Comité sob re los Derechos de las Personas con Discapacidad

21 er período de sesiones

11 de marzo a 5 de abril de 2019

Tema 7 del programa provisional

Examen de los informes presentados p or las partes

en la Convención en virtud del artículo 35

Lista de cuestiones relativa al informe inicialde Turquía

Adición

Respuestas de Turquía a la lista de cuestiones * **

[Fecha de recepción: 14 de enero de 2019]

Lista de abreviaturas

AAS	Ayuda para la Adaptación Social
CIF	Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
MFTSS	Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONUSIDA	Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
PEES	Panencefalitis esclerosante subaguda
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
TAIEX	Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información
TEA	Trastorno del espectro autístico
TIC	Tecnología de la información y de las comunicaciones
UE	Unión Europea
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

A.Propósito y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

Cuestión 1

1.Mediante una modificación de las disposiciones pertinentes de la Ley de Discapacidad de Turquía, esta se revisó en 2014 de conformidad con las obligaciones impuestas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con ello, se reestructuraron los propósitos y los principios de dicha Ley utilizando un enfoque basado en los derechos y se definieron diversos términos, como “discriminación por motivos de discapacidad”, “tipos de discriminación”, “ajustes razonables” y “accesibilidad”. Además, se descartó la definición de discapacidad basada en el enfoque médico, que pone de relieve las deficiencias o incapacidades, y se aceptó la que considera la discapacidad parte de la interacción de las personas con el entorno social. La prohibición de la discriminación quedó reglamentada en un artículo aparte y, a fin de garantizar la igualdad, se estableció la obligación de aplicar medidas de ajustes razonables. Además, las modificaciones establecieron que es esencial garantizar que las personas con discapacidad vivan de manera independiente en la sociedad entre otras personas y que no se las puede obligar a llevar un modo de vida en que queden excluidas. La Ley también establece que a las personas con discapacidad se les debe proporcionar acceso al apoyo a nivel de la comunidad, incluidos los servicios de asistencia individual. Además, mediante nuevas disposiciones añadidas en la Ley Básica de Educación Nacional (art. 4) y en la Ley del Trabajo (art. 5), en los sectores de la educación y el empleo se prohibió la discriminación basada en la discapacidad. En este sentido, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales (MFTSS) lleva a cabo actividades de concienciación, como seminarios y publicaciones, actividades estructurales, como la realización de investigaciones o la elaboración de indicadores, así como actividades legislativas destinadas a luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad y a promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2.Además, a fin de mejorar y vigilar la aplicación de la Convención en los planos sectorial y general, la Dirección General de Servicios para las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), llevó a cabo el proyecto Apoyo a la Capacidad de Aplicación y Vigilancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2013‑2016). En el marco de las labores del proyecto, se realizaron diversas actividades para aumentar la conciencia de todas las instituciones públicas competentes, y, a fin de especificar el nivel en que se ejercen los derechos, se elaboraron conjuntos de indicadores en las esferas del empleo, la atención de la salud, la educación, la cultura y el turismo, el deporte, la participación en la vida política y pública y el derecho a no ser sometido a la explotación ni a las vulneraciones. Además, a fin de que, bajo la coordinación de la Dirección General de Servicios para las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad, se encontrara un terreno común sobre los requisitos jurídicos, institucionales y prácticos para lograr la protección y la mejora de los derechos de las personas con discapacidad, en  2017 se inició la labor preparatoria del Plan de Acción Nacional y Documento de Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con la cooperación y la participación de todas las partes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil. En el marco de la labor preparatoria, se definieron metas y objetivos estratégicos a fin de elaborar estadísticas comparables y fiables sobre discapacidad y reforzar las oportunidades de las personas con discapacidad en lo que respecta a la formación profesional y el empleo. Además, a finales de 2018 comenzó la labor relativa a la preparación de un documento sobre la visión para la eliminación de las barreras, encaminado a mejorar los servicios para las personas con discapacidad y los ancianos, con un enfoque inclusivo y basado en los derechos.

Cuestión 2

3.A fin de hacer extensivo a todos los niveles de la sociedad el enfoque basado en los derechos y orientar las prácticas en este sentido, en 2013 se revisó la legislación de Turquía. En 87 leyes y 9 decretos ley, se sustituyeron términos como “discapacitado”, “defectuoso” o “deficiente” por “persona con discapacidad”.

