Introducción

El informe inicial de la República de Letonia acerca de la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, (de aquí en adelante figurará como la Convención) que entró en vigor en la República de Letonia el 14 de mayo de 1992 sobre la base de disposiciones de la Convención y en cumplimiento de su artículo 18, contiene información sobre los actos jurídicos de la República de Letonia y sobre la actitud política y jurídica del país con respecto a la protección de los derechos de la mujer y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Para la elaboración del presente informe, se estableció un grupo de tareas especial integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Bienestar y el Ministerio de Cultura. De conformidad con el decreto No. 92 de 17 de marzo de 1998, sobre la representación del Gabinete de Ministros ante Instituciones Internacionales de Derechos Humanos, un representante autorizado por dicho Gabinete encabezó el grupo de tareas. Las observaciones y propuestas relativas al informe redactado por el grupo de tareas fueron presentadas por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Letonia, la Oficina Nacional de Derechos Humanos, la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género, la Asociación de Letonia de Planificación de la Familia e Higiene Sexual “Papardes Zieds” (Flor de Helecho), el Centro de Recursos para la Mujer ”Marta” y la Asociación de Sindicatos Libres.

El informe actualizado, que contiene el informe inicial e informes periódicos segundo y tercero combinados, fue examinado y aprobado por el Gabinete de Ministros el 16 de abril de 2003.

Artículo 1

Desde el restablecimiento de la independencia, Letonia ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben toda forma de discriminación, incluida la discriminación contra la mujer en todas sus manifestaciones sociales, económicas y políticas. Letonia está comprometida a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 20 de diciembre de 1952. Además cabe señalar que Letonia ha ratificado la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales cuyo artículo 14 prevé el ejercicio de los derechos y las libertades mencionados en la Convención sin discriminación de ninguna índole.

En la Satversme (Constitución) de Letonia se prescribe que “el Estado reconocerá y protegerá los derechos humanos fundamentales de conformidad con la presente Constitución, las leyes y los tratados internacionales de cumplimiento obligatorio por parte de Letonia” y se estipula, además del principio de la prohibición de la discriminación y el principio de la igualdad, que “todas las personas en Letonia gozarán de los mismos derechos ante la ley y los tribunales. El goce de los derechos humanos no estará limitado por discriminación alguna”. Así pues, las mujeres en Letonia gozan de todos los derechos en las diversas esferas de los derechos humanos pre s critos por el Capítulo de la Constitución relativo a los derechos humanos fund a mentales.

En la legislación de Letonia no se prevé ninguna restricción al goce o ejercicio por la mujer de sus derechos en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Artículo 2

El ejercicio de los derechos de las personas sin ninguna discriminación está garantizado a nivel constitucional por el artículo 91 de la Satversme (Constitución), incluido en su capítulo 8. En sus observaciones acerca del proyecto de informe nacional de Letonia sobre la aplicación de la Convención, la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que los actos jurídicos de Letonia no contienen definición de discriminación indirecta. En tal sentido cabe destacar que dicha definición figura en la nueva Ley del Trabajo, que entró en vigor el 1° de junio de 2002.

Asimismo la prohibición de la discriminación contra la mujer figura en otras disposiciones normativas en esferas concretas de los derechos humanos, por ejemplo, la Ley sobre Educación estipula que todos los ciudadanos de la República de Letonia y toda persona que reúna las condiciones necesarias para obtener pasaporte de no ciudadano emitido por la República de Letonia, o que haya recibido el permiso de residencia permanente, así como los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que hayan obtenido un permiso de residencia temporal y sus hijos gozan de los mismos derechos de recibir enseñanza independientemente de su condición material y social, raza, nacionalidad, género, afiliación religiosa y política, estado de salud, ocupación y lugar de residencia.

La Ley sobre Radio y Televisión estipula que un programa no puede contener incitación al odio por motivos nacionales, raciales, de género o religiosos que causen humillación del honor y la dignidad nacionales. La Ley sobre Publicidad estipula que en la publicidad está prohibido expresar discriminación contra una persona por motivos raciales, el color de la piel, su género, edad, afiliación religiosa o política o de otra índole, origen nacional o social, condiciones materiales u otras circunsta n cias.

En la Constitución se dispone que toda persona goza del derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal. En Letonia no se puede privar a ninguna persona de libertad y la libertad no se puede restringir de ninguna manera salvo las previstas por la ley. Ni el Código de Procedimiento Penal ni el Código de Procedimiento Civil contienen normas que priven a las mujeres de ciertos derechos o restrinjan el goce de determinados derechos por motivos de diferencias de género.

La Ley sobre el Poder Judicial establece los principios básicos del Poder Judicial, estipula que todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales y que gozan de los mismos derechos con respecto a la protección de la ley. En Letonia los tribunales dictan sentencia independientemente del origen de la persona, de su condición social y material, su raza y nacionalidad, género, educación, idioma, afiliación religiosa, tipo y naturaleza de su ocupación, lugar de residencia, opiniones políticas o de otra índole. Ese principio básico del Poder Judicial garantiza a las mujeres, independientemente de su ocupación, origen, afiliación social, religiosa o cultural, el derecho a proteger sus derechos y libertades fundamentales en las instituciones de carácter jurídico de Letonia en un pie de igualdad con los hombres.

Las medidas adoptadas por instituciones y organismos públicos están determinadas por normas que reglamentan su aplicación y están subordinadas a la Constitución y armonizadas con ella, lo que asegura la observancia del principio de igualdad de género. Las normas legislativas necesarias para la eliminación de la discriminación contra la mujer por parte de cualquier persona, empresa u organización están incluidas en las medidas legislativas pertinentes.

Tanto en las costumbres arraigadas en la comunidad como en la práctica del ejercicio de los derechos se evita hacer hincapié en el papel del género en lo que respecta a la posibilidad de gozar de diversos derechos. Ni el Código Penal de Letonia ni el Código de Procedimiento Penal prescriben normas jurídicas que sean discriminen contra la mujer.

Artículo 3

Letonia ha establecido una base normativa para promover la igualdad del hombre y la mujer, prohíbe la discriminación por motivo de género y prevé la reglamentación jurídica necesaria para el desarrollo de la mujer.

Hasta enero de 1999, el Departamento de Formulación de Políticas Sociales del Ministerio de Bienestar era el organismo responsable de coordinar la cuestión de la igualdad de género en el país. En 2000 se estableció la División de Integración Pública de Igualdad de Género.

Las principales tareas del coordinador sobre la cuestión de la igualdad de género son las siguientes: coordinar la cuestión de la igualdad de género en el Ministerio de Bienestar y cooperar con otras instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales; organizar seminarios, reunir y organizar materiales sobre cuestiones de igualdad de género y tendencias del desarrollo al respecto; colaborar con organizaciones internacionales y sus expertos sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de género; formular propuestas y proyectos relativos a cuestiones de la igualdad de g é nero.

El 16 de octubre de 2001 el Gabinete de Ministros aprobó el Concepto de la aplicación de la igualdad de género en Letonia, que incorpora el mecanismo institucional para abordar cuestiones de la igualdad de género. A fines de 2001 se estableció un grupo de trabajo sobre coordinación de la cuestión de la igualdad de género integrado por representantes de ministerios, organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación. Las funciones del grupo de trabajo consisten en elaborar un proyecto de programa para la aplicación de la igualdad de género y coordinar las actividades para incluir los principios de igualdad de género en los documentos de políticas y en las medidas políticas vigentes y previstas. En sus observaciones sobre el informe acerca de la aplicación de la Convención, la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que cuando se aprobó el concepto anteriormente mencionado, ciertas medidas como el establecimiento del Centro para la promoción de la igualdad de género y la creación de un mecanismo para examinar controversias relacionadas con el género no se aceptaron. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género cree que esa decisión se debería considerar nuevamente en el futuro, ya que se prevé que todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que crear instituciones que promuevan la igualdad de género.

La Oficina Nacional de Derechos Humanos, a su vez, dice que la igualdad de género se garantiza oficialmente mediante los actos jurídicos vigentes, que son sólo una base para la igualdad efectiva del género en todos los aspectos de la vida. La Oficina Nacional de Derechos Humanos señala que se debe prestar especial atención a la aplicación práctica de esas disposiciones jurídicas.

Las actividades concretas realizadas en diversas esferas para asegurar el desarrollo y adelanto amplios de la mujer a fin de garantizar a ésta el goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en un pie de igualdad con el hombre se describen más adelante en el examen de artículos concretos de la Co n vención.

Artículo 4

Como la igualdad de género está garantizada a nivel constitucional, las medidas concretas destinadas a promover la igualdad de facto no son características de Letonia. La información sobre diversas actividades realizadas para asegurar el desarrollo y adelanto de la mujer en diferentes esferas figura en los artículos concretos de la Convención.

Artículo 5

La conducta cultural y social de hombres y mujeres en Letonia ha sido determinada por su historia y cultura nacionales, que a su vez han sido influenciadas por los diversos regímenes políticos que existieron en el territorio de Letonia y por las formas culturales dominantes. La consecuencia más importante que cabe mencionar es la cultura tradicional de los antiguos habitantes étnicos de Letonia, las tradiciones cristianas y las normas del derecho canónico, la tradición de democracia y autoritarismo durante el período de Estado independiente entre las guerras mundiales primera y segunda, la cultura del período soviético, la posición de la mujer en la comunidad, así como la tradición de cultura política y de la comunidad establecidas desde el restablecimiento de la independencia.

La base cultural tradicional de los antiguos habitantes étnicos de Letonia es la familia patriarcal de campesinos en que la mujer principalmente desempeña el papel de madre. En ese contexto la mujer goza de un respeto especial y recibe privilegios; sin embargo, en la estructura social de Letonia la mujer ocupa el lugar característico del modelo de familia patriarcal.

Los efectos de las tradiciones cristianas y las normas del derecho canónico sobre el papel de la mujer en la sociedad en el territorio de Letonia básicamente están relacionados con la influencia del catolicismo (en Latgale, zona oriental de Letonia) y el luteranismo (en Kurzeme y Vidzeme, zonas septentrional y occidental respectivamente de Letonia), que son las creencias más difundidas en Letonia. Sin embargo, durante el período soviético esa tradición perdió gran parte de su influencia.

Las tradiciones democráticas y las tradiciones de igualdad de género durante el período en que el territorio de Letonia era parte del Imperio Ruso se desarrollaron a un ritmo relativamente más rápido, a consecuencia de un nivel de vida y de educación superiores de la población. La actividad de ambos géneros durante la revolución de 1905 y durante el proceso de formación de una sociedad civil hasta principios de la primera guerra mundial se puede considerar la primera confirmación del hecho de que esas ideas se habían arraigado en la comunidad.

En 1918 al fundarse el Estado las mujeres adquirieron derechos políticos y civiles en un pie de igualdad con los hombres, derechos éstos que también se ejercieron extensamente durante el período de democracia así como durante el período de autoritarismo.

Durante el período soviético, se cultivó un concepto brutal de la igualdad de hombres y mujeres, que a menudo tuvo como resultado una igualdad desatinada de las funciones sociales, que no tenía en cuenta las necesidades fisiológicas y psicológicas concretas de la mujer. Aunque este concepto se basaba en el reconocimiento universal de los derechos de la mujer y en su aplicación, en la práctica tuvo el efecto opuesto y degradó a la mujer como miembro de pleno derecho de la sociedad.

Desde el restablecimiento de la independencia en 1991, la actitud con respecto a la cuestión de la igualdad de género en Letonia está cambiando lentamente. La comunidad tiene acceso a materiales sobre el movimiento feminista y a actividades de las organizaciones de la mujer, a movimientos y actividades de los partidos políticos y de las asociaciones que están relacionadas con los cambios de estereotipos. En general, todos los medios de difusión gradualmente y cada vez más coherentemente revelan un cambio de los estereotipos en la actitud de la opinión pública con respecto a la cuestión de la igualdad de género. Se ofrecen diversos modelos de relaciones mutuas al abordar la cuestión de la igualdad de género y este problema recibe una evaluación más tolerante. Cada vez con más frecuencia se hace hincapié en la importación de la elección individual de la mujer. Desde mayo de 2000 funciona en Letonia la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género que, en su carácter de organización no gubernamental, ayuda a las instituciones del Estado a promover la igualdad de género.

Las mujeres en Letonia participan en la solución de problemas relativos a la igualdad de género directa e indirectamente. Se organizan conferencias para el examen de la cuestión (en mayo de 2001 se celebró la primera conferencia nacional sobre igualdad de género organizada conjuntamente por el Ministerio de Bienestar y la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género). Las escritoras, las filósofas, las actrices, las mujeres que participan en el comercio y la política cuando expresan públicamente su opinión y su actitud con respecto a la vida reafirman la capacidad intelectual de la mujer y la diversidad de opinión sobre la cuestión de la igualdad de género.

29.Una consecuencia importante de la opinión expresada en los medios de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad es el hecho de que las revistas y los periódicos más populares de Letonia son administrados con éxito por mujeres y que su éxito comercial ha contribuido más a eliminar estereotipos sobre la división habitual de funciones en la sociedad que los artículos y las publicaciones aislados. Por ejemplo, la Jefa de Redacción del “Diena” – el periódico de mayor circulación de Letonia – es la Sra. Ēlerte. Asimismo, la editorial “Žurnāls “Santa”” que publica la mayor parte de las revistas semanales y mensuales de hombres y mujeres de mayor circulación está encabezada por la Sra. Dancberga-Anča. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género reconoce en sus observaciones sobre el proyecto de informe nacional de Letonia acerca de la aplicación de la Convención que algunas mujeres en puestos destacados no pueden desarraigar los estereotipos vigentes en general; a los fines de la comparación se refieren también a los datos que figuran a continuación y proceden del informe sobre las mujeres empleadoras y las mujeres que ocupan puestos importantes en la administración pública. Asimismo la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que hasta ahora la difusión de publicaciones sobre la igualdad de género ha tenido consecuencias insignificantes y que a fin de cambiar la opinión del público sobre lo que es apropiado para la mujer y para el hombre es preciso reconocer la necesidad de realizar una labor sistemática y que no sólo se ocupen de ello las organizaciones no gubernamentales.

30.En Letonia hay dos canales nacionales de televisión y dos canales comerciales importantes de televisión. La mayor parte de los periodistas que trabajan en los servicios de noticias, en los programas culturales y artísticos y en los programas para la familia son mujeres. Las transmisiones presentadas por ambos tipos de canales de televisión para las familias hacen hincapié en la igualdad de responsabilidad y de atención de la familia por parte del padre y de la madre y en la importancia de la igualdad de oportunidades en el ejercicio de una carrera profesional.

La difusión de programas radiales por parte de la Radio Nacional de Letonia y las estaciones comerciales de radio refleja una situación semejante; se puede observar que se hace hincapié en las cualidades profesionales de la mujer y sus posibilidades de ejercer una carrera. Más frecuentemente en los debates sobre temas de interés público, en las transmisiones radiales se reconoce que el derecho de la mujer a la libertad de elección es un valor importante.

La opinión pública en Letonia está influenciada también por el aumento de la colaboración entre Letonia y los países escandinavos, en los que el movimiento de emancipación de la mujer tradicionalmente ha sido importante y ha demostrado su relevancia y sostenibilidad. Se celebraron conferencias con la participación de mujeres de los países nórdicos y bálticos. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que diversos representantes de Letonia participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Beijing en 1995 así como en las actividades de Beijing+5 en 2000 (en Nueva York, Ginebra y Vilnius).

En sus observaciones, la Oficina Nacional de Derechos Humanos informa que recibió un número reducido de denuncias sobre violencia en la familia, pero aunque las denuncias o los casos trágicos de violencia en la familia sean pocos, el hecho de que no se hayan resuelto oportunamente revela que la discriminación contra la mujer en materia de seguridad personal es un verdadero problema en Letonia. Aunque los actos jurídicos prevén responsabilidad criminal por la violencia física, a juicio de la Oficina Nacional de Derechos Humanos, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en Letonia no prestan suficiente atención a las manifestaciones de violencia física en las familias si las lesiones corporales sufridas por la mujer no se pueden considerar graves o por lo menos moderadas. Además, los actos jurídicos no definen la violencia psicológica en el trabajo o en la familia ni sirven de mecanismo de prevención contra este tipo de violencia. La Oficina Nacional de Derechos Humanos considera que esos factores contribuyen a la renuencia de las mujeres a informar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley sobre casos de violencia. Para solucionar ese problema es necesario que el Estado preste su apoyo, que las víctimas de la violencia reciban asistencia social municipal y estatal, que se introduzcan enmiendas en el Código Penal y que la policía cambie de actitud y considere que esos actos de violencia no son simplemente un problema familiar, sino un delito.

A fin de solucionar el problema de la violencia contra la mujer en la familia, la Junta Policial Central de la Policía Estatal colabora desde hace muchos años con los centros de crisis denominados “Skalbes”, cuyos empleados (psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que prestan asistencia anónima a las personas en situaciones de crisis) organizan seminarios de enseñanza e información para los oficiales de la policía estatal con respecto a la reacción de las personas en situación de crisis, la violencia en la familia y el control del estrés. Como parte de esta cooperación, en 2002, por ejemplo, dos grupos de oficiales de la policía estatal integrados por mujeres recibieron entrenamiento para tratar a las víctimas de abuso sexual. Como resultado de ese entrenamiento, las mujeres que sufrieron abuso sexual tienen ahora en Riga, el distrito de Riga, Jūrmala y Valmiera la posibilidad de dirigirse a oficiales de la policía que son mujeres y que gracias a esos cursos de entrenamiento han adquirido técnicas de comunicación para tratar a las víctimas de abuso sexual y estrategias para reducir el estrés. Asimismo, la policía estatal colabora con otras organizaciones no gubernamentales, como el Centro Médico de la Mujer en la esfera de asistencia médica y psicológica destinada a las mujeres que son víctimas de abuso sexual y violencia, la Fundación Soros de Letonia en la participación de proyectos comunes en diversas esferas, así como el Centro de Rehabilitación Social para el intercambio de información y la prestación de asistencia a las mujeres que son víctimas de la violencia. Además se han establecido grupos interdisciplinarios en los que personal médico, junto con empleados de organizaciones de asistencia psicológica y social analizan con oficiales de la policía estatal y la policía municipal cuestiones problemáticas y consideran cada acto concreto de violencia en la familia. También se ha logrado la participación de psicólogos en la policía estatal y la policía municipal, que realizan verificaciones esporádicas conjuntas para prestar la asistencia necesaria a las esposas en una situación concreta. De conformidad con datos del Centro de Información del Ministerio del Interior sobre los delitos cometidos en la familia, en 2000 hubo tres procedimientos penales relativos a la violencia en la familia, pero en 2001 ya hubo 13 procedimientos penales. Esta información revela que las mujeres que son víctimas de la violencia confían cada vez más en la policía y son más valientes, informan sobre los actos de violencia cometidos y los oficiales de la policía tienen más información acerca de ese problema.

La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que el estudio sobre percepción y actitud de las personas con respecto a la cuestión de la igualdad de género realizado a fines de 2001 revela que la sociedad de Letonia cree que las restricciones basadas en el género persisten. En dicho estudio los habitantes de Letonia indicaron con suma frecuencia que se pueden observar diferencias en diversas restricciones con respecto a los derechos (60,2%) mientras que las restricciones con respecto a las oportunidades son menores (36,7%). Asimismo los participantes en el estudio reconocieron que en realidad las restricciones a las oportunidades son mayores para las mujeres (47,4%). La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género también considera que la utilización de términos como “literatura femenina”, “el mundo de la mujer” en los medios de difusión y el reconocimiento de la existencia de funciones sociales diferentes son aspectos negativos.

Artículo 6

Tras el restablecimiento de la independencia, Letonia contrajo compromisos internacionales para prevenir la explotación sexual de las personas. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 2 de diciembre de 1949 entró en vigor en Letonia el 13 de julio de 1992, y en virtud de dicho Convenio no se reconoce la prostitución como ocupación. La policía estatal comparte esa posición.

Con arreglo al artículo 11 del decreto No. 210 del Gabinete de Ministros de 22 de mayo de 2001 sobre restricción de la prostitución en Letonia, cualquier actividad de terceros que promueva la prostitución está prohibida. Esas disposiciones abarcan la gama de actividades prohibidas destinadas a promover la prostitución e incluyen el mantenimiento y la administración de casas de prostitución, la financiación a sabiendas o la participación en la financiación de esos establecimientos. La violación de dichas disposiciones implica responsabilidad administrativa y responsabilidad penal si esos actos se cometen repetidas veces en el curso de un año tras la imposición de la sanción administrativa.

Además, el Derecho Penal prescribe responsabilidad penal para otros delitos penales en materia de prostitución y de la explotación de la prostitución. El artículo 164 sobre la prostitución forzada prescribe la sanción correspondiente: privación de la libertad por un período de hasta tres años o detención o una multa que no exceda sesenta veces el salario mensual mínimo. Si una persona obliga a otra a ejercer la prostitución y a tal fin recurre de mala fe a la confianza de esta última o recurre al fraude o se aprovecha del hecho de que ésta depende del autor del delito o del estado de desamparo de la víctima está sujeta a una sanción que consiste en privación de la libertad por un período de hasta cinco años o una multa que no exceda 120 veces el salario mensual mínimo con incautación de la propiedad o sin ella. La incitación u obligación de un menor de 18 años de ejercer la prostitución o de proporcionar un local a menores con fines de prostitución se puede sancionar con la privación de la libertad por un período de hasta seis años con incautación de propiedad o sin ella. La incitación u obligación de un menor de 14 años de ejercer la prostitución o de proporcionar un local a menores con fines de prostitución se puede sancionar con privación de la libertad por un período de cinco a doce años con incautación de propiedad o sin ella.

El artículo 165 del Código Penal prescribe la responsabilidad de vivir de los beneficios de la prostitución. La persona que se aprovecha con fines de ganancias materiales de otra que ejerce la prostitución está sujeta a privación de la libertad por un período de hasta cuatro años con incautación de propiedad o sin ella. Los actos jurídicos de Letonia prescriben la privación de la libertad por un período de hasta ocho años y la incautación de propiedad como sanción para los mismos actos si han sido cometidos por un grupo de personas con arreglo a un acuerdo previo o si han sido cometidos contra a menores de 18 años. A su vez, si esos mismos actos han sido cometidos por un grupo de personas con arreglo a un acuerdo previo o si han sido cometidos contra menores de 14 años son sancionables con privación de la libertad por un período de cinco a doce años y la incautación de propiedad.

El artículo 165.1 del Código Penal, cuya versión enmendada entró en vigor el 15 de junio de 2000, reconoce que enviar a una persona al extranjero con fines de explotación sexual es un delito penal. En virtud de dicho artículo las personas culpables de enviar a una persona al extranjero con el consentimiento de ésta con fines de explotación sexual pueden ser sancionadas con privación de la libertad por un período de hasta cuatro años. Si los mismos actos han sido cometidos con fines de ganancias materiales o contra un menor son sancionables con privación de la libertad por un período de hasta diez años con incautación de propiedad o sin ella. Si los mismos actos son cometidos por un grupo organizado o si han sido cometidos contra un menor son sancionables con privación de la libertad por un período de ocho a quince años con incautación de propiedad.

La sanción correspondiente al delito de importación, producción, exposición, promoción o distribución de materiales pornográficos o eróticos que se relacionen con el abuso sexual de niños o lo representen, el bestialismo, la necrofilia o violencia de carácter pornográfico o la conservación de esos materiales con fines semejantes es la privación de la libertad por un período que no exceda tres años o una multa que no exceda 50 veces el salario mensual mínimo con incautación de propiedad o sin ella. Si el delito consiste en utilizar a menores en la producción o elaboración de materiales pornográficos o eróticos, la sentencia aplicable es la privación de la libertad por un período que no exceda seis años o una multa que no exceda 80 veces el salario mensual mínimo con incautación de propiedad o sin ella. La sanción para la utilización de menores en la producción o elaboración de materiales pornográficos o eróticos es la privación de la libertad por un período no menor de cinco años y que no exceda doce, con incautación de propiedad o sin ella.

Datos estadísticos sobre casos penales iniciados de conformidad con el Derecho Penal en que las víctimas son mujeres

	1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001
Artículo del Derecho Penal	reg.	pub.		reg.	pub.		reg.	pub.		reg.	pub.		reg.	pub.		reg.	pub.		reg.	pub.
Artículo 152 Privación ilícita de la libertad	-	-		5	3		-	-		7	6		2	-		5	3		6	6
Artículo 153 Secuestro	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		3	2		1	-
Artículo 155 Reclusión ilícita en un hospital psiquiátrico	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Artículo 164 Obligación a ejercer la prostitución	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		1	-
Artículo 165 Vivir de los beneficios de la prostitución	-	-		-	-		-	-		-	-		1	-		-	-		2	1
Artículo 165.1 Enviar a una persona al extranjero con fines de explotación sexual	-	-		-	-		-	-		-	-		1	-		-	-		1	1
Artículo 166 Sección 3 Violación de disposiciones sobre la importación, producción y distribución de materiales pornográficos y eróticos (aplicado a menores)	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Artículo 166 Sección 4 Violación de disposiciones sobre la importación, producción y distribución de materiales pornográficos y eróticos (aplicado a adolescentes)		-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Artículo 285 Transporte ilícito de una persona allende las fronteras estatales	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-

reg. = casos registrados.

pub. = casos publicados.

Aunque las leyes nacionales prescriben responsabilidad por el fomento de la prostitución y la trata de personas, en Letonia el turismo sexual y la trata de personas recientemente se han activado. Los grupos de delincuentes que se dedican a la trata de personas traen a Letonia mujeres de Belarús, Lituania, Rusia y Ucrania, y cuando dichas mujeres se encuentran desvalidas ejercen la prostitución o sirven de modelos para publicaciones eróticas y pornográficas. Las mujeres, entre ellas también las niñas menores de edad, son trasladadas a otros países o ejercen la prostitución allí – en la mayoría de los casos en países de Europa central y Escandinavia. La información sobre la participación de menores en la prostitución en Letonia es motivo de preocupación. Alrededor de un 10% a un 12% de las prostitutas de Letonia son niñas menores de edad. Las investigaciones revelan que las prostitutas menores de 16 años son las de mayor demanda en los clubes íntimos (clubes que ofrecen servicios sexuales). De los datos de las investigaciones sociales se desprende que la mayor parte de las niñas y las mujeres que ejercen la prostitución han sido víctimas de abuso sexual en su infancia; no tienen residencia permanente, ni empleo, ni ingresos, ni suficiente educación. Ese grupo de riesgo exigirá rehabilitación oportuna e integración social; sin embargo, en la actualidad, debido a la situación socioeconómica, Letonia no está en condiciones de prestar esos servicios en gran escala.

A fin de limitar la trata de personas con fines de explotación sexual se tomaron diversas medidas: las leyes de Letonia se armonizaron con las de la Unión Europea; se estableció una dependencia policial especial; se fortaleció la cooperación internacional de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes; se celebraron reuniones de información para evitar que las posibles víctimas acepten ejercer la prostitución; se promovió la cooperación con organizaciones no gubernamentales.

En la República de Letonia, una dependencia policial especializada – la Policía de la Virtud – se ocupa de prevenir la trata de personas y la explotación de la prostitución por terceros así como de la investigación y la coordinación de las investigaciones. Esa dependencia se estableció de conformidad con el Plan de Acción Co n junta aprobado por el Consejo Europeo el 24 de febrero de 1997 con arreglo al artíc u lo K3 del Acuerdo de la Unión Europea sobre medidas para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños. En 2001 se amplió la dependencia de la Policía de la Virtud (a 20 funcionarios) pero todavía sus actividades abarcan principalmente a Riga y no está en condiciones de abarcar las ciudades regionales más extensas.

El Grupo de Tareas de los países de la región del Mar Báltico que se ocupa de luchar contra la delincuencia organizada fomenta una cooperación más estrecha entre las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes. En la actualidad está elaborando propuestas para aumentar la cooperación de la policía de los Estados miembros, incluida la propuesta de considerar la prevención de la trata de mujeres como prioridad, promover el intercambio bilateral de información de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de los Estados miembros cuando investigan casos criminales; fomentar el intercambio de agentes policiales que investigan los casos y establecer dependencias conjuntas de investigación; exhortar a los expertos del Grupo de Tareas encargado de prevenir la trata de mujeres a que analicen la información obtenida más cuidadosamente e intercambien los resultados del análisis y que realicen inspecciones financieras adicionales durante el período de la investig a ción.

En cuanto a la Interpol, la Oficina de Letonia ha establecido una cooperación exitosa con los organismos encargados de hacer cumplir las leyes en diversos países al abordar cuestiones relativas a las investigaciones de casos relativos a personas enviadas al extranjero con fines de prostitución. Uno de los resultados más notables de la cooperación policial interestatal es la operación internacional denominada “la Ruta Española”. Comenzó en febrero de 2000 por iniciativa de oficiales de la policía de Interpol, la Oficina de Letonia y la Junta Policial de Daugavpils a fin de individualizar y eliminar a un grupo organizado internacional que se dedicaba a enviar mujeres de Letonia primero a Alemania y luego a España con fines de prostitución. Las Oficinas de Interpol de Alemania, España y Lituania y los organismos encargados de hacer cumplir las leyes de las respectivas regiones de esos países participaron en la operación. Como resultado de ésta, que duró más de un año, la Policía del Distrito de Daugavpils inició un proceso penal contra un ciudadano de Letonia que empleaba a mujeres para enviarlas al extranjero con fines de prostitución y cuatro personas que enviaban mujeres de Letonia a Alemania para que trabajaran en bares de “stripte a se” y otros lugares de diversiones fueron detenidas en Alemania.

Artículo 7

Letonia ha realizado las actividades necesarias para prevenir la discriminación contra la mujer en la vida política y pública.

El derecho de la mujer a votar y a ser elegida

No hay restricciones de los derechos electorales activos y pasivos en lo que respecta al género de la persona. La Constitución garantiza los derechos electorales activos a nivel constitucional y estipula que los ciudadanos de pleno derecho de Letonia que el día de las elecciones han cumplido 18 años tienen derecho a votar. En virtud de la Ley sobre las elecciones del Saeima (Parlamento), los ciudadanos de Letonia que el día de las elecciones han cumplido 18 años tienen derecho a votar, siempre que no se apliquen a ellos ninguna de las restricciones que figuran en el artículo 2 de dicha ley. Las siguientes personas no tienen derecho a votar: las personas que cumplen condena en la cárcel; los sospechosos, acusados o inculpados si han sido detenidos como medida de seguridad; las personas cuya incapacidad ha sido reconocida de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley.

Con arreglo a la ley sobre las elecciones al Concejo Municipal, el Consejo Regional y el Consejo Civil de la Parroquia, los ciudadanos de la República de Letonia que el día de las elecciones han cumplido 18 años tienen derecho a elegir el consejo, siempre que no se aplique a ellos ninguna de las restricciones que figuran en el artículo 6 de dicha ley. Esa ley dispone que las personas cuya incapacidad ha sido reconocida de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley no tienen derecho a votar. Asimismo las personas que cumplen condena en la cárcel así como los sospechosos, los acusados o los inculpados que han sido detenidos como medida de seguridad no tienen derecho a participar en las elecciones.

Cuando eligen el lugar en el que quieren participar en las elecciones del Saeima (Parlamento) o en los gobiernos locales las mujeres no están obligadas a votar en el lugar de residencia de los hombres de la familia; las personas gozan del derecho de elegir el lugar de votación independientemente de su género. La Ley sobre elecciones del Saeima estipula que en las elecciones parlamentarias una persona puede votar en cualquier mesa electoral del país. En el caso de las elecciones locales, la persona puede votar a su discreción en el territorio del gobierno local en el que ha registrado su residencia o tiene bienes raíces registrados en cumplimiento de los procedimientos prescritos por la ley. La persona que no tiene registro de residencia permanente el día de las elecciones tiene derecho a votar en el territorio administrativo del gobierno local en el que ha registrado su lugar de residencia la última vez.

Los derechos electorales pasivos de la mujer están garantizados por la Constitución, que estipula que cualquier ciudadano de Letonia que ha cumplido la mayoría de edad y el primer día de las elecciones parlamentarias tiene más de 21 años de edad puede ser elegido al Saeima. Cualquier ciudadano de Letonia que ha cumplido la mayoría de edad y el día de las elecciones locales tiene 21 años puede ser elegido para el gobierno local, siempre que se haya registrado en el territorio administrativo del gobierno local respectivo sin interrupción durante por lo menos los 12 últimos meses precedentes al día de las elecciones o que haya trabajado en dicho territorio por lo menos durante los seis últimos meses precedentes al día de las elecciones o sea propietario de bienes raíces en dicho territorio. Las restricciones de los derechos electorales pasivos son las mismas para ambos géneros.

Las siguientes personas no pueden ser elegidas al Saeima o Parlamento: las personas cuya incapacidad ha sido reconocida de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley; las personas que cumplen condena en la cárcel; las personas condenadas por delitos intencionales que también sean delitos en Letonia en el momento en que la presente ley entre en vigor; las personas cuyos antecedentes penales no han sido suprimidos o eliminados, salvo si han sido rehabilitadas; las personas que han cometido un delito penal en condiciones de capacidad limitada o que han contraído enfermedades mentales tras haber cometido el delito, lo que les ha privado de la capacidad de tener conciencia de sus acciones o controlarlas, y las personas a las que se les han impuesto medidas médicas coercitivas como resultado de su enfermedad o, si el caso se ha concluido, sin que se haya impuesto dicha medida coercitiva; los funcionarios o ex funcionarios de los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia o de contrainteligencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la República Socialista Soviética de Letonia (LSSR) o de un país extranjero; las personas que después del 13 de enero de 1991 participaron en el Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (el PC de la LSSR), el Frente Internacional de Trabajadores de Letonia, el Consejo Unido de Colectivos Laborales, la Organización de Veteranos de Guerra y del Trabajo, el Comité de Salvación de la Sociedad de Letonia o sus comités regionales; las personas que no dominan el idioma estatal con el más alto grado de competencia (tercer nivel). Las mismas restricciones se aplican a las elecciones de candidatos a gobiernos locales.

Cabe destacar que desde 1995 no se ha registrado ningún delito de los previstos en el artículo 90 del Derecho Penal – injerencia en el ejercicio del derecho a votar y el derecho a participar en referendos – en que las víctimas fueran mujeres.

De conformidad con los datos aportados por la Comisión Electoral Central sobre la participación de la mujer en las elecciones parlamentarias y locales, las mujeres desempeñan un activo papel en el ejercicio de sus derechos electorales pasivos (véase el cuadro).

	Mujeres		Hombres
	Candidatas		Elegidas		Candidatos		Elegidos
Elecciones locales de 1997	4.843 (41%)		No hay datos		7.099 (59%)		No hay datos
Elecciones del séptimo Saeima en 1998	288 (26,64%)		17 (17%)		793 (73,36%)		83 (83%)
Elecciones locales de 2001	5.933 (43,75%)		1.784 (41.15%)		7.627 (56,25%)		2.551 (58,85%)

Conviene observar que en comparación con el número de mujeres elegidas a los Saeimas quinto y sexto, el número de mujeres elegidas al séptimo Saeima ha aumentado: 15 mujeres fueron elegidas al quinto y al sexto. Como resultado de los cambios introducidos en la Cámara de Diputados en julio de 2001, una quinta parte, o sea 20 diputados, del séptimo Saeima eran mujeres. En un resumen de los resultados de las elecciones locales se observa que cuanto más pequeño es el gobierno local, mayor es la proporción de mujeres con respecto al número total de diputados. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género cree que si se compara el número de candidatas para elecciones parlamentarias con el número de candidatas para las elecciones locales se observa que todavía hay estereotipos en los partidos políticos con respecto a la igualdad de participación de ambos géneros en política. En el sexto Saeima se propuso que en las listas de candidatos de elecciones parlamentarias se determinara que no habría más de un 75% de candidatos y no menos de un 25% de candidatas. Esa propuesta no fue aceptada en el Saeima.

Las mujeres elegidas al Saeima participan activamente en la labor de las Comisiones del Parlamento. Diversas mujeres fueron presidentas de las siguientes Comisiones del séptimo Saeima: la Comisión de Mandatos y Solicitudes, la Comisión sobre la Aplicación de la Ley de Ciudadanía y la Comisión de Asuntos Sociales y Laborales (hasta su elección al Concejo de la Ciudad de Riga en marzo de 2001, la Comisión de Presupuesto y Finanzas también estaba presidida por una mujer. Diversas mujeres ocuparon puestos de Vicepresidentas de diversas comisiones, como la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Públicos, la Comisión de Asuntos Europeos, la Comisión sobre la Aplicación de la Ley de Ciudadanía y la Comisión sobre Economía Nacional, Agraria, Ambiental y de Desarrollo Regional. Además diversas mujeres ocuparon puestos directivos en tres de las siete facciones del séptimo Sae i ma.

Derechos de la mujer de participar en la formulación de política estatal y de ocupar cargos públicos

Las leyes de Letonia no imponen restricción alguna a la participación de la mujer en la formulación de política nacional ni a la posibilidad de ocupar cargos públicos. También puede desempeñar cualquier función pública en cualquier nivel de la administración pública.

Desde agosto de 1999 el puesto más alto del país – el de Presidente – está ocupado por una mujer que al mismo tiempo es también Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Cabe señalar que, según las estadísticas, desde su elección la Sra. Vaira Vīķe-Freiberga ha sido la personalidad política más popular de su país.

En Letonia, las mujeres también están representadas en el órgano principal del Poder Ejecutivo: el Gabinete de Ministros. Después del restablecimiento de la independencia en los dos primeros gobiernos las mujeres no estaban representadas en a b soluto pero en gobiernos ulteriores han ocupado diversos puestos (véase el cuadro).

	Número de Ministros en el Gobierno (incluidos ministros estatales y ministros de funciones especiales)	De los cuales son mujeres		Puestos ocupados por mujeres
Consejo de Ministros bajo la presidencia de I. Goidmanis (07/05/1990 a 03/08/1993)	30	0
Gabinete de Ministros bajo la presidencia de V. Birkavs (03/08/1993 a 19/09/1994)	27	0
Gabinete de Ministros bajo la presidencia de M. Gailis (19/09/1994 a 21/12/1995)	29	4		Ministra de Finanzas I. Sāmīte (26/05/1995 a 21/12/1995) Ministra de Reformas Estatales V.A. Tērauda Ministra Estatal de Asuntos de Reservas Externas I. Sāmīte (19/09/1994 a 21/12/1995) Ministra Estatal de Hacienda A. Poča
Gabinete de Ministros bajo la presidencia de A. Šķēle (21/12/1995 a 13/02/1997)	28	2		Ministra Estatal de Inversiones y Política Crediticia S. Jēgere Ministra Estatal de Hacienda A. Poča
Gabinete de Ministros bajo la Presidencia de A. Šķēle (13/02/1997 a 07/08/1997)	18	1		Ministra Estatal de Hacienda A. Poča
Gabinete de Ministros bajo la presidencia de G. Krasts (07/08/1997 a 26/11/1998)	17	2		Ministra de Cultura R. Umblija Ministra Estatal de Hacienda A. Poča
Gabinete de Ministros bajo la Presidencia de V. Krištopans (26/11/1998 a 16/07/1999)	21	6		Ministra de Economía I. Udre Ministra de Cultura K. Pētersone Ministra de Justicia I. Labucka Ministra Estatal de Hacienda A. Poča Ministra Estatal de Medio Ambiente I. Vaidere Ministra Estatal de Educación Superior y Ciencias T. Koķe
Gabinete de Ministros bajo la Presidencia de A. Šķēle (16/07/1999 a 05/05/2000)	14	2		Ministra de Educación y Ciencias S. Golde Ministra de Cultura K. Pētersone
Gabinete de Ministros bajo la presidencia de A. Bērziņš (05/05/2000 a 07/11/2002)	14	2		Ministra de Cultura K. Pētersone Ministra de Justicia I. Labucka

En lo que respecta a puestos de la administración pública del país no hay restricciones para la mujer. En virtud del artículo 7 de la Ley sobre la Administración Pública Estatal el aspirante a funcionario de la administración pública debe cumplir los siguientes requisitos:

ser ciudadano de la República de Letonia;

tener un perfecto dominio del idioma letón;

haber cursado estudios superiores;

no debe haber cumplido la edad de jubilación establecida por ley;

no haber sido condenado por delitos penales intencionales o si lo fue, haber sido rehabilitado; además su prontuario ha de haber sido eliminado o suprimido;

no haber sido despedido de su cargo de funcionario público tras un fallo en un caso penal;

no haber sido declarado incapaz de conformidad con el procedimiento prescrito por ley;

no ser ni haber sido funcionario de los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia o los servicios de contrainteligencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la LSSR o un país extranjero;

no ser ni haber sido miembro de organizaciones prohibidas por leyes o fallos judiciales;

no ser pariente del administrador de una institución o el superior directo (una persona casada con un funcionario público que es pariente político o pariente carnal en primer grado así como hermanos y hermanas). El Gabinete de Ministros puede establecer excepciones en los casos en que las respectivas instituciones no puedan garantizar el desempeño de sus funciones de ninguna otra manera.

Aunque no se han impuesto restricciones jurídicas o políticas respecto del género, actualmente la representación de las mujeres en comparación con la de hombres no es proporcional ni en las instituciones legislativas ni en los organismos ejecut i vos.

El cuadro representa un resumen de datos estadísticos sobre el empleo de los hombres y de las mujeres no sólo en organismos públicos, sino también en todas las esferas de la economía nacional, el comercio, las manufacturas y los servicios. (en miles de personas).

	Hombres	Mujeres
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Empleados en todos los tipos de actividades	534	520	527	537	535,1	533,5	511,3	497	509,0	505,9	502,7	504,4
Agricultura, caza y silvicultura	118	114	115	112	107,2	94,9	69,5	66,9	70,9	65,6	64,1	57,7
Agricultura y caza	105	101	102	99,9	94,0	81,4	67,8	65,2	69,2	63,9	62,4	55,3
Silvicultura	12,8	12,7	12,9	12,7	13,2	13,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	2,4
Pesca	4,5	4.4	4,8	4,8	4,5	4,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,7
Industria - Total	118	111	114	107	105,8	107,9	95,4	90,7	94,3	85,1	78,8	80,0
Industria minera y canteras	2,2	2,2	1,7	1,3	1,5	1,5	0,9	0,9	0,6	0,4	0,5	0,5
Industria de transformación	102	94,6	97,9	92,0	91,0	93,6	90,7	85,3	89,0	79,7	73,2	74,4
Energía eléctrica, abastecimiento de gas y de agua	13,4	14,4	15,3	14,0	13,3	12,8	3,8	4,5	4,7	5,0	5,1	5,1
Construcción	48,1	49,0	52,2	54,4	54,9	56,1	8,3	8,5	8,3	9,0	8,9	9,1
Ventas al por mayor y menor; reparación de automóviles, motocicletas, utensilios de uso individual electrodomésticos y equipo	56,9	51,2	57,9	68,2	69,7	73,9	89,7	85,2	94,0	100,3	100,2	100,0
Hoteles y restaurantes	5,8	5,2	5,3	4,8	5,4	5,7	17,2	15,3	15,6	17,6	18,5	19,9
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	60,7	59,4	59,2	59,6	58,1	56,3	31,3	30,6	29,8	30,4	30,1	29,1
Mediación financiera	4,8	5,0	5,1	5,6	5,1	5,4	9,1	9,7	10,0	9,7	10,4	11,0
Transacciones inmobiliarias, arrendamientos y otras actividades comerciales	27,6	22,6	21,6	26,8	31,0	32,3	22,6	18,5	16,5	20,3	21,7	24,7
Administración pública y defensa; seguro social obligatorio	33,6	35,9	36,9	37,3	35,8	35,9	23,5	25,1	26,2	26,3	28,1	27,6
Enseñanza	18,9	18,9	18,1	19,2	19,0	18,7	71,6	71,3	73,0	70,7	70,0	68,7
Salud y asistencia social	10,7	10,3	10,0	10,2	10,1	8,3	54,1	51,8	51,0	51,5	51,1	50,7
Otros servicios sociales e individuales	25,7	32,6	26,1	26,3	28,5	33,5	18,3	23,4	18,7	18,7	20,1	24,2

En las instituciones encargadas de adoptar decisiones la influencia de la mujer – que depende en gran medida de su experiencia, su percepción de la vida y su evaluación del entorno social – no está suficientemente representada. Es innegable que las decisiones que se toman a nivel nacional no reflejan toda la gama de opiniones. En tal sentido las organizaciones no gubernamentales de Letonia, encabezadas por mujeres, son cada vez más activas.

El cuadro que figura a continuación muestra la proporción de mujeres en la policía estatal (en Letonia en su conjunto, en Riga y en las juntas policiales regionales) durante el período comprendido entre 1995 y el 1° de enero de 2002.

	1995 (%)	1996 (%)	1997 (%)	1998 (%)	1999 (%)	2000 (%)	2001 (%)
Letonia	13,7	14,2	16,5	18,1	18,2	19,1	19,2
Riga	20,6	22,3	23,3	22,9	24,2	24,9	26,2
Regiones	11,4	14,7	14,7	14,5	14,5	15,5	15,4

Los funcionarios policiales están clasificados por categorías de servicios especiales y están divididos en dos grupos: sargentos y oficiales. El cuadro que figura a continuación muestra la proporción de mujeres en cada grupo.

		1997 (%)	1998 (%)	1999 (%)	2000 (%)	2001 (%)
Letonia	Oficiales	23,5	26,5	25	26,5	25
Sargentos	9,6	9,8	11,4	11,7	13,5
Riga	Oficiales	35	35,2	30,3	31,7	28,8
Sargentos	11,6	10,6	18,2	18,2	23,7

Derecho de la mujer a participar en la labor de organizaciones no gubernamentales

La participación de la mujer en las actividades de las organizaciones no gubernamentales no está limitada. La Ley sobre Organizaciones no Gubernamentales y sus Asociaciones estipula que una persona que ha cumplido 16 años puede ser miembro de una organización no gubernamental; todos los miembros de organizaciones no gubernamentales gozan de los mismos derechos.

Artículo 8

Los derechos irrestrictos de la mujer de representar al país en el plano internacional y participar en la labor de organizaciones internacionales dimanan del hecho de que no se restringe la participación de la mujer en la vida política del país. Las medidas legislativas que reglamentan la representación del país en el plano internacional no prescriben restricción alguna respecto del género de la persona que representa al país.

Actualmente Letonia está representada internacionalmente a nivel presidencial por Vaira Vīķe-Freiberga, Presidenta del Estado, así como por las Ministras de Cultura y Justicia dentro del marco de su respectiva competencia.

De conformidad con la Ley sobre Servicio Diplomático y Consular, cualquier ciudadano de Letonia que ocupe el puesto de funcionario en la oficina central del Ministerio de Relaciones Exteriores o en las oficinas consulares diplomáticas en el extranjero puede prestar servicios en el servicio diplomático de Letonia.

Además cabe señalar que hay un número relativamente elevado de mujeres que trabajan en el servicio diplomático de Letonia y representan a su país como embajadoras o ocupan otros puestos diplomáticos. En 2001 había un 61,1% de mujeres que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Del total de funcionarios que trabajan en representaciones del país en el extranjero el 52,4% eran mujeres. Cinco Embajadoras representan a la República de Letonia en ese nivel (la Embajadora de Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Liechtenstein, la Embajadora de Francia, la Embajadora de Croacia y de la República Checa, la Embajadora de España y la Embajadora de Lituania), lo que constituye un 13,7% del total embajadores de Letonia. Además, Letonia está representada por mujeres en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y tiene una Encargada de Negocios permanente en la Organización Mundial del Comercio. Conviene recordar que los países y las organizaciones internacionales mencionados anteriormente son importantes asociados de cooperación de Letonia. La representación de su país es un paso importante para la mujer, que representa al Gobierno en el plano internacional.

Los representantes diplomáticos de Letonia que trabajan en el exterior reciben beneficios, lo que les permite vivir en el país de residencia junto con su familia. Asimismo se pagan los gastos de matrícula de los hijos de diplomáticos que asisten a la escuela y están bajo el cuidado de sus padres. El pago de esos beneficios y prestaciones depende del lugar en que el diplomático presta servicios, de su categoría y puesto diplomático y no está afectado en modo alguno por el género de la persona que lo ocupa.

Artículo 9

En Letonia la cuestión de adquirir o conceder a una persona la ciudadanía (nacionalidad) o de privarla de ella está reglamentada por la Ley de Ciudadanía de 11 de agosto de 1994, formulada en 1998, que tiene en cuenta normas del derecho internacional y refleja las recomendaciones de diversas instituciones europeas.

La Ley de Ciudadanía de Letonia estipula que la adquisición, el cambio y la conservación de la ciudadanía son manifestación de la libre voluntad de toda persona. Independientemente de su nacionalidad y género, una persona puede solicitar la ciudadanía de Letonia si puede demostrar su afiliación a dicha ciudadanía de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley. Si renuncia a la ciudadanía de Letonia, tiene derecho a cambiar de ciudadanía, independientemente de su género. La Ley de Ciudadanía prevé los siguientes modos de obtenerla: naturalización, reconocimiento de ciudadanía, registro de la condición de ciudadano y renovación de la ciudadanía.

Toda persona que haya cumplido 15 años puede solicitar la ciudadanía si reúne las siguientes condiciones:

a)El día en que solicita la naturalización su domicilio permanente está en Letonia y lo ha sido durante por lo menos cinco años;

b)Habla el idioma letón, conoce las disposiciones básicas de la Constitución de la República de Letonia, el texto del himno nacional y la historia de Letonia (el solicitante de ciudadanía debe aprobar el examen pertinente);

c)El solicitante o su tutor tiene una fuente lícita de ingreso;

d)El solicitante no está sujeto a restricciones de naturalización. No se puede conceder la ciudadanía de Letonia a las personas que han actuado por métodos inconstitucionales contra la independencia de la República de Letonia, la estructura parlamentaria democrática del Estado o el poder del Estado existente en Letonia si ello ha sido establecido por el juicio de un tribunal; si después del 4 de mayo de 1990 esa persona ha propagado ideas fascistas, chauvinistas, nacional socialistas, comunistas u otras ideas totalitarias o ha incitado a odios étnicos o raciales o a la discordia, si ello ha sido establecido por el juicio de un tribunal; si es funcionario de un poder estatal de la administración o de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes de un Estado extranjero; si ha prestado servicios en las fuerzas armadas, las fuerzas militares internas, los servicios de seguridad o la policía (milicia) de algún Estado extranjero; si después de 17 de junio de 1940 ha elegido a la República de Letonia como su lugar de residencia directamente después de la desmovilización de las fuerzas armadas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia) o de las fuerzas militares internas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia) y si en el día de su conscripción al servicio militar no residía permanentemente en Letonia; si ha sido empleado, informante, agente o guardia de detención clandestina de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (la República Socialista Soviética de Letonia) o la K.G.B. (Komitet Gosudarstvenno Bezopasnosti (Comité de Seguridad del Estado) o del servicio de seguridad, el servicio de inteligencia u otro servicio especial de algún Estado extranjero, si este hecho ha sido establecido de conformidad con los procedimientos prescritos por la ley; si ha sido sancionado en Letonia o en algún otro Estado por cometer un delito que también lo es en Letonia en el momento en que la Ley de Ciudadanía entró en vigor; si después del 13 de enero de 1991 trabajó contra la República de Letonia en el Partido Comunista de la Unión Soviética, el Partido Comunista de Letonia, el Frente Internacional de Trabajadores de la República Socialista Soviética de Letonia, el Consejo Unido de Colectivos Laborales, la Organización de Veteranos de Guerra y del Trabajo, el Comité de Salvación de la Sociedad de Letonia o sus comités regionales o la Unión de Comunistas de Letonia.

Si un adulto obtiene la ciudadanía de Letonia por naturalización, cualquier hijo menor de esa persona que no haya cumplido los 15 años y resida permanentemente en Letonia automáticamente adquiere la ciudadanía de Letonia al mismo tiempo.

Un hijo nacido en Letonia después del 21 de agosto de 1991 es reconocido como ciudadano de Letonia siempre que:

a)Su lugar permanente de residencia sea Letonia;

b)No haya estado encarcelado en Letonia o en ningún otro país durante más de cinco años por haber cometido un delito;

c)Sea apátrida o no sea ciudadano.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Ciudadanía, los ciudadanos de Letonia (las personas que obtienen la calidad de ciudadanos de Letonia mediante registro) son:

a)Las personas que eran ciudadanos de Letonia al 17 de junio de 1940 y sus descendientes que se registraron de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley, salvo las personas que adquirieron la ciudadanía (nacionalidad) de otro Estado después del 4 de mayo de 1990;

b)Los letones y los livonios cuyo lugar permanente de residencia es Letonia y que no tienen ciudadanía (nacionalidad);

c)Las mujeres cuyo lugar permanente de residencia es Letonia y que, de conformidad con la Sección 7 de la Ley de Nacionalidad de la República de Letonia de 23 de agosto de 1919, perdieron su ciudadanía (nacionalidad) de Letonia y sus descendientes, si se registraron de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley, salvo las personas que adquirieron la ciudadanía (nacionalidad) de otro Estado después del 4 de mayo de 1990;

d)Las personas cuyo lugar permanente de residencia es Letonia y que han finalizado un programa de enseñanza completo en una escuela general de educación cuyo idioma de instrucción es el letón o que han recibido una educación general en una escuela bicultural sobre la cultura de Letonia, han recibido enseñanza primaria o secundaria en dicha escuela, siempre que no sean ciudadanos de otro país. Si un adulto registra su condición de ciudadano de conformidad con esta disposición, también se concede la ciudadanía a sus hijos menores de 15 años que vivan permanentemente en Letonia;

e)Los niños que se encuentran en territorio de Letonia y son hijos de padres desconocidos;

f)Los niños huérfanos que residen en Letonia en un orfanato o en un internado especial;

g)Independientemente de su lugar de nacimiento, los niños cuyos padres eran ciudadanos de Letonia al producirse dicho nacimiento.

El artículo 25 de la Ley de Ciudadanía prevé que los ciudadanos de Letonia que perdieron su ciudadanía a consecuencia de una elección hecha por sus padres o por las personas que los adoptaron, por un error jurídico o una revocación ilegal de la ciudadanía pueden recuperarla.

De conformidad con las estadísticas proporcionadas por la Junta de Naturalización, las mujeres manifiestan una mayor actividad social en el proceso de naturalización que se basa en la libre voluntad y elección de la persona. Hasta el 31 de octubre de 2001 la Junta de Naturalización había recibido 48.843 solicitudes de ciudadanía de la República de Letonia de las cuales 30.480, o sea un 68,8% del total, habían sido presentadas por mujeres.

De conformidad con la Ley de Ciudadanía, la ciudadanía de Letonia se puede conceder también por méritos especiales para beneficio del país; los Diputados del Saeima adoptan una decisión al respecto sobre la base de la solicitud presentada por el interesado. Puesto que la sociedad tiene en tiene mayor estima a los políticos, a los hombres de negocios y a los deportistas – es decir las profesiones en las que los hombres dominan actualmente – en términos de porcentaje se ha concedido la ciudadanía de Letonia con arreglo a este procedimiento a más hombres que a mujeres. Sin embargo, cabe señalar que cada candidato que solicite la ciudadanía por méritos especiales es evaluado sobre una base individual.

En lo que respecta al matrimonio de un ciudadano de Letonia con un extranjero, la Ley de Ciudadanía estipula que la celebración de matrimonio con un extranjero o un apátrida así como la disolución de dicho matrimonio no significa un cambio de ciudadanía para los ciudadanos de Letonia. Asimismo, si uno de los cónyuges adquiere o pierde la ciudadanía de Letonia, la ciudadanía de su cónyuge no cambia.

La Ley de Ciudadanía no prescribe ninguna restricción discriminatoria para las mujeres con respecto a los hombres cuando se trata de determinar la ciudadanía de sus hijos. El artículo 3 de la Ley de Ciudadanía estipula que si al momento del nacimiento del hijo uno de sus progenitores es ciudadano de Letonia y el otro es extranjero, el niño será ciudadano de Letonia si nació en Letonia o si nació fuera de Letonia y en el momento del nacimiento Letonia era el lugar de residencia permanente de sus padres o del progenitor con el que reside. En los casos anteriormente mencionados los padres también pueden, de mutuo acuerdo, elegir la ciudadanía de otro país (que no sea Letonia) para su hijo.

Si en el momento del nacimiento del hijo uno de los progenitores es ciudadano de Letonia y el otro es extranjero y el lugar de residencia permanente del padre o de la madre está fuera de Letonia, los padres determinan la ciudadanía del hijo de mutuo acuerdo. A su vez, si en el momento del nacimiento del hijo, uno de los progenitores es ciudadano de Letonia y el otro es apátrida o de nacionalidad desconocida, el niño será ciudadano de Letonia independientemente de su lugar de nacimiento.

Artículo 10

Derecho de la mujer a la enseñanza

El derecho de la mujer de recibir educación en Letonia sin discriminación está garantizado en la Constitución. La Satversme (Constitución) estipula que toda persona tiene derecho a la enseñanza y el Estado da el derecho a cada persona de recibir enseñanza primaria y secundaria gratuita. De conformidad con la Satversme (Constitución) la enseñanza primaria es obligatoria.

La Ley sobre Educación de Letonia prescribe que todo ciudadano de Letonia y toda persona que tiene derecho a pasaporte de no ciudadano emitido por la República de Letonia y que ha recibido el permiso de residencia permanente, así como los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que han recibido permiso de residencia temporal y sus hijos gozan de los mismos derechos de acceso a la educación, independientemente de su condición material y social, raza, nacionalidad, género, afiliación religiosa y política, condición de salud, ocupación y lugar de residencia. De conformidad con la ley mencionada anteriormente y la Satversme (Constitución), en Letonia la enseñanza primaria o su continuación hasta la edad de 18 años son obligatorias.

La Ley sobre Educación estipula que en Letonia no habrá divisiones por género con respecto al acceso a la enseñanza. Todas las personas gozan de las mismas oportunidades de acceso a la enseñanza y de obtener diplomas independientemente de su género. El acceso a los mismos programas de estudio para todos los estudiantes está garantizado por normas nacionales de educación.

Letonia ha establecido diversas etapas de educación general: la enseñanza preescolar, la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria.

La Ley sobre Educación General estipula que a los niños menores de siete años les corresponde el programa de estudios preescolar. No se han establecido restricciones de género en esa etapa. Los niños ingresan a una institución preescolar de los gobiernos locales según la secuencia de la presentación de solicitudes. A su vez, el niño ingresa a un grupo preescolar especial sobre la base de la solicitud presentada por los padres o tutores y un certificado del Estado o de la comisión médico-pedagógica del gobierno local.

En virtud de la Ley sobre Educación General en Letonia la enseñanza primaria se puede recibir en una institución de enseñanza que ofrezca un programa de estudios de educación primaria, en una escuela profesional, en una institución de educación especial, en una escuela nocturna (a turno parcial), en un internado, o en una institución de corrección social o pedagógica. En Letonia la enseñanza primaria es obligatoria y carece de restricciones basadas en el género. Las instituciones de enseñanza primaria no pueden exigir examen de ingreso para los alumnos que cursarán los grados primero a noveno.

Con arreglo a la Ley sobre Educación General, toda persona que ha recibido un certificado de enseñanza primaria tiene derecho a comenzar la enseñanza secundaria sin restricción de edad. No hay restricciones relacionadas con el género para obtener una educación general. Las instituciones de enseñanza general estatales y municipales pueden exigir examen de ingreso en cumplimiento de la norma nacional de enseñanza primaria para el ingreso de los alumnos al décimo grado.

Asimismo las mujeres pueden estudiar sin restricción de género y asistir a programas especiales de educación, que imparten conocimientos prácticos generales de trabajo y de carácter profesional a estudiantes que tienen dificultades mentales y físicas o necesidades especiales. La comisión médico-pedagógica formula el programa de enseñanza especial que corresponde al tipo de problema de desarrollo del estudiante así como su capacidad y su condición de salud. En el año lectivo 2000/2001, 10.250 estudiantes, entre ellos 3.933 niñas (38%) estudiaron en instituciones de enseñanza especial y asistieron a clases especiales en las instituciones de enseñanza general de Letonia.

En cuanto a la formación profesional de los estudiantes y su elección de profesión, cabe señalar que desde 1987 funciona en Letonia el Centro de Elección de Carrera Profesional, que presta asistencia calificada a quienes la soliciten. En el año lectivo 2000/2001, 48.625 estudiantes – entre ellos 21.287 (43%) mujeres – asistieron a instituciones de enseñanza profesional. En el año lectivo 2000/2001 en Letonia asistieron a instituciones de enseñanza superior 101.270 estudiantes, de los cuales 62.182 (61%) eran mujeres.

No hay restricciones para las mujeres que quieren estudiar en instituciones de enseñanza sectorial. Así pues el 20% de los estudiantes de la Escuela de Policía son mujeres; las mujeres representan el 40% de los estudiantes de jornada completa y el 27,5% de los estudiantes de jornada parcial en la Academia de Policía. En esas instituciones no hay programas de enseñanza por separado para las mujeres; la única diferencia es que en la materia “atletismo general” se fijaron requisitos diferentes en varios deportes a fin de tener en cuenta las particularidades fisiológicas de la mujer.

En Letonia tampoco hay restricciones para las mujeres que quieren acceder a la enseñanza y obtener diplomas (los detalles figuran en el cuadro siguiente).

	Número de alumnos	Número de niñas	Porcentaje de niñas
Año lectivo 2000/2001
Número de alumnos que asisten a escuelas diurnas	344.822	173.238	50,24
Año lectivo 1999/2000
Número de alumnos que finalizan los grados primero a cuarto en las escuelas diurnas	133.039	64.542	48,51
Número de alumnos que finalizan los grados quinto a noveno en las escuelas diurnas	159.601	78.128	48,95
Número de alumnos que finalizan los grados décimo a duodécimo en las escuelas diurnas	341.788	172.523	50,48
Número de alumnos que se gradúan en las escuelas nocturnas	11.765	5.844	49,67

En Letonia el acceso a la enseñanza superior está reglamentado por la Ley sobre Instituciones de Enseñanza Superior, en que se prevé que todos los ciudadanos de Letonia y cualquier persona que tenga un pasaporte de no ciudadano emitido por la República Letonia así como las personas que tienen permiso de residencia permanente tienen derecho a estudiar en una institución de enseñanza superior. El ingreso a las instituciones de enseñanza superior depende de un procedimiento basado en los resultados de exámenes nacionales centralizados.

No hay normas discriminatorias contra la mujer que quiere reanudar los estudios suspendidos. La Ley sobre Enseñanza Superior estipula que es posible reanudar los estudios siempre que los exámenes de las etapas precedentes en los respectivos programas de estudio hayan sido aprobados en otra institución de enseñanza superior o se tomen además en la institución de enseñanza superior respectiva.

En el año académico 2000/2001 hubo 464 programas de estudio y 166 programas académicos, 247 programas de estudios profesionales y 51 programas de estudios doctorales en las instituciones de enseñanza superior. Si se tienen en cuenta los mismos programas de estudio ofrecidos por diversas instituciones de enseñanza superior, el total es de 556, de los cuales 499 programas se ofrecieron en las instituciones de enseñanza superior del Estado y 57 en instituciones de enseñanza superior privadas. En los últimos años se observa que el número de estudiantes de los programas de estudios profesionales está aumentando. En 2000 el 44% del total de las personas que recibieron títulos o calificaciones realizaron estudios profesionales. Se observa también un aumento en el número de las personas que reciben título de Maestría y calificaciones profesionales una vez concluidos los estudios al nivel superior más alto. No hay pruebas de que haya discriminación contra la mujer en ninguno de los programas mencionados anteriormente.

En Letonia no hay educación por separado para los niños y las niñas; no está estipulada en la legislación correspondiente. En consecuencia, no hay escuelas de diferente calidad; los niños y las niñas gozan de igualdad de acceso a las instalaciones escolares, al equipo y al personal docente. Como las normas de ingreso a las instituciones de enseñanza no estipulan restricción alguna de ingreso basada en el género y el ingreso a dichas instituciones depende de un procedimiento competitivo o del lugar de residencia del alumno, las niñas tienen acceso a cualquier especialidad en los centros de educación profesional, en las universidades y en las instituciones de enseñanza superior.

Medidas adoptadas por las instituciones de enseñanza para eliminar los estereot i pos negativos

El contenido actual de las materias de estudios especiales y generales prevé la eliminación del concepto de estereotipos masculinos y femeninos. Dentro del marco de las normas nacionales de enseñanza básica el Centro de Educación y Elaboración de Programas de Estudios ha formulado un proyecto sobre “Educación Cívica para el Noveno Grado”, y “Política y Derecho para la Enseñanza Secundaria”, a fin de que los estudiantes aprendan los conceptos y las percepciones políticas y sociales pertinentes en el curso de Educación Cívica. Dicho curso se centrará también en cuestiones relacionadas con los derechos y las responsabilidades de la mujer; a nivel de la escuela primaria tiene carácter de información, mientras que en el sobre Política y Derecho de las escuelas secundarias se examinan las cuestiones de igualdad más detalladamente. Actualmente enseñan esos cursos maestros y maestras que han perfeccionado sus calificaciones o que han cursado una especialidad de enseñanza superior en derecho o en ciencias sociales.

Además, durante el año académico 2001/2002, la Universidad de Letonia da la oportunidad a los estudiantes de tomar un curso profesional de derecho para estudiar metodología y enseñar el curso titulado “Los Derechos de Todos”, destinado a las escuelas secundarias.

Asimismo el Centro de Educación y Elaboración de Programas de Estudios del Ministerio de Educación y Ciencias introdujo diversas innovaciones en las escuelas de Letonia que consistieron en incorporar un nuevo contenido de estudios y un sistema para poner a prueba los conocimientos y las aptitudes de los niños, que se ajusten más a la época actual. Por ejemplo, en 1994 se formularon directrices para estudiar la salud. En las escuelas secundarias esa materia se introdujo con carácter optativo. La introducción de ese tema en las escuelas tendrá una consecuencia directa: contribuirá a que la mujer tenga confianza en sí misma y reafirmará su posición. La Asociación de Letonia de Planificación de la Familia e Higiene Sexual “Papardes Zieds” cree que los temas relativos a la higiene sexual y la planificación de la familia no deben ser optativos y se deberían enseñar como materias obligatorias (no sólo en instituciones de enseñanza general sino también en instituciones de enseñanza profesional). La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que en las instituciones de enseñanza profesional, en las escuelas técnicas y en las instituciones de enseñanza especial no se imparten cursos de salud y que esa materia debería fortalecer la confianza de la mujer en sí misma y reafirmar su posición pero sólo si los profesores tienen la formación adecuada y conocen la metodología necesaria.

En lo concerniente a la eliminación del estereotipo de papeles masculinos y femeninos en todos los niveles de la enseñanza, el decreto del Gabinete de Ministros No. 462 sobre Normas Nacionales de Educación Básica (05/12/2000) estipula que una de las principales funciones de los programas de enseñanza básica es crear una percepción de los principales procesos naturales y sociales, así como de los valores morales y éticos a fin de que todo ciudadano de Letonia adquiera los conocimientos y los valores necesarios de la democracia. A su vez, el decreto del Gabinete de Ministros No. 463 sobre Normas Nacionales para la Educación Secundaria General (05/12/2000) individualiza también la formación de aptitudes para participar en los procesos de la sociedad cívica con una actitud positiva y respetuosa hacia sí mismo y hacia los demás como una de las principales funciones de la educación general. En la esfera de la enseñanza profesional, en el decreto del Gabinete de Ministros No. 211 sobre Normas Nacionales para la Enseñanza Secundaria Profesional (27/06/2000) se considera que inculcar una actitud positiva en el estudiante con respecto a otras personas y al Estado es uno de los principales objetivos de este tipo de educación, lo que estimulará autoestima en las personas y facilitará a los ciudadanos de Letonia la capacidad de hacer frente a la responsabilidad.

La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género opina que las funciones de ambos géneros tal como se reflejan en los libros de texto y en diversos materiales no están equilibradas y por lo tanto será necesario realizar nuevos esfuerzos en esa esfera.

Derecho a recibir estudios y préstamos para estudiantes

En la Satversme (Constitución) se prevé que el Estado proporcionará acceso gratuito a la enseñanza primaria y secundaria. Al mismo tiempo, en Letonia hay instituciones de enseñanza primaria y secundaria privadas, que tienen derecho a exigir derechos de matrícula a sus alumnos. Las instituciones de enseñanza especial municipales y estatales se financian con donaciones del presupuesto nacional.

Una persona natural, independientemente de su género, puede estudiar en instituciones de enseñanza superior a expensas del presupuesto nacional sólo una vez. En el año académico 2000/2001, un 33% del total de estudiantes de Letonia estudiaba a expensas del presupuesto nacional; diversas personas naturales o jurídicas financiaron los estudios del 66% del total de estudiantes. El número de estudiantes que pagan derechos tiende a aumentar.

En 1999 los derechos de matrícula representaban el 21% de la financiación de las instituciones de enseñanza superior del Estado. Los derechos de matrícula dependen de la institución de enseñanza superior y del programa concreto.

Derechos de matrícula en instituciones de enseñanza superior de Letonia en el año académico 2000/2001 (en lati letones)

	Programa de Licenciado	Programa de Maestría	Programa de Estudios Profesionales
Programa diurno (primer año de estudios) (estudios de tiempo completo)	100-1.802	200-1.200	50-1.802
Programa nocturno (estudios de tiempo parcial)	380-413	60-900	160-990
Programa por correspondencia (estudios por correspondencia)	120-600	200-600	50-600

En Letonia es posible que un estudiante obtenga préstamos de estudios y préstamos de estudiante. El préstamo de estudiante está destinado a cubrir las necesidades sociales del estudiante mientras que el préstamo de estudios está destinado al pago de los derechos de matrícula. El procedimiento para conceder préstamos está estipulado en el decreto del Gabinete de Ministros sobre Procedimientos para la Concesión, el Reembolso y la Entrega de Préstamos de Estudio y Préstamos de Estudiante con cargo a los recursos de instituciones de crédito con una garantía proporcionada por el Estado. Esos préstamos se conceden con la garantía de dos personas naturales; los concede una institución de crédito. Los estudiantes de familias pobres reciben los préstamos a cambio de una garantía del respectivo gobierno local. No hay restricciones por género para la concesión de dichos préstamos.

Educación permanente

La Ley sobre Educación General estipula que todos tienen el mismo derecho a recibir enseñanza y educación permanente en todos los programas de estudio acreditados por el Estado. Las normas de enseñanza en diversos niveles prevén la posibilidad de que el estudiante siga estudiando durante toda la vida. En Letonia no hay diferencia de género en lo que respecta a la continuación de los estudios y al acceso a la enseñanza.

En Letonia no hay diferencias entre los conocimientos de los hombres y los conocimientos de las mujeres (véase el cuadro). En dicho cuadro, en términos de porcentaje, más mujeres reciben educación superior que hombres pero en todos los demás niveles de la enseñanza el número es aproximadamente el mismo para hombres y mujeres.

Año lectivo 2000/2001

	Número de estudiantes	De los cuales son mujeres (niñas)
Instituciones de enseñanza especial, clases especiales en instituciones de enseñanza general	10.250	3.933 (38%)
Instituciones de enseñanza profesional	48.625	21.287 (43%)
Instituciones de enseñanza superior	101.270	62.182 (61%)

Educación de las personas que han abandonado los estudios

En Letonia no se han formulado programas de estudio especiales para las niñas que no han finalizado los estudios o que los han abandonado. Los adultos pueden recibir enseñanza primaria o secundaria en las escuelas nocturnas. En el año lectivo 2000/2001, 14.996 alumnos, entre ellos 7.147 niñas, asistieron a escuelas nocturnas de enseñanza general; 37 alumnos (14 niñas) de ese total asistieron a los grados primero a cuarto; 1.943 alumnos, entre ellos 657 niñas, asistieron a los grados quinto a noveno; 13.016 alumnos, incluidas 6.476 niñas, asistieron a los grados décimo a duodécimo.

En el año lectivo 1999/2000, 9.572 alumnos, entre ellos 4.152 niñas, dejaron de asistir a las escuelas diurnas de educación general (grados primero al duodécimo). Las principales causas de la baja de los alumnos de las instituciones de formación profesional fueron: la transferencia de alumnos a otras escuelas (834), enfermedad (199), la falta de adelanto en los estudios (1.996), la inasistencia a la institución de enseñanza (1.292), el cambio de lugar de residencia (109), motivos familiares (968), otros motivos (1.287).

Derecho a participar en actividades deportivas

En Letonia, de conformidad con el programa de enseñanza implantado por las instituciones de educación, todos tienen acceso a la participación activa en los deportes y en programas de educación física. Según los decretos del Gabinete de Ministros, en el contenido obligatorio de las normas nacionales de enseñanza primaria, enseñanza secundaria general y formación profesional en todos los niveles se incluyen los deportes.

Los niños y las niñas gozan de igualdad en el acceso de participación en las actividades deportivas y las actividades de educación física. El proyecto de Ley sobre los Deportes, aprobado por el Gabinete de Ministros el 5 de junio de 2001 no describe limitación alguna que se pueda vincular a la discriminación por género.

Derecho a recibir información sobre cuestiones de salud de la familia

Las cuestiones de salud de la familia se abordan en la materia “Estudios de Higiene” así como en las materias generales de la enseñanza según lo estipulado por las normas para la educación en distintos niveles.

El Centro de Promoción de la Salud, el Centro Nacional de Salud de la Familia y la Asociación de Letonia de Planificación de la Familia e Higiene Sexual dan información sobre salud de la familia y planificación de la familia y aseguran su bienestar. Se aprobó una Ley sobre Higiene Sexual e Higiene de la Procreación de la Población, que entró en vigor el 1° de julio de 2002.

El Hospital y Maternidad de la Ciudad de Riga organiza actividades para fortalecer la familia y estimular la tasa de natalidad: se imparten clases prácticas y se organizan conferencias sobre cuidados obstétricos, la nutrición de los recién nacidos y las relaciones en la familia que espera un hijo. En el Hospital y Maternidad se inauguró una escuela de madres, a la que asisten un número cada vez mayor de personas. Las clases están a cargo de una partera certificada, un neonatólogo, y un consultor en relaciones de la familia.

El Hospital y Maternidad de la Ciudad de Riga en cooperación con el Centro de Promoción de la Ciudad preparó dos películas (“El Milagro de Navidad” y “Será lo que usted quiera”) para educación de las familias. Durante el período del embarazo se ofrece a las mujeres el Diario de la Madre; las jóvenes madres y el personal médico que se ocupa de las mujeres embarazadas están satisfechos con la introducción de ese diario. Se inauguró una oficina de salud de la mujer destinada principalmente a la educación de las mujeres embarazadas y sus familiares.

En cooperación con el Instituto de los Derechos de la Mujer se organizan conferencias y clases prácticas de planificación de la familia. También se está estableciendo colaboración con organizaciones no gubernamentales (por ejemplo la “Casa Blanca” en Līvāni) y se dan charlas sobre planificación de la familia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas en colaboración con la Asociación de Planificación de la Familia e Higiene Sexual de Letonia “Papardes Zieds” ejecutó un proyecto sobre capacitación en coordinación para promover la igualdad de género en la esfera de higiene de la procreación. En el Ministerio de Bienestar se estableció una Asociación Especial para Promover el Amamantamiento, que ha obtenido muy buenos resultados.

En el Centro Nacional de Salud de la Familia se estableció un equipo especial de médicos (expertos en ginecología, andrología, genética, psicoterapia, sexología, análisis químicos, diagnósticos e inmunología) para el tratamiento y la rehabilitación de las familias que padecen de infecundidad. Se han desarrollado algoritmos para el examen y la rehabilitación de familias infecundas y se han preparado programas de computadora para analizar las causas de la infecundidad masculina y femenina. En colaboración con el Centro para el Tratamiento de Enfermedades Transmitidas por Contacto Sexual y Enfermedades de la Piel se organizó una serie de conferencias para médicos sobre la prevención de dichas enfermedades.

Artículo 11

La Satversme (Constitución) de Letonia garantiza el derecho a elegir libremente profesión y empleo a toda persona de conformidad con su capacidad y calificaciones. En la Satversme (Constitución) también se prohíben los trabajos forzados.

Derecho a trabajar; prohibición de discriminación en las relaciones laborales

En Letonia el derecho a trabajar es un derecho inalienable y está garantizado tanto para las mujeres como para los hombres. En el artículo 1 del Código de Trabajo de Letonia se estipula que “en la República de Letonia se asegura a las personas naturales la igualdad en las relaciones laborales independientemente de su raza, color de la piel, género, edad, afiliación religiosa, política o de otra índole, origen nacional o social y condiciones materiales”.

A su vez, la Ley del Trabajo estipula que cada persona goza de los mismos derechos a trabajar, de hacerlo en condiciones justas y seguras que no sean peligrosas para la salud y a recibir una remuneración justa por el trabajo. De conformidad con la Ley del Trabajo, esos derechos se deben garantizar sin discriminación directa o indirecta, independientemente de la raza, el color de la piel, el género, la edad, la afiliación religiosa, política o de otra índole, el origen nacional o social, la situación material del trabajador, su estado civil u otras circunstancias. A fin de asegurar esos derechos también se prohíbe sancionar a un empleado o en modo alguno directa o indirectamente causar consecuencias desfavorables para dicho empleado si ejerce sus derechos en la forma permitida dentro del marco de las relaciones laborales.

Las violaciones más frecuentes del principio de la igualdad y no discriminación suelen suceder en la etapa del establecimiento de las relaciones de empleo. A fin de impedir dichas violaciones, el Código de Trabajo estipula que no se permiten restricciones directas o indirectas de los derechos; tampoco se pueden establecer privilegios directos o indirectos por motivos de raza, color de la piel, género, edad, afiliación religiosa, política o de otra índole, origen nacional o social y condiciones materiales, salvo las restricciones y los privilegios prescritos por la ley y otros actos normativos.

La Ley del Trabajo también incluye la prohibición de trato desigual. El trato desigual por motivo de género está prohibido especialmente cuando se establecen relaciones de empleo así como durante la existencia de dichas relaciones, en particular en los casos de promoción del empleado, en la determinación de las condiciones de trabajo, la remuneración de éste o la capacitación profesional así como en los casos en que se rescinde el contrato de empleo. También se define la discriminación indirecta como una situación en la que diversas condiciones, criterios o prácticas evidentemente neutrales causan consecuencias desfavorables para un sector considerablemente mayor de la población que pertenece a un determinado género, salvo en los casos en que esos criterios, condiciones o prácticas sean apropiados y necesarios y puedan justificarse en circunstancias objetivas que no estén relacionadas con el género. Según las disposiciones de esa Ley, se permiten las diferencias de trato relativas al género del empleado sólo si se aplican a un género concreto como requisito previo objetivo y justificado para el desempeño de las respectivas funciones o de la respectiva ocupación. Además, la Ley estipula que si se establecen diferencias, el empleado indica las circunstancias que pueden ser motivos de discriminación directa o indirecta por motivos de género; el deber del empleador es demostrar que las diferencias de trato se basan en circunstancias objetivas que no están relacionadas con el género del empleado o que el hecho de que se apliquen a un género concreto es un requisito previo objetivo y justificado para el desempeño de las respectivas funciones o de la respectiva ocupación.

El Código de Trabajo no prescribía requisitos con respecto a los criterios para la selección de los empleados. A su vez, la Ley del Trabajo incluye la prohibición de discriminar por motivo de género al seleccionar empleados. Se estipula que el anuncio de una vacante no se debe aplicar sólo a hombres o sólo a mujeres, salvo en los casos en que pertenecer a un género concreto es un requisito previo objetivo y justificado para el desempeño de las respectivas funciones o de la respectiva ocupación. Sin embargo, todavía aparecen en los medios de difusión anuncios de vacantes en los que se especifica un género preferente para el candidato. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que a pesar de la prohibición de discriminación basada en el género establecida en las medidas jurídicas vigentes, los estudios y las investigaciones revelan que algunos empleadores evitan contratar mujeres, especialmente si son madres de niños pequeños o si tienen varios hijos, en particular después de una licencia prolongada para cuidar a los hijos.

Si tras el establecimiento de relaciones laborales el empleador ha violado la prohibición de trato desigual, el solicitante tiene derecho a exigir una indemnización con arreglo a Ley del Trabajo. Si hay una discusión sobre el monto de la indemnización, ésta la establecen los tribunales a su discreción. Si las relaciones de empleo no se han establecido porque se ha violado la prohibición de trato desigual, el solicitante no tiene derecho a exigir que se establezcan dichas relaciones. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que en Letonia como en otros países es difícil demostrar la discriminación basada en el género ya que puede estar oculta y estar basada en el género y la edad de la persona. La Asociación observa además que en esos casos es posible presentar una solicitud individual a la Oficina Nacional de Derechos Humanos o a la Inspección de Trabajo del Estado. La Asociación cree que la falta de información y de mecanismos eficientes y rápidos de solución del problema son los motivos principales de la discriminación.

En el caso de violación de los derechos de la mujer en la esfera del empleo, ésta tiene derecho a buscar soluciones en los tribunales de conformidad con los procedimientos civiles. Con arreglo al Código de Procedimiento Civil, cualquier persona natural o jurídica que tiene la edad suficiente y plena capacidad legal puede presentar una denuncia ante los tribunales para proteger sus derechos civiles que han sido violados. Hay dos fallos de los tribunales nacionales sobre violación del principio de igualdad de género. En un caso, el tribunal se remitió a la Convención, la Constitución y el Código de Trabajo y concluyó que la negativa de contratar a una mujer como guardia de prisión porque era mujer y porque el trabajo de guardia iba a ser físicamente difícil era una violación de los derechos de la solicitante de elegir libremente su profesión y lugar de empleo. En otro caso, los tribunales concluyeron que la determinación de un salario inferior para la mujer que hacía el mismo trabajo que el hombre no era compatible con la prohibición de discriminación y el derecho a la igualdad de remuneración por la igualdad de trabajo. Esas prácticas jurídicas demuestran que la igualdad de género en una esfera tan importante como las relaciones laborales quedaron aseguradas no sólo mediante actos jurídicos sino también en la práctica, lo que garantiza la aplicación tangible de ese principio.

A juzgar por la información presentada por la Oficina Nacional de Derechos Humanos, sólo se presentan a dicha Oficina muy pocas denuncias sobre casos evidentes de discriminación basada en el género (cuatro denuncias en 2000 y dos denuncias en 2001); sin embargo, este aspecto a menudo aparece en otras denuncias, por ejemplo en las denuncias sobre el derecho a condiciones de trabajo justas, a seguridad social o en relación con los derechos del niño.

Derecho a elegir libremente profesión y empleo

En Letonia no hay restricciones relacionadas con el género impuestas a la libre elección de profesión y empleo. El derecho a elegir una profesión está asegurado, como se dijo anteriormente, por la falta de restricciones relacionadas con el género para la formación profesional. La prohibición mencionada anteriormente con respecto a la desigualdad al seleccionar empleados también se puede aplicar a la libertad de elección de empleo.

Las leyes de Letonia no prescriben una diferencia en la promoción de carrera de mujeres y hombres. Las opciones de carrera, irrestrictas por motivos de género, en el sector privado están reglamentadas con arreglo al principio de prohibir el trato desigual. A su vez la Ley sobre Administración Pública establece procedimientos destinados a poner a prueba la aptitud de los solicitantes para puestos en la administración pública e individualiza los requisitos, que no incluyen la discriminación por motivos de género. Los derechos del funcionario incluyen la solicitud de contratación para las vacantes de funcionarios de categoría superior así como la participación en programas para adquirir los conocimientos y las aptitudes necesarios para el desempeño de funciones sociales.

Según la información proporcionada por la Junta Nacional de Administración Pública, al 31 de diciembre de 2000 la proporción de hombres y mujeres en la administración pública del Estado era de un 40% y un 60% respectivamente. Esta es la mayor diferencia en la proporción de hombres y mujeres desde la introducción del sistema de administración pública en el país.

Del análisis de la proporción de mujeres y hombres por cargo se desprende que la prevalencia de hombres en los puestos de categoría superior continúa, aunque la proporción de mujeres en dichos puestos tiende a aumentar. Por ejemplo, en comparación con la situación imperante el 31 de diciembre de 1999, la proporción de mujeres que ocupan el puesto de Secretarias de Estado aumentó un 16% (2) en 1999 y un 27% (3) en 2000. La proporción de mujeres que ocupan el puesto de Vicesecretarias de Estado no ha cambiado; un 36% (10) en 2000 y un 37% en 1999. La proporción de mujeres que ocupan puestos de administradoras de instituciones de administración pública (incluidos los puestos de administradoras de oficinas territoriales) aumentó. A fines de 2000 había un 53% (109) de mujeres administradoras de instituciones, es decir había un 6% más que a fines de 1999. En comparación con la situación reinante a fines de 1997, la proporción de mujeres en puestos de administración de instituciones aumentó dos veces y media. Cabe señalar como causas importantes de la proporción de hombres y mujeres y de las tendencias de desarrollo el hecho de que a las mujeres las atrae el servicio de administración pública por la estabilidad del trabajo, la regularidad de los ingresos y las garantías sociales adicionales, mientras que la disminución del número de hombres que solicitan esos puestos posiblemente obedezca a la baja remuneración en la administración pública en comparación con el sector privado.

Los sindicatos participan activamente en la promoción de la igualdad de género en las relaciones laborales, en particular la Asociación de Sindicatos Libre de Letonia, cuyo Concejo de la Mujer fue uno de los fundadores de la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género y está representado en dicha Asociación. La Asociación de Sindicatos Libres de Letonia ha elaborado programas concretos para la promoción de la igualdad de las trabajadoras y en 2000 y 2001 realizó estudios sobre las trabajadoras de Letonia en el mercado de trabajo y la discriminación por motivo de género en el trabajo.

Asimismo el Código de Trabajo estipula el derecho de los empleados de celebrar acuerdos colectivos de empleo, su remuneración y garantías sociales sin discriminación por motivo de género. En la Ley del Trabajo se define el acuerdo colectivo de forma más concreta y se estipula que el contenido de las relaciones de empleo está reglamentado, en particular la remuneración y la organización de la protección del trabajo, el establecimiento y la terminación de las relaciones de empleo, el perfeccionamiento de las aptitudes de los empleados así como cuestiones relacionadas con disciplina laboral, protección social de los empleados y de otra índole relativas a las relaciones de empleo. También se prescriben derechos y responsabilidades m u tuos.

Derecho a la seguridad en las condiciones de trabajo

El derecho sobre la protección del trabajo, promulgada el 4 de mayo de 1993, prescribe que las disposiciones de dicha Ley se apliquen sin restricciones relacionadas con el género si las funciones son ejecutadas por las siguientes personas: empleados que tienen relaciones de empleo con los empleadores, independientemente de su condición y forma de equidad; los familiares que se encuentran en la propiedad agrícola de un campesino o un pescador que puede trabajar; las personas que realizan trabajos individuales; los alumnos, estudiantes de escuelas secundarias especiales y los estudiantes durante sus estudios y prácticas de producción; las personas que cumplen condena en la cárcel; las personas que están empleadas mientras residen en instituciones de custodia; las personas que prestan servicios obligatorios para el Estado y que se encuentran en la fuerza laboral activa.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	d.	pub.	reg.	.	reg.	pub.	reg.	.	reg.	pub.	.	pub.	reg.	pub.
Artículo 146 Violación de las disposiciones de protección laboral	3	-	3	-	1	-	3	1	7	4	1	-	7	4

pub. = casos registrados.

reg. = casos publicados.

La Ley de Protección Laboral también se aplica en todas las esferas de empleo a menos que otras leyes dispongan lo contrario. Además esa Ley prescribe que los empleados para los que determinadas medidas normativas ofrecen protección especial (los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las mujeres en el período postnatal, los discapacitados, los empleados incluidos en las listas mencionadas en la Sección 2 del artículo 7 de dicha Ley) una vez evaluados los riesgos ambientales del trabajo y mediante un certificado médico, tienen derecho a asistencia adicional establecida por el empleador.

En virtud de la Ley sobre Inspecciones Laborales del Estado y las disposiciones del Gabinete de Ministros sobre inspecciones laborales del Estado, en la Inspección Laboral del Estado se supervisa el cumplimiento de los requisitos mencionados. No se dispone de estadísticas sobre condiciones de seguridad en el trabajo por género. Sólo cabe agregar que el mayor número de accidentes de trabajo se ha registrado en las denominadas industrias tradicionalmente masculinas: el procesamiento de leña, construcción y renovación, la industria de los alimentos, el transporte y los taxis. La Inspección Laboral del Estado proporciona información y otros tipos de asistencia para los empleadores y empleados con respecto a las relaciones laborales y la protección del trabajo.

Cabe señalar que según la información resultante del cuestionario distribuido por la Inspección Laboral del Estado, en la actualidad alrededor del 55% de los empleados no tienen una percepción clara de las medidas normativas sobre seguridad en el trabajo. Además, a juzgar por el resultado del cuestionario, el 61% de los empleados que trabajan en empresas de Letonia recibe equipo de protección del personal, el 45% de los empleadores evalúa los riesgos antes de distribuir dicho equipo y el 35% de las empresas realiza actividades colectivas de protección para impedir riesgos. Los principales problemas relacionados con la seguridad en el trabajo y la protección de la salud en las empresas son los elevados costos financieros, el acceso a información, la compra de tecnología que no sea peligrosa, la falta de especialistas calificados en protección en el trabajo, la insuficiente capacitación y la escasa disponibilidad de equipo apropiado de protección del personal.

Derecho a recibir la remuneración correspondiente al trabajo realizado

En el plano constitucional, la Satversme prescribe el derecho de toda persona a una remuneración que corresponda a las funciones ejecutadas y que no esté por debajo del mínimo establecido por el Gobierno. En el país la remuneración está reglamentada sobre la base del salario mensual mínimo. Ése es el sueldo mensual mínimo que deben recibir los empleados por trabajos realizados dentro de las horas normales de trabajo (40 horas por semana). El sueldo mensual mínimo se aumenta en el país periódicamente. Sin embargo, todavía es inferior al mínimo de subsistencia calculado por la Oficina Central de Estadística (véase el cuadro).

Remuneración, sueldo mensual mínimo y mínimo de subsistencia (1993 a 2000)

Año	Sueldo mensual mínimo medio por año	Mínimo de subsistencia media por año	Sueldo mensual mínimo como porcentaje del mínimo de subsistencia	Sueldo mínimo de las personas empleadas en la economía nacional En lati letones	Sueldo mensual mínimo como porcentaje del sueldo mensual medio de las personas empleadas en la economía nacional
1993	12,50	37,59	33,3	47,23	26,5
1994	22,00	51,50	42,7	71,87	30,6
1995	28,00	63,82	43,9	89,50	31,3
1996	35,50	73,78	48,1	98,73	36,0
1997	38,00	78,78	48,2	120,03	31,7
1998	42,00	82,43	50,9	133,30	31,5
1999	50,00	83,18	60,1	140,99	35,5
2000	50,00	84,47	59,2	149,53	33,4
2001	55,00	86,93	69,0	160,61 (previsto)	34,2

El Código de Trabajo prescribe la igualdad general de las personas naturales en las relaciones de trabajo. También se estipula que al concertar un contrato de trabajo con el empleador, el empleado tiene derecho a remuneración.

La Ley del Trabajo estipula que mediante el contrato de empleo el empleado se compromete a desempeñar ciertas funciones, a cumplir con los procedimientos establecidos de trabajo y con las instrucciones del empleador, y el empleador se compromete a pagar la remuneración negociada y a proporcionar condiciones de trabajo justas y seguras que no sean peligrosas para la salud. El deber del empleador es establecer remuneración igual para hombres y mujeres por el mismo tipo de trabajo o para un trabajo del mismo valor. Si el empleador violó las disposiciones que figuran en el artículo pertinente, el empleado tiene derecho a exigir la remuneración que el empleador paga habitualmente por el mismo tipo de trabajo o por un trabajo del mismo valor.

Para evaluar el trabajo intelectual, el 28 de mayo de 1996 el Gabinete de Ministros aprobó el decreto No. 185 sobre los métodos básicos para evaluar el trabajo intelectual y determinar las categorías de las calificaciones, que se aplican para la evaluación del trabajo intelectual en empresas, organizaciones públicas y religiosas, partidos políticos, etc. Las instituciones financiadas con cargo al presupuesto estatal tienen que aplicar obligatoriamente dicho decreto. Actualmente se están preparando proyectos de decretos sobre la evaluación de los trabajos físicos.

La remuneración por trabajos adicionales y horas extraordinarias también se calcula independientemente del género del empleado.

En Letonia hay diversas medidas legislativas (por ejemplo las leyes sobre Poder Judicial, sobre el Control del Estado, sobre la Oficina del Fiscal) que reglamentan los sistemas de remuneración de los empleados de las instituciones financiadas con cargo al presupuesto nacional. En ese caso, la remuneración de los empleados se establece de conformidad con el puesto y la categoría de las calificaciones.

Cada una de las disposiciones normativas mencionadas anteriormente establece el principio de la igualdad de remuneración para trabajo de igual valor. Sin embargo, si se tiene en cuenta el hecho de que la remuneración de los empleados que trabajan en diversas instituciones financiadas con cargo al presupuesto nacional está reglamentada por normas legislativas concretas, ese principio no siempre se cumple y la remuneración por trabajo de igual valor en diversas instituciones difiere. Dicha remuneración no está relacionada con el género de la persona que ocupa el puesto sino con la existencia de diversos sistemas de remuneración; la revisión de los sueldos básicos en ese sistema no estuvo coordinada, lo que ocasionó considerables diferencias de sueldos básicos y de otros gastos para trabajo de igual valor. A fin de eliminar las contradicciones existentes y mejorar las condiciones en la esfera de la remuneración, el Ministerio de Finanzas comenzó a planificar la ejecución de la reforma de las remuneraciones, que incluye la formulación de dos nuevos sistemas de remuneración.

Con arreglo a la Ley sobre la Administración Pública Estatal de 2001, el Gabinete de Ministros aprobó el decreto No. 20 sobre remuneración y beneficios a los funcionarios públicos (02/01/2001). Dicho decreto establece procedimientos para determinar las remuneraciones y los beneficios y los montos correspondientes a los funcionarios públicos hasta que se complete la ejecución del nuevo sistema de remuneración para las instituciones del Estado.

En el artículo 85 de la Ley del Trabajo se estipula que la remuneración de los empleados de instituciones estatales y locales, de empresas y organizaciones se determinará de conformidad con los medios financieros de las respectivas instituciones, empresas u organizaciones por medio de contratos colectivos de empleo o contratos individuales de empleo independientemente del género del empleado. En el mismo artículo se prevé que el título del puesto oficial, la artesanía, la profesión o la especialidad estará determinado por el empleador de conformidad con la Clasificación de Profesiones, mientras que las categorías se determinan de acuerdo al trabajo realizado. De conformidad con el artículo 36 de la Ley sobre Administración Pública Estatal y el párrafo 2 del decreto No. 185 del Gabinete de Ministros, de 28 de mayo de 1996, sobre la reglamentación de métodos básicos para la evaluación del trabajo intelectual y la determinación de categorías, el Gabinete de Ministros el 23 de octubre de 2001 impartió la instrucción No. 5 sobre procedimientos para evaluar los cargos y determinar las categorías de las profesiones, en que se establecen procedimientos y criterios uniformes para evaluar los puestos y determinar las categorías aplicables a los puestos de la administración pública.

Actualmente la primera etapa de la reforma del sistema de remuneración está en proceso de ejecución: la elaboración de un sistema único de remuneración para funcionarios y empleados de organismos de la administración pública constituye uno de los elementos de la reforma de administración pública. En cumplimiento del nuevo sistema, la remuneración de funcionarios y empleados de organismos de administración pública se establecerá teniendo en cuenta lo siguiente:

a)Las categorías de los puestos, que serán determinadas mediante la evaluación del puesto según la metodología para evaluar puestos;

b)Las calificaciones de los funcionarios y empleados, que se establecerán sobre la base de la metodología para evaluar puestos.

Así pues, el criterio principal del nuevo sistema de remuneración será la contribución del funcionario y del empleado y el mejoramiento de la calidad del desempeño; la remuneración de cada funcionario y empleado dependerá de los resultados de su desempeño. En cumplimiento de lo que se describe anteriormente, en el nuevo sistema de remuneración se aplicará el principio de igualdad de género y la remuneración de una persona determinada no dependerá ni de su raza ni del color de la piel, género, edad, afiliación religiosa, política y de otra índole, origen nacional o social ni condiciones materiales.

Hay comparativamente pocas mujeres empleadoras (véase el cuadro).

Distribución de la población empleada por estatuto del empleado (%)

	Empleados	Empleadores	Trabajadores por cuenta propia	Parientes y familiares que no reciben remuneración
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1995	51,7	48,3	70,3	29,7	64,6	35,4	45,3	54,7
1996	51,1	48,9	72,0	28,0	60,3	39,7	46,1	53,9
1997	51,2	48,8	75,6	24,4	54,8	45,2	43,0	57,0
1998	52,3	47,7	69,3	30,7	57,4	42,6	45,9	54,1
1999	51,6	48,4	70,5	29,5	52,2	47,8	44,3	55,7
2000	50,0	50,0	70,9	29,1	51,3	48,7	47,9	52,1

Según la información proporcionada por la Oficina Central de Estadística el salario mensual bruto medio para las mujeres es inferior a la remuneración que reciben los hombres en todas las profesiones.

Remuneración bruta media de hombres y mujeres empleados en la economía nacional

	Mujeres	Hombres	Porcentaje del sueldo de las mujeres comparado con el de los hombres
1995	72,64	92,82	78,3
1996	79,07	100,73	78,5
1997	97,91	122,83	79,7
1998	109,26	137,71	79,3
1999	118,48	148,10	80,0
2000	126,16	160,45	78,6
2001	133,38	167,67	79,5

En el mercado de trabajo los problemas que se plantean están relacionados con la segregación por género: la división de empleo en las denominadas industrias “masculinas” y “femeninas”. En la actualidad la mayor parte de las mujeres trabajan en industrias como la enseñanza, la atención de la salud y los servicios sociales y su remuneración media así como sus oportunidades de promoción de carrera son inferiores a las de las industrias en las que prevalecen los hombres.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las mujeres prefieren trabajar en empresas públicas o municipales que tienen garantías sociales estables y seguras aunque la remuneración sea inferior. Este es uno de los ejemplos en que la discriminación indirecta se manifiesta como la desigualdad de responsabilidades entre los géneros (como las mujeres suelen ocuparse del cuidado de los niños, piensan en las garantías sociales para la familia), lo que se transforma en discriminación indirecta en la vida económica. Uno de los efectos de las causas sociales mencionadas es que las mujeres tienen menos posibilidades de acceso a trabajos mejor remunerados. Al mismo tiempo hay un gran número de personas para las cuales los pagos de contribución social muy frecuentemente no se hacen y en consecuencia esas personas no reciben garantías sociales, lo que crea un círculo vicioso de pobreza en las zonas r u rales.

Para facilitar el cálculo de la contribución estatutaria del seguro social y su pago con arreglo a lo dispuesto e impedir que los empleadores eviten un determinado pago así como para luchar contra los medios de ocultar la remuneración real de los empleados, el Servicio Impositivo Estatal ejerce controles que consisten básicamente en exámenes temáticos de los empleadores y auditorías de los impuestos. Además, a fin de mejorar los servicios a los contribuyentes se han tomado las siguientes medidas con respecto a la administración de los impuestos: aceptación de cuentas y declaraciones así como información, educación y atención de consultas a los contribuyentes. En la página inicial del Servicio Impositivo Estatal regularmente se actualiza la información sobre ayuda y enmienda metódicas preparadas por dicho Servicio. En 2002 en las oficinas regionales del Servicio Impositivo Estatal se atendieron 298.000 consultas de contribuyentes y se realizaron 1.357 actividades de carácter educativo: seminarios, conferencias, debates, etc. Para mejorar las relaciones públicas en el año 2002 el Servicio Impositivo Estatal organizó 1.915 actividades de carácter informativo: publicaciones en la prensa, charlas por radio y televisión, reuniones en las escuelas, con estudiantes, con organizaciones no gubernamentales, etc.

A fin de determinar los casos en que el empleador no firmó un contrato de trabajo con el empleado o no calculó los sueldos o la cuenta de contribución a la Seguridad Social de los ingresos de los empleados y el impuesto sobre las rentas en que se indicaban los sueldos pagados y el monto de sueldos mínimos fijados por el Estado o un monto inferior a éste y el resto de las cantidades desembolsadas de otro tipo, el Servicio Impositivo Estatal organizó exámenes temáticos (cuyo tema era los empleadores) para descubrir las violaciones de un determinado tipo. Alrededor del 60% de los exámenes se realizaron fuera de la ciudad de Riga. En 2002 el Servicio Impositivo Estatal organizó 13.221 exámenes de empleadores que constituyeron el 64% de todos los exámenes temáticos, proporcionalmente fue el tema que se examinó con más frecuencia. En comparación con 2001, el número de exámenes de empleadores aumentó en un 16% y las violaciones que se descubrieron en un 7% de casos. En comparación con el año 2001, el número de violaciones individualizadas aumentó en un 2%.

Cada año el Servicio Impositivo Estatal confirma el Procedimiento de Planificación y Contabilización de las Auditorías de Impuestos en virtud del cual entre todos los tipos de actividades empresariales, se asigna prioridad a las empresas comerciales con respecto a las auditorías anuales, lo que ha sucedido durante varios años. Cuando se selecciona a los contribuyentes para la auditoría de impuestos se aplican los siguientes criterios de riesgo: si la oficina regional del Servicio Impositivo Estatal tiene información sobre una determinada empresa que no calcula los sueldos de sus empleados o que dichos sueldos son equivalentes al salario mínimo fijado por el Gabinete de Ministros o ligeramente superior a éste; si hay una rotación de personal elevada y un número reducido de empleados; si no se ha declarado empleo remunerado o hay otras actividades consideradas como factor de riesgo. En 2002 cuando se preseleccionó la lista de contribuyentes para la auditoría de los impuestos, se consideró que tenían un factor de riesgo 633 empresas, es decir el 58% de todas las empresas (1.096) incluidas en el programa de auditoría. En 2002 se examinó la contribución a la seguridad social en 1.152 auditorías de impuestos, es decir el 67% del total de auditorías de impuestos, lo que representó una suma adicional de 673.200 lati.

Derecho a recibir exenciones laborales

En Letonia no hay un criterio diferenciado por género para recibir exenciones laborales, salvo casos de peculiaridades fisiológicas o preventivas de diferentes géneros o condiciones familiares del empleado, independientemente de su género.

Si las relaciones de empleo están basadas en un contrato de empleo las normas y el Código de Trabajo se aplican a todos los empleados y empleadores independientemente de su condición y forma de equidad. En dicho Código se definen las categorías de empleados que tienen que tener horas de trabajo reducidas: los empleados de entre 16 y 18 años de edad, los que trabajan en condiciones de trabajo peligrosas o difíciles y las mujeres que tienen hijos menores de tres años. Asimismo hay restricciones para el trabajo nocturno de los empleados menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las mujeres que tienen hijos menores de tres años, los padres que crían a un hijo menor de tres años sin la madre, así como los tutores de niños de la edad mencionada anteriormente. El empleado puede solicitar jornada de trabajo parcial con el acuerdo previo del empleador en los siguientes casos: si se trata de una mujer embarazada, si uno de los cónyuges tiene un hijo menor de 14 años o es el padre que cría sin la madre a un hijo menor de 14 años (o si es un niño discapacitado menor de 16 años), si es el tutor de un niño de las edades mencionadas o es una persona que acredita mediante certificado médico que atiende a un familiar enfermo. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones indica que según el estudio sobre percepción de los empleados y los empleadores en materia de relaciones laborales realizado por solicitud del Ministerio de Bienestar, el nivel de percepción con respecto a esas exenciones es bajo.

La Ley del Trabajo prohíbe el empleo de niños en trabajos permanentes, el empleo de mujeres embarazadas tras la presentación de un certificado médico y de las mujeres durante el período postnatal de hasta un año y de las mujeres que amamantan durante todo el período de amamantamiento si se reconoce que el desempeño de sus respectivas funciones pone en peligro la seguridad y la salud de la mujer o de su hijo.

La posibilidad de llegar a un acuerdo sobre trabajo de jornada parcial está estipulada en la Ley del Trabajo; lo pueden solicitar una mujer embarazada, una mujer durante el período postnatal de hasta un año, una mujer que amamanta durante todo el período de amamantamiento así como una empleada que tiene un hijo menor de 14 años o un hijo discapacitado menor de 16. Además si la empleada se niega a pasar de jornada de tiempo completo a jornada de tiempo parcial o viceversa, ello no puede ser motivo para rescindir el contrato de empleo ni para aplicar ninguna otra restricción a sus derechos. La Ley del Trabajo prohíbe el empleo por períodos prolongados y el trabajo nocturno a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas, a las mujeres durante el período postnatal de hasta un año y a las mujeres que amamantan durante todo el período del amamantamiento. Se puede emplear a una persona que tiene un hijo menor de tres años para que realice trabajo nocturno sólo con el consentimiento de dicha persona. Según la Oficina Nacional de Derechos Humanos, las disposiciones jurídicas sobre la posibilidad de obtener trabajo de jornada parcial para las mujeres que tienen hijos menores de tres años en la práctica no se aplican, principalmente por dos motivos: el empleador no acepta el trabajo a jornada parcial o acepta oficialmente el trabajo a jornada parcial pero la mujer sigue trabajando a jornada completa.

Derecho a licencia no remunerada

El Código de Trabajo estipula que todos los empleados tienen derecho a licencias anuales, a conservar su puesto y los ingresos medios que tenían antes de la licencia. La licencia anual concedida a los empleados no debe ser inferior a cuatro semanas, excluidos los feriados oficiales. No se permite compensar la licencia con efectivo, salvo en los casos de un empleado que no ha usado la licencia y es despedido. La licencia correspondiente al primer año de trabajo se concede a los empleados cuando han trabajado en la respectiva empresa, institución u organización durante seis meses sin interrupción. Si la persona no ha trabajado seis meses sin interrupción se puede conceder la licencia correspondiente al primer año a las mujeres antes de la licencia de maternidad y antes de la licencia por parto o directamente después del parto, así como a las mujeres que tienen hijos menores de 12 años; a los empleados menores de 18 años, a las personas que han sufrido represión política y en los demás casos previstos en la ley. La licencia correspondiente al segundo año y años ulteriores de trabajo se puede conceder en cualquier momento durante el año de trabajo en cumplimiento de la secuencia que se aplica al conceder la licencia. Las mujeres que tienen tres o más hijos menores de 16 años o un niño discapacitado pueden recibir una licencia adicional de tres días de trabajo.

La Ley del Trabajo estipula que todo empleado tiene derecho a una licencia anual remunerada, que no debe ser inferior a cuatro semanas, excluidos los feriados oficiales. Los menores de 18 años reciben una licencia anual remunerada de un mes. En casos excepcionales cuando la concesión de la licencia anual remunerada a un empleado en su totalidad y en el año en curso puede tener consecuencias desfavorables para el progreso habitual del trabajo de la empresa, ésta puede transferir parte de la licencia al año siguiente con el consentimiento por escrito del empleado. Esas disposiciones no se aplican a los menores de 18 años, a las mujeres embarazadas y a las mujeres en el período postnatal de hasta un año, y a las mujeres que amamantan durante todo el período del amamantamiento. La compensación monetaria de la licencia anual remunerada no está autorizada, salvo en los casos de despido si el empleado no ha usado su licencia anual remunerada. Contrariamente al Código de Trabajo, se concede una licencia adicional de tres días a los empleados que tienen tres o más hijos menores de 16 años o un hijo discapacitado sin distinción de género. Un empleado puede pedir que se le conceda una licencia anual remunerada el primer año de trabajo aunque haya trabajado para ese empleador menos de seis meses sin interrupción. El deber del empleador es conceder esa licencia en su totalidad. Si la solicita una mujer puede recibir su licencia anual remunerada antes de la licencia de maternidad y de la licencia por parto o directamente después del parto, independientemente del tiempo que haya trabajado para el empleador.

Derecho a la seguridad social

La política de seguridad social que se aplica en Letonia determina que el pago del impuesto social es un requisito previo para recibir la mayor parte de las garantías sociales.

Desde el restablecimiento de la independencia, se han introducido cambios importantes en la política nacional de seguridad social. La base legislativa que garantizaba la seguridad social exigía cambios, ya que no era posible seguir dando las garantías sociales previstas durante el período soviético; asimismo, con la introducción de los principios de la economía de mercado la población tuvo que asumir una mayor responsabilidad. Al principio, el Gobierno trató de continuar la política que proporcionaba garantías sociales considerables (por ejemplo, al promulgar en 1991 la Ley sobre Pensiones del Estado). Sin embargo, esa política resultó imposible de aplicar, ya que amenazaba con destruir el presupuesto de asistencia social.

El modelo actual de la política de seguridad social se basa en el hecho de que los pagos de impuesto social son requisitos previos para recibir la mayor parte de las garantías sociales. Además el monto de dichos pagos también determina la magnitud de los beneficios y de las pensiones que se han de recibir. Los pagos del impuesto social están individualizados; los pagos aportados por cada residente se registran en su cuenta personal en el Organismo Estatal de Seguro Social. El 13 de marzo de 2001 la Corte Constitucional determinó que, aunque el empleador no haya aportado los pagos del seguro social con respecto al empleado, éste tiene derecho a recibir servicios de seguridad social. El empleado no está en condiciones de influir en la conducta del empleador y está automáticamente registrado como participante del sistema de seguro social. Asimismo se determinó que el Estado se ha comprometido a asegurar el funcionamiento del sistema de seguro social y la recaudación de los pagos.

El principio básico del funcionamiento del sistema de seguridad social es garantizar la igualdad de servicios sociales independientemente del género, nacionalidad y afiliación religiosa. El sistema de seguridad social abarca dos esferas: el seguro social y la asistencia social estatal.

Las actividades de asistencia social son un componente del sistema de seguridad social y tienen por objeto asegurar la protección social de los habitantes que se encuentran en condiciones de pobreza o en otras situaciones de riesgo y a los que no se aplican otras medidas de seguridad social o las que se aplican son insuficientes. Las funciones de asistencia social se dividen entre el gobierno estatal y el gobierno local. Según la Ley de Asistencia Social las principales formas de asistencia social prestadas por el Estado son la atención de casos, asistencia material y rehabilitación social.

De conformidad con la Ley de Asistencia Social, los ciudadanos de Letonia, los no ciudadanos, los extranjeros y los apátridas que han recibido un código de identidad personal – salvo las personas que han recibido permiso de residencia temporal – gozan del derecho a recibir servicios de asistencia social. Ese derecho no depende del monto de las contribuciones al seguro social aportado. En Letonia el sistema de beneficios sociales incluye beneficios sociales estatales universales, que se conceden sobre la base del grupo de la población al que pertenece la persona. Además, los beneficios sociales municipales están sujetos a verificación de los ingresos.

Se establece una distinción entre las prestaciones sociales estatales y las municipales. Las prestaciones sociales estatales se dividen en prestaciones que se pagan con carácter regular y prestaciones que consisten en una suma global que se paga una sola vez. Las prestaciones sociales estatales que se pagan con carácter regular son:

a)La prestación de seguridad social del Estado;

b)La prestación para cuidado de los hijos;

c)La prestación familiar del Estado;

d)La prestación por compensación de gastos de transporte concedida a los discapacitados que tienen dificultades para moverse y que han recibido un certificado médico de expertos sobre la necesidad de un vehículo de transporte especializado (esa prestación se paga dos veces por año);

e)La remuneración de tutores;

f)La remuneración a hogares de guarda;

g)La remuneración a tutores para la alimentación de un niño.

Las prestaciones por parto y por defunción son pagos que se hacen una sola vez.

De conformidad con la Ley de Asistencia Social, los gobiernos locales son responsables de las siguientes prestaciones sociales:

a)Prestación de asistencia social para familias pobres;

b)Prestación para vivienda;

c)Prestación para servicios de enfermería.

Los gobiernos locales tendrán en cuenta sus situaciones presupuestarias y pueden conceder otros beneficios.

Cabe señalar que según la Oficina Nacional de Derechos Humanos la pobreza en Letonia tiene un claro elemento de género. Cuando el número de familiares aumenta, el riesgo de pobreza de las mujeres también aumenta. Las mujeres que tienen hijos son más pobres que las que no los tienen. El cuidado de un hijo limita las posibilidades económicas de la mujer. Las familias en que una mujer sola cría a niños pequeños están particularmente expuestas a ese riesgo; el padre del niño (o de los niños) suele eludir el pago de alimentos aunque haya un fallo válido del tribunal que ordene dichos pagos. Con frecuencia las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes no pueden asegurar que esos fallos se cumplan.

La seguridad social aporta estabilidad social y seguridad a la comunidad y garantiza a cada contribuyente de seguro social una compensación de ingresos proporcional a las contribuciones aportadas en el momento en que la persona pierde sus ingresos. El seguro social es un conjunto de actividades organizadas por el Estado para proteger a la persona o a sus familiares a cargo si pierde los ingresos procedentes del trabajo a consecuencia de una enfermedad, discapacidad, maternidad, desempleo, vejez, accidente profesional o enfermedades profesionales de la persona asegurada así como gastos adicionales resultantes del fallecimiento de una persona asegurada o de los familiares a cargo de dicha persona. La Ley de Seguridad Social del Estado define los tipos de seguro social.

De conformidad con las leyes actualmente en vigor, en Letonia existe un sistema de pensiones de vejez a tres niveles. Los niveles del sistema se complementan mutuamente. Se puede recibir pensión de vejez si se han pagado las contribuciones al seguro social obligatorio (el primer nivel del sistema de pensiones), si la persona participa en la caja de pensiones del Estado en que se acumulan los fondos de pensiones, lo que asegura su distribución (el segundo nivel del sistema de pensiones, que comenzará a funcionar en julio de 2001), y si se invierten fondos en cajas de pensiones privadas (el tercer nivel del sistema de pensiones).

El monto de la pensión depende del monto de las contribuciones de seguro social pagado y de la duración del período de pago. Así pues, al respecto se aplican dos principios: “cuanto más se paga más se obtiene” y “cuanto más tarde se jubile más pensión recibirá”.

En el sistema de pensiones del Estado se tiene en cuenta el género sólo para establecer la edad de jubilación. En 1995, la edad mínima de jubilación para las mujeres era 55 años y para los hombres 60 a 62 años. En 1996 la edad de jubilación para las mujeres se aumentó a 56 años y aún más, en cumplimiento de la Ley de Pensiones del Estado, en medio año por cada año civil hasta llegar a los 62 años. En 2001 el derecho a la pensión de vejez se aplica a todas las personas (hombres y mujeres) que cumplieron 62 años y cuya duración del período de seguro no es inferior a los 10 años. Las personas que han cumplido 60 años tienen derecho a solicitar una jubilación anticipada si la duración del período de seguro no es inferior a 30 años.

Los hombres y las mujeres se pueden jubilar anticipadamente, es decir dos años antes de la edad de jubilación establecida oficialmente, siempre que la duración del período del seguro social no sea inferior a 30 años. Si se retiran anticipadamente sólo reciben el 80% del monto de la pensión.

Como las mujeres reciben sueldos más bajos que los hombres, sus pensiones medias también son más bajas. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que los pagos de pensión de vejez de las mujeres en proporción a sus contribuciones al seguro social son discriminatorios, ya que en primer lugar los sueldos para las mujeres en general son más bajos a consecuencia de la segregación profesional y por sectores y en segundo lugar por que interrumpen su carrera profesional y se dedican a cuidar a los hijos. En consecuencia, durante ese período el Estado paga contribuciones de seguro social con arreglo al sueldo mensual mínimo, lo que contribuye a que el monto final del capital de pensión de vejez sea más reducido.

Monto medio de pensión de vejez, en lati de Letonia por mes a precios efectivos

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Promedio para todos los tipos de pensiones	8,29	10,50	27,00	32,72	38,50	42,42	51,23	58,00	58,54	58,87
Hombres	X	X	X	X	X	44,36	53,78	62,34	62,91	63,19
Mujeres	X	X	X	X	X	41,90	50,56	56,56	57,16	57,55
De los cuales:
Pensiones de vejez	7,42	9,90	27,30	32,60	38,30	42,55	51,57	58,92	59,76	60,27
Hombres	X	X	X	X	X	44,50	54,20	64,03	65,02	65,51
Mujeres	X	X	X	X	X	41,74	50,44	56,69	57,42	57,91

La Ley del Seguro contra el Desempleo prescribe el procedimiento para los servicios previstos por el seguro social en caso de desempleo (seguro contra dese m pleo), el conjunto de personas que pueden recibir ese servicio, sus deberes y responsabilidades. En virtud de dicha ley se prestan los siguientes servicios: prestación de desempleo: prestación por defunción en caso de fallecimiento de la persona desempleada y una donación durante la formación profesional o readiestramiento del desempleado. Las personas que están aseguradas contra el desempleo en cumplimiento de la Ley de Seguro Social del Estado y cuya contribución al seguro social no haya durado menos de un año (han aportado contribuciones por no menos de nueve meses durante el año precedente) y que han sido clasificadas como desempleadas en cumplimiento del procedimiento prescrito por la Ley del Seguro contra el Desempleo tienen derecho a esos servicios.

No hay discriminación por motivos de género cuando se trata de aplicar la clasificación de desempleado en cumplimiento de la Ley contra el Desempleo. Un ciudadano de la República de Letonia o un extranjero (apátrida) que ha recibido el permiso de residencia permanente o que tiene un sello del Registro de Población con el código de identidad personal en su pasaporte, que puede trabajar pero no lo hace, que tiene edad de trabajar y que no participa en actividades comerciales, que busca trabajo, que se ha registrado en el Servicio de Empleo del Estado en su lugar de residencia y visita dicho Servicio por lo menos una vez por mes es reconocido como persona desempleada.

El género de la persona tampoco se tiene en cuenta cuando se pierde la clasificación de desempleado. La persona desempleada pierde esa clasificación en las siguientes circunstancias: si concierta un contrato de empleo sin plazo fijo o un contrato de empleo de plazo fijo de más de dos meses, si en virtud de la ley tiene derecho a pensión de vejez, si es transferida a la custodia total del Estado, si ingresa a una institución de enseñanza diurna, si dos veces consecutivas rechaza una oferta de trabajo apropiada, si dos veces consecutivas se niega a recibir formación profesional o readiestramiento, si no asiste a las clases de formación profesional o readiestramiento sin motivo justificado o si no cumple con el contrato de trabajo comunitario temporal remunerado, si ha presentado información falsa para ser clasificado como desempleado, o si traslada su residencia permanente a un lugar fuera del territorio de la República de Letonia.

En cumplimiento de la Ley de Seguro Social del Estado, el seguro contra desempleo también se aplica a todas las personas que tienen relaciones de empleo y a los grupos vulnerables de la población que no tienen relaciones de empleo. Pertenecen a esos grupos los soldados en servicio militar activo obligatorio; las personas que cuidan a un niño menor de 18 meses; y las personas que reciben prestaciones por enfermedad.

El monto de la prestación de desempleo está establecido, independientemente del género de la persona, en proporción a la duración del período de seguro social de la persona y de los ingresos con cargo a los cuales se han pagado las contribuciones de seguro social.

A fines del año 2001, el 57,4% del total de desempleados registrados en el Servicio de Empleo del Estado eran mujeres. En comparación con el año precedente, en 2001 el número de mujeres desempleadas del total de desempleados aumentó en un 0,2%. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que a menudo las mujeres de edad avanzada pierden el trabajo o están desempleadas durante mucho tiempo. Por lo tanto, las mujeres de edad previa a la pensión son un grupo social particularmente expuesto al riesgo de la pobreza. A consecuencia del bajo nivel de empleo, muchas mujeres de edad previa a la pensión que no participan en relaciones laborales aprovechan la oportunidad para jubilarse anticipadamente, es decir, se jubilan antes de la edad de jubilación oficialmente establecida a fin de recibir por lo menos un ingreso mínimo. Según el estudio sobre la feminización de la pobreza y los cambios de los factores de riesgo en Letonia de 1991 a 2000 (solicitado por el Ministro de Bienestar) en 1998 un 80% de las mujeres jubiladas se jubiló antes de la edad oficial de jubilación.

La elevada tasa de desempleo de las mujeres también obedece a los siguientes factores:

a)Hasta que el hijo no ha cumplido por lo menos edad escolar, los empleadores son reacios a contratar a una mujer que tiene un hijo en edad preescolar ya que esa circunstancia suele obstaculizar el trabajo de la empleada;

b)Cuando la mujer vuelve al mercado de trabajo una vez concluida la atención de los hijos, a menudo suele tropezar con dificultades para adaptarse, ya que en muchos casos sus aptitudes profesionales han disminuido durante el período de atención del hijo y debe adquirir nuevos conocimientos para poder trabajar;

c)En general los empleadores son reacios a contratar a mujeres jóvenes, ya que siempre existe la posibilidad de que la empleada tome licencia de maternidad.

El Servicio de Empleo del Estado administra el procedimiento para conceder la clasificación de desempleado, el readiestramiento de los desempleados así como otros procedimientos relativos a la política de desempleo. Según la información proporcionada por el Servicio de Empleo del Estado, las mujeres han expresado el deseo de estudiar, de recibir readiestramiento o de perfeccionar sus aptitudes dos veces más frecuentemente que los hombres; el Servicio de Empleo del Estado también ha dado más capacitación, readiestramiento y perfeccionamiento de las aptitudes a las mujeres que a los hombres (véase el cuadro).

Deseo de recibir capacitación, readiestramiento o perfeccionamiento de aptitudes
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	13.857	8.374	5.483
1996	16.589	10.291	6.298
1997	15.337	10.128	5.209
1998	24.542	16.243	8.299
1999	29.395	18.512	10.883
2000	28.025	17.488	10.537
2001	31.192	19.358	11.834
Recibieron capacitación, readiestramiento o perfeccionamiento de aptitudes
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	6.339	4.206	2.133
1996	8.831	5.562	3.269
1997	7.950	5.049	2.901
1998	16.602	11.671	4.931
1999	9.704	6.186	3.518
2000	10.267	6.592	3.675
2001	10.269	6.925	3.344

Durante el período de funcionamiento del Servicio de Empleo del Estado han expresado el deseo de participar en trabajo comunitario temporal remunerado aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres (véase el cuadro).

Deseo de participar en trabajo comunitario temporal remunerado
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	37.189	17.210	19.979
1996	38.052	17.749	20.303
1997	32.786	16.913	15.873
1998	39.911	19.937	19.974
1999	34.946	16.754	18.192
2000	31.539	15.738	15.801
2001	32.620	15.914	16.706
Participaron en trabajo comunitario temporal remunerado
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	14.034	5.474	8.560
1996	10.212	4.077	6.135
1997	8.825	3.631	5.194
1998	12.358	5.363	6.995
1999	11.404	4.584	6.820
2000	9.993	4.230	5.763
2001	15.218	6.691	8.527

Además, el número de hombres y mujeres que solicitaron trabajo y lo encontraron con asistencia del Servicio de Empleo del Estado es aproximadamente el mismo (véase el cuadro).

Solicitaron y encontraron trabajo (con la ayuda del Servicio de Empleo del Estado)
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	19.272	9.599	9.673
1996	15.323	7.858	7.465
1997	30.327	16.546	13.781
1998	13.195	7.184	6.011
1999	41.384	23.013	18.371
2000	43.656	24.784	18.872
2001	39.906	23.013	16.893
De los cuales encontraron empleo
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	17.616	8.985	8.631
1996	14.068	7.328	6.740
1997	29.350	16.106	13.244
1998	31.239	17.491	13.748
1999	40.981	22.856	18.125
2000	43.143	24.566	18.577
2001	39.462	227.986	16.664

Participaron en actividades del Club de los que solicitan empleo
Año	Total	De los cuales son mujeres	De los cuales son hombres
1995	-	-	-
1996	1.551	-	-
1997	5.501	4.657	844
1998	7.710	6.601	1.109
1999	15.835	12.973	2.862
2000	17.940	14.419	3.521
2001	24.667	18.261	6.406

En cumplimiento de la Ley de Maternidad y Seguro Médico las personas que han sido aseguradas en cumplimiento de la Ley de Seguro Social pueden recibir prestaciones por enfermedad.

Se conceden prestaciones por enfermedad a toda persona, independientemente de su género, en las siguientes circunstancias: si no viene a trabajar y pierde los ingresos resultantes del empleo asalariado; o si es una persona empleada por cuenta propia y pierde los ingresos por las siguientes causas: pérdida de capacidad de trabajo resultante de enfermedad o lesión, la necesidad de recibir asistencia médica preventiva; el aislamiento necesario por motivos de cuarentena, según un certificado médico de que ese tratamiento es necesario para la recuperación de su capacidad de trabajo; si cuida a un niño enfermo menor de 14 años; si se somete a procedimientos de prótesis o terapia en una clínica.

En cumplimiento de la Ley de Seguridad Social aquellas personas (ciudadanos de Letonia, no ciudadanos, extranjeros y apátridas que tienen un código de identidad personal, salvo las personas que tienen un permiso de residencia temporal) que han vivido en la República de Letonia durante los 12 últimos meses sin interrupción pero no menos de un total de 60 meses tienen derecho a recibir una prestación de seguro social del Estado por discapacidad. En esa Ley no se prescribe diferencia alguna en la prestación de seguro social por motivo de género. El monto de la pensión por discapacidad es el mismo para los hombres que para las mujeres y depende de la duración del período durante el cual se aportaron contribuciones de seguro social y de los ingresos con respecto a los cuales se pagaron dichas contribuciones (véase el cuadro).

Monto medio de la pensión de discapacidad en lati de Letonia por mes en precios efectivos

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Promedio para todos los tipos de pensiones	8,29	10,50	27,00	32,72	38,50	42,42	51,23	58,00	58,54	58,87
Hombres	X	X	X	X	X	44,36	53,78	62,34	62,91	63,19
Mujeres	X	X	X	X	X	41,90	50,56	56,56	57,16	57,55
De los cuales:
Pensiones por discapacidad	13,29	14,00	28,30	33,90	39,20	42,81	50,86	54,70	53,98	53,40
Hombres	X	X	X	X	X	42,49	50,28	53,82	52,84	52,06
Mujeres	X	X	X	X	X	43,14	51,43	55,56	55,11	54,70

En cumplimiento de los principios establecidos por la Ley de Asistencia Médica y Social para los Discapacitados relativa a la prestación de asistencia social a esas personas, todos los discapacitados gozan de los mismos derechos de asistencia médica y social. En esa ley también se define la persona discapacitada: en Letonia es una persona que necesita asistencia médica y social adicional a consecuencia de trastornos funcionales de diversos órganos causados por enfermedades, lesiones o defectos congénitos y cuya discapacidad ha sido establecida en cumplimiento del procedimiento prescrito por ley.

El examen de expertos en caso de discapacidad está a cargo de comisiones de expertos médicos generales y especiales en materia de salud y capacidad de trabajo de conformidad con el procedimiento prescrito por el decreto No. 263 del Gabinete de Ministros sobre el Procedimiento del Examen de Expertos en Discapacidad por la Comisión de Expertos Médicos del Estado en materia de Salud y Capacidad de Trabajo (16/07/1996). La comisión médica examina a los ciudadanos de la República de Letonia así como a extranjeros y apátridas que han recibido permisos de residencia permanente, desde la edad de 16 años hasta la edad de jubilación prescrita por la ley en el lugar de residencia de la persona y según el tipo de enfermedad. Un pediatra establece la discapacidad de los niños menores de 16 años. La comisión médica examina a las personas que han pasado la edad de jubilación si la restricción de las facultades mentales y físicas de esas personas no está relacionada con los cambios del organismo causados por la vejez.

En Letonia toda persona discapacitada tiene acceso a asistencia social, asistencia médica, asistencia en cuestiones de empleo y promoción de la integración social. El objeto de dicha asistencia es prevenir la discapacidad o su progreso o reducir sus consecuencias. Las instituciones médicas públicas y municipales y los médicos de atención primaria de la salud prestan asistencia médica. Los gastos relativos a la prestación de asistencia para cuestiones de empleo se financian con cargo al presupuesto especial de seguro social del Estado.

El Departamento de Seguro Social del Ministerio de Bienestar formula la política nacional en la esfera de seguro social y es responsable de su aplicación. Dicho Departamento formula y aplica la política nacional sobre prestaciones sociales del Estado para las familias con hijos y para las personas de edad, se ocupa de cuestiones de seguro social y asegura la formulación de leyes de seguridad social que se ajusten a los requisitos que figuran en las normas de la Unión Europea. El Departamento de Asistencia Social elabora una política estatal unificada de asistencia social, es responsable de su aplicación y supervisa la aplicación en Letonia. El Fondo de Asistencia Social tiene las siguientes tareas principales: asegurar la participación del Estado en la asistencia social prestada por las municipalidades; controlar y supervisar los gastos del presupuesto de asistencia social; asegurar la reunión, recopilación y el análisis de los datos necesarios para la aplicación, supervisión y evaluación de una política de asistencia social; crear y actualizar sistemáticamente las bases de datos sobre los que prestan servicios sociales y los que los reciben.

Hasta el 1° de enero de 1997 las prestaciones de asistencia social y las pensiones se concedían por conducto del Fondo de Seguro Social del Estado, que a partir del 1° de enero de 1998 se transformó en una sociedad anónima denominada Organismo Estatal de Seguro Social. Esa medida asegura un mejor control del gasto de recursos, a diferencia de las prácticas anteriores que consistían en que las respectivas prestaciones se pagaran en el lugar de trabajo a expensas del impuesto social. La función principal del Organismo Estatal de Seguro Social es administrar el presupuesto especial del seguro social y los servicios sociales del Estado.

Prohibición de discriminación por razones de matrimonio o maternidad

A fin de impedir la discriminación contra la mujer por motivos de matrimonio o maternidad, la Ley del Trabajo incluye una norma que prohíbe que se formulen preguntas sobre el embarazo durante las entrevistas de contratación (salvo en los casos en que las funciones o la ocupación no se puedan realizar durante el embarazo), así como el estado civil o familiar de la entrevistada.

El Código de Trabajo incluye la prohibición de despedir a mujeres embarazadas y a mujeres que tienen un hijo menor de tres años o prohíbe reducir su remuneración por iniciativa del empleador si están embarazadas o se ocupan del cuidado de los niños. El despido sólo se permite en los casos en que la empresa, la institución o la organización se liquida (esta norma se aplica también a los padres y tutores que crían a un niño menor de 14 años sin la madre). También se estipula que en el caso de reducción de personal se dé preferencia para conservar el puesto a las mujeres que tienen un hijo menor de 14 años (un hijo discapacitado menor de 16), o a los empleados que tienen dos o más personas a su cargo, siempre que su productividad y calificaciones sean iguales a las de los demás.

El Código de trabajo prohíbe rescindir el contrato de empleo de una mujer embarazada, de una mujer durante el período postnatal de hasta un año, de una mujer que está alimentando a su hijo durante todo el período de amamantamiento, salvo en los casos en que el empleado haya violado su contrato de empleo o el procedimiento de trabajo prescrito sin justificación; que haya cometido actos ilegales durante la ejecución de su trabajo y por consiguiente haya perdido la confianza del empleador; que haya actuado en forma contraria a las normas de moral y buenas costumbres durante la ejecución de su trabajo y que su actuación sea incompatible con la continuación de las relaciones de empleo; que durante la ejecución de su trabajo haya manifestado síntomas de alcoholismo, uso de estupefacientes o substancias tóxicas; que haya violado las normas de protección de trabajo y haya expuesto la seguridad y salud de otras personas o si el empleador liquida su empresa.

Además la Ley del Trabajo estipula que en el caso de despido por reducción de personal los empleados que crían a un hijo menor de 14 años o a un discapacitado menor de 16 gocen de preferencia para conservar su puesto siempre que su productividad y calificaciones sean iguales a las de los demás.

Si la rescisión del contrato de empleo por el empleador ha causado la violación de los derechos del empleado, éste, independientemente de su género, tiene derecho a presentar una denuncia ante los tribunales para que se reconozca que la rescisión del contrato de empleo por el empleador es inválida y debe hacerlo a más tardar un mes a partir de la fecha de la notificación del despido. Con arreglo a los requisitos de la Ley del Trabajo, el empleador tiene el deber de demostrar que la rescisión del contrato de empleo se justifica legalmente y cumple con el procedimiento prescrito para la rescisión de dicho contrato. En otros casos, cuando el empleado solicita su reincorporación al trabajo, el deber del empleador es demostrar que al despedirla no ha violado el derecho de éste a continuar las relaciones de empleo.

El Código de Violaciones Administrativas estipula que se puede imponer al empleador o a un funcionario una multa de hasta 200 lati por la violación de las leyes de relaciones laborales o las leyes de protección laboral u otras normas que reglamenten esas cuestiones, mientras que la violación de las leyes de empleo u otras normas que reglamenten esas cuestiones se sancionan con una multa de hasta 150 lati impuesta al empleador o al funcionario. Estas disposiciones entraron en vigor el 19 de julio de 1995.

En Letonia la licencia de maternidad y de parto y las prestaciones correspondientes se conceden durante el período respectivo. En el Código de Trabajo se prevé una licencia de maternidad de 56 días naturales y una licencia por parto de 56 días naturales, lo que da 112 días naturales independientemente del número de días de licencia de maternidad que la madre haya usado antes del parto. Las mujeres que hayan recibido atención médica por motivo del embarazo en una institución médica a más tardar en la duodécima semana del embarazo y hayan seguido recibiendo dicha atención durante todo el embarazo tienen derecho a una licencia de maternidad adicional de 14 días naturales, sumados a la licencia de maternidad, lo que da un total de 70 días naturales. Una mujer que recibió una licencia de parto adicional de 14 días naturales, sumados a la licencia de maternidad tiene una licencia total de 70 días naturales si hay complicaciones durante el embarazo, el parto o el período postnatal o si ha tenido dos o más hijos. Las mujeres pueden pedir licencia para cuidar a su hijo hasta que éste cumpla tres años, con un pago de prestación estatal de seguro social para ese período. El período destinado a cuidar a un hijo menor de tres años se incluye en el período general y no interrumpido de años de servicios.

Asimismo en dicha ley también se estipula que antes de la licencia de maternidad y de parto o directamente después de dicha licencia la mujer recibe, si lo solicita, su licencia anual, independientemente del tiempo que haya prestado servicios trabajando para el respectivo empleador.

Las normas que figuran en la Ley del Trabajo sobre la duración de la licencia de maternidad y de parto y el procedimiento para calcularla, así como las licencias adicionales de maternidad y parto coinciden con las normas del Código de Trabajo cuya percepción por parte del público, habida cuenta de su larga data y de lo obvio de las normas, elimina los errores de cálculo de licencia de maternidad y atención de los hijos y permite que las mujeres prevean la duración de dicha licencia.

De conformidad con la Ley del Trabajo, las licencias concedidas por maternidad y parto no se incluyen en la licencia anual remunerada.

El Código de Trabajo estipula que cada empleado, independientemente de su género, tiene derecho a licencia para atención de los hijos antes del nacimiento o de la adopción de un hijo. Esa licencia se concede por un período que no exceda de un año y medio y sólo hasta que el niño cumpla ocho años. La licencia para cuidado del hijo solicitada por el empleado se concede por un período total o parcial. Es deber del empleado notificar al empleador por escrito con un mes de anticipación el comienzo y la duración de la licencia total o parcial para cuidar al niño. El tiempo que el empleado destina a la licencia para cuidar a su hijo se incluye en la duración general de sus años de servicio. Al empleado que utiliza la licencia para cuidar a su hijo se le conserva el puesto. Si ello no fuera posible, el empleador le proporciona un puesto equivalente o semejante.

Antes de la reforma del sistema de seguridad social, las prestaciones sociales durante las licencias de maternidad y de parto se concedían con arreglo a las Reglas Básicas del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Consejo Central de Sindicatos sobre Prestaciones Estatales de Seguro Social (de 23 de febrero de 1984) y la Regla del Consejo Central de Sindicatos sobre el Procedimiento para la Administración de Prestaciones de Seguro Social Estatal (de 12 de noviembre de 1984), en que se reglamentaba el procedimiento para calcular y conceder las prestaciones de maternidad hasta el 1° de enero de 1997.

La Ley de Maternidad y Seguro Médico prescribe el procedimiento para conceder y pagar las prestaciones de maternidad durante todo el período de las licencias de maternidad y atención del hijo si la mujer no viene a trabajar y por consiguiente pierde los ingresos procedentes de su empleo asalariado o si trabaja por cuenta propia y pierde sus ingresos. El objeto de esa ley es compensar la falta de esos ingresos durante una pérdida de corto plazo de la capacidad de trabajo, resultante de enfermedad o de los períodos prenatal y postnatal.

En cumplimiento de la Ley de Maternidad y Seguro Médico, la prestación de maternidad se concede por un monto equivalente al 100% del promedio del sueldo de contribución al seguro percibido por quien recibe la prestación. De conformidad con el artículo 67 del Convenio No. 102 de la OIT, en 2000 el monto de la prestación de maternidad excede las normas mínimas prescritas por el Convenio en más de dos veces.

Indicadores cuantitativos del seguro de maternidad

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Gastos (en millones de lati de Letonia y en precios efectivos):
Prestaciones de maternidad	2,5	2,6	2,7	3,9	4,8	4,9	5,7
Indicadores cuantitativos del número (miles de promedio por mes):
Número de días de maternidad pagados	70,2	63,7	74,3	95,3	96,0	102,1	105,1
Monto medio de prestaciones (en lati de Letonia en precios efectivos):
Prestaciones de maternidad (por día)	2,91	3,35	2,98	3,48	4,00	4,01	4,52

Los cálculos revelan que en 2000 el 47% de las madres que habían dado a luz recibieron prestaciones de maternidad. En comparación con el año precedente, el número de mujeres que habían solicitado la prestación de maternidad aumentó en un 7%. Sin embargo, la mayoría de los niños son hijos de mujeres que no trabajan ni aportan contribuciones obligatorias de seguro social y en consecuencia no reciben la prestación de maternidad (véase el cuadro).

Número de recién nacidos y número de receptoras de la prestación de maternidad

	1997	1998	1999	2000	2001
Número de recién nacidos	18.830	18.410	19.396	20.248	19.690
Número de receptoras de la prestación de maternidad	13.279	16.281	10.724	11.486	11.811

En la situación económica de Letonia en que las mujeres suelen perder el trabajo durante el embarazo o no pueden encontrar un nuevo puesto y se ven obligadas al desempleo, es particularmente importante la norma de la Ley de Maternidad y Seguro Médico, ya que estipula que la prestación de maternidad se concede a las mujeres que han sido despedidas por liquidación de una institución, empresa u organización, de conformidad con el procedimiento general si el derecho a la licencia de maternidad se aplica a más tardar 210 días después del despido.

En cumplimiento de las normas prescritas por las Leyes del Seguro Social del Estado, de Seguridad Social, de Impuesto Social, de Pensiones del Estado, de Seguro Social Obligatorio contra el Desempleo, de Seguro contra los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, el hecho de recibir prestaciones de maternidad no limita la posibilidad de recibir otras prestaciones o servicios de seguro social.

En cumplimiento de la Ley de Seguro Social Obligatorio del Estado, el seguro social obligatorio también se aplica a las personas que reciben prestaciones de maternidad. Las personas que cuidan a un hijo menor de un año y medio también tienen derecho a seguro de pensión y a seguro contra desempleo. Los pagos de contribuciones al presupuesto estatal de seguro social proceden del presupuesto básico del Gobierno nacional central. Las personas que reciben prestaciones de maternidad también tienen derecho al seguro de pensión; esos gastos se financian con cargo al presupuesto social para discapacidad, maternidad y enfermedad. El Organismo Estatal de Seguro Social administra las prestaciones de maternidad.

El artículo 7 de la Ley de Asistencia Social prescribe que los gobiernos locales tienen el deber de prever la posibilidad de que los niños discapacitados reciban servicios sociales y de rehabilitación; así pues los gobiernos locales ofrecen servicios de jardines de infancia especializados y guardería así como servicios de atención en el hogar aunque, lamentablemente, la cantidad de esos servicios no corresponde a la demanda. A su vez en el artículo 6 de la Ley de Asistencia Social se estipula que el Estado tiene el deber de prestar servicios de asistencia social y rehabilitación en las instituciones y centros destinados a los niños que padecen trastornos de desarrollo mental. En la Sección 3 del artículo 55 de la Ley sobre protección de los derechos del niño también se estipula que si la familia de un niño que tiene necesidades especiales no puede atenderlo, el Estado debe ocuparse de la totalidad de su atención. El Ministerio de Bienestar supervisa tres centros especializados de asistencia social para los niños que tienen discapacidades graves y están internados.

Según los datos del Organismo Estatal de Seguro Social, el 1° de enero de 2001, 9.712 niños recibieron un pago adicional de la prestación estatal para las familias de niños discapacitados. Según los mismos datos, el 1° de enero de 2001 había 805 niños discapacitados en instituciones de atención del niño y de enseñanza, de los cuales 291 están internados en orfanatos, 453 en centros de atención social especializada para los niños y 61 en hogares-orfanatos.

El Código de Trabajo prohíbe emplear a las mujeres para que realicen tareas pesadas o que trabajen en condiciones peligrosas. La lista de tareas pesadas y de trabajo en condiciones peligrosas en que el empleo de las mujeres está prohibido es aprobada por el Gabinete de Ministros, que coordina esas listas con organizaciones profesionales del país. Está prohibido hacer que las mujeres trasladen y muevan objetos pesados que exceden las normas máximas permitidas por la ley. También se estipula que si tienen certificado médico mujeres embarazadas tienen derecho a normas de trabajo reducidas o a ser trasladadas a lugares donde el trabajo es menos penoso y excluye las consecuencias de factores desfavorables. Al mismo tiempo conservan la remuneración media anterior al embarazo.

La Ley del Trabajo estipula que el empleador no puede contratar a mujeres embarazadas, a mujeres durante el período postnatal de hasta un año, o a las mujeres que amamantan durante todo el período de la lactancia, si el desempeño de sus funciones causa peligro para la seguridad y salud de la mujer o de su hijo.

En Letonia las leyes relativas a la protección de los derechos que figuran en el artículo 11 de la Convención se examinan y enmiendan regularmente para asegurar una protección más eficaz de los derechos de la mujer. Desde el restablecimiento de la independencia, se introdujo una reforma en el sistema de seguro social y se promulgó una nueva Ley del Trabajo; asimismo los decretos del Gabinete de Ministros relativos a la aplicación de esas leyes y a la prescripción de su ejecución también se enmendaron regularmente, teniendo en cuenta la situación en el país. En sus observaciones, la Oficina Nacional de Derechos Humanos destaca que la entrada en vigor de la nueva Ley del Trabajo mejorará la situación de empleo, puesto que reglamenta en detalle los anuncios de vacantes, las entrevistas de trabajo y cuestiones de igualdad de remuneración y prevé la responsabilidad por discriminación basada en el g é nero.

Artículo 12

En Letonia no se discrimina contra la mujer en el ejercicio de sus derechos a atención de la salud. La Ley de Medicación estipula que el paciente, sus parientes allegados o representantes legítimos (fiduciarios o guardianes) tienen derecho a elegir una institución de tratamiento médico situado en Letonia y un profesional médico para el diagnóstico y tratamiento médico de enfermedades y lesiones así como para la rehabilitación del paciente. El paciente tiene derecho a recibir cuidados médicos y tratamiento atentos, respetuosos y de calidad.

La Ley de Medicación estipula que toda persona goza del derecho a recibir asistencia inmediata de conformidad con el procedimiento establecido por el Gabinete de Ministros. Se presta asistencia médica garantizada por el Estado de conformidad con el procedimiento establecido por el Gabinete de Ministros a los ciudadanos de la República de Letonia, a los no ciudadanos, a los extranjeros y a los apátridas que tengan el código de identidad personal en el pasaporte y que se hayan registrado en los Registros de Población, así como a las personas que han sido detenidas, que están arrestadas, condenadas y cumplen condenas en la cárcel. Dicha asistencia se presta en el momento y en el lugar necesarios; el tratamiento médico en esos casos se presta de conformidad con las normas aprobadas por el Ministerio de Biene s tar.

Todo niño que vive en el territorio de Letonia así como un niño que no tiene código de identidad personal y que no se haya registrado en el Registro de Población tiene derecho a recibir la asistencia médica garantizada por el Estado y tiene derecho a recibirla gratuitamente.

Número de ingresos a hospitales y consultas médicas

	Casos de hospitalización		Consultas médicas
	Hombres	Mujeres		Hombres	Mujeres
1997	272.003	260.628		4.887.761	6.135.448
1998	194.961	268.619		3.244.590	6.211.437
1999	210.744	263.856		3.436.536	6.380.160

Un indicador importante de la salud es la esperanza de vida proyectada de los recién nacidos. Al respecto en Letonia se manifiestan diferencias de género (véase el cuadro): la esperanza de vida media proyectada para los hombres es 11 años inferior a la de las mujeres.

Esperanza de vida media proyectada de los recién nacidos

	Letonia	Ciudades/poblaciones	Zonas rurales
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
1995	60,76	73,10	60,99	73,82	59,57	72,74
1996	63,94	75,62	64,25	75,97	61,42	74,93
1997	64,21	75,88	65,21	76,05	62,85	75,36
1998	64,08	75,54	65,17	75,88	62,16	74,87
1999	64,89	76,20	65,70	76,24	63,67	75,93
2000	64,93	75,98	65,99	76,64	63,46	75,76

En Letonia el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) se está propagando rápidamente. En 2000 se registraron 467 nuevos casos de VIH y 24 nuevos casos de SIDA. La incidencia de VIH en 2000 alcanzó a 19,14 casos por 100.000 habitantes. En 2000 murieron 10 personas, tres de las cuales murieron de SIDA. Los pacientes son principalmente personas de entre 15 a 49 años; además, el número de hombres afectados es tres veces superior al de las mujeres. En Letonia el VIH se transmite principalmente por la sangre entre los usuarios de drogas por vía intravenosa, que comparten jeringas y agujas. El número de casos de VIH aumentó y también aumentó el número de mujeres infectadas. Así pues, la propagación heterosexual y la transmisión vertical de VIH (de la madre al hijo) amenazan con aumentar. En la actualidad 15 mujeres infectadas de VIH dieron a luz; según los diagnósticos, dos de esos niños están infectados y cuatro gozan de buena salud y fueron eliminados de los registros. La situación en 1999 muestra que junto con los grupos de riesgo tradicionales de VIH para Letonia – usuarios de drogas por vía intravenosa, reclusos, homosexuales, heterosexuales con un tipo de conducta de riesgo – han aparecido nuevos grupos vulnerables de relativo riesgo, que son las mujeres en edad de procreación, las mujeres embarazadas y los jóvenes de entre 15 y 19 años. Según los datos del Centro de Prevención de SIDA, una cuarta parte de las mujeres VIH seropositivas han contraído la infección por contacto sexual; además ese tipo de infección tiende a propagarse. Si se tiene en cuenta el hecho de que el riesgo de contraer la infección de esa manera es de dos a cuatro veces más elevado para la mujer que para el hombre, esta tendencia agrava la situación de la mujer.

En la actualidad el 55% de las mujeres infectadas de VIH en Letonia tienen entre 20 y 29 años de edad y un 78% usa drogas. En Letonia la actitud con respecto a la infección de VIH de ambos géneros es reservada; en la percepción del público esa infección se relaciona con el uso de drogas. El público adopta una actitud comparativamente aún más reservada con respecto a la mujer infectada de VIH, ya que existe la posibilidad de que cuando sea madre transmita esa enfermedad incurable a la próxima generación. La mayoría de las mujeres no han conocido jamás a otras mujeres VIH seropositivas. Estas mujeres tropiezan con el rechazo de la comunidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, son la principal fuente de bienestar material de la familia y siguen desempeñando un papel importante en el hogar.

Incidencia de VIH

	1995	1996	1997	1998	1999	2000
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Número acumulativo registrado de inyecciones	43	3	57	6	82	6	206	45	384	108	738	220
Muertes a causa de VIH	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	6	0
Muertes a causa de SIDA	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2

El cuadro siguiente contiene datos estadísticos sobre el número de casos penales iniciados en la esfera de protección de la salud en que las víctimas eran mujeres.

Artículo de la Ley Penal	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
reg.	pub.	reg.	pub.	reg.	pub.	reg.	pub.	reg.	pub.	reg.	pub.	reg.	pub.
Artículo 133 Infección de virus de inmunodeficiencia humana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículo 134 Infección de enfermedad venérea	-	-	l	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Artículo 135 Aborto no autorizado	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículo 136 Aborto forzado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículo 137 Tratamiento médico no autorizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículo 138 Desempeño inapropiado de funciones profesionales por un profesional médico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Artículo 139 Extracción ilícita de tejido y órganos de un ser humano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

reg. = casos registrados.

pub. = casos publicados.

Derecho a acceso de información sobre planificación de la familia, derecho a recibir asistencia relativa a la salud de la familia

En Letonia no se discrimina contra la mujer en cuanto a su derecho a acceder a literatura especial informativa que promueva la salud y el bienestar de la familia. Los hombres y las mujeres gozan del mismo derecho de acceder a información y consultas en materia de planificación de la familia.

El Centro Estatal de Salud de la Familia depende del Ministerio de Bienestar de la República de Letonia; una de las funciones de dicho Centro es proporcionar gratuitamente información sobre planificación de la familia.

En Letonia hay diversas organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones de planificación de la familia. Por ejemplo, la organización no gubernamental “Papardes Zieds” difunde información, educa a la población y promueve la higiene sexual. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que los Centros de Salud del Consejo de Jóvenes de Letonia, la Cruz Roja de los Jóvenes de Letonia, el Centro de Educación para la Familia y la Escuela, así como diversas organizaciones en diferentes regiones realizan actividades semejantes.

El procedimiento para financiar la atención de la salud de la población está prescrito en el decreto del Gabinete de Ministros sobre Financiación de la Atención de la Salud, de 24 de diciembre de 1996, en que se estipula que el seguro de salud obligatorio del Estado garantiza el pago de los gastos de servicios médicos en instituciones médicas de la República de Letonia con cargo a los fondos del seguro de salud obligatorio del Estado. Asimismo sufraga los servicios médicos relacionados con la observación de las mujeres durante el embarazo y el puerperio, la asistencia en el parto y en casos de embarazos patológicos.

Las mujeres embarazadas que están sometidas a observación por embarazo o por puerperio y reciben servicios médicos relativos al embarazo están exentas de pagar honorarios, ya que esos servicios médicos se prestan gratuitamente.

En cumplimiento del decreto del Gabinete de Ministros de 18 de marzo de 1997 sobre Asistencia para Adquirir Equipo Médico destinado al Tratamiento de Pacientes, en 1997 las mujeres cuyo embarazo está contraindicado por motivos médicos reciben descuentos para la compra de anticonceptivos mecánicos o periorales.

Derecho a recibir atención médica durante el embarazo y el puerperio

El acceso a atención médica durante el embarazo y el puerperio está previsto en la Ley de Medicación, Decreto de Financiación de la Atención de la Salud aprobado por el Gabinete de Ministros el 12 de enero de 1999, Orden No. 324 del Ministerio de Bienestar (de 20 de noviembre de 1995) sobre Examen de Diagnóstico para las Mujeres Embarazadas y el Recién Nacido.

Además del programa prenatal nacional, el Hospital y Maternidad de la Ciudad de Riga ofrece los siguientes servicios: ausculta el latido del feto a partir de la décima semana de gestación; registra y lee los cardiotocogramas del feto a partir de la 34° semana de gestación (en caso de que haya indicaciones médicas al respecto); presta atención médica a mujeres embarazadas. El Hospital y Maternidad también ofrece consultas de un terapeuta-cardiólogo y de un endocrinólogo; durante el embarazo se organizan clases prenatales regulares sobre el embarazo, los cambios fisiológicos en el cuerpo de la embarazada y el desarrollo del niño en cada trimestre del embarazo. Durante el embarazo las madres se someten a exámenes regulares (atención médica prenatal) como parte de los sistemas de atención de la salud perinatal.

A partir de 2000, el número de abortos inducidos por 1.000 nacimientos vivos en las mujeres de entre 15 y 44 años ha seguido disminuyendo. Por segundo año consecutivo el número de abortos inducidos por 100 partos es inferior a 100, es decir 85 (en 1999 hubo 93). Ha habido una disminución en el número absoluto de abortos inducidos y han nacido más niños. En 2000 el número de partos aumentó enun 4,5%. El número de embarazos interrumpidos disminuyó en un 4,4%.

Número de embarazos interrumpidos en Letonia

	Total	De los cuales fueron inducidos
1991	44.886	38.837
1992	40.494	34.325
1993	37.256	31.348
1994	32.535	26.795
1995	31.324	25.933
1996	29.653	34.227
1997	27.206	21-768
1998	25.076	19.964
1999	22.974	18.031
2000	22.201	17.240

Otro dato positivo es la disminución de la tasa de mujeres embarazadas menores de 14 años con respecto al total de mujeres embarazadas y su baja proporción en el número total de partos – sólo un 0,005% (en 1998 fue 0,04%, en 1999 fue 0,02%). Ha habido un aumento equilibrado en el número de mujeres embarazadas mayores de 35 años: el 9,8% del total de partos (en 1998 fue de 8,5%, en 1999 fue de 9,0%). La tasa de mujeres embarazadas de entre 15 y 17 años fluctúa; en 2000 fue de 2,7% del total de partos; en 1999 fue 2,3% y en 1998 el 2,8%.

La tendencia que comenzó en 1995 continuó en 2000; los indicadores de mortalidad perinatal disminuyeron, como lo muestra el mayor número de nacimientos vivos y la disminución del número de mortinatos y del número de recién nacidos que murieron antes de los seis días de vida.

Artículo 13

En Letonia las condiciones que permiten que las personas participen en diversas esferas de la vida económica son generales por naturaleza y no prescriben discriminación alguna. Las posibilidades de que las mujeres participen en esas esferas de la vida pública están determinadas mayormente por el grado de su igualdad social. Las principales restricciones en el ejercicio de esas opciones están vinculadas al hecho de que el nivel de actividad económica es mucho más bajo entre las mujeres que entre los hombres (véase el cuadro sobre habitantes económicamente activos dentro del total de los habitantes). Además, tradicionalmente las mujeres desempeñan la mayor parte de las funciones relacionadas con la atención de la familia.

Habitantes económicamente activos dentro del total de los habitantes (personas de 15 años o más en porcentaje)

	Total	Hombres	Mujeres
1996.IX	59,8	69,8	51,5
1997.IX	59,7	68,6	52,3
1998.IX	58,8	68,8	50,7
1999.IX	58,2	67.8	50,3
2000.IX	56,8	64,7	50,3

Empleo (datos correspondientes a noviembre de cada año)

	De 15 años o más	Empleados	Trabajo de jornada completa	Trabajo de jornada parcial
Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
1996	1.086,4	892,0	460,5	505,0	405,1	444,4	55,4	60,6
1997	1.091,0	896,5	487,8	527,1	420,9	462,7	66,8	64,4
1998	1.088,7	896,4	473,7	533,5	410,1	467,3	63,6	66,2
1999	1.088,6	899,0	474,5	515,0	410,5	463,2	64,0	51,8
2000	1.090,5	901,4	474,8	492,0	412,5	447,2	62,3	44,8

Distribución del tiempo semanal en 1996 (horas y minutos)

	Empleados	Estudiantes	Personas que no están empleadas ni estudian
Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Cuidado de sí mismo	72:14	70:43	78:46	77:38	81:35	79:17
Volumen de trabajo total	66:13	74:25	51:15	54:21	40:06	52:53
Trabajo remunerado	49:44	45:14	00:28	00:15	04:40	01:20
Estudios regulares	00:20	00:24	43:26	44:04	00:25	00:33
Cuidado de los hijos, atención de la casa o apartamento	16:09	28:47	07:21	10:02	35:01	50:00
Tiempo libre	27:37	21:46	35:18	33:55	43:29	35:27
No especificado	01:56	01:06	02:40	02:06	02:50	01:23

Derecho a recibir prestaciones por familia

En Letonia existe un sistema general de prestaciones por familia, que es parte del sistema de asistencia social del Estado. Los pagos de esa prestación se financian con cargo al presupuesto nacional. La posibilidad de recibir esas prestaciones no está relacionada con las contribuciones al seguro social aportadas por las personas. De conformidad con la Ley de Asistencia Social, gozan del derecho a recibir asistencia social los ciudadanos de Letonia, los no ciudadanos, los extranjeros y los apátridas que han recibido un código de identidad personal, salvo las personas que tienen permisos de residencia temporal, sin distinción de género.

Antes de la reforma del sistema de seguridad social que se introdujo en la esfera de las prestaciones por familia en 1996, se otorgaban prestaciones por familia en cumplimiento de las Reglas Básicas del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Consejo Central de Sindicatos sobre Prestación de Beneficios de Seguro Social del Estado, de 23 de febrero de 1984, y el decreto No. 34 del Gabinete de Ministros de 17 de octubre de 1995 sobre Prestaciones y Don a ciones.

La Ley de Asistencia Social estipula la asignación de las siguientes prestaciones sociales del Estado a las familias: prestación para atención de los hijos, prestación por parto y prestación estatal a la familia. La asistencia general a las familias con hijos incluye también los siguientes tipos de asistencia: un pago adicional a la prestación por familia por un monto equivalente a la prestación estatal de seguro social destinado a las familias con un niño discapacitado menor de 16 años; una prestación al tutor por la manutención del niño y el cumplimiento de sus funciones de tutor; remuneración a las familias de guarda, atención en instituciones, adopción y tutoría.

En cumplimiento de la Ley de Asistencia Social, la prestación estatal por f a milia se concede a las personas que crían a los niños. Dicha prestación tiene carácter universal, se concede por cada niño menor de 15 años o mayor de 15 años que asiste a la escuela y no ha contraído matrimonio pero ya no se aplica si ha cumplido 20 años. La prestación estatal por familia por un niño discapacitado menor de 16 años representa un pago adicional a esa prestación por el monto establecido por el Gabinete de Ministros.

En la actualidad el monto de la prestación estatal por familia en Letonia para los niños nacidos antes del 1° de enero de 1999 es de 4,25 lati de Letonia por el primer hijo, 5,10 lati, o sea 1,2 veces más por el segundo, 6,80 lati, o sea 1,6 veces más por el tercero y 7,65 lati, o sea 1,8 veces más por el cuarto e hijos subsiguientes. El monto de la prestación estatal por familia para los niños nacidos después del 1° de enero de 1999 es 6 lati de Letonia por el primer hijo, 7,20 lati, o sea 1,2 veces más por el segundo, 9,60 lati, o sea 1,6 veces más por el tercero y 10,80 lati, o sea 1,8 veces más por el cuarto e hijos subsiguientes. En la actualidad esas prestaciones son insuficientes y se está formulando un nuevo procedimiento y un aumento de pago. Algunos gobiernos locales también pagan prestaciones con cargo a sus propios presupuestos locales en el caso del nacimiento de un hijo.

La Ley de Asistencia Social estipula que la prestación para atención del niño es una prestación mensual regular que no depende del número de hijos y se concede a cualquier persona que cuide a un niño menor de tres años, no esté empleada o esté empleada a jornada parcial y no reciba la prestación por maternidad. El monto de la prestación para atención de los niños correspondiente a un niño menor de un año y medio es 30 lati de Letonia por mes. Las personas que cuidan a un niño de entre un año y medio y tres años reciben una prestación de 7,50 lati de Letonia por mes.

La prestación por nacimiento se concede a uno de los progenitores del niño. En cumplimiento de la Ley de Asistencia Social, uno de los progenitores del niño o una persona que ha adoptado a un niño o que ha asumido la tutoría de un niño menor de un año tiene derecho a una prestación por nacimiento, que es una prestación universal que se concede una sola vez. La prestación por nacimiento equivale al 50% del valor de la dote del recién nacido y actualmente asciende a 98 lati de Letonia. Si la madre se ha registrado en una institución médica a más tardar en la duodécima semana del embarazo y cumple todas las instrucciones del médico, el monto de la prestación se duplica, es decir recibe 196 lati de Letonia. Sin embargo, en caso de mellizos o trillizos, la madre recibe una prestación de nacimiento por un monto igual al que corresponde por el nacimiento de un hijo, y se recibe una sola vez. En el proyecto de informe, la Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que la prestación para atención de los niños es sólo el 50% del sueldo mensual mínimo y no compensa totalmente el sueldo de la madre; este factor disuade a muchas mujeres de tener un número conveniente de hijos como se indica en los estudios (generalmente dos y con menos frecuencia tres). La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género cree que la calidad de vida de una mujer disminuye; además cabe señalar las dificultades para reanudar el trabajo con las consiguientes consecuencias para el desempleo, para los ingresos de la mujer y para las posibilidades de recibir servicios de seguro social.

Conviene recordar que la prestación estatal por familia y la prestación por nacimiento se conceden a la madre del niño; sin embargo, el padre puede recibir esas prestaciones sólo en casos concretos establecidos por la ley. Las leyes de Letonia no estipulan ninguna prestación social especial del Estado para las madres solteras.

Derecho a recibir préstamos

En Letonia no hay obstáculos jurídicos para que las mujeres soliciten préstamos. De conformidad con el Derecho Civil, las partes en una transacción jurídica, incluido el préstamo, deben gozar de capacidad jurídica. A los efectos de la ley, no gozan de capacidad jurídica los menores, las personas que están en custodia a consecuencia de una vida promiscua o extravagante y los que padecen enfermedades mentales, a menos que la ley disponga lo contrario.

En cumplimiento de la Ley sobre Instituciones Crediticias, la institución de crédito examina la solvencia del prestatario, antes y después de conceder el préstamo, solicita regularmente documentos que confirmen la estabilidad financiera del solicitante así como la capacidad de amortizar el principal y el interés del préstamo.

Hasta septiembre de 2001 el Banco Hipotecario, que pertenece al Estado de Letonia, ha incluido a las empresas pequeñas y medianas administradas por mujeres o en las que un 75% de los empleados son mujeres como grupo de interés en el Programa de préstamos para el desarrollo de empresas pequeñas y medianas. Dicho programa incluye concesiones con respecto a los requisitos de garantía y experiencia en los negocios. La mayoría de las pequeñas empresas de Letonia están administradas por hombres y son propiedad de hombres. En una sociedad contemporánea y democrática esa situación se debe considerar desproporcional; en consecuencia, el programa presta apoyo adicional a las empresas de mujeres.

La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que una tercera parte de los entrevistados en la encuesta de 2001 realizada por el Banco Nórdico de Inversiones cree que las mujeres empresarias pueden tropezar con obstáculos relativos al género. A juicio de la mayoría de los encuestados (63%) el Estado debería establecer asistencia estatutaria para las mujeres empresarias. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género también señala que en Letonia la información sobre programas crediticios destinados respaldar las actividades empresariales de la mujer es insuficiente; según el estudio “Opinión de la mujer sobre el apoyo de las actividades empresarias de las mujeres en Letonia” realizado por el Instituto de Filosofía y Sociología de la Universidad de Letonia, el 30% de los entrevistados tenía conciencia de esos programas.

Las principales condiciones individualizadas por las instituciones crediticias privadas para conceder préstamos a las personas naturales son empleo permanente, ingresos mensuales regulares y estables por familia o integrante del hogar, y el número de hijos independientemente del género. Habida cuenta de que las mujeres son menos activas económicamente y que sus ingresos medios son inferiores a los de los hombres (véase el cuadro agregado al párrafo 151), una proporción menor de mujeres que de hombres solicita y recibe préstamos de distintos tipos. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género señala que con frecuencia los bancos exigen como garantía para el préstamo la existencia de bienes raíces; sin embargo, los bienes raíces no siempre están registrados a nombre de la mujer. Según los datos del Servicio Estatal de Tierra, el 55% de los bienes raíces están registrados a mujeres y el 45% a hombres. En consecuencia, en esa esfera la discriminación oculta no se manifiesta.

Tampoco hay diferencias de género con respecto a las hipotecas sobre bienes raíces. No existen diferencias de género en la capacidad de una persona de comprar bienes raíces y ponerlos a su nombre o en administrarlos. En el plano constitucional, la Satversme (Constitución) protege esos derechos individuales a la propiedad y estipula que los derechos de propiedad sólo se pueden restringir con arreglo a la ley.

El derecho a administrar la propiedad está prescrito también en el Derecho Civil, donde se define la propiedad como el pleno derecho de poder con respecto a la propiedad, es decir el derecho a administrarla y utilizarla, a obtener todos los beneficios posibles de ese bien, a realizar trámites al respecto y reclamarla a terceros según el procedimiento prescrito, que también da derecho a la persona a solicitar un préstamo utilizando como garantía el bien inmobiliario independientemente de su género.

Derecho a participar en la vida cultural y actividades deportivas

En Letonia no hay restricciones aplicadas a la participación de la mujer en actividades relativas a la recreación, los deportes y todas las esferas de la vida cultural. Las únicas restricciones relacionadas con la participación en las actividades culturales son las restricciones de edad independientemente del género, que tienen por objeto proteger a jóvenes de influencias perjudiciales.

Las posibilidades de la mujer de participar en actividades deportivas ya se describieron cuando se examinó el artículo 10. La participación de la mujer en diversas esferas de la vida cultural se describió detalladamente cuando se examinó el artíc u lo 3.

Artículo 14

De conformidad con la división territorial en ciudades/poblaciones y zonas rurales aceptada en Letonia, las zonas rurales abarcan el 98% del territorio del país y contienen el 31% del total de la población del país. La densidad media de la población es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

La situación en las zonas rurales de Letonia y los problemas particulares de los problemas de las mujeres que viven en zonas rurales se caracterizan por la escasez de empleo. La economía rural depende predominantemente de la agricultura como el principal tipo de empleo, que proporciona trabajo y medios de vida a aproximadamente el 37% de todos los habitantes rurales empleados. El mejoramiento del sector agrícola que se experimenta actualmente estimula una disminución adicional del número de empleados. Fuera de la agricultura, los demás sectores de la economía rural no pueden proporcionar ingresos a la población rural. Uno de los objetivos de la Ley de Agricultura de 1996 es crear condiciones favorables para asegurar el empleo en las zonas rurales, compensar los factores negativos de la agricultura en comparación con otros sectores de la economía y procurar que los que trabajan en la agricultura tengan las mismas oportunidades de bienestar social y económico. Ni esa ley ni otras medidas jurídicas que reglamentan el sector agrícola contienen disposiciones que discriminen contra la mujer ni restricciones discriminatorias con respecto a ella.

Las zonas rurales necesitan 34.000 puestos y si el proceso de reestructuración de la agricultura continúa, el número aumentará a 50.000 en los próximos dos o tres años. El nivel de desempleo registrado en las zonas rurales y en las ciudades y poblaciones es semejante (8,9% y 7,1% respectivamente); sin embargo, el empleo efectivo en las zonas rurales es muy inferior a esos porcentajes y se caracteriza por ciertos tipos de desempleo oculto que se ha difundido en las zonas rurales, como por ejemplo la tasa de familiares no remunerados que asciende al 11,6% en las zonas rurales y sólo a un 0,2% en las ciudades y poblaciones. Como hasta ahora el sector agrícola ha tenido uno de los niveles de ingresos más bajos y el número más elevado de familiares no remunerados (frecuentemente si una persona trabaja en una empresa familiar no se pagan ni los sueldos ni los impuestos sociales), en el futuro se agravará rápidamente la tensión social en las zonas rurales a medida que los habitantes, al llegar a la edad de jubilación, de hecho no reciban pensiones o reciban pensiones muy reducidas a consecuencia de los bajos ingresos percibidos durante el período previo a la jubilación y dependerán solamente de una economía natural o de subsistencia.

La situación de las mujeres en las zonas rurales se caracteriza por lo siguiente datos (según los datos de empleo de 2000): las mujeres constituyen el 54,7% del total de los habitantes de Letonia; un 50,3% del total de las mujeres son económicamente activas (en comparación con el 64,7% de los hombres); el 46,1% de las mujeres que habitan las zonas rurales son socialmente activas (en comparación con el 60,6% de los hombres).

Si bien no hay una diferencia notable en el nivel de la actividad económica en las zonas rurales entre los hombres y las mujeres que han recibido educación superior (82,4% y 80,1%, respectivamente), el mismo indicador es bastante más elevado para los hombres con enseñanza primaria en comparación con las mujeres que tienen el mismo nivel de educación (48,9% y 30,3%, respectivamente), y casi dos veces más para los que tienen educación inferior a la primaria (21,0% y 14,0%, respectivamente). Las mujeres que viven en las zonas rurales tienen principalmente educación primaria o inferior a ésta. Por lo tanto, es necesario estimular la actividad de las mujeres que tienen un bajo nivel de educación y que en general también son los habitantes más pobres de las zonas rurales, en particular las madres solteras y las madres de familias numerosas. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante al promover la actividad de la mujer en las zonas rurales; según la información proporcionada por el Centro de Recursos para la Mujer “Marta”, esa organización conjuntamente con el Club de Mujeres de Negocios ha organizado para las mujeres de bajos ingresos tanto de Riga como de las zonas rurales cursos comerciales, cursos de inglés y cursos del idioma letón en Latgale (una región oriental de Letonia).

La situación económica de las mujeres que viven en las zonas rurales también se ve agravada por el hecho de que es más difícil para las mujeres encontrar un trabajo apropiado en esas regiones, ya que las vacantes están orientadas a trabajos duros y físicamente pesados más apropiados para los hombres.

Como el 37% de los habitantes de las zonas rurales económicamente activas trabajan en la agricultura y el sueldo de los que trabajan en la agricultura asciende sólo al 78% del sueldo neto medio de la economía nacional, los ingresos de la población son muy bajos. Además, las consecuencias positivas del desarrollo de la economía nacional con respecto al bienestar de la población se han manifestado principalmente en las ciudades y poblaciones. En consecuencia, la diferencia de ingresos entre los habitantes de las zonas urbanas y las zonas rurales aumenta.

La infraestructura económica y social, anteriormente desarrollada en las zonas rurales, gradualmente va quedando obsoleta y no reúne los requisitos contemporáneos necesarios; su mantenimiento en las zonas rurales es relativamente caro, habida cuenta de la baja densidad de población y de la pasividad económica de la pobl a ción.

Otro problema de las zonas rurales es el envejecimiento de la población y el éxodo de la población económicamente activa existente y en potencia.

En virtud de la Satversme (Constitución) de la República de Letonia, todas las personas que viven en Letonia serán iguales ante la ley y los tribunales; asimismo ejercerán sus derechos humanos sin discriminación alguna. Dentro de ese marco se garantiza a las mujeres rurales el derecho a participar en la formulación y ejecución de planes de desarrollo, a recibir atención médica de calidad, a utilizar el apoyo de programas sociales, a tener acceso a enseñanza primaria y a seguir estudiando, a establecer grupos de ayuda por medios propios y cooperativas. Las mujeres participan en actividades públicas, reciben préstamos y créditos de toda índole, gozan de condiciones de vida apropiada y participan en el desarrollo de los distritos rurales además de recibir los beneficios del desarrollo. Las mujeres rurales también tienen acceso a todas las ayudas prescritas por la ley así como a las prestaciones previstas en el territorio de Letonia.

Derecho a participar en la elaboración de planes de desarrollo de los distritos rurales y en la ejecución de dichos planes

En Letonia se ha concedido a las mujeres la igualdad de derechos para participar en la planificación del desarrollo en la esfera del desarrollo regional. La Ley de Planificación del Desarrollo Territorial y el decreto del Gabinete de Ministros sobre Planificación Espacial prevén que se aplicará el principio de transparencia en la planificación del desarrollo territorial, lo que significa que los planes de desarrollo territorial se formularán con la participación del público en general y que se asegurará la transparencia de la información y de la adopción de decisiones. A fin de asegurar el debate sobre el plan nacional de desarrollo territorial, el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Regional presenta información en el periódico oficial “Latvijas Vēstnesis” sobre el principio de la formulación del plan nacional de desarrollo territorial, el procedimiento para el debate público, el lugar y las horas en que es posible ver el plan de desarrollo territorial y presentar propuestas y referencias por escrito. Los gobiernos locales realizan las mismas actividades cuando elaboran planes de desarrollo territorial y además dan respuesta por escrito a las propuestas presentadas también por escrito dentro de los plazos establecidos.

La Ley de Planificación del Desarrollo Territorial estipula que toda persona natural o jurídica tiene derecho a familiarizarse con los planes de desarrollo territorial presentados ante debate público. Tienen derecho a presentar propuestas por escrito y referencias para el debate público dentro de los plazos establecidos, a participar en los debates públicos y discusiones, a expresar su opinión y presentar propuestas. No se han estipulado diferencias por género.

Además, según los datos proporcionados por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Regional, alrededor de 300 especialistas en planificación de desarrollo territorial – de los cuales más de la mitad son mujeres (160) – trabajan en los gobiernos locales de Letonia.

En la esfera de la construcción, en Letonia las mujeres gozan de los mismos derechos de participar en el debate de los nuevos proyectos de construcción en los que representantes de ambos géneros intercambian opiniones en un pie de igualdad. Un ejemplo que cabe mencionar respecto a la igualdad de hombres y mujeres es el hecho de que el funcionario de más alta categoría del sector de la construcción así como los administradores en algunas divisiones son mujeres. Además no hay diferencia de acceso a la enseñanza de la construcción ni de la planificación del desarrollo territorial; ese tema se ha analizado en detalle en el examen del artículo 10.

Derecho a recibir servicios médicos

Las mujeres que viven tanto en las zonas urbanas como rurales gozan de los mismos derechos de acceso a los servicios médicos. Dicho acceso está previsto en la Ley de Medicación, que estipula que toda persona tiene derecho a recibir asistencia médica urgente.

En comparación con 1999, en 2000 el número de médicos en Letonia aumentó en 93; el número de médicos en Riga disminuyó en 71. En comparación con 1999, el número de médicos de familia en Letonia aumentó en 165, o sea un 20,6%; en Riga sólo en 8. En cumplimiento de la política de atención primaria de la salud, el número de unidades de paramédicos y parteras está disminuyendo; al mismo tiempo está aumentando el número de médicos en práctica privada. Ha habido un aumento considerable del tratamiento ambulatorio de pacientes externos a expensas de los médicos en práctica privada. En comparación con 1999, el número de clínicas dentales independientes y el número de dentistas en práctica privada aumentó; el número de hospitales disminuyó de 42 en 2001 a 151 en 1999; en 1999 había 1.063 clínicas; en 2000 el número de clínicas ascendía a 1.659. Ese total abarca las clínicas dentales independientes, las prácticas de dentistas extranjeros y las dependencias de atención de la salud extranjeras.

Los pacientes reciben información sobre instituciones de atención primaria de la salud e instituciones que prestan asistencia médica y social situadas en una determinada región, así como información sobre las posibilidades y la necesidad de elegir un médico de asistencia primaria de la salud. El distrito que corresponde a cada médico que presta asistencia sanitaria está determinado por la densidad de población. Los hospitales están situados a una distancia tal que facilite el acceso a ellos y que permita que el paciente elija el más próximo. No hay discriminación basada en el género en todo lo que se describe anteriormente.

Se elaboraron planes generales para los que prestan servicios sanitarios ambulatorios a fin de mejorar el sistema de salud y la estructura de la prestación de atención de la salud; para lograr su consolidación y aumentar la calidad de los servicios de atención de la salud así como un acceso racional para los pacientes a fin de crear la base para el establecimiento de un sistema integrado de atención de la salud en cada región y en todo el país.

El artículo 1 de la Ley sobre Protección del Medio Ambiente hace referencia a la protección de la salud humana y garantiza la posibilidad de recibir información ambiental que también es uno de los objetivos de la ley. Ni esa ley ni otras medidas jurídicas en la esfera de la protección del medio ambiente contienen disposiciones que impidan a las mujeres que viven en las zonas rurales ejercer sus respectivos der e chos.

Derecho a la seguridad social

Las leyes que reglamentan la prestación de servicios de seguridad social y asistencia social no prescriben diferencia alguna en la prestación de dichos servicios en las zonas rurales. El procedimiento para recibir seguro social y servicios de asistencia social se describió en detalle cuando se examinó el artículo 11. No hay diferencias en la prestación de servicios de seguro social, en su calidad ni en su variedad entre las zonas rurales y urbanas.

Sin embargo, relativamente menos las mujeres de las zonas rurales utilizan los servicios de seguro social que las de las zonas urbanas. Ello obedece al hecho de que en las zonas rurales los impuestos sociales para el trabajo de la mujer no se pagan o se pagan sólo parcialmente en comparación con lo que sucede en las ciudades, en que se pagan más frecuentemente. En consecuencia, la mujer pierde la posibilidad de recibir servicios de seguro social o se calculan partiendo de la base del monto de los impuestos pagados. Hasta el 14 de marzo de 2001 había una disposición según la cual un empleado no podía recibir servicios de seguro social si el empleador no había aportado los pagos al seguro social o había hecho sólo pagos parciales, lo que significaba que aunque el empleado trabajara a jornada completa no tenía derecho a recibir servicios de seguro social si no se habían hecho los pagos de seguro social. Habida cuenta de la difícil situación del mercado de trabajo en las zonas rurales, las mujeres con frecuencia decidían no formular objeciones a esas condiciones de empleo. El Tribunal Constitucional en su fallo de 13 de marzo de 2001 declaró que esa disposición era inconstitucional y la abolió como parte del fallo.

La Ley de Asistencia Social define las obligaciones del Estado y del gobierno local en cuanto a la prestación de la asistencia social. En consecuencia, las diferencias en la asistencia social prestada no existen tanto entre las zonas rurales y urbanas como entre diferentes municipalidades. En diversas municipalidades la Ley de Asistencia Social se interpreta libremente. Cada municipalidad aplica un sistema diferente de prestaciones con diferentes objetivos y prioridades. Por consiguiente, se plantean las siguientes situaciones:

a)Los habitantes no tienen posibilidades de recibir asistencia social en condiciones uniformes;

b)Las prestaciones de asistencia social no están plenamente dirigidas hacia los miembros más pobres de la sociedad. Las garantías existentes para los pobres no están aseguradas;

c)Las prestaciones de asistencia social efectivamente concedidas por las municipalidades son inferiores a las previstas por la ley; algunos beneficios que se deben pagar regularmente se reducen a pagos realizados una sola vez;

d)En diversas municipalidades los beneficios concedidos no están vinculados a la evaluación del problema y los recursos reales de la familia o de la persona; hay restricciones en cuanto a los beneficios que se reciben y la decisión depende de que la persona pertenezca un grupo social concreto. Además hay restricciones sobre el monto de los beneficios que se conceden a una familia o persona por año.

Las diferencias regionales también se manifiestan en el sistema municipal de prestaciones sociales. Así pues, en Kurzeme (zona occidental de Letonia), donde los ingresos medios de la población son prácticamente los más bajos del país, cada persona recibe un promedio de prestaciones sociales iguales a los de Riga, que tiene los ingresos medios por persona más altos del país. De ello se desprende que los gobiernos locales de la región de Kurzeme son más activos en la concesión de prestaciones y en la promoción de sus actividades. Las dos regiones mencionadas son las únicas en que los ingresos de las prestaciones municipales destinada a la familia son más altos que el promedio. En la región en que los ingresos medios por persona son los más bajos (la región de Latgale, en la parte oriental de Letonia) lamentablemente cada persona recibe el promedio de prestaciones municipales más reducido de Letonia, es decir más de dos veces más bajos que el promedio de Letonia y casi tres veces más bajos que en la región de Kurzeme.

Por otra parte, se prestan los servicios de asistencia social a las personas que se encuentran en situación de riesgo social; la utilización de esos servicios es semejante en las zonas rurales y urbanas. La variedad y calidad de la asistencia social depende no sólo de los medios financieros disponibles sino también del número y la formación de los asistentes sociales de una determinada municipalidad. Lamentablemente, Letonia todavía carece de asistentes sociales profesionalmente formados, ya que esa profesión es una de las más recientes. Por lo tanto, muchas cuestiones relativas a la asistencia social en las zonas rurales son producto de la falta de asistentes sociales y de la necesidad de asegurar que esos servicios estén tan próximos a la residencia de los receptores como sea posible. Actualmente hay una desproporción entre las ciudades y las zonas rurales con respecto a los recursos financieros y humanos; también existe desproporción con respecto al acceso a la asistencia social. Además, en la actualidad sólo el 56% de las municipalidades tienen departamentos de asistencia social; las municipalidades más pequeñas generalmente no tienen ni siquiera un asistente social. A fin de mejorar la situación, en 1996 se inició un sistema de reforma de asistencia social, basado en el principio de que “el dinero sigue al cliente”. Cabe señalar que en 2000 en total sólo 824 asistentes sociales estaban empleados en departamentos de asistencia social municipales; eso significa que los departamentos de asistencia social todavía son muy reducidos y en promedio constan de uno o dos empleados. El número de empleados que ha recibido formación en la especialidad de asistencia social todavía es bajo. En 2000, 14 distritos de Letonia no tenían ni siquiera una persona que hubiera recibido formación especial en asistencia social. Actualmente hay un promedio de un asistente social por cada 2.879 habitantes. A fin de alcanzar el nivel óptimo, en Letonia el número de asistentes sociales debería aumentar más de 2,8 veces.

Derecho a recibir educación, incluida educación profesional en agricultura

El derecho de las mujeres a recibir una educación general se describe en relación con el artículo 10 de la Convención.

El Centro de Letonia de Apoyo a las Consultas y la Educación Agrícola es la mayor organización fundada y financiada por el Estado con el objeto de ofrecer consultas y programas de educación permanente en agricultura; tiene dependencias territoriales en todas las regiones de Letonia. No hay obstáculos jurídicos o concretos que impidan a la mujer obtener información en esos centros y utilizar otros servicios que ofrecen dichos centros. El Gobierno, que tiene conciencia de la difícil situación económica de las mujeres que viven en las zonas rurales y necesitan apoyo para su educación, ha previsto quesegún el acuerdo celebrado entre el Ministerio de Agricultura y el Centro de Letonia de Apoyo a las Consultas y la Educación Agrícola para el año 2002 las mujeres de todas las regiones de Letonia deben tener la posibilidad de asistir a dos series de conferencias de su elección. La posibilidad de adquirir educación profesional general en agricultura no está en modo alguno limitada por motivos de género.

Derecho a establecer organizaciones no gubernamentales

A fin de impedir una posible discriminación, diversas organizaciones no gubernamentales promueven actividades de la mujer en las zonas rurales y su derecho a recibir información y a participar en la vida pública. Además la respaldan dentro del marco del Programa de Subsidios Agrícolas del Estado. También organizan seminarios y cursos destinados a solucionar problemas de desempleo y aumentar los ingresos. Las mujeres que viven en las zonas rurales ejercen su derecho de asociación muy activamente; en 2001 se creó la Asociación de Letonia de las Zonas Rurales, que es una organización general que abarca a las organizaciones regionales y de las parroquias de mujeres y las ayuda a presentar su opinión sobre distintas cuestiones sociales y económicas y a actuar en beneficio de ellas. Las medidas jurídicas vigentes no limitan en modo alguno el ejercicio de esos derechos por parte de la mujer sino todo lo contrario; el Gobierno procura facilitar diversas iniciativas en las zonas rurales, lo que influye positivamente en las actividades económicas y sociales de diferentes grupos sociales independientemente de su género.

Derecho a recibir préstamos agrícolas

El acceso a créditos agrícolas y la posibilidad de solicitar donaciones como parte de los programas de apoyo del Estado está garantizado a las mujeres que viven en las zonas rurales. A fin de realzar sus actividades económicas, las mujeres que viven en las zonas rurales pueden recibir fondos del Programa de Desarrollo de la Agricultura y las Zonas Rurales (SAPARD) de Letonia o de programas anuales de subsidios estatales. Asimismo, el 1° de marzo de 2002 se iniciará un Programa a Largo Plazo de Crédito de Inversión para la Agricultura de Letonia, en que también podrán presentar proyectos las mujeres que viven en las zonas rurales. Dentro del marco del Programa de subsidios estatales “Apoyo a las organizaciones no gubernamentales y a los productores de la agricultura” se prevé destinar 3.000 lati de Letonia a la Asociación de Letonia de Mujeres Rurales por ser la mayor organización que representa a las mujeres de las zonas rurales. Actualmente se ejecuta un programa de microcréditos para mujeres rurales, que consiste en conceder créditos reducidos para realizar proyectos comerciales pequeños y medianos. Las mujeres aprovechan esa oportunidad para establecer nuevas empresas o mejorar las existentes. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género en sus observaciones señala que el programa de microcréditos para las mujeres de las zonas rurales ha dado buenos resultados, aunque la sociedad carece de información sobre ese programa.

Artículo 15

En Letonia la igualdad del hombre y la mujer ante la ley se estableció a nivel constitucional; la Satversme (Constitución) incluye una norma que estipula que en Letonia todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales. El goce de los derechos humanos no está limitado por discriminación alguna.

Capacidad jurídica de la mujer

En cumplimiento de la Ley sobre el Poder Judicial, todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales y gozan de los mismos derechos de protección por la ley. Los tribunales pronuncian sentencias independientemente del origen, condición social y material, origen racial y nacional, género, educación, idioma, afiliación religiosa, tipo y carácter de ocupación, lugar de residencia, opiniones políticas o de otra índole de las personas.

Los actos normativos no estipulan ninguna restricción discriminatoria con respecto a la capacidad jurídica de la mujer. En cumplimiento del Código de Procedimiento Civil toda persona natural y jurídica tiene derecho a la protección de sus derechos civiles, o si éstos han sido violados o cuestionados, a la protección de sus intereses por parte de la ley en los tribunales. Con arreglo al procedimiento mencionado, la capacidad jurídica del Código de Procedimiento Civil es la capacidad que se aplica a los deberes y las responsabilidades de procedimiento civil. La capacidad jurídica es igual para todas las personas naturales y jurídicas. No se estipulan restricciones por motivo de género. El Código de Procedimiento Civil prevé que no gozan de capacidad jurídica los menores de edad, las personas que están en custodia como resultado de una vida promiscua o extravagante y los que padecen enfermedades mentales.

Derecho a adquirir propiedad y a utilizarla

A nivel constitucional, la Satversme (Constitución) prescribe el derecho de toda persona a la propiedad y a la libertad de administrar dicha propiedad siempre que no esté restringida por la ley; se garantizan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres a administrar la propiedad.

Con arreglo al Código de Derecho Civil, no hay diferencias de género en cuanto al derecho de la persona a poseer y utilizar propiedad, a obtener todos los beneficios posibles de ésta, a administrarla y a reclamar su devolución a terceros en cumplimiento del procedimiento prescrito.

En lo concerniente a la igualdad de derechos para concertar contratos, en Letonia no hay restricciones relacionadas con el género; el Derecho Civil estipula que para que la transacción sea válida, las partes en la transacción deben gozar de capacidad jurídica. Como se dijo anteriormente, la capacidad jurídica de la mujer es igual a la del hombre, aunque de conformidad con el Derecho Civil, no gozan de capacidad jurídica los menores, las personas que están en custodia como consecuencia una su vida promiscua o extravagante y las que padecen enfermedades mentales, a menos que la ley disponga lo contrario. No existen restricciones de género en lo que respecta a la capacidad de la persona.

El Derecho Civil estipula garantías de igualdad en los derechos de hombres y mujeres. En cumplimiento de las normas de la ley, una persona que goza de capacidad jurídica puede contraer compromisos, perseguir sus intereses y satisfacer sus necesidades espirituales y materiales. Ello permite que las personas tengan la misma oportunidad de concertar contratos y administrar propiedades. Los actos normativos no estipulan la posibilidad de imponer restricciones discriminatorias con respecto a la capacidad jurídica de la mujer en relación con documentos privados o contratos.

Libertad de circulación y el derecho a elegir residencia

De conformidad con la Satversme (Constitución), toda persona que permanece legalmente en el territorio de Letonia goza de libertad de circulación y de libertad de elegir el lugar de residencia así como de libertad de irse de Letonia. Cualquier persona que tenga un pasaporte de Letonia está protegida por el Estado cuando se encuentra fuera de las fronteras del país y tiene derecho a regresar libremente a Letonia. Letonia ha concertado acuerdos con diversos países que reglamentan los procesos de emigración y la protección de los derechos de los emigrantes. Toda persona tiene derecho a abandonar el país libremente o a emigrar al extranjero. Esos derechos no se pueden limitar por motivos políticos o ideológicos. Un ciudadano de Letonia y una persona que tiene pasaporte de no ciudadano no están sujetos a extradición a países extranjeros.

La Ley sobre Protección de las Fronteras define los principios del funcionamiento de la Protección de las Fronteras del Estado y uno de ellos es la protección de los derechos de las personas y de sus intereses jurídicos independientemente de su ciudadanía, condición material y de otra índole, origen racial y nacional, género y edad, educación e idioma, afiliación religiosa, política y de otra índole. Asimismo la Protección de las Fronteras también asegura el cumplimiento del derecho de toda persona a trasladarse de un país a otro. Las medidas normativas sobre la Protección de las Fronteras del Estado no contienen normas especiales que reglamenten la circulación de las personas ni un procedimiento para someterse al control fronterizo sobre la base del género. Hasta ahora la Protección de las Fronteras del Estado no ha registrado información en el sentido de que durante los controles fronterizos se hayan violado los derechos de la mujer, incluida la restricción de los derechos relativos a la circulación de las mujeres que deciden transponer la frontera.

La Ley de Ingreso y Estancia de Extranjeros y Apátridas en la República de Letonia, que reglamenta el derecho de las personas a recibir permisos de estancia, permisos de residencia permanente y permiso de residencia temporal en Letonia, no contiene ninguna condición relacionada con el género para esos permisos. El permiso de residencia para la estancia en Letonia no se extiende si la persona tiene un trastorno de salud o una enfermedad que por su naturaleza, gravedad y posible duración pone en peligro la seguridad de la comunidad y la salud de sus miembros. Tampoco se otorga dicho permiso en los siguientes casos: si hay motivos para creer que puede amenazar la salud pública y si esa enfermedad está incluida en la lista aprobada por el Ministerio de Bienestar de la República de Letonia, salvo los casos de personas que llegan para recibir tratamiento para dicha enfermedad con el consentimiento del Ministerio de Bienestar; si no tiene una póliza de seguro de salud que garantice el pago de la atención de la salud durante el tiempo en que esa persona permanecerá en la República de Letonia; si la persona no puede sostenerse por sí misma a sí y a sus familiares a cargo, salvo en los casos en que un ciudadano de la República de Letonia asuma la responsabilidad de sufragar esos gastos; si la persona ha sido condenada por un delito según el procedimiento prescrito por la ley cometido en la República de Letonia o fuera del país que es sancionable con arreglo a las leyes en vigor en la República de Letonia mediante privación de la libertad por un período mayor de tres años. Esa disposición no se aplica si los antecedentes penales se han suprimido o eliminado en cumplimiento del procedimiento prescrito por la ley de la República de Letonia; con respecto a los delitos cometidos en el extranjero tienen que haber pasado por lo menos cinco años desde que la persona haya cumplido una sentencia de cárcel. También se niega el permiso de residencia a una persona a la que se le ha negado el ingreso a Letonia; si ha estado sujeta a extradición de Letonia durante los cinco años precedentes, si ha presentado a sabiendas información falsa para recibir el permiso de residencia o si tiene documentos de identidad o documentos para ingresar al país inválidos o si no tiene documentos para ingresar al país; es miembro de una organización totalitaria, terrorista o cualquier otra organización que utilice métodos violentos, o presente una amenaza para la seguridad del país, o del orden público o si es miembro de una organización antigubernamental o criminal secreta; si ha cometido crímenes contra la humanidad de carácter internacional o crímenes de guerra y si ha participado en represiones masivas, lo que ha sido establecido por sentencia de los tribunales; si ha permanecido ilegalmente de la República de Letonia o ha ayudado a otro extranjero o apátrida a ingresar ilegalmente al territorio en la República de Letonia; si ha recibido compensación por trasladar su residencia permanente al extranjero independientemente del hecho de que dicha compensación haya sido pagada por instituciones públicas o municipales de Letonia o por fundaciones o instituciones internacionales o extranjeras. No se prescriben condiciones con respecto al género de la persona.

Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos a elegir su domicilio o residencia en Letonia. Las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos con respecto a la edad en que una persona puede elegir independientemente su residencia. De conformidad con el Código Civil, hasta que los hijos lleguen a la mayoría de edad, están bajo la autoridad de los padres. Una persona es menor de edad hasta que cumple 18 años y ello se aplica a ambos géneros. Los padres pueden determinar el lugar de residencia de sus hijos menores de edad.

En Letonia no hay restricciones para las mujeres que quieren alquilar un local para residir en él o tener una residencia por separado; de conformidad con la Ley sobre el Alquiler de Locales de Residencia cualquier persona natural que resida en Letonia permanentemente o tiene un permiso de residencia puede ser inquilino o subinquilino. Los contratos de alquiler en nombre de los discapacitados son concertados por sus tutores mientras que una persona que tiene una capacidad jurídica limitada puede concertar un contrato de alquiler con permiso de su tutor.

El derecho a registrarse en el lugar de residencia es el mismo para los hombres que para las mujeres. En cumplimiento del decreto del Gabinete de Ministros sobre el Procedimiento Provisional para el Registro y la Supresión de Residencia de las Personas, una persona está registrada en su lugar de residencia. El propietario del local de residencia (una persona natural) y sus familiares tienen derecho a registrarse en el local de residencia de su propiedad. Los hijos menores de edad y los hijos adoptados del propietario de la residencia, sus familiares y otras personas que se han trasladado al local de residencia con permiso del propietario tienen derecho a registrarse en el local de residencia del propietario sin el consentimiento de este último aunque deben informarle al respecto. El inquilino, sus familiares y otras personas tienen derecho a registrarse en el local de residencia alquilado si su nombre, apellido y código de identidad personal han sido incluidos en el acuerdo (o en su anexo) del contrato del local de residencia. Si el nombre de la persona no figura en el acuerdo del contrato del local de residencia, las siguientes personas tienen derecho a registrarse en el local de residencia e informar al propietario al respecto: una persona cuyo derecho al local de residencia ha sido establecido por fallo de los tribunales; un hijo menor de edad y un hijo adoptado que vive en el local de residencia alquilado por sus padres; el tutor o custodio del pariente del inquilino.

Artículo 16

En la Satversme (Constitución) se estipula que el Estado protege y apoya el matrimonio, la familia y los derechos de los padres y los hijos. El Estado presta especial asistencia a los niños discapacitados, a los niños privados del cuidado de sus padres y a los que son víctimas de abuso.

En cumplimiento de la Satversme (Constitución) los derechos humanos en L e tonia se ejercen sin discriminación; la igualdad de la mujer y del hombre en cuestiones relativas a la familia y a las relaciones familiares se reconoce a nivel const i tucional.

Derecho a contraer matrimonio y a elegir cónyuge

El matrimonio en Letonia se basa en el acuerdo voluntario de la mujer y del hombre así como en su igualdad ante la ley.

De conformidad con el Derecho Civil, una persona que ha cumplido 18 años puede contraer matrimonio sin distinción de género. En casos excepcionales una persona que ha cumplido 16 años puede contraer matrimonio con el consentimiento de los padres o del tutor si contrae matrimonio con una persona que es mayor de edad. Si los padres o los tutores niegan su consentimiento sin motivo válido, el tribunal de custodia del lugar en que los padres o los tutores designados residen puede dar su consentimiento.

En Letonia si los cónyuges contrajeron matrimonio antes de cumplir la edad estipulada por la ley, dicho matrimonio es inválido. El matrimonio no se declara inválido si la esposa está embarazada o si para el tiempo que el tribunal da sentencia los cónyuges han cumplido la edad estipulada por la ley. A partir de 1993 la edad de las mujeres que contraen su primer matrimonio ha ido aumentando gradualmente (véase el cuadro).

Año	Edad media de las mujeres que contraen su primer matrimonio
1993	22,5
1994	22,5
1995	22,8
1996	23,2
1997	23,6
1998	24,0
1999	24,2
2000	24,4

En Letonia las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos para elegir su cónyuge y esa elección se basa en la libre voluntad de cada persona. Ese principio se garantiza durante la ceremonia matrimonial en que la novia y el novio confirman su intención de contraer matrimonio. Una vez establecida la relación matrimonial, si uno de los cónyuges ha sido declarado discapacitado a consecuencia de una enfermedad mental o debilidad mental o si uno de los cónyuges estaba en condiciones tales que no podía entender la importancia de sus acciones, puede impugnar el matrimonio. También puede impugnarlo si ha contraído matrimonio bajo la influencia de una amenaza sancionable.

Si el futuro cónyuge es elegido bajo presión por el otro futuro cónyuge o por cualquier otra persona, ese matrimonio se puede considerar ficticio, es decir que no tiene el objeto de formar una familia y se puede declarar nulo.

Igualdad de los cónyuges; igualdad de derechos a pedir el divorcio

De conformidad con el Derecho Civil, el matrimonio implica el deber del marido y la mujer de ser mutuamente fieles, de cohabitar, cuidar el uno al otro y juntos proteger el bienestar de la familia. Ambos cónyuges gozan de los mismos derechos para disponer la cohabitación de la familia. El Derecho Civil también prevé la posibilidad de buscar una solución en los tribunales si los cónyuges no pueden llegar a un acuerdo en una disputa.

La ley no prescribe el requisito obligatorio de que la mujer tome el apellido del marido al contraer matrimonio. En virtud del Derecho Civil, al contraer matrimonio los cónyuges eligen el apellido de uno de los cónyuges antes del matrimonio que será su apellido común a discreción de ambos y, durante el matrimonio, cada cónyuge puede conservar el apellido que tenía antes del casamiento sin asumir un apellido común de casado o agregar el apellido del otro cónyuge a su propio nombre. De conformidad con el decreto No. 295 del Gabinete de Ministros de 22 de agosto de 2000, sobre las normas para la escritura e identificación de nombres y apellidos, si una persona toma el apellido de su cónyuge se agrega una terminación a su apellido de conformidad con las reglas de gramática del idioma letón y se tiene en cuenta el género de la persona.

El Código Civil también reglamenta las relaciones de propiedad de los cónyuges; el Derecho Civil estipula que cada cónyuge conserva la propiedad que había estado en su posesión antes del matrimonio así como la propiedad que adquiere el cónyuge durante el matrimonio. Durante el matrimonio cada cónyuge tiene derecho a administrar y utilizar su propiedad, es decir la propiedad que estaba en su posesión antes del matrimonio, así como la propiedad adquirida durante el matrimonio. Toda propiedad adquirida durante el matrimonio por ambos cónyuges juntos o por uno de ellos con los recursos financieros de ambos cónyuges o con la asistencia del otro cónyuge es propiedad matrimonial de ambos cónyuges; en caso de duda se debe suponer que dicha propiedad pertenece a ambos cónyuges por partes iguales. Los cónyuges administran y utilizan la propiedad matrimonial juntos; sin embargo, también puede ser administrada por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro. Las medidas tomadas por un cónyuge con respecto a dicha propiedad exigen el consentimiento del otro cónyuge. El deber de ambos cónyuges es sufragar los gastos de la familia y de su hogar con los recursos de la propiedad matrimonial.

Los cónyuges pueden establecer, alterar y terminar sus relaciones de propiedad con acuerdos matrimoniales antes de contraer matrimonio o durante el mismo. Las partes en un acuerdo matrimonial pueden establecer propiedad matrimonial por separado o conjuntamente en lugar de las relaciones de propiedad jurídica de los cónyuges. Si el acuerdo matrimonial establece propiedad matrimonial separada, cada cónyuge conserva la propiedad que tenía antes del matrimonio pero puede adquirir, utilizar y administrar la propiedad por su cuenta durante el matrimonio independientemente del otro cónyuge. Si el acuerdo matrimonial establece la propiedad matrimonial conjunta, la propiedad que tenían los cónyuges antes del matrimonio así como la adquirida durante éste, salvo la propiedad separada, se combina en un acuerdo conjunto y separable, que no pertenece por separado a ninguno de los cónyuges durante el matrimonio. Al determinar la propiedad matrimonial conjunta en el acuerdo matrimonial, los cónyuges deciden quién será el administrador del acuerdo conjunto (el marido, la mujer o ambos).

A fin de que sea vinculante con respecto a terceros el acuerdo matrimonial, se ha de registrar en el Registro de Relaciones de Propiedad de los Cónyuges, administrado por la Empresa de Registro de la República de Letonia. Si el acuerdo matrimonial incluye una cláusula sobre bienes raíces, el acuerdo se debe registrar también en el Libro de Tierras en que se registran los bienes raíces. Los extractos de los asientos del Registro de Relaciones de Propiedad de los Cónyuges se publican en el periódico oficial “Latvijas Vēstnesis”. Toda persona tiene derecho a tener acceso al Registro de Relaciones de Propiedad de los Cónyuges y pedir extractos de éste.

Acuerdos matrimoniales registrados

Año	Número de acuerdos matrimoniales registrados
1994	13
1995	134
1996	306
1997	256
1998	272
1999	371
2000	449

En virtud del Derecho Civil, en caso de fallecimiento cada cónyuge tiene derecho a administrar su propiedad en general, independientemente del tipo de relaciones de propiedad que haya habido entre los cónyuges.

El hombre y la mujer tienen derecho a pedir la disolución del matrimonio. El tribunal puede disolver el matrimonio tras la solicitud de uno de los cónyuges o de ambos. Uno de los cónyuges puede pedir el divorcio independientemente de su género, si el otro cónyuge representa una amenaza a su vida o a su salud; si el otro cónyuge lo ha dejado y su ausencia se prolonga sin interrupción durante más de un año; si tras contraer matrimonio el otro cónyuge contrae una enfermedad mental incurable duradera o una enfermedad contagiosa del mismo tipo; o si el otro cónyuge ha cometido un delito penal, menoscaba su honor o lleva una vida deshonesta o promiscua que impide la continuación del matrimonio. El matrimonio también se puede disolver si la vida matrimonial de los cónyuges se ha desintegrado hasta un punto tal que la cohabitación de los cónyuges y la preservación de la familia son imposibles. La causa de la disolución del matrimonio puede ser también la separación de los cónyuges durante más de tres años. El matrimonio se disolverá de común acuerdo de ambos cónyuges pero no antes de un año después de que hayan contraído matrimonio. El matrimonio no se puede disolver por otras causas.

Porcentaje de disolución de matrimonios del total de matrimonios

Año	Porcentaje de divorcios de matrimonios
1993	70,4
1994	72,7
1995	70,6
1996	62,8
1997	63,0
1998	64,4
1999	63,9
2000	66,6

De conformidad con el Derecho Civil, tras la disolución del matrimonio el ex cónyuge que es pobre puede pedir alimentos al otro en proporción a los recursos de este último si el primero evita ganar ingresos con su trabajo sin motivo válido. El deber de apoyar al ex cónyuge no existe si éste ha facilitado la desintegración del matrimonio con sus acciones o ha contraído un nuevo matrimonio.

Igualdad en el ejercicio de los derechos de los padres

El cuidado de los hijos y su educación es en primer lugar el derecho y responsabilidad de los padres o guardianes. La sociedad y el Estado procuran que los padres o guardianes estén en condiciones de desempeñar sus funciones con respecto a los hijos.

El cuidado de los hijos, su bienestar y educación son responsabilidad del padre y de la madre. El deber de los padres es ocuparse de la vida y el bienestar de los hijos en patria potestad de conformidad con sus condiciones materiales y sociales, ocuparse de su manutención, es decir, darles alimentos, vivienda, vestimenta, cuidarlos, criarlos y educarlos. Hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, los padres tienen la patria potestad. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género cree que a pesar de la obligación del padre y de la madre de cuidar a sus hijos, en Letonia, como sucede en todos los demás lugares, la mayor parte de esa responsabilidad recae en las mujeres, con el correspondiente aumento del tiempo necesario para desempeñar esas funciones, lo que limita sus posibilidades de atender otras necesidades.

En virtud del Derecho Civil, durante el matrimonio el padre y la madre ejercen la patria potestad juntos. Si surgen disputas entre los cónyuges, éstas se plantean ante el tribunal de custodia, a menos que la ley estipule lo contrario. Si se ha establecido la paternidad de un niño nacido fuera de matrimonio, el padre y la madre juntos ejercen la patria potestad o también puede ejercerla uno de ellos de mutuo acuerdo. En caso de disputa, esa cuestión se resuelve mediante el mismo procedimiento estipulado en el caso de los niños nacidos en el matrimonio registrado. Si la paternidad de un niño nacido fuera de matrimonio no se ha establecido, la madre del niño ejerce la patria potestad. Si el padre y la madre residen por separado, el progenitor que vive con el hijo ejerce la patria potestad. En ese caso el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos para la crianza del niño. La restricción del derecho se aplica solamente al progenitor cuya patria potestad ha sido terminada por un fallo del tribunal. El padre y la madre deben participar proporcionalmente con sus recursos en la manutención de los niños que permanecen con el otro progenitor.

Si el matrimonio se disuelve o se declara nulo y los padres no pueden llegar a un acuerdo sobre con quién se quedarán los hijos, resuelven la cuestión los tribunales, que tienen en cuenta el bienestar de los niños y dentro de lo posible sus deseos, si éstos han cumplido siete años.

Las Leyes Civiles también reglamentan el procedimiento para establecer el origen del niño y los derechos de la mujer y del hombre al respecto.

Un hijo nacido a una mujer después de que ésta ha contraído matrimonio o a más tardar 306 días después de contraído el matrimonio si el matrimonio ha terminado por el fallecimiento del marido o por divorcio, se considera que el hijo ha nacido dentro del matrimonio. Un hijo nacido de una mujer a más tardar 306 días después de la terminación del matrimonio, si la mujer ya contrajo nuevo matrimonio, se considera que el hijo es parte del nuevo matrimonio. En ese caso el ex marido o sus padres tienen derecho a cuestionar el origen del niño. El reconocimiento directamente expresado o confirmado de acciones innegables por el padre de que el hijo nacido en el matrimonio o después de su terminación es hijo suyo es prueba suficiente de que el niño es hijo del matrimonio. El padre no puede formular objeciones cuando ha consentido a la creación artificial del niño. El supuesto de que el niño ha nacido en el nuevo matrimonio, si el padre del niño es el marido de la madre del niño, se puede impugnar en los tribunales. Hasta que se resuelva el caso en los tribunales, se considera que el niño es fruto del matrimonio. Con respecto al supuesto de que el niño es fruto del matrimonio, el marido de la madre del niño puede impugnar esa conclusión en los tribunales durante un período de dos años a partir de la fecha en que se enteró de que el niño se había originado en él. La madre del niño goza de los mismos derechos. El hijo puede cuestionar su nacimiento en ese matrimonio hasta dos años después de haber cumplido la mayoría de edad.

El origen paterno de un hijo nacido fuera de matrimonio se basa en el establecimiento de la paternidad con su reconocimiento voluntario o por fallo de los tribunales. El padre y la madre del niño presentan una solicitud conjunta en la oficina de registro civil con el objeto de reconocer la paternidad. El reconocimiento de la paternidad se asienta en el Registro de Nacimientos. Si la paternidad de un niño nacido fuera de matrimonio no es reconocida por una solicitud a la oficina de registro civil, la paternidad puede ser establecida por los tribunales, que autorizarán todo tipo de pruebas, incluidas pruebas científicas, que permitan demostrar o excluir el origen del niño de una persona concreta. El pedido de establecimiento de paternidad en los tribunales puede ser presentado por la madre del niño o su tutor, por el propio niño tras haber cumplido la mayoría de edad o por el padre biológico del niño. La Asociación de Letonia en pro de la Igualdad de Género observa que las mujeres a menudo no están informadas de las disposiciones mencionadas anteriormente y al demorar el divorcio se encuentran en una situación en que la paternidad de sus hijos sólo se puede cuestionar ante los tribunales.

Aunque la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio es reconocida voluntariamente por los padres si llegan a un acuerdo, la voluntad o renuencia del hombre a reconocer la paternidad esun elemento decisivo. La mujer no tiene derecho a determinar unilateralmente quién es el padre de su hijo si el hombre no está de acuerdo en ello. En este caso, la cuestión sólo se puede resolver en los tribunales. A tal fin, la madre del niño debe presentar una demanda en los tribunales para establecer la paternidad. Esta norma legislativa es particularmente pertinente, ya que el número de niños nacidos en asociaciones no registradas aumenta (véase el cuadro).

Hijos nacidos a asociaciones no registradas

Año	Porcentaje de niños nacidos a asociaciones no registradas
1993	23,0
1994	26,4
1995	29,9
1996	33,1
1997	34,8
1998	37,1
1999	39,1
2000	40,3

Las leyes de Letonia no estipulan que la paternidad puede ser reconocida solamente por un hombre jurídicamente libre. Ello significa que un hombre que ha contraído matrimonio, independientemente del consentimiento de su mujer, tiene derecho a reconocer la paternidad de un hijo nacido a otra mujer. Si se establece la paternidad, el consentimiento de la mujer no es necesario y sus objeciones no se tienen en cuenta.

El apellido de un niño está determinado por el apellido de los padres. Si los padres tienen apellidos diferentes, el niño recibe el apellido del padre o de la madre de conformidad con el acuerdo establecido entre los progenitores. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre el apellido del niño, éste se determina mediante un fallo del tribunal. El apellido de un niño nacido fuera de matrimonio está determinado por el apellido de la madre en el momento del nacimiento del niño, si no se ha establecido paternidad cuando se registra el nacimiento del niño. Si se ha establecido la paternidad del niño al registrar su nacimiento, el apellido del niño se determina aplicando el mismo procedimiento prescrito para un niño nacido al matrimonio.

Las leyes de Letonia no contienen ninguna norma que indique el derecho del hombre a decidir unilateralmente cuestiones relativas al número y espaciamiento de los hijos de la familia. Los derechos de la mujer al libre acceso a información, la educación y los medios de ejercer esos derechos se analizan en detalle en el examen del artículo 12 de la Convención.

Igualdad de derechos respecto de la tutela y derechos de adopción

En cumplimiento de las leyes de Letonia, la mujer y el hombre gozan de los mismos derechos de tutela con respecto a un menor de edad si tienen las características y los conocimientos necesarios para desempeñar esa función. El hombre y la mujer que han sido designados tutores de un menor son responsables de criarlo y cuidarlo con el mismo esmero con que lo harían la madre o el padre.

En virtud del Derecho Civil, una mujer o un hombre que han cumplido 25 años y tienen 18 años más que el adoptado, pueden adoptar a un niño si hay motivos para creer que se establecerá una relación de progenitor a hijo entre los que adoptan y el niño adoptado. Un hombre puede adoptar a su propio hijo nacido fuera de matrimonio sin tener en cuenta las disposiciones de edad mínima para adoptar y los 18 años de diferencia en la edad; esa adopción exige sólo el consentimiento del otro cónyuge así como el consentimiento de la madre del niño o del tutor con carácter general.

Los cónyuges pueden adoptar a un niño juntos o por separado. Una persona que está casada puede adoptar sólo con el consentimiento de su cónyuge, salvo en los casos en que el otro cónyuge ha sido declarado legalmente discapacitado como consecuencia de una enfermedad mental o debilidad mental. A su vez, las personas que no están vinculadas por matrimonio no pueden adoptar.

A fin de asegurar que la adopción está destinada al bienestar del niño, es necesario que todos los participantes, los que adoptan y el adoptado (si este último es menor de 12 años de edad) y sus progenitores o tutores (mientras el niño no haya cumplido la mayoría de edad) consientan la adopción. La adopción de una persona que se encuentra en condiciones de tutela exige el consentimiento del tutor. La adopción de menores exige una declaración del tribunal de custodia de que la adopción no perjudicará al adoptado. Por solicitud de las personas que residen en el extranjero, un menor puede ser adoptado con permiso del Ministro de Justicia y sólo en los casos en que no es posible asegurar la crianza y el cuidado apropiados del niño en una familia.

El Código Civil estipula que sobre la base de la patria potestad, el padre y la madre son los tutores naturales de sus hijos menores de edad. Cuando uno de los progenitores fallece, la tutela se transfiere al otro progenitor sin confirmación del tribunal de custodia. Cuando uno de los progenitores fallece y el otro contrae nuevo matrimonio, este último todavía sigue siendo el tutor natural del niño menor de edad nacido del matrimonio anterior; sin embargo, el cónyuge supérstite debe notificar al tribunal de custodia que contrae un nuevo matrimonio y debe inscribir la masa sucesoria del difunto en cumplimiento de las condiciones de los derechos de herencia y transferir o asegurar de manera apropiada la porción de la masa sucesoria que corresponde a los hijos. En este caso no se estipulan restricciones por género.

Ambos progenitores tienen derecho a designar tutores para sus hijos en su testamento, tanto para los hijos que ya tienen como para sus hijos futuros. Si no se han designado tutores en el testamento o si los tutores designados no son aprobados o si ya no viven o no se pueden ocupar de la tutela, los parientes más próximos de los niños menores de edad deben presentarse ante el respectivo tribunal de custodia sin demora para solicitar la designación de tutor de los niños. El tribunal de custodia selecciona a las personas más adecuadas entre los parientes del mismo grado de parentesco; sin embargo, si los tutores más próximos no son apropiados, elegirá entre los parientes más alejados.

El Código Civil estipula las restricciones que se aplican a un tutor. Las siguientes personas no pueden ser tutores: las personas que están bajo custodia; las personas que han sido privadas de la patria potestad y los que han sido liberados del desempeño de sus deberes de tutor por desempeño inapropiado de sus funciones; las personas que han sido declaradas deudores insolventes; las personas que los padres o abuelos del niño han rechazado en su testamento como tutores para sus hijos menores de edad; las personas cuyos intereses evidentemente son contrarios al bienestar del pupilo; los miembros del tribunal de custodia que supervisan la tutela respectiva; los extranjeros, salvo en los casos en que la tutela ha sido establecida con respecto a ciudadanos de su país; los menores de edad. No existen otras restricciones relativas al género de la persona con respecto a la tutela.

Habida cuenta de que en Letonia la responsabilidad de un tutor es un deber público que nadie puede rechazar sin motivo legítimo, el Derecho Civil detalla esos motivos. Son motivos legítimos para rechazar la responsabilidad de ser tutor: el servicio público o municipal que es difícil de combinar con el desempeño de los deberes de tutor; el analfabetismo; ser mayor de 60 años; la responsabilidad de tres tutelas o custodias o aun de una que represente un esfuerzo considerable; familia numerosa; pobreza; una enfermedad que impida el desempeño apropiado de las funciones de tutor; el traslado a la jurisdicción de otro tribunal de custodia; ausencia frecuente y prolongada resultante de trámites oficiales o la distancia del lugar de residencia al lugar de la tutela que dificulte el desempeño de las funciones de tutor. Las personas que se niegan a asumir la tutela pueden referirse a los motivos mencionados anteriormente independientemente de su género.

Los guardianes de las personas que han cumplido la mayoría de edad son designados por el respectivo tribunal de custodia con arreglo a un fallo del juez que primero debe designar al cónyuge de la persona que estará bajo custodia o a cualquier otro pariente próximo; se debe tener en cuenta la voluntad expresada en el testamento de la persona que dejó un legado a la persona que está bajo custodia. En cumplimiento del Código Civil, los mismos requisitos se aplican a los guardianes y a los tutores. No hay restricciones por género al respecto.

En Letonia también existe un Instituto de Familias de Guarda. En cumplimiento del decreto No. 211 del Gabinete de Ministros sobre Familias de Guarda (10/06/1997), una familia de guarda es una familia que presta asistencia estatal especial y protección a un niño que está privado temporal o permanentemente de su entorno familiar o que no puede permanece con su familia porque ello perjudicaría su bienestar hasta el momento en que el niño pueda volver a su familia o, si no fuera posible, sea adoptado, o quede bajo tutela o sea recluido en una institución de atención del niño y de enseñanza. Para ser familia de guarda es necesario haber expresado el deseo de serlo y que los cónyuges tengan entre 21 y 60 años de edad. En casos excepcionales puede ser familia de guarda una persona sola (no hay restricciones por género para integrar una familia de guarda).

Los intereses de los niños son decisivos y se basan en los siguientes factores: la tutela se establece por decisión del tribunal de custodia o el tribunal civil de la parroquia (en la práctica ha habido casos en que el tutor es designado por el tribunal); se reconocen las personas que van a adoptar al niño y el tribunal de custodia o el tribunal civil de la parroquia declaran que la adopción redundará en el bienestar del niño (desempeñan funciones análogas, es decir conceden la condición de familia de guarda a representantes de los padres, tutores, familias de guarda autorizadas para representar a los niños y disponen los arreglos necesarios con respecto a los intereses personales y de propiedad de los niños).

Igualdad de derechos de los cónyuges de elegir profesión y empleo y de elegir apellido

El derecho de la mujer a elegir su apellido de casada se examinó anteriormente. El derecho a elegir una profesión y ocupación se examinó en el análisis del artículo 10 de la Convención.

Prohibición de esponsales y matrimonio de niños

Se desprende de las leyes de Letonia que los esponsales son una promesa mutua de contraer matrimonio. Excluye los esponsales de niños, ya que esa promesa no la pueden dar ni los tutores del menor de edad ni otras personas. Los esponsales no dan derecho a exigir ante los tribunales que se celebre el matrimonio.

Como se dijo anteriormente, en Letonia se ha establecido la edad mínima de casamiento y los matrimonios contraídos antes de esa edad son nulos.

En Letonia el registro de matrimonios en un registro oficial es obligatorio. En cumplimiento del Código Civil, el administrador de la oficina de registro civil y los oficiantes de las creencias que figuran en la ley (evangélica luterana, católica, ortodoxa, antiguas creencias, metodista, baptista, adventista del séptimo día o judaísmo) que tienen permiso de la administración de la respectiva creencia o tienen autoridad para oficiar en la ceremonia de matrimonio. Esos oficiantes envían la información solicitada por el registro civil sobre cada matrimonio a la oficina del registro civil del territorio en que se celebró la ceremonia del matrimonio dentro de los 14 días. Un oficiante puede ser considerado administrativamente responsable si no cumple con su deber. El matrimonio que no se ha celebrado en una oficina del registro civil o en presencia de un oficiante se considerará inválido de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley.