serbia y Montenegro en la esfera de los derechos humanos, especialmente los enunciados en la Convención.

o)El Estado Parte debería establecer un mecanismo independiente para investigar todas las violaciones de derechos humanos, cada vez que se produzcan, que sean puestas en su conocimiento.

p)Las personas acusadas de haber cometido actos de tortura deberían ser suspendidas en sus funciones oficiales durante la investigación de las acusaciones. Los que fueren declarados culpables deberían ser separados de la función pública independientemente de cualquier otra pena que se les impusiere.

q)Habría que adoptar medidas para garantizar que los mecanismos de supervisión interna de la policía funcionen prontamente y sean independientes y eficaces. Convendría crear dentro del cuerpo de policía un servicio independiente de vigilancia con amplios poderes de supervisión e intervención.

r)El Estado Parte debería elaborar planes adecuados para indemnizar a las víctimas de la tortura.

s)El Estado Parte debería elaborar programas oficiales de rehabilitación de las víctimas de la tortura. Hasta ahora, sólo instituciones privadas han elaborado programas de esta índole.

t)El Estado Parte debería instar a la República de Montenegro a que adopte las garantías incluidas en el nuevo Código de Procedimiento Penal que sean pertinentes para la prevención de la tortura y los malos tratos.

VI. Aprobación y transmisión al Estado Parte del informe del Comité

214.En su 29º período de sesiones, el Comité aprobó el informe de su investigación y acordó transmitirlo al Estado Parte de conformidad con el párrafo 4 del artículo 20 de la Convención. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 83 de su reglamento, el Comité invitó al Estado Parte a informar al Comité de las medidas que hubiere adoptado en respuesta a sus conclusiones y recomendaciones.

VII. Resumen de la respuesta del Estado Parte

215.El 13 de octubre de 2003, el Estado Parte informó al Comité de que sus recomendaciones eran muy importantes para las actividades de promoción de los derechos humanos que se llevarían a cabo en el marco de los programas de asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con arreglo al protocolo de intenciones firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Serbia y Montenegro y la Oficina del Alto Comisionado.

Garantías contra la tortura y otras formas de punición inadmisibles

216.La Carta de los derechos humanos y las minorías y de las libertades de los ciudadanos, publicada en el Boletín Oficial de la Unión Estatal Nº 6/2003, establece en su artículo 12, no sólo la prohibición de la tortura, sino también una prohibición expresa de cualquier trato o pena inhumano o degradante. En este sentido, representa un avance con respecto a la Constitución de la República Federativa de Yugoslavia y las Constituciones de las Repúblicas de Serbia y Montenegro.

217.El Código Penal Básico de Serbia y Montenegro y los códigos penales de cada Estado tipifican como delito la detención ilegal, la obtención de declaraciones por la fuerza y los malos tratos en el ejercicio de las funciones. Con ocasión de la aprobación de las enmiendas al Código Penal de la República Federativa de Yugoslavia (actualmente el Código Penal Básico) en 2001, se consideró que las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Convención estaban incorporadas en los artículos 190 y 191, así como en los artículos 65 y 66 del Código Penal de la República de Serbia y los artículos 47 y 48 del Código Penal de la República de Montenegro. Por otra parte, el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal de 2001 establece que toda violencia contra un detenido o una persona privada de libertad, así como la obtención por la fuerza de la confesión u otra declaración de un inculpado o de cualquier otra persona implicada en una causa criminal, están prohibidas y constituyen hecho punible. Se remite también a otras disposiciones del Código relativas al interrogatorio, la prohibición del uso de la fuerza, la obligación del tribunal de no tener en cuenta las declaraciones obtenidas bajo tortura y a eliminar de la causa las declaraciones obtenidas contraviniendo a las prohibiciones, etc.

218.Las leyes de los dos Estados concernientes a la aplicación de las sanciones penales no enuncian una prohibición absoluta de la tortura y otros tratos análogos. No obstante, disponen que se tratará a los condenados como seres humanos. Los dos Estados también han adoptado medidas para reformar su legislación con objeto de garantizar el principio de la independencia del poder judicial con respecto al poder ejecutivo. En la República de Serbia la Ley del Poder Judicial fue modificada en marzo de 2003 para armonizarla con las normas internacionales. Está previsto modificar pronto el Código Penal para tipificar la tortura como infracción penal.

219.El Gobierno de la República de Montenegro ha establecido un grupo de trabajo para elaborar una ley penal, una ley de procedimiento criminal y una ley del ministerio fiscal. Está previsto incorporar el delito de tortura en la ley penal. Se prevé que el Código de Procedimiento Penal disponga que se verifiquen las denuncias de tortura y otros tratos y penas inhumanos durante la fase de investigación e instrucción.

Cargos formulados en las causas instruidas por actos de tortura y malos tratos y juicios celebrados en el período de 1992 a 2002

220.Entre el 1º de enero de 1992 y el 30 de septiembre de 2002, el Ministerio del Interior de la República de Serbia imputó 32 cargos a 43 funcionarios de policía inculpándolos de haber cometido 21 delitos de malos tratos, 6 delitos de detención ilegal, 3 delitos de coacción con miras a realizar el acto sexual, 3 delitos de acceso carnal antinatural prevaliéndose de su cargo y para obtener por la fuerza una declaración y 1 delito de acceso carnal en relación con el delito de coacción con miras a realizar el acto sexual o de acceso carnal antinatural prevaliéndose de su cargo. El mayor número de imputaciones se realizó en 2001 y 2002.

221.Entre el 1º de enero de 2000 y el 31 de octubre de 2002, los ciudadanos presentaron 4.625 denuncias contra el comportamiento de la policía. De ellas, 523 fueron consideradas fundadas y, a consecuencia de ello, se adoptaron medidas disciplinarias contra 158 funcionarios por incumplimiento grave de las obligaciones de su cargo y contra 111 funcionarios por incumplimiento leve. En espera de la conclusión de las actuaciones, 32 funcionarios fueron separados del servicio. Otros fueron inculpados por 10 delitos y 14 faltas y el contrato de trabajo de 4 funcionarios fue rescindido de común acuerdo. Se determinó que 2.929 denuncias eran infundadas mientras que 1.173 están siendo investigadas. La mayor parte de las causas instruidas (imputación de 32 delitos a 43 funcionarios) se debían al uso inadecuado o excesivo de la fuerza al emplear medios coercitivos. Tres personas murieron y otras cinco sufrieron lesiones graves de resultas de esos incidentes. Al concluir las actuaciones, 12 funcionarios fueron condenados a penas de 80 días a 6 años de prisión.

222.Se tomaron medidas disciplinarias contra 32 funcionarios. Cuatro de ellos fueron sancionados con la separación del servicio, 10 fueron multados y 5 fueron trasladados a otro destino. Se retiraron los cargos contra 2 funcionarios, 5 fueron absueltos y las actuaciones contra otros 6 están pendientes de resolución.

223.Además de las medidas jurídicas adoptadas de oficio por el Ministerio del Interior, ciudadanos particulares denunciaron directamente al Ministerio Fiscal a 1.578 funcionarios acusándolos de la comisión de 1.076 delitos, en su mayoría del delito de malos tratos durante el ejercicio de su función (930), seguido del de obtención por la fuerza de una declaración (124) y del de detención ilegal. En la mayoría de los casos, la denuncia se consideró infundada y el fiscal se abstuvo de todo procedimiento.

224.En sus resoluciones sobre la indemnización de las víctimas, los tribunales han empezado a aplicar directamente la Convención contra la Tortura.

225.En Montenegro se tomaron medidas disciplinarias contra 258 funcionarios de policía en el período comprendido entre el 1º de julio de 2001 y el 1º de septiembre de 200219. Últimamente, se ha centrado la atención en la reglamentación y limitación de las atribuciones de la policía, en particular con respecto al uso de la fuerza y las armas de fuego, la detención, el trato de las personas detenidas y el nombramiento de un abogado defensor en el momento del primer interrogatorio durante el período de detención policial.

226.En lo que concierne a la recomendación del Comité contra la Tortura en el caso del romaní de Danilovgrad, el Gobierno de Montenegro autorizó al Fiscal del Estado a llegar a una transacción judicial para indemnizar a las víctimas por los daños materiales y morales con la suma de 985 dinares.

Garantías contra la tortura de presos y penados

227.En Serbia, los presos y penados están autorizados a formular quejas al Director del Departamento de Ejecución de Sanciones Penales y su dependencia orgánica, el servicio de vigilancia.

228.Cada establecimiento habitualmente es objeto de una inspección anual. Además de la vigilancia interna, los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja visitan los establecimientos penitenciarios. Entre 1999 y diciembre de 2002 se realizaron 215 visitas.

229.Un largo período de dificultades económicas en el país ha influido radicalmente en el funcionamiento de los establecimientos destinados al cumplimiento de las sanciones penales. En los últimos dos años, se ha intentado mejorar la situación financiera de los funcionarios penitenciarios y sus incentivos laborales. De resultas de ello, también ha mejorado el trato de los penados. También se han hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de detención.

Medidas adoptadas para la formación de los funcionarios de las fuerzas de seguridad

230.Los funcionarios de policía de los dos Estados de la Unión reciben formación para la prevención de la tortura. En la República de Serbia se está elaborando una nueva normativa sobre la policía y la formación policial que se espera que pueda ser aprobada en el otoño de 2003. El Ministerio del Interior ha decidido crear el puesto de Inspector General que garantizará que los métodos policiales sean conformes a la legislación. Los funcionarios del Ministerio del Interior adquieren conciencia de los instrumentos de derechos humanos, especialmente la prohibición de la tortura, el derecho humanitario y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la formación que reciben en las escuelas de policía de nivel secundario y superior y en la Academia de Policía, así como durante seminarios.

231.En la República de Montenegro, se ha sometido al Parlamento un nuevo proyecto de ley de policía. Esta normativa legal promueve un nuevo concepto de la administración pública y su relación con el público que implica una transparencia, apertura y cooperación plenas. Además, se está elaborando un código de conducta. En 2003 se celebraron varias conferencias y seminarios sobre los derechos humanos y el mantenimiento del orden. Se organizó, con ayuda del Centro de Derecho Humanitario, un cursillo especializado de derecho internacional humanitario para jueces, fiscales, abogados en ejercicio e inspectores de policía. También se celebraron seminarios para la policía de proximidad.

Cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

232.Serbia y Montenegro atribuye gran importancia a su cooperación con el Tribunal en virtud de la Ley de cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. A tenor de lo dispuesto en esta ley, se creó un Consejo Nacional de Cooperación. El Consejo estableció un procedimiento gradual de cooperación. Demuestran esa cooperación el traslado de procesados, la presentación de documentos, la asistencia prestada para la audiencia de los testigos y presuntos responsables, las actuaciones en los tribunales nacionales y la ejecución de medidas de protección. Hasta la fecha, 9 personas procesadas han sido detenidas y entregadas al Tribunal y otras 12 que residían en el país se han entregado voluntariamente.

233.El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha remitido a las autoridades 17 mandamientos para la detención de otros procesados, entre ellos Radovan Karadzic, ex líder serbobosnio, el general Ratko Mladic, antiguo jefe militar serbobosnio, Vladimir Kovacevic, ex miembro de las Fuerzas Armadas de Serbia y Montenegro y 14 soldados del ejército serbobosnio. Contra la mayoría de ellos se han dictado órdenes de búsqueda y captura, que muy pronto se dictarán también contra otros dos. Entre comienzos del año 2001 y mayo de 2003, Serbia y Montenegro han satisfecho 99 peticiones de presentación de documentos formuladas por la Fiscalía del Tribunal. Sólo en ocho casos se respondió que no se podía satisfacer la petición de la Fiscalía o se comunicó que los documentos solicitados no existían. Además, 14 peticiones fueron satisfechas parcialmente al presentarse una parte de los documentos solicitados.

234.En lo que concierne a los testigos, la cooperación consiste en la búsqueda, notificación y entrega de cédulas de citación o renuncia a los testigos para que declaren sobre cuestiones de información reservada o confidencial. Entre comienzos de 2001 y principios de mayo de 2003, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia o la sala de primera instancia formuló 115 peticiones; en sólo diez de ellas las personas requeridas no pudieron ser identificadas. Serbia y Montenegro atiende aún otras peticiones del Tribunal, como las de organizar reuniones con autoridades gubernamentales, autorizar la presencia de investigadores del Tribunal durante la exhumación de cadáveres, etc.

235.Además, los tribunales nacionales han juzgado o están juzgando varios otros casos. En julio de 2003 se aprobó una ley relativa a la organización y competencia de las autoridades estatales en los procesos contra los autores de crímenes de guerra, en particular los comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 5 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. De conformidad con esa ley, las autoridades de la República de Serbia tienen potestad para procesar a los autores de crímenes de guerra cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, sea cual fuere la nacionalidad del autor o de la víctima del hecho punible. La Ley dispone que se creará la Oficina del Fiscal Especial para los Crímenes de Guerra, que ya ha sido nombrado. Establece también que el tribunal competente para conocer de los casos de crímenes de guerra es el Tribunal de Distrito de Belgrado.

VIII. Información recibida por el Comité después de su visita a Serbia y Montenegro

236.Durante 2003 y comienzos de 2004, varias ONG presentaron al Comité información en la que, entre otras cosas, se denunciaba la continuación de los malos tratos infligidos por la policía a los presuntos responsables de hechos delictivos, el incumplimiento por el Estado Parte de su obligación de cooperar plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, los insuficientes esfuerzos de promover el procesamiento de los criminales de guerra ante los tribunales internos y las deficiencias del ordenamiento interno para poner a disposición judicial a los responsables de crímenes de guerra.

237.Se informó en particular que durante la investigación del asesinato del Primer Ministro Zoran Djindjic, en marzo de 2003, se detuvo a 10.000 personas, aproximadamente. Esas personas fueron retenidas sin que un órgano jurisdiccional competente lo autorizara y sin que pudieran tener acceso a asistencia letrada ni a sus familiares, en algunos casos por un período de hasta dos meses, en virtud de disposiciones de urgencia adoptadas después del asesinato. Los informes indican también que se han generalizado los malos tratos a detenidos y presos, equiparables a veces a la tortura.

238.Se informó también de una serie de casos, algunos de los cuales estaban relacionados con las investigaciones del asesinato del Primer Ministro, supuestamente ocurridos tanto en Serbia como en Montenegro.

239.El Comité tomó nota con inquietud de la información precedente.

IX. Publicación del resumen de los resultados de la investigación

240.En su 31º período de sesiones, el Comité decidió invitar al Estado Parte, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 20 de la Convención y del artículo 84 de su reglamento, a que le comunicara sus observaciones acerca de la posible publicación de un resumen de los resultados de la investigación en su informe anual. El 1º de marzo de 2004, el Estado Parte contestó que aceptaba que se publicara. En su 32º período de sesiones, el Comité aprobó el resumen y decidió incorporarlo en su informe anual.

V. EXAMEN DE LAS QUEJAS EN VIRTUD DEL

ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Información general

241.De conformidad con el artículo 22 de la Convención, las personas que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de las disposiciones de la Convención pueden presentar quejas al Comité contra la Tortura para que éste las examine con arreglo a las condiciones establecidas en dicho artículo. De los 136 Estados que se han adherido a la Convención o la han ratificado, 56 han declarado que reconocen la competencia del Comité para recibir y examinar quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención. La lista de dichos Estados figura en el anexo III. El Comité no puede examinar ninguna queja que se refiera a un Estado Parte en la Convención que no ha reconocido la competencia del Comité en virtud del artículo 22.

242.El examen de las quejas de conformidad con el artículo 22 de la Convención tiene lugar en sesiones privadas (párrafo 6 del artículo 22). Todos los documentos relativos a la labor del Comité en virtud del artículo 22 (como las exposiciones de las partes y demás documentos de trabajo) son confidenciales.

243.En virtud del artículo 107 del reglamento, para decidir la admisibilidad de una queja, el Comité, su grupo de trabajo o un relator designado con arreglo al artículo 98 o al párrafo 3 del artículo 106 comprobarán: que la persona alega ser víctima de una violación por el Estado Parte interesado de cualquiera de las disposiciones de la Convención; que la queja no constituye un abuso del proceso del Comité ni es manifiestamente infundada; que no es incompatible con las disposiciones de la Convención; que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional; que el autor de la queja ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que el tiempo transcurrido desde el agotamiento de los recursos internos no es tan injustificadamente largo como para que el examen de las denuncias plantee dificultades indebidas al Comité o al Estado Parte.

244.Con arreglo al artículo 109 del reglamento, tan pronto como sea posible una vez que se haya registrado la queja, ésta será transmitida al Estado Parte con la solicitud de que presente por escrito una respuesta en un plazo de seis meses. A menos que el Comité, el grupo de trabajo o un relator, a causa del carácter excepcional del caso, hayan decidido solicitar una respuesta únicamente con respecto a la cuestión de la admisibilidad, el Estado Parte incluirá en su respuesta explicaciones o declaraciones relativas a la admisibilidad y el fondo de la queja, así como a toda medida correctiva que se haya adoptado. Todo Estado Parte podrá solicitar, dentro del plazo de dos meses, que la queja sea rechazada por ser inadmisible. El Comité o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán acceder a separar el examen de la admisibilidad del examen del fondo o negarse a hacerlo. Tras la adopción de una decisión separada sobre la admisibilidad, el Comité fija la fecha límite para la presentación de información caso por caso.

245. El Comité, su grupo de trabajo o un relator pueden solicitar al Estado Parte interesado o al autor de la queja que presenten por escrito información adicional, aclaraciones u observaciones y fijarán un plazo para su presentación. En el plazo fijado por el Comité, el grupo de trabajo o un relator, el Estado Parte o el autor de la queja podrán tener la oportunidad de hacer observaciones sobre cualquier documento presentado por la otra parte. La falta de presentación de dichas observaciones generalmente no deberá retrasar el examen de la queja. Si el Estado Parte o el autor de la queja no pueden presentar la información solicitada en el plazo fijado, se insta a éstos a que soliciten una prórroga del plazo. De no solicitar la prórroga, el Comité o su grupo de trabajo podrán decidir examinar la admisibilidad y/o el fondo de la queja sobre la base de la información disponible. En su 30º período de sesiones, el Comité decidió incluir un párrafo estándar en toda nota verbal o carta de envío dirigida al Estado Parte o al autor de la queja en el que se fija un plazo para presentar observaciones sobre la exposición de la otra parte. Este párrafo sustituye la antigua práctica de enviar recordatorios que causaban demoras en el examen de las quejas.

246.El Comité decide sobre una queja a la luz de toda la información que le hayan facilitado el autor de la queja y el Estado Parte. Las conclusiones del Comité se comunican a las partes (párrafo 7 del artículo 22 de la Convención y artículo 112 del reglamento) y se ponen a disposición del público en general. También se publica el texto de las decisiones del Comité por las que se declaran inadmisibles las quejas en virtud del artículo 22 de la Convención, sin que se dé a conocer la identidad del autor de la queja y en cambio sí la del Estado Parte interesado.

247.A tenor del párrafo 1 del artículo 115 del reglamento, el Comité podrá incluir en su informe anual un resumen de las comunicaciones examinadas. El Comité también incluirá en su informe anual el texto de sus decisiones adoptadas de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención

B. Medidas provisionales de protección

248.Los autores de las quejas solicitan a menudo una protección provisional, en particular en los casos relacionados con una expulsión o extradición inminentes, invocando al respecto el artículo 3 de la Convención. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 108 del reglamento, en cualquier momento después de la recepción de una queja, el Comité, su grupo de trabajo o el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales podrán transmitir al Estado Parte interesado una solicitud para que adopte las medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de las presuntas violaciones. Se informará al Estado Parte de que dicha solicitud no implicará ningún juicio sobre la admisibilidad o el fondo de la queja. El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales verifica que se cumplan las solicitudes del Comité de adopción de medidas provisionales. El Estado Parte podrá informar al Comité de que las razones que motivaron las medidas provisionales han desaparecido o exponer las causas por las que deban ser retiradas. El Relator, el Comité o su grupo de trabajo, podrán retirar la solicitud de adopción de medidas provisionales.

249.El Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales ha elaborado los métodos de trabajo relativos al retiro de las solicitudes de medidas provisionales. Cuando las circunstancias sugieren que la solicitud de medidas provisionales puede ser examinada antes de que se examine el fondo de la cuestión, deberá añadirse a dicha solicitud una oración estándar en que se diga que la solicitud se formula sobre la base de la información contenida en la exposición del autor y que puede revisarse, a iniciativa del Estado Parte, a la luz de la información y los comentarios recibidos del Estado Parte y, en su caso, todo otro comentario adicional del autor de la queja.

250. Otra alternativa es, como ocurrió en un caso registrado en el período que se examina, que se denieguen inicialmente a los autores las medidas provisionales a falta de información suficiente que habría justificado una solicitud en virtud del párrafo 1 del artículo 108 del reglamento. Sin embargo, posteriormente el Relator para las quejas nuevas y las medidas provisionales solicitó al Estado Parte que no expulsara a los autores a su país de origen a la luz de la información adicional proporcionada por ellos.

251.Durante el período que se examina, el Relator solicitó a los Estados Partes que aplazaran la expulsión, deportación o extradición en varios casos para que el Comité pudiera examinar las quejas en virtud de su procedimiento. Todos los Estados Partes interesados accedieron a la solicitud de aplazamiento del Comité. En nueve casos de deportación/expulsión registrados durante el período que se examina, el Relator no consideró necesario, tras un atento examen de las comunicaciones, solicitar a los Estados Partes interesados que adoptaran medidas provisionales para evitar daños irreparables a los autores de las quejas al regreso a sus países de origen.

C. Marcha de los trabajos

252.En el momento de aprobar el presente informe, el Comité había registrado 249 quejas con respecto a 23 países. Se suspendió el examen de 59 de ellas y 44 fueron declaradas inadmisibles. El Comité había adoptado decisiones finales sobre el fondo de la cuestión respecto de 99 quejas determinando que se había violado la Convención en 25 de ellas. En total, quedaron pendientes de examen 47 quejas.

253.En su 31º período de sesiones, el Comité declaró admisible una queja, que se examinará en cuanto al fondo, y declaró inadmisible la queja Nº 236/2003 (A.T.A. c. Suiza).

254.También en su 31º período de sesiones, el Comité adoptó decisiones sobre el fondo respecto de las comunicaciones Nos. 153/2000 (Z. T. c. Australia), 186/2001 (K. K. c. Suiza), 187/2001 (Thabti c. Túnez), 188/2001 (Abdelli c. Túnez), 189/2001 (Ltaief c. Túnez), 199/2001 (H. A. c. Suecia), 203/2002 (A. R. c. los Países Bajos), 209/2002 (M. O. c. Dinamarca), 210/2002 (V. R. c. Dinamarca), 213/2002 (E. J. V. M. c. Suecia), 215/2002 (J. A. G. V. c. Suecia) y 228/2003 (T. M. c. Suecia). El texto de estas decisiones se reproduce en el anexo VII del presente informe.

255.En sus decisiones sobre las comunicaciones Nos. 153/2000 (Z. T. c. Australia), 186/201 (K. K. c. Suiza), 203/2002 (A. R. c. los Países Bajos), 209/2002 (M. O. c. Dinamarca), 210/2002 (V. R. c. Dinamarca), 213/2002 (E. J. V. M. c. Suecia) y 215/2002 (J. A. G. V. c. Suecia), el Comité consideró que los autores de las quejas no habían demostrado que correrían un riesgo previsible, real y personal de ser torturados a su regreso a sus países de origen. Por consiguiente, el Comité llegó a la conclusión en cada uno de los casos de que el traslado de los autores de las quejas a esos países no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

256.En su decisión sobre la comunicación Nº 199/2001 (H. A. c. Suecia), la autora de la queja alegó que su expulsión a Egipto le haría correr el riesgo de ser sometida a tortura, dado que su marido había sido expulsado a ese país por su presunta participación en actividades terroristas. El Comité estimó que, a luz de las seguridades dadas por el Estado receptor, Egipto, en relación con el trato que se le daría a ella y a su marido después del retorno, así como el propio compromiso del Estado Parte de vigilar periódicamente la situación de la autora mediante visitas de funcionarios de su embajada o consulado, la autora de la queja no había justificado su afirmación de que su expulsión violaría el artículo 3 de la Convención.

257.En su decisión sobre la comunicación Nº 228/2003 (T. M. c. Suecia), el Comité estimó que la expulsión del autor a Bangladesh, en donde supuestamente había sido torturado por ser miembro de un partido político ilegal, no constituía una violación del artículo 3 de la Convención, dado que habían transcurrido seis años desde las presuntas torturas y que el propio partido político del autor había pasado a integrar el Gobierno. Además, el Comité declaró inadmisible rationae materiae las alegaciones hechas con arreglo a los artículos 2 y 16 de la Convención de que la expulsión del autor expondría a éste a posibles malos tratos en Bangladesh, y observó que el alcance de la obligación de no devolución descrita en el artículo 3 no comprende las situaciones de maltrato previstas en el artículo 16. También estimo que el autor no probó suficientemente, a efectos de la admisibilidad, que pese a los problemas de salud mental su expulsión de Suecia violaba el artículo 16 de la Convención; a ese respecto, consideró que la agravación del estado de salud física o mental de una persona provocada por la expulsión es en general insuficiente para que se la estime equivalente a un trato degradante en el sentido de lo dispuesto en ese artículo, y que el autor no demostró que en Bangladesh no tendría posibilidades de recibir la atención médica apropiada.

258. En sus decisiones sobre las comunicaciones Nº 187/2001 (Thabti c. Túnez), 188/2001 (Abdelli c. Túnez) y 189/2001 (Ltaief c. Túnez), el Comité estimó que el hecho de que el Estado Parte no investigara las alegaciones detalladas de tortura de los autores hechas ante las autoridades judiciales, en relación con sus juicios por participación en una tentativa de golpe de Estado o apoyo a una organización ilegal, constituía una violación de los artículos 12 y 13 de la Convención. Destacó que la obligación, prevista en el artículo 13, de examinar con prontitud e imparcialidad las alegaciones de ese tipo, en particular la realización de un examen médico inmediatamente después de las alegaciones de abuso, no está sujeta a la presentación formal de una denuncia de tortura con arreglo a los procedimientos nacionales o a una declaración de intención formulada expresamente a tal fin. Basta que la presunta víctima se limite a señalar los hechos a la atención del Estado Parte.

259. En su 32º período de sesiones, el Comité declaró admisible una queja, que se examinaría en cuanto al fondo, y declaró inadmisibles las comunicaciones Nos. 202/2002 (H. J. c. Dinamarca), 225/2003 (R. S. c. Dinamarca), 229/2003 (H. S. V. c. Suecia) y 243/2004 (S. A. c. Suecia).

260. También en su 32º período de sesiones, el Comité adoptó decisiones en cuanto al fondo respecto de las comunicaciones Nos. 135/1999 ( S. G. c. los Países Bajos), 148/1999 (A. K. c. Australia), 182/2001 (A. I. c. Suiza), 183/2001 (B. S.S. c. el Canadá), 196/2002 (M. A. M. c. Suecia),  y 214/2002 (M. A. K. c. Alemania). El texto de estas decisiones se reproduce en el anexo VII del presente informe.

261. En sus decisiones sobre las comunicaciones Nos. 135/1999 (S. G. c. los Países Bajos), 148/1999 (A. K. c. Australia), 182/2001 (A. I . c. Suiza) y 196/2002 (M. A. M. c. Suecia), el Comité estimó que los autores no demostraron que correrían un riesgo previsible, real y personal de ser sometidos a tortura a su regreso a sus países de origen. Por consiguiente, el Comité llegó a la conclusión en cada caso de que el traslado de los autores a sus países de origen no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

262. En su decisión sobre la comunicación Nº 183/2001 (B. S. S. c. el Canadá), el Comité estimó que la deportación del autor a la India, 13 años después de haber sido presuntamente torturado por la policía de Punjab, no violaría el artículo 3 de la Convención, dado que las pruebas presentadas por el autor se referían exclusivamente al riesgo de ser torturado en Punjab. Consideró que el autor de la queja no demostró la imposibilidad de vivir en otra parte de la India sin correr el peligro de ser torturado y sostuvo que, aunque establecerse fuera de Punjab comportaría muchas molestias para él, la mera posibilidad de no volver a reunirse con su familia y regresar a su aldea de origen no equivaldría a tortura en el sentido de los artículos 1 y 3 de la Convención. El Comité declaró inadmisible el argumento del autor de que su regreso forzoso a la India le causaría un grave trauma emocional, lo que sería contrario al artículo 16 de la Convención, y observó que, aunque su deportación podía suscitar temores subjetivos, éstos no constituirían un trato cruel, inhumano y degradante en el sentido del artículo 16.

263. En la comunicación Nº 214/2002 (M. A. K. c. Alemania), el autor, un nacional turco de origen curdo había solicitado la reapertura del procedimiento de asilo en Alemania después de que su solicitud inicial de asilo había sido rechazada mediante una decisión final de un tribunal alemán. Si bien seguía pendiente el procedimiento judicial nacional en relación con la solicitud de reapertura del procedimiento de asilo, el Comité declaró admisible la queja debido a que se había denegado por decisión final la solicitud simultánea del autor de una orden provisional que suspendiera su deportación inminente, y que el procedimiento principal no tenía efecto suspensivo. Sin embargo, el Comité estimó que la deportación del autor a Turquía no sería violatorio del artículo 3 de la Convención, dado que no había corroborado su afirmación de que había participado en un campamento de formación del PKK en los Países Bajos, y que su participación en el corte de una autopista por simpatizantes del PKK en 1994, por el que se le había impuesto una condena condicional de prisión, no constituía un tipo de actividad que expusiera particularmente al autor al riesgo de ser sometido a torturas al regresar a Turquía. Al mismo tiempo, el Comité acogió con satisfacción el ofrecimiento del Estado Parte de vigilar la situación del autor a su regreso a Turquía y pidió a este último que lo mantuviera informado al respecto.

D. Actividades de seguimiento

264. En su 28º período de sesiones, celebrado en mayo de 2002, el Comité contra la Tortura revisó su reglamento y estableció la función de un Relator para el seguimiento de las decisiones sobre las quejas presentadas en virtud del artículo 22. El Comité decidió que el Relator tendría el mandato de, entre otras cosas:

a)Vigilar el cumplimiento de las decisiones del Comité mediante pedidos de información a los Estados Partes acerca de las medidas adoptadas en aplicación de las decisiones del Comité;

b)Recomendar al Comité medidas apropiadas cuando no haya respuesta de los Estados o al recibir una carta del autor de una queja sobre el incumplimiento de las decisiones del Comité;

c)Reunirse con los representantes de los Estados Partes para promover el cumplimiento de las decisiones del Comité y determinar si sería apropiado o conveniente que el ACNUDH prestara servicios de asesoramiento o de asistencia técnica;

d)Realizar, con la aprobación del Comité, visitas de seguimiento a los Estados Partes;

e)Presentar al Comité informes periódicos sobre sus actividades.

265.El Relator para el seguimiento de las decisiones presentó el primer informe escrito al Comité en su 32º período de sesiones. El informe contenía información recibida hasta el 3 de mayo de 2004, ya sea de los autores de las quejas o de los Estados Partes, sobre el seguimiento de distintas decisiones en las que el Comité había estimado que se había violado la Convención. En la siguiente lista por países figura un breve resumen de esas decisiones y la información recibida.

Serbia y Montenegro

266.Hajrizi Dzemajl y otros c. Yugoslavia, comunicación Nº 161/2000, decisión adoptada el 21 de noviembre de 2002. La comunicación se refería al incendio y destrucción de viviendas de romaníes por no romaníes en abril de 1995. El Comité estimó que se habían violado el párrafo 1 del artículo 16, y los artículos 12 y 13 de la Convención, y recomendó que se efectuara una investigación adecuada de los hechos, que se procesara y condenara a los responsables de esos actos y que se concediera reparación a los autores de la queja, incluida una indemnización justa y adecuada. El Comité pidió al Estado Parte que le informara en un plazo de 90 días a partir de la fecha de transmisión de la decisión, es decir antes del 13 de marzo de 2003, de las medidas que hubiera adoptado en respuesta a sus observaciones.

267.El 4 de agosto y el 24 de septiembre de 2003, el Estado Parte informó al Comité de que tenía previsto conceder una indemnización de 985.000 euros a los autores de la queja. En una carta de 2 de febrero de 2004 dirigida al Estado Parte, el Relator expresó satisfacción por la intención de conceder una indemnización pero recordó que, para aplicar cabalmente la decisión, se pedía también al Estado Parte que procesara a los responsables, y le solicitó que le informara al respecto. Se hizo la misma petición a un representante del Estado Parte con quien el Relator se reunió el 30 de abril de 2004. El 6 de mayo de 2004, el Estado Parte respondió que había otorgado indemnización a los autores y que, por lo tanto, todas las obligaciones derivadas de la decisión del Comité habían sido cumplidas por el Gobierno de Montenegro.

268.Ristic c. Yugoslavia, comunicación Nº 113/1998, decisión adoptada el 11 de mayo de 2001. Esta comunicación se refería a la falta de una investigación sobre alegaciones de tortura en circunstancias en que la causa de la muerte de la víctima no era clara. El Comité estimó que se habían violado los artículos 12 y 13 de la Convención y recomendó que se concediera una reparación adecuada. Después de una reunión con un representante del Estado Parte el 30 de abril de 2004, se informó al Relator el 3 de mayo de 2004 de que la Oficina del Fiscal en Sabac había ordenado la exhumación del cuerpo de Milan Ristic y una autopsia a fin de determinar si existían nuevas pruebas que justificaran reabrir la causa. La exhumación se realizó el 20 de abril de 2004 y los resultados se comunicarían al Comité una vez que estuvieran listos.

Suecia

269.Chedli Ben Ahmed Karoui c. Suecia,comunicación Nº 185/2001, decisión adoptada el 8 de mayo de 2002. Este caso se refería al riesgo de tortura si el autor fuera devuelto a Túnez. El Comité estimó que se había violado el artículo 3 de la Convención. El 11 de diciembre de 2002, el Estado Parte informó al Comité de que el autor y su familia habían presentado una nueva solicitud ante la Junta de Apelación de Extranjeros en la que, entre otras cosas, solicitaban un permiso de residencia, y de que se había invocado la decisión del Comité para respaldar la solicitud. El 4 de junio de 2002, la Junta revocó las decisiones de expulsión del autor y su familia, a quienes posteriormente se otorgó permisos de residencia.

Túnez

270.M'Barek c. Túnez, comunicación Nº 60/1996, decisión adoptada el 10 de noviembre de 1999. Esta comunicación se refería a la falta de una investigación sobre alegaciones de tortura en circunstancias en que la causa de la muerte de la víctima no era clara. El Comité estimó que se habían violado los artículos 12 y 13 de la Convención y recomendó que el Estado Parte le informara en el plazo de 90 días de las medidas adoptadas en respuesta a sus observaciones. En una carta de fecha 15 de abril de 2002, el Estado Parte objetó la decisión y la interpretación de los hechos que figuraba en la decisión del Comité.

271.Thabti c. Túnez, comunicación Nº 187/2001, Abdelli c. Túnez, comunicación Nº 188/2001, Ltaief c. Túnez, comunicación Nº 189/2001, decisiones adoptadas el 14 de noviembre de 2003. Las comunicaciones se referían a torturas supuestamente infligidas a sus autores. El Comité estimó que se habían violado los artículos 12 y 13 de la Convención y recomendó que el Estado Parte realizara una investigación de las alegaciones y le informara en el plazo de 90 días de las medidas adoptadas.

272.En su respuesta de 26 de marzo de 2004, el Estado Parte impugnó la decisión del Comité y reiteró los argumentos presentados durante el examen de la queja. Sostuvo que ésta constituía un abuso del proceso, que los autores no agotaron los recursos internos y que los motivos de las ONG que representaban a los autores no eran legítimos. Además, el Estado Parte pidió al Comité que "reconsiderara" la queja.

VI. REUNIONES FUTURAS DEL COMITÉ

273.A solicitud de uno de sus miembros, el Comité decidió que su 35º período de sesiones se celebraría del 14 al 25 de noviembre de 2004, en lugar del 7 al 18 de noviembre de 2005, como se indicó en el ultimo informe anual.

VII. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ SOBRE SUS ACTIVIDADES

274.De conformidad con el artículo 24 de la Convención, el Comité presentará un informe anual sobre sus actividades a los Estados Partes y a la Asamblea General. Puesto que el Comité celebra su segundo período ordinario de sesiones de cada año civil a fines de noviembre, lo que coincide con los períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General, el Comité aprueba su informe anual al finalizar su período de sesiones de primavera para transmitirlo oportunamente a la Asamblea General durante el mismo año civil. Por consiguiente, en su 619ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 2004, el Comité examinó y aprobó por unanimidad el informe sobre sus actividades en sus períodos de sesiones 31º y 32º.

Anexo I

ESTADOS QUE HAN FIRMADO O RATIFICADO LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, O QUE SE HAN ADHERIDO A ELLA AL 21 DE MAYO DE 2004

Estado

Fecha de la firma

Fecha de recepción del instrumento de ratificación o de adhesión

Afganistán

4 de febrero de 1985

1º de abril de 1987

Albania

11 de mayo de 1984a

Alemania

13 de octubre de 1986

1º de octubre de 1990

Antigua y Barbuda

19 de julio de 1993 a

Arabia Saudita

23 de septiembre de 1997 a

Argelia

26 de noviembre de 1985

12 de septiembre de 1989

Argentina

4 de febrero de 1985

24 de septiembre de 1986

Armenia

13 de septiembre de 1993 a

Australia

10 de diciembre de 1985

8 de agosto de 1989

Austria

14 de marzo de 1985

29 de julio de 1987

Azerbaiyán

16 de agosto de 1996 a

Bahrein

6 de marzo de 1998 a

Bangladesh

5 de octubre de 1998 a

Belarús

19 de diciembre de 1985

13 de marzo de 1987

Bélgica

4 de febrero de 1985

25 de junio de 1999

Belice

17 de marzo de 1986 a

Benin

12 de marzo de 1992 a

Bolivia

4 de febrero de 1985

12 de abril de 1999

Bosnia y Herzegovina

6 de marzo de 1992b

Botswana

8 de septiembre de 2000

8 de septiembre de 2000

Brasil

23 de septiembre de 1985

28 de septiembre de 1989

Bulgaria

10 de junio de 1986

16 de diciembre de 1986

Burkina Faso

4 de enero de 1999a

Burundi

18 de febrero de 1993 a

Cabo Verde

4 de junio de 1992 a

Camboya

15 de octubre de 1992 a

Camerún

19 de diciembre de 1986 a

Canadá

23 de agosto de 1985

24 de junio de 1987

Chad

9 de junio de 1995 a

Chile

23 de septiembre de 1987

30 de septiembre de 1988

China

12 de diciembre de 1986

4 de octubre de 1988

Chipre

9 de octubre de 1985

18 de julio de 1991

Colombia

10 de abril de 1985

8 de diciembre de 1987

Comoras

22 de septiembre de 2000

Congo

30 de julio de 2003 a

Costa Rica

4 de febrero de 1985

11 de noviembre de 1993

Côte d'Ivoire

18 de diciembre de 1995 a

Croacia

8 de octubre de 1991 b

Cuba

27 de enero de 1986

17 de mayo de 1995

Dinamarca

4 de febrero de 1985

27 de mayo de 1987

Djibouti

5 de noviembre de 2002 a

Ecuador

4 de febrero de 1985

30 de marzo de 1988

Egipto

25 de junio de 1986 a

El Salvador

17 de junio de 1996 a

Eslovaquia

29 de mayo de 1993 b

Eslovenia

16 de julio de 1993 a

España

4 de febrero de 1985

21 de octubre de 1987

Estados Unidos de América

18 de abril de 1988

21 de octubre de 1994

Estonia

21 de octubre de 1991 a

Etiopía

14 de marzo de 1994 a

Federación de Rusia

10 de diciembre de 1985

3 de marzo de 1987

Filipinas

18 de junio de 1986 a

Finlandia

4 de febrero de 1985

30 de agosto de 1989

Francia

4 de febrero de 1985

18 de febrero de 1986

Gabón

21 de enero de 1986

8 de septiembre de 2000

Gambia

23 de octubre de 1985

Georgia

26 de octubre de 1994 a

Ghana

7 de septiembre de 2000

7 de septiembre de 2000 a

Grecia

4 de febrero de 1985

6 de octubre de 1988

Guatemala

5 de enero de 1990 a

Guinea

30 de mayo de 1986

10 de octubre de 1989

Guinea-Bissau

12 de septiembre de 2000

Guinea Ecuatorial

8 de octubre de 2002 a

Guyana

25 de enero de 1988

19 de mayo de 1988

Honduras

5 de diciembre de 1996 a

Hungría

28 de noviembre de 1986

15 de abril de 1987

India

14 de octubre de 1997

Indonesia

23 de octubre de 1985

28 de octubre de 1998

Irlanda

28 de septiembre de 1992

11 de abril de 2002

Islandia

4 de febrero de 1985

23 de octubre de 1996

Israel

22 de octubre de 1986

3 de octubre de 1991

Italia

4 de febrero de 1985

12 de enero de 1989

Jamahiriya Árabe Libia

16 de mayo de 1989 a

Japón

29 de junio de 1999 a

Jordania

13 de noviembre de 1991 a

Kazajstán

26 de agosto de 1998

Kenya

21 de febrero de 1997 a

Kirguistán

5 de septiembre de 1997 a

Kuwait

8 de marzo de 1996 a

la ex República Yugoslavade Macedonia

12 de diciembre de 1994 b

Lesotho

12 de noviembre de 2001 a

Letonia

14 de abril de 1992 a

Líbano

5 de octubre de 2000 a

Liechtenstein

27 de junio de 1985

2 de noviembre de 1990

Lituania

1º de febrero de 1996 a

Luxemburgo

22 de febrero de 1985

29 de septiembre de 1987

Madagascar

1º de octubre de 2001

Malawi

11 de junio de 1996 a

Maldivas

20 de abril de 2004 a

Malí

26 de febrero de 1999 a

Malta

13 de septiembre de 1990 a

Marruecos

8 de enero de 1986

21 de junio de 1993

Mauricio

9 de diciembre de 1992 a

México

18 de marzo de 1985

23 de enero de 1986

Mónaco

6 de diciembre de 1991 a

Mongolia

24 de enero de 2002

Mozambique

14 de septiembre de 1999 a

Namibia

28 de noviembre de 1994 a

Nauru

12 de noviembre de 2001

Nepal

14 de mayo de 1991 a

Nicaragua

15 de abril de 1985

Níger

5 de octubre de 1998 a

Nigeria

28 de julio de 1988

28 de junio de 2001

Noruega

4 de febrero de 1985

9 de julio de 1986

Nueva Zelandia

14 de enero de 1986

10 de diciembre de 1989

Países Bajos

4 de febrero de 1985

21 de diciembre de 1988

Panamá

22 de febrero de 1985

24 de agosto de 1987

Paraguay

23 de octubre de 1989

12 de marzo de 1990

Perú

29 de mayo de 1985

7 de julio de 1988

Polonia

13 de enero de 1986

26 de julio de 1989

Portugal

4 de febrero de 1985

9 de febrero de 1989

Qatar

11 de enero de 2000a

Reino Unido de Gran de Bretañae Irlanda del Norte

15 de marzo de 1985

8 de diciembre de 1988

República Checa

1º de enero de 1993 b

República de Corea

9 de enero de 1995 a

República Democrática del Congo

18 de marzo de 1996 a

República de Moldova

28 de noviembre de 1995 a

República Dominicana

4 de febrero de 1985

Rumania

18 de diciembre de 1990 a

Santa Sede

26 de junio de 2002 a

Santo Tomé y Príncipe

6 de septiembre de 2000

San Vicente y las Granadinas

1º de agosto de 2001 a

Senegal

4 de febrero de 1985

21 de agosto de 1986

Serbia y Montenegro

12 de marzo de 2001 b

Seychelles

5 de mayo de 1992 a

Sierra Leona

18 de marzo de 1985

25 de abril de 2001

Somalia

24 de enero de 1990 a

Sri Lanka

3 de enero de 1994 a

Swazilandia

26 de marzo de 2004 a

Sudáfrica

29 de enero de 1993

10 de diciembre de 1998

Sudán

4 de junio de 1986

Suecia

4 de febrero de 1985

8 de enero de 1986

Suiza

4 de febrero de 1985

2 de diciembre de 1986

Tayikistán

11 de enero de 1995 a

Timor-Leste

16 de abril de 2003 a

Togo

25 de marzo de 1987

18 de noviembre de 1987

Túnez

26 de agosto de 1987

23 de septiembre de 1988

Turkmenistán

25 de junio de 1999 a

Turquía

25 de enero de 1988

2 de agosto de 1988

Ucrania

27 de febrero de 1986

24 de febrero de 1987

Uganda

3 de noviembre de 1986 a

Uruguay

4 de febrero de 1985

24 de octubre de 1986

Uzbekistán

28 de septiembre de 1995 a

Venezuela

15 de febrero de 1985

29 de julio de 1991

Yemen

5 de noviembre de 1991 a

Zambia

7 de octubre de 1998 a

Anexo II

ESTADOS PARTES QUE HAN DECLARADO, EN EL MOMENTO DE RATIFICAR LA CONVENCIÓN O ADHERIRSE A ELLA, QUE NO RECONOCEN LA COMPETENCIA DEL COMITÉ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN, AL 21 DE MAYO DE 2004a

Afganistán

Arabia Saudita

China

Guinea Ecuatorial

Israel

Kuwait

Marruecos

Anexo III

ESTADOS PARTES QUE HAN FORMULADO LAS DECLARACIONES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA CONVENCIÓN, AL 21 DE MAYO DE 2004a

Estado Parte

Fecha de entrada en vigor

Alemania

19 de octubre de 2001

Argelia

12 de octubre de 1989

Argentina

26 de junio de 1987

Australia

29 de enero de 1993

Austria

28 de agosto de 1987

Bélgica

25 de julio de 1999

Bosnia y Herzegovina

4 de junio de 2003

Bulgaria

12 de junio de 1993

Camerún

11 de noviembre de 2000

Canadá

24 de julio de 1987

Chile

15 de marzo de 2004

Chipre

8 de abril de 1993

Costa Rica

27 de febrero de 2002

Croacia

8 de octubre de 1991

Dinamarca

26 de junio de 1987

Ecuador

29 de abril de 1988

Eslovaquia

17 de abril de 1995

Eslovenia

16 de julio de 1993

España

20 de noviembre de 1987

Federación de Rusia

1º de octubre de 1991

Finlandia

29 de septiembre de 1989

Francia

26 de junio de 1987

Ghana

7 de octubre de 2000

Grecia

5 de noviembre de 1988

Hungría

26 de junio de 1987

Irlanda

11 de abril de 2002

Islandia

22 de noviembre de 1996

Italia

11 de febrero de 1989

Liechtenstein

2 de diciembre de 1990

Luxemburgo

29 de octubre de 1987

Malta

13 de octubre de 1990

Mónaco

6 de enero de 1992

Noruega

26 de junio de 1987

Nueva Zelandia

9 de enero de 1990

Países Bajos

20 de enero de 1989

Paraguay

29 de mayo de 2002

Perú

7 de julio de 1988

Polonia

12 de junio de 1993

Portugal

11 de marzo de 1989

República Checa

3 de septiembre de 1996

Senegal

16 de octubre de 1996

Serbia y Montenegro

12 de marzo de 2001

Sudáfrica

10 de diciembre de 1998

Suecia

26 de junio de 1987

Suiza

26 de junio de 1987

Togo

18 de diciembre de 1987

Túnez

23 de octubre de 1988

Turquía

1º de septiembre de 1988

Uruguay

26 de junio de 1987

Ucrania

12 de septiembre de 2003

Venezuela

26 de abril de 1994

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 21 de la Convención, al 21 de mayo de 2004

Estados Unidos de América

21 de octubre de 1994

Japón

29 de junio de 1999

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlandadel Norte

8 de diciembre de 1988

Uganda

19 de diciembre de 2001

Estados Partes que sólo han formulado la declaración prevista en el artículo 22 de la Convención, al 21 de mayo de 2004b

Azerbaiyán

4 de febrero de 2002

Burundi

10 de junio de 2003

Guatemala

25 de septiembre de 2003

México

15 de marzo de 2002

Seychelles

6 de agosto de 2001

Anexo IV

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA EN 2004

Miembro

Nacionalidad

El mandato expira

el 31 de diciembre de

Sr. Guibril CAMARA

Senegal

2007

Sr. Sayed Kassem EL MASRY

Egipto

2005

Sra. Felice GAER

Estados Unidos de América

2007

Sr. Claudio GROSSMAN

Chile

2007

Sr. Fernando MARIÑO MENÉNDEZ

España

2005

Sr. Andreas MAVROMMATIS

Chipre

2007

Sr. Julio PRADO VALLEJO

Ecuador

2007

Sr. Ole Vedel RASMUSSEN

Dinamarca

2005

Sr. Alexander M. YAKOVLEV

Federación de Rusia

2005

Sr. YU Mengjia

China

2005

Anexo V

RELATORES PARA LOS PAÍSES Y RELATORES SUPLENTES ENCARGADOS DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES EXAMINADOS POR EL COMITÉ EN SUS PERÍODOS DE SESIONES 31º Y 32º

Informe

Relator

Suplente

A. 31º período de sesiones

CamerúnTercer informe periódico(CAT/C/34/Add.17)

Sr. Camara

Sr. Yu

ColombiaTercer informe periódico(CAT/C/39/Add.4)

Sr. Mariño

Sr. Rasmussen

LetoniaInforme inicial(CAT/C/21/Add.4)

Sr. El Masry

Sr. Rasmussen

LituaniaInforme inicial(CAT/C/37/Add.5)

Sr. Yakovlev

Sra. Gaer

MarruecosTercer informe periódico(CAT/C/66/Add.1)

Sr. Camara

Sra. Gaer

YemenInforme inicial(CAT/C/16/Add.10)

Sr. Burns

Sr. Mavrommatis

B. 32º período de sesiones

AlemaniaTercer informe periódico(CAT/C/49/Add.4)

Sr. Yu

Sr. Grossman

BulgariaTercer informe periódico(CAT/C/34/Add.16)

Sra. Gaer

Sr. Yakovlev

ChileTercer informe periódico(CAT/C/39/Add.5)

Sra. Gaer

Sr. Rasmussen

CroaciaTercer informe periódico(CAT/C/54/Add.3)

Sr. Rasmussen

Sr. Yakovlev

MónacoSegundo informe periódico(CAT/C/38/Add.2)

Sr. Camara

Sr. Mariño

Nueva ZelandiaTercer informe periódico(CAT/C/49/Add.3)

Sr. Mavrommatis

Sr. El Masry

República ChecaTercer informe periódico(CAT/C/60/Add.1)

Sr. El Masry

Sr. Grossman

Anexo VI

MÉTODOS DE TRABAJO DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA AL EXAMINAR LOS INFORMES PREVISTOS EN EL ARTICULO 19 DE LA CONVENCIÓN

Introducción

1.La Convención contra la Tortura se aprobó en 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. En su primera reunión, celebrada en Ginebra en abril de 1988, el Comité aprobó su reglamento y definió sus métodos de trabajo, de conformidad con el artículo 18 de la Convención. El creciente número de ratificaciones y la práctica desarrollada en el desempeño de sus funciones han exigido al Comité una constante revisión de su reglamento y métodos de trabajo para mejorar su eficacia y su coordinación. El actual reglamento se enmendó por última vez en 2002.

2.Con arreglo al artículo 19 de la Convención, cada Estado Parte debe presentar al Comité informes sobre las medidas que haya adoptado para dar efectividad a los compromisos que ha contraído en virtud de la Convención. Los informes iniciales deben presentarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Convención para ese Estado. A partir de entonces, se presentarán informes cada cuatro años sobre los cambios que tengan lugar en relación con la Convención (informes periódicos).

Directrices para la presentación de informes por los Estados Partes

3.El Comité ha aprobado directrices sobre la presentación de informes para asistir a los Estados Partes en la preparación de sus informes iniciales y periódicos. Esas directrices son objeto de revisión teniendo en cuenta la experiencia del Comité y las iniciativas de armonización emprendidas por todos los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos.

4.El Comité otorga gran importancia a que se incluya en los informes presentados por los Estados Partes toda información relativa a la aplicación práctica de la Convención, así como a los factores o dificultades que afecten a la aplicación. El Comité alienta también a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y a las ONG a participar en el proceso de consultas para la preparación de los informes de los Estados Partes.

Calendario de examen de los informes y listas de cuestiones

5.En cada período de sesiones el Comité elige entre los informes recibidos aquellos que se examinarán en los dos períodos de sesiones siguientes. Al hacer esta selección, el Comité suele seguir el orden cronológico de presentación, aunque da prioridad a los informes iniciales sobre los periódicos. Al mismo tiempo, el Comité nombra a dos de sus miembros relatores de cada informe presentado por los países. Un miembro puede ser relator de más de un informe durante un mismo período de sesiones.

6.En el período de sesiones anterior a aquel en que vaya a examinarse el informe periódico, el Comité redacta una lista de cuestiones que se transmite al Estado en cuestión como mínimo dos meses antes de que se examine el informe. La lista se prepara sobre la base de la información que figura en el informe, las recomendaciones formuladas por el Comité al Estado anteriormente y la información que proporcionan fuentes no gubernamentales.

7.Las listas de cuestiones tienen por objeto centrar el diálogo con los Estados en aspectos de particular interés para el Comité. Se responde verbalmente a estas cuestiones durante el examen del informe. El Estado Parte también podrá, a su discreción, presentar las respuestas por escrito, para su distribución a los miembros del Comité, dos semanas antes de la fecha en que el Comité examinará el informe. Las respuestas escritas no se traducirán, sino que se pondrán a disposición del público en el sitio web del ACNUDH en el idioma en que fueron presentadas.

Examen de los informes de los Estados Partes

8.El Comité celebra dos períodos de sesiones anuales: un período de sesiones de dos semanas en noviembre y otro de tres semanas en mayo. En cada período de sesiones se invita a presentar sus informes a entre cinco y siete Estados Partes.

9.El examen de un informe suele consistir en un diálogo entre la delegación del Estado Parte y el Comité. El objetivo de este diálogo es que el Comité comprenda mejor la situación del Estado Parte en lo concerniente a la Convención y que asesore sobre la forma de mejorar la aplicación de la Convención. A título excepcional, el Comité puede examinar un informe en ausencia de representantes del Estado Parte si, después de haber recibido la correspondiente notificación, éstos no comparecen ni aducen razones de peso.

10.Generalmente se dedican dos sesiones públicas al examen de un informe: una primera sesión matinal de medio día y otra sesión la tarde del día siguiente. La primera sesión comienza con una exposición por los representantes del Estado Parte, en la que se hace una introducción destacando, entre otras cosas, las novedades ocurridas desde la presentación del informe y se da respuesta a la lista de cuestiones anteriormente enviada por el Comité. Esa exposición no debe durar más de 90 minutos. Seguidamente, los relatores para el país y otros miembros del Comité formulan observaciones y solicitan información adicional sobre las cuestiones que, en su opinión, deben aclararse. También pueden plantear cuestiones que no se hayan tratado en la lista inicial de cuestiones.

11.Según la práctica habitual del Comité, sus miembros se abstienen de participar en todo aspecto del examen de los informes de los Estados Partes de los que son nacionales.

12.El Servicio de Información de las Naciones Unidas publica inmediatamente notas de prensa en inglés y francés sobre las sesiones en que se examina el informe de un Estado Parte. Durante el período de sesiones o tras su clausura se publican también en inglés o francés las actas resumidas de las sesiones.

13.Dado que los idiomas oficiales del Comité son el español, el francés, el inglés y el ruso, en todas las sesiones oficiales se facilita interpretación a/y de esos idiomas. Los informes de los Estados Partes y otros documentos pertinentes pueden consultarse también en estos idiomas. Los informes de Estados Partes presentados en árabe o chino también se publican como documentos oficiales en el idioma original. Se facilita interpretación al árabe y al chino cuando los representantes de un Estado desean intervenir en estos idiomas.

Conclusiones y recomendaciones

14.Tras el examen de cada informe, el Comité procede a deliberar en una sesión a puerta cerrada, tras lo cual los relatores para el país formulan conclusiones y recomendaciones. Posteriormente, los proyectos se debaten y se adoptan en sesión plenaria, también a puerta cerrada. Las conclusiones y recomendaciones siguen un modelo estándar que consiste en una breve introducción, seguida de secciones en las que se señalan los aspectos positivos, los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención (si los hubiere), los temas que preocupan al Comité y las recomendaciones conexas.

15.Una vez adoptadas, las conclusiones y recomendaciones se envían al Estado Parte interesado y se hacen públicas. También se incorporan en el sitio web del ACNUDH. Por último, las conclusiones y recomendaciones se incluyen en el informe que el Comité presenta anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

16.En respuesta a las conclusiones y recomendaciones, el Estado Parte puede presentar cualquier observación que considere oportuna. Si el Estado así lo solicita, el Comité puede hacer públicas esas observaciones en un documento oficial.

Seguimiento de las conclusiones y las recomendaciones

17.El Comité puede señalar algunas de sus recomendaciones sobre las que desearía recibir información del Estado Parte acerca de su aplicación. El Comité ha nombrado un relator para que se cerciore del cumplimiento de estas peticiones por el Estado Parte.

Estrategias para alentar la presentación de informes por los Estados Partes

18.Dos veces al año el Comité publica una lista de los informes que no se han presentado. Esta lista se incluye también en el informe anual del Comité a la Asamblea General. El Comité puede enviar también al Estado Parte un recordatorio respecto de la presentación de sus informes. Asimismo, el Comité ha pedido a dos de sus miembros que mantengan contactos con los representantes de los Estados que no han presentado sus informes para alentarlos a que los preparen y presenten.

19.Con arreglo al artículo 65 del reglamento, cuando corresponda, el Comité puede notificar al Estado Parte que se encuentra en mora su propósito de examinar, en una fecha indicada en la notificación, las medidas adoptadas por el Estado Parte para proteger o hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y puede formular los comentarios generales que estime adecuados al caso.

Interacción con los órganos y los organismos especializados de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales para el examen de los informes

20.Con arreglo al artículo 62 del reglamento, el Comité podrá invitar a los órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales regionales y las ONG a que le presenten información relacionada con las actividades del Comité en virtud de la Convención.

21.El Comité concede particular importancia a la información facilitada por los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales, puesto que suele ser el resultado del minucioso seguimiento que se ha hecho dentro del país de la situación. Asimismo, los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un importante papel en el contexto de la aplicación de las recomendaciones del Comité en el plano nacional.

22.La información presentada por escrito por las ONG se señala a la atención del Estado interesado salvo que sus autores se opongan a ello. Esta práctica permite al Estado Parte prepararse mejor para responder a las preguntas que pueda plantear el Comité sobre la base de esa información, y facilita el diálogo. Si la ONG no desea que la información que presentó se transmita al Estado Parte interesado, el Comité no pueda tenerla en cuenta durante su diálogo con ese Estado.

23.Las ONG también pueden pedir informar de palabra a los miembros del Comité durante el período de sesiones. Sólo pueden participar en estas sesiones informativas, dedicadas cada una a un solo país, los miembros del Comité.

Otros asuntos

Cooperación con otros órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas

24.El Comité interactúa con otros órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en particular en cuestiones relacionadas con los métodos de trabajo, mediante la participación en las reuniones entre los comités y las reuniones de los Presidentes de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Asimismo, se mantiene en contacto, directamente o por conducto de la Secretaría, con los otros órganos y mecanismos de las Naciones Unidas que se ocupan específicamente de la tortura, a saber, el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura de la Comisión de Derechos Humanos y la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. El objetivo de estos contactos es intercambiar información, coordinar actividades y evitar duplicaciones.

Declaraciones y comentarios generales aprobados por el Comité

25.El Comité aprueba declaraciones para poner de relieve y destacar la importancia de acontecimientos y cuestiones que guardan relación con la aplicación de la Convención, así como para aclarar su posición respecto de tales cuestiones. A veces el Comité formula una declaración independientemente o conjuntamente con otros órganos de las Naciones Unidas, según estime oportuno. Suelen formularse declaraciones conjuntas con ocasión del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

26.Asimismo, el Comité puede formular observaciones generales sobre determinadas disposiciones de la Convención o sobre cuestiones relacionadas con su aplicación. Por ejemplo, en 1997 se formuló una observación general sobre la aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención.

Anexo VII

DECISIONES DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA A TENOR DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN

A. Decisiones sobre el fondo de la cuestión

Comunicación Nº 135/1999

Presentada por:S. G. (representado por la Sra. Mariette Timmer, abogada)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Países Bajos

Fecha de la queja:19 de julio de 1999

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 12 de mayo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 135/1999, presentada al Comité contra la Tortura por S. G. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja, su abogada y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es S. G., ciudadano turco nacido en 1965, que reside en los Países Bajos en espera de ser expulsado a Turquía. Afirma que su devolución forzosa a Turquía constituiría una violación por parte de los Países Bajos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por letrado.

1.2.El 18 de agosto de 1999, el Comité transmitió la queja al Estado Parte y, con arreglo al párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, le pidió que no se devolviera al autor a Turquía mientras el Comité examinaba su demanda. El Estado Parte accedió a esta petición en nota de 13 de octubre de 1999.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor es un ciudadano turco de origen curdo oriundo de la ciudad de Batman, en el este de Turquía. En 1993 se hizo simpatizante del Frente Nacional de Liberación del Curdistán. (ERNK), brazo político del PKK. En 1994 el autor se afilió al Partido Popular Democrático (HADEP), participando en reuniones, y recaudando dinero y alimentos para los curdos que habían sido obligados a abandonar sus aldeas e irse a vivir a Batman.

2.2.El 19 de marzo de 1995, el autor fue detenido junto con otras siete personas por motivos no especificados y estuvo 15 días bajo arresto. El autor sostiene que, durante este tiempo, fue sometido en varias ocasiones a torturas que le dejaron cicatrices en la espalda y en la pierna izquierda.

2.3.El 10 de mayo de 1997, el autor fue detenido por cuatro policías cuando iba de camino a una reunión de la Asociación Turca de Derechos Humanos (IHD). Le vendaron los ojos y lo condujeron a un campo donde los agentes de policía le amenazaron con matarlo si no se hacía confidente de la policía y les facilitaba nombres de simpatizantes del PKK, del ERNK y del HADEP. El autor, atemorizado, accedió a cooperar, tras de lo cual fue liberado. A continuación se escondió, y el 14 de mayo de 1997 huyó a Estambul, desde donde salió de Turquía en dirección a los Países Bajos el 29 de mayo de 1997, provisto de un pasaporte falso.

2.4.A su llegada a los Países Bajos el autor fue informado por su padre de que las autoridades lo habían estado buscando, que la casa familiar se encontraba bajo vigilancia policial y que la policía había interrogado a su padre sobre el paradero de su hijo en varias ocasiones. Asimismo, le comunicaron que la policía había pedido a su padre por escrito información sobre el paradero de su hijo.

2.5.El 29 de mayo de 1997, el autor presentó una solicitud de asilo en los Países Bajos que fue denegada por el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia el 13 de agosto de 1997. El 25 de agosto de 1997, el autor solicitó al Secretario de Estado que reconsiderara su decisión, petición que fue denegada el 29 de septiembre de 1997. El 23 de julio de 1998, el Tribunal de Distrito de La Haya desestimó un recurso de apelación contra la negativa de la Secretaría a conceder el asilo; después de eso, el autor se fue de los Países Bajos a Dinamarca, donde presentó una solicitud de asilo.

2.6.El autor se marchó de Dinamarca el 14 de febrero de 1999 y regresó a los Países Bajos el 15 de febrero de 1999. Poco después, participó en una manifestación de protesta contra la intervención del Gobierno griego en el arresto de Abdullah Ocalan, que terminó con la ocupación de la residencia del Embajador de Grecia en La Haya por unos 200 curdos, entre los que se encontraba el autor. Esta ocupación tuvo una considerable repercusión internacional; los medios de comunicación turcos la describieron como una "actividad del PKK" y calificaron a los participantes de "terroristas". Una vez que terminó la ocupación, el autor fue detenido por su participación en ella y el 20 de febrero de 1999 fue recluido como extranjero y posteriormente encausado.

2.7.El 23 de febrero de 1999, cuando se encontraba recluido como extranjero, el autor presentó una segunda solicitud de asilo a las autoridades neerlandesas; el 19 de marzo de 1999, el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia declaró inadmisible la solicitud. El Tribunal de Distrito de La Haya desestimó un recurso de apelación contra esta decisión, el 7 de mayo de 1999.

2.8.El autor sostiene que, además de participar en la ocupación de la residencia del Embajador de Grecia en La Haya, también tomó parte en otras actividades políticas curdas. En los Países Bajos asistió a: reuniones en La Haya y en Arnhem en 1997; a una "celebración" el 15 de agosto de 1997 en Middelburg; a la celebración de la "Fiesta del Newroz" el 21 de marzo de 1998 en Middelburg; a la celebración del Día Internacional del Trabajo el 1º de mayo de 1998 en Rotterdam, y a las fiestas de la juventud de "Mazlum Dogan", organizadas en 1998 en varias ciudades de los Países Bajos. En Dinamarca, participó en reuniones celebradas en Copenhague en las que se distribuyeron folletos sin especificar y en lo que el autor describe como "distintas actividades "relacionadas con Abdullah Ocalan"". El autor se refiere también a su participación en varias "actividades curdas" en Alemania, Francia y Bélgica.

2.9.El autor alude a la situación general de los derechos humanos en Turquía y, en particular, a informes de varias ONG y gobiernos, relativos a la práctica de la tortura en Turquía. El autor se remite a los informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, publicados en 1999, donde se afirma que la tortura es un fenómeno "habitual" y "extendido" en Turquía. Se hace referencia al informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes con fecha de 23 de febrero de 1999, que menciona una visita de este organismo a Turquía en 1997 y señala que la existencia y el alcance del problema de la tortura en Turquía están demostrados más allá de toda duda. En particular, el autor alude a un informe de 1999 de la Schweizerische Flüchtlingshilfe ( Asociación suiza de ayuda al refugiado), donde se describe el "deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía a raíz de la detención del líder del PKK, Abdullah Ocalan" y se señala que entre los grupos que corren peligro de ser torturados a su regreso a Turquía se encuentran los miembros y simpatizantes del HADEP y otras personas relacionadas con partidos y organizaciones ilegales.

La queja

3.El autor sostiene que, si fuera devuelto a Turquía, correría el peligro de ser torturado, y que su retorno supondría una violación del artículo 3 de la Convención. Se dice que el riesgo de tortura se debe al hecho de que es un joven curdo que ya fue torturado anteriormente en Turquía y que participó en actividades políticas tanto dentro como fuera del país. A este respecto, el autor alega que existe un riesgo real de que las autoridades turcas tengan conocimiento de su participación en la ocupación de la residencia del Embajador de Grecia en La Haya.

Observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y el fondo

4.1.En nota de 13 de octubre de 1999, el Estado Parte comunicó que no tenía nada que objetar sobre la admisibilidad de la queja, y en nota de 18 de febrero de 2000 transmitió sus observaciones sobre el fondo.

4.2.El Estado Parte sostiene que la expulsión del autor no supondría una violación del artículo 3 de la Convención. Describe el procedimiento legal que debe seguirse para solicitar el estatuto de refugiado en los Países Bajos y cómo deben interponerse los recursos administrativos y judiciales. La normativa aplicable a la admisión y expulsión de extranjeros está recogida en la Ley de extranjería y reglamentos conexos. Las autoridades entrevistan dos veces a los solicitantes de asilo, y la segunda vez les interrogan acerca de las razones que les han inducido a abandonar su país de origen. Durante las entrevistas puede estar presente un abogado.  El solicitante de asilo recibe una copia del informe redactado después de las entrevistas y tiene dos días para presentar correcciones o adiciones. A continuación un funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización adopta una decisión en nombre del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia. Si se rechaza su solicitud, el solicitante puede presentar una impugnación y, en este caso, la solicitud será revisada por el Servicio de Inmigración y Naturalización. En algunos casos debe consultarse al Comité Asesor sobre Cuestiones de Extranjería. Se formula una recomendación al Secretario de Estado, que decide sobre la impugnación. Si se desestima la impugnación, puede interponerse un recurso ante el Tribunal de Distrito.

4.3.El Estado Parte recuerda que su Ministerio de Asuntos Exteriores publica informes periódicos sobre la situación en los países de origen para ayudar al Servicio de Inmigración y Naturalización a evaluar las solicitudes de asilo. Para elaborar estos informes el Ministerio utiliza fuentes e informes publicados por ONG, e informes de las representaciones diplomáticas de los Países Bajos. En su informe de 17 de septiembre de 1999, el Ministerio señaló que, aunque la situación de los derechos humanos en Turquía era "claramente deficiente", el seguimiento internacional más intenso había mejorado la situación por varios conceptos. También se indicaba que muchas de las violaciones de derechos humanos estaban relacionadas con la "cuestión curda" y que, en su mayoría, consistían en restricciones del derecho a la libertad de expresión y reunión. Asimismo, el informe señalaba que los curdos perseguidos podían, en general, instalarse en otros lugares de Turquía y que en la mayoría de los países europeos no se consideraba que la situación de Turquía constituyera un motivo para no devolver a ese país a los solicitantes de asilo rechazados.

4.4.El Estado Parte destaca que el Gobierno de los Países Bajos presta una atención constante a la situación de los derechos humanos en Turquía y que, en julio de 1999, influido por los informes sobre la muerte de un antiguo solicitante de asilo que había sido devuelto a Turquía en abril de 1999, suspendió la expulsión de curdos a ese país. En carta de 8 de diciembre de 1999, el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia declaró que, basándose en las investigaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, se había decidido reanudar las expulsiones.

4.5.En lo referente a las circunstancias personales del autor de la queja, el Estado Parte presenta un resumen de la información facilitada por el autor al Servicio de Inmigración y Naturalización durante la primera y segunda entrevistas en relación con sus actividades en Turquía y el trato que le habían dispensado las autoridades turcas. Señala que, en sus decisiones de 13 de agosto y 29 de septiembre de 1997, el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que el autor no era un refugiado y que, si se procediera a su devolución, no corría un peligro real de verse sometido a un trato inhumano en los términos del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El 23 de julio de 1998 el Tribunal de Distrito de La Haya desestimó el recurso del autor. La segunda solicitud de asilo presentada por el autor de la queja fue denegada el 19 de marzo de 1999 y esta decisión fue confirmada en apelación por el Tribunal de Distrito de La Haya el 7 de mayo de 1999. El Estado Parte manifiesta que, a raíz del proceso incoado por el autor para recurrir su detención como extranjero, la orden de detención contra él se dejó sin efecto a partir del 1º de septiembre de 1999.

4.6.El Estado Parte manifiesta que la existencia de un cuadro de graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos en un país no es de por sí un motivo suficiente para determinar que una persona en particular correría peligro de ser torturada al regresar a ese país; tiene que haber motivos específicos que indiquen que el individuo en cuestión correría un riesgo personal, o sea que debe enfrentarse a un riesgo personal, previsible y real de ser torturado en el país al que va a ser devuelto. A la vista de los informes del Estado Parte, la situación general en Turquía no es tal como para creer que los ciudadanos turcos, incluidos los curdos, corran un riesgo general de ser sometidos a torturas.

4.7.El Estado Parte sostiene que las actividades políticas en las que el autor dice haber participado en Turquía no hacen pensar que pueda haber sido objeto de la atención particular de las autoridades turcas, ya que tales actividades eran de carácter marginal como, por ejemplo, la recaudación de fondos. El autor no ha afirmado que conocía a otros miembros del ERNK, ni que tenía alguna función especial dentro del grupo. Su única relación con el HADEP consistía en asistir a reuniones. El autor no ha demostrado que las autoridades turcas hubieran reparado en él por su participación en estas actividades; así pues, tras conocer su pertenencia al HADEP en marzo de 1995, las autoridades ordenaron su puesta en libertad sin condiciones en abril de 1995.

4.8.El Estado Parte señala que el autor ha hecho declaraciones contradictorias sobre las circunstancias de su detención el 10 de mayo de 1997. En primer lugar, los informes del Estado Parte indicaban que se habían cerrado todas las sedes locales de la IHD, a una de las cuales se dirigía supuestamente el autor de la queja cuando fue detenido. El autor fue incapaz de facilitar detalles sobre la ubicación de la oficina de la IHD. En segundo lugar, el autor dio versiones contradictorias respecto de la sucesión temporal de los diversos acontecimientos ocurridos en la noche del 10 de mayo de 1997, afirmando que lo retuvieron hasta medianoche y que, después de un trayecto en coche de dos horas, fue interrogado durante dos horas más. Esta declaración no encaja con su afirmación de que lo depositaron posteriormente en su ciudad a las 2.30 horas de la madrugada. Asimismo, el Estado considera inverosímil que, como parece desprenderse de la versión del autor, una persona que había sido identificada por las autoridades como posible confidente no fuera interrogada de inmediato sobre los nombres de miembros del PKK y del HADEP. El hecho de que las autoridades no le dieran instrucciones específicas sobre sus funciones como confidente y que no lo importunaran en los días siguientes al 10 de mayo de 1997 permite deducir que no lo consideraban una figura importante de la oposición. En su segunda entrevista con el Servicio de Inmigración y Naturalización, el autor declaró que sólo era un miembro pasivo del HEDAP y que no conocía a ningún miembro activo del ERNK. Por tanto, el Estado Parte no cree que las autoridades turcas consideren al autor una figura significativa de la oposición curda. El Estado Parte añade que el hecho de que la policía pidiera información al padre del autor sobre el paradero de éste no sugiere nada malo y que, en cualquier caso, la información dada por el padre sobre el interés de las autoridades en el paradero de su hijo no es fiable ya que al padre no se le puede considerar una fuente de información objetiva en relación con la queja de su hijo.

4.9.En cuanto a las actividades políticas del autor fuera de Turquía, el Estado Parte señala que no se presentaron pruebas que las sustanciasen y que, en cualquier caso, las actividades mencionadas no son relevantes. Rechaza pues la afirmación de que existe un riesgo real de que las autoridades turcas conozcan estas actividades, por considerarla infundada. En cuanto a la participación del autor en la ocupación de la residencia del Embajador de Grecia en La Haya, el proceso penal incoado contra el autor se sobreseyó por falta de pruebas. Aunque las autoridades turcas conocieran la participación del autor en este incidente, no es un acto de disidencia tan señalado como para llamar la atención de las autoridades sobre el autor.

4.10. El Estado Parte observa que los supuestos malos tratos sufridos por el autor mientras estaba bajo arresto en marzo de 1995 no son excesivamente pertinentes para el asunto en cuestión. El hecho de que el autor de una queja haya sufrido torturas en el pasado no es más que una de las consideraciones que la Observación general del Comité estima pertinentes para estudiar una queja a tenor del artículo 3. El Estado Parte sostiene que los malos tratos sufridos por el autor de la queja en el pasado, a raíz de una incursión policial que no iba dirigida específicamente contra él, no hacen pensar que el autor corra el riesgo personal de ser torturado si se le devuelve al país. Además, no puede decirse que las torturas que supuestamente se infligieron al autor de la queja en 1995 sean "recientes". Por último, después de su liberación en abril de 1995, el autor no tuvo ningún problema con las autoridades hasta 1997. Habida cuenta de lo cual, el Estado Parte opina que no ha habido ninguna violación del artículo 3 y que la queja es infundada.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.1.En sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte, de fecha 5 de enero de 2003, el autor cuestiona las dudas del Estado Parte sobre su credibilidad. El autor afirma que en el momento de su detención, en mayo de 1997, no se habían cerrado todas las sedes locales de la IHD y que en esa época las sedes locales se cerraban y abrían regularmente. En cuanto a las discrepancias en la cronología de los acontecimientos del 10 de mayo de 1997, el autor sostiene que las horas indicadas a las autoridades neerlandesas eran sólo estimaciones y que en el momento del incidente estaba muy asustado, lo que debilitó su percepción. El autor afirma asimismo que no se le puede pedir que explique las razones por las que las autoridades turcas no le pidieron que diera nombres antes de ponerlo en libertad. Por último, el autor señala que la autenticidad del "requerimiento" de la policía a su padre para que proporcionara información sobre su paradero no había sido impugnada por el Estado Parte.

5.2.El autor sostiene que Turquía es un Estado con un cuadro persistente de violaciones de los derechos humanos, que fue torturado en el pasado por la policía turca, que participó en actividades políticas y de otra índole dentro y fuera de Turquía, lo que le hacía especialmente vulnerable al riesgo de ser sometido a tortura a su regreso, y que la versión que dio de sus experiencias es coherente. Por consiguiente, el Comité debe concluir que la devolución del autor a Turquía constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Deliberaciones del Comité

6.1.Antes de examinar el fondo de una queja, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, a tenor del apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada en el marco de otro procedimiento de investigación o arreglo internacional, y de que no se plantean obstáculos a la admisibilidad a este respecto. El Comité observa que el Estado Parte no ha formulado objeciones en cuanto a la admisibilidad de la queja. Dado que el Comité estima que no existen otros obstáculos a la admisibilidad, se declara admisible la queja y se procede a examinarla en cuanto al fondo.

6.2.El Comité debe determinar si la devolución forzosa del autor de la queja a Turquía supondría incumplimiento de la obligación del Estado Parte, con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Para llegar a su conclusión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, en particular la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, se trata de determinar si la persona en cuestión correría un riesgo personal de tortura en el país al que sería devuelta. De conformidad con la doctrina del Comité, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de suyo motivo suficiente para concluir que, de volver al país, esa persona va a estar expuesta a sufrir torturas. Tampoco la inexistencia de dicho cuadro permite excluir el riesgo de tortura.

6.3.El Comité recuerda su Observación general sobre el artículo 3, según la cual debe evaluar si hay "razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a torturas" si se procediese a su devolución, y que el riesgo de tortura "debe fundarse en razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha". No es necesario que el riesgo sea "muy probable", pero debe ser "personal y presente". A este respecto, el Comité ha determinado invariablemente en anteriores decisiones que el riesgo de tortura debe ser "previsible, real y personal".

6.4.Al evaluar el riesgo de tortura en el presente caso, el Comité observa que el autor afirma haber sido detenido y sometido a torturas por las autoridades turcas con anterioridad. Sin embargo, los supuestos actos de tortura tuvieron lugar en 1995. El Comité señala que, de conformidad con su observación general sobre el artículo 3, la información que se considera pertinente para el riesgo de tortura incluye que el autor haya sido sometido a torturas en el pasado y, en caso afirmativo, si se trata de hechos recientes. Los incidentes mencionados ocurrieron hace nueve años, lo que no se puede calificar de reciente.

6.5.El Comité debe considerar asimismo si el autor ha participado en cualquier actividad política o de otra índole, dentro o fuera de su país, que lo haga particularmente vulnerable al riesgo de ser sometido a tortura a su regreso a Turquía. En Turquía, las actividades políticas del autor consistían en la recaudación de fondos y la colecta de alimentos para los aldeanos curdos desplazados. Si bien afirma que lo detuvieron en dos ocasiones, el autor no ha demostrado que era realmente una figura importante de la oposición curda, o que las autoridades turcas lo consideraban como tal. Tampoco sostiene que ha tenido una función especial dentro de las organizaciones pertinentes. En cuanto a sus actividades en el extranjero, el autor ha dado varios ejemplos de participación en actividades y reuniones políticas. A algunas de éstas hace referencia de manera muy general, pese a que menciona en especial su participación en la ocupación de la residencia del Embajador de Grecia en La Haya en 1999. Sin embargo, no se ha demostrado que las autoridades turcas estuvieran informadas de la participación del autor en este acto o en cualquier otro de los mencionados. A ese respecto, el Comité observa que se ha suspendido la acción contra el autor en relación con la ocupación de la residencia en La Haya por falta de pruebas. Tampoco se ha establecido que, si realmente las autoridades turcas estaban al corriente de estas acciones, ello hubiera supuesto un riesgo especial de sufrir tortura para el autor a su regreso a Turquía.

6.6.Las autoridades holandesas han examinado debidamente las pruebas pertinentes sobre los antecedentes del autor en Turquía, junto con sus actividades dentro o fuera del país. El Comité no está en condiciones de impugnar su determinación de los hechos ni tampoco de decidir si existen discrepancias en la versión del autor. De conformidad con la jurisprudencia del Comité, debe darse el peso debido a la determinación de los hechos de las autoridades gubernamentales.

6.7.Habida cuenta de lo que antecede, el Comité considera que el autor no ha demostrado que fuera a correr un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura en caso de regresar a Turquía, en el sentido del artículo 3 de la Convención.

7.El Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que la devolución del autor de la queja a Turquía no constituye una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 148/1999

Presentada por:A. K.

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Australia

Fecha de la queja:13 de octubre de 1999 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 5 de mayo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 148/1999, presentada al Comité contra la Tortura por A. K. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado el autor de la queja, su abogada y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión del Comité a tenor del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es A. K., nacional sudanés, actualmente detenido en el Centro de Detención de Inmigrantes de Nueva Gales del Sur. Afirma que su devolución forzosa al Sudán constituiría una violación por parte de Australia del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El autor de la queja fue representado inicialmente por un abogado.

1.2.El 1º de noviembre de 1999 se pidió al Estado Parte que, con arreglo al párrafo 9 del artículo 108 del reglamento del Comité, no expulsara al autor mientras el Comité examinaba su demanda. El 20 de enero de 2000 el Estado Parte confirmó que accedía a esta petición.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor declara que es ansarí y miembro del Partido Umma, uno de los dos partidos tradicionalistas del norte opositores del Gobierno actual. De 1990 a 1995 el autor estudió en la Universidad de El Cairo, sección de Jartum, donde se licenció en derecho. El Partido Umma tenía unos 100 miembros en la Universidad de El Cairo y el autor se convirtió en el jefe de este grupo.

2.2.Según declara el autor, en abril de 1992 organizó concentraciones y manifestaciones contra el Gobierno. Tras una de las concentraciones fue detenido por miembros de las fuerzas de seguridad. Lo amenazaron, lo obligaron a comprometerse por escrito a no participar en actividades políticas y luego lo liberaron. Después de este incidente las fuerzas de seguridad lo mantuvieron vigilado.

2.3.Dice el autor que en la universidad se obligaba a los estudiantes a incorporarse a las Fuerzas Populares de Defensa (PDF), el ejército del Frente Islámico Nacional, el partido en el poder. Para evitar que lo reclutaran, el autor se alistó en la policía y de 1993 a 1995 trabajó en la oficina central de la administración de prisiones de Jartum y a veces en la prisión de Kober.

2.4.En 1994 el Gobierno envió a los estudiantes que consideraba elementos perturbadores y contrarios al régimen a luchar al Sudán meridional. El 1º de junio de 1996, el autor supuestamente recibió una convocatoria para que se presentara a las PDF en un plazo de 72 horas, pues había sido elegido para "cumplir el deber de la Yihad". Dado que no quería luchar contra su propio pueblo ni limpiar campos de minas, decidió huir del país. Como había recibido la convocatoria no podía utilizar su pasaporte y, en consecuencia, utilizó el de su hermano mayor. Tras su partida, al parecer, los militares fueron a su domicilio.

2.5.El 10 de diciembre de 1997 el autor llegó a Australia sin documentos de viaje válidos y fue detenido mientras se tramitaba su demanda de asilo. El 12 de diciembre de 1997 presentó una solicitud de visado de protección (estatuto de refugiado) al Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales. Para justificar su solicitud presentó, entre otras cosas, una carta del Partido Umma en la que se confirmaba su afiliación; una carta dirigida al Director del Servicio de Prisiones por el Comandante de las Fuerzas Populares para que permitiera al autor presentarse a las PDF; y un escrito de un miembro de la comunidad sudanesa de Australia en el que éste aseguraba que el autor era ciudadano sudanés y pertenecía a una familia conocida por ser firme partidaria del grupo ansarí, que respalda al Partido Umma.

2.6.El 5 de enero de 1998 un delegado del Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales denegó al autor el visado de protección solicitado, porque no era ciudadano del Sudán y sus declaraciones carecían de credibilidad. El 5 de febrero de 1998, el autor presentó recurso administrativo contra la decisión del delegado ante el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio. Por decisión de 7 de julio de 1998, el Tribunal rechazó la solicitud del autor. El autor presentó un recurso judicial ante el Tribunal Federal de Australia. El 25 de agosto de 1998, el Tribunal volvió a remitir la solicitud al Tribunal de Revisión para que se pronunciara de nuevo.

2.7.El 25 de noviembre de 1998, el Tribunal de Revisión nuevamente constituido denegó la solicitud del autor. Se apeló ante el Tribunal Federal, pero el autor no tenía abogado. Durante la audiencia, declaró que el intérprete que le había asistido en la vista del Tribunal de Revisión no era bueno y que no le habían entendido bien. Se suspendió la audiencia para que el autor consiguiera asistencia letrada. El 9 de agosto de 1999, el Tribunal Federal desestimó el recurso. Varias solicitudes posteriores de intervención ministerial fueron denegadas.

2.8.El autor resume la historia política reciente del Sudán y sostiene que existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes y masivas de los derechos humanos. Entre otras cosas, menciona la resolución aprobada en abril de 1997 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según la cual las violaciones de los derechos humanos en el Sudán incluían "las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las detenciones sin proceso, las desapariciones forzadas o involuntarias, las violaciones de los derechos de las mujeres y los niños, la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, los desplazamientos forzosos de personas y las torturas sistemáticas, así como la denegación de las libertades de religión, expresión, asociación y reunión pacífica".

2.9.En enero de 1998, el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Sudán informó de que las autoridades, las fuerzas de seguridad y las milicias cometían toda una serie de violaciones de los derechos humanos. En abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas volvió a expresar su grave preocupación por las continuas y graves violaciones de los derechos humanos. Por cuarto año consecutivo, la Comisión recomendó el despliegue sobre el terreno de observadores de derechos humanos.

2.10. El autor dice que, aunque en general la persecución religiosa iba dirigida contra los no musulmanes, el carácter fundamentalista del actual régimen del Frente Islámico Nacional es tal, que muchos musulmanes, entre ellos los sufíes, no son libres de practicar su propia variante del islam. Los ansaríes (en su mayoría sufíes) están sometidos al control estatal y sus mezquitas se han confiscado. Además, los grupos musulmanes que critican al Gobierno siguen sufriendo acoso. En el plano político, el autor dice que no se toleran opiniones políticas islámicas disidentes, incluidas las de partidos islámicos centristas como el Umma.

2.11. Según el autor, hay pruebas de que los soldados desertores son torturados y ejecutados. Amnistía Internacional informó en abril de 1998 de que: "Murieron decenas de estudiantes reclutados por el ejército cuando centenares de jóvenes escaparon de un campo de instrucción militar de al‑Ayfun, localidad próxima a Jartum. Las autoridades anunciaron que más de 50 desertores se habían ahogado al intentar cruzar el Nilo Azul; sin embargo, en otros informes se afirmaba que habían muerto más de 100 jóvenes, muchos de ellos por disparos y otros a causa de las palizas sufridas". También dice que tanto el ACNUR como Amnistía Internacional han informado sobre los centros de detención del Sudán y del riesgo de sufrir malos tratos y torturas, en particular durante el interrogatorio en las dependencias de los servicios de seguridad. Según el autor, un solicitante de asilo sufí que pertenezca al Partido Umma, haya pasado bastante tiempo en occidente y sea licenciado en derecho tropezaría con graves dificultades a su vuelta al Sudán, independientemente de que haya cumplido o no el servicio militar.

La queja

3.A. K. alega que su repatriación forzosa al Sudán violaría sus derechos con arreglo al artículo 3 de la Convención, ya que hay motivos fundados para creer que podría ser torturado. Para justificar su alegación, dice que, debido a su religión, sus actividades políticas pasadas y su deserción, es muy probable que sea torturado. Al haber huido del país para sustraerse al reclutamiento, si regresa podría ser ejecutado. Por último, aduce que si le devolvieran tendría que incorporarse a las Fuerzas Populares de Defensa y se vería obligado a luchar en la guerra civil contra su voluntad.

Exposición del Estado Parte

4.1.En su exposición de 7 de noviembre de 2000, el Estado Parte cuestiona la admisibilidad y el fondo de la queja. En cuanto a la admisibilidad, el Estado Parte sostiene que el autor no ha justificado su queja, no ha interpretado correctamente el alcance de sus obligaciones con arreglo al artículo 3 y no ha demostrado que corra un riesgo sustancial y personal de tortura.

4.2.El Estado Parte invita al Comité a que admita las decisiones de los órganos internos relativas a la determinación de los hechos pertinentes para evaluar el riesgo con arreglo al artículo 3, a menos que existan pruebas claras de arbitrariedad manifiesta, de injusticia o de violación de la independencia o imparcialidad judicial. Sostiene que la interpretación y aplicación de la legislación nacional incumbe primordialmente a los tribunales nacionales y, en general, no debe ser examinada por el Comité. Añade que el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio es independiente y tiene experiencia en el examen de solicitudes de ciudadanos sudaneses, ya que recibió 21 entre 1997 y 1998. De esas 21 solicitudes, el Tribunal de Revisión examinó 8: en la mayoría de los casos (5) revocó la decisión de las autoridades de inmigración de denegar el visado de protección y en 3 casos confirmó la decisión. En el presente caso, el autor tuvo dos audiencias distintas ante el Tribunal de Revisión. Su abogado asistió a las dos y en ambas ocasiones contó con la asistencia de un intérprete profesional. El Estado Parte señala que el autor no ha proporcionado al Comité ninguna información nueva sobre el país que el Tribunal de Revisión no tuviera o no hubiera examinado.

4.3.El Estado Parte sostiene que las pruebas de tortura no son creíbles y que en consecuencia no hay indicios suficientes. Al ser interrogado por el Tribunal de Revisión, el autor se contradijo acerca de tres cuestiones importantes. En primer lugar, modificó sustancialmente su testimonio acerca de sus experiencias anteriores con las autoridades sudanesas. A su llegada al aeropuerto de Sydney, cuando se le preguntó si lo habían amenazado con violencia física respondió "sí". No obstante, al preguntarle "¿qué tipo de violencia?", cambió su respuesta por "no, no me amenazaron". A continuación dejó de cooperar con el intérprete.

4.4.Al ser entrevistado por el Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales, el autor afirmó que había dicho al intérprete en el aeropuerto que le habían amenazado con "cortarle las uñas y golpearle el pecho, como quemarle..., arrancarle las uñas", pero que no lo habían torturado. También alegó que lo habían amenazado con estas formas de tortura en la declaración justificativa adjunta a la solicitud de visado de protección, que preparó entre la entrevista del aeropuerto y la del Ministerio con ayuda de un abogado. En opinión del Estado Parte, su explicación de que la interpretación y/o transcripción de la entrevista en el aeropuerto era incorrecta no es convincente.

4.5.En segundo lugar, el autor hizo declaraciones contradictorias sobre la obtención del pasaporte que usó para entrar en Australia y su utilización general de los pasaportes. Fueron tantas las contradicciones del autor al respecto a lo largo de todo el procedimiento, que el delegado del Ministerio no pudo determinar su identidad o nacionalidad. El Estado Parte detalla las contradicciones del testimonio del autor, por ejemplo, dijo que el pasaporte se lo había dado un desconocido en el mercado y que no pagó nada; después dijo que había utilizado el pasaporte de su hermano para salir del Sudán y había viajado por el Chad, Libia, Malta, Malasia y Singapur durante dos años, y en una tercera ocasión dijo que era un pasaporte oficial con información incorrecta.

4.6.En tercer lugar, el Estado Parte menciona la inverosimilitud de las alegaciones del autor sobre sus actividades políticas y el interés de las autoridades sudanesas al respecto. Su militancia política, habida cuenta de su empleo, es inverosímil, y su testimonio al respecto fue contradictorio y con el correr del tiempo se fue complicando. En la entrevista con el Ministerio de Inmigración, el autor dijo que su principal tarea consistía en custodiar la prisión o un edificio administrativo e impedir el ingreso de personas no autorizadas. En la segunda audiencia ante el Tribunal de Revisión, declaró que llevaba cartas a los presos políticos y a sus familias, sin explicar cómo accedía a los presos cuando trabajaba de centinela en la puerta exterior de los edificios. También alegó en esa audiencia que el servicio de correo funcionaba bien porque los presos sabían "instintivamente" que él simpatizaba con sus objetivos políticos.