Cuestión 3

4.Los informes médicos que se emiten sobre la discapacidad se ajustan a los procedimientos definidos en el Reglamento de la Junta de Informes Médicos sobre Personas con Discapacidad y de los Criterios y la Clasificación de la Discapacidad. La tasa de discapacidad de las personas con discapacidades o problemas de salud múltiples se calcula mediante la fórmula Balthazar, teniendo en cuenta la totalidad de los problemas o discapacidades. A diciembre de 2018, 381 hospitales competentes emitían informes médicos sobre la discapacidad. Cuando se formulan objeciones sobre los informes emitidos, estos son examinados por hospitales de arbitraje que, según los datos de diciembre de 2018, ascienden a 71. Tras recibir ese tipo de informe médico, las personas con discapacidad puedan beneficiarse de 9 tipos distintos de servicios públicos (a saber, subsidio para la atención domiciliaria, prestación por discapacidad, subsidio por indigencia, reducción del impuesto sobre la renta, reducción o exención de diversos impuestos, tarjeta de identificación de persona con discapacidad, ayuda para educación especial, empleo y retiro por discapacidad). Teniendo en cuenta las necesidades y demandas actuales de los ciudadanos y con el fin de difundir la utilización de instrumentos de clasificación internacional y desarrollar una práctica común en los ámbitos que requieren una calificación, una clasificación y una definición de la discapacidad, se elaboraron el Reglamento sobre la Evaluación de la Discapacidad de los Adultos y el Reglamento sobre los Informes relativos a Niños con Necesidades Especiales. La labor relativa a estos dos reglamentos está a punto de concluir. En la elaboración del reglamento para los adultos se utilizó la medida de independencia funcional. La determinación del nivel educativo y el diagnóstico de las personas con necesidades de educación especial están a cargo de los Centros de Asesoramiento e Investigación, dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Dichas personas son remitidas a dichos Centros por el personal de las escuelas, por los padres o, en el caso de las personas que permanecen en centros de acogida, por profesionales adscritos a dichas instituciones de atención. La determinación del nivel educativo, de ser necesario, también puede hacerse en los domicilios. A fin de mejorar la calidad de los servicios de diagnóstico y determinación del nivel educativo, se han adaptado y actualizado los instrumentos de medición universal que se utilizan en la actualidad y, además, se han elaborado instrumentos locales de normalización y de medición.

Cuestión 4

5.La política en materia de discapacidad en Turquía se sustenta en tratar la cuestión de la discapacidad aplicando en todos los aspectos de las políticas un criterio basado en los derechos y en garantizar la participación de las personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones. En la Ley de Discapacidad de Turquía (Ley núm. 5378) se definió como principio general que en los procesos de adopción de decisiones o en la prestación de servicios se deben tener en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones representativas. A este respecto, las organizaciones de las personas con discapacidad participan en la formulación, la programación y la aplicación de las políticas y en el seguimiento de las actividades del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales.

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

Cuestión 5 a)

6.En su calidad de documento de alto nivel sobre políticas de Turquía, el Plan de Acción Nacional y Documento de Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se encuentra actualmente en proceso de preparación, y el Documento sobre la Visión para la Eliminación de las Barreras prevén medidas importantes sobre la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad (véanse los párrs. 1 a 5).

Cuestión 5 b)

7.A fin de luchar contra la discriminación por cualquier tipo de motivo, entre ellos la discapacidad, en 2016 se estableció la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía, y en la Ley por la que esta se creó se describieron los siguientes tipos de discriminación: “Discriminar a favor de o en contra de alguien; ordenar que se discrimine o cumplir órdenes de este tipo; aplicar discriminación múltiple; discriminar de manera directa o indirecta; hostigar en el lugar de trabajo; no aplicar medidas de ajuste razonable; acosar y discriminar sobre la base de cualquier motivo asumido”. Además, esta Ley dispone que “si las personas que hayan iniciado o participado en actuaciones administrativas o judiciales encaminadas a que se respete el principio de igualdad o se prevengan las prácticas discriminatorias, así como sus representantes, son objeto de un trato desfavorable, ese trato también se considerará discriminación”. En el marco de esta Ley, está prohibida la discriminación por motivos de género, raza, color, idioma, religión, credo, secta, opinión política o filosófica, origen étnico, posición económica, nacimiento, estado civil, estado de salud, discapacidad o edad. También se establece en ella que “las instituciones y organizaciones públicas que proporcionen servicios de educación o capacitación, servicios judiciales o de imposición del cumplimiento de la ley, servicios de salud, transporte, comunicaciones o seguridad social, servicios sociales, asistencia social, servicios deportivos o culturales o servicios de alojamiento, turísticos o similares, así como las organizaciones profesionales cuya naturaleza sea la de una institución pública y las personas privadas reales o jurídicas, no discriminarán a las personas que se beneficien de esos servicios, soliciten beneficiarse de ellos o deseen informarse al respecto. Esta disposición englobará el acceso a los lugares y edificios públicos. Las personas e instituciones encargadas de la planificación, la prestación y la auditoría de esos servicios podrán ser sancionadas por no tener en cuenta las necesidades de las personas con diferentes tipos de discapacidad o no adoptar medidas para realizar ajustes razonables”. Además, las personas naturales y jurídicas pueden presentar a la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía una denuncia de que han sido objeto de discriminación durante los procedimientos de compra o alquiler de bienes, su participación en la vida política y pública o en los procesos en materia de empleo, incluidos los relativos a la formación profesional. Los niños en régimen de tutela o protección también pueden solicitar la intervención de la Institución. Si los solicitantes lo piden, su identidad no se da a conocer. La Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía está facultada para imponer una multa administrativa de entre 1.000 y 15.000 liras turcas. Otro mecanismo de reclamación al que pueden presentarse denuncias de discriminación es la Defensoría del Pueblo. Si se lo solicitan, la Defensoría del Pueblo emite advertencias legales o formula recomendaciones a las instituciones públicas sobre todos los tipos de acciones, procedimientos, actitudes o comportamientos administrativos que se consideren actos discriminatorios. La Defensoría tramita las denuncias de conformidad con las leyes y prácticas judiciales nacionales e internacionales y, posteriormente, presenta las resoluciones a la Gran Asamblea Nacional de Turquía a través de sus informes anuales. Además de los procedimientos administrativos relativos a las personas, la Defensoría formula propuestas estructurales, como las relativas a las modificaciones legislativas. Si así se solicita, se mantiene el carácter confidencial de las denuncias. La Defensoría realiza labores de concienciación mediante la publicación de sus informes anuales, informes especiales y publicaciones impresas, así como de sus resoluciones sobre todo tipo de acciones, procedimientos, actitudes o comportamientos administrativos que se consideren discriminatorios por motivos de discapacidad.

Cuestión 5 c)

8.A fin de regular los principios y procedimientos relativos a la entrada, permanencia y salida de Turquía de los extranjeros, así como el alcance y la aplicación de la protección que debe proporcionar Turquía a los extranjeros que se la solicitan, se aprobó la Ley de Extranjería y Protección Internacional, que entró en vigor en 2013. Esta Ley se aplica a las actividades y medidas relativas a los extranjeros; la protección internacional se proporciona en casos de solicitudes individuales de protección presentadas por extranjeros en las fronteras, los puestos fronterizos o dentro de Turquía; la protección temporal inmediata se proporciona en los casos en que se presenta una gran afluencia de extranjeros hacia Turquía que no pueden regresar al país del que se vieron obligados a partir. En el ámbito de aplicación de esta Ley, los solicitantes con discapacidad y las personas con discapacidad que estén bajo protección internacional están definidos como personas con necesidades especiales. Según el Reglamento relativo a la aplicación de esta Ley, publicado en 2016, la finalidad primordial de la determinación de las necesidades especiales de los solicitantes es que estos puedan beneficiarse de los servicios previstos para las personas con necesidades especiales. A las personas que, en cualquiera de las etapas de los procesos de protección internacional, se las considere personas con necesidades especiales se les da prioridad en todos los procedimientos y procesos, se les proporcionan todas las facilidades necesarias y se les registra su condición. Según los datos recientes, se definieron 26.919 casos de discapacidad en relación con 24.305 extranjeros que viven en Turquía. Estos incluyen discapacidades físicas, mentales, neurológicas o fisiológicas y enfermedades crónicas. Cuando los extranjeros que requieren atención son titulares de un permiso de residencia en Turquía, pueden beneficiarse de todos los servicios ofrecidos a los ciudadanos turcos en el marco del Reglamento sobre los Servicios de Atención, Rehabilitación y Orientación Familiar, publicado en 2010. En este contexto, un total de 42 extranjeros (1 moldovo, 1 pakistaní, 1 azerbaiyano, 26 sirios, 8 afganos, 3 iraquíes y 2 iraníes) con discapacidad se benefician de los servicios ofrecidos en Turquía.

Cuestión 6

9.En el marco del Programa de Estadísticas Oficiales, las estadísticas de las fiscalías y los tribunales penales de Turquía, que se elaboran a partir del banco de datos forenses extraídos de los registros del Sistema de Informática de los Órganos Judiciales Nacionales, comprenden información sobre el tipo de delito y la decisión judicial adoptada de conformidad con los artículos pertinentes de la Ley Penal de Turquía (Ley núm. 5237) o de otras leyes. No es posible presentar aquí datos estadísticos desglosados en relación con la discapacidad.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

Cuestión 7

10.En el Plan de Acción Nacional y Documento de Estrategia de Empoderamiento de la Mujer (2018-2023), que fue preparado por todas las partes pertinentes, bajo la coordinación del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, se establece la elaboración de un modelo de empleo asistido para las mujeres con discapacidad. El Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (2016-2020) subraya que las mujeres con discapacidad y sus hijos son más vulnerables a la violencia, los abusos, el descuido, el maltrato y la explotación. En este sentido, en el Plan de Acción se afirma que las actividades de concienciación destinadas a la ciudadanía o a los funcionarios públicos también deben incluir información sobre los derechos de las personas con discapacidad; los materiales que se prepararen deben responder a las necesidades de las mujeres relativamente más vulnerables; los servicios públicos y las instituciones competentes (como las que proporcionan acceso a la línea de atención telefónica de emergencia ALO-183 de apoyo social para mujeres con discapacidad, refugiados, migrantes, etc.); y los programas especiales de terapia y rehabilitación previstos para los niños que han sido víctimas, testigos o autores de actos violencia deben tener en cuenta la situación de grupos vulnerables determinados, como las personas con discapacidad o los refugiados.

11.Para garantizar el funcionamiento eficaz de la vigilancia sobre el mecanismo de denuncia en materia de derechos de la mujer, en 2017 la Defensoría del Pueblo organizó un taller titulado La Defensoría del Pueblo y los Derechos de la Mujer, en colaboración con los centros de investigación y práctica sobre la mujer y con la participación de representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los colegios de abogados que trabajan en la esfera de los derechos de la mujer. En el taller se abordaron los derechos de la mujer, incluidos los de las mujeres con discapacidad, y se evaluaron la situación actual y las medidas que deben adoptarse sobre el terreno, como los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia. Además, los problemas de las mujeres con discapacidad también se abordaron en el taller que, con el mismo título, organizó en 2017 la Defensoría del Pueblo y que contó con la participación de la Comisión sobre la Igualdad del Hombre y la Mujer, de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la esfera de los derechos humanos de la mujer.

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)

Cuestión 8 a)

12.La Ley de Protección de los Menores prevé la adopción de medidas de protección y apoyo en materia de asesoramiento, educación, atención, salud y vivienda, con el fin de proteger a los menores cuyo desarrollo físico, mental, moral, social o emocional y cuya seguridad personal están en peligro, que son objeto de descuido o maltrato o que son víctimas de delitos. En este sentido, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales prevé que a los niños necesitados de protección se les proporcione asistencia en sus hogares y no en instituciones de atención. En consonancia con este objetivo, 670 niños con discapacidad (30 entre 0 y 3 años, 41 entre 4 y 5, 216 entre 6 y 9, 252 entre 10 y 14, 103 entre 15 y 18 y 28 mayores de 19 años) viven con familias de acogida, y otros 10 empezaron a vivir con familias que los adoptaron. A los niños con discapacidad se les proporciona ayuda económica de diversos tipos. Una de ellas es el subsidio otorgado a los familiares de menores de 18 años de edad, del que se benefician las familias pobres con un hijo con grado de discapacidad de un 40 % como mínimo. Siempre que cumplan los requisitos establecidos, a los beneficiarios de este programa se les paga sistemáticamente cada mes una cuarta parte del salario mínimo mensual (que para el período comprendido entre julio y diciembre de 2018 era de 433,68 liras turcas). En el marco de este programa de ayuda económica, en 2017 se transfirieron 366,63 millones de liras turcas para 94.268 personas. A octubre de 2018, la cuantía total de los fondos transferidos a 89.752 personas era de 278,19 millones de liras turcas. Otro programa de asistencia social es la atención domiciliaria. A los beneficiarios de este programa se les pagan sistemáticamente cada mes tres cuartas partes del salario mínimo mensual (que para el período comprendido entre julio y diciembre de 2018 era de 1.179,40 liras turcas). A octubre de 2018, se habían beneficiado de este programa un total de 117.057 personas que asumían la responsabilidad de cuidar de niños con discapacidad menores de 18 años (68.999 niños y 48.058 niñas con discapacidad). Otro programa de ayuda es el transporte escolar gratuito de los estudiantes con discapacidad.

13.En 2017 se asignaron 295 millones de liras turcas para costear el transporte gratuito de 94.082 estudiantes con discapacidad. Además, las personas con discapacidad pueden beneficiarse con prioridad de varias prestaciones periódicas en materia de alimentación, vivienda, leña y ayudas de material educativo, entre otras.

Cuestión 8 b)

14.Además de las medidas indicadas en los párrafos 12 y 13, otro servicio para mejorar el bienestar de los niños con discapacidad menores de 8 años es el programa de ayuda financiera periódica para pacientes con panencefalitis esclerosante subaguda (PEES), que comenzó en enero de 2018. A octubre de 2018, se había pagado un total de 1,6 millones de liras turcas a 231 beneficiarios en el marco de este programa. Por lo que respecta al acceso a los servicios de salud, los niños menores de 18 años, como ya se ha mencionado en los párrafos 12 y 13, están cubiertos directamente por el seguro médico general, y sus primas de seguro médico las cubre el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales.

Cuestión 8 c)

15.Los niños que necesitan protección son atendidos en instituciones de servicio social, mientras que los niños con graves discapacidades físicas, mentales o psicológicos son atendidos en centros de atención para personas con discapacidad. A fin de mejorar los servicios prestados a los niños que necesitan protección, incluidos aquellos con discapacidad, en 2018 se organizó un taller titulado Sistema de Atención Integrada para los Niños al Cuidado de los Servicios de Protección y Atención, que contó con la participación de expertos de instituciones internacionales y profesionales del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales. Con miras a que las partes responsables aplicaran de manera efectiva la Ley de Protección del Niño, se publicó el documento sobre la Estrategia de Coordinación de los Servicios de Protección de la Infancia (2014-2019). El objetivo principal de los servicios de protección de la infancia es adoptar medidas preventivas y fomentar la cooperación entre las instituciones. A estos efectos, y para asegurar la aplicación efectiva del sistema de protección de la infancia, se establecieron las dependencias de coordinación provinciales y de distrito, que se encargan de los servicios de protección de la infancia. Además, se examinan con urgencia todas las denuncias que se presenten a la línea de atención telefónica de emergencia de apoyo social 183, del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, que funciona de manera ininterrumpida durante toda la semana, así como las que se presenten al Ministerio a través de las fuerzas del orden o de las oficinas del ministerio público. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis detallado del entorno social del niño víctima y de su familia. Una vez examinada la situación, se adoptan las medidas de protección y apoyo necesarias y, en el marco de las medidas adoptadas por el tribunal competente, se brinda apoyo al niño. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo preparó y publicó una página web que pueden utilizar todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, para presentar sus quejas acerca de las instituciones.

Toma de conciencia (art. 8)

Cuestión 9

16.Con el fin de concienciar a la opinión pública sobre la promoción de los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, como se establece en el Documento de Estrategia de la Defensoría del Pueblo (2017-2021), se previó la preparación de una estrategia de comunicación. En los Simposios Internacionales de Defensorías del Pueblo que ha venido organizando la Defensoría del Pueblo desde 2013, con la participación de representantes de Defensorías del Pueblo de distintos países, representantes de otros países, organizaciones internacionales y administradores de instituciones administrativas, se abordan los derechos de las personas con discapacidad. En el marco del Simposio de 2018, se examinó la cuestión de los refugiados con discapacidad. Además, desde 2015, cada Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo ha venido divulgando mediante anuncios cinematográficos informativos sus resoluciones y actividades sobre los derechos de las personas con discapacidad.

17.De conformidad con las medidas previstas en el Plan de Acción Nacional sobre las Personas con Trastorno del Espectro Autístico (TEA) 2016-2019 por lo que se refiere a las actividades de concienciación, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales ofreció capacitación a un total de 4.362 participantes (profesionales, familias y estudiantes universitarios) en 81 provincias. Además, se celebraron reuniones informativas con los miembros de las Juntas Provinciales de Vigilancia y Evaluación del Plan de Acción sobre el Autismo, y se impartieron cursos de capacitación para los profesionales que trabajan en instituciones dependientes de dicho Ministerio o en guarderías privadas. En el ámbito de las mismas medidas de concienciación previstas, se emitieron programas informativos en canales de televisión locales sobre el trastorno del espectro autístico, y se publicó una página especial en el sitio web del Ministerio. Además, se publicaron y difundieron varias publicaciones tales como TEA: Guía de Información para las Familias y Carpeta de Capacitación para Instructores, Familias y Personal de Asistencia que Interactúa con Personas con TEA. Por otra parte, con la campaña iniciada en abril de 2018 bajo el lema “Toma nota – Acepta y camina con nosotros”, se llevaron a cabo en 81 provincias actividades de concienciación (tales como proyección de películas, organización de marchas de concienciación y utilización de luz azulada).

18.En el marco del proyecto de comunicación titulado “Existe otro usted”, realizado en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se llevaron a cabo diversas actividades de concienciación, como la creación de una página web (https://birsendahavar.aile.gov.tr/en), la difusión de anuncios cinematográficos, la preparación de folletos y la búsqueda de frases pegadizas. Asimismo, como parte de las actividades del proyecto, se realizó la Encuesta sobre la Distancia Social entre los Niños con Discapacidad y la Sociedad, en la que participaron 4.465 personas de 44 provincias. Posteriormente, se publicaron las conclusiones de la encuesta.

19.Con la cooperación del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales y del Ministerio de Cultura, se realizó el concurso de cortometraje titulado “¿Lo sabe usted?”, cuyos temas fueron la dislexia, en 2016, y el trastorno del espectro autístico, en 2017. Asimismo, se elaboraron y difundieron anuncios cinematográficos sobre el trastorno del espectro autístico, la dislexia y el síndrome de Down.

20.A fin de hacer frente a las privaciones sociales de los niños y jóvenes desfavorecidos, entre ellos las personas con discapacidad, el Ministerio del Interior, en cooperación con las partes interesadas, lleva a cabo el Programa de Protección Social y Apoyo para Niños y Jóvenes. En el marco de este programa, los proyectos que conlleven actividades sociales y culturales están a cargo de las direcciones de seguridad provinciales.

Accesibilidad (art. 9)

Cuestión 10 a)

21.En el marco de las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de la Ley núm.  6353, en 2013 se revisó el Reglamento sobre la Producción, Modificación e Instalación de Vehículos, en el que se estableció la conveniencia de que los vehículos fueran accesibles. En este contexto, en las modificaciones de 2014 de la Ley de Discapacidad de Turquía (Ley núm. 5378) se introdujeron disposiciones sobre adaptaciones que garantizaran la accesibilidad en el transporte interurbano y en los vehículos turísticos y de servicio, así como la accesibilidad del entorno construido y de la tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC). Además, se publicó una norma sobre el sistema de transporte público. Por otra parte, en 2017 se promulgó un reglamento para establecer las obligaciones en materia de accesibilidad de los proveedores de servicios de transporte interurbano por carretera, las agencias de viajes, los operadores de los terminales y de las estaciones de servicio al borde de las carreteras, los proveedores de servicios de transporte de ida y vuelta entre localidades, los operadores de transporte marítimo entre ciudades y de instalaciones costeras, los operadores de ferrocarriles, las aerolíneas y los operadores de terminales aéreas. En 2017 se revisó el reglamento que define los criterios de construcción para las ciudades y se especificaron detalladamente los criterios técnicos contemplados en las normas de accesibilidad. Se asignó un código presupuestario especial para hacer un seguimiento de los gastos en materia de accesibilidad. Este código fue utilizado por primera vez por las instituciones y organizaciones públicas en el marco de la labor preparatoria para el presupuesto de 2018. Para garantizar que las adaptaciones en materia de accesibilidad se realicen adecuadamente, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales envía anualmente una carta de recordatorio a los ministerios y otras instituciones competentes a fin de que en el período de preparación del presupuesto se incluya el subsidio por accesibilidad. En 2017, con financiación de la Unión Europea (UE) y en colaboración con un experto en diseño universal, se elaboró la Guía de Accesibilidad para los Niños, destinada a establecer las normas sobre la satisfacción de las necesidades de los niños en materia de accesibilidad. A fin de asegurar que los espacios de estacionamiento asignados a las personas con discapacidad no sean utilizados por otros conductores en los aparcamientos de los centros comerciales y de que se inicien acciones penales contra los infractores, en 2017 la Dirección General de Asuntos de Seguridad transmitió instrucciones a las oficinas de los gobernadores. A través de los proyectos de apoyo a la accesibilidad ejecutados en el marco de los estudios para promover ejemplos de buenas prácticas, se seleccionaron como zonas piloto de adaptaciones en materia de accesibilidad 81 escuelas públicas en 2014, 38 oficinas gubernamentales en 2015, y 35 hospitales cuyos comités médicos están autorizados para emitir informes sobre discapacidad en 2016, y se les transfirieron fondos por valor de 5.405.000 liras turcas, 7.758.000 liras turcas y 4.430.000 liras turcas, respectivamente. A los efectos de la aplicación y difusión efectivas de las disposiciones relativas a las adaptaciones en materia de accesibilidad, se celebran reuniones en las que participan las autoridades locales, las instituciones públicas y representantes de las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. Una vez terminado el proyecto denominado Percepción de la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad en Turquía, realizado en 2014, se distribuyeron en total 601.000 folletos sobre la accesibilidad a fin de crear mayor conciencia pública. Además, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales organiza programas presenciales y de educación a distancia en línea sobre la accesibilidad, destinados a los profesionales que trabajan en las administraciones locales y las instituciones públicas. En este contexto, entre 2013 y 2018 se capacitó a aproximadamente 5.000 profesionales.

22.A fin de crear mayor conciencia pública sobre la accesibilidad en las universidades y de hacer extensiva la práctica a todo el país, se organizaron a nivel regional cinco seminarios denominados Universidades Accesibles, en los que participaron representantes de 183 universidades. A fin de proporcionar capacitación sobre la determinación de la accesibilidad de los espacios abiertos y los edificios, se realizaron películas que se publicaron en el sitio web. Por otra parte, el Ministerio de Transportes e Infraestructura llevó a cabo el proyecto del Instrumento de Ayuda de Preadhesión titulado Accesibilidad de los Servicios de Transporte de Pasajeros en Turquía (2017-2018). En el marco de este proyecto, se establecieron cinco grupos de trabajo correspondientes a los diferentes modos de transporte, y en dichos grupos estuvieron representados el Comité Directivo encargado de la auditoría administrativa, la Junta Consultiva y las organizaciones de la sociedad civil. El proyecto tiene por objeto establecer una plataforma para los servicios de transporte de pasajeros accesible y fortalecer a través de ella la capacidad técnica e institucional del Ministerio de Transportes e Infraestructura. Entre las actividades del proyecto, algunas de las cuales están actualmente en curso, figuran la creación de un plan de acción nacional y la elaboración de un documento de estrategia sobre la accesibilidad, la ejecución de proyectos piloto, la formación de formadores y campañas de comunicación y actividades de concienciación. En consonancia con las recomendaciones incorporadas en el documento Acceso sin Barreras a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que se elaboró en 2012 bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Telecomunicaciones y con la participación de las partes interesadas, entