Sexto informe periódico que Lituania debía presentar en 2018 en virtud del artículo 18 de la Convención *

[Fecha de recepción: 20 de agosto de 2018]

Introducción

El Gobierno de la República de Lituania presenta el sexto informe (en adelante, el Informe) sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de conformidad con el artículo 18, párrafo 1, apartado b de la Convención (en adelante, la Convención). El informe se ha elaborado teniendo cuenta las recomendaciones generales para la preparación de informes aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en adelante, el Comité). La información que figura en el presente informe corresponde al período 2011-2017.

Sobre la base de la información que proporcionaron todos los ministerios y otras instituciones, el presente informe fue elaborado por la comisión creada el 29 de enero de 2018 en virtud de la ordenanza núm. A1-33 del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, que incluye representantes del Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Centro de Desarrollo Educativo, el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior.

Para la redacción de este documento se tuvieron en cuenta las recomendaciones incluidas en las observaciones finales formuladas por el Comité en 2014 sobre el quinto informe periódico de la República de Lituania (en adelante, las Recomendaciones a Lituania).

El 24 de mayo de 2018, el proyecto de informe fue examinado por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer y el Hombre, integrada por representantes de diversos ministerios, organizaciones no gubernamentales (en adelante, ONG), la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades y otras entidades que fueron invitadas a asistir a las reuniones. Además, el proyecto se publicó en el sitio web del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo para que lo examinaran todas las partes interesadas.

Información presentada con arreglo a los artículos de la Convención y las Recomendaciones a Lituania

Consideraciones relativas a la parte 9 de las Recomendaciones a Lituania: La Convención y su Protocolo Facultativo están a disposición del público y pueden consultarse en los sitios web del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Grupo de Presión de Mujeres Lituanas, así como en el Registro Público de Actos Jurídicos. Asimismo, las Recomendaciones a Lituania y las recomendaciones generales del Comité están disponibles en el sitio web del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, en la sección relativa a la igualdad entre la mujer y el hombre. En el período 2014-2016 se organizaron diversas actividades de capacitación, incluidos cursos para jueces (anexos 1, 8 y 10), de conformidad con el programa de capacitación de jueces aprobado por el Consejo Judicial y coordinado con el Ministerio de Justicia. En 2015, se incorporaron las cuestiones de la Convención en las actividades de capacitación organizadas para los miembros de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer y el Hombre.

Artículo 1

En el informe anterior se incluyó información sobre las definiciones de la discriminación, y en otras partes del presente informe figura información adicional al respecto.

Artículo 2

El 10 de octubre de 2014, se agregó al artículo 3 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la República de Lituania el párrafo 2, en el que se estipula que las instituciones del Estado deben prever medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en los documentos de planificación estratégica. Asimismo, las autoridades municipales deben prever ese tipo de medidas en el desarrollo estratégico municipal y en los planes municipales de acción estratégica. Con esta modificación de la Ley se establecieron los requisitos para la adecuada incorporación de la igualdad entre las mujeres y los hombres como principio transversal en todos los niveles.

A fin de asegurar la protección contra la discriminación por motivos de género y aumentar su eficacia, en 2014 se aprobaron modificaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, que entraron en vigor el 23 de julio de ese año. Esas modificaciones establecen la obligación de las instituciones de enseñanza de evitar que los estudiantes y los empleados de las instituciones educativas, científicas y académicas sean objeto de acoso sexual.

El 28 de junio de 2016 entró en vigor una modificación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres que asegura una protección más eficaz de las personas frente a la discriminación. En esa modificación se aclara que todo trato desigual de las mujeres debido al embarazo y la maternidad constituye discriminación, y que, además del acoso sexual, otras formas de acoso también están prohibidas en el trabajo. Las disposiciones de esta ley se han armonizado con las de la Ley sobre la Aprobación, la Entrada en Vigor y la Aplicación del Código de Infracciones Administrativas.

El 8 de noviembre de 2016, por iniciativa de la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades, el Parlamento aprobó el nuevo texto de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. En la nueva versión se eliminaron los procedimientos para el nombramiento y la destitución del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades y los procedimientos para investigar denuncias. Estas disposiciones se trasladaron a la Ley de Igualdad de Oportunidades de la República de Lituania, a la que también se añadió la facultad del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades de llevar a cabo actividades de prevención y educación y de dar difusión a la igualdad de oportunidades. Además, los plazos para investigar las denuncias se armonizaron con los ya establecidos en otros ámbitos: la denuncia debe ser investigada y el solicitante debe recibir una respuesta en un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la denuncia. Si el funcionario evaluador se niega a investigar la denuncia, el solicitante debe ser informado en un plazo de 10 días hábiles, no en 15 días hábiles como se establecía anteriormente.

El 11 de mayo de 2017, se aprobaron modificaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades y a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres por las que se obliga a los empleadores a garantizar la protección contra el acoso sexual, no solo para los empleados con contratos a plazo y los empleados públicos, sino también para las personas que buscan trabajo.

En el artículo 26, párrafo 1 del Código del Trabajo se establecen los principios de igualdad de género y no discriminación por otros motivos. Por este artículo se prohíben, en las relaciones entre los empleadores y los empleados, la discriminación directa e indirecta, el acoso, el acoso sexual, y las órdenes para discriminar por motivos de género, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, edad, orientación sexual, discapacidad, origen étnico o pertenencia a un partido político, así como la discriminación relacionada con la religión, las creencias, la fe o las convicciones —salvo en comunidades, sociedades o centros religiosos donde sea normal, legítimo y justificado preguntarle a un empleado cuál es su religión, fe o convicción, teniendo en cuenta los valores de la comunidad, la sociedad o el centro religioso—, y la discriminación a causa de la intención de tener hijos, circunstancias no relacionadas con las características profesionales u otros motivos establecidos por la ley. Por el artículo 26, párrafo 6 del Código del Trabajo se obliga a los empleadores que tengan un promedio mayor de 50 empleados a que adopten y publiquen, por las vías normalmente utilizadas en el lugar de trabajo, medidas para aplicar y hacer respetar los principios de la política de igualdad de oportunidades.

Desde 2016, la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades ha mejorado su sistema de gestión de documentos y estadísticas sobre las consultas entrantes y las investigaciones en curso, lo que ha permitido reunir datos relativos a denuncias de presuntos casos de discriminación de género, desglosados según el género y la distribución geográfica de los denunciantes (anexos 2 a 4).

Entre mayo y junio de 2016, la Oficina de Estadísticas de Lituania analizó las posibilidades de elaborar indicadores sobre la igualdad de género en los diferentes municipios y condados. El Plan para la Creación de la Base de Datos de Indicadores fue completado en 2017, y desde ese año se han publicado indicadores más detallados en relación con las estadísticas de género en el Portal Oficial de Estadísticas (http://osp.stat.gov.lt/).

Consideraciones relativas a la parte 11 de las Recomendaciones a Lituania: La Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres prohíben la discriminación por motivos de género. Mediante las definiciones de la discriminación se asegura la protección de las mujeres frente a las distintas formas de discriminación. La Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres define los conceptos de discriminación directa e indirecta, la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la contravención del principio de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el acoso y el acoso sexual. La Ley de Igualdad de Oportunidades define los conceptos de discriminación directa e indirecta, acoso, órdenes para discriminar por motivos de género, raza, nacionalidad, ciudadanía, idioma, origen, condición social, creencias, convicciones o fe, edad, orientación sexual, discapacidad, origen étnico y religión.

Justicia administrativa: El nuevo Código de Infracciones Administrativas, que sustituyó al Código de Infracciones al Derecho Administrativo, entró en vigor el 1 de enero de 2017. A fin de seguir aumentando la protección jurídica contra la discriminación por motivos de género, el artículo 81 del Código de Infracciones Administrativas establece responsabilidades en caso de contravención del principio de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. El artículo 36 del Código de Infracciones Administrativas dispone que son circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa, entre otras, el hecho de que una infracción administrativa haya sido cometida por odio o discriminación hacia una o varias personas por motivos de género, raza, nacionalidad, idioma, ascendencia, condición social, religión, convicciones y opiniones u otros motivos; que haya sido cometida contra una mujer embarazada, a sabiendas o ante la evidencia de que estaba embarazada; o que haya sido cometida contra una persona con discapacidad, a sabiendas o ante la evidencia de que tenía una discapacidad.

Justicia penal: El 12 de mayo de 2017 se agregó la discriminación por edad y por discapacidad a las clases de discriminación tipificadas en el Código Penal, a saber: discriminación por motivos de nacionalidad, raza, sexo, ascendencia, religión o pertenencia a otros grupos; incitación al odio contra cualquier grupo nacional, racial, étnico, religioso o de otro tipo, y creación y conducción de grupos y organizaciones que tengan por objeto la discriminación o la incitación al odio (Código Penal, artículos 169, 170 y 1701). El Código Penal prohíbe la discriminación y la incitación al odio por motivos de género, orientación sexual, raza, nacionalidad, idioma, ascendencia, condición social, religión, convicciones u opiniones. Asimismo, establece responsabilidad penal por delitos e infracciones cometidos contra la igualdad de derechos de las personas y la libertad de conciencia.

El 13 de julio de 2013 entraron en vigor modificaciones al Código Penal. El objetivo de las modificaciones era armonizar las disposiciones de la Ley sobre la Protección contra la Violencia Doméstica con las de las leyes penales aplicables, para que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pudieran investigar con más rapidez los actos delictivos manifestados como violencia doméstica y reforzar la protección de las personas que sufren ese tipo de violencia (anexos 5 a 7).

El 1 de octubre de 2017 entró en vigor la Ley de Modificación del Código de Procedimiento Penal (en adelante, el Código de Procedimiento Penal), que abolió el instituto de la acusación privada respecto de determinados delitos. Por consiguiente, las personas que han sido víctimas de esos delitos ya no tienen que comparecer en el juicio ante el tribunal, y además, conforme a lo previsto en el Código, se lleva a cabo una investigación sumarial y el fiscal puede oponerse a la acusación ante el Tribunal.

El 19 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley de Modificación del Código Penal, por la que se añadió a la sanción penal prevista en el artículo 721 del Código Penal la obligación para el autor del delito de residir separado de la víctima (anteriormente solo se le prohibía acercarse a la víctima; el texto fue modificado para establecer la obligación de no acercársele a más de una distancia determinada). Además, se eliminó la disposición que permitía al tribunal obligar al autor, en caso de que estuviera conviviendo con la víctima, a vivir separado de ella durante un plazo determinado por el tribunal o hasta que la cuestión del derecho a la vivienda de la víctima o del autor se resolviera de conformidad con el procedimiento establecido por las leyes, después de impuesta la prohibición de acercarse a la víctima.

Justicia civil: Las personas que sufren discriminación sexual o por motivos de género, u otras formas de acoso, tienen derecho a exigir una indemnización de los autores por daños materiales e inmateriales (Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, artículo 18). El procedimiento de indemnización por daños está establecido en el Código Civil. Para determinar la cuantía de los daños inmateriales, el tribunal tendrá en cuenta las consecuencias de los daños infligidos, la gravedad de la falta cometida por la persona que causó el daño, su situación financiera, la cuantía de los daños materiales sufridos por la persona agraviada, y toda otra circunstancia que revista importancia para el caso, así como los criterios de buena fe, justicia y razonabilidad. Las disposiciones del Código Civil que regulan las cuestiones de responsabilidad civil no variaron entre 2011 y 2017.

La Ley sobre la Protección contra la Violencia Doméstica establece en su artículo 12, párrafo 2 que el autor de un acto de violencia que cause daños a la salud, los bienes o el ambiente de una persona también le inflige un daño inmaterial y debe indemnizar a la víctima por los daños sufridos, de conformidad con el procedimiento establecido por los instrumentos jurídicos de la República de Lituania.

Artículo 3

A comienzos de 2015, se aprobó el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de 2015-2021 (en adelante, el Cuarto Programa) con el fin de implementar de manera sistemática y coherente las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos y asegurar la aplicación coherente de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y la comunidad internacional en la materia. Los objetivos del Cuarto Programa son: 1) promover la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el ámbito del empleo y el trabajo; 2) lograr una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones y la ocupación de los puestos de mayor jerarquía; 3) aumentar la eficacia de los mecanismos institucionales para lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres; 4) promover la incorporación de la perspectiva de género en la educación, la cultura, la atención de la salud, el acceso a la justicia y otras esferas. Las medidas que se indican a continuación deberían contribuir a la integración de la perspectiva de género: 1) alentar a las mujeres y los hombres jóvenes a elegir esferas de estudio y ocupaciones “no tradicionales para las mujeres y los hombres”; alentar a los hombres a que realicen estudios superiores; promover actitudes no discriminatorias hacia las mujeres y los hombres en los libros de texto y otros materiales didácticos; 2) garantizar el acceso a la realización de exámenes de detección de cáncer de cuello del útero, mama y próstata, y suministrar información al respecto; informar al público sobre cuestiones de salud reproductiva; 3) promover la aplicación del principio de la igualdad de género en la evaluación de los aportes de los creadores a la cultura y las artes, y fomentar una mayor participación de los hombres en las iniciativas culturales; 4) sensibilizar a la opinión pública sobre cuestiones ambientales; 5) aumentar el número de profesionales que puedan asesorar y enseñar sobre cuestiones relativas a la igualdad entre las mujeres y los hombres y actuar como asesores en misiones internacionales; 6) informar a la población, especialmente a las mujeres de las zonas rurales, sobre posibles vías de recurso, incluida la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita; 7) incrementar la contribución de Lituania a las actividades de las organizaciones internacionales relacionadas con la aplicación de la política de igualdad entre las mujeres y los hombres y difundir las mejores prácticas en el país.

El 13 de abril de 2015, se aprobó el Plan de Acción para el Cuarto Programa (en adelante, el Plan de Acción), cuya aplicación es responsabilidad de cada Ministerio. La aplicación del Plan de Acción se propuso a los municipios, la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades, la Administración Nacional de Tribunales, y la Asociación de Municipios de Lituania, como también a ONG, interlocutores sociales (sindicatos y organizaciones patronales) y centros universitarios de estudios de género.