4.7.El Estado Parte sostiene que faltan precisiones y una confirmación independiente de los supuestos malos tratos sufridos por el autor a manos de las autoridades sudanesas. El autor sólo dio detalles en una ocasión sobre el incidente de malos tratos físicos que se menciona en el párrafo 4.4. Aun cuando la alegación fuera verosímil, las simples amenazas de violencia física por las autoridades sudanesas, su detención e interrogatorio y el registro del domicilio seguido de una vigilancia somera durante un breve período de tiempo no constituyen daños equivalentes a penas o sufrimientos graves. No hay pruebas de que el autor haya sufrido efectivamente daños físicos.

4.8.En cuanto a la supuesta concentración, el Estado Parte no ha podido hallar información alguna acerca de una concentración que haya tenido lugar en abril de 1992. Dado que es el único acto político público en que el autor dice haber participado, el hecho de que ni sus representantes ni el Estado Parte hayan podido encontrar prueba alguna de su celebración resta bastante crédito a la queja. Cuando se le pidió que explicara por qué no había pruebas independientes de la concentración, el autor trató de restarle importancia al acto.

4.9.En cuanto a las pruebas para demostrar que el autor es miembro del Partido Umma, el Tribunal de Revisión rechazó el fax de la filial de Londres presentado por el autor por su escaso valor probatorio. El fax no contiene ninguna información que indique un conocimiento personal del autor, sólo dice que es miembro del partido y hace observaciones generales sobre la persecución a los miembros del Umma en el Sudán. En una carta de la sección australiana de la Alianza Nacional Democrática (Sudán), de 5 de febrero de 1998, dirigida "a quien corresponda", se observa igualmente una falta de conocimiento concreto de las circunstancias o los antecedentes del autor. Sólo se le menciona una vez, y se le describe como "militante político comprometido y opositor del Gobierno del Sudán desde el 30 de junio de 1989, fecha en que fue depuesto el Gobierno democrático". Según indicó uno de los miembros del Tribunal de Revisión en la motivación de su decisión, el autor nunca dijo al Ministerio ni al Tribunal que era militante político desde la época del golpe. De hecho, en la segunda vista del Tribunal de Revisión, declaró que sólo había militado en 1992 y 1993.

4.10. El Estado Parte señala que el testimonio oral y escrito prestado ante el Tribunal de Revisión por un miembro de la comunidad sudanesa, a quien el autor conoció en Sydney, también tiene dudoso valor probatorio. La primera vez que compareció, dijo que ella no había conocido al autor en el Sudán pero que había ido a la escuela con dos de sus primas y que había llamado por teléfono a la filial de Londres del Umma para confirmar que era miembro del partido. Aunque es posible que sus declaraciones sean ciertas, el Estado Parte cree que una información tan general como la obtenida por la mujer de la filial del Umma en Londres es menos importante que el hecho de que el propio autor carezca absolutamente de pruebas documentales de su afiliación y de su reputación de disidente político. De aceptarse la declaración de la mujer, sólo confirmaría la afirmación del autor de que es de origen sudanés.

4.11. Sobre la supuesta objeción de conciencia del autor, el Estado Parte sostiene que su declaración ante el Tribunal de Revisión sobre el servicio militar obligatorio fue contradictoria y poco convincente y que no hay pruebas independientes que corroboren su objeción de conciencia a la guerra civil. El Estado Parte detalla los testimonios prestados por el autor en las dos vistas del Tribunal de Revisión, que difieren en muchos aspectos. Resulta significativo que un miembro del segundo Tribunal de Revisión no consideró creíble que lo hubieran llamado a filas ni admitió la autenticidad de la carta presentada por el autor como prueba de que había sido enrolado para luchar con las PDF. El Estado Parte sostiene que el autor no aportó pruebas de que sería tratado como desertor. Aun suponiendo que fuera objetor de conciencia y que se viera forzado a participar en la guerra civil porque la conscripción es obligatoria para todos los hombres, esto no constituye en sí mismo una tortura según la definición de la Convención.

4.12. El Estado Parte sostiene que aun cuando se admita que el autor se ha sustraído al enrolamiento o ha desertado, hay pocas pruebas que indiquen que ello lo expone al riesgo de tortura si vuelve al Sudán. Desde que se promulgó la nueva Constitución del Sudán, en 1998, la tortura y la ejecución son ilegales en cualquier circunstancia, incluida la deserción. Tras haber evaluado atentamente la información disponible, el Estado Parte cree que el autor no corre riesgo de ser torturado ni ejecutado por no haber cumplido el servicio militar. Aun cuando se aplique al autor alguna sanción por su presunta "deserción", se deduce de la información disponible que se lo consideraría insumiso y no desertor y, por tanto, se le podría imponer una pena de prisión no superior a tres años.

4.13. El Estado Parte reconoce que el Sudán no tiene buenos antecedentes en materia de derechos humanos y que tanto las fuerzas estatales como las no estatales siguen cometiendo abusos. Señala las conclusiones generales de la Comisión de Derechos Humanos, según las cuales el hecho de que la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo no lograra la aplicación de la Declaración de Principios aprobada en 1994 por el Gobierno del Sudán y las facciones beligerantes hizo que prosiguiera el conflicto en el sur del país. No obstante, alega que la existencia en un país de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye de por sí motivo suficiente para determinar que una persona correría el riesgo de ser torturada al volver al país. Debe haber razones concretas que indiquen que la presunta víctima corre personalmente el riesgo de ser torturada si es devuelta al país. Tales razones han de ir más allá de la pura teoría o sospecha.

4.14. Aunque el Estado Parte admitiese que el autor es sudanés y que fue detenido en una concentración en abril de 1992, no reconocería su pertenencia a un grupo de alto riesgo. El autor nunca ejerció de abogado, ya no es estudiante y no ha participado en política desde abril de 1992. Además, ha permanecido fuera del Sudán desde 1996, y desde entonces no ha hecho nada para significarse en el Sudán. El autor no corresponde a la descripción de "militante de base o estudiante" amenazado, tampoco es un joven, un dirigente estudiantil o un abogado que pueda considerarse opositor político y corra el riesgo de ser torturado por el Gobierno. En un informe del ACNUR sobre el Sudán preparado en 1997 se concluye que el Umma y otro partido de oposición, el Partido Democrático Unionista, están desfasados y que ya no interesan a la mayoría de los jóvenes. Ninguna de estas fuentes demuestra que el autor pertenezca al Umma ni justifica su temor de ser torturado.

4.15. Por último, según información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio de Australia, no es raro que los nacionales sudaneses permanezcan fuera del país durante largas temporadas, generalmente por motivos económicos. La información comunicada por otros países sobre la situación en el Sudán y las características de los solicitantes de asilo sudaneses indican que, en efecto, a veces se persigue a los miembros del Partido Umma o a los ansaríes, pero como son muchas las personas que dicen estar afiliadas al partido, es necesario comprobar en cada caso la veracidad de las declaraciones y el grado de compromiso de los solicitantes.

4.16. En cuanto a las posibilidades de que el autor sea torturado por haber solicitado asilo en Australia, el Estado Parte informa de que no hay pruebas que apoyen esa hipótesis. Según las propias declaraciones del autor, su hermano fue detenido al regresar al Sudán e interrogado sobre dónde había estado y qué había hecho, pero fue liberado ileso a los cinco días. Un funcionario del Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales en El Cairo informó al Estado Parte de que sabía de nacionales sudaneses que habían huido después del golpe de 1989, entre ellos nacionales que habían obtenido el estatuto de refugiados en Australia, y que no habían tenido problema con las autoridades al volver al Sudán. El Estado Parte también remite a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia de abril de 2000 que indicaba que el Partido Umma y el Gobierno del Sudán trataban de resolver sus diferencias.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

5.1.Antes de examinar cualquier queja formulada en una comunicación, el Comité debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, de conformidad con el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento internacional de investigación o solución.

5.2.El Comité observa que el Estado Parte no ha negado que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. El Estado Parte rechaza la admisibilidad porque el autor no ha presentado indicios razonables de violación del artículo 3, pero a juicio del Comité, el autor ha facilitado información suficiente para justificar que se examine el fondo de su queja. Como el Comité estima que no hay ninguna otra objeción a la admisibilidad, declara admisible la queja y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

6.1.El Comité debe decidir si la devolución forzosa del autor al Sudán supondría o no el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado Parte, con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, de no expulsar o devolver (refouler) a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Para llegar a una conclusión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, entre ellas la existencia en el Estado de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. El objetivo, sin embargo, es determinar si la persona correría personalmente el riesgo de ser torturada cuando regresara al país. Se deduce que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de suyo motivo suficiente para determinar que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura al volver a ese país; deben aducirse otras razones que demuestren que dicha persona estaría en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser torturada en sus circunstancias particulares.

6.2.Al evaluar el riesgo de tortura en el caso del autor, el Comité observa las considerables contradicciones de sus declaraciones durante el procedimiento, subrayadas por el Estado Parte, y estudiadas a fondo por el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio en dos ocasiones distintas. Observa que el autor no ha explicado ni justificado estas contradicciones y señala el párrafo 8 de su Observación general Nº 1, según el cual el Comité debe tener en cuenta las pruebas de credibilidad del autor y la existencia de contradicciones de hecho en sus alegaciones para determinar el peligro que correría de ser torturado si regresa al país.

6.3.En cuanto a la actividad política y los malos tratos ya sufridos a manos de las autoridades sudanesas ‑que son las razones que justifican el temor del autor a ser sometido a tortura a su regreso‑ el Comité observa que, aun cuando se obviaran las contradicciones citadas y se admitiera la veracidad de sus alegaciones, el autor declara no haber participado en política desde 1992 y en ningún momento del procedimiento interno ni en su queja al Comité dice haber sido torturado por las autoridades sudanesas.

6.4.En cuanto a su presunta deserción, el Comité señala que el Estado Parte examinó la carta de fecha 1º de junio de 1996, en la que el autor supuestamente era llamado a filas por las PDF y no la consideró auténtica. El Comité estima que se deben tener debidamente en cuenta las decisiones sobre cuestiones de hecho de la administración judicial nacional o estatal competente a menos que se demuestre que son arbitrarias o infundadas. Aun si el Comité considerara que el autor es desertor o insumiso, éste no ha demostrado que sería sometido a torturas al volver al Sudán. El Comité observa que el Estado Parte examinó gran cantidad de información de diversas fuentes antes de llegar a esta conclusión.

6.5.El Comité toma nota de que, según el autor, si volviera al Sudán, se vería obligado a hacer el servicio militar a pesar de ser objetor de conciencia, y las consecuencias de ello equivaldrían a tortura en el sentido del artículo 3 de la Convención. El Comité considera que la carta de 1º de junio de 1996, cuya autenticidad se ha cuestionado, así como la alegación del autor de que los opositores al régimen son enrolados para luchar en la guerra civil, no prueban suficientemente que sea objetor de conciencia ni que sería reclutado al volver al Sudán. La evaluación que hizo el Estado Parte de estos hechos, así como de las demás razones aducidas para justificar el temor de tortura, no parece infundada ni arbitraria.

6.6.A tenor de lo expuesto, el Comité considera que el autor de la queja no ha expuesto razones fundadas para creer que correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura al volver al Sudán, en el sentido del artículo 3 de la Convención.

7.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que la expulsión del autor al Sudán no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 153/2000

Presentada por:Z. T. (representada por la Sra. Angela Cranston)

Presunta víctima:R. T.

Estado Parte:Australia

Fecha de la comunicación:4 de enero de 2000 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 11 de noviembre de 2003,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 153/2000, presentada al Comité contra la Tortura por la Sra. Z. T. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado la autora de la queja, su abogada y el Estado Parte,

Adopta la siguiente decisión a tenor del artículo 22 de la Convención.

1.1.La autora de la queja en el caso de fecha 4 de enero de 2000 es Z. T. Presenta el caso en nombre de su hermano, R. T., ciudadano argelino, nacido el 16 de julio de 1967. Afirma que su hermano es víctima de una violación por parte de Australia del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representada por una abogada.

1.2.El 26 de enero de 2000, el Comité transmitió la queja al Estado Parte para que formulara sus comentarios y le pidió, con arreglo al párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, que no devolviera al Sr. R. T. a Argelia mientras el Comité examinaba la queja. No obstante, el Estado Parte lo expulsó el mismo día sin haber tenido tiempo de examinar la petición.

Los hechos expuestos por la autora de la queja

2.1.El 27 de noviembre de 1997, el Sr. R. T., que tenía un visado para visitantes, viajó a la Meca, en la Arabia Saudita, en donde permaneció siete meses. Luego "compró" un visado australiano y viajó a Sudáfrica a recogerlo.

2.2.El 21 de agosto de 1998 llegó a Australia procedente de Sudáfrica. A su llegada, destruyó su documentación de viaje en el aeropuerto. Solicitó inmediatamente la condición de refugiado en el aeropuerto, donde fue interrogado por un funcionario del Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales. Se le denegó el permiso de inmigración con arreglo al artículo 172 de la Ley de inmigración de Australia, por haber llegado sin documentos. El mismo día, fue detenido y conducido al Centro de Detención de Inmigrantes de Westbridge.

2.3.El 26 de agosto de 1998 solicitó un visado de asilo. Recibió la asistencia de un abogado de la Comisión de Asistencia Jurídica de Nueva Gales del Sur. El 16 de octubre de 1998 el Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales rechazó su solicitud. El mismo día recurrió ante el Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio, que rechazó el recurso el 11 de noviembre de 1998. Presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Federal de Australia, que lo desestimó el 10 de marzo de 1999.

2.4.El Sr. R. T. no apeló contra la decisión del Tribunal Federal de Australia ante el pleno del Tribunal Federal porque sus representantes opinaban que, habida cuenta de que el Tribunal Federal limita los motivos de recurso, éste no tenía ninguna posibilidad de prosperar y, por tanto, no se cumplían los requisitos necesarios para recibir asistencia letrada. Alega que, sin asistencia letrada, probablemente no habría estado representado en su recurso.

2.5.Posteriormente presentó otros tres recursos ante el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales el 17 de marzo, el 6 de julio y el 26 de agosto de 1999, respectivamente. Pidió al Ministro que, en ejercicio de sus facultades discrecionales, le permitiese permanecer en Australia por razones humanitarias. El Ministro rehusó en una carta sin fecha recibida por el abogado del Sr. R. T. el 22 de julio de 1999 y en otra carta fechada el 23 de agosto de 1999. No cabía recurso contra la decisión del Ministro. El 29 de octubre de 1999, un agente del Servicio Jurídico de Inmigración y Comunidades de South Brisbane se dirigió al Ministro pidiéndole que permitiese al Sr. R. T. permanecer en Australia por razones humanitarias; el Director de Amnistía Internacional de Australia también presentó una carta en que solicitaba que no se le expulsara "en el futuro inmediato".

2.6.El Sr. R. T. y otros dos solicitantes de asilo iniciaron entonces una huelga de hambre en septiembre de 1999. El 8 de octubre de 1999 fueron trasladados de Westbridge. Se les negó la oportunidad de consultar a sus abogados y no se les permitió empaquetar sus pertenencias. El 16 de octubre de 1999 presentaron una queja ante el Ministro de Inmigración y Asuntos Multiculturales.

2.7.El Sr. R. T. afirma que no se le notificó la decisión de expulsarle de Australia. Fue expulsado a Sudáfrica el 26 de enero de 2000.

2.8.La Sra. T. facilita más información sobre su hermano en otra carta fechada el 12 de abril de 2000. Dice que, tras su expulsión de Australia, estuvo retenido durante uno o dos días en un hotel del aeropuerto de Johannesburgo. Después fue entregado a funcionarios del Gobierno de Sudáfrica y permaneció detenido durante más de 30 días en el Centro de Detención de Lindela como inmigrante ilegal.

2.9.Aproximadamente el 7 de febrero de 2000 el Sr. R. T. presentó una solicitud de asilo, tras lo cual se le concedió un visado temporal que le permitió recobrar la libertad.

2.10. Alrededor del 30 de enero de 2000, fue informado de que en breve sería visitado por el Embajador de Argelia en Sudáfrica, quien tenía el propósito de proporcionarle documentación para que prosiguiera viaje a Argelia. Gracias a la intervención del abogado del Sr. R. T., la visita no se produjo.

2.11. El Sr. R. T. afirma que no se siente seguro en Sudáfrica después de su expulsión de Australia. Alega que el derecho sudafricano no garantiza que no se le pueda expulsar en cualquier momento. Entre las actuaciones del Gobierno de Sudáfrica que le preocupan se incluye la notificación al Embajador de Argelia de su presencia en Sudáfrica, la aceptación y posterior revocación de una solicitud de asilo, la revocación del visado temporal y su detención en el Centro de Lindela más allá del plazo legal de 30 días. Alega que, debido al comercio de armas entre los Gobiernos de Sudáfrica y Argelia, teme que se rechace su solicitud por imperativos comerciales.

2.12. Se alega que la queja no ha sido examinada con arreglo a otro procedimiento de investigación o solución internacional.

La queja

3.1.La autora de la queja afirma que hay motivos fundados para creer que su hermano estaría en peligro de ser sometido a torturas si regresara a Argelia y que, por consiguiente, Australia violaría el artículo 3 de la Convención si lo devolviese a ese país. Alega que teme que sea procesado en Argelia por sus opiniones políticas y por pertenecer al Frente Islámico de Salvación (FIS). También teme que se le obligue a prestar servicios en el ejército argelino, y alega que las autoridades argelinas han acusado a algunos de sus familiares de apoyar a grupos islámicos armados. Como consecuencia de ello, su hermano y algunos parientes estaban en el punto de mira del ejército argelino.

3.2.Se alega que el Sr. R. T. corre peligro de ser sometido a tortura debido a su apoyo al FIS y a sus estrechos vínculos familiares con varias personas que han estado en el punto de mira de las autoridades por pertenecer al FIS y, en algunos casos, por haberse presentado como candidatos del FIS.

3.3.Por último, el Sr. R. T. estima que corre personalmente peligro de ser torturado debido a la publicación de la decisión del Tribunal Federal. En la decisión figuran detalles personales y familiares y sus reclamaciones, y se reseña el proceso de solicitud de protección en Australia. Afirma también que esa publicación le pone personalmente en peligro si se le obliga a volver a Argelia, porque es probable que las autoridades argelinas conozcan la decisión publicada y los detalles de su solicitud de protección.

3.4.La autora de la queja argumenta que Argelia sigue siendo un Estado autoritario con un largo historial de violaciones manifiestas y patentes de los derechos humanos. Alega que se somete regularmente a tortura a las personas detenidas por razones de seguridad nacional; los informes de varias organizaciones apoyan este argumento. Se considera que este hecho constituye un "motivo fundado" para creer que existe el peligro de que el Sr. R. T. sea sometido a tortura a su regreso a Argelia.

3.5.La autora de la queja solicita que se determine que la expulsión de su hermano de Australia en circunstancias que le impiden volver o ir a cualquier país que no sea Argelia constituye una violación del artículo 3 de la Convención.

Exposición del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y el fondo de la queja

4.1.El 14 de noviembre de 2000 el Estado Parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del caso. Explica que no pudo adoptar las medidas provisionales de protección solicitadas por el Comité porque no había recibido de éste ninguna solicitud por escrito en el momento de la expulsión de Australia del Sr. R. T. el 26 de enero de 2000. El Estado Parte añade que se comunicó la expulsión inminente de éste a la oficina del ACNUR en Australia, que ésta no puso ninguna objeción y que se habían evaluado todos los posibles riesgos de su regreso a Argelia en base a la información disponible sobre el país.

4.2.A juicio del Estado Parte, la queja es inadmisible por ser incompatible con las disposiciones de la Convención. Asimismo, el Estado Parte alega que la autora no ha presentadoindicios racionales que permitan creer que en caso de que su hermano volviera a Argelia se le sometería a tortura, ni tampoco ha fundamentado de modo razonable su convicción de que estaría en peligro de ser sometido a tortura.

4.3.El Estado Parte señala que nada prueba que las autoridades argelinas hayan torturado anteriormente al Sr. R. T. y que son fragmentarias las indicaciones de que participara realmente en las actividades políticas del FIS. Son también numerosas las contradicciones en la reseña que hace el Sr. T. de sus actividades, lo que pone en duda su credibilidad. En base a los elementos de prueba presentados, el Estado Parte no acepta que haya sido simpatizante del FIS.

4.4.Sobre la posibilidad de que el Sr. R. T. tenga que hacer el servicio militar a su regreso a Argelia, el Estado Parte argumenta que es poco probable que esto ocurra, tanto porque ya ha terminado su servicio militar, como porque ya ha pasado la edad de reclutamiento. Afirma que, de todas formas, la exigencia de hacer el servicio militar no constituye tortura. Asimismo, el Estado Parte invoca el fallo del Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio, según el cual el Sr. R. T. no dijo la verdad cuando afirmó que tenía obligaciones militares pendientes. El Tribunal declaró que había exagerado sus declaraciones en comparación con la primera vez que las formuló al llegar a Australia.

4.5.El Estado Parte niega que la publicación de la sentencia del Tribunal Federal de Australia pueda impulsar a las autoridades argelinas a torturar al Sr. R. T. a su regreso a Argelia. Nada indica que las autoridades argelinas hayan mostrado interés alguno en las actividades de éste desde 1992, cuando, según él, fue arrestado durante 45 minutos. El Estado Parte señala que resulta difícil creer que las autoridades argelinas estuvieran estudiando las bases de datos jurídicos de Australia en Internet para conocer su paradero. A su juicio, es poco probable que la publicación en Internet de la denegación del visado de asilo llegara a conocimiento de las autoridades argelinas. Por consiguiente, no hay motivos fundados para creer que el Sr. R. T. esté en peligro de ser sometido a tortura por los motivos aducidos.

4.6.El Estado Parte admite que el Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales había constatado que los familiares del Sr. R. T. que habían sufrido daños o malos tratos habían sido miembros activos del FIS o del clero islámico, pero, según sus propios datos, el Sr. R. T. no era ni lo uno ni lo otro y nunca había atraído la atención de las autoridades, excepto una vez en 1992 cuando, según él, había estado detenido durante 45 minutos. Además, el Estado Parte cita el fallo del Tribunal de Revisión de Asilo y Refugio, según el cual el Sr. R. T. había podido salir de Argelia en tres ocasiones y volver dos veces sin problemas. Ello indica que el hermano de la autora de la queja no ha atraído la atención de las autoridades.

4.7.El Estado Parte afirma asimismo que, durante la vista, el Sr. R. T. reconoció que ninguno de sus familiares directos tenía problemas con las autoridades (salvo su cuñado, en 1995) y que él personalmente no había tenido problemas desde su detención en 1992. Ello indica, una vez más, que no suscita una atención hostil por parte de las autoridades.

4.8.El Estado Parte observa que la autora de la queja teme, en general, que su hermano sufra daños como consecuencia del conflicto civil en Argelia; sin embargo ese temor no basta para concederle la protección de la Convención. Añade que el Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales tuvo en cuenta la información recibida de las autoridades francesas y británicas de que no tenían conocimiento de ningún caso en el que una persona que hubiese regresado a Argelia desde esos países hubiese sufrido actos de violencia a su regreso. El Estado Parte se remite también a los informes que indican que la situación de los derechos humanos en Argelia ha mejorado.

4.9.El Estado Parte también invoca la opinión del Ministerio de Inmigración y Asuntos Multiculturales de que las autoridades argelinas son conscientes de que muchos ciudadanos que viajan al extranjero solicitan la condición de refugiado para escapar del conflicto civil y la mala situación económica de Argelia. Conviene señalar que la simple solicitud de asilo de un ciudadano argelino en otro país no constituye un motivo para que las autoridades argelinas intenten perseguirlo o torturarlo.

4.10. El Estado Parte señala que en una carta de 25 de enero de 2000 se informó al Sr. R. T. de que se había dispuesto que abandonase Australia en el vuelo SA281 de South African Airways, que salía de Sydney el 26 de enero de 2000 a las 21.40 horas con destino a Johannesburgo. En su vuelo a Sudáfrica le acompañaron tres funcionarios. El Estado Parte añade que las autoridades australianas desconocen su paradero actual.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

5.1.El Comité ha tomado nota de la información del Estado Parte de que no suspendió la expulsión del Sr. R. T. y que no se recibió a tiempo la petición del Comité para que adoptase medidas provisionales en virtud del párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento. El 26 de enero de 2000 fue trasladado en avión a Johannesburgo. Permaneció en Sudáfrica durante algún tiempo, pero se desconoce su paradero actual.

5.2.Antes de examinar cualquier queja formulada en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la comunicación es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. A este respecto, el Comité se ha cerciorado, como se exige en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada con arreglo a otro procedimiento internacional de investigación o solución. El Comité también observa que el Estado Parte no ha puesto en duda que se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. El Estado Parte señala asimismo que la autora de la queja no ha fundamentado su caso a los efectos de la admisibilidad y, a este respecto, se remite al dictamen del Comité en G. R. B. c. Suecia, en el que éste afirmó que "la obligación de un Estado Parte de no proceder a la devolución forzada de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura guarda relación directa con la definición de la tortura que figura en el artículo 1 de la Convención". El Estado Parte señala asimismo que el Comité declaró que incumbía a la autora presentar un caso defendible. Explica que esto significa que la alegación de la autora debe tener suficientes fundamentos de hecho que reclamen una respuesta del Estado Parte. Alega que los hechos relativos a su hermano no justifican una respuesta de Australia y reitera que el Comité señaló que el riesgo de tortura debía fundarse en razones que trascendieran la mera teoría o sospecha. A juicio del Estado Parte, no hay motivos fundados para creer que el Sr. R. T. vaya a ser sometido a tortura.

5.3.A pesar de las observaciones del Estado Parte, el Comité considera que la autora de la queja ha facilitado suficiente información sobre el peligro que corre el Sr. R. T., según alega, en caso de regresar a Argelia para justificar que se examine el fondo de su queja. Como el Comité estima que no hay ninguna otra objeción contra la admisibilidad, declara admisible la queja y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

6.1.El Comité debe decidir si la devolución forzosa del Sr. R. T. a Argelia supondría o no el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado Parte, con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. A fin de llegar a su conclusión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. El objetivo, sin embargo, es determinar si la persona en cuestión correría un riesgo personal de ser torturada en el país al que sería devuelta. Se deduce que, de conformidad con la doctrina del Comité y a pesar de las alegaciones de la autora de la queja con respecto a la situación en Argelia indicadas en el párrafo 3.4, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye de suyo motivo suficiente para determinar que una persona estaría en peligro de ser sometida a tortura al volver a ese país; deben aducirse otras razones que demuestren que dicha persona estaría en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en sus circunstancias particulares.

6.2.El Comité toma nota de que la autora de la queja invoca la protección del artículo 3 de la Convención partiendo de la base de que su hermano está personalmente en peligro de ser detenido y torturado en relación con el apoyo que él y sus familiares han dado al FIS. Su supuesta relación con el FIS se remonta a 1992, fecha en que fue detenido e interrogado durante 45 minutos. No se alega que el Sr. R. T. haya sido torturado ni procesado por su relación con el FIS antes de partir para la Arabia Saudita. La autora no ha facilitado las pruebas que le incumbía presentar para justificar su afirmación de que su hermano estaría en peligro de ser sometido a tortura y de que Argelia es un país donde existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

6.3.En el presente caso, el Comité señala asimismo que las actividades políticas del cuñado del Sr. R. T. tuvieron lugar hace unos diez años y que no pueden constituir por sí mismas un riesgo de tortura para el Sr. R. T. en caso de que fuera devuelto a Argelia. Añade que el supuesto temor de éste a su reintegración en el ejército es totalmente ajeno a la cuestión que se examina.

6.4.El Comité recuerda que, a efectos del artículo 3 de la Convención, tiene que existir un riesgo previsible, real y personal de ser sometido a tortura en el país al que sea devuelta la persona o, como en el presente caso, a un tercer país del que sea previsible que posteriormente se la expulse. Basándose en las consideraciones anteriores, el Comité considera que la autora de la queja no ha presentado pruebas suficientes que convenzan al Comité de que su hermano correría un peligro personal de ser torturado si lo envían de regreso a Argelia.

6.5.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la expulsión del Sr. R. T. a Sudáfrica, sobre la base de la información presentada, no constituyó una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 182/2001

Presentada por:Sr. A. I. (representado por el Sr. Hans Peter Roth, abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:5 de marzo de 2001 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 12 de mayo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 182/2001, presentada al Comité contra la Tortura por el Sr. A. I. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han proporcionado el autor de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión a tenor del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es A. I., ciudadano de Sri Lanka de origen tamil nacido en 1977, que actualmente reside en Suiza y aguarda su expulsión a Sri Lanka. Afirma que su devolución forzosa a Sri Lanka constituiría una violación por parte de Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por un letrado.

1.2.El 25 de abril de 2001 el Comité transmitió la queja al Estado Parte para que formulara comentarios. El Comité toma nota de que el Estado Parte decidió por su propia iniciativa que no se devolviera al autor a Sri Lanka mientras el Comité examinaba su caso.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El autor es de Chankanai, en el norte de Sri Lanka. En julio de 1995 él y su familia huyeron de las hostilidades entre combatientes en la guerra civil y permanecieron durante algún tiempo en un campamento de refugiados cerca de Navaly. Durante el bombardeo de una iglesia católica en Navaly por las Fuerzas Aéreas de Sri Lanka fue testigo de la muerte de numerosos refugiados que habían buscado cobijo en esa iglesia, entre ellos algunos parientes lejanos suyos. El autor y su familia se dirigieron a Chavakachcheri, a la sazón controlada por los LTTE, donde su hermano menor, S., se unió a los LTTE.

2.2.En enero de 1996, el autor y su madre viajaron a Colombo para preparar su salida de Sri Lanka. A raíz de un atentado con bomba contra un banco de Colombo, en el que participó un vecino, el autor y su madre fueron arrestados por las fuerzas de seguridad el 31 de enero de 1996 y detenidos en la comisaría de policía de Pettah. Los días 8 y 16 de febrero de 1996 el autor fue visitado por una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y el 22 de febrero de 1996 él y su madre fueron puestos en libertad tras pagar un soborno.

2.3.El 30 de marzo de 1996 el autor fue detenido durante un control de identidad por una patrulla del ejército, que lo trasladó a la prisión de Welikade, donde fue interrogado acerca de su conexión con los LTTE. Una vez puesto en libertad, el 1º de enero de 1997, fue devuelto a Chankanai. Mientras tanto su hermano menor había muerto, el 18 de julio de 1996, durante un ataque de los LTTE contra un campamento del ejército, cerca de Mullaitivu.

2.4.Tras su regreso a Chankanai, el autor y su segundo hermano, T., fueron detenidos seis o siete veces entre abril y junio de 1997 por las milicias del EPRLF y la TELO y llevados a un campamento cerca de Puttur, donde fueron interrogados acerca de sus vínculos con los LTTE. Se afirma que durante el interrogatorio fueron golpeados; en una ocasión los golpearon con una cadena de hierro y les quemaron la espalda con un hierro candente para extraerles una confesión. En julio de 1997, T. fue detenido de nuevo por las milicias y desde entonces está desaparecido.

2.5.Más tarde el autor regresó a Colombo, desde donde salió para Suiza vía Turquía e Italia el 22 de agosto de 1997 con un pasaporte falso.

2.6.El 26 de agosto de 1997 el autor solicitó asilo político en Suiza. Tras prestar declaración en la Oficina Federal de los Refugiados (OFR) el 26 de agosto de 1997 y el 22 de abril de 1998, y ante la policía de inmigración el 14 de octubre de 1997, la OFR rechazó su solicitud de asilo el 28 de octubre de 1998, al tiempo que le ordenaba que abandonara el país antes del 15 de enero de 1999. La orden se basó en las siguientes razones: a) la falta de credibilidad de sus declaraciones relativas a su detención en la prisión de Welikade y a la supuesta desaparición de su segundo hermano, T., así como algunas contradicciones en que incurrió al describir los malos tratos recibidos por él y su hermano cuando se hallaban en poder del EPRLF y la TELO; b) la ausencia de una relación suficiente, ni en el tiempo ni en el contenido, entre su detención en la comisaría de policía de Pettah, del 31 de enero al 22 de febrero de 1996, y su salida de Sri Lanka el 22 de agosto de 1997; y c) la inexistencia de un riesgo de tortura suficientemente probado si regresara a Sri Lanka, donde el autor podría reinstalarse en zonas no afectadas por las hostilidades entre las partes en el conflicto.

2.7.El 30 de noviembre de 1998 el autor apeló ante la Comisión Federal de Recurso en Materia de Asilo (ARK) y posteriormente presentó dos informes médicos fechados el 6 de enero y el 5 de septiembre de 1999 en los que se confirma que padece estrés postraumático. En su comunicación de 10 de octubre de 1999, la OFR mantuvo su postura arguyendo que el autor podía recibir un tratamiento terapéutico adecuado en el Centro de Rehabilitación Familiar de Colombo, o en una de sus 12 sucursales de Sri Lanka. Se señalaba, además, que existía una contradicción entre el informe médico del 6 de enero de 1999, en el que se mencionaba que el autor había estado detenido durante 14 días en Colombo antes de ser arrestado, el 31 de enero de 1996, y el hecho de que el autor no hubiera planteado esta cuestión durante sus entrevistas.

2.8.El 30 de noviembre de 2000, la ARK desestimó la apelación del autor. Ratificó las conclusiones de la OFR y añadió las siguientes razones: a) que ninguna de las supuestas detenciones del autor dieron lugar a un procedimiento judicial contra él por colaboración con los LTTE; b) que el hecho de que el autor fuese detenido dos veces en Colombo no tenía importancia para su solicitud de asilo; c) que aun cuando el autor padecía estrés postraumático, no había demostrado que fuera consecuencia de que las autoridades de Sri Lanka lo hubieran perseguido; d) que el autor no había presentado documentos fidedignos para probar su identidad; y e) que la deportación del autor a Sri Lanka no constituiría un perjuicio excesivo, al no existir suficientes razones para creer que sería sometido a tortura, y habida cuenta de que su familia continúa viviendo en la provincia del norte (Tellipalai) y de que en Sri Lanka podría recibir un tratamiento adecuado para su estrés postraumático.

2.9.Más tarde la OFR fijó un nuevo plazo para que el autor abandonase Suiza antes del 5 de febrero de 2001.

La queja

3.1.El autor afirma que su regreso forzoso a Sri Lanka constituiría una violación por parte de Suiza del artículo 3 de la Convención, porque hay motivos fundados para creer que, siendo un joven tamil que ha sido detenido e interrogado repetidas veces por las autoridades y grupos de la milicia, y cuyo hermano se sabía que era miembro de los LTTE, sería sometido a tortura a su regreso a ese país.

3.2.Afirma que las fuerzas de seguridad de Sri Lanka practican diariamente redadas e inspecciones en las calles contra los tamiles, a los que pueden mantener detenidos hasta 18 meses en virtud de la Ley de prevención del terrorismo, sin una orden de detención y sin informarlos de los cargos que pesan contra ellos. Conforme al Reglamento de Emergencia complementario de esa ley, este período puede ser prorrogado repetidas veces hasta 90 días por una comisión judicial cuyas decisiones son inapelables. Durante ese tiempo los detenidos son interrogados frecuentemente sobre sus contactos con los LTTE, y suelen ser objeto de tortura, malos tratos e incluso ejecuciones extrajudiciales.

3.3.Remitiéndose a varios informes sobre la situación de los derechos humanos en Sri Lanka, el autor sostiene que en los últimos años no ha disminuido de forma apreciable el peligro que corren los tamiles de ser torturados.

3.4.El autor afirma que no puede establecerse una distinción clara entre persecución gubernamental y no gubernamental, como se prevé en la Ley de asilo político de Suiza, en situaciones de guerra civil como la que reina en Sri Lanka, que a menudo se caracteriza bien por una falta total de control, bien por el ejercicio simultáneo del control por parte de diferentes grupos en ciertas zonas. Por ejemplo, en ciertas partes del país, milicias tamiles, como el EPRLF o la TELO perseguían a los seguidores de los LTTE en estrecha colaboración con el ejército de Sri Lanka, y frecuentemente torturaban a los sospechosos en sus propios campamentos de prisioneros. Ese trato era, por consiguiente, equivalente a la persecución por parte del Estado.

3.5.El autor alega que, debido a su estrés postraumático, que es una secuela de la tortura que sufrió en el campamento del EPRLF y la TELO, y de la impresión que le produjo el bombardeo de la iglesia de Navaly, podría reaccionar de manera incontrolada ante situaciones de peligro, como redadas o inspecciones callejeras, lo cual incrementaría todavía más el riesgo de ser detenido y torturado por la policía de Sri Lanka.

3.6.El autor afirma que con frecuencia los refugiados que sufren una persecución política no tienen papeles y que él ha probado suficientemente su identidad con una fotocopia de su tarjeta de identidad y de su partida de nacimiento. No se puede pretender que se presente a las autoridades de Sri Lanka para que le expidan un pasaporte o una nueva tarjeta de identidad.

3.7.El autor afirma que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de investigación o solución internacionales, y que él ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Afirma, en particular, que sería inútil presentar un recurso excepcional a la ARK si no dispone de pruebas nuevas.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.El 8 de junio de 2001, el Estado Parte reconoció que la comunicación era admisible, y el 29 de noviembre de 2001 presentó sus observaciones en cuanto al fondo. Suscribe los argumentos expuestos por la Oficina Federal de los Refugiados y la Comisión de Recurso en Materia de Asilo en el caso del autor y llega a la conclusión de que el autor no ha justificado que correría un riesgo real y personal de ser sometido a tortura si regresara a Sri Lanka.

4.2.El Estado Parte argumenta que el autor no presentó ningún elemento nuevo que justificase una impugnación de las decisiones de la OFR y la ARK. De igual forma, las pruebas presentadas durante el procedimiento nacional de asilo (artículos de prensa, una carta de su madre y una tarjeta de identidad del CICR) eran insuficientes para probar su afirmación de que había sido perseguido en el pasado o de que en el futuro podría correr el peligro de ser torturado en Sri Lanka. Los informes médicos que confirmaban su estrés postraumático se basaban en su propio relato y no tenían en cuenta que podría haber otras causas más probables de esos síntomas.

4.3.Aunque admite que el autor estuvo detenido en la comisaría de policía de Pettah, en Colombo, desde el 31 de enero al 22 de febrero de 1996, el Estado Parte considera que esta detención no tiene relevancia para su alegación de que corre el riesgo de ser torturado si regresa a Sri Lanka. Tampoco puede deducirse que corre ese riesgo a causa de los frecuentes controles de identidad y detenciones de tamiles en Sri Lanka.

4.4.El Estado Parte sostiene que el hecho de que no se haya abierto ningún procedimiento penal contra el autor prueba que su persona no corre ningún peligro de ser torturada por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka. Para el Estado Parte, las milicias del EPRLF y la TELO, si alguna vez actuaron en la zona de Chankanai en 1997, nunca mostraron interés por las propias actividades del autor, aunque, al parecer, lo torturaron para sacarle información acerca de la conexión que había entre los LTTE y su difunto hermano, S.

4.5.Por último, el Estado Parte arguye que el autor podría probar, si regresa a Sri Lanka, que había vivido en Suiza desde 1997, despejando así cualquier duda de haber colaborado con los LTTE durante ese tiempo.

Comentarios del autor sobre la exposición del Estado Parte

5.1.El 22 de diciembre de 2003, en sus observaciones sobre la exposición del Estado Parte en cuanto al fondo, el abogado alega que las contradicciones observadas en las declaraciones del autor ante las autoridades suizas eran el resultado de una "pérdida del sentido de la realidad". Las personas traumatizadas tienen a menudo dificultades para recordar los detalles y el orden cronológico de sus historias.

5.2.El autor impugna la afirmación de que el EPRLF y la TELO ya no actuaban en la región de Chankanai entre abril y junio de 1997, diciendo que el Estado Parte no citó ninguna referencia verificable que la apoye.

5.3.El autor rechaza el argumento del Estado Parte de que no ratificó suficientemente sus alegaciones. Por ejemplo, la pertenencia de su difunto hermano a los LTTE era un hecho documentado y una razón suficiente para creer que las autoridades de Sri Lanka lo considerarían a él sospechoso. Además, los órganos del Estado responsables solían ocultar los actos de tortura, razón por la cual no se disponía a menudo de pruebas.

5.4.El autor alega que en lugar de poner en duda los informes psiquiátricos presentados por él, el Estado Parte debería haber recabado la opinión médica de un facultativo del Estado. Aunque no prueban sus afirmaciones, los informes existentes de enero y septiembre de 1999 confirman al menos que su estrés postraumático era consecuencia directa de sus anteriores experiencias de tortura.

5.5.Por último, el autor sostiene que en 2003 se informó de numerosos incidentes de tortura y malos tratos en las prisiones de Sri Lanka y que, pese a las negociaciones de paz en curso, el imperio de la ley todavía no está asegurado en Sri Lanka.

Deliberaciones del Comité

6.1.Antes de examinar una reclamación contenida en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si es admisible con arreglo al artículo 22 de la Convención. A este respecto, el Comité se ha cerciorado, como se exige en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacionales. En el presente caso el Comité también observa que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y que el Estado Parte ha reconocido que la comunicación es admisible. Por consiguiente, considera que la comunicación es admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

6.2.El Comité debe decidir si la devolución forzosa del autor de la queja a Sri Lanka supondría un incumplimiento de la obligación que tiene el Estado Parte con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de no proceder a la expulsión o devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Para llegar a su conclusión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, en particular, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos (párrafo 2 del artículo 3 de la Convención).

6.3.El Comité observa en los informes recientes sobre la situación de los derechos humanos en Sri Lanka que, aunque se han hecho esfuerzos por erradicar la tortura, se sigue recibiendo con frecuencia información sobre casos de tortura, y que a menudo la policía, los funcionarios judiciales y los médicos no se ocupan eficazmente de esas denuncias. Sin embargo, el Comité toma nota también que en febrero de 2002 se firmó un acuerdo de cese el fuego entre el Gobierno y los LTTE. Si bien los últimos acontecimientos políticos y cambios de gobierno pueden haber creado obstáculos a la consecución efectiva del proceso de paz en curso, lo cierto es que dicho proceso no ha sido abandonado. El Comité recuerda además que, tras realizar su investigación sobre Sri Lanka en el marco del artículo 20 de la Convención, llegó a la conclusión de que la práctica de la tortura no era sistemática en el Estado Parte. Por último, el Comité señala que un gran número de refugiados tamiles regresaron a Sri Lanka en los últimos años.

6.4.El Comité recuerda, sin embargo, que el objetivo de su examen es determinar si el autor de la queja correría un riesgo personal de ser torturado en el país al que regresaría. Se deduce que, independientemente de que pueda decirse que en Sri Lanka existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos, tal existencia no constituye por sí sola motivo suficiente para determinar que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura a su regreso a ese país. Deben aducirse otras razones que demuestren que estaría en peligro. A la inversa, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa necesariamente que no se pueda considerar que el autor esté en peligro de ser sometido a tortura en las circunstancias particulares de su caso.

6.5.En cuanto al riesgo personal que correría el autor de ser torturado por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka, el Comité ha tomado nota de su afirmación de que en 1997 fue torturado por el EPRLF y la TELO, que actuaban en colaboración con el ejército de Sri Lanka. Aun suponiendo que estas denuncias sean ciertas, el Comité estima que no se desprende necesariamente de ellas que en la actualidad el autor correría el riesgo de ser torturado otra vez, en vista del proceso de paz en curso en Sri Lanka y el hecho de que muchos refugiados tamiles han regresado al país en los últimos años.

6.6.En la medida en que el autor afirma que los trastornos que le ha provocado el estrés postraumático darían lugar a un comportamiento incontrolable en situaciones de tensión, con lo cual aumentaría el peligro de ser detenido por la policía de Sri Lanka, el Comité observa que el hecho de no haberse ejercido en el pasado ninguna acción penal contra el autor y su escaso perfil político pueden aducirse a su vez como factores que probablemente reducirán cualquier riesgo de que una nueva detención, de producirse, pueda tener graves consecuencias.

6.7.El Comité no considera probable que las autoridades de Sri Lanka, o los grupos de milicias que, según se alega, actúan con su consentimiento o aquiescencia, sigan estando interesados en la participación en los LTTE del hermano menor del autor, que murió hace casi ocho años.

6.8.Respecto de la cuestión de si el autor podrá recibir en Sri Lanka un tratamiento psiquiátrico adecuado para el estrés postraumático que padece, el Comité recuerda que el empeoramiento de su estado de salud como posible consecuencia de su expulsión a Sri Lanka no representaría una tortura en el sentido del artículo 3, considerado conjuntamente con el artículo 1, de la Convención, que pudiera ser imputable al propio Estado Parte.

6.9.Por consiguiente el Comité estima que el autor no ha aducido razones suficientes que permitan al Comité concluir que podría correr un riesgo grave, concreto y personal de ser sometido a tortura si regresara a Sri Lanka.

7.El Comité contra la Tortura, actuando de conformidad con el párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que la expulsión del autor a Sri Lanka por el Estado Parte no constituiría una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 183/2001

Presentada por:B. S. S. (representado por el Sr. Stewart Istvanffy, abogado)

Presunta víctima:B. S. S.

Estado Parte:Canadá

Fecha de la queja:7 de marzo de 2001

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 12 de mayo de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 183/2001, presentada al Comité contra la Tortura por el Sr. B. S. S. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han proporcionado el autor de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es el Sr. B. S. S., ciudadano indio nacido en 1958, que actualmente vive en Quebec (Canadá) en espera de ser deportado a la India. Sostiene que su regreso forzoso a la India constituiría una violación por el Canadá de los artículos 3 y 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo representa un abogado.

1.2.El 4 de mayo de 2001 el Comité transmitió la queja al Estado Parte para que formulara observaciones y, con arreglo al párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, pidió que no se expulsara al autor de la queja a la India mientras el Comité estuviera examinando su comunicación. El 19 de febrero de 2004, el Estado Parte pidió al Comité que retirara su solicitud de que se adoptaran medidas provisionales, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 108 de su reglamento, o que en su defecto adoptara lo más rápidamente posible una decisión definitiva sobre la queja. Mediante carta de fecha 2 de marzo de 2004, el abogado solicitó al Comité que mantuviera su petición de medidas provisionales hasta que se adoptara una decisión definitiva sobre la queja. Estas solicitudes perdieron actualidad el 12 de mayo de 2004, cuando el Comité adoptó su dictamen.

1.3.El 31 de marzo de 2003, el autor solicitó al Comité que suspendiera el examen de su queja, en espera de los resultados de las actuaciones que se llevaran a cabo con arreglo a un nuevo procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno para el inmigrante, pero que mantuviera la solicitud formulada a tenor del párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento. El 25 de abril de 2003, el Comité informó al autor de la queja y al Estado Parte de que había decidido suspender el examen de la queja, así como de su petición al Estado Parte de que no expulsara al autor de la queja, por cuanto su expulsión quedaría automáticamente suspendida en virtud de la sección 162 del Reglamento sobre Inmigración y Protección de los Refugiados.

Los hechos expuestos por el autor de la queja

2.1.El autor de la queja es de la provincia india del Punjab. Profesa la religión sij. Su mujer y sus tres hijos siguen viviendo en el Punjab.

2.2.Según el "informe de investigación" de 12 de marzo de 1993, preparado por el Sr. S. S., abogado de derechos humanos de Patiala, Punjab, el 12 de marzo de 1993, que esencialmente se basa en el testimonio del padre y la hija del autor de la queja y de otros lugareños, dos personas armadas llegaron a la vivienda del autor en abril de 1991 y le pidieron comida apuntándole con una pistola. Permanecieron allí media hora. Esa noche, la policía detuvo al autor de la queja acusándole de dar cobijo a terroristas. Se informa de que fue detenido en una celda especial de tortura donde fue interrogado y apaleado por la policía. Recuperó la libertad dos días después cuando su padre pagó un soborno.

2.3.Según el mismo informe, el autor de la queja fue detenido por segunda vez en septiembre de 1991, tras el asesinato de seis parientes de un agente de policía en una aldea cercana. Se detuvo al autor en un lugar desconocido en el que supuestamente fue sometido de nuevo a torturas por la policía. Fue puesto en libertad tras la intervención de un político local y después se trasladó a Jaipur, en Rajastán, para ocultarse de la policía del Punjab. Se informa de que la policía siguió importunando a su familia, y en una ocasión detuvo a su hermano. Cuando la policía empezó a investigar el paradero del autor en Jaipur, éste decidió abandonar el país siguiendo los consejos de su padre.

2.4.El 1º de septiembre de 1992, el autor de la queja salió de la India con destino al Brasil, desde donde viajó a México y entró en los Estados Unidos el 22 de septiembre de 1992. El 30 de octubre de 1992, entró en el Canadá y solicitó la condición de refugiado. Cuando fue devuelto a los Estados Unidos, las autoridades de inmigración de ese país le pidieron que lo abandonara antes del 29 de noviembre de 1992. El autor permaneció ilegalmente en los Estados Unidos. No se presentó al examen de su solicitud de la condición de refugiado que debía tener lugar el 17 de agosto de 1993 en el puesto fronterizo canadiense de Lacolle.

2.5.El 24 de noviembre de 1993, el Consulado de la India en Nueva York expidió un pasaporte al autor de la queja.

2.6.El autor volvió a entrar en el Canadá el 4 de agosto de 1994 por Vancouver y el 16 de agosto de 1994 solicitó de nuevo la condición de refugiado en Montreal. El 13 de octubre de 1994, las autoridades de inmigración canadienses dictaron una orden de expulsión contra él. El 4 de noviembre de 1996, la División de la Junta de Inmigración y Refugiados encargada de determinar la condición de refugiado con arreglo a la Convención le denegó dicha condición, pero el autor de la queja pidió autorización para solicitar la revisión judicial de esa decisión. La autorización fue denegada por el Tribunal Federal del Canadá el 29 de mayo de 1998.

2.7.Mientras tanto, el autor de la queja presentó una solicitud en la categoría titulada Solicitantes del estatuto de refugiado en el Canadá no reconocidos. Junto con la solicitud presentó copia de un documento que parecía una orden de detención y que, según dicho documento, había sido expedido contra él por las autoridades de la India el 8 de mayo de 1994. Su solicitud fue denegada por carta de 10 de marzo de 1997, en la que se le comunicaba que la orden de expulsión había entrado en vigor y tenía que abandonar el Canadá antes del 16 de abril de 1997. En las notas al expediente preparadas por el funcionario encargado de esta categoría de solicitantes se dice que la copia de la orden de detención sólo se presentó en una fase tardía del procedimiento y que no se explicó por qué se había dictado esa orden en 1994, supuestamente respecto de sucesos que se remontaban a 1991. El 29 de agosto de 1997, el Tribunal Federal del Canadá denegó la petición de autorización para solicitar la revisión judicial de la decisión por la que se rechazaba la solicitud del autor de la queja.

2.8.El 2 de octubre de 1997, el autor de la queja solicitó que no se le aplicara la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados por motivos humanitarios y de benevolencia. La solicitud iba acompañada de nueva documentación que incluía un artículo, de fecha 10 de agosto de 1997, de un diario de Chandigarh, en Punjab, en el que se decía que la policía del Punjab seguía acosando a la familia del autor de la queja y que la vida de éste corría peligro si se lo repatriaba a la India; un informe, de fecha 25 de abril de 1995, de un médico indio en el que éste confirmaba que el 21 de septiembre de 1991 había tratado al autor de la queja de una fractura en la pierna y una hemorragia del oído; y un informe, de fecha 14 de marzo de 1995, de un médico de Montreal en el que se certificaba un defecto auditivo en el oído derecho del autor de la queja, así como una cicatriz de 3 cm en la pierna derecha y se concluía que estos síntomas concordaban con sus alegaciones de haber sido torturado. El 4 de noviembre de 1997 se denegó la solicitud del autor de la queja por motivos humanitarios y de benevolencia. Sin embargo, durante el examen de la petición del autor de que se le autorizara a solicitar la revisión judicial de esa decisión, se puso de manifiesto que el funcionario de inmigración no había considerado todas las pruebas que se le habían presentado. El Estado Parte convino en volver a considerar la solicitud por motivos humanitarios y benevolencia y se interrumpieron las actuaciones procesales.

2.9.El 4 de junio de 1998, otro funcionario de inmigración hizo una nueva evaluación de los riesgos y, a pesar de las nuevas pruebas presentadas, llegó a la conclusión de que el autor de la queja no correría peligro de tortura o trato inhumano si regresaba a la India. Por carta de fecha 13 de agosto de 1998 se informó al autor de la queja de que su segunda solicitud basada en motivos humanitarios y de benevolencia también había sido rechazada. El autor elevó una petición de autorización para solicitar la revisión judicial que fue aceptada por el Tribunal Federal.

2.10. Por decisión de 2 de octubre de 1998, el Tribunal Federal ordenó que se aplazara la ejecución de la orden de expulsión. El Tribunal estimó que el autor de la queja había planteado una cuestión seria que se debía estudiar y determinar, en fase interlocutoria, en el sentido de que sufriría daños irreparables si fuera deportado a la India. Por decisión de 24 de noviembre de 1998, el Tribunal Federal accedió a la solicitud de revisión judicial, anulando la decisión del funcionario de inmigración por la que se denegaba la segunda petición del autor de la queja basada en motivos humanitarios y de benevolencia y ordenando que se sometiera la cuestión a un nuevo examen. El Tribunal, si bien rechazó la alegación del autor de la queja de que el sistema canadiense de revisión de los casos de inmigración violaba los artículos 7 y 12 de la Constitución del Canadá, sostuvo que la decisión del funcionario de inmigración no era razonable porque no concedía la importancia debida a las nuevas pruebas presentadas por el autor y porque se basaba en consideraciones que no eran pertinentes.

2.11. La solicitud del autor de la queja basada en motivos humanitarios y de benevolencia fue examinada posteriormente por otro funcionario de inmigración que también había recibido capacitación en materia de solicitantes no reconocidos y que, tras un detenido análisis de los hechos y las pruebas, denegó la solicitud el 13 de octubre de 2000 basándose, entre otras cosas, en las siguientes consideraciones: a) dudas respecto de la autenticidad de la orden de detención, dada su forma y la falta de toda prueba corroborante; b) la falta de fuentes identificables y/o la antigüedad de la mayor parte de los informes y artículos de prensa presentados por el autor sobre la situación en el Punjab; c) la contradicción entre el hecho de que, según el testimonio de la familia y los vecinos del autor de la queja en su aldea, éste era inocente y su afirmación de que seguía siendo perseguido por la policía; d) dudas sobre el valor probatorio de la traducción de un artículo, de fecha 11 de junio, de un semanario de Vancouver publicado en el idioma punjabí en el que se citaba el caso del autor de la queja; e) el hecho de que el autor no se presentara, sin dar ninguna explicación, al examen de su primera solicitud de la condición de refugiado previsto para el 17 de agosto de 1993 en el puesto fronterizo canadiense; f) el hecho de que el Consulado de la India en Nueva York hubiera expedido un pasaporte al autor de la queja el 24 de noviembre de 1993, aunque supuestamente era reclamado por las autoridades de la India; g) el hecho de que el abogado planteara la cuestión de los trastornos causados por el estrés postraumático del autor, además de ataques de pánico, según se diagnosticó en un informe psiquiátrico de fecha 30 de agosto de 1999, en una fase tardía del procedimiento, de que su estado psicológico no hubiera impedido al autor trabajar desde enero de 1999, y de que éste hubiera negado todo trastorno mental cuando rellenó los formularios de inmigración en octubre de 1997 y en septiembre de 2000; h) la escasa notoriedad política del autor de la queja y el hecho de que, por lo general, solamente los activistas de derechos humanos o los militantes sijes y sus familias respectivas corrían peligro de ser acosados por la policía del Punjab; i) el hecho de que la familia del autor de la queja sigue viviendo en el Punjab; j) la protección que proporcionaron al autor las buenas relaciones políticas de su padre; k) la mejora general de la situación en el Punjab; y l) el hecho de que el autor de la queja pudiera encontrar un refugio seguro en la provincia vecina antes de salir de la India en 1991.

2.12. La petición de autorización para solicitar revisión judicial formulada por el autor fue denegada por el Tribunal Federal el 2 de marzo de 2001.

La queja

3.1.El abogado afirma que el autor de la queja correría peligro de ser torturado en la India, por lo cual el Canadá cometería una violación del artículo 3 de la Convención si fuera devuelto a ese país. Además, debido a los trastornos causados por el estrés postraumático, el autor sufriría un grave trauma emocional a su regreso a la India sin posibilidad de recibir tratamiento médico adecuado, cosa que de por sí constituiría un trato inhumano y degradante, en violación del artículo 16 de la Convención.

3.2.El abogado también afirma que el autor ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Expone, además, que los recursos previstos por el sistema canadiense de examen de casos de inmigración no son eficaces porque los funcionarios de inmigración no reciben capacitación en materia de derechos humanos o en cuestiones jurídicas, no tienen en cuenta en la mayor parte de los casos la jurisprudencia de la Junta de Inmigración y Refugiados y del Tribunal Federal ni evalúan de manera realista la situación en el país de origen de los que solicitan la condición de refugiado, suelen estar sometidos a presiones para que consigan un elevado número de deportaciones y por lo general tienen una actitud de desconfianza respecto de las alegaciones formuladas por los solicitantes de la condición de refugiado.

Observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al fondo

4.1.El 8 de noviembre de 2001, el Estado Parte presentó sus observaciones en cuanto a admisibilidad y, en segundo lugar, en cuanto al fondo de la queja.

4.2.El Estado Parte admite que el autor de la queja ha agotado todos los recursos de la jurisdicción interna. Sin embargo, afirma que la queja no es admisible porque las pruebas presentadas no son suficientes para demostrar que se ha producido una violación prima facie de la Convención.

4.3.Respecto del artículo 3 de la Convención, el Estado Parte sostiene que, conforme a la Observación general Nº 1, esta disposición asigna al autor de la queja la carga de demostrar que correría peligro de ser torturado si regresara a la India. Según el Estado Parte, el comportamiento del autor tras su salida de la India en 1992 es incompatible con su declarado temor a ser torturado, como se desprende del hecho de que no solicitara la condición de refugiado en los Estados Unidos cuando vivía en ese país, que no se presentara al examen de su primera solicitud de la condición de refugiado por las autoridades canadienses el 17 de agosto de 1993 y que su pasaporte indio fuera renovado en Nueva York en 1993, lo cual, a juicio del Estado Parte, es una prueba más de que el autor de la queja no teme a las autoridades de la India y de que éstas no lo reclamaban ni lo reclaman. Además, el Estado Parte pone en tela de juicio la credibilidad del autor debido a la dudosa autenticidad de la orden de detención expedida contra él dos años después de haber salido de la India, orden que no se presentó a las autoridades canadienses hasta diciembre de 1996, estaba escrita a máquina, carecía de membrete oficial y pertenecía a la clase de documentos que en la India se pueden falsificar con facilidad o conseguir por poco dinero.

4.4.El Estado Parte también sostiene que los informes médicos presentados por el autor de la queja sólo confirman la existencia de lesiones anteriores sin demostrar su causa. El Estado Parte también expresa dudas respecto del informe psiquiátrico en el que se diagnostican trastornos causados por el estrés postraumático que el autor de la queja nunca mencionó hasta 1999. El Estado Parte concluye que, incluso si tales informes corroboraran la afirmación del autor de que fue torturado, esto no había ocurrido en un pasado reciente, y la cuestión decisiva consiste en determinar si sigue existiendo peligro de tortura. Haciendo referencia a la jurisprudencia del Comité, el Estado Parte afirma que, aunque el hecho de haber sido torturado anteriormente es uno de los elementos que se deben tener en cuenta al examinar una queja a tenor del artículo 3, el objetivo que persigue el Comité en su examen es determinar si el autor de la queja correría actualmente el riesgo de ser torturado si regresara a su país de origen.

4.5.Basándose en varios informes sobre la situación de los derechos humanos en la India, y especialmente en el Punjab, el Estado Parte declara que en esa provincia no se da un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos y que la situación local ha mejorado en los últimos años, como lo indica la considerable disminución del militarismo sij y del número de sijes que son investigados por la policía. El Estado Parte duda de que el autor de la queja fuera alguna vez objetivo personal de la policía, sugiriendo que su supuesta detención formaba parte de una práctica anterior de falsas detenciones por la policía del Punjab con objeto de conseguir sobornos. El Estado Parte sostiene además que sólo pueden considerarse en peligro de ser objeto de malos tratos los militantes o activistas sijes conocidos; sin embargo el autor de la queja nunca fue miembro de ningún partido político ni movimiento social. Teniendo en cuenta que el Comité incluso había rechazado una denuncia relativa al artículo 3 presentada por un militante sij muy conocido que había participado en el secuestro de un avión de Indian Airlines en 1981, el Estado Parte estima que, dadas las circunstancias del presente caso, la tortura no puede ser considerada como una consecuencia previsible y necesaria del regreso a la India del autor de la queja.

4.6.Respecto de la supuesta violación del artículo 16 de la Convención, el Estado Parte afirma que esta disposición no es aplicable a la situación del autor de la queja porque de los trabajos preparatorios de la Convención se deduce que las cuestiones de deportación o expulsión se tratan exhaustivamente en el artículo 3. El Estado Parte también expone que, según la jurisprudencia del Comité, "la agravación del estado de salud del autor que puede ser causada por su deportación no representaría un trato cruel, inhumano o degradante de la índole a la que se refiere el artículo 16 de la Convención, imputable al Estado Parte". Como la incapacidad de un Estado de proporcionar la mejor atención médica posible no constituye, a juicio del Estado Parte, un trato cruel, inhumano o degradante, tampoco puede constituirlo el regreso a la India del autor de la queja, incluso si se demostrara su afirmación relativa a la falta de tratamiento médico adecuado en la India.

4.7.En el caso de que se declarara admisible la queja, el Estado Parte pide al Comité que la desestime en cuanto al fondo, basándose en las mismas razones expuestas anteriormente.

4.8.Respecto de la evaluación de los riesgos por las autoridades de inmigración canadienses, el Estado Parte declara que a los funcionarios de inmigración se les capacita especialmente para evaluar la situación en el país de origen de los solicitantes de la condición de refugiado y para aplicar la legislación nacional canadiense, así como la legislación en materia de derechos humanos, inclusive la Convención contra la Tortura. El Estado Parte considera que el recurso a la revisión judicial es una salvaguardia adecuada contra "la relativa falta de independencia" de los funcionarios de inmigración.

4.9.Por último, el Estado Parte sostiene que el Comité no debe imponer su propia conclusión sobre si hay razones fundadas para creer que el autor de la queja correría el riesgo de ser torturado si regresara a la India, dado que en las actuaciones nacionales ante la Junta de Inmigración y Refugiados y el Tribunal Federal no se ha puesto de manifiesto ningún error o elemento irrazonable patente ni ninguna otra irregularidad, quedando reservada a los tribunales nacionales la evaluación de los hechos y las pruebas.

Comentarios del autor de la queja

5.1.En sus comentarios de fecha 30 de marzo de 2002 sobre las observaciones del Estado Parte, el autor de la queja reitera que si fuera devuelto a la India correría el riesgo de ser torturado o incluso ejecutado. Declara que en las observaciones del Estado Parte se pasaron completamente por alto algunas de las pruebas facilitadas por el autor o se les restó importancia, como el informe de la investigación del Sr. S. S., varios artículos de prensa y el fallo Chahal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que no se reconocía la autenticidad de otros documentos, en especial la orden de detención y el artículo del semanario de Vancouver en el que se mencionaba explícitamente al autor de la queja. Como a las autoridades canadienses se les presentó el original de todos los documentos, el Estado Parte habría podido verificar fácilmente su autenticidad.

5.2.El autor de la queja sostiene que el Estado Parte trata de minar su credibilidad por motivos secundarios, como su demora en presentar una solicitud de la condición de refugiado, la falta de una solicitud de reconocimiento de esa condición en los Estados Unidos, el hecho de que el Consulado de la India en Nueva York le expidiera un pasaporte, y la fecha de la orden de detención, que son insuficientes para refutar el riesgo de tortura bien documentado en este caso. El abogado sostiene que, a fin de conseguir un documento que probara su identidad, el autor pagó 500 dólares a un tal Sr. S. para que recogiera su pasaporte en el Consulado de la India en Nueva York. Respecto de la fecha de la orden de detención, el autor de la queja afirma que no sabe por qué fue dictada dos años después de su salida de la India y que se podría encontrar una posible explicación en acontecimientos acaecidos en el Punjab de los que no tiene conocimiento.

5.3.En cuanto a los informes médico y psicológico, el autor de la queja expone que esos documentos demuestran claramente que había sido torturado, hecho que nunca ha sido negado formalmente por el Estado Parte. El autor niega la alegación del Estado Parte de que los informes se presentaron en una fase tardía del procedimiento y explica que por lo menos el informe médico de 1995 fue presentado a las autoridades canadienses en una fase más temprana.

5.4.Como prueba adicional, el autor de la queja presenta una declaración jurada del Sr. S. S. S., amigo y antiguo oficial del ejército de la India que, tras ser expulsado del ejército, se convirtió en activista sij, huyó del país y en 1993 obtuvo la condición de refugiado en virtud de la Convención en el Canadá. En la declaración jurada declara que se reunió varias veces con la familia del autor de la queja durante una visita de cuatro meses a la India en 1997, en la cual se le informó de que la policía del Punjab seguía importunando a la familia y sospechaba que el autor tenía contactos con terroristas en el extranjero.

5.5.El autor de la queja mantiene que en una parte sustancial de las observaciones del Estado Parte, sólo se repiten los argumentos expuestos en la decisión final del funcionario de inmigración, de fecha 13 de octubre de 2000, sin explicar por qué en dicha decisión se hizo caso omiso de la conclusión de dos decisiones del Tribunal Federal en el sentido de que la deportación del autor de la queja a la India lo expondría al riesgo de sufrir perjuicios irreparables. Respecto a la denegación de autorización para solicitar revisión judicial, el abogado explica que dicha revisión judicial fue denegada por un juez nuevo que acababa de incorporarse al Tribunal Federal en marzo de 2001.

5.6.Según el autor de la queja, el riesgo que corre de ser torturado a su regreso a la India es aún mayor por el hecho de que se le considera simpatizante militante desde que la policía del Punjab le acusó de apoyar a los militantes sijes. Además, su mal estado físico reforzaría la creencia de las fuerzas de seguridad de que participaba en la lucha armada.

5.7.Respecto de las violaciones actuales de los derechos humanos en la India y, en particular, en el Punjab, el autor de la queja afirma que, aunque la situación ha mejorado en comparación con el comienzo de los años noventa, la tortura en los centros de detención policiales y militares sigue siendo una práctica generalizada. En apoyo de esta afirmación, presenta varios informes voluminosos sobre violaciones persistentes de los derechos humanos en el Punjab y sobre el sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado.

5.8.Respecto de la supuesta violación del artículo 16 de la Convención, el autor de la queja afirma que esta denuncia no se basa únicamente en la falta de tratamiento médico adecuado en la India sino también en la experiencia traumática de regresar al país en el que fue torturado.

5.9.El autor de la queja sostiene que los funcionarios de inmigración canadienses no suelen estar capacitados en cuestiones de derechos humanos. En lugar de ello, se les capacita para poner en tela de juicio la credibilidad de los solicitantes de la condición de refugiado. El autor también reitera que la revisión judicial por el Tribunal Federal constituye un control insuficiente de los abusos cometidos por las autoridades de inmigración, y cita el caso presente como ejemplo de lo inadecuado de ese recurso.

Observaciones adicionales del Estado Parte y comentarios del abogado

6.1.En sus observaciones adicionales de 12 de noviembre de 2002, el Estado Parte sostuvo que la queja, además de no estar documentada, tampoco era admisible a tenor del párrafo 2 del artículo 22 por ser incompatible con el artículo 3 de la Convención, ya que no se había adoptado hasta la fecha ninguna decisión de expulsar al autor, así como del apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención y el apartado e) del artículo 107 del reglamento del Comité, porque la queja no había agotado todos los recursos previstos en el nuevo procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno. Subsidiariamente, el Estado Parte sostiene que la queja no está fundamentada.

6.2.El Estado Parte sostiene que, en virtud de la nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados, de 28 de junio de 2002, cualquier persona en espera de ser expulsada del Canadá tiene derecho a una nueva evaluación del riesgo basada en nuevas pruebas, que suspende automáticamente la orden de expulsión, si se solicita en un plazo de 15 días a partir de la notificación en la que se informa al solicitante de la posibilidad de solicitar la protección prevista en el procedimiento de evaluación. La evaluación está a cargo de un funcionario al que se ha capacitado para aplicar la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, así como la Convención contra la Tortura. Si el resultado de la evaluación es negativo, el autor puede pedir autorización para solicitar la revisión judicial al Tribunal Federal, que podrá conceder reparación debido a un simple error de derecho o a conclusiones de hecho manifiestamente erróneas. Podrá interponerse un recurso de apelación contra el fallo dictado por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Federal ante el Tribunal Federal de Apelación si el magistrado de la Sala de Primera Instancia certifica que el caso plantea una cuestión grave de importancia general. Podrá recurrirse contra el fallo del Tribunal Federal de Apelación ante el Tribunal Supremo del Canadá. El autor puede solicitar al Tribunal Federal que dicte un auto provisional para que se suspenda la expulsión, en espera del resultado de sus solicitudes y apelaciones ante ese Tribunal.

6.3.El Estado Parte sostiene que, al igual que la evaluación del riesgo en el marco del procedimiento de los Solicitantes del estatuto de refugiado en el Canadá no reconocidos previsto en la legislación anterior, la evaluación previa del riesgo de retorno para el inmigrante constituye un recurso eficaz; han adoptado la misma posición el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos con respecto al recurso de revisión judicial.

6.4.Además, el Estado Parte rechaza el argumento del autor de la queja en el sentido de que el Tribunal Federal reconoció dos veces el riesgo que corría de ser torturado si regresaba a la India, sosteniendo que la orden de suspensión de fecha 2 de octubre de 1998 y la decisión de 24 de noviembre de 1999 relativa a una de sus solicitudes de revisión judicial no pueden considerarse conclusiones judiciales de hecho en el sentido de que el autor corriera ese riesgo.

6.5.El Estado Parte rechaza la validez de las pruebas documentales presentadas por el autor, basándose en lo siguiente: a) la declaración jurada del Sr. S. S. S., que pudo pasar cuatro meses en el Punjab en 1997 a pesar de habérsele concedido la condición de refugiado en el Canadá, se basó únicamente en declaraciones de la familia y amigos del autor de la queja en el Punjab y, por tanto, era parcial y carecía de peso; b) los informes y estudios sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en el Punjab son insuficientes para asegurar que el autor de la queja correría un riesgo personal y actual de ser sometido a tortura si fuera deportado a la India; c) los dos informes médicos de 1995 sólo se referían a heridas anteriores, sin hacer referencia a los trastornos causados por estrés postraumático, que se habían mencionado por primera vez en el informe de 1999, cinco años después de que el autor de la queja solicitara el reconocimiento de la condición de refugiado.

7.1.En sus comentarios de 31 de marzo de 2003, el autor de la queja reitera que correría un riesgo personal y actual de ser torturado en la India, como lo confirman los fallos del Tribunal Federal en los que se afirma que sufriría "un daño irreparable" (orden de suspensión de 2 de octubre de 1998) o "penalidades excesivas, inmerecidas o desproporcionadas" (fallo de 24 de noviembre de 1999) si regresaba a ese país.

7.2.El autor de la queja niega que se tengan en cuenta las obligaciones internacionales del Canadá en materia de derechos humanos al adoptarse una decisión con respecto a la evaluación previa del riesgo de retorno para el inmigrante porque este procedimiento se concibió para denegar la condición de refugiado "prácticamente a todos", ya que la tasa de denegación representa entre un 97 y un 98% de todas las solicitudes.

Nuevas observaciones del Estado Parte y comentarios del abogado

8.1.El 19 de febrero 2004, el Estado Parte informó al Comité de que había concluido el procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno y le pidió que levantara la suspensión del examen del caso, que adoptara una decisión sobre la admisibilidad y sobre el fondo de la queja lo antes posible, o que, de lo contrario, retirara la solicitud de medidas provisionales que había presentado de conformidad con el párrafo 7 del artículo 108 de su reglamento.

8.2.El Estado Parte argumenta que las pruebas presentadas por el autor de la queja no corroboran el supuesto de que, como consecuencia de su expulsión, sufriría "daños irreparables", en el sentido del párrafo 1 del artículo 108 del reglamento, ya que no es una personalidad destacada, presuntamente fue sometido a tortura hace más de 12 años, y la situación de los derechos humanos en la región del Punjab ha mejorado considerablemente en los 11 años transcurridos desde su partida. La inexistencia de peligro de que lo torturaran se había confirmado en cuatro evaluaciones subsiguientes efectuadas por cuatro funcionarios diferentes; las meras conjeturas del autor de la queja no deberían impedir aplicar una decisión de expulsión adoptada de acuerdo con la ley.

8.3.El Estado Parte sostiene que el 14 de mayo de 2003 el autor presentó una solicitud de residencia permanente basada en motivos humanitarios y de benevolencia, y que el 10 de septiembre del mismo año, también solicitó una evaluación previa del riesgo de retorno. Ambas solicitudes se basaron en los mismos argumentos que su solicitud inicial de reconocimiento de la condición de refugiado y las posteriores solicitudes de protección. El 29 de septiembre de 2003, el funcionario encargado de la evaluación previa del riesgo de retorno rechazó la solicitud del autor de la queja y ordenó su expulsión inmediata, por considerar que no correría peligro de persecución, tortura, muerte o tratos o penas crueles y excesivos si regresaba a la India. El 30 de septiembre de 2003 también se denegó su solicitud por motivos humanitarios y de benevolencia por falta de pruebas suficientes de la inexistencia de un peligro de sufrir persecución.

8.4.El Estado Parte sostiene que, a efectos de la resolución definitiva del asunto, desiste de impugnar la admisibilidad de la queja por no haberse agotado todos los recursos internos, a pesar de la petición del autor de la queja de autorización para solicitar revisión judicial aún pendiente ante el Tribunal Federal.

9.1.El 2 de marzo de 2004, el autor presentó copias del expediente relativo al procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno, y el 20 de abril de 2004 formuló sus comentarios sobre las observaciones adicionales del Estado Parte. Las pruebas contenidas en el expediente son las siguientes: a) varios informes sobre la situación de los derechos humanos en el Punjab, en particular un informe de Amnistía Internacional de enero de 2003, sobre la impunidad y la tortura en esa región en el que se señalaba, entre otras pruebas, que seguían cometiéndose graves violaciones de los derechos humanos, el hecho de que no se enjuiciara a los policías que habían cometido actos de tortura, las muertes de detenidos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de militantes registradas desde mediados del decenio de 1980 hasta mediados del decenio de 1990; b) varias declaraciones juradas en las que se confirmaba el riesgo que corría el autor de la queja, incluida la de un refugiado y antiguo abogado de derechos humanos del Punjab que ejerce actualmente la abogacía en el Canadá, quien afirma que toda persona de la que se sospeche que mantiene contactos con militantes, como en el caso del autor de la queja, será sometida a vigilancia por la policía y no podrá obtener protección judicial en el Punjab; c) la traducción de una resolución de fecha 27 de agosto de 2003 aprobada por el consejo municipal ("panchayat") de la aldea del autor de la queja, que confirma que la vida de éste correría peligro si regresara y se critica el hostigamiento de su familia por la policía local;  d) una carta del Sr. S. S., de fecha 3 de octubre de 2003, del mismo tenor; y e) una carta de 10 de abril de 2004 del hijo del autor de la queja, en la que afirma que su familia es objeto de constantes acosos por parte del Departamento de Investigaciones Criminales, así como del consiguiente aislamiento social, y que teme por su vida.

9.2.El abogado resume la cronología de los recursos legales utilizados por el autor de la queja en el Canadá e informa al Comité de que el Tribunal Federal desestimó su petición de autorización para solicitar la revisión judicial el 17 de febrero de 2004. Sostiene que, como sucedió con el anterior procedimiento de evaluación de los solicitantes a quienes no se les había concedido la condición de refugiado, que fue objeto de continuas críticas de las iglesias y los grupos de apoyo a los refugiados del Canadá, el Colegio de Abogados y los grupos de defensa de los derechos humanos del Canadá consideran que el procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno carece de independencia e imparcialidad y que tiene como única pretensión mostrar que el Estado ha evaluado el peligro existente antes de deportar a un solicitante. Ni el Comité contra la Tortura ni el Comité de Derechos Humanos han considerado que este procedimiento sea un recurso eficaz; sólo han observado que debe agotarse o que los autores de las quejas deben demostrar su ineficacia.

9.3.El autor de la queja rechaza el resultado de la evaluación previa del riesgo por los siguientes motivos: a) la decisión se centra exclusivamente en hechos ocurridos antes de su salida de la India, sin considerar el hostigamiento que padece actualmente su familia ni las nuevas pruebas aportadas por él y las dos decisiones del Tribunal Federal de octubre de 1998 y noviembre de 1999; b) se afirma erróneamente que en el Punjab han cesado las detenciones arbitrarias de presuntos militantes o simpatizantes sijes, contrariamente a lo que indican los informes del Servicio de Inmigración de Dinamarca y el documento de evaluación de la India preparado por el Reino Unido; y c) la decisión se basa en el falso supuesto de que existe la alternativa de huida interna en la India, mientras que los observadores de los derechos humanos consideran imposible que una persona sometida a vigilancia por la policía lleve una vida normal en el país, ya que todo forastero debe presentarse ante la comisaría local y porque, además, los vecinos informarán a la policía de la presencia de cualquier persona desconocida.

9.4.El autor de la queja niega que la situación de los derechos humanos en el Punjab haya mejorado en los últimos años; según Amnistía Internacional, la tortura se ha extendido. Tanto el Centro Canadiense para las Víctimas de la Tortura, de Toronto, como el Réseau pour les victimes de violence organisée, de Montreal, han confirmado que siguen recibiendo a víctimas de graves actos de tortura procedentes de esa región. En 2002, a raíz de la llegada al poder del Partido del Congreso en el Punjab, todos los agentes de policía acusados de tortura y malos tratos fueron amnistiados. La nueva legislación antiterrorista ha debilitado aún más la posición de las víctimas de la tortura. El argumento de que sólo corren peligro en el Punjab los militantes sijes más destacados es rechazado por la mayoría de los observadores y queda desmentido por informes de que, en muchos casos, se sigue persiguiendo a personas que habían sido perseguidas, o a sus familias.

Deliberaciones del Comité

10.1. Antes de examinar las alegaciones contenidas en una denuncia, el Comité contra la Tortura debe decidir si ésta es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, con arreglo a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacionales. El Comité señala que el Estado Parte está de acuerdo en que se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. Por lo tanto, no se plantea, respecto del concepto de admisibilidad, la cuestión de si los recursos jurídicos disponibles en el sistema canadiense de examen de los casos de inmigración son ineficaces, según sostiene el abogado.

10.2. Respecto de la afirmación del autor de la queja de que la decisión de devolverlo a la India constituiría de por sí trato o pena cruel, inhumano o degradante en contravención del artículo 16 de la Convención, el Comité señala que el autor no ha presentado pruebas suficientes para fundamentar esta afirmación. En particular, el Comité recuerda que, conforme a su jurisprudencia, la agravación del estado de salud del autor que pueda ser causada por su deportación no representa un trato cruel, inhumano o degradante de la índole a la que se refiere el artículo 16 de la Convención. Aunque el Comité reconoce que la deportación del autor de la queja a la India puede infundir un temor subjetivo, ello no constituye, a juicio del Comité, un trato cruel, inhumano o degradante de la índole a que se refiere el artículo 16 de la Convención. Por consiguiente, el Comité observa que la denuncia del autor de la queja relativa al artículo 16 de la Convención no cumple los requisitos mínimos de fundamentación para que esta parte de la queja sea admisible a tenor del artículo 22 de la Convención.

10.3. Respecto de la queja del autor relativa al párrafo 1 del artículo 3 de la Convención, el Comité considera que no existe ningún otro obstáculo a la admisibilidad de la comunicación. Por lo tanto, el Comité procede a examinarla en cuanto al fondo.

11.1. El Comité debe evaluar si hay razones fundadas para creer que el autor correría personalmente el riesgo de ser sometido a torturas a su regreso a la India. Al evaluar dicho riesgo, el Comité deberá tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, con arreglo al párrafo 2 del artículo 3 de la Convención, en particular la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

11.2. A este respecto, el Comité toma nota de los informes presentados por el autor de la queja, en los que se confirma que los casos de torturas de personas que se encontraban bajo custodia policial han continuado después de que terminase el período de militancia en el Punjab a mediados del decenio de 1990, y que en la mayoría de los casos sus autores no han sido procesados. También toma nota de la alegación del Estado Parte en el sentido de que la situación en el Punjab en materia de derechos humanos ha mejorado durante los 11 años transcurridos desde la salida de la India del autor de la queja.

11.3. Sin embargo, el Comité recuerda que se trata de determinar si el autor de la queja correría personalmente peligro de ser torturado en la India. De ello se deduce que, incluso aunque pueda afirmarse que existe en ese país un cuadro persistente de violaciones graves, manifiestas o masivas de los derechos humanos, dicha conclusión no constituye de por sí una razón suficiente para determinar que el autor de la queja correría el peligro de ser torturado a su regreso a la India; deben existir razones adicionales que indiquen que correría personalmente ese peligro. Del mismo modo, el que no exista un cuadro persistente de violaciones graves de los derechos humanos no significa que no se pueda considerar que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su caso concreto.

11.4. El Comité observa que el autor de la queja presentó pruebas en apoyo de su afirmación de que fue torturado durante su detención en 1991, inclusive informes médicos y psiquiátricos, así como testimonios escritos que corroboran su afirmación. Sin embargo, el Comité considera que, incluso si se supusiera que el autor de la queja fue torturado por la policía del Punjab, no se desprende automáticamente que, 13 años después de los presuntos hechos, correría aún peligro de ser sometido a tortura en caso de regresar a la India.

11.5. Por lo que respecta a las alegaciones del autor de la queja de que sigue estando actualmente en peligro de ser torturado en la India, el Comité observa que, aun confirmando el riesgo de que sea objeto de torturas y el continuo hostigamiento de su familia por la policía del Punjab, las pruebas aportadas por el autor de la queja, incluidas declaraciones juradas, cartas y un documento que al parecer contiene una resolución aprobada por la junta municipal de su aldea de origen, sólo se refieren al peligro de ser torturado en el Punjab. El Comité considera que el autor no ha demostrado la imposibilidad de vivir en otra parte de la India sin correr el peligro de ser torturado. Aunque establecerse fuera del Punjab comportaría muchas molestias para el autor de la queja, la mera posibilidad de no volver a reunirse con su familia y regresar a su aldea de origen no equivaldría a tortura en el sentido del artículo 3, considerado conjuntamente con el artículo 1, de la Convención.

11.6. En lo que respecta a la eficacia de los recursos judiciales previstos en el sistema canadiense de revisión de los casos de inmigración, el Comité observa que la decisión final sobre la deportación del autor de la queja se adoptó tras una evaluación larga y detallada del riesgo de devolverlo a la India, en cuatro procedimientos sucesivos. El Comité también observa que, antes de adoptar esa decisión, el Estado Parte accedió a revisar la solicitud del autor de la queja basada en motivos humanitarios y de benevolencia cuando quedó claro que no se habían considerado debidamente las pruebas presentadas por el autor. De la misma manera, el Comité toma nota de que el Tribunal Federal no vaciló en ordenar que se volviera a examinar el caso, porque al revisarse la decisión sobre la solicitud del autor de la queja por motivos humanitarios y de benevolencia tampoco se habían evaluado las pruebas adecuadamente.

11.7. A la luz de lo que antecede, el Comité concluye que el autor de la queja no ha demostrado que existe un riesgo personal, presente y previsible de ser torturado en el caso de que fuera devuelto a la India.

12.El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, llega a la conclusión de que la decisión del Estado Parte de devolver al autor de la queja a la India no constituye una violación del artículo 3 de la Convención.

Comunicación Nº 186/2001

Presentada por:K. K. (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Suiza

Fecha de la queja:3 de julio de 2001 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 11 de noviembre de 2003,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 186/2001, presentada al Comité contra la Tortura por el Sr. K. K. con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han proporcionado el autor de la queja, su abogado y el Estado Parte,

Aprueba la siguiente decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención.

1.1.El autor de la queja es K. K., ciudadano de Sri Lanka de origen tamil, nacido en 1976, que actualmente se encuentra detenido en Zug (Suiza) en espera de ser expulsado a Sri Lanka. Afirma que su devolución forzosa a Sri Lanka constituiría una violación por parte de Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Está representado por un letrado.

1.2.El 8 de agosto de 2001 el Comité transmitió la queja al Estado Parte para que formulara comentarios y pidió, con arreglo al párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, que no se devolviera al autor a Sri Lanka mientras el Comité examinaba su queja. El Estado Parte accedió a esta petición.

Los hechos expuestos

2.1.El autor procede de Jaffna, al norte de Sri Lanka. Cuando la casa de sus padres fue bombardeada por el ejército de Sri Lanka en octubre de 1995, huyó con su familia a la ciudad de Killinochi, controlada a la sazón por los LTTE, dirigiéndose desde allí con su madre a Colombo en mayo de 1996. En el camino a Colombo fue separado de su madre y detenido, en un puesto de control del ejército de Sri Lanka y el Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo de Ealam (EPRLF) cerca de Vavuniya, junto con otros varones tamiles sospechosos de pertenecer a los LTTE.

2.2.Después estuvo recluido en un aula de una escuela, desde donde fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (CID), en Thandikulam, para ser interrogado sobre sus relaciones con los LTTE. Durante ese período fue supuestamente torturado por miembros tamiles del EPRLF, que le infligieron quemaduras de cigarrillo en los genitales mientras estaba desnudo y con las manos atadas a la espalda. También le propinaron golpes con una barra y lo amenazaron con ejecutarlo si se negaba a reconocer que era miembro de los LTTE. Durante su detención sólo se le dio arroz arenoso para comer y agua maloliente, u orines, para beber. Doce días después el autor fue puesto en libertad debido a las repetidas intercesiones de su madre y a que un pariente lejano de Colombo, el Sr. J. S., había dado garantías respecto de su persona.

2.3.Poco después de llegar a Colombo, donde se alojó en una residencia (tamil), el autor fue detenido y entregado a la policía por el ejército. El día siguiente compareció ante un juez que, por decisión de 2 de agosto de 1996, lo absolvió de todas las acusaciones de actividades terroristas por falta de pruebas. Pese a ello siguió detenido en el CID, en una celda ocupada por drogadictos y alcohólicos cingaleses que, al parecer, lo golpearon. Pasada una semana volvió a comparecer ante un tribunal, donde consiguió ser puesto en libertad con la ayuda de un abogado.

2.4.Poco tiempo después, el autor fue detenido una vez más por el CID, que lo consideraba un activista sospechoso de los LTTE. En las oficinas del CID en Boralle se le dio supuestamente media hora para confesar que pertenecía a los LTTE, amenazándole el funcionario del CID con ejecutarlo si no lo hacía. Durante el interrogatorio al que fue sometido después junto con otros dos sospechosos, el Sr. J. S. y su hermana, K. S., el autor fue golpeado en la cabeza con un tubo de plástico lleno de arena ("tubo S'Lon"). Luego permaneció detenido durante siete días en el edificio del CID hasta que fue puesto en libertad con los otros dos sospechosos, tras haber pagado 15.000 rupias como soborno.

2.5.En septiembre de 1996 el autor volvió a ser detenido por el CID a raíz de un atentado con bomba contra un tren en Dehiwala (Colombo) y de que se encontraran armas y explosivos cerca de la vivienda de sus parientes, también considerados sospechosos, J. S. y K. S. Durante su detención, en la que fue supuestamente golpeado, obligado a mostrar sus genitales y muy mal alimentado, el autor recibió dos visitas de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (el 9 y el 19 de septiembre de 1996). Cuando la policía detuvo al verdadero autor del atentado, el autor fue puesto en libertad, tras 22 días de detención, junto con el Sr. y la Sra. Selvarasa, una vez que su madre hubo pagado 45.000 rupias como soborno. Se le dijo que tenía que irse de Colombo en el plazo de un mes.

2.6.El 29 de octubre de 1996 el autor salió de Sri Lanka con pasaporte falso. Llegó a Suiza el 30 de octubre de 1996 y ese mismo día presentó una solicitud de asilo. Tras prestar declaración dos veces en la Oficina Federal de los Refugiados (OFR), los días 14 de noviembre de 1996 y 6 de marzo de 1997, y una ante la policía de inmigración de Zug, el 9 de diciembre de 1996, la Oficina Federal rechazó su solicitud de asilo por decisión de 23 de octubre de 1998, al tiempo que ordenaba su expulsión a Sri Lanka. Aunque la OFR consideró auténticos los documentos presentados por el autor como prueba, señaló que había varias contradicciones en las declaraciones del mismo que hacían dudar de su credibilidad, en particular, que el autor había manifestado a la policía de inmigración de Zug que los delegados del CICR lo habían visitado durante su segunda detención en Colombo, mientras que en su segunda declaración ante la OFR había afirmado haber recibido esas visitas durante su tercera y última detención en Colombo. Esta incoherencia, que el autor fue incapaz de explicar, suscitó dudas respecto de si el autor había estado detenido verdaderamente tres veces en Colombo. Su declaración durante la segunda comparecencia ante la OFR de que había salido de Colombo sólo 12 días después de su puesta en libertad definitiva fue considerada poco realista y contribuyó a mermar su credibilidad. Además, el hecho de que el autor hubiera sido absuelto por un tribunal de Sri Lanka y puesto en libertad por la policía en varias ocasiones indicaba que no corría auténtico peligro de ser perseguido. Los casos de tortura que alegaba no se le podían imputar al Gobierno de Sri Lanka, que había realizado considerables esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, sino que constituían abusos de autoridad por parte de determinados agentes de policía. Los problemas de salud denunciados por el autor (dificultad para orinar, dolor de estómago, pérdida de memoria) no habían afectado a su capacidad para viajar.

2.7.El 24 de noviembre de 1998, el autor apeló contra la decisión de la OFR ante la Comisión Federal de Recurso en Materia de Asilo (Asylrekurskommission), aduciendo que las aparentes contradicciones sobre las fechas de las visitas del CICR obedecían a un malentendido, pues en su segunda comparecencia ante la OFR el autor se había referido a su segunda detención por el CID y no a su segunda detención en Colombo. En cuanto a la rapidez con que organizó su salida de Colombo, el autor afirmó que su madre y su tío habían planeado ese viaje mucho antes de su puesta en libertad definitiva porque habían llegado a la conclusión de que ya no iba a estar seguro en Sri Lanka. Además, el autor negó que no se pudieran imputar al Gobierno los actos de tortura cometidos por determinados agentes de policía y que en Sri Lanka hubiera mejorado considerablemente la situación de los derechos humanos. El hecho de haber sido detenido y torturado después de quedar absuelto por un tribunal demostraba claramente que la absolución no lo protegía de la detención y la tortura.

2.8.Posteriormente el autor presentó dos informes médicos, uno de fecha 7 de diciembre de 1998 en el que se decía que se le observaban en los genitales cuatro quemaduras causadas probablemente por cigarrillos, y un informe psiquiátrico de fecha 17 de enero de 1999 en el que se confirmaba que mostraba claros síntomas de estrés postraumático. En su respuesta de 29 de enero de 1999 la OFR impugnó la transparencia, el rigor científico, la plausibilidad y la imparcialidad de este último informe.

2.9.Por decisión de 18 de septiembre de 2000, la Comisión de Recurso en Materia de Asilo desestimó la apelación, basándose fundamentalmente en las mismas contradicciones que ya había puesto de relieve la OFR. Además, la Comisión expresó dudas respecto de la identidad del autor porque el hermano de éste ya había solicitado asilo en Suiza bajo el mismo nombre que el autor y porque éste había dado diferentes fechas de nacimiento en distintas ocasiones. La Comisión también excluía la posibilidad de que, en su segu