Naciones Unidas

HRI/CORE/ZAF/2014

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

Distr. general

2 de febrero de 2016

Español

Original: inglés

Documento básico común que forma parte integrante de los informes de los Estados partes

Sudáfrica *

[Fecha de recepción: 26 de noviembre de 2014]

Índice

Página

Abreviaturas y siglas4

I.Información general5

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales5

II.Estructura constitucional, política y jurídica14

A.Estructura constitucional14

B.Estructura política15

C.Poder ejecutivo18

D.Parlamento20

E.Poder judicial22

F.El common law, el derecho civil y el derecho indígena en Sudáfrica26

G.Organizaciones no gubernamentales27

H.Administración de justicia28

III.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos31

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos31

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos a nivel nacional34

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional37

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional38

Cuadros

1.Superficie y población por provincias, censo de 20119

2.Población, por sexo, censo de 20119

3.Población, por grupos de población, censo de 20119

4.Estimaciones sobre Sudáfrica correspondientes a mediados de 2011, publicadas en 201310

5.Distribución de los gastos del consumo en los hogares en relación con determinados grupos de gastos, 200910

6.Características sociales, 201110

7.Estimaciones sobre la prevalencia del VIH y el número de personas que viven con el VIH, 2001-201111

8.Diez de las principales causas de defunción (2010)11

9.Educación en 201112

10.Empleo12

11.Fuerza de trabajo estimada por industria e ingresos brutos, en el trimestre terminado en junio de 201112

12.Economía, 201113

13.Ingresos medios anuales per ca pita de los hogares, por grupo de ingresos y grupo de población del cabeza de familia13

14.Estadísticas de las elecciones16

15.Porcentaje de votantes inscritos16

16.Estadísticas de la inscripción de votantes, octubre de 201116

17.Distribución de escaños del Parlamento en la Asamblea Nacional, por partidospolíticos, 200921

18.Mujeres miembros del Parlamento en la Asamblea Nacional22

19.Delitos graves denunciados en Sudáfrica, 2010/201128

20.Delitos de contacto denunciados en un período de cinco años28

21.Víctimas de delitos de contacto, 2010/201128

22.Estadísticas de robo con agravantes, 2010/201129

23.Cifras combinadas de violación y agresión sexual durante un período de tres años29

24.Número de personas en cárceles y calabozos policiales, por grupos de población y sexo, 200129

25.Circunstancias de la muerte de personas detenidas durante un período de dos años29

26.Causas penales examinadas durante un período de dos años30

27.Casos atrasados y pendientes, al 31 de marzo de 201130

28.Proporción del gasto público destinado a la policía/seguridad y la judicatura30

29.Principales convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos31

30.Otras convenciones e instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas33

31.Convenios de Ginebra y otros tratados de derecho internacional humanitario33

32.Convenciones regionales de derechos humanos34

33.Departamentos gubernamentales pertinentes para la presentación de informes38

Abreviaturas y siglas

PIB

Producto interno bruto

TIC

Tecnología de la información y las comunicaciones

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

I.Información general

1.El presente documento básico común se preparó teniendo presentes las directrices armonizadas para la presentación de informes publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en mayo de 2006 (HRI/MC/2006/3). El objetivo de este documento básico común es proporcionar información general y concreta que sea pertinente para comprender las obligaciones contraídas por Sudáfrica en virtud de los distintos tratados de las Naciones Unidas en los que es parte. El documento básico común debe leerse conjuntamente con los informes específicos que Sudáfrica ha presentado en relación con cada uno de los tratados en los que es parte. Solo esa lectura revelará de forma adecuada las medidas concretas que ha adoptado Sudáfrica para cumplir sus obligaciones.

2.Este documento básico común comienza con una descripción de la estructura demográfica, social, política y económica de Sudáfrica. También se expone un resumen de la historia del país, remontándose a los tiempos coloniales, como introducción al sistema jurídico de Sudáfrica, haciendo especial hincapié en el lugar y la función del derecho internacional de los derechos humanos en Sudáfrica.

A.Características demográficas, económicas, sociales y culturales

1.Resumen histórico

3.En Sudáfrica la civilización se remonta a los primeros siglos, como han demostrado los hallazgos arqueológicos en las cuevas Sterkfontein de Magaliesberg, a las afueras de Johannesburgo. El país se convirtió posteriormente en patria de diversas comunidades indígenas.

4.En 1652, Jan van Riebeeck estableció un puesto de avituallamiento en el Cabo de Buena Esperanza en nombre de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los holandeses transportaban esclavos de Indonesia, Madagascar y la India como mano de obra para los colonos de Ciudad del Cabo. En su expansión los colonos holandeses se encontraron con el pueblo migratorio xhosa en la región de Fish River. Se libraron diversas guerras, denominadas Guerras de las Fronteras del Cabo, debido a intereses contrapuestos respecto de la tierra y el ganado. Las potencias coloniales gobernaron Sudáfrica en su totalidad o en parte desde 1652 hasta 1910. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales estaba facultada para administrar la ley y el orden público en las zonas bajo su control. Las colonias británicas (el Cabo y Natal) y las Repúblicas Boer (Transvaal y Estado Libre) establecieron regímenes de supremacía, enriquecimiento y privilegio de los blancos a expensas de la población negra, que se vio relegada a la pobreza y la impotencia.

5.En 1948, el Partido Nacional introdujo oficialmente un sistema de segregación conocido como apartheid. Las nuevas leyes clasificaban a los habitantes en grupos raciales (“negros”, “blancos”, “mestizos” e “indios”), y las zonas residenciales estaban segregadas, en ocasiones mediante expulsiones forzosas. Se retiró la ciudadanía a los negros, que legalmente pasaron a ser ciudadanos de uno de los diez territorios patrios autónomos de base tribal denominados Bantustanes, cuatro de los cuales se convirtieron nominalmente en estados independientes. El Gobierno segregó la educación, la atención médica y otros servicios públicos, y prestó a las personas negras servicios inferiores a los de las blancas. Los “mestizos” y los “indios” también sufrieron discriminación, quedaron excluidos del derecho de voto y fueron marginados.

6.La primera ley del apartheid fue la Ley de Registro de la Población, núm. 30 de 1950, que formalizó la clasificación racial e implantó una tarjeta de identidad para todas las personas mayores de 18 años en la que se especificaba su grupo racial. Se establecieron juntas oficiales para llegar a una conclusión sobre las personas cuya raza suscitaba dudas. El segundo pilar jurídico del apartheid fue la Ley de Delimitación de Zonas, núm. 41 de 1950. Hasta entonces, en la mayoría de los asentamientos convivían personas de diferentes razas. Esta Ley decretó el fin de las zonas residenciales mixtas y determinó el lugar donde debía vivir una persona en función de su raza. Se asignó a cada raza su propia zona, y posteriormente la Ley se utilizó como fundamento para la expulsión de miles de personas negras.

7.La Ley de Prohibición de los Matrimonios Mixtos, núm. 55 de 1949, prohibió el matrimonio entre personas de distintas razas, y la Ley sobre la Inmoralidad, núm. 21 de 1950, tipificó como delito las relaciones sexuales con una persona de una raza diferente. La Ley de Represión del Comunismo, núm. 44 de 1950, se aprobó para prohibir la apología del comunismo y proscribir el Partido Comunista. La Ley de Seguridad Interna de 1950 se utilizó también para reprimir al Partido Comunista, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista. Posteriormente estas organizaciones quedaron prohibidas en el marco de la Ley de Organizaciones Ilícitas, núm. 34 de 1960.

8.La Ley de las Autoridades Bantúes, núm. 68 de 1951, creó estructuras de gobierno separadas para los ciudadanos negros y fue el primer instrumento legislativo formulado para apoyar el plan del Gobierno de un desarrollo separado en los Bantustanes. En virtud de la Ley de Educación de los Bantúes, núm 47 de 1953, la educación de los africanos quedó bajo la supervisión directa de un Ministro de Asuntos Nativos con el propósito explícito de que recibieran una enseñanza separada y, en consecuencia, de inferior calidad. En 1959 se crearon distintas universidades para personas negras, mestizas e indias. No se autorizó a las universidades existentes a matricular a nuevos estudiantes de raza negra. El Decreto relativo al afrikaans como medio de instrucción, de 1974, exigía el uso del afrikaans y del inglés en pie de igualdad en las escuelas secundarias fuera de los territorios patrios. La Ley de Seguridad Pública, núm. 3 de 1953, facultaba al Gobierno para emitir reglamentos de emergencia que se utilizaban para detener a activistas políticos de forma indefinida sin ser sometidos a juicio, con lo cual se limitaba su derecho a la libertad. Estas medidas también permitían la tortura de activistas políticos durante su período de detención.

9.En virtud de la Ley de Segregación de los Servicios, núm. 49 de 1953, las instalaciones municipales podían reservarse para una raza determinada, y se establecieron, en particular, playas, autobuses, hospitales, escuelas y universidades separados. En las zonas públicas se colgaban carteles que decían, por ejemplo, “solo blancos”, incluso en los bancos de los parques. Las personas negras recibían servicios muy inferiores a los de las blancas y, en menor medida, a los que se prestaban a persona mestizas e indias. La Ley de Reserva de Empleos, de 1956, reservaba determinadas ocupaciones a los blancos sobre la base de la política ya establecida de la mano de obra blanca.

10.La promoción de la Ley de Autogobierno Bantú, núm 46 de 1959, afianzó la política del Partido Nacional de establecer “territorios patrios” nominalmente independientes para personas negras. Se propusieron las denominadas “unidades de autogobierno bantú” a las que se habrían transferido facultades administrativas, con la promesa de pasar posteriormente a la autonomía y el autogobierno. La Ley de la Corporación de Inversiones Bantú, de 1959, estableció un mecanismo para transferir capital a los territorios patrios con objeto de crear empleo. La Ley de Ciudadanía relativa a los territorios patrios para personas negras, de 1970, marcó una nueva etapa en la estrategia del Bantustán. La Ley modificó la situación de la población negra que vivía en Sudáfrica, de modo que ya no eran ciudadanos de Sudáfrica sino uno de uno los diez territorios autónomos. El objetivo era garantizar una mayoría demográfica de blancos en Sudáfrica consiguiendo que los diez bantustanes optaran por la “independencia”. Las leyes de acceso exigían que los negros llevaran consigo pases (similares a los pasaportes) para entrar en las zonas “blancas” del país.

11.El 21 de marzo de 1960, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes desarmados que se habían reunido para protestar contra esas leyes en Sharpeville, en un acontecimiento conocido como la Masacre de Sharpeville. Sesenta y nueve afrodescendientes resultaron muertos y al menos 180 heridos. Este hecho marcó el inicio de la resistencia armada en Sudáfrica y llevó al mundo entero a condenar las políticas del apartheid. Jóvenes de escuelas y universidades también se sumaron a la resistencia, una novedad que contribuyó al levantamiento de Soweto de 1976, cuando los escolares protestaron contra la introducción del afrikaans en sus planes de estudios.

12.La lucha contra el apartheid se intensificó a finales del decenio de 1980. El establecimiento del Frente Democrático Unido en 1983 marcó el inicio de la utilización creativa de los espacios políticos y jurídicos para complementar la lucha armada. Las sanciones y otras formas de presión se añadieron a los esfuerzos del pueblo sudafricano. Esta oposición sostenida al apartheid culminó con la liberación de Walter Sisulu y otros dirigentes políticos que habían permanecido encarcelados durante casi tres decenios. El 2 de febrero de 1990 se levantó la prohibición impuesta a todos los partidos políticos. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel en 1990, quedó allanado el camino para iniciar las negociaciones oficiales con los dirigentes del movimiento de liberación. Las negociaciones para la abolición del apartheid tuvieron lugar en el marco de la Convención para una Sudáfrica Democrática.

13.La aprobación de la Constitución Provisional, el 27 de abril de 1994, fue el primer paso hacia la democracia en Sudáfrica. La Constitución introdujo varios cambios fundamentales en la estructura jurídica y política del país. Por ejemplo, por primera vez en la historia de Sudáfrica todos los ciudadanos, independientemente de su raza, pudieron ejercer el derecho de sufragio y los derechos civiles y políticos conexos. Además, la doctrina de la supremacía parlamentaria fue reemplazada por la doctrina de la supremacía constitucional.

14.En abril de 1994 Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas y poco después, ese mismo año, Nelson Mandela asumió sus funciones como primer Presidente elegido democráticamente. En 1996, tras dos años de debates y negociaciones, se aprobó la Constitución de Sudáfrica definitiva. El nuevo Gobierno democrático introdujo leyes de derechos humanos y de carácter transformador destinadas a hacer efectivos los valores consagrados en la Constitución. El Gobierno ha establecido marcos jurídicos que permiten a las personas de diferentes razas y culturas tener igualdad de oportunidades y libertades.

15.Si bien muchas de las leyes del apartheid han sido eliminadas del ordenamiento jurídico, las consecuencias sociales de esas leyes y políticas continúan definiendo el entorno económico, social y cultural de Sudáfrica. Las profundas desigualdades económicas y sociales determinadas por la raza siguen formando parte de la vida sudafricana, ya que la mayor parte del territorio nacional permanece en manos de los beneficiarios blancos de la Ley de Tierras, núm. 27 de 1913. Todos los demás indicadores socioeconómicos, en particular el control de la economía y la distribución de los ingresos, el acceso al empleo y a las demás oportunidades de la vida, siguen estando definidos por la raza o por lo menos están influidos por la dinámica relacionada con la raza. Durante el período posterior al apartheid el desempleo en Sudáfrica fue extremadamente elevado. Si bien muchas personas negras han logrado un ascenso social a la clase media o alta, la tasa de desempleo general entre las personas de raza negra es más elevada que la de las personas de raza blanca, aunque la pobreza de la población blanca, que anteriormente era muy ocasional, se ha incrementado notablemente.

16.El apartheid ha dejado niveles muy altos de desigualdad, desempleo y pobreza. Por ende, el coeficiente de Gini de Sudáfrica es uno de los más altos del mundo. A pesar del crecimiento económico que se ha registrado en Sudáfrica desde 1994, millones de personas, negras en su mayoría, languidecen en la pobreza y el subdesarrollo y los derechos humanos consagrados en la Constitución les siguen siendo esquivos. Para dar una respuesta a estos problemas, el Gobierno ha elaborado programas, entre ellos el Programa Nacional de Desarrollo, que procura revertir los desequilibrios heredados del sistema de apartheid.

17.Aunque las desigualdades raciales y económicas sigue siendo una realidad en Sudáfrica, se aprecia un progreso significativo en la promoción de los derechos económicos y sociales de la vasta mayoría de la población africana que sufrió bajo el régimen de apartheid. Desde 1994, el programa de vivienda entregó 2,8 millones de viviendas, la tasa de escolarización está aumentando, y en 2009 más del 98% de los niños estaban matriculados en las escuelas. Se han hecho progresos en el sector de la salud, en particular en la aceleración de la lucha contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis. El acceso a las pruebas de detección del VIH y al tratamiento para madres y niños ha mejorado recientemente, lo que ha tenido como resultado una reducción de más del 50% en la transmisión del VIH de la madre al niño. Además, también existe una notable reducción de la tasa de mortalidad materna. El Gobierno ha creado el seguro médico nacional con el objetivo de garantizar el acceso universal a los servicios de salud. El acceso a la electricidad se ha hecho extensivo a muchos hogares, tanto en zonas rurales como urbanas. La seguridad social se ha hecho extensiva a muchas personas y familias. El Gobierno está formulando estrategias para combatir la pobreza y el desempleo. La redistribución de la tierra sigue siendo un reto enorme, pese a los avances realizados por el Gobierno en este sentido. En 2010, el 98% de la población tuvo acceso al agua limpia y al agua potable, y el acceso al saneamiento disminuyó del 52% al 21%.

18.El Gobierno ha hecho grandes progresos en la aplicación de sus políticas y estrategia de equidad de género para alcanzar su meta del 50% de representación femenina en todos los niveles del Gobierno. La representación equitativa de mujeres en el sector privado sigue siendo un desafío. La representación de la mujer en el poder judicial sigue siendo un reto importante, pero se están realizando esfuerzos para invertir la tendencia. En 2009, el Gobierno estableció el Departamento de la Mujer, el Niño y las Personas con Discapacidad con objeto de incorporar la perspectiva de género y desempeñar una función de supervisión a ese respecto. Se ha puesto en marcha la Estrategia Integral de Desarrollo Rural para promover los esfuerzos encaminados a empoderar a las mujeres rurales. Diversos instrumentos legislativos y fallos judiciales han abordado la discriminación que sufren las mujeres, en especial su exclusión del pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que las mujeres y las mujeres con discapacidad disfruten plenamente de esos derechos.

19.Se ha establecido un sistema integrado de justicia penal para hacer frente a la delincuencia. La lucha contra la delincuencia y la corrupción en todos los niveles de la sociedad es una prioridad gubernamental con miras a asegurar que todas las personas se sientan y estén seguras en el país. Se han hecho avances en la aplicación de la estrategia integrada de justicia penal. Como resultado de la aplicación de la estrategia para reducir los casos no resueltos se ha registrado una notable reducción al respecto. La jurisdicción de los tribunales regionales se ha ampliado para reducir la presión sobre los tribunales superiores y reducir el número de casos no resueltos en particular. Los resultados de la encuesta nacional de víctimas de la delincuencia, de 2011, respaldaron las tendencias que mostraban una disminución de los niveles de delincuencia. Se han establecido diversos instrumentos para luchar contra la corrupción. El nivel de la violencia de género, especialmente la violencia contra las mujeres de edad y las niñas, es elevado. Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) son también víctimas de la violencia. El Gobierno ha establecido un comité interministerial para examinar las causas de la violencia contra la mujer. Además, se ha establecido un equipo nacional de tareas para abordar los casos de violencia contra personas LGBT.

2.La población y sus características étnicas y demográficas

20.Se ha dicho que Sudáfrica después del apartheid es la “nación del arco iris” debido a su diversidad en cuanto a razas, origen étnico e idiomas. Esta expresión trata de englobar el carácter multirracial y la unidad de los diversos pueblos de un país que una vez se caracterizó por establecer diferenciaciones jurídicas basadas en la raza.

21.El país está situado en el extremo meridional de África y comparte sus fronteras al norte con Namibia, Botswana, Swazilandia, Mozambique y Zimbabwe. Lesotho está ubicado por completo en el interior de Sudáfrica. Sudáfrica ocupa 1.220.813 km2 y tiene 9 provincias.

Cuadro 1Superficie y población por provincias, censo de 2011

Provincia

Superficie en km 2

Población estimada

Porcentaje de la población total

El Cabo Occidental

168 966

6 562 053

12,7

Estado Libre

129 825

2 745 590

5,3

Gauteng

18 178

12 272 263

23,7

KwaZulu-Natal

94 361

10 267 300

19,8

Limpopo

125 754

5 404 868

10,4

Mpumalanga

76 495

4 039 939

7,8

El Cabo Septentrional

372 889

1 145 861

2,2

Noroccidental

104 882

3 509 953

6,8

El Cabo Occidental

129 462

5 822 734

11,2

Total

1 220 813

51 770 560

100,00

22.La población estimada de Sudáfrica es de 51.770.560 personas.

Cuadro 2 Población, por sexo, censo de 2011

Hombres

Mujeres

Total

25 188 791

26 581 769

51 770 560

Cuadro 3Población, por grupos de población, censo de 2011

Grupos de población

Número

Porcentaje de la población total

Africanos

41 000 938

79,6

Mestizos

4 615 401

9,0

Indios/asiáticos

1 286 930

2,5

Blancos

4 586 838

8,9

Total

50 586 757

100,0

Cuadro4

Estimaciones sobre Sudáfrica correspondientes a mediados de 2011, publicadas  en  2013

Población

Porcentaje de mujeres en la población

51,4%

Porcentaje de hombres en la población

48,6%

Población menor de 15 años

30%

Población entre 15 y 64 años

65,1%

Población de 65 años o más

4,9%

Esperanza de vida al nacer

Hombres

56,1 años

Mujeres

60 años

Tasa de natalidad bruta

21,6

Tasa de fecundidad

2,44

Crecimiento demográfico (2010-2011)

1,33%

Religión

c ristianismo 80, 9 %; ninguna religión 15,3%; i slam  1,5%; h induismo 1,2%; otras religiones 0,6%; i glesias tradic ionales africanas  0,3%; j udaísmo 0,2%

Idiomas

11 idiomas oficiales

3.Características sociales, económicas y culturales

Cuadro5

Distribución de los gastos del consumo en los hogares en relación con determinados grupos de gastos, 2009

Rand por hogar (período de 12 meses)

Porcentaje

Alimentos y bebidas no alcohólicas

13 914

19,3

Prendas de vestir y calzado

3 474

4,8

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

17 922

24,9

Salud

950

1,3

Educación

2002

2,8

Transporte

10 978

15,3

Cuadro 6

Características sociales, 2011

Características sociales

Medida

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)

37,9%

Porcentaje de niños menores de 5 años con peso inferior al normal (2008)

8,7%

Índice de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos, 2008)

410

Tasa de mortalidad bruta (por cada 1.000 personas)

11,7%

Abortos médicos aproximados como proporción de los nacidos vivos (2006)

8%

Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que utilizan algún tipo de método anticonceptivo (2005-2009)

60%

Porcentaje de personas que viven con el VIH

10,64%

23.El VIH, el sida y la tuberculosis contribuyen de manera significativa a la carga de morbilidad de los sudafricanos. Esto es particularmente cierto en el caso de los grupos pobres y vulnerables. La estrategia más importante para combatir esas enfermedades es la Campaña de Asesoramiento y Pruebas de Detección del VIH y el sida. La estrategia se basa en el principio de que, cuando las personas conocen su estado, pueden recibir los beneficios de la prevención y el pronto acceso al tratamiento.

Cuadro 7

Estimaciones sobre la prevalencia d el VIH y el número de personas que viven con el VIH, 2001-2011

Año

Prevalencia

Incidencia Adultos de 15 a 49 años

Personas con VIH (millones)

Mujeres de 15 a 49 años

Adultos de 15 a 49 años

Población total

2006

18,9

16,6

10,2

2,11

4,87

2007

18,9

16,5

10,2

1,54

4,95

2008

18,9

16,4

10,3

1,43

5,02

2009

19,1

16,4

10,4

1,45

5,13

2010

19,3

16,5

10,5

1,43

5,26

2011

19,4

16,6

10,6

1,38

5,38

Cuadro 8Diez de las principales causas de defunción (2010)

Enfermedad

Clasificación

Número de defunciones

Porcentaje

Tuberculosis (A15 - A19)

1

62 827

11,6

Gripe y neumonía (J09-J18)

2

39 027

7,2

Enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09)

3

27 383

5,0

Ot ras enfermedades cardíacas (I30- I52)

4

25 827

4,7

Enfermedades cerebrovasculares (I60 - I69)

5

24 664

4,5

Diabetes mellitus (E10-E14)

6

21 475

3,9

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (B20 - B24)

7

18 325

3,4

Enfermedades hipertensivas ( I10- I15)

8

14 890

2,7

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40 - J47)

9

13 099

2,4

Otras enfermedades virales (B25 - B34)

10

12 332

2,3

Otras causas naturales

235 630

43,3

Causas no naturales

48 377

8,9

Todas las causas

543 856

100

Cuadro 9Educación en 2011(En porcentaje)

Relación docente-alumno (2005)

32:8

Hombres

Mujeres

Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (2005-2011)

99

99,1

Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (2005-2011)

93,9

92,6

Tasa de alfabetización de los jóvenes (15 a 24 años) (2004-2008)

96

98

Cuadro 10Empleo

Empleo

Porcentaje

Tasa total de alfabetismo de adultos (2005-2008)

89

Tasa de desempleo (2011)

24,9

Proporción estimada de trabajadores afiliados a sindicatos (2011)

29,0

Tasa de participación en el trabajo (2002)

58,8

Tasa total de alfabetismo de adultos (2005-2008)

89

Tasa de desempleo (2011)

25,7

Proporción estimada de trabajadores afiliados a sindicatos (2011)

25

Tasa de participación en el trabajo (2002)

57,5

Cuadro 11Fuerza de trabajo estimada por industria e ingresos brutos, en el trimestre terminado en junio de 2011

Sector

Número de empleados (miles)

Ingresos brutos por sector ( rand)

Explotación de minas y canteras

517

20 445

Manufacturas

1 148

40 268

Suministro de electricidad, gas y agua

60

4 390

Construcción

419

11 884

Comerc io al por mayor y al por menor; r eparación de vehículos automotores, motocicletas y enseres per sonales y domésticos; h oteles y restaurantes

1 659

42 698

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

357

19 120

Servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y empresariales

1 818

77 469

Servicios comunitarios, sociales y personales

2 322

107 372

Total

8 300

323 646

24.El crecimiento económico de Sudáfrica ha estado vinculado en gran medida a la minería y la agricultura, aunque las manufacturas han desempeñado también una función esencial. No obstante, el crecimiento económico ha fluctuado a lo largo de los años debido a diversos factores. Por ejemplo, en el decenio de 1960 y comienzos del de 1970, el país experimentó un considerable crecimiento económico a causa de la importante progresión de las manufacturas y la agricultura. Sin embargo, el crecimiento económico se desaceleró a finales del decenio de 1970 y principios del de 1980, en parte debido a la disminución de los ingresos del oro y la subida de los precios de las importaciones. En general, el país experimentó un crecimiento insignificante en el decenio de 1980, y la economía se estancó esencialmente hasta comienzos del decenio de 1990. La disminución del crecimiento de la economía provocó en general un descenso del nivel de vida. No obstante, a partir de 1993 se registró un crecimiento positivo, aunque débil, que se reforzó en 1994. Posteriormente, el crecimiento económico siguió siendo positivo hasta 2012, con excepción de un descenso del PIB real en 2009, debido en gran medida a la crisis económica mundial. A pesar del crecimiento económico experimentado por el país en el transcurso de los años, millones de personas negras siguen estancadas en la pobreza.

Cuadro 12Economía, 2011

Índice de precios de consumo (IPC) (diciembre de 2011)

6,1% en comparación con el mismo mes del año anterior

Índice de precios de producción (IPP) (diciembre de 2011)

9,8% en comparación con el mismo mes del año anterior

Producto interno bruto (PIB) (4º trimestre de 2011)

3,3% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, desestacionalizado y anualizado

Ingreso nacional bruto (INB) (2011) (a precios corrientes)

393 100 millones de dólares

Cuadro 13Ingresos medios anuales per ca pita de los hogares, por grupo de ingresos y grupo de población del cabeza de familia

Grupo de ingresos

Grupo de población del cabeza de familia

Negros

Mestizos

Indios

Blancos

Total

De 0 a 800 rand

464

455

273

96

447

De 80 a 1 . 200 rand

1 002

1 009

1 002

De 1 . 200 a 2 . 500 rand

1 878

1 993

1 507

2 234

1 881

De 2 . 500 a 6 . 000 rand

4 095

4 428

4 009

4 624

4 116

De 6 . 000 a 16 . 000 rand

10 039

10 499

10 777

11 248

10 132

Más de 16 . 000 rand

51 303

52 516

67 219

123 557

72 085

Total

19 637

30 350

50 063

113 976

32 667

25.En el cuadro anterior se indican los ingresos medios anuales per ca pita de los hogares, por grupo de ingresos y grupo de población del cabeza de familia, en 2009. Se calcularon dividiendo los ingresos totales que percibieron los miembros de la unidad familiar de un hogar por el número de personas de cada hogar. Los resultados indican que, en promedio, los hogares ganan aproximadamente 32.667 rand anuales per c a pita. Los hogares cuyo cabeza de familia es una persona de raza negra resultan más desfavorecidos (19.637 rand) en comparación con los hogares en los que el cabeza de familia pertenece a otros grupos de población. La media anual de los hogares encabezados por blancos es de 113.967 rand per ca pita, más de cinco veces superior a la media de los hogares cuyo cabeza de familia es una persona negra. La diferencia entre la población negra y la blanca es más pronunciada en los grupos de ingresos altos que en los de ingresos bajos. Esto da algunos indicios de los escasos ingresos disponibles por persona en un hogar para alimentación, prendas de vestir, transporte y matrículas escolares.

II.Estructura constitucional, política y jurídica

A.Estructura constitucional

26.A diferencia de las constituciones anteriores del país, la Constitución de 1996 anunció el inicio de un ordenamiento jurídico y político fundamentalmente distinto. La Constitución de 1996 se basó en los siguientes principios básicos: el constitucionalismo; el estado de derecho; la democracia y la rendición de cuentas; la separación de poderes y los controles; la gobernanza cooperativa; y la transferencia de competencias. Algunos de los principios básicos se consagraron expresamente en el texto de la Constitución, mientras que otros, como el constitucionalismo y la separación de poderes, quedan implícitos en el texto. Más importante aún, los principios básicos vinculan las disposiciones constitucionales y las estructuran en un marco que define el nuevo orden constitucional. Por lo tanto, estos principios influyen en la interpretación de otras muchas disposiciones de la Constitución. La Constitución también configura el derecho común; determina la forma en que se redactan las leyes y su interpretación por los tribunales, así como la manera en que los tribunales establecen el common law.

27.La Constitución se basa en los valores de la dignidad humana, la igualdad, los derechos humanos y las libertades, la no discriminación por motivos de raza o sexo, la supremacía de la Constitución y el estado de derecho. También se basa en el sufragio universal de adultos, el registro nacional común de electores, la celebración de elecciones periódicas y un sistema de gobierno democrático pluripartidista, a fin de asegurar la rendición de cuentas, la capacidad de respuesta y la apertura. La Constitución garantiza la democracia al otorgar a todas las personas mayores de 18 años el derecho de voto y asegurar un registro electoral para todos los ciudadanos adultos, la celebración de elecciones periódicas y un sistema de gobierno pluripartidista. La Constitución establece que se deben celebrar elecciones parlamentarias una vez cada cinco años. En ella se indica cómo deben funcionar el Parlamento y otros órganos legislativos, cómo se eligen los órganos ejecutivos nacionales y provinciales, así como la manera en que actúan los tribunales. La Constitución establece también seis instituciones estatales independientes para respaldar la democracia.

28.El capítulo 2 de la Constitución de 1996 contiene la Carta de Derechos de Sudáfrica, y cabe decir que es la parte de la Constitución que ha tenido mayor impacto en los sudafricanos durante los últimos años. Estas disposiciones se refieren a los derechos a la igualdad, la dignidad humana, la vida y la privacidad, entre otros, así como a la libertad de religión y de expresión. La Carta de Derechos también se refiere a las relaciones laborales, los niños, la educación y los procesos judiciales. En comparación con las leyes ordinarias, la modificación de la Constitución queda deliberadamente sujeta a un umbral más elevado. El artículo 74, párrafo 2, dispone que los proyectos de ley para modificar la Constitución requieren una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, así como el voto a favor de 6 de las 9 provincias representadas en el Consejo Nacional de las Provincias.

29.La Constitución de 1996 ha sido objeto de una amplia distribución en un esfuerzo por aplicar sus valores de una sociedad abierta y democrática y promover los nuevos valores que la sustentan, en particular los valores de los derechos humanos. En 1997 se imprimieron prácticos ejemplares de bolsillo de la Constitución y se distribuyeron unos siete millones. Fue la mayor campaña de distribución realizada hasta la fecha en Sudáfrica. La Constitución también se ha puesto a disposición de las personas con discapacidad visual en braille y en cintas de audio y discos compactos. Poco después de las actividades de distribución se llevó a cabo una campaña de sensibilización por valor de 1 millón de rand para promover la cultura de los derechos humanos en Sudáfrica.

30.La República de Sudáfrica es una democracia constitucional basada en un reconocimiento explícito de la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres poderes del Gobierno desempeñarán las funciones enunciadas en la Constitución y en las leyes promulgadas por el Parlamento sobre la base del principio de la gobernanza cooperativa. Desde el punto de vista estructural, el gobierno se organiza en tres niveles: nacional, provincial y local. El país está dividido en nueve provincias y cada una cuenta con su órgano legislativo provincial. Todas las estructuras de gobierno derivan su autoridad de la Constitución, que es la ley suprema del país. Ninguna ley ni medida gubernamental puede reemplazar las disposiciones de la Constitución.

B.Estructura política

31.En Sudáfrica cada cinco años se celebran elecciones nacionales y provinciales y así se ha hecho de forma democrática desde 1994. Los electores no votan a personas sino a un partido político. El partido político obtiene un porcentaje de escaños en el Parlamento en proporción directa al número de votos recibidos en la elección. Cada partido decide entonces qué miembros ocuparán los escaños que ha ganado. En otras palabras, es un sistema de votación por representación proporcional.

32.El Gobierno Nacional formula y aplica leyes y políticas para todo el país. Está integrado por el Parlamento, dirigido por el Presidente, y por el Gobierno Nacional, dirigido por el Presidente y los ministros.

33.Los gobiernos provinciales formulan y aplican leyes y políticas que afectan únicamente a la provincia. Cada gobierno provincial está integrado por un órgano legislativo dirigido por el Presidente y un gobierno provincial dirigido por el Primer Ministro y los miembros del Consejo Ejecutivo Provincial.

Cuadro 14Estadísticas de las elecciones

Partidos políticos registrados a nivel nacional (2011)

113 partidos políticos registrados

Participación de los votantes en las elecciones de 2009

77,3%

Votos en comparación con los escaños en las elecciones nacionales de 2009

Congreso Nacional Africano 65,90%, Alianza Democrática 16,66%, Congreso del Pueblo 7,72%, Partido de la Libertad Inkatha 4,55%, otros partidos 5,17%

Cuadro 15Porcentaje de votantes inscritos

Población con mayoría de edad electoral (18 años o más)

Encuesta 2008/2009

Encuesta 2010/2011

En posesión de documentos de identidad legítimos con código de barras

98

97

Personas inscritas como votantes

73

80

Personas no inscritas que tienen la intención de inscribirse pronto

76

70

Cuadro 16Estadísticas de la inscripción de votantes, octubre de 2011

Grupo de edad

Hombres

Mujeres

18 a 19

181 391

207 980

20 a 29

2 506 397

2 904 680

30 a 39

2 805 311

3 058 098

40 a 49

2 163 013

2 583 158

50 a 59

1 537 716

1 916 578

60 a 69

844 965

1 154 418

70 a 79

377 270

701 186

80 a 89

148 491

380 728

Total

10 564 554

12 906 826

34.En cuanto a las irregularidades en las votaciones, muy pocos votantes (13%) estimaron que se habían cometido irregularidades en las elecciones locales de 2006. La mayoría de los votantes (86%) no han experimentado personalmente ninguna forma de irregularidad, por ejemplo intimidaciones o injerencias de funcionarios de partidos.

Medios de comunicación

35.La censura del Gobierno durante la época del apartheid obstaculizó gravemente las actividades del sector de los medios de comunicación. Después de 1994 se promulgó una nueva Constitución con una Carta de Derechos que garantizaba el derecho a la libertad de expresión para todos los ciudadanos. La Carta de Derechos incluye la libertad de prensa. En enero de 1994 se estableció la Autoridad Independiente de Radiodifusión en virtud de la Ley de la Autoridad Independiente de Radiodifusión, núm. 153 de 1993. La creación de un organismo regulador independiente cuya independencia estaba garantizada por la Constitución fue un paso importante para el sector.

Radio

36.Un elevado porcentaje de la audiencia de radio y televisión corresponde a las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal, lo que es proporcional a la distribución de la población. La menor audiencia de radio y televisión corresponde a la provincia de El Cabo Septentrional.

37.Hay tres tipos de emisoras de radio:

Emisoras de radio públicas;

Emisoras de radio privadas comerciales; y

Emisoras de radio comunitarias.

Emisoras de radio públicas

38.El sector de la radiodifusión está dominado por la South African Broadcasting Corporation (SABC) en cuanto al número de emisoras de radio. La SABC cuenta con 18 emisoras de radio y representa alrededor del 41,6% del total de la audiencia.

Emisoras de radio privadas comerciales

39.Existen 13 emisoras de radio privadas comerciales, y todas son provinciales o regionales. Cuentan con el 16,5% de la audiencia total de adultos. Existen, además, otras 3 emisoras de radio comerciales con licencia en zonas denominadas “mercados secundarios”. Esas 3 emisoras son mayoritariamente propiedad de personas históricamente desfavorecidas.

Emisoras de radio comunitarias

40.Existen 126 emisoras de radio comunitarias, de las cuales emiten 87. La audiencia de estas emisoras representa el 4,6% de la audiencia total de radio.

Televisión

41.En Sudáfrica hay 11,1 millones de hogares con televisión.

42.Existen tres tipos de emisoras de televisión:

Emisoras de televisión públicas;

Emisoras de televisión privadas comerciales; y

Emisoras de televisión comunitarias.

Emisoras de televisión públicas

43.La South African Broadcasting Corporation tiene tres canales de televisión terrestre (SABC 1, 2 y 3) con una audiencia que representa el 69,3% de la audiencia total de televisión.

Emisoras de televisión privadas comerciales

44.E.tv es la única emisora de televisión terrestre comercial de libre difusión de propiedad privada, con una audiencia de 18,1 millones de personas, que representa el 22,3% de la audiencia total de televisión. MultiChoice es el principal proveedor de servicios de pago de televisión y radiodifusión por satélite. Es propietario de M-Net (Pty) Ltd. y del conjunto de canales de televisión digital por satélite en DSTV. La audiencia actual de M-Net es de 1,97 millones de personas y la de DSTV de 4,76 millones.

Emisoras de televisión comunitarias

45.En los últimos diez años se ha observado una lenta evolución de la televisión comunitaria en Sudáfrica y ahora pasará a ser un actor importante en los medios de comunicación. Existen cuatro emisoras de televisión comunitarias con licencia en Sudáfrica: Soweto Community TV en Johannesburgo; Bay Television Station en Durban; Cape Town Community TV; y Trinity Broadcasting Network (TBN), con licencia para la radiodifusión terrestre en El Cabo Oriental y también con distribución por satélite en DSTV.

Medios impresos

46.El sector de los medios de comunicación impresos está dominado por unas pocas empresas grandes que poseen y controlan numerosos periódicos nacionales, periódicos locales y revistas en todo el país.

47.Existen varios periódicos de propiedad independiente. Sin embargo, la mayoría son propiedad de cuatro grandes grupos editoriales: Avusa Publishing, Naspers (Media24), Independent News and Media y Caxton/CTP. En el ámbito nacional los periódicos cuentan con 15,2 millones de lectores y las revistas con 12,6 millones.

48.Los nuevos medios de comunicación incluyen los medios de comunicación en línea (sitios web en Internet) y los medios de comunicación basados en los dispositivos móviles. Los nuevos medios de comunicación están registrando un rápido crecimiento y captan una parte considerable de la publicidad. La mayoría de los medios de comunicación impresos (en particular periódicos y revistas nacionales mayoritarios) también están representados en la plataforma de los nuevos medios de comunicación.

C.Poder ejecutivo

49.El poder ejecutivo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente y los ministros del gobierno a nivel nacional, y por el Primer Ministro y los miembros de los consejos ejecutivos a nivel provincial. También incluye a los departamentos del gobierno y los funcionarios públicos. Al poder ejecutivo le incumbe la responsabilidad de administrar el país así como de formular políticas en beneficio de los ciudadanos y de conformidad con la Constitución. El poder ejecutivo está facultado para aplicar leyes, formular y aplicar políticas, dirigir y coordinar la labor de todos los departamentos del gobierno, preparar e iniciar leyes, y realizar otras funciones previstas en la Constitución o las leyes. Sin embargo, no puede promulgar leyes pero puede proponer al órgano legislativo nuevas leyes y modificaciones de las existentes.

50.El Presidente es el Jefe del Estado y del poder ejecutivo nacional, también denominado Consejo de Ministros. Al Presidente se le encomienda la labor de respaldar, defender y respetar la Constitución, como ley suprema del país. Como jefe del ejecutivo, el Presidente también es el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa. El Presidente es elegido por la Asamblea Nacional en su primera sesión. Tras ser elegido como Presidente, deja de ser miembro del Parlamento y debe asumir sus funciones en el plazo de cinco días. El Presidente del Tribunal Constitucional preside la elección del Presidente o designa a otro juez para hacerlo. Si la Presidencia está vacante el Tribunal Constitucional debe fijar una fecha en el plazo de 30 días en la que deberá cubrirse el puesto. El Presidente puede ser destituido por una resolución de la Asamblea Nacional aprobada con el apoyo del voto de dos tercios de sus miembros. Los únicos motivos de destitución son una grave violación de la ley, faltas graves de conducta o la incapacidad para desempeñar las funciones del cargo. La destitución por uno de los dos primeros motivos priva al Presidente de todos los beneficios de su cargo y le impide ejercer de nuevo cualquier cargo público.

51.El Presidente nombra al Vicepresidente entre los miembros de la Asamblea Nacional y también puede destituirle. El Vicepresidente presta asistencia al Presidente en la gestión del gobierno. El Presidente está facultado para nombrar a los ministros y también puede destituirlos. No obstante, los ministros deben rendir cuentas ante la Asamblea Nacional por sus acciones y las de sus departamentos, y deben actuar de conformidad con la política del gobierno. Los ministros también presentan al Parlamento informes periódicos y completos sobre asuntos de su responsabilidad. Los miembros del Consejo de Ministros actúan con arreglo a un código de ética formulado por el Presidente de conformidad con el marco y los principios establecidos por la Ley de Ética de los Miembros del Poder Ejecutivo, núm. 82 de 1998. Esta Ley estipula que no pueden realizar otros trabajos remunerados, no deben tener conflictos de intereses entre sus funciones oficiales y privadas, y no deben actuar de forma incompatible con su cargo ni utilizar la información que se les confíe para el enriquecimiento indebido de persona alguna. Si bien la decisión en la causa President of the Republic of South Africa v. Hugo 1997 (4) SA (CC) se basó en las disposiciones de la Constitución provisional, es evidente que los actos del Presidente pueden ser objeto de revisión judicial.

52.El poder ejecutivo en las provincias se denomina Consejo Ejecutivo y está encabezado por el Primer Ministro. Los miembros de los consejos ejecutivos deben rendir cuentas ante sus órganos legislativos de la misma manera que el Consejo de Ministros debe rendir cuentas ante el Parlamento. El Primer Ministro es elegido por los miembros de ese órgano legislativo provincial en su primera sesión tras las elecciones. Los miembros de los consejos ejecutivos rinden cuentas a su correspondiente Primer Ministro. Al igual que los ministros, los miembros de los consejos ejecutivos rinden cuentas por la labor de sus departamentos. Estos departamentos provinciales se ocupan exclusivamente de los asuntos cuya gestión incumbe a las provincias o de asuntos de gestión compartida con el Gobierno Nacional. Es importante destacar que aún no existe una estructura oficial para facilitar las relaciones intergubernamentales entre órganos ejecutivos nacionales y provinciales. No obstante, los ministros y los miembros de los consejos ejecutivos se reúnen de forma oficiosa en lo que se denomina MINMEC. Se trata de una reunión entre un ministro y los nueve miembros de los consejos ejecutivos provinciales que se ocupan de la misma cartera. Esas reuniones desempeñan una función importante en el proceso de gobernanza cooperativa.

53.Sin embargo, incumbe al Gobierno Nacional la responsabilidad de desarrollar la capacidad administrativa de las provincias. Si una provincia no desempeña de forma adecuada su labor, el Gobierno Nacional puede asumir las responsabilidades provinciales con objeto de mantener las normas establecidas para los servicios, la unidad económica o la seguridad nacional o bien de impedir que una provincia actúe de forma que perjudiquen los intereses de otra o del país en su conjunto. Si el Consejo de Ministros interviene en una provincia, debe presentar una notificación al respecto al Consejo Nacional de las Provincias dentro de los 14 días siguientes a la intervención. Existen algunas disposiciones (descritas en el artículo 100 de la Constitución) para garantizar que la supervisión nacional de una administración provincial esté estrictamente controlada por el Consejo Nacional de las Provincias. Del mismo modo, los gobiernos provinciales están facultados para administrar los asuntos de los gobiernos locales que no se gestionen de forma adecuada. En este caso, también, incumbe al Consejo Nacional de las Provincias la responsabilidad de supervisar la intervención.

D.Parlamento

54.La autoridad legislativa del ámbito nacional del Gobierno reside en el Parlamento. El Parlamento ejerce el poder legislativo nacional y confiere a la Asamblea Nacional, entre otras, las facultades de modificar la Constitución y aprobar leyes sobre cualquier asunto. Sin embargo, la Constitución regula las facultades de la Asamblea Nacional en lo que respecta a las reformas constitucionales, por ejemplo, exigiendo mayorías especiales para la aprobación de un proyecto de ley de modificación de la Constitución. El Parlamento está integrado por la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias. El Presidente puede convocar una sesión extraordinaria del Parlamento en cualquier momento para tratar asuntos especiales. El Parlamento tiene su sede en Ciudad del Cabo, pero mediante una ley del Parlamento promulgada con arreglo al artículo 76, párrafos 1 y 5, es posible determinar que la sede del Parlamento se traslade a otro lugar.

55.La Asamblea Nacional es elegida para representar al pueblo y asegurar el gobierno del pueblo de conformidad con la Constitución. Esto se consigue mediante: la elección del Presidente, el establecimiento de un foro nacional para el examen público de cuestiones, la promulgación de leyes y el control y la supervisión de las medidas adoptadas por el poder ejecutivo. Los miembros de la Asamblea Nacional pueden cambiar el gobierno mediante la aprobación de un voto de censura del Presidente y/o el Consejo de Ministros. La Asamblea Nacional debe contar con un máximo de 400 y un mínimo de 350 miembros del Parlamento. Los miembros son elegidos para formar parte de la Asamblea Nacional a través de un sistema electoral basado en la representación proporcional. La Constitución establece claramente que el sistema electoral vigente puede cambiarse mediante una nueva ley, a condición de que el nuevo sistema resulte, en general, en una representación proporcional. Esto significa que los candidatos son designados a partir de las listas de partidos en proporción al número de votos en el partido que gane las elecciones. Así, si un partido obtiene la mitad de los votos, por ejemplo, tendrá la mitad de los escaños de la Asamblea Nacional.

56.El Consejo Nacional de las Provincias asegura que las nueve provincias y el gobierno local tengan voz directa en el Parlamento cuando se formulen leyes. El Consejo representa a las provincias para velar por que los intereses provinciales se tengan en cuenta en la esfera del Gobierno Nacional. Esto se consigue principalmente mediante la participación en el proceso legislativo nacional y la creación de un foro nacional para examinar las cuestiones que afectan a las provincias. El Consejo Nacional de las Provincias también tiene que despeñar una función importante en la promoción de la unidad nacional y las buenas relaciones de trabajo entre el Gobierno Nacional, el provincial y el local. Si bien los delegados en el Consejo Nacional de las Provincias representan a sus partidos políticos, también tienen el importante deber de representar al conjunto de sus provincias. Cada provincia tiene diez delegados independientemente de su tamaño, lo que garantiza un equilibrio de intereses entre las provincias. Cada delegación cuenta con seis delegados permanentes y cuatro delegados “especiales” no permanentes. Cada delegación está encabezada por el Primer Ministro (uno de los delegados especiales) o por un sustituto cuando el Primer Ministro no está disponible. La delegación debe reflejar de forma proporcional las diversas partes de la provincia.

57.En la Asamblea Nacional existen Comités de Cartera paralelos a los departamentos del gobierno: para cada departamento o cartera del gobierno existe un comité de cartera. Por ejemplo, el Comité de Cartera de Asentamientos Humanos se ocupa de las cuestiones relacionadas con el Departamento de Asentamientos Humanos. El Comité Nacional de las Provincias cuenta con comités equivalentes, denominados Comités Especiales; a diferencia de los comités de la Asamblea Nacional, no siempre existe un comité por departamento o cartera del gobierno, en cambio se establece una agrupación. Por ejemplo, el Comité Especial de Seguridad y Justicia se ocupa de las carteras de justicia, seguridad y protección, así como de la de defensa.

58.El capítulo 12 de la Constitución prevé el establecimiento de la Cámara de Dirigentes Tradicionales, que entró en funciones oficialmente en virtud de la Ley de la Cámara Nacional de Dirigentes Tradicionales, núm. 10 de 1997, ahora derogada. La institución, el rango y la función de los dirigentes tradicionales se establecen con arreglo al derecho consuetudinario. El Consejo asesora al Gobierno Nacional sobre las funciones de los dirigentes tradicionales y sobre el derecho consuetudinario africano, para promover el liderazgo tradicional en el marco de un régimen constitucional democrático. Esta Cámara existe para mejorar la cooperación entre la Cámara Nacional y las diversas Cámaras con el fin de abordar cuestiones de interés común y mejorar la unidad y el entendimiento entre las comunidades tradicionales. Algunos departamentos han promulgado leyes que definen claramente la función de los líderes tradicionales en el ámbito de la justicia, en el establecimiento de tribunales tradicionales y la administración de las tierras tribales. Se han promulgado muchas leyes y se han aplicado diversos programas para asegurar que los dirigentes tradicionales aporten una importante contribución al desarrollo de la sociedad. La nueva Ley de la Cámara Nacional de Dirigentes Tradicionales, núm. 22 de 2009, dispone el establecimiento de la Cámara Nacional de Dirigentes Tradicionales y determina las facultades, los deberes y las responsabilidades de la Cámara.

Cuadro 17Distribución de escaños del Parlamento en la Asamblea Nacional, por partidos políticos, 2009

Partido político

Número de escaños

Porcentaje

Congreso Nacional Africano

264

66

Alianza Democrática

67

16,75

Congreso del Pueblo

30

7,5

Partido de la Libertad Inkatha

18

4, 5

Movimiento Democrático Unido

4

1

Demócratas Independientes

4

1

Frente de la Libertad/Vryheidsfront Plus

4

1

Partido Demócrata Cristiano Africano

3

0,75

Partido Demócrata Cristiano Unido

2

0,5

Organización del Pueblo Azanio

1

0,25

Convención de los Pueblos Africanos

1

0;25

Congreso Panafricanista

1

0,25

Frente de la Minoría

1

0,25

Total

400

100

Cuadro 18Mujeres miembros del Parlamento en la Asamblea Nacional

E.Poder judicial

59.Los órganos judiciales son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Apelaciones, los tribunales superiores, los tribunales superiores especiales, los tribunales regionales, los tribunales de primera instancia y los tribunales de reclamaciones de pequeña cuantía.

60.El Tribunal Constitucional, con sede en Johannesburgo, es el tribunal supremo en todos los asuntos constitucionales. Es el único tribunal que puede dirimir las controversias que se planteen entre los órganos del Estado en el ámbito nacional o provincial en relación con el rango constitucional, los poderes o las funciones de cualquiera de ellos, o decidir sobre la constitucionalidad de cualquier enmienda a la Constitución o de cualquier ley parlamentaria o provincial. El Tribunal Constitucional adopta la decisión final sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley del Parlamento, de una ley provincial o de la conducta del Presidente. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, el Presidente Adjunto del Tribunal Supremo y nueve magistrados del Tribunal Constitucional.

61.Un caso puede plantearse ante el Tribunal Constitucional por diversas vías: como resultado de un recurso contra un fallo del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo de Apelaciones; a raíz de una solicitud directa al Tribunal, pidiéndole que se constituya como tribunal de primera y última instancia, debido a la urgencia de la cuestión; o como consecuencia de la declaración de nulidad del instrumento jurídico por el tribunal de primera instancia, que ha de ser confirmada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal tiene la facultad discrecional de atender, o no, un asunto; excepto en el caso de que una ley haya sido declarada nula y el tribunal deba confirmar esa declaración. La mayoría de los casos que llegan al Tribunal Constitucional se inician en el Tribunal Superior, que está facultado para ofrecer diversos recursos y que puede anular la ley. No obstante, para surtir efecto, cualquier decisión que anule una ley provincial o parlamentaria o un acto del Presidente tiene que ser confirmada por el Tribunal Constitucional.

62.Si el Tribunal Superior desestima una demanda es posible recurrir en apelación al Tribunal Constitucional. Dado que el Tribunal solo puede conocer de asuntos constitucionales, el solicitante debe demostrar que la causa se refiere a un asunto constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional decidirán si se ha planteado un principio importante relativo a la interpretación de la Constitución y determinarán si existe una posibilidad razonable de que el recurso tenga éxito. Sin embargo, no hay un derecho automático de apelación. Si el Tribunal decide autorizar la solicitud de recurso o si no está seguro y desea escuchar argumentos sobre si debe autorizarse esa solicitud, se abre el examen de la cuestión para que las partes puedan exponer sus argumentos. Las partes presentan comunicaciones por escrito antes de la fecha de exposición de los argumentos para que los magistrados puedan familiarizarse con la causa y la posición adoptada por cada parte. La Constitución exige que los asuntos sean conocidos al menos por 8 magistrados. En la práctica ordinaria, los 11 magistrados conocen de todos los casos. Si un magistrado está ausente por un período prolongado o se produce una vacante, puede nombrarse a un magistrado interino.

63.En los procesos ante el Tribunal Constitucional otras partes interesadas pueden solicitar la incorporación a los actos procesales o la admisión en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal). También pueden presentar comunicaciones por escrito y en ocasiones exponer argumentos verbalmente, si el Presidente del Tribunal Supremo así se lo solicita. En cuanto al acceso directo, el artículo 167 de la Constitución permite que “cuando ello redunde en interés de la justicia y con la autorización del Tribunal Constitucional”, una persona pueda someter un asunto directamente al Tribunal Constitucional o recurrir directamente ante él la resolución de cualquier otro tribunal. Este procedimiento se suele permitir únicamente en circunstancias excepcionales. El Tribunal no recibe pruebas ni interroga a testigos. Como tribunal que actúa en gran medida como instancia de apelación, examina el expediente de las pruebas presentadas ante el tribunal que conoció del asunto. En consecuencia, el Tribunal se basa principalmente en los argumentos que se le presentan por escrito. Las audiencias tienen por objeto el examen de las cuestiones difíciles que planteen los argumentos de las partes.

64.El Tribunal Supremo de Apelaciones, con sede en Bloemfontein, en el Estado Libre, es el tribunal de más alto rango respecto de todos los demás asuntos. Está integrado por el Presidente y el Vicepresidente del Tribunal, así como por algunos jueces de apelación designados con arreglo a una ley del Parlamento. El Tribunal Supremo de Apelaciones tiene competencia para atender un recurso de apelación y fallar contra una decisión de un tribunal superior. Las decisiones del Tribunal son vinculantes para todos los tribunales inferiores. El Tribunal está integrado por 25 magistrados, incluido su Presidente. De conformidad con la Constitución, el Tribunal Supremo de Apelaciones solo actúa como tribunal de apelación, puede decidir cualquier asunto en apelación y, con excepción de las cuestiones constitucionales, es el más alto tribunal de apelación. El Tribunal Supremo se reúne en grupos de cinco o tres magistrados, en función de la naturaleza de la apelación. Los magistrados del Tribunal Supremo pueden redactar opiniones individuales, y cuando se plantea una diferencia de opinión entre ellos, se suele emitir más de un fallo en el asunto. El Tribunal Supremo tiene competencia en materia constitucional, aunque el Tribunal Constitucional es la más alta instancia judicial en todos los asuntos constitucionales. El Tribunal Supremo de Apelaciones puede dictar una orden sobre la constitucionalidad de una ley del Parlamento, una ley provincial o un acto del Presidente, pero la orden de inconstitucionalidad no entra en vigor hasta que haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional.

65.Los magistrados del Tribunal Supremo de Apelaciones son designados por el Presidente de la República con el asesoramiento del Consejo Superior de la Magistratura. Toda persona debidamente cualificada y que reúna las condiciones necesarias puede ser nombrada juez. Por convención, los magistrados del Tribunal son designados entre los magistrados de los tribunales superiores. Al proceder a la designación de los funcionarios judiciales se tiene en cuenta la necesidad de que el sistema judicial refleje de forma general la composición por sexos y racial del país.

66.Los tribunales superiores tienen jurisdicción en su zona sobre todas las personas que residan o se encuentren en ella. Estos tribunales examinan asuntos de mayor gravedad en los que los tribunales inferiores no serían competentes para emitir un fallo apropiado o imponer una sanción. Excepto en los casos en que la ley prescribe una sentencia mínima o máxima, su jurisdicción penal es ilimitada e incluye la imposición de la pena de reclusión a perpetuidad en determinados casos.

67.El Tribunal de Reclamaciones sobre Tierras y el Tribunal de Trabajo tienen el mismo rango que el Tribunal Superior. El Tribunal de Reclamaciones sobre Tierras entiende de la restitución de los derechos territoriales que las personas perdieron después de 1913 como resultado de la aplicación de unas leyes sobre la tierra racialmente discriminatorias. El Tribunal de Trabajo dicta fallos sobre cuestiones relativas a las controversias laborales. Las apelaciones se someten al Tribunal Laboral de Apelaciones. Las decisiones del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Apelaciones y de los tribunales superiores son una importante fuente de derecho en el país. El Tribunal de Reclamaciones sobre Tierras y el Tribunal de Trabajo deben defender y hacer cumplir la Constitución, en especial la Carta de Derechos, que es vinculante para todos los órganos estatales y todas las personas. Los tribunales también deben declarar nula toda ley o conducta que sea incompatible con la Constitución, y desarrollar el common law de conformidad con los valores de la Constitución, así como con el espíritu y los fines de la Carta de Derechos.

68.El Ministro de Justicia y Desarrollo Constitucional puede dividir el país en distritos judiciales y crear divisiones regionales integradas por distritos. Posteriormente se establecen tribunales regionales por provincia en uno o más lugares de cada división regional para atender los asuntos que se planteen en su jurisdicción. La Ley de Modificación de la Jurisdicción de los Tribunales Regionales, núm. 31 de 2008, faculta a los magistrados regionales para presidir juicios civiles. Se están adoptando las disposiciones necesarias para la aplicación de esta Ley. En ellas, se atiende a la necesidad principal de crear capacidad en los tribunales regionales para ocuparse de asuntos civiles y relacionados con el divorcio. Los tribunales competentes en casos de divorcio se incorporarán a las divisiones de los tribunales regionales. Esto resolverá los problemas jurisdiccionales de los litigantes que se ven forzados a recorrer largas distancias para obtener una reparación judicial.

69.La capacitación formal de los magistrados y los profesionales del derecho en relación con esta Ley y otras esferas de la labor judicial estará a cargo de Instituto de Educación Judicial de Sudáfrica recientemente establecido. En octubre de 2009 estaban bastante avanzados los preparativos para que el Instituto iniciara su labor. La Ley de Modificación de la Jurisdicción de los Tribunales Regionales (2008) reducirá a mediano y largo plazo la carga de trabajo de los tribunales superiores. En virtud de la Ley, el divorcio y otros asuntos relativos al derecho de familia y los litigios civiles por una cuantía que se determinará periódicamente quedarán en el marco de la jurisdicción de los tribunales regionales, lo que reducirá los costos de las acciones judiciales y, en consecuencia, aumentará el acceso a la justicia. Hay 9 presidentes de tribunales regionales y 343 magistrados de tribunales regionales.

70.Los distritos judiciales se han estructurado en 13 grupos encabezados por magistrados presidentes. Este sistema ha racionalizado, ha simplificado y ha permitido uniformizar sistemas de administración judicial aplicables al conjunto de Sudáfrica en lo que respecta a las fronteras provinciales judiciales. También ha facilitado la separación de las funciones de los órganos judiciales, la fiscalía y la administración; ha mejorado y desarrollado las aptitudes y la capacitación de los oficiales judiciales; ha optimizado el uso de los limitados recursos de manera equitativa; y ha corregido los desequilibrios de las regiones de los antiguos territorios patrios. En virtud de la Ley de Magistrados, núm. 90 de 1993, todos los magistrados de Sudáfrica quedan fuera del ámbito de la función pública. El objetivo es reforzar la independencia del poder judicial. Si bien la jurisdicción penal de los tribunales regionales es superior a la de los tribunales de primera instancia (tribunales de distrito), un acusado no puede presentar ante un tribunal regional una apelación contra la decisión de un tribunal de distrito, únicamente puede hacerlo ante el Tribunal Superior. A mediados de 2009, Sudáfrica contaba con 366 distritos judiciales y oficinas de magistrados principales, 80 tribunales adscritos y 282 tribunales que se constituyen con carácter periódico. El país contaba con 1.906 magistrados, incluidos los magistrados de tribunales regionales.

71.En virtud de la Ley del Tribunal de Reclamaciones de Pequeña Cuantía, núm. 61 de 1984, se han establecido tribunales de esas características para resolver reclamaciones civiles de pequeña cuantía. Esos tribunales se crearon para eliminar los prolongados procedimientos contenciosos que se llevan a cabo antes y durante el enjuiciamiento de esas reclamaciones. El límite de las causas civiles es de 7.000 rand y esta cantidad la establece periódicamente el Ministro en el Boletín Oficial. Los tribunales de reclamaciones de pequeña cuantía en los que se sustancian esos asuntos están presididos por comisionados que suelen ser abogados o procuradores en ejercicio, juristas u otras personas competentes, que prestan sus servicios de forma voluntaria, ya que no se pagan honorarios a los comisionados. En el período 2008/09, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional designó a 114 comisionados y a 113 miembros del órgano asesor con miras a prestar asistencia a los tribunales de reclamaciones de pequeña cuantía. Ni el demandante ni el demandado pueden estar representados ni ser asistidos en la vista por un abogado. La decisión del comisionado es definitiva y no cabe ningún recurso ante un tribunal superior; solo se autoriza un proceso de revisión. En junio de 2009, se contaba con 188 tribunales de reclamaciones de menor cuantía. El Departamento, en colaboración con los representantes de la comunidad jurídica y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación está en vías de ultimar manuales para los comisionados que se ocupan de reclamaciones de pequeña cuantía y para funcionarios judiciales; tras esta iniciativa se impartirían programas de capacitación en colaboración con el Justice College.

F.El common law, el derecho civil y el derecho indígena en Sudáfrica

72.Sudáfrica tiene un sistema jurídico mixto que ha recibido la influencia de diversas tradiciones jurídicas. Los principales elementos del sistema jurídico son el derecho civil, el common law y el derecho consuetudinario. La relación entre estos tres elementos ha sido bastante compleja. El sistema de derecho civil en Sudáfrica está basado en gran parte en la legislación holandesa, mientras que el common law ha recibido principalmente la influencia del common law británico. El derecho consuetudinario africano desempeña también un papel fundamental en el sistema jurídico. La influencia del common law es más evidente en el derecho procesal, el derecho contractual y el derecho probatorio, en tanto que la influencia holandesa se deja sentir con mayor claridad en el ámbito del derecho privado sustantivo, por ejemplo, en lo que respecta al ilícito civil, el derecho personal y el derecho patrimonial.

73.El common law se caracteriza por basarse en los precedentes. Esto significa que los tribunales buscan casos similares anteriores para resolver controversias actuales. El principio stare decesis establece que los jueces de los tribunales inferiores están obligados a cumplir las decisiones de los tribunales superiores en la jerarquía jurídica. Por lo tanto, la jurisprudencia es importante en el sistema del common law y habitualmente los jueces deben respetarla. El derecho civil se inspira en general en el derecho romano y en el denominado derecho romano-holandés. El rasgo distintivo de este sistema de derecho es el hecho de que todas las leyes están codificadas. En contraste con el common law, en el sistema de derecho civil, la influencia del precedente es escasa. A diferencia de la consideración que solía recibir en el período anterior a la aprobación de la Constitución, en la Constitución se ha previsto una función clara para el derecho consuetudinario. Las disposiciones de la Constitución establecen claramente que el derecho consuetudinario debe ser una parte fundamental del sistema jurídico, por ejemplo, en los artículos 30 y 31 de la Constitución se consagra el respeto de la diversidad cultural. Una norma rectora determina la aplicabilidad en Sudáfrica del common law, el derecho consuetudinario y el derecho civil. La Constitución establece las normas que deben cumplir todas las leyes para ser aplicables en Sudáfrica. Esto significa, por ejemplo, que el derecho consuetudinario y el common law deben examinarse desde la perspectiva constitucional para que sean aplicables. Los principios del common law o del derecho consuetudinario que infringen las disposiciones de la Constitución son nulos y no son aplicables en Sudáfrica.

G.Organizaciones no gubernamentales

74.Las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen ser también organizaciones sin fines de lucro. El marco jurídico de las ONG sin fines de lucro tiene varios niveles básicos.

75.El primer nivel (establecimiento) prevé el establecimiento en virtud del derecho legislado y del common law de las tres siguientes formas de organización sin fines de lucro:

Asociaciones de voluntarios, establecidas con arreglo al common law;

Fideicomisos sin fines de lucro, establecidas con arreglo al derecho legislado; y

Empresas sin fines de lucro establecidas con arreglo al derecho legislado, constituidas para alcanzar un objetivo de interés público o un objetivo vinculado a actividades culturales o sociales, o a intereses comunitarios o de grupo.

76.Un segundo nivel de legislativo (inscripción voluntaria en el registro) permite que cualquiera de estas formas de organización pueda solicitar la condición de organización sin fines de lucro registrada. Entre otros requisitos, una organización sin fines de lucro no puede distribuir beneficios y debe cumplir determinados criterios de gobernanza.

77.Para registrar una organización sin fines de lucro es preciso presentar un formulario de solicitud y dos copias del documento fundacional de la organización (constitución, escritura de fideicomiso, o memorando y artículos de asociación) a la Dirección de Organizaciones Sin Fines de Lucro ubicada en el Departamento Nacional de Desarrollo Social.

78.Un tercer nivel legislativo (exención impositiva parcial) prevé que una organización sin fines de lucro pueda solicitar la condición de organización de interés público. Entre otros requisitos, el único objetivo de la organización debe ser realizar una o más actividades de interés público sin fines de lucro y con un fin altruista o filantrópico. Las organizaciones de interés público no pueden utilizar sus recursos para apoyar, promover u oponerse, directa o indirectamente, a un partido político, pero no se les impide el cabildeo. Pueden obtener una amplia gama de beneficios fiscales, incluida la exención parcial del impuesto sobre la renta, una exención del impuesto sobre las donaciones y, en algunos casos, una exención del impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles.

79.El cuarto nivel legislativo (régimen de exención fiscal a los donantes) permite que las organizaciones de interés público soliciten el derecho a recibir donaciones deducibles de impuestos. La Ley del Impuesto sobre la Renta, núm. 58 de 1962, establece dos importantes beneficios para el sector de actividades sin fines de lucro: exención parcial de impuestos para las organizaciones que cumplan los requisitos de las organizaciones de interés público; y exención fiscal a los donantes por las contribuciones a las organizaciones de interés público que realicen determinadas actividades de ese tipo (“organizaciones de interés público con régimen de exención fiscal a los donantes”).

80.Las organizaciones de interés público también tienen derecho a recibir beneficios respecto del impuesto sobre las donaciones, el impuesto sobre la transferencia de bienes, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto para el desarrollo de aptitudes. Por último, determinadas organizaciones tienen derecho a preferencias respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido.

81.Número de ONG registradas: 1.352.

H.Administración de justicia

Cuadro 19Delitos graves denunciados en Sudáfrica, 2010/2011

Tipo de delito en general

Número

Porcentaje

Delitos de contacto

638 468

35,8

Otros delitos graves

534 866

25,8

Delitos relacionados con la propiedad

534 451

25,8

Delitos detectados como consecuencia de la acción policial

231 842

11,2

Delitos relacionados con el contacto

131 860

6,4

Total

2 071 487

100

Cuadro 20Delitos de contacto denunciados en un período de cinco años

Categoría de los delitos

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes

2006 - 2007

2007 - 2008

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Asesinato

40,5

38,6

37,3

34,1

31,9

Delitos sexuales

137,6

133,4

144,8

138,5

132,4

Intentos de asesinato

42,5

39,3

37,6

35,3

31.0

Agresión con intención de causar lesiones corporales graves

460,1

439,1

418,5

416,2

397,3

Agresión común

443,2

413,9

396,1

400,0

371,8

Robo con circunstancias agravantes

267,1

247,3

249,3

230,6

203,0

Robo común

150,1

135,8

121,7

116,7

109,8

82.Los delitos de contacto entrañan el contacto físico entre los autores y las víctimas. El delito consiste en ejercer violencia contra la persona, independientemente de la naturaleza de la violencia.

Cuadro 21Víctimas de delitos de contacto, 2010/2011

Víctimas de delitos de contacto

Número de casos denunciados

Porcentaje del total

Delitos de contacto contra mujeres (mayores de 18 años)

191 842

30,05

Delitos de contacto contra niños (menores de 18 años)

54 225

8,49

Total de los delitos de contacto

638 468

100

83.Sudáfrica no dispone de un fondo de indemnización para las víctimas de delitos. La Comisión Jurídica de Sudáfrica ha estado estudiando la posibilidad de establecer un fondo de ese tipo durante los últimos diez años, pero debido a los elevados costos de su aplicación no se han hecho nuevos progresos.

Cuadro 22Estadísticas de robo con agravantes, 2010/2011

Casos de robo denunciados

Sospechosos inculpados

Porcentaje

101 463

5 334

24,7

Cuadro 23Cifras combinadas de violación y agresión sexual durante un período de tres años

Año

Número

2008- 2009

54 126

2009- 2010

55 097

2010- 2011

56 272

84.En el artículo 50, párrafo 1 b), de la Ley de Procedimiento Penal, núm. 51 de 1977, se establece que, cuando una persona ha sido detenida y se encuentra recluida, debe comparecer ante un tribunal de primera instancia lo antes posible después de la detención, a más tardar en un plazo de 48 horas.

85.En 1995, en la causa State v. Makwanyane and Another (CCT 3/94), la pena de muerte fue declarada inconstitucional y quedó abolida como sanción penal. La última ejecución tuvo lugar en 1989.

Cuadro 24Número de personas en cárceles y calabozos policiales, por grupos de población y sexo, 2001

Negros

Mestizos

Blancos

Indios

Total

Mujeres

5 226

1 063

1 598

52

7 939

Hombres

128 930

29 060

3 925

829

162 744

Total

134 156

30 123

5 523

881

170 683

Cuadro 25Circunstancias de la muerte de personas detenidas durante un período de dos años

Causas de la muerte

2005-20 06

2006-20 07

Lesiones mientras estaban detenidas

28

31

Lesiones anteriores a la detención

85

46

Suicidio

121

108

Causas naturales

75

94

Total

309

279

Cuadro 26Causas penales examinadas durante un período de dos años

2009/ 2 010

2010/2011

Nuevas causas recibidas

1 044 346

962 317

Causas resuelta s (incluidas las causas antiguas y las remisiones a la administración de justicia penal)

1 065 269

996 320

Porcentaje de resolución

102,0%

103,5%

86.El cuadro anterior muestra el número de nuevas causas recibidas y el número de causas de carácter penal que se tramitaron en el sistema judicial. En 2010-2011 actuaron en promedio 1.673 tribunales superiores e inferiores. Esos tribunales resolvieron 460.891 causas que incluían asuntos resueltos mediante mecanismos de arreglo de controversias y remisiones en virtud de la Ley de Justicia de Menores. En el resto de las 962.317 causas resueltas hubo desistimiento, o las causas fueron eliminadas de la lista o transferidas a otros tribunales o dieron lugar a que se dictaran órdenes de detención o de ingreso en instituciones de tratamiento de enfermedades mentales.

Cuadro 27Casos atrasados y pendientes, al 31 de marzo de 2011

Casos pendientes

Casos atrasados

Porcentaje de casos atrasados

Casos atrasados finalizados del proyecto de trabajo acumulado (y retirados) entre abril de 2010 y marzo de 2011

Tribunales de distrito

164 792

19 792

12%

5 813 (2 943 retirados)

Tribunales regionales

52 756

16 875

32%

5 272 (2 943 retirados)

Tribunales superiores

1 175

367

31,2%

Total

218 660

37 034

16,9%

11 085 (5 777 retirados)

87.Sudáfrica cuenta con 1.250 efectivos de policía/de seguridad por cada 100.000 ciudadanos y con más de 3.000 fiscales en activo.

88.En marzo de 2010 se contaba con 208 jueces permanentes y 1.914 magistrados (regionales y de distrito), un total de 2.122 oficiales judiciales.

Cuadro 28Proporción del gasto público destinado a la policía/seguridad y la judicatura

Rand (millones)

Auditado

Consignación ajustada

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Servicios penitenciarios

11 122 , 4

12 822 , 6

13 687,3

15 427 , 5

Veteranos militares y de defensa

25 180,1

27 801,3

31 324,2

30 442,6

Depart a mento de Justicia y Desarrollo Constitucional

7 194,0

8 244,4

9 653,5

10 787,3

Polic ía

36 525,9

41 635,2

47 662,5

53 529,7

III.Marco general de protección y promoción de los derechos humanos

A.Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

Cuadro 29Principales convenciones y protocolos internacionales de derechos humanos

Convención

Fecha de ratificación

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

10/12/1998

Protocolos Facultativos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

10/12/1998

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

10/12/1998

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

15/12/1995

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

06/05/2002

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

10/12/1998

Convención sobre los Derechos del Niño

16/06/1995

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

30/06/2003

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados

24/09/2009

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

30/11/2007

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

30/11/2007

89.Sudáfrica ha firmado pero no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (20/09/2006) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (3/10/1994); la ratificación de ambos tratados sigue su curso.

90.A continuación se indican las reservas y declaraciones formuladas por Sudáfrica respecto algunos instrumentos.

Reservas y declaraciones

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Declaración

“[La República de Sudáfrica declara que] reconoce, a los efectos del artículo 30 de la Convención, la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver una diferencia entre dos o más Estados partes sobre la interpretación o la aplicación de la Convención, respectivamente.”

Declaraciones sobre los artículos 21 y 22

“La República de Sudáfrica declara que:

a)Reconoce, a los efectos del artículo 21 de la Convención, la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención;

b)Reconoce, a los efectos del artículo 22 de la Convención, la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas, o en su nombre, que aleguen ser víctimas de tortura por un Estado Parte.”

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Declaración sobre el artículo 41

“Con arreglo al artículo 41 del Pacto, la República de Sudáfrica declara que reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que le impone el Pacto.”

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Declaración sobre el artículo 14

“La República de Sudáfrica:

a)Declara que, a los efectos del artículo 14, párrafo 1, reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir y examinar las comunicaciones de particulares o grupos de particulares en la jurisdicción de la República que aleguen ser víctimas de una violación por la República de algunos de los derechos enunciados en la Convención tras haber agotado todos los recursos internos; y

b)Indica que, a los efectos del artículo 14, párrafo 2, de la Convención, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica es, en el ordenamiento jurídico nacional de la República, el órgano que será competente para recibir y examinar peticiones de personas o grupos de personas en la jurisdicción de la República que aleguen ser víctimas de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención.”

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño

Declaración

“a)Los efectivos de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica son voluntarios y, por lo tanto, no hay servicio militar obligatorio en esas Fuerzas;

b)El proceso de contratación en las Fuerzas de Defensa Nacional se inicia mediante anuncios en los periódicos nacionales y existe un límite mínimo de edad de 18 años como requisito estipulado por la ley;

c)La contratación de todos los reclutas se lleva cabo en público;

d)Todos los reclutas deben presentar un documento de identidad nacional que indique su fecha de nacimiento y, cuando proceda, el historial académico; y

e)Se efectúa un riguroso examen médico a todos los reclutas, que pondría de manifiesto la prepubertad, y habitualmente todo recluta que se considera menor de edad es rechazado.”

Cuadro 30Otras convenciones e instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas

Convención

Fecha de ratificación

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

10/12/1998

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

20/02/2004

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

27/11/2000

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena

10/10/1951

Cuadro 31Convenios de Ginebra y otros tratados de derecho internacional humanitario

Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña (Convenio I)

30/09/1896

Convenio de Ginebra relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III)

23/06/1931

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)

21/11/1995

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo II)

21/11/1995

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa)

26/06/1998

Cuadro 32Convenciones regionales de derechos humanos

Documento

Fecha en que se depositó

Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África

15/01/1996

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

09/07/1996

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño

21/01/2000

Protocolo de la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo al establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

03/07/2002

Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo

18/11/2002

Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África

14/01/2005

Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción

07/12/2005

Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza

24/01/2011

Carta Africana de los Jóvenes

08/07/2009

B.Marco jurídico de protección de los derechos humanos a nivel nacional

91.Cabe recordar que durante muchos años el apartheid arrebató los derechos humanos a la mayoría de las personas que vivían en Sudáfrica. La mayoría de la población no podía opinar sobre la forma en que era gobernada. Las leyes relativas a la seguridad otorgaban a la policía enormes facultades para detener y encarcelar a las personas. Las leyes relativas a la censura se utilizaban para silenciar a la población oprimida. En virtud de unas políticas racialmente discriminatorias la mayoría de las personas recibía educación y atención sanitaria de baja calidad. Estos son solo algunos ejemplos de la forma en que se vulneraron los derechos humanos de la población en Sudáfrica.

92.La Constitución de Sudáfrica, de 1996, refuta plenamente las políticas discriminatorias que hasta entonces habían caracterizado al país. La Carta de Derechos es la piedra angular de la democracia en Sudáfrica. Consagra los derechos de todas las personas en Sudáfrica y afirma los valores democráticos de la dignidad, la igualdad y la libertad de los seres humanos. Al interpretar la Carta de Derechos, un tribunal debe tomar en consideración el derecho internacional. La Carta de Derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades reconocidos o conferidos por el common law, el derecho consuetudinario o las leyes, siempre que sean coherentes con la Carta. Las limitaciones de los derechos deben ajustarse a lo estipulado en el artículo 36 de la Constitución.

93.Un elemento fundamental en el que se basa la Constitución de Sudáfrica es la igualdad, lo que significa que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a recibir por igual la protección y los beneficios de la ley. La igualdad incluye el disfrute completo y en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades. A fin de promover el logro de la igualdad, podrán adoptarse medidas legislativas y de otra índole encaminadas a asegurar la protección o el progreso de personas o categorías de personas desfavorecidas por una discriminación injusta. Sin embargo, ninguna persona podrá discriminar injustamente, de forma directa o indirecta, a otra por uno o más motivos, ya sea raza, género, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o social, color, orientación sexual, edad, discapacidad, religión, conciencia, creencias, cultura, idioma y ascendencia. Ninguna persona podrá discriminar injustificadamente a otra, directa o indirectamente, por uno o más de los motivos enumerados en el artículo 9, párrafo 3, de la Constitución. El Gobierno tiene la obligación subsiguiente de promulgar leyes para prevenir o prohibir la discriminación injusta. Se han establecido varias instituciones para apoyar la realización de los derechos humanos en Sudáfrica.

94.Otros derechos humanos protegidos por la Constitución son: el derecho a la vida; el derecho a la intimidad; el derecho a la religión; el derecho a no ser sometidos a esclavitud y al trabajo forzoso; la libertad de expresión; la libertad de circulación; la libertad de comercio; el derecho a prácticas laborales equitativas; el derecho a tener acceso a una vivienda adecuada; el derecho a tener acceso al agua, la alimentación, la asistencia sanitaria y la seguridad social; el derecho a la educación; el derecho a utilizar el idioma y participar en la vida cultural de su elección; el derecho a acceder a la información así como diversos derechos del niño.

95.En general, el Gobierno cumple sus obligaciones internacionales mediante la promulgación o la modificación de la legislación interna a fin de garantizar la compatibilidad con las obligaciones derivadas de los tratados que ha suscrito. El Gobierno introduce esos cambios siguiendo el procedimiento parlamentario normal. Con arreglo a la Constitución las disposiciones de un tratado internacional no pueden invocarse ante tribunales o autoridades administrativas, que tampoco pueden aplicarlas directamente. Los tratados deben transformarse en leyes o reglamentos administrativos sudafricanos antes de que los tribunales puedan hacerlos cumplir. Esta posición fue confirmada en AZAPO and Others v. President of the Republic of South Africa and Others 1996 (8) BCLR 1015 (CC). Por lo tanto, Sudáfrica adopta un enfoque dual respecto de la aplicación del derecho internacional en los tribunales nacionales.

96.En 1994, el Parlamento, en virtud de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, núm. 54 de 1994, estableció la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica para asumir el reto de garantizar que en el país todos puedan realizar los ideales expresados en la Constitución. La Comisión de Derechos Humanos está integrada por dos secciones: la comisión, que establece las políticas, y una secretaría, que las ejecuta. La Comisión es un órgano independiente y solo debe rendir cuentas en el marco de la Constitución y del Parlamento. Presenta informes anuales sobre sus actividades al Parlamento.

97.De conformidad con el artículo 5 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, la Comisión ha establecido comités permanentes para recibir asesoramiento y asistencia en su labor. La Comisión designa a los miembros de los comités permanentes, cada uno de los cuales está presidido por un comisionado. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica también ha establecido oficinas provinciales para asegurar un amplio acceso a sus servicios. Colabora con el Gobierno, la sociedad civil y particulares, tanto en el plano nacional como en el extranjero, para cumplir su mandato constitucional. Con arreglo al artículo 184, párrafo 1, de la Constitución, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica debe fomentar el respeto de los derechos humanos y una cultura de los derechos humanos, así como promover la protección, el desarrollo y el ejercicio de esos derechos. La Comisión realiza sus operaciones mediante los siguientes programas: gestión estratégica y servicios de apoyo; comisionados; educación, capacitación y sensibilización del público; servicios jurídicos, investigación y documentación; enlace parlamentario y legislación y vigilancia de los órganos de tratados; información y comunicación; así como programas especiales, coordinadores y un proyecto de promoción de la sociedad civil.

98.La Comisión sobre la Igualdad de Género se estableció en 1996 en virtud de la Ley de la Comisión sobre la Igualdad de Género, núm. 39 de 1996. La Comisión es un órgano independiente y solo debe rendir cuentas en el marco de la Constitución y del Parlamento. Su mandato consiste en proteger a los hombres y a las mujeres que denuncian que han sido objeto de discriminación a causa de su género o sexo. La Comisión asesora a los legisladores sobre las leyes que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre la posición de las mujeres como ciudadanas. La Comisión presenta informes anuales sobre sus actividades al Parlamento.

99.La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, basada en la Ley de Promoción de la Unidad y la Reconciliación Nacionales, núm. 34 de 1995, se estableció para contribuir a hacer frente a lo sucedido durante el apartheid. Durante este período, el conflicto generó violencia y abusos de los derechos humanos de todas las partes. Ningún estrato de la sociedad escapó a esos abusos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se disolvió en marzo de 2002, mediante una proclamación en el Boletín Oficial del Estado. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación entregó su informe final al Presidente en marzo de 2003. La Comisión formuló recomendaciones al Gobierno relativas a la reparación para las víctimas y a las medidas para impedir en el futuro la violación de los derechos humanos y los abusos. En junio de 2003 el Gobierno aprobó cuatro categorías de recomendaciones para su aplicación, a saber:

Reparaciones definitivas: la concesión de una subvención única de 30.000 rand a determinadas víctimas identificadas;

Símbolos y monumentos: registros históricos académicos y oficiales, manifestaciones culturales y artísticas, así como la construcción de símbolos y monumentos que exalten la lucha por la libertad, incluida la asignación de nuevos nombres geográficos y topónimos;

Prestaciones médicas y otras formas de asistencia social: asistencia en materia de educación, provisión de vivienda y otras formas de asistencia social para atender las necesidades de las víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación;

Rehabilitación de comunidades: rehabilitación de comunidades enteras que fueron objeto de graves actos de violencia y destrucción y que todavía afrontan dificultades.

100.La Comisión de Reforma Legislativa es un organismo independiente establecido en virtud de la Ley de la Comisión de Reforma Legislativa de Sudáfrica, núm. 19 de 1973. La Comisión y su secretaría se encargan de examinar las leyes nacionales a fin de asesorar al Gobierno sobre su desarrollo, mejora, modernización y reforma. Muchos de los exámenes de la Comisión de Reforma Legislativa han dado lugar a la aprobación por el Gobierno de una reforma del derecho legislado. La Comisión ha identificado como prioridad la rápida finalización del examen de leyes anteriores a 1994, centrándose en las leyes obsoletas o redundantes que vulneran el artículo 9 de la Constitución.

101.En virtud de la Ley de la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas, núm. 19 de 2002, se estableció la Comisión de Promoción y Protección de los Derechos de las Comunidades Culturales, Religiosas y Lingüísticas (la Comisión). Con arreglo a esta Ley, “consejo comunitario” significa asociación voluntaria de personas u organizaciones comunitarias, sobre la base del principio de la libertad de asociación, que representa una comunidad cultural, religiosa o lingüística e incluye un consejo cultural previsto en el artículo 185, párrafo 1 c), de la Constitución. El mandato de la Comisión consiste en contribuir de forma significativa y positiva a la transformación social y a la construcción nacional para crear una nación sudafricana unida. La Comisión también promueve y desarrolla la paz, la amistad, la humanidad, la tolerancia y la unidad nacional entre comunidades culturales, religiosas y lingüísticas. La Comisión, como dispone la legislación nacional, cuenta con las facultades necesarias para alcanzar sus principales objetivos, entre ellas: supervisar, realizar investigaciones y estudios, educar, promover sus intereses, asesorar e informar sobre cuestiones relativas a los derechos de las comunidades culturales, religiosas y lingüísticas.

102.El Defensor del Pueblo se creó en virtud de la Ley del Defensor del Pueblo, núm. 23 de 1994. El Defensor es nombrado por el Presidente por recomendación de la Asamblea Nacional, de conformidad con el capítulo noveno de la Constitución. El Defensor del Pueblo ha de ser un ciudadano sudafricano con las debidas cualificaciones y experiencia y que haya adquirido una reputación de honradez e integridad. El Defensor del Pueblo tiene jurisdicción sobre todos los órganos del Estado, cualquier institución en las que el Estado sea accionista mayoritario o tenga una participación dominante, y cualquier entidad pública, tal como se define en el artículo 1 de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, núm. 1 de 1999. Investiga conductas que supuesta o presuntamente son inadecuadas o perjudiciales, o pueden llegar a serlo, en el ámbito estatal o en la administración pública de cualquier ámbito del gobierno. Durante una investigación, el Defensor del Pueblo puede considerar apropiado o necesario pedir a una persona que comparezca ante él para prestar declaración o presentar documentos que obren en su posesión o estén bajo su control y que, a juicio del Defensor del Pueblo, puedan influir en el asunto que se esté investigando, y puede interrogar esa persona con ese fin. El Defensor del Pueblo rinde cuentas ante la Asamblea Nacional y debe presentar informes a la Asamblea sobre sus actividades y el desempeño de sus funciones al menos una vez al año.

103.La Dirección Independiente de Denuncias es un departamento del Gobierno establecido en abril de 1997 con el cometido de investigar las denuncias presentadas contra miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica y el Servicio de Policía Municipal por brutalidad, delincuencia y faltas de conducta. Actúa con independencia del Servicio de Policía de Sudáfrica en la investigación eficaz y eficiente de presuntas faltas de conducta y delincuencia de miembros de ese Servicio. El artículo 53, párrafo 2, de la Ley de la Policía de Sudáfrica, núm. 68 de 1995, estipula que la Dirección Independiente de Denuncias debe investigar cualquier falta o delito presuntamente cometido por un miembro y que, si procede, puede remitir esa investigación al comisionado competente.

104.El Gobierno de Sudáfrica se ha adherido al renacimiento africano, que se basa en la consolidación de la democracia, el desarrollo económico y un enfoque cooperativo para resolver los problemas que afronta el continente. Por ejemplo, en 2002 en Sudáfrica se creó la Unión Africana (UA), que fue un paso hacia la unificación de África en pos del desarrollo socioeconómico. El ex-Presidente Thabo Mbeki, presidió la UA el año de su fundación, y entregó la presidencia al Presidente Joaquim Chissano de Mozambique en julio de 2003. En 2004, la UA decidió que Sudáfrica debería acoger el Parlamento Panfricano, y celebró su segunda reunión en Sudáfrica. La sede del Parlamento Panafricano está en Midrand (Sudáfrica). Además, Sudáfrica, mediante su participación en las iniciativas de las Naciones Unidas y la Unión Africana para resolver los conflictos y promover la paz y la seguridad en el continente, junto a otros países, como la República Democrática del Congo, Burundi y el Sudán, ha contribuido a crear condiciones propicias para afianzar la estabilidad, la democracia y la aceleración del desarrollo. Por consiguiente, Sudáfrica, como país democrático, sigue desempeñando una función activa en organizaciones internacionales y multilaterales.

C.Marco para la promoción de los derechos humanos a nivel nacional

105.El 21 de marzo de cada año se celebra el Día de los Derechos Humanos como feriado oficial. Ese día en 1960 la policía mató a 69 personas durante una protesta contra las leyes de pases en Sharpeville. Muchos recibieron disparos en la espalda. Esa carnicería ocupó los titulares de las noticias en todo el mundo. Cuatro días después, el Gobierno prohibió las organizaciones políticas de la población negra; muchos dirigentes fueron arrestados o se exilaron. Durante la época del apartheid todas las partes cometieron violaciones de los derechos humanos. El Día de los Derechos Humanos solo es un paso para asegurar que la población de Sudáfrica sea consciente de sus derechos humanos y que nunca más se repitan esos abusos.

106.El Centro de Estudios Jurídicos Aplicados y el Centro de Derechos Humanos son las instituciones de investigación que se dedican a la promoción de los derechos humanos en Sudáfrica. Las ONG y otras instituciones que apoyan la democracia también desempeñan un papel en la promoción de los derechos humanos en el país.

107.Además, al Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional y a otros departamentos también les incumbe la responsabilidad de la promoción de la educación en materia de derechos humanos, y una parte de su presupuesto se dedica a esta labor.

D.Proceso de presentación de informes a nivel nacional

Cuadro 33Departamentos gubernamentales pertinentes para la presentación de informes

Instrumento de las Naciones Unidas

Departamento pertinente

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Departamento de la Mujer, el Niño y las Personas con Discapacidad

Convención sobre los Derechos del Niño

Departamento de la Mujer, el Niño y las Personas con Discapacidad

108.La historia de Sudáfrica indica que el país se enfrenta a dificultades singulares en la protección y promoción de los derechos humanos. Si bien Sudáfrica no puede alegar que ha logrado el pleno ejercicio de los derechos humanos para su población, el país ha establecido las instituciones y los procedimientos apropiados que deberían permitir oportunamente el pleno ejercicio de esos derechos. El Gobierno trabaja permanentemente para asegurar que existan los mecanismos necesarios para garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos en Sudáfrica.