A fin de aumentar la eficacia de los mecanismos institucionales de promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres, se establecieron los siguientes objetivos en el Cuarto Programa: incrementar la capacidad de los funcionarios y los empleados en régimen de contrato de integrar la perspectiva de género entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los periodistas y otros funcionarios; ayudar a los municipios a que tomen medidas para garantizar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres; evaluar las posibles repercusiones de los proyectos de leyes y otras decisiones en materia de género; mejorar la información estadística sobre la igualdad entre las mujeres y los hombres, complementándola con nuevos indicadores estadísticos comparables con los que utilizan los Estados miembros de la Unión Europea.

En 2015, se elaboró un método de evaluación de las posibles repercusiones de los proyectos de decisión en materia de género (un conjunto de orientaciones sobre la igualdad entre los géneros dirigido a instituciones estatales y municipales), con el fin de ayudar a las instituciones estatales y municipales a trabajar de manera más eficaz en ese ámbito, y a los encargados de formular políticas a incluir el aspecto de la igualdad entre los géneros en los proyectos de reglamentación jurídica, cambiando la actitud de los funcionarios del Estado y de gobiernos locales autónomos y abandonando la actitud neutra hacia el género en el proceso de redacción de decisiones sobre reglamentación jurídica, y modificando los procedimientos en la materia.

Consideraciones relativas a la parte 13 de las Recomendaciones a Lituania: En 2015, la Sra. Agneta Skardžiuvienė fue nombrada Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades. Durante el período sobre el que se informa, se aprobaron importantes modificaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades y la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres.

En 2016, la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades, en cooperación con la Asociación de Municipios de Lituania y el Grupo de Presión de Mujeres Lituanas, comenzó a ejecutar el proyecto “Código de éxito municipal: igualdad de género”, iniciado por el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo y financiado por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. El objetivo del proyecto es tratar de reducir sistemáticamente la brecha entre los géneros en los municipios creando mayor conciencia pública sobre las cuestiones de igualdad de género, precisando cuáles son los factores que determinan la igualdad entre las mujeres y los hombres y creando y aplicando medidas selectivas para lograr la igualdad de oportunidades. El proyecto prevé la realización de un análisis de género en los municipios, la elaboración de recomendaciones prácticas para los municipios sobre medidas selectivas, y la organización de cursos de capacitación para representantes de las administraciones municipales y empresas subordinadas a ellas acerca de la integración de la igualdad de oportunidades, la planificación y aplicación de medidas selectivas y la vigilancia de sus efectos. A fin de evaluar la situación de las mujeres y los hombres en los municipios, en 2017 se preparó una lista de indicadores de igualdad de género a nivel municipal, que a su vez permitirá elaborar un mapa electrónico para señalar las brechas de género y definir la necesidad de medidas selectivas concretas en nueve ámbitos: la demografía, el conocimiento, la participación en el mercado de trabajo, el acceso a los servicios sociales, el poder económico (recursos), las autoridades y la adopción de decisiones, la salud y los servicios sanitarios, la violencia doméstica y el tiempo. El proyecto se extenderá hasta diciembre de 2019.

Consideraciones relativas a la parte 15 de las Recomendaciones a Lituania: En el informe provisional de Lituania correspondiente a 2016 se presentó información sobre la aplicación de esta recomendación. La financiación de las ONG que se ocupan de la igualdad entre las mujeres y los hombres ha aumentado sostenidamente. En 2017, seis ONG que trabajaban en el ámbito de la igualdad de género recibieron 69.000 euros con cargo al presupuesto del Estado, mediante el procedimiento de concurso. A modo de comparación, en 2015 las asignaciones sumaron 22.000 euros, y en 2016, 41.000 euros. Cada vez más ONG se benefician de fondos: de 2 en 2015, el número pasó a 3 en 2016 y a 6 en 2017. El proyecto del nuevo Plan de Acción para el período 2018-2021 prevé la financiación parcial de los proyectos de fortalecimiento institucional de las ONG que cumplan los requisitos correspondientes a los propósitos del programa.

Consideraciones relativas a la parte 17 de las Recomendaciones a Lituania: En marzo de 2006, la Oficina de los Ombudsman del Parlamento fue calificada como institución de categoría A por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Artículo 4

En el proceso de aplicación de la Ley de Modificación del Código del Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se crearon en el marco de un proyecto para desarrollar el modelo social de Lituania, en particular aumentando el nivel de empleo, mejorando la reglamentación de las relaciones laborales y asegurando la sostenibilidad de la seguridad social, se elaboró y aprobó una descripción de las condiciones laborales de las mujeres antes y después del embarazo y la lactancia que entró en vigor el 1 de julio de 2017, con lo que se dio continuidad a la regla aplicable antes del 30 de junio de 2017.

Con el fin de proteger la maternidad, especialmente a través de las medidas que figuran en la Convención de 2016, en el Código del Trabajo de 2016 se establecieron condiciones más favorables para el total de días laborables tomados en cuenta para calcular las vacaciones anuales, que pasaron a incluir los días laborables no trabajados en el año correspondiente debido a incapacidad laboral temporal, licencia para el cuidado de familiares enfermos, licencia de maternidad o licencia parental (Código del Trabajo, artículo 127, párrafo 4).

De conformidad con el Código del Trabajo, el empleador deberá velar por el derecho de los empleados a reincorporarse en el mismo puesto que ocupaban u otro equivalente después de licencias especiales, en condiciones iguales o mejores a las anteriores, incluido el salario, y con las mismas mejoras a las que podrían haber tenido derecho si hubieran efectivamente trabajado, incluidos los aumentos salariales (Código del Trabajo, artículo 131, párrafo 2).

El Código del Trabajo establece condiciones más favorables para las vacaciones anuales de una trabajadora embarazada antes y después de la licencia de maternidad; y para el padre del niño durante la licencia de maternidad de la madre, antes o después de la licencia parental (Código del Trabajo, artículo 128, párrafo 2, apartados 1 y 2). Al otorgar las vacaciones anuales, el empleador dará prioridad a las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores que tengan al menos un hijo menor de tres años de edad a su cargo; a los empleados que sean progenitores sin cónyuge y tengan a su cargo al menos un hijo menor de 14 años o un hijo con discapacidad menor de 18 años; y a los empleados que tengan a su cargo dos o más hijos (Código del Trabajo, artículo 128, párrafo 4, apartados 1 a 3).

El Código del Trabajo otorga a las mujeres una licencia de maternidad de 70 días naturales antes del parto y 56 días naturales después del parto (o 70 días naturales si el parto ha sido complicado o múltiple). Si la empleada no utiliza la licencia de maternidad, el empleador debe concederle 14 días de licencia inmediatamente después del nacimiento, ya sea que la empleada lo solicite o no. Durante la licencia, las empleadas recibirán prestaciones de conformidad con la Ley del Seguro Social de Enfermedad y Maternidad (Código del Trabajo, artículo 132).

Los trabajadores (padres biológicos o adoptivos del niño) tendrán 30 días ininterrumpidos de licencia parental después del parto, que podrán tomar en cualquier momento antes de los tres meses de vida del niño. Durante la licencia, recibirán prestaciones de conformidad con la Ley del Seguro Social de Enfermedad y Maternidad (Código del Trabajo, artículo 133).

La licencia parental antes de que el niño haya cumplido tres años de edad se concederá, a elección de la familia, a la madre biológica o adoptiva, al padre biológico o adoptivo, a la abuela, al abuelo o a cualquier otro familiar que esté efectivamente criando al niño, o también al empleado que haya sido reconocido como tutor del niño. La licencia podrá tomarse en un solo período o en varias partes. Los empleados que tengan derecho a esta licencia podrán utilizarla por turnos (Código del Trabajo, artículo 134).

El empleador deberá conceder licencia no remunerada si la solicita: un empleado que tenga a su cargo un hijo menor de 14 años (hasta 14 días naturales); un empleado con discapacidad, así como un empleado que tenga a su cargo un hijo con discapacidad menor de 18 años de edad o esté al cuidado de una persona con discapacidad que requiera atención constante (hasta 30 días naturales); el padre durante la licencia de maternidad y la licencia para el cuidado de los hijos, o la madre, durante la licencia del padre para el cuidado de los hijos (la duración total de esta licencia no excederá de tres meses) (Código del Trabajo, artículo 137, párrafo 1).

Con respecto al tiempo libre concedido durante un día laborable para las necesidades personales del empleado, a solicitud de este y con el consentimiento del empleador, las partes en el contrato de trabajo pueden acordar la transferencia de tiempo de trabajo a otro día laborable, sin perjuicio de los requisitos relativos al tiempo máximo de trabajo y el tiempo mínimo de descanso (Código del Trabajo, artículo 137, párrafo 3).

En un cambio favorable para los trabajadores, se han consagrado en el Código distintas modalidades de trabajo: 1) duración invariable de la jornada laboral y del número de días laborables a la semana; 2) horas de trabajo acumulables si el tiempo reglamentario se cumple durante un mismo período contable; 3) horario de trabajo flexible, en que el personal debe trabajar parte de la jornada en el lugar de trabajo, en un horario fijo, y el resto de la jornada puede hacerlo a distancia, antes o después de ese horario; 4) jornada laboral dividida por una pausa para descanso y comida más extensa que el tiempo máximo establecido para ese fin; 5) régimen individual de trabajo (Código del Trabajo, artículo 113).

La Ley de Apoyo al Empleo, que estuvo en vigor hasta el 1 de julio de 2017, preveía apoyo adicional para los siguientes grupos de personas: mujeres embarazadas, madres biológicas o adoptivas de un niño, tutores de un niño, cuidadores y personas que efectivamente tienen a cargo un niño (sea hijo adoptivo o no) menor de 8 años o un niño con discapacidad menor de 18 años, personas que cuidan a familiares enfermos o con discapacidad que de forma comprobada requieran atención habitual, y personas que hayan sido víctimas de la trata de personas y hayan completado programas de rehabilitación psicológica, social o profesional. Estos grupos podían beneficiarse de ciertas medidas en materia de políticas relacionadas con el mercado de trabajo: subsidios de empleo, rotación en el empleo, obras públicas, apoyo al autoempleo y formación profesional. La Ley de Empleo, que entró en vigor el 1 de julio de 2017, establece que esos grupos de personas pueden recibir capacitación en programas de promoción del empleo.

De conformidad con la Ley de Empresas Sociales, las madres biológicas o adoptivas de un niño, los tutores de un niño, los cuidadores y las personas que efectivamente tienen a cargo un niño (sea hijo adoptivo o no) menor de 8 años o un niño con discapacidad menor de 18 años, y las personas que cuidan a familiares enfermos o con discapacidad que de forma comprobada requieran atención o asistencia habitual son incluidos en los grupos de trabajadores que pueden ser empleados en empresas sociales si están desempleados y el período de desempleo transcurrido desde el día de la inscripción en la Oficina de Empleo excede de seis meses. Una empresa social puede recibir las siguientes ayudas del Estado en relación con el empleo de las personas antes mencionadas: compensación parcial de los salarios y las contribuciones a la seguridad social, subsidios para la creación de empleo, adaptación de los lugares de trabajo para los trabajadores con discapacidad y capacitación del personal perteneciente a los grupos destinatarios.

A fin de promover y proteger en mayor medida la maternidad, las modificaciones de la Ley del Seguro Social de Enfermedad y Maternidad que entraron en vigor el 1 de julio de 2011 establecieron que la prestación de maternidad (o de paternidad) se debe pagar hasta que el niño cumpla uno o dos años de edad (anteriormente se pagaba hasta que el niño cumpliera dos años). Si la persona asegurada prefiere recibir la prestación de maternidad o paternidad hasta que el niño cumpla dos años, la cuantía de la prestación desde el fin de la licencia de maternidad hasta que el niño cumpla un año equivaldrá al 70% de la remuneración del beneficiario, y entre el año y los dos años de edad del niño, al 40%. Si el beneficiario prefiere recibir esta prestación hasta que el niño cumpla un año de edad, el monto equivaldrá al 100% de su remuneración. En la modificación de la Ley del Seguro Social de Enfermedad y Maternidad que entró en vigor el 1 de julio de 2014 se prevé que, si una persona asegurada tiene o adopta dos o más hijos y está gozando de licencia para el cuidado de los hijos, la prestación por maternidad o paternidad se aumentará teniendo en cuenta el número de hijos que nacen o se adoptan simultáneamente; no obstante ello, el monto total de las prestaciones pagadas no puede superar el 100% de la remuneración del beneficiario. A partir del 1 de enero de 2017, la prestación de maternidad o paternidad pasó a denominarse “prestación para el cuidado de los hijos”.

Consideraciones relativas a las partes 19 y 29 de las Recomendaciones a Lituania: En informes anteriores se proporcionó información sobre la aplicación de las medidas especiales de carácter temporal previstas en el artículo 4, párrafo 1 de la Convención. En el período sobre el que se informa no existían instrumentos jurídicos que establecieran objetivos cuantitativos para aumentar el número de mujeres en la política o en la adopción de decisiones en otros ámbitos, como el empresarial. En 2018 se redactó una modificación a la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres con miras a simplificar la adopción de medidas especiales de carácter temporal. El uso de esas medidas puede ayudar a las mujeres a ingresar o reincorporarse en el mercado de trabajo y promover la igualdad real entre las mujeres y los hombres en la educación y el empleo y la participación en la adopción de decisiones políticas y económicas.

Artículo 5

Consideraciones relativas a la parte 21 de las Recomendaciones a Lituania: Durante la ejecución del Plan de Acción, se organizaron varios eventos educativos, seminarios, cursos de capacitación y campañas de sensibilización encaminadas a eliminar los estereotipos acerca de los roles de las mujeres y los hombres. El 1 de enero de 2017, entró en vigor la nueva versión de la Ley de Igualdad de Oportunidades, lo que permitió ampliar las competencias del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades, además de ofrecer actividades de prevención y educación, y promover la igualdad de oportunidades. Desde la creación de la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades, han continuado las actividades del proyecto; no obstante, las nuevas funciones del Ombudsman permiten que estas actividades se lleven a cabo de manera estratégica y centrada, contribuyendo a los objetivos enunciados en el artículo 5 de la Convención de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

En 2016, con el fin de eliminar los estereotipos de género y alentar a los medios de comunicación a presentar una imagen positiva de la mujer y la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en la vida pública y privada, se aprobaron instrucciones para evaluar el contenido de los libros de texto de los programas de enseñanza general según las cuales las cuestiones de género, orientación sexual, creencias o religión deben ser presentadas de manera objetiva, evitando una visión estereotipada de los distintos sexos. Para que se cumpla este requisito, se ha establecido un criterio de evaluación de los manuales destinado a asegurar que los textos y los materiales en vídeo no contengan estereotipos de género negativos, y que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres estén representados de manera imparcial. Los editores de libros de texto también pueden asumir la responsabilidad, a su propia solicitud, de verificar que el contenido se ajuste a esos criterios.

Se organizaron los siguientes seminarios, disponibles en el entorno del aprendizaje virtual, para ayudar a los autores y evaluadores de manuales escolares a reconocer los estereotipos de género y evitar visiones estereotipadas de los diferentes sexos: “Roles y estereotipos de género” (2015), “Estereotipos de género en los libros de texto y sus posibles repercusiones” (2016) y “Aprender sin estereotipos” (2017). Las medidas mencionadas han tenido un efecto positivo, lo que se refleja en el hecho de que los contenidos de manuales presentados para su evaluación desde 2016 evitan las actitudes estereotipadas y negativas en materia de género. A partir de 2019, se actualizarán los programas de enseñanza general, evaluando los libros de texto y otros materiales para asegurar que cumplan el requisito de evitar las actitudes estereotipadas hacia las personas de diferente género, de manera que no haya estereotipos negativos en los textos y materiales en vídeo, y que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres estén representados de manera imparcial.

A fin de aplicar la disposición constitucional relativa a la protección integral de la maternidad, la paternidad y la infancia, en 2017 se aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Familia. El objetivo de esta ley es crear las condiciones jurídicas y organizativas indispensables para fortalecer la institución familiar, establecer instituciones que aseguren el cumplimiento de las políticas relativas a la familia, definir sus funciones principales y facilitar los medios para la organización del fortalecimiento familiar, con la ayuda de un sistema de formulación y aplicación de políticas relativas a la familia. Mediante la mencionada ley se aplica el principio de complementariedad de la paternidad y maternidad, según el cual, para dar apoyo y asistencia a la familia, se debe tener en cuenta el derecho natural de los hijos a tener un padre biológico o adoptivo y una madre biológica o adoptiva (artículo 3, párrafo 4). Se prevé que las instituciones estatales y municipales garanticen, dentro del ámbito de su competencia, las condiciones para la paternidad y la maternidad responsables y el respeto a la vida y la dignidad humana en todas las etapas de la vida (artículo 4, párrafo 2). El fortalecimiento de la familia se organiza e implementa a través de un marco institucional para la formulación y aplicación de políticas relativas a la familia, integrado por el Parlamento, el Consejo Nacional de la Familia, el Gobierno, ministerios y otras instituciones públicas, así como la Comisión de Políticas relativas a la Familia, instituciones y órganos municipales, y consejos municipales familiares. Las instituciones y autoridades estatales y municipales promueven y apoyan a las ONG que trabajan en la esfera del fortalecimiento de la familia, en particular las comunidades y sociedades religiosas tradicionales de Lituania (artículo 7).

Para promover una imagen positiva de la familia como sostén de la sociedad, todos los años el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo organiza una fiesta de la familia en la que participan la comunidad, organizaciones públicas y asociaciones que procuran la unión de las familias y trabajan con ellas. En la celebración, los participantes escuchan las intervenciones de expertos, se realizan actividades recreativas y las familias comparten sus experiencias y participan en mesas redondas sobre cuestiones relativas a la paternidad, la maternidad, la custodia de los hijos, la adopción y el fomento del régimen de familias de acogida con visitas de la familia biológica. A fin de reconocer y honrar a las madres que han criado muchos niños, cada año desde el Día de la Madre de 2004 se presenta una lista de candidatas al Presidente de la República de Lituania, que les otorga una medalla al mérito. Las medallas son concedidas a las madres que dan a luz, crían y educan a siete o más hijos.

El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo administra “servicios familiares complejos” destinados a atender las necesidades complejas de las familias prestándoles servicios lo más cerca posible de su lugar de residencia y ayudándolas a superar las dificultades y crisis que afrontan y a conciliar los compromisos de la vida familiar y laboral. El presupuesto de estos servicios asciende a 21,16 millones de euros, de los cuales 19,16 millones de euros provienen de la Unión Europea. La financiación de los proyectos permite apoyar la organización, coordinación y prestación de servicios a las familias, como la capacitación para la parentalidad positiva, la asistencia psicosocial, la capacitación en habilidades familiares y los servicios socioculturales, de mediación y de guardería. Los proyectos son ejecutados por las 60 administraciones municipales, en colaboración con las ONG asociadas, que deben facilitar al menos el 75% de todos los servicios. Se prevé que 15.000 personas recibirán servicios familiares complejos. Además, se crearán servicios familiares integrados a nivel municipal y se mejorarán la accesibilidad y la calidad de los servicios.

Artículo 6

Desde 2002, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo proporciona apoyo financiero a los proyectos de ONG que prestan asistencia social a las personas que han sido o podrían haber sido víctimas de la trata. Entre 2002 y 2017 se asignó en total más de 1 millón de euros a la ejecución de los proyectos, y se prestó asistencia social a cerca de 2.500 personas que han sido o podrían haber sido víctimas de la trata. La proporción de hombres y mujeres afectados que han recibido asistencia ha variado en los últimos años: hasta 2015, las mujeres constituían del 60% al 70% del total, y a partir de 2016, del 45% al 50% del total.

En el período 2016-2018, se financiaron con fondos públicos 5 proyectos de organizaciones no gubernamentales, 4 de los cuales prestan asistencia social a mujeres y hombres, y 1 únicamente a hombres. Los promotores del proyecto proporcionan u organizan una asistencia social compleja, que abarca servicios sociales, alojamiento temporal, atención psicológica, sanitaria, jurídica y educativa, servicios para la integración en la sociedad y el mercado de trabajo, y otros tipos de asistencia que se estimen necesarios según la situación de las víctimas. Los beneficiarios pueden ser ciudadanos lituanos o extranjeros que hayan sido o puedan ser víctimas de trata (en Lituania o en el extranjero), independientemente de que consientan o no en cooperar con las fuerzas del orden. La asistencia social brindada por las ONG se coordina con la que prestan otros organismos e instituciones (entidades municipales o que se ocupan de la protección de los derechos del niño, el empleo y la aplicación de las leyes, así como instituciones de enseñanza, oficinas consulares, etc.) en el ámbito de sus competencias. Se presta especial atención a las víctimas de la trata de personas sin importar cuál sea su género. A tales efectos, distintas instituciones estatales trabajan conjuntamente.

A fin de reforzar la coordinación de las actividades conjuntas de los municipios y las ONG y prestar asistencia a las víctimas de la trata de personas, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo ha preparado en colaboración con Caritas Lituania un modelo para coordinar la asistencia a las víctimas de la trata a nivel municipal. En 2015, se presentó este modelo a los municipios a modo de recomendación y se les ofreció asistencia para establecer grupos de coordinación, así como capacitación en seis municipios (en las principales ciudades). Más de 100 especialistas de diferentes ámbitos participaron en las actividades.

Mejora del Código Penal. Las modificaciones aprobadas en 2012 al Código Penal aclaran el contenido de sus disposiciones y tipifican la trata de personas con fines de explotación de cualquier tipo (sin establecer una lista exhaustiva), y también establecen la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal a las víctimas adultas y menores de la trata por los delitos que hayan sido directamente obligadas a cometer. Estas modificaciones también aclaran lo dispuesto en el artículo 1471 del Código Penal, al penalizar la explotación de personas con fines de servicios y mendicidad forzosos. Además, se agregó el artículo 1472, que establece responsabilidad penal por utilizar trabajo o servicios forzosos. Las modificaciones realizadas al Código en 2016 aclaran lo dispuesto en los artículos 147 y 157 y establecen que la explotación de personas con fines de matrimonio forzado o ficticio constituye trata de personas (anexo 9).

Mejora del mecanismo para la detección y remisión de las víctimas de la trata de personas (reglamentación jurídica): En 2015, se aprobaron recomendaciones relativas a la detección de las víctimas de la trata de personas, la investigación sumarial y la cooperación interinstitucional, y se armonizaron los criterios para el reconocimiento de la condición de víctima de trata aplicados por diferentes instituciones, organismos (policía, fiscalías, Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, servicios de protección de los derechos de la infancia, Inspección Estatal del Trabajo, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, etc.) y organizaciones (Oficina en Vilna de la Organización Internacional para las Migraciones y ONG) al atender y prestar asistencia a las víctimas de la trata de personas, además de elaborarse recomendaciones sobre recopilación de pruebas para los funcionarios que trabajan en la investigación sumarial. Estas disposiciones se detallan en la reglamentación legislativa de las instituciones competentes.

Los funcionarios y profesionales que pueden tener que atender a víctimas de la trata de personas recibieron capacitación, al igual que los servicios de policía y guardia de fronteras, que aprendieron a detectar a esas víctimas, comunicarse con ellas y brindarles información y asistencia. Los investigadores de la policía y la guardia de fronteras mejoraron así sus competencias en el ámbito de la investigación sumarial y la recopilación de elementos de prueba.

Fortalecimiento de la coordinación de la lucha contra la trata de personas: En 2016, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Interinstitucional para la Implementación del Programa para el Desarrollo de la Seguridad Pública en 2015-2025, en cumplimiento del párrafo 56 de dicho programa. Uno de los objetivos de ese plan es librar una lucha eficaz contra la trata de personas. Asimismo, en 2016 se aprobó el Plan de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas de 2017-2019, que prevé medidas para combatir ese flagelo y las siguientes acciones para alcanzar ese objetivo: fortalecer la coordinación de la lucha contra la trata, mejorar la prevención del fenómeno y la investigación sumarial, fortalecer la asistencia a las víctimas que corren alto riesgo de ser víctimas de trata, y aumentar las competencias y capacidades de las autoridades y las instituciones públicas para atender a las víctimas. Las entidades encargadas de ejecutar las medidas y acciones previstas en el Plan de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas son el Ministerio del Interior (Departamento de Policía, Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y Departamento de Migración), el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo (Oficina de Empleo de Lituania, Servicio de Protección de los Derechos del Niño y de Adopción, e Inspección Estatal del Trabajo), el Ministerio de Educación y Ciencias (Centro de Desarrollo Educativo y centros de educación especial y psicológica), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento de Prisiones del Ministerio de Justicia, la Administración Nacional de Tribunales, la Oficina del Fiscal General, los municipios y las ONG. El Ministerio del Interior y otras instituciones tienen previsto asignar los recursos necesarios para financiar 26 de las 47 medidas y acciones del plan de acción contra la trata de personas, para el plan y las acciones. El Ministerio del Interior financiará 16 medidas y acciones, 2 de ellas conjuntamente con el Departamento de Policía, y coordinará la ejecución de todo el plan de lucha contra la trata de personas. Entre tanto, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo proporcionará recursos a 7 instituciones, y el Ministerio de Educación y Ciencia, junto con otras instituciones, proporcionará recursos para 5 medidas y acciones. La financiación de las medidas y acciones de ambos planes está asegurada.

En 2016, se definió la composición de la Comisión para la Coordinación de la Trata de Personas y se establecieron sus tareas, funciones y responsabilidades, así como las facultades de sus miembros. Todas las instituciones y los organismos estatales y municipales representados en esa Comisión recibieron instrucciones de planificar medidas y actividades de lucha contra la trata de personas y de informar a la Comisión sobre esas medidas y sus resultados. Se determinó que se coordinarían las actividades contra la trata de personas en el marco del plan respectivo y que los miembros de la Comisión, de acuerdo con sus competencias, se encargarían de coordinar la ejecución de las decisiones de la Comisión en la institución, autoridad u organización que representan.

A nivel municipal se han intensificado la cooperación y la coordinación relativas a la lucha contra la trata de personas. La coordinación de los proyectos ADSTRINGO, STROM I y STROM II en el marco del Ministerio del Interior ha permitido reforzar la capacidad de los municipios para combatir la trata de personas: se han creado recomendaciones para que los municipios organicen la lucha contra la trata y se han preparado instrucciones para que coordinen esa lucha y organicen actividades de capacitación. A nivel municipal, se establecieron comisiones de coordinación contra la trata de personas (grupos de trabajo), se aprobaron instrucciones, se planificaron medidas y se organizaron sesiones de capacitación. En las instrucciones se establece que los representantes de las instituciones estatales y municipales, las administraciones municipales, las comunidades y asociaciones religiosas y las ONG participarán en el mecanismo de coordinación de las actividades municipales de lucha contra la trata.

Lituania ha fortalecido la cooperación con asociados no tradicionales mediante mecanismos nacionales y municipales de coordinación de la lucha contra la trata de personas. A través de la iniciativa Santa Marta, una red mundial de jefes de policía y obispos católicos unidos contra la esclavitud contemporánea, se prestan servicios de prevención y asistencia a las víctimas de la trata y la explotación con fines de trabajo o servicios forzosos, y se reduce el riesgo de las personas de sufrir ese tipo de delitos. El Ministerio del Interior elaboró y difundió recomendaciones metodológicas sobre el papel de la Iglesia en la lucha contra la trata de personas.

Prevención: Todos los años, se aplican ampliamente las medidas de prevención de la trata de personas por medio de los mencionados planes y proyectos internacionales. El Ministerio del Interior organizó una acción preventiva muy amplia en 2017, en la que participaron expertos de instituciones estatales y municipales (incluidos trabajadores sociales, personal docente, expertos en protección de los derechos de la infancia y funcionarios municipales), ONG y representantes de la Iglesia. Se ha difundido amplia información sobre la trata de personas y sus amenazas, así como sobre oportunidades de asistencia para la población y los visitantes de las principales ciudades, Marijampolė y Tauragė, y los municipios de distrito de Telšiai, Utena, Jonava, Kaišiadorys y Raseiniai, donde en 2016 se observó el reclutamiento activo de residentes y no residentes. En el transporte público y en las oficinas de correo, se exhiben videoclips subtitulados en pantallas PayPost para alertar a las personas sobre la trata de personas y las cuatro formas de explotación: la explotación sexual, el trabajo forzoso, la delincuencia forzosa y los matrimonios forzados. Los vídeos se muestran también en las zonas submunicipales, en estaciones del transporte público, servicios educativos y sociales, centros de atención de la salud, oficinas de empleo, iglesias y comercios rurales. Además, durante la campaña se distribuyeron 5.001 afiches con distintos contenidos para alertar a las personas acerca de esas cuatro formas de explotación, así como 18.000 folletos plegables con información sobre la trata de personas y la asistencia disponible, en idiomas lituano, inglés, y ruso, para las personas que son más vulnerables a causa de su situación económica, falta de educación y falta de competencia lingüística, entre otras razones, así como para los ciudadanos extranjeros que llegan a Lituania en busca de trabajo no calificado, a través de intermediarios. Las administraciones municipales de las ciudades de Vilna, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus y Marijampolė y de los distritos de Tauragė, Telšiai, Utena, Jonava, Kaišiadorys, Kedainiai, Raseiniai y Širvintos, entre otras, organizaron acciones preventivas dirigidas a grupos que corren riesgo de ser víctimas de la trata de personas. Trabajadores sociales de las administraciones e instituciones municipales, agentes de policía, clérigos y representantes de ONG organizaron reuniones con las comunidades y entrevistaron a personas que padecen exclusión social para hablar de cuestiones relacionadas con la trata y el trabajo forzoso y explicar a las familias en qué consiste el fenómeno y qué formas adopta. En el transcurso de 2.000 reuniones, se advirtió a 12.400 solicitantes de empleo contra la trata de personas y la utilización de portales de búsqueda de empleo para captar víctimas, en el marco de distintas actividades de prevención (“Pongamos fin a la trata de personas”, “Pongamos fin a la trata de personas en nuestro país”, “Conoce los peligros de la trata de personas”, etc.), y se dio información básica a más de 300 personas sobre las modalidades más comunes y las características de la trata, como también sobre formas de evitar caer presas de ese delito. Además, se difundió información sobre la trata de personas a la población y los visitantes a través de los medios de comunicación y sitios web de instituciones, órganos y organizaciones. También se organizaron actividades de lucha contra la trata en instituciones de enseñanza, hogares infantiles y centros de empleo. De acuerdo con la información brindada por los proveedores de servicios, más de un millón de lituanos y visitantes adquirieron información sobre el fenómeno.

Mejora de las competencias: Los funcionarios y los profesionales que podrían tener que interactuar con las víctimas de la trata de personas, investigar ese delito o prestar asistencia a las víctimas tienen la oportunidad de mejorar sus competencias cada año por medio de la capacitación interinstitucional, sectorial e internacional, así como de otras iniciativas y de la formación en el empleo. Por ejemplo, en la Escuela de Policía de Lituania se ha instrumentado una formación integrada y compleja para que los futuros agentes puedan responder apropiadamente a los casos de violencia contra las personas. La formación abarca métodos de asistencia a las víctimas de la violencia, ética profesional, resistencia psicológica y comunicación con grupos. Los agentes de policía que pueden tener contacto con víctimas reciben una formación continua encaminada a sensibilizar a los funcionarios acerca de las necesidades de las víctimas, para que sean tratadas de manera imparcial, respetuosa y profesional. El 5 de septiembre de 2017, se aprobó un programa modular especial sobre la prevención e investigación de la trata de personas, destinado a proporcionar a los agentes de policía los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la prevención y la investigación de la trata de personas. Entre tanto, los funcionarios del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, reciben capacitación sobre la lucha contra la trata, y los funcionarios del Ministerio del Interior, policías y guardias fronterizos se benefician de sesiones de capacitación organizadas por la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) sobre la lucha contra la trata de personas en los proyectos mencionados.

Consolidación del seguimiento de la lucha contra la trata de personas: En 2016, el Gobierno definió las funciones del Relator Nacional sobre la Lucha contra la Trata de Personas (en adelante, el Relator Nacional). Este funcionario se encarga de recopilar y publicar estadísticas e información de otra índole sobre la situación de la trata y las medidas para combatirla, analizar y evaluar los resultados en el sitio web del Ministerio del Interior, preparar propuestas para seguir avanzando en la lucha contra la trata de personas en Lituania y presentarlas al Ministerio del Interior y la Comisión. El Ministerio del Interior preparó y aprobó la descripción del procedimiento para la recopilación y publicación de datos estadísticos e información de otra índole sobre la situación de la trata de personas y las medidas y acciones para combatirla, y designó a un Relator Nacional.

Para cambiar la práctica generalizada de culpabilizar a las víctimas en los medios de comunicación y la sociedad, y cambiar la idea imperante de que la violencia y la lucha contra ella son responsabilidad de las mujeres víctimas, la Oficina del Ombudsman para la Igualdad de Oportunidades puso en marcha en 2017 un proyecto financiado por la Comisión Europea destinado a sensibilizar y promover la tolerancia cero hacia la culpabilización de las víctimas para poder poner fin a la violencia contra las mujeres.

Consideraciones relativas a la parte 23 de las Recomendaciones a Lituania: Dado que el debate sobre el Convenio de Estambul no ha terminado, se utiliza la legislación nacional como marco para combatir la violencia y se aplican medidas nacionales para reducir la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres, mejorando la calidad de la asistencia que se presta a las víctimas, ampliando el alcance de esa asistencia (por ejemplo, mediante la creación de un sistema de apoyo a todas las mujeres que han sufrido violencia doméstica), aumentando su financiación y mejorando los medios de prevención, sobre la base de la experiencia de las partes en la Convención.

En 2016, a fin de aumentar la eficacia de la prevención de la violencia doméstica y la asistencia y protección a sus víctimas, incluidos los niños y las niñas, el Parlamento aprobó una resolución en la que propuso al Gobierno, los ministerios, las instituciones que dependen de ellos y la Asociación de Municipios de Lituania que mejoraran la asistencia a los niños y las niñas afectados por la violencia doméstica, la recopilación de datos estadísticos sobre la prevalencia de ese tipo de violencia, la cooperación interinstitucional, la asistencia a las víctimas y la prevención, además de sensibilizar a la opinión pública y promover la intolerancia a la violencia doméstica, proteger a las víctimas, aumentar la cooperación entre los municipios e intercambiar mejores prácticas. La aplicación de esta resolución contribuye al cumplimiento de las disposiciones del Convenio de Estambul.

Para cumplir con el Convenio de Estambul, en 2018 se presentará un proyecto de modificación al Gobierno para que resuelva al respecto. En el proyecto se propondrá un nuevo texto para el programa 2014-2020 de prevención de la violencia doméstica y prestación de asistencia a las víctimas de la violencia a corto plazo, con el propósito de complementarlo con disposiciones sobre todos los tipos y formas de violencia contra las mujeres y la creación de un sistema de asistencia especializada.

El citado programa prevé medidas para aumentar las oportunidades de asistencia y protección de la mujer en el contexto de la violencia doméstica. Los principales objetivos del programa son los siguientes: 1) informar a la opinión pública sobre cuestiones de prevención e intervención, enseñándole a reconocer las manifestaciones de violencia y a desarrollar la intolerancia hacia todas las formas de violencia; 2) aumentar la competencia de los profesionales que participan en la prevención de la violencia y la prestación de asistencia a los niños y los adultos afectados por ella; 3) mejorar el sistema de asistencia a las víctimas de la violencia y sus familias, aumentando la calidad y la accesibilidad de los servicios; 4) fortalecer la cooperación entre las distintas instituciones del Estado, los municipios y las ONG. El programa también tiene por finalidad asegurar la protección contra todas las formas de violencia contra las mujeres —incluida la violencia doméstica, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres— a través de las siguientes medidas: 1) analizar la legislación en la esfera de la violencia doméstica y formular propuestas sobre la posibilidad de solicitar una orden de protección judicial en todos los casos, especialmente si ello facilita la expulsión del autor de la propiedad de una mujer o una familia, así como sobre el castigo al autor y el endurecimiento de las penas; 2) organizar seminarios y conferencias para informar a las mujeres sobre los recursos y procedimientos legales; 3) aumentar la financiación de los Centros de Asistencia Especializada.

En cumplimiento del requisito establecido en el párrafo 3 del artículo 1 de la Resolución del Parlamento sobre la protección contra la violencia, en el que se propone designar una institución responsable (la Oficina de Estadísticas de Lituania) de la elaboración de una encuesta sobre todos los ámbitos relacionados con las cuestiones de la violencia doméstica; de la recopilación de datos estadísticos sobre la violencia doméstica y la metodología aplicada para el análisis de tales datos, estableciendo un conjunto de criterios relevantes para evaluar la eficacia de la prevención de dicha violencia; así como de nombrar a una persona encargada de coordinar el análisis de los datos sobre la violencia doméstica y coordinar estos datos en la Oficina del Gobierno, y tener en cuenta las propuestas planteadas por el grupo de trabajo interinstitucional sobre la elaboración de estadísticas sobre la violencia doméstica, se aprobó en 2017 una lista de indicadores estadísticos relacionados con la violencia doméstica (en adelante, la “Lista de Indicadores”). La Oficina de Estadísticas de Lituania publica información estadística sobre las denuncias de violencia doméstica registradas por la policía, y sobre informes de delitos denunciados, víctimas de violencia y asistencia a estas últimas prestada por las instituciones incluidas en la Lista de Indicadores, y se responsabiliza de preparar las estadísticas en los plazos previstos y publicarlas en el portal oficial de estadísticas (osp.stat.gov.lt).

Partiendo de los datos de los antecedentes penales del Ministerio del Interior, el Departamento de Informática y Comunicaciones del Ministerio del Interior elabora un informe mensual con los datos de los delitos penales registrados en las instituciones encargadas de su instrucción y de las personas sospechosas (acusadas) de haber cometido actos delictivos relacionados con la violencia doméstica, y lo publica en línea, en www.ird.lt (anexos 11 y 12). La policía recopila los datos sobre las denuncias de violencia doméstica en el Registro de Casos del Sistema de Información de la Policía.

De conformidad con las normas de selección de los Centros de Asistencia Especializada, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo elige y analiza la información que tales Centros facilitan sobre las personas inscritas en ellos (a partir de denuncias de la policía o contactadas de manera independiente), las personas beneficiarias de los servicios de asistencia compleja especializada (clasificados por género, edad y composición familiar), la naturaleza de la asistencia prestada, etc. A partir de 2017, la Oficina de Estadísticas de Lituania proporciona información sobre el número de Centros de Asistencia Especializada y de personas que han sido víctimas de violencia doméstica, así como sobre las personas que han recibido asistencia especializada, clasificadas por género y edad.

A partir de 2012, los Centros de Asistencia Especializada de toda Lituania prestan asistencia especializada e integrada a personas que sufren violencia doméstica (quienes, en más de un 80 % de los casos, son mujeres). En caso necesario, estos Centros cooperan con la División de Protección de los Derechos del Niño (que, a partir del 1 de julio de 2018, pasa a ser el Servicio Estatal de Protección de los Derechos del Niño y Adopción, dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Trabajo) y sus empleados, así como con municipios, zonas submunicipales e instituciones.

Con el fin de prestar una asistencia compleja especializada, la financiación de los Centros de Asistencia Especializada ha pasado de 168.000 euros en 2012 a 750.000 euros en 2018.

En todo el territorio de la República de Lituania, hay centros de crisis para mujeres en los que se presta asistencia a aquellas que son víctimas de la violencia infligida por sus cónyuges y parejas. Los centros de crisis para mujeres están trabajando en labores de intervención y prevención de crisis extremas, proporcionando apoyo inmediato y continuo a las mujeres que han sufrido casos de violencia. Las organizaciones actúan como grupos de presión para mejorar el marco jurídico de Lituania en lo relativo a la lucha frente a la violencia contra las mujeres, formular políticas adecuadas y aplicar buenas prácticas. Las organizaciones también pueden proporcionar refugio temporal a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica.

Las víctimas de la violencia doméstica pueden permanecer en centros de crisis municipales, establecimientos que acogen temporalmente a madres e hijos. En 2017, había 49 centros de crisis en Lituania con 790 plazas de alojamiento.

Consideraciones relativas a la parte 25 de las Recomendaciones a Lituania: La Ley sobre la Protección contra la Violencia Doméstica no distingue entre las víctimas por motivos de género; sin embargo, la diferencia entre los géneros se pone de relieve en la aplicación de la estrategia de lucha contra la violencia doméstica. En lo concerniente a la aplicación de esta estrategia, la atención a las disparidades entre los géneros en el país se centra en la actividad de los Centros de Asistencia Especializada: la prestación de servicios y la idea general de su labor están orientadas a ayudar a las mujeres.

En la práctica, las víctimas de la violencia doméstica son, en su mayoría (80 %), mujeres, por lo que la vulnerabilidad de la víctima se juzga, en cualquier caso, atendiendo a diferencias entre los géneros. En los procesos penales (párrafo 4 del artículo 55 y artículo 185 del Código de Procedimiento Penal), las víctimas de la violencia doméstica se categorizan como particularmente vulnerables, por lo que las leyes les otorgan privilegios procesales y salvaguardias adicionales. En el curso de la instrucción de los delitos penales cometidos por razones de sexo (es decir, los delitos y las faltas que vulneran la libre determinación sexual y la inviolabilidad sexual de una persona, los casos de violencia doméstica, la trata de personas, el lucro obtenido con la prostitución de terceros y la participación en el fenómeno de la prostitución, o los casos relacionados con discriminación u odio por razones de sexo), las entrevistas con las víctimas pueden estar sujetas a condiciones especiales (supuestos en los que pueden ser de aplicación una o varias de las disposiciones del artículo 186 del Código Penal de la República de Lituania) y las víctimas pueden solicitar que sea una persona del mismo sexo quien se encargue de realizar tales entrevistas (párrafo 2 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal). De acuerdo con las recomendaciones sobre la evaluación de las necesidades especiales de protección de las víctimas, aprobadas en 2016, las actividades delictivas relacionadas con la violencia y otros tipos de explotación y discriminación por motivos de género se atribuyen a grupos de actos delictivos que comportan un mayor riesgo. Dada la naturaleza de las actividades delictivas y los rasgos de vulnerabilidad de sus víctimas, en estos casos se recomienda adoptar las siguientes medidas especiales de protección: contar con la presencia de una persona que las acompañe; que el o la funcionaria que se encargue de realizar la entrevista sea una persona especialista del mismo sexo que la víctima; que todas las medidas procedimentales las adopte el o la misma funcionaria; que participe un o una representante que cuente con la debida autorización; que solo haya una entrevista; que esta se grabe en soporte de audio y vídeo; etc.

Consideraciones relativas a la parte 27 de las Recomendaciones a Lituania: El 13 de julio de 2012, entraron en vigor ciertas modificaciones del Código Penal de la República de Lituania relativas a la compra o venta de personas y a la compra o venta de niños o niñas (artículos 147 y 157 del Código Penal). Las disposiciones de los artículos se ampliaron considerablemente con la prohibición de la venta, la compra o cualquier otro tipo de transferencia o adquisición, el reclutamiento, el transporte o el mantenimiento en cautiverio de cualquier persona, cualquier niño o cualquier niña con el fin de someterlos a condiciones de esclavitud o similares a la esclavitud, o al ejercicio de la prostitución, de otras formas de explotación sexual o de servicios forzados, incluida la mendicidad y la comisión de delitos penales, o con otros fines de explotación. Además, el Código Penal se complementó con un nuevo artículo, el 1472, que prevé la responsabilidad penal por la utilización de los trabajos o servicios forzados de una persona, además de con la ampliación de lo dispuesto en el artículo 1471 (sobre la explotación con fines de trabajos o servicios forzados) para contemplar el uso de una persona para la realización de determinados servicios, como la mendicidad. El 25 de mayo de 2016, entró en vigor la Ley de Reforma del Código Penal. Mediante esta modificación, se complementó expresamente la disposición del artículo 147 del Código Penal (sobre la trata de personas) con el objetivo de incluir el matrimonio forzado o el ficticio en la categoría de trata de personas. Asimismo, se complementó la formulación del delito previsto en el artículo 157 del Código Penal (sobre la compra o venta de un niño o una niña), que también menciona la adopción ilegal como uno de los posibles fines delictivos de la compra o venta del niño o la niña. La mejora de la calidad de la asistencia jurídica garantizada por el Estado constituye una de las prioridades del Gobierno. Según el plan de ejecución del programa gubernamental, para el tercer trimestre de 2020 se prevé instaurar un sistema de aseguramiento de la calidad de dicha asistencia jurídica. El desarrollo de la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la asistencia jurídica garantizada por el Estado incluye la creación del Sistema de Información Jurídica y de Información sobre la Asistencia Jurídica (TEISIS).

Artículo 7

El ordenamiento jurídico actual de la República de Lituania establece la igualdad de condiciones de participación de las mujeres en las elecciones de diferentes niveles y en la actividad política del Estado. Una mujer ha salido elegida dos veces seguidas como Presidenta de la República de Lituania. En las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014, 2 de los 11 puestos designados para Lituania fueron ocupados por mujeres. Se eligieron 30 mujeres y 111 hombres como diputados del Parlamento de Lituania para el período 2016-2020. El número de mujeres de esta cámara ha disminuido ligeramente si se compara con el mandato anterior del Parlamento, correspondiente al período 2012-2016: en 2012, fueron elegidas 33 mujeres (anexos 14 y 15).

En el período 2011-2017, en el que había un total de 37 partidos políticos inscritos, 4 de ellos estaban dirigidos por mujeres. En 2018, año en el que figuran 28 partidos políticos inscritos, uno de ellos está bajo el mandato de una mujer. En el ámbito del propio Gobierno, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Cultura estaban dirigidos por sendas mujeres. En el anexo 13 se recogen los datos del Registro de Funcionarios para el período 2011-2017 sobre el empleo de mujeres y hombres en la administración pública.

Al aplicar las medidas del Cuarto Programa, se busca lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres en la adopción de decisiones y en los puestos más altos. Se organizaron los siguientes actos con el fin de estimular la motivación y la capacidad de las mujeres en cuanto a la toma de decisiones, así como de crear un entorno propicio para el desarrollo profesional de las mujeres: concesión de galardones a empresarias y a mujeres que ocupan cargos de liderazgo social; conferencias sobre el liderazgo de las mujeres; el portal de información de las mujeres; actividades de grupos políticos femeninos encaminadas a aumentar la participación de las mujeres en la política local y nacional, a sensibilizar a aquellas que desempeñan alguna labor en política y a promover su influencia en la adopción de decisiones políticas en el ámbito de la igualdad de género, independientemente de sus ideologías.

En 2017, una organización sin fines de lucro dependiente del Ministerio de Educación, Enterprise Lithuania, organizó ocho actos de iniciativa empresarial femenina que contaron con la participación de 185 mujeres. Los actos regionales tuvieron lugar en Šiauliai; los de mentoría y motivación para mujeres se llevaron a cabo en el Centro de Colaboración Spiečius. El 6 de diciembre de 2017, el Ministerio de Educación organizó por cuarta vez una Conferencia Anual sobre la Promoción de la Iniciativa Empresarial de las Mujeres titulada “VIS‘os: Verslios. Išmanios. Socialios” (Todas las mujeres: emprendedoras, inteligentes y conectadas). En ella, se presentaron a las emprendedoras nuevas oportunidades de participación en empresas sociales, de exposición de casos de éxito, de participación en discusiones y de adquisición de nuevas experiencias en los talleres de desarrollo de aptitudes. Enterprise Lithuania prestó servicios de consultoría sobre iniciativa empresarial para mujeres, educación financiera y otras competencias. En 2017, se realizaron 3.014 consultas: el 46 % de ellas las formularon mujeres y el 54 %, hombres.

En 2017, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones realizó un análisis de los consejos de administración y las juntas directivas de las empresas bajo su supervisión adoptando, para ello, una perspectiva de género. El análisis mostró que la participación de las mujeres en los órganos examinados había aumentado, aunque la presencia de los hombres seguía siendo predominante.

El 19 de enero de 2018, el Parlamento registró un proyecto de ley por el que se modificaba la Ley de la Función Pública; en él, se propone modificar la regulación jurídica de la administración pública para convertirla en un sistema atractivo, moderno, despolitizado y eficaz. Para tal fin, plantea un nuevo incentivo: un máximo de cinco días libres remunerados (sin que se superen los diez días hábiles al año) o una reducción proporcional de las horas de trabajo. También propone regular el teletrabajo de los empleados públicos. Se considera que las disposiciones planteadas también aportan una mayor flexibilidad al equilibrio entre la vida personal y profesional del funcionariado.

En Lituania, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas participan activamente en la vida social y cultural del país, así como en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con la protección de los derechos de las minorías nacionales. Más de la mitad de los miembros del Consejo de Comunidades Nacionales del Departamento de Minorías Nacionales dependiente del Gobierno son mujeres. El Consejo de las Comunidades Nacionales, que actúa como un órgano consultivo, representa a las minorías de Lituania en asuntos relativos a la coordinación de la política que regula la situación de tales minorías en el país. Las mujeres pertenecientes a minorías nacionales tienen un alto grado de participación en la vida comunitaria, y se ocupan de fomentar la identidad nacional (en términos de lengua, tradiciones y patrimonio nacional) y difundirla por todo el país. En Lituania, trabajan activamente unas 300 ONG cuya labor concierne a minorías nacionales. El país también cuenta con organizaciones de mujeres: la Unión de Mujeres Ucranianas de Lituania, la Sociedad de Mujeres Lituanas de Polonia y la Asociación de Empresarias de Grupos Étnicos Lituanos, entre otras. La tercera de las asociaciones mencionadas, integrada en la Red Europea de Mujeres Migrantes, participa activamente en proyectos destinados a fomentar, desarrollar y respaldar las actividades de las mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que estén vinculadas a la organización y al desarrollo empresariales.

Artículo 8

En Lituania, las mujeres pueden representar a la República de Lituania en la esfera internacional y participar en las actividades de organizaciones internacionales en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. A finales de 2016, las mujeres representaban el 59,3 % de todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, representaban el 51,6 % de todo el cuerpo diplomático de la República de Lituania. Las mujeres ocupaban el 54 % de todos los puestos directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores: un 55,4 % considerando todas las secciones y un 29,4 % considerando todos los departamentos. Las mujeres también dirigían el 25,9 % de todas las representaciones diplomáticas y consulares de la República de Lituania y constituían el 27,5 % del grupo integrado por los más altos cargos diplomáticos de la República de Lituania.

Según los datos del período 2011-2017, el número de miembros del personal militar y civil no diplomático del Sistema de Defensa Nacional que trabajaba en instituciones militares y de defensa internacionales y en cargos de representación nacional ascendía a 191, de los cuales 10 (5,2 %) eran mujeres. De acuerdo con los datos del período 2014-2017, había 33 miembros del personal militar y civil que trabajaban en representaciones extranjeras de Lituania, de los cuales 8 eran mujeres. Entre 2011 y 2017, 65 mujeres (3,21 %) participaron en operaciones internacionales. Aunque el porcentaje de mujeres fue bajo, la cifra es normal si se compara con la proporción de mujeres y hombres presentes en las fuerzas armadas. Por ejemplo, en 2017, el Sistema de Defensa Nacional estaba integrado en un 17,7 % por mujeres y en un 82,3 % por hombres. La mayor tasa de empleo femenino en este sector se alcanzó en 2014, con un 19 %, que cayó en 2015 posiblemente a causa de la implantación del servicio militar obligatorio permanente (véanse los anexos 16 a 20).

Artículo 9

En informes anteriores, se presentaron datos sobre la aplicación del artículo 9 de la Convención en Lituania. La legislación que regula esta materia no ha cambiado.

Consideraciones relativas a la parte 31 de las Recomendaciones a Lituania: Lituania ratificó la Convención de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia de 1961. La Ley sobre el Suplemento y la Modificación de los Artículos 18 y 40 de la Ley de Ciudadanía, que entraron en vigor el 25 de mayo de 2013, adaptó la legislación nacional para que lograra el pleno cumplimiento de las disposiciones de la Convención. De acuerdo con lo dispuesto en la anterior Ley de Ciudadanía, un niño o una niña nacidos de una persona apátrida que residiera en Lituania habrían adquirido la ciudadanía de la República de Lituania, independientemente de que hubieran nacido dentro o fuera del territorio del país (siempre que no adquirieran la ciudadanía de otro Estado). El 9 de mayo de 2013, la Ley de Ciudadanía modificada introdujo condiciones más favorables para la naturalización de las personas apátridas que no hubieran adquirido la ciudadanía de otro Estado, que antes estaba sujeta a la condición general de haber residido de forma permanente y legal en Lituania durante los últimos diez años, y que pasaba a reformularse como el requisito de haber residido en Lituania durante cinco años. Estas disposiciones se aplican a todas las personas apátridas nacidas en el territorio de la República de Lituania, sin distinción del grupo específico al que pertenezcan, incluido el de los romaníes, por lo que no se recopilan estadísticas sobre el origen étnico de las personas que adquirieron la ciudadanía de la República de Lituania. Las estadísticas de las personas apátridas figuran en los anexos 21 y 22.

Los extranjeros indocumentados y los solicitantes de asilo (con la salvedad de los menores no acompañados y los extranjeros trasladados a la República de Lituania en cooperación con Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, que son objeto de reasentamiento en el Centro de Acogida de Refugiados) se alojan en el Centro de Registro de Extranjeros del Servicio Estatal de Protección de Fronteras (en adelante, el “CRE”). El CRE acoge a un reducido número de mujeres, especialmente, a aquellas que son víctimas o testigos de casos de violencia. En 2015, se alojó a 637 extranjeros en el CRE, 91 de ellos mujeres; en 2016, a 440 extranjeros, de los cuales 72 eran mujeres (y 5 de ellas, víctimas de casos de violencia); en 2017, a 383 extranjeros, de los cuales 69 eran mujeres (y 7 de ellas, víctimas de casos de violencia); en 2018 (según los datos correspondientes al 19 de febrero), a 5 mujeres. Los funcionarios del CRE han participado en sesiones de capacitación (por ejemplo, en las organizadas por el ACNUR una vez al mes en la Escuela de Protección de Fronteras) sobre las peculiaridades del asesoramiento destinado a mujeres; a este respecto, se siguen las recomendaciones de que quien realice la entrevista a una mujer sea una funcionaria, sin uniforme a ser posible, y en un entorno confidencial y seguro. El Departamento de Investigación del CRE también cuenta con funcionarias que trabajan con mujeres.

Artículo 10

En 2014, a fin de garantizar el equilibrio entre los géneros en los puestos de docencia y organización científica más altos de instituciones científicas y de enseñanza superior, el Ministerio de Educación y Ciencia aprobó las Directrices para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en las Instituciones Lituanas de Investigación y Enseñanza Superior. Con ellas, se procuraba sugerir a las instituciones pertinentes posibles medidas de integración sistemática de la perspectiva de género en todos los ámbitos de sus políticas y actividades, además de mejorar el equilibrio entre los géneros en diferentes campos de la ciencia y aumentar el número de mujeres que ocupan los puestos más elevados de los ámbitos científico y administrativo. El Ministerio de Educación y Ciencia está buscando formas de introducir incentivos para que las instituciones de investigación y educación apliquen estrategias avanzadas de gestión de los recursos humanos (que integren la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres).

Durante el período examinado en el informe en Lituania, el 62,59 % del personal investigador eran mujeres. La mayoría de ellas realizaban su labor en el ámbito de las ciencias sociales (67,9 %) y de las humanidades (66 %), mientras que los ámbitos con menos presencia femenina eran las ciencias tecnológicas (36,37 %) y las ciencias físicas (39,17 %). Las mujeres que ocupaban los cargos más altos (profesoras universitarias o directoras de investigación) trabajaban, en su mayoría, en los campos de las humanidades (57 %) y las ciencias sociales (54 %); las disciplinas que menos representación femenina tenían eran las ciencias físicas (10 %) y las ciencias tecnológicas (13 %). Por otra parte, en 2017 había, respectivamente, un 11 % de mujeres y un 41 % de mujeres entre quienes ejercían el rectorado de universidades y la dirección de escuelas superiores. En las universidades, había un 47 % de vicerrectoras. Las mujeres ocupaban el 71 % de los decanatos de las escuelas superiores y el 33 % de los decanatos de las universidades.

En Lituania, 3 de las 14 universidades públicas (la Universidad de Vilna, la Universidad Mykolas Riomeris y la Universidad de Šiauliai) cuentan con centros de estudios de género, que realizan análisis e investigaciones en el campo de la igualdad de género. Esta se imparte como asignatura optativa en la Universidad de Vilna; como especialidad en sociología en la Universidad Vytautas Magnus; y como asignatura optativa para estudiantes del Programa Erasmus en la Universidad de Šiauliai. Durante las clases, los alumnos toman conciencia de los estereotipos culturales basados en el género que influyen en el comportamiento de las mujeres y los hombres, así como en sus opciones sociales.

De acuerdo con los datos del Registro de Educación, en 2015 se becó a 1.296 estudiantes; en 2016, a 1.076 estudiantes; y en 2017, a 880 estudiantes. El Registro de Educación ha comunicado que el número de estudiantes becados en 2018 asciende a 628. El importe de la beca es de 115,85 euros al mes.

En Lituania, según los datos del 1 de septiembre de 2017, 11 romaníes asistían a instituciones de educación preescolar y 4, a los grupos de educación infantil. Además, había 237 niñas y 194 niños romaníes (431 en total) en las escuelas de enseñanza general, y 7 niños y 15 niñas romaníes (22 en total) en escuelas de formación profesional.

Consideraciones relativas a la parte 33 de las Recomendaciones a Lituania: En 2017, a fin de aplicar el Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2015-2020, el Ministerio de Educación y Ciencia reforzó la formación de profesores, directores de centros, expertos auxiliares de educación y expertos en los departamentos de educación de las administraciones municipales; además, comenzó a organizar actividades a largo plazo destinadas a mejorar competencias, desarrollar aptitudes para comprender las necesidades de los niños romaníes y organizar una educación inclusiva enmarcada en el principio de diversidad cultural. El Centro de Desarrollo Educativo organizó un ciclo de capacitación. Participaron en estos cursos de capacitación equipos escolares constituidos por un profesor, un especialista auxiliar para los alumnos y un representante de la administración. Se prevé que este tipo de formación se lleve a cabo en el período 2018-2020. Estos cursos de capacitación, en los que participan tanto alumnos de los niveles superiores como profesores de las escuelas, combinan actividades educativas sobre la igualdad de oportunidades con otras de cuestiones vinculadas a la no discriminación. En tales actividades educativas, se adoptan enfoques modernos con el objetivo de reducir las actitudes negativas hacia los romaníes, aceptar las diferencias y desarrollar la actitud crítica de los estudiantes y profesores hacia la presentación estereotipada de los romaníes no solo en los medios de comunicación, sino también en la cultura lituana.

El Ministerio de Educación y Ciencia, en cooperación con el Departamento de Minorías Nacionales, que participa en el proyecto “Plataformas Locales Romaníes: una Vía de Cooperación con los Gobiernos Locales”, inició una actividad independiente: una labor de consultoría a largo plazo con toda la comunidad educativa y local con el fin de formular un nuevo enfoque para la integración de los romaníes en el Instituto Eišiškės Stanislovas Rapolionis, en el distrito de Šalčininkai. El Departamento de Minorías Nacionales vela por que un mediador romaní realice su labor, cuyo fin principal es asegurarse de que los niños y las niñas romaníes asistan a las clases del Instituto Eišiškės Stanislovas Rapolionis. Para dotar de coherencia a esta iniciativa, la persona que se encargue de la consultoría también elaborará directrices prácticas para trabajar con familias romaníes que tengan niños y niñas en edad preescolar y escolar. El propósito de las recomendaciones es aumentar la eficiencia de la labor educativa con las familias romaníes que tengan niños y niñas en edad escolar, así como lograr la integración de estos últimos mediante su participación en la vida escolar y en las actividades de la comunidad local.

Las mujeres pertenecientes a minorías étnicas participan activamente en las actividades de las minorías nacionales organizadas en escuelas sabatinas y dominicales; se ocupan de que niños, niñas y jóvenes pertenecientes a minorías nacionales desarrollen competencias culturales.

Artículo 11

En 2016, con el fin de modernizar la regulación del mercado laboral, se adoptó el paquete de medidas legislativas denominado “Relaciones Laborales y el Modelo Jurídico-Administrativo del Sistema Estatal de Seguridad Social”, integrado por tres leyes básicas: el Código del Trabajo, la Ley de Empleo y la Ley de Seguro Social de Desempleo (en su versión modificada, que entró en vigor el 1 de julio de 2017). El Código del Trabajo simplifica el procedimiento de contratación y despido de los empleados, e introduce una regulación más flexible del horario laboral y más tipos de contratos de trabajo diferentes (de plazo fijo, temporal, de empleo compartido, con varios empleadores y de aprendizaje). La nueva regulación ofrece a los padres y madres que trabajan un marco más flexible para acogerse a relaciones y horarios laborales que permiten equilibrar los períodos dedicados a la familia, los estudios y el trabajo. Con la Ley de Seguro Social de Desempleo: 1) se incrementó la prestación del seguro de desempleo, cuya parte fija equivale a un 30 % del salario mínimo mensual y cuya parte variable depende directamente de los ingresos asegurados de la persona desempleada; y aumentó el importe máximo de pago en un 75 % del salario medio nacional; 2) se produjo un aumento de la cobertura de los beneficiarios del seguro de desempleo con el acortamiento del período de cotización necesario para optar a la prestación (12 meses en los últimos 30 meses); 3) el período durante el que se percibe la prestación se amplió de 6 a 9 meses. La Ley de Empleo amplía el ámbito de aplicación de la Ley de Apoyo al Empleo, clasificando todos los tipos de empleo dentro de la misma ley, estableciendo el grado de responsabilidad por las actividades de autoempleo ilegales, sin declarar y sin registrar, y definiendo los incumplimientos del procedimiento de contratación de extranjeros. También se introducen mejoras en las medidas de apoyo al empleo.

En Lituania, durante el período 2011-2017, la tasa de empleo aumentó en 10,2 puntos porcentuales, del 60,2 % en 2011 al 70,4 % en 2017. Durante este período, la tasa de empleo femenino aumentó en 10 puntos porcentuales, lo que la sitúa en un nivel ligeramente inferior a la tasa general de empleo (anexo 23). Durante el período analizado, la tasa de desempleo se redujo en más de la mitad: pasó del 15,4 % en 2011 al 7,1 % en 2017. Desde 2011, la tasa de desempleo femenino cayó un 7,2 %: en 2017, alcanzó el 5,7 % y fue 1,4 puntos porcentuales inferior a la tasa total de desempleo (anexo 24). Durante el período 2011-2017, 2.149.000 solicitantes de empleo, el 44 % de los cuales eran mujeres, se inscribieron en las bolsas de trabajo territoriales. La tasa de desempleo entre las personas de 15 a 29 años ascendió al 27,2 % en 2010, mientras que en 2017 fue del 8,6 %. Paralelamente, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes, que era del 22 % en 2010, se redujo al 7,1 % en 2017. La tasa de desempleo entre los hombres jóvenes cayó del 31,7 % al 9,7 %. Los datos de la Oficina de Estadísticas de Lituania sobre los sueldos y salarios bruto medios en la economía del país figuran en el anexo 25.

Consideraciones relativas a la parte 35 de las Recomendaciones a Lituania: Tanto el Código del Trabajo como la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres disponen que las mujeres y los hombres deben recibir el mismo salario por un trabajo igual o similar. Según el nuevo Código del Trabajo, los empleadores que tengan una media de más de cincuenta empleados deben adoptar las medidas pertinentes para aplicar y cumplir los principios de la política de igualdad de oportunidades. Durante el período 2015-2017, la Inspección de Trabajo del Estado llevó a cabo 193 inspecciones sobre la implantación de la igualdad de derechos de la mujer y el hombre en el marco de la normativa laboral. Durante la aplicación del Plan de Acción para el Cuarto Programa, se llevaron a cabo actividades educativas, informativas o de capacitación destinadas a reducir la disparidad salarial por razón de género para afrontar los problemas de segregación existentes en el mercado laboral. Se organizaron consultas sobre las disposiciones del nuevo Código del Trabajo, en el marco de las cuales también se lanzaron campañas informativas e iniciativas como la selección del lugar de trabajo más igualitario, el municipio más igualitario y el apoyo a las actividades de los clubes de mujeres, así como la puesta en marcha de la red electrónica de organizaciones de mujeres y el portal de información www.lygus.lt. En diciembre de 2017, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, junto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencia, y otras instituciones, organizaron un seminario de expertos sobre cuestiones relativas a la segregación por motivos de género en el ámbito de la educación, la capacitación y el mercado de trabajo, a fin de reducir este fenómeno y sus posibles consecuencias futuras.

Medidas para la integración de las mujeres romaníes: En el período 2011-2017, Lituania aplicó el Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2012-2014 y comenzó a aplicar las medidas del Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2015-2020. En 2013, se apoyó el proyecto “Promoción del Espíritu Empresarial de las Mujeres Romaníes mediante el Desarrollo de la Artesanía Tradicional”, cuya idea principal era enseñar a las mujeres romaníes a crear productos de artesanía tradicional con el objetivo de venderlos en Internet. Este proyecto ha continuado en marcha hasta 2015. En 2014, durante la visita temática de los expertos del Consejo de Europa a Lituania, se celebró un seminario titulado “Empoderamiento de las Mujeres Romaníes e Igualdad de Género en la Política de Integración de los Romaníes”, en el que se celebraron reuniones con representantes del Estado, municipios y ONG. Partiendo de las recomendaciones de los expertos, se ha preparado una sección sobre la situación de las mujeres romaníes en el Plan de Acción para la Integración de los Romaníes en la Sociedad Lituana 2015-2020.

En el período 2016-2017, se incluyeron medidas relativas a las mujeres romaníes en dos proyectos financiados por la UE: “Plataformas Locales Romaníes: el Camino hacia la Cooperación con los Municipios”, ejecutado por el Departamento de Minorías Nacionales; y “Colaboremos con los Romaníes: Nuevas Oportunidades y Retos Laborales”, ejecutado por el Centro para la Comunidad Romaní y sus asociados. El principal objetivo del primer proyecto era crear un mecanismo de cooperación entre las comunidades romaníes y las autoridades locales que garantizara la inclusión eficaz de los municipios en el proceso de integración de los romaníes. En el curso de la ejecución del proyecto, se fundaron plataformas romaníes en cinco municipios de Lituania, que albergan a las mayores comunidades romaníes. En 2016, mujeres romaníes coordinaron las plataformas de Vilna, Panevėžys y Šiauliai; y en el período 2017-2018, la plataforma romaní del distrito de Šalčininkai y Panevėžys.

En 2017 se elaboró el estudio “Matrimonios Precoces en la Comunidad Romaní Lituana: Análisis de Situación, Conclusiones y Recomendaciones”, cuyo objetivo era analizar el derecho internacional y el nacional de la República de Lituania que regulan la institución del matrimonio. Se hizo hincapié en presentar un examen detallado del concepto de matrimonio precoz en el seno de la comunidad romaní, una explicación de las actitudes de los miembros de la comunidad, además de una exposición de las principales causas y consecuencias de los matrimonios precoces. En 2017, con el fin de aplicar las recomendaciones del estudio, se organizaron cursos de educación sexual y de prevención del matrimonio precoz para los jóvenes romaníes de la región de Aukštaitija, en los que participaron 30 niños y niñas. Además, el proyecto prevé la capacitación de mujeres romaníes en cuestiones de derechos humanos. Desde 2016, se está ejecutando el proyecto “Colaboremos con los Romaníes: Nuevas Oportunidades y Desafíos Laborales”, que se centra en el empoderamiento de la mujer. El proyecto incluye la organización de una exposición de bordados de mujeres romaníes, las actividades del Club de Mujeres y formación sobre igualdad de género, en la que participaron 45 personas entre 2016 y 2017. Catorce mujeres romaníes han participado en diversas actividades de capacitación.

La Ley de Servicios Sociales establece la igualdad del derecho de las personas a recibir servicios sociales independientemente de su género. Las personas y las familias son beneficiarias de servicios sociales que se les asignan y prestan de acuerdo con sus intereses y las necesidades detectadas a fin de que puedan desarrollar y fortalecer sus capacidades y posibilidades para resolver con autonomía sus problemas sociales, mantener su relación con la sociedad y superar la exclusión social. La Ley prevé la posibilidad de que una persona o familia elijan el tipo de servicios sociales y el lugar de su prestación (en su propio hogar, comunidad o institución) en función de sus intereses y necesidades. El desarrollo de los servicios sociales en Lituania tiene por objeto satisfacer las necesidades de la persona y de la familia, fomentar el desarrollo de servicios comunitarios y ayudar a las familias no solo a mantenerse activas en el mercado laboral, sino también a participar en la vida de la comunidad. Los municipios que garantizan la prestación de servicios sociales a la población local son responsables de evaluar y analizar las necesidades de esta, determinar el alcance y los tipos de servicios sociales que se van a prestar, planificarlos y organizarlos, y crear las instituciones que correspondan a tal efecto. Los municipios están aumentando el número de servicios prestados en el hogar de la persona interesada (asistencia domiciliaria, asistencia social, atención integral (servicios sociales y sanitarios) e instituciones de servicios sociales no permanentes (cuidado de relevo, atención y apoyo diurnos, desarrollo y apoyo en el ámbito de las habilidades sociales, ayuda psicosocial, etc.)). Desde 2013, se están ejecutando proyectos de asistencia en el hogar integrada (servicios de enfermería y cuidados); concretamente, la asistencia en el hogar prestada a los ancianos y a las personas con discapacidad facilita a los miembros de sus familias conjugar sus compromisos familiares y laborales. El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo presta apoyo financiero a la asistencia social que ofrecen los municipios a las personas con discapacidades graves, a los servicios complejos destinados a familias y a los servicios de cuidado de niños y niñas que prestan las guarderías infantiles.

Artículo 12

Las leyes de los servicios sanitarios no discriminan por motivos de género. Todas las personas, independientemente de su género, pueden hacer uso de los servicios de asistencia médica en Lituania, lo que incluye su participación en programas de prevención. En este país sigue en marcha el programa de medidas de selección y prevención de personas propensas a padecer enfermedades cardiovasculares incluidas en el grupo de alto riesgo (anexo 31). También continúan ejecutándose el Programa de Prevención del Cáncer Cervicouterino y el Programa de Prevención del Cáncer de Mama (anexo 32). En las consultas de medicina general, y en las de obstetricia y ginecología de los centros de atención primaria de la salud, se ofrecen reconocimientos médicos completos de carácter preventivo. La vacunación constituye una de las medidas preventivas más fiables para controlar algunas enfermedades infecciosas, incluidas las de transmisión sexual. Desde el 1 de septiembre de 2016, se ha incluido una nueva vacuna en el calendario de vacunas preventivas de Lituania, a saber, la administrada a las niñas de 11 años contra la infección del virus del papiloma humano. En un futuro próximo, se espera que el volumen de vacunación supere el 90 %.

Con el fin de garantizar a las mujeres servicios de salud gratuitos y de alta calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el período 2012-2017 se puso en marcha el proyecto “Mejora de la Atención Sanitaria para el Embarazo, la Maternidad y los Recién Nacidos en Lituania”, en el marco del programa de colaboración entre la República de Lituania y la Confederación Suiza. Los recién nacidos y sus madres reciben los mismos servicios modernos y de alta calidad, independientemente de su lugar de residencia, ya sea una ciudad o una zona remota del país. Para ello, se utilizaron fondos lituanos y suizos que ascendieron a los 27 millones de euros.

Los hospitales lituanos que prestan servicios de atención sanitaria a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos se dotaron de equipos médicos esenciales, dispositivos de pruebas de detección para recién nacidos y la última tecnología para la prestación de servicios obstétricos y neonatales especializados por valor de más de 21,4 millones de euros. Se suministraron tres ambulancias de cuidados intensivos modernas, espaciosas y confortables, dotadas de equipos de vanguardia y diseñadas específicamente para el transporte de recién nacidos, a los tres hospitales lituanos más importantes: el Hospital de Niños, afiliado al Hospital Universitario Santaros Klinikos de Vilna, el Hospital de la Universidad de Ciencias de la Salud de Lituania Kauno Klinikos y el Hospital Universitario de Klaipėda.

En 2015, se desarrollaron un total de 72 métodos de diagnóstico y tratamiento para obstetricia y neonatología bajo las directrices de diversos profesionales sanitarios. Se realizaron sesiones de capacitación en 32 hospitales lituanos en las que participaron 4.257 personas, lo que les permitió actualizar sus conocimientos sobre el tema. Se destinó la cantidad de 2,1 millones de euros a todas las actividades de capacitación. Se creó el sistema de información para el procesamiento de datos de salud de las mujeres antes y después del embarazo, así como de los recién nacidos. El exitoso sistema perinatal, basado en el principio de regionalización, ha dado buenos resultados: la tasa de mortalidad de las mujeres antes y después del embarazo se ha estabilizado en 6,5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, una cifra que contrasta con la tasa de 11,8 muertes del año 2000 (anexo 33).

Con el fin de garantizar una nutrición adecuada desde el nacimiento, se está desarrollando en Lituania el programa hospitales “amigos de los niños”. La pertenencia a este programa o el compromiso de cumplir con sus requisitos de pertenencia constituyen indicadores de calidad de una institución que presta servicios de obstetricia, maternidad y atención sanitaria de los recién nacidos, tal como se establece en la descripción incluida en el programa de la prestación de asistencia sanitaria a las mujeres antes y después del embarazo, así como a los recién nacidos. Para otorgar a un centro la distinción de “hospital amigo del niño”, se lo evalúa según los criterios establecidos en la descripción del procedimiento de evaluación de instituciones de asistencia sanitaria personalizada para pacientes hospitalizados que se incluye en el programa. En la actualidad, de los 28 hospitales con unidades de obstetricia, 16 cuentan con la distinción de “hospital amigo del niño” y 1 de ellos ha asumido el compromiso de cumplir con los requisitos del programa.

Un Comité de Promoción de la Lactancia actualizado sigue desarrollando su labor. Uno de los principales objetivos es promover el desarrollo del programa hospitales “amigos de los niños”. De conformidad con la legislación, se organizan y ejecutan actividades de promoción de la lactancia y de capacitación de expertos.

Consideraciones relativas a la parte 33 de las Recomendaciones a Lituania. Las instituciones de atención de la salud personalizada y pública se han ocupado activamente de la educación y la enseñanza sanitarias de los niños y niñas en edad preescolar y escolar, así como de los niños y niñas en situación de riesgo, a fin de garantizar que todos ellos reciban una formación adaptada a su edad sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el comportamiento sexual responsable, la forma de prevenir los embarazos en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual, y la prevención de la tuberculosis (anexos 27 y 28).

A fin de instaurar el modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes, formulado en el marco del programa correspondiente al período 2009-2014 del Mecanismo Financiero Noruego, 12 municipios desarrollaron e implantaron un modelo de estas características en el período 2014-2016. Abarca cuatro áreas de servicio prioritarias: mejorar la salud mental, mejorar la salud sexual y reproductiva, promover una nutrición sana y prevenir las causas externas de mortalidad. El modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes engloba labores de promoción, prevención, tratamiento, seguimiento y asesoramiento en materia de salud, y cumple los criterios especificados por la Organización Mundial de la Salud, tales como la disponibilidad (servicios gratuitos o asequibles, registro rápido y sencillo o registro innecesario, y períodos de espera breves desde el registro hasta la prestación de los servicios), la no discriminación, la confidencialidad, la privacidad, la atención de las necesidades, la competencia y la seguridad. La implantación del modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes en los municipios incluye los siguientes elementos:

•La creación del centro de coordinación del modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes, así como la introducción de la función de coordinación general y asistencial del modelo en el municipio. El coordinador del modelo, además de sus otros cometidos, se encarga de organizar una coordinación asistencial y unos servicios de salud de acceso sencillo, es decir, evalúa las necesidades sanitarias de la persona joven que acude al centro, proporciona un plan para la prestación de servicios, ayuda al paciente o la paciente a ponerse en contacto con las instituciones de asistencia sanitaria u otras instituciones no sanitarias, y mantiene un contacto periódico con él o ella hasta que su problema de salud se resuelve.

•La creación de la red institucional y funcional del modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes en el municipio, cuya misión es prestar servicios de salud (promoción de la salud, prevención, tratamiento, seguimiento y asesoramiento) a los jóvenes, se materializa en seis algoritmos formalizados de dicho modelo (que especifican qué expertos prestan los servicios a un grupo de jóvenes determinado, en qué instituciones, cuándo lo hacen y a qué categoría pertenecen tales servicios). Uno de los algoritmos tiene como objetivo reducir los efectos negativos para la salud de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Se puede encontrar en http://sveikatostinklas.lt/lietuva/algoritmai/lytines-sveikatos-gerinimas/lytiskai-plintancios-infekcijos.

•La gestión del innovador portal web nacional de salud de los jóvenes, www.sveikatostinklas.lt, en el que los interesados pueden encontrar información fiable, sistemática, de fácil acceso y atractiva proporcionada por expertos en promoción de la salud y empoderamiento de los jóvenes para que elijan un estilo de vida saludable. Las siguientes secciones temáticas del portal están dedicadas a la salud reproductiva: anticoncepción (http://sveikatostinklas.lt/man-rupi/kontracepcija), relaciones sexuales (http://sveikatostinklas.lt/man-rupi/lytiniai-santykiai) y enfermedades de transmisión sexual (http://sveikatostinklas.lt/man-rupi/lytiskai-plintancios-infections).

Además, los municipios que implantan el modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes organizan cursos para supervisores, actos para jóvenes y capacitación para padres (por ejemplo, cómo hablar con los jóvenes sobre temas de salud sexual y reproductiva). Aunque el modelo no se lanzó hasta septiembre de 2015, 4.760 personas ya han recibido los servicios que en él se enmarcan, y casi 55.000 jóvenes (de 14 a 29 años de edad) participaron en actos y cursos de promoción de la salud. El número de visitantes del portal ha llegado a casi 36.000 y sigue aumentando de forma constante. Aunque la ejecución de los proyectos finalizó el 30 de abril de 2017, los 12 municipios se han comprometido a continuar estas actividades y lo están haciendo con buenos resultados. Además, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades iniciadas y el desarrollo del modelo de servicios de salud dirigidos a los jóvenes, se ha encomendado al Centro de Educación y Prevención en Salud la tarea de actuar como administrador y coordinador regional y nacional del portal.

Consideraciones relativas a la parte 37 de las Recomendaciones a Lituania. En el período 2011-2017, no se adoptaron propuestas legislativas que limitaran el derecho de las mujeres al aborto seguro y legal. El 14 de septiembre de 2016, el Parlamento aprobó la Ley de Inseminación Asistida. En 2014, la Sociedad Lituana de Obstetricia y Ginecología actualizó la metodología para el diagnóstico y tratamiento de la infecundidad, que aplican todos los profesionales sanitarios. El 14 de enero de 2015, esta metodología se publicó en el sitio web del Ministerio de Salud: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/Veiklos_sritys/Asmens_sveikatos_prieziura/Diagnostikos_metodikos_ir_rekomendacijos/Metodikos/nevaisingumo_diagn__ir_gydymo_metodika.pdf.

Los servicios de salud reproductiva prestados por médicos de familia y ginecólogos son gratuitos y están a disposición de todos los pacientes asegurados, incluidos los asegurados con fondos estatales. Un médico de familia, un obstetra o un ginecólogo pueden facilitar información sobre métodos anticonceptivos modernos y recetarlos. La metodología anticonceptiva preparada por los miembros de la Sociedad Lituana de Obstetricia y Ginecología se publicó en el sitio web del Ministerio de Salud a finales de 2016. Se encuentra disponible para todos los profesionales de la salud. Una disminución notable en el número de abortos solicitados por mujeres también puede considerarse un indicador indirecto del aumento de empleo de métodos anticonceptivos de uso común. Durante los últimos siete años, la tasa de abortos solicitados por mujeres se ha reducido más de 1,5 veces (anexo 29). El número de mujeres jóvenes (15 a 19 años) que dan a luz está disminuyendo (anexo 30).

En 2016, una empresa de estudios de mercado y de opinión pública, Spinter Tyrimai, llevó a cabo un estudio por encargo del Ministerio de Salud sobre el conocimiento y la disponibilidad de los anticonceptivos. El estudio reveló que las mujeres de 18 a 35 años, las personas encuestadas con un alto nivel educativo y quienes residen en áreas metropolitanas sabían más sobre las opciones de anticonceptivos. Según el estudio, un 97 % de los encuestados conocían los anticonceptivos masculinos; un 57 %, las píldoras anticonceptivas hormonales; un 41 %, los DIU hormonales; y un 36 %, los anticonceptivos de emergencia hormonales. Las personas encuestadas comprendidas entre los 26 y los 35 años de edad, así como las procedentes de poblaciones urbanas, informaron de una mayor disponibilidad de los anticonceptivos. El 43 % de las personas encuestadas indicaron que tenían acceso a muchos de los anticonceptivos clásicos o incluso a los más modernos, y solo el 1 % de ellas comunicaron dificultades para acceder a los anticonceptivos. El 45 % de las personas encuestadas consideraron que esta pregunta no era pertinente. Casi la mitad de las personas encuestadas (48 %) que informaron de dificultades para acceder a los anticonceptivos afirmaron que los anticonceptivos modernos son demasiado caros. El 29 % de las personas encuestadas sostuvieron que no había suficiente información sobre estos instrumentos. El 16 % dijeron que los establecimientos donde podían obtener anticonceptivos con facilidad eran insuficientes o demasiado escasos.

Artículo 13

Las familias que crían a sus hijos en Lituania reciben prestaciones en efectivo. De conformidad con la Ley de Prestaciones por Hijos a Cargo, las personas que se ocupan de la crianza de los hijos o las hijas o los tutores de estos reciben las siguientes prestaciones del presupuesto estatal de la República de Lituania: una prestación única tras el nacimiento o la adopción de un hijo (11 veces la prestación social básica); una prestación por hijo a cargo (0,79 veces la prestación social básica); una prestación adicional por hijo a cargo en función de su edad (de 0,4 a 0,75 veces la prestación social básica); una prestación única por mujer embarazada (2 veces la prestación social básica); una prestación por hijo de soldado en servicio militar obligatorio (1,5 veces la prestación social básica); una prestación de servicios sociales por tutela (4 veces la prestación social básica); un complemento por derechos de matrícula para la prestación de servicios sociales por tutela (4 veces la prestación social básica); una prestación única para alojamiento (75 veces la prestación social básica); una prestación para el cuidado de un hijo perteneciente a una persona que está en período de formación o estudios (6 veces la prestación social básica; a partir del 1 de enero de 2018); y una prestación única para partos múltiples (4 veces la prestación social básica). A partir del 1 de enero de 2018, se introduce un nuevo tipo de prestación: la otorgada por adopción de niños (8 veces la prestación social básica), que se abona durante 24 meses.

Según la Ley de Prestaciones por Hijos a Cargo, las prestaciones se abonan a una de las personas encargadas de la crianza de los hijos (tutores). En los casos de padres divorciados, se tienen en cuenta los intereses del niño, por lo que las prestaciones se pagan a la persona con la que el niño (o los niños) reside(n) por decisión judicial. Otras prestaciones sociales destinadas a familias de bajos ingresos incluyen el apoyo social financiero: prestaciones sociales, gastos de calefacción de la vivienda, reembolso de los gastos de agua potable y agua caliente, comidas gratuitas de los alumnos en la escuela y una ayuda única para la adquisición del material escolar de los alumnos al comienzo del nuevo año académico (1,5 veces la prestación social básica).

Cualquiera de los miembros de la familia (uno de los cónyuges, uno de los cohabitantes o un hijo mayor de 18 años) o una persona soltera tienen derecho a solicitar la prestación de asistencia social financiera para las personas desfavorecidas. La finalidad de la prestación social financiera es apoyar a las familias de las personas que, por razones objetivas, carecen de suficientes medios de subsistencia; así, se vela por que todos los habitantes del país tengan garantizados los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas en igualdad de condiciones.

También se presta apoyo para la compra o el alquiler de un lugar de residencia, sin que haya discriminación por razón de género en su concesión. De conformidad con la Ley de Apoyo a la Adquisición o Alquiler de Vivienda, el principal criterio para determinar el derecho de las personas, incluidas las mujeres y las familias, a recibir apoyo para la compra o el alquiler de vivienda son los bienes y los ingresos. Las mujeres pueden utilizar los servicios bancarios en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación por razón de género. Los bancos comerciales, antes de conceder préstamos hipotecarios, se cercioran de la capacidad de una persona (mujer u hombre) o de una familia para devolver los préstamos para vivienda; es decir, se comprueba que los potenciales prestatarios cumplen lo establecido en el Reglamento de Préstamos. El artículo 3 de la Ley establece el principio de igualdad, en virtud del cual la ayuda para la adquisición o el alquiler de viviendas se concede garantizando la igualdad entre las personas y las familias. En el anexo 26 se presentan estadísticas generales sobre la asignación de prestaciones.

Artículo 14

A principios de 2018, según la Oficina de Estadísticas de Lituania, la distribución de la población lituana con residencia permanente era la siguiente: 1.884.722 habitantes en zonas urbanas y 924.179 en zonas rurales. En cuanto a las mujeres, 1.041.365 vivían en zonas urbanas y 470.243, en zonas rurales. En 2017, la tasa de desempleo entre los hombres de las zonas rurales era del 12,3 %, mientras que entre las mujeres era del 9,5 % (y en zonas urbanas, 6,6 % y 4,3 %, respectivamente). Un total de 894.700 habitantes urbanos (de los cuales 470.900 eran mujeres) y 343.500 habitantes rurales (de los cuales 150.400 eran mujeres) tenían empleo a tiempo completo. En las zonas rurales, hay más mujeres que hombres que trabajan a tiempo parcial.

El Programa de Desarrollo Rural para Lituania (2007-2013) prevé medidas como el apoyo a la colaboración y a las iniciativas públicas de la población rural (comunidades rurales), los representantes de los municipios y los empresarios locales. Para ello, se recurre a los medios formulados en el eje IV Leader del Programa de Desarrollo Rural para Lituania (2007-2013); la ejecución, por su parte, está basada en el principio del establecimiento de grupos de acción locales en las zonas rurales del país. Los objetivos del enfoque denominado eje IV Leader del Programa de Desarrollo Rural para Lituania (2007-2013) son apoyar la asociación entre diferentes sectores; promover el desarrollo sostenible de las regiones; reducir la exclusión de la población (en los binomios rural/urbano y hombre/mujer); desarrollar una comunidad rural tolerante, activa y organizada; promover la integración de las personas jóvenes en procesos sociales; y reforzar la cooperación entre diferentes grupos de edad de la población rural. Para alcanzar estos objetivos, revisten mucha importancia los principios de formación de los grupos de acción local que aplicarán el enfoque Leader: garantizar la representación de asociados de diversos sectores dentro de cada grupo; velar por la igualdad de género (con al menos un 40 % de los representantes del mismo género); y asegurar la participación de los jóvenes.

A fin de promover el empleo de las mujeres de las zonas rurales en los sectores agrícola y no agrícola y diversificar sus fuentes de ingresos, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de las familias que viven en las aldeas, cabe destacar que ninguna ley impone restricción alguna a las posibilidades de participación de las mujeres lituanas, en general, y de las mujeres lituanas de las zonas rurales, en particular, en diversos sectores económicos. Las mujeres pueden darse de alta como empresarias individuales o crear una pequeña empresa sin sufrir ningún trato discriminatorio frente a los hombres: la expedición de certificados de empresa y de autoempleo de las personas que tengan residencia permanente en Lituania, o la posibilidad de crear personas jurídicas de derecho privado, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, no dependen del género del solicitante en lo que atañe a diferentes tipos de actividades no agrícolas.

El territorio de los grupos de acción local abarca el 99 % del territorio rural de Lituania. Durante el período de financiación 2007-2013, las estrategias de desarrollo local se centraron especialmente en el desarrollo y la gestión de infraestructuras. No obstante, la mayoría de los proyectos locales se ejecutaron con los siguientes objetivos: aumentar la inclusión social, especialmente de los grupos marginados, incluidas las mujeres y las personas jóvenes de las zonas rurales; mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales; y desarrollar infraestructuras para la prestación de servicios sociales (como guarderías para niños y niñas en edad escolar, y centros de acogida de emergencia para familias en situación de crisis, por casos de violencia doméstica, entre otros).

En 2016, a fin de aplicar el Plan de Acción para el Cuarto Programa “Apoyo a Proyectos de Diversificación de Actividades y Promoción de Pequeñas Actividades Empresariales No Agrícolas de Mujeres y Hombres en Pequeñas Aldeas y Zonas Rurales de Lituania”, se concedió apoyo a 17 proyectos, de los cuales 5 fueron ejecutados por mujeres (572.234 euros) y 12 por hombres (1.654.731 euros). Los proyectos de las mujeres incluían servicios de turismo y otras iniciativas de alojamiento para estancias breves. Entre los proyectos ejecutados por hombres, figuraron los siguientes: servicios de turismo y otras iniciativas de alojamiento para estancias breves; gestión y eliminación de residuos; embalaje y empaquetado; y actividades relacionadas con la construcción.

En las zonas rurales y urbanas de Lituania, todas las mujeres tienen el mismo derecho a utilizar los servicios de salud. Existe en el país una red desarrollada de instituciones de atención primaria de la salud. Hay unos 525 centros médicos en las zonas rurales de Lituania, en los que trabaja personal comunitario de enfermería y a los que acuden periódicamente, 1 o 2 veces por semana, especialistas en medicina de familia. En caso necesario, las mujeres se remiten a otros centros sanitarios del distrito, la región o el país para consultas o tratamientos médicos.

El derecho a utilizar directamente la seguridad social está garantizado a todo el mundo, independientemente de su género. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Seguridad Social del Estado, las personas que trabajan en el sector agrícola y sus socios cuentan con un seguro que cubre las partes básica y complementaria de la pensión, así como un seguro social de enfermedad y maternidad limitado a las prestaciones de maternidad, paternidad y cuidado del niño, además de un seguro médico.

Según datos preliminares de la Oficina de Estadísticas de Lituania, en 2017 había 116 instituciones subordinadas de atención social para los ancianos, con 5.701 plazas, y 23 residencias de vida independiente para los ancianos y personas con discapacidad, con 533 plazas. Además, en todos los municipios se prestan servicios domiciliarios de asistencia, asistencia social o ayuda integral a las personas. Los municipios que reciben una solicitud (presentada por un miembro de la familia, tutor y otra persona interesada) de recepción de servicios sociales averiguan qué necesidades tiene el potencial beneficiario de estos, organizan los servicios apropiados de acuerdo con los intereses de la persona destinataria y financian parcialmente la prestación de tales servicios.

Cabe señalar que los servicios de asistencia social de los centros de atención para personas ancianas y mujeres (niñas) con discapacidad se organizan y prestan sin segregación por razón de género: una persona se incluye en la lista de espera de tales centros en función de la fecha en que se aporta la documentación requerida, y los servicios se prestan en función de las necesidades de la persona en cuestión, detectadas tras la evaluación pertinente (anexo 34).

Consideraciones relativas a la parte 39 de las Recomendaciones a Lituania: En 2012 se aprobaron directrices estratégicas para la desinstitucionalización de los centros de asistencia social para niños y niñas con discapacidad, niños y niñas sin atención parental y adultos con discapacidad. En 2014 se aprobó el Plan de Acción para la transición del cuidado institucional a los servicios familiares y comunitarios para las personas con discapacidad y los niños y niñas sin atención parental correspondiente al período 2014-2020. En 2017, se reorganizaron las instituciones de asistencia social con el objetivo de crear un sistema coherente y coordinado de asistencia y servicios que permitiera a todos los niños y niñas con discapacidad sin atención parental o de personas con discapacidad recibir servicios y asistencia personalizados según los necesitaran, así como participar en la vida comunitaria. Con este fin, se están desarrollando nuevos modelos de servicios comunales: hogares comunitarios, hogares infantiles comunitarios, hogares comunitarios para quienes pueden llevar una vida independiente y otros servicios prestados en viviendas residenciales. El propósito de los servicios comunitarios es proporcionar a las personas con discapacidad un ambiente parecido al de un hogar o al del entorno familiar, y promover o desarrollar su autonomía. A finales de 2017 y en el marco de la prestación de servicios de atención, se crearon 11 hogares residenciales comunitarios que acogían a 10 niños y niñas y a 62 adultos con discapacidad. La ampliación del repertorio de servicios e infraestructura comunitarios no solo atenderá las necesidades de las personas que actualmente viven en instituciones (incluidas mujeres con discapacidad), sino que también garantizará que las personas con discapacidad que viven en la comunidad reciban los servicios sociales necesarios y puedan residir en ella el mayor tiempo posible sin atención institucional.

El Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de Lituania financia la asistencia psicológica por teléfono a los residentes del país mediante cinco líneas de ayuda: la de la juventud, la de los niños y niñas, la de la esperanza, la de las mujeres (que, al igual que la línea de la esperanza, funciona las 24 horas del día) y Linija Doverija.

Artículo 15

El 26 de marzo de 2015, el Parlamento aprobó una reforma del Código Civil y la legislación conexa que tenía como objetivo aplicar el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, relativo a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y a modificar la normativa de la limitación de la capacidad jurídica. El 1 de enero de 2016 entraron en vigor nuevos cambios en la normativa. Los principios básicos de la reforma conciernen al hecho de que la capacidad jurídica de la persona debe limitarse lo menos posible, y que las medidas que limitan dicha capacidad jurídica, cuando resulten necesarias, han de tener el máximo grado posible de personalización, esto es, deben adaptarse a la situación particular de la persona y estar plenamente justificadas. Todas las dudas sobre la conveniencia o el carácter razonable de la limitación de la capacidad jurídica deben resolverse en favor de la persona presuntamente incapacitada en un ámbito determinado. El objetivo de la reforma consiste en aplicar tanto nuevas normas de derecho sustantivo como una serie de disposiciones especiales de derecho procesal. El Código Civil establece nuevas figuras jurídicas: 1) la asistencia en la adopción de decisiones y 2) la designación previa.

Las solicitudes anticipadas, su registro, modificación, adición y cancelación están reguladas en los artículos 2.1371 a 2.1373 del Código Civil. Los artículos 3.2791 a 3.2793 del Código Civil regulan la figura jurídica de la asistencia en la adopción de decisiones. Se establecen los supuestos de invidualización de las medidas de limitación de la capacidad jurídica aplicadas a una persona concreta, y se dispone que la limitación o retirada de la capacidad jurídica de la persona en cuestión solo podrían realizarse en determinados ámbitos; de este modo y en la medida de lo posible, se protegen al máximo los derechos de la persona y se minimiza la limitación de su capacidad, y se vela por la proporcionalidad y validez de esta limitación. Cabe señalar que la capacidad jurídica de la persona solo puede limitarse por una decisión judicial.

El derecho de propiedad se rige por el Capítulo V del Cuarto Libro del Código Civil, que no contiene ninguna disposición discriminatoria por razón de género o edad. El derecho sucesorio está regulado en el Libro Quinto del Código Civil, que carece de disposiciones discriminatorias por razón de género o edad en esta materia. Las disposiciones especificadas del Código Civil no cambiaron en el período 2011-2017.

Artículo 16

Consideraciones relativas a la parte 41 de las Recomendaciones a Lituania: Los principios básicos y las disposiciones pertinentes relacionadas con la igualdad de derechos de mujeres y hombres no cambiaron en el período 2011-2017. Cabe señalar que el Código Civil no regula la edad máxima a la que se permite el matrimonio y, por lo tanto, no impone ninguna disposición discriminatoria por motivos de género o edad.

Consideraciones relativas a la parte 44 de las Recomendaciones a Lituania

Las Recomendaciones a Lituania se examinaron en diversos formatos. Se analizaron en la reunión de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades entre la Mujer y el Hombre del 21 de agosto de 2014. El 28 de agosto de 2018, a fin de llevar a la práctica las decisiones de esta reunión, el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo pidió por escrito a los ministerios que evaluaran las Recomendaciones a Lituania y formularan medidas para su aplicación mediante programas elaborados e implantados de conformidad con sus competencias. Las Recomendaciones a Lituania se distribuyeron en lituano a las instituciones estatales de todos los niveles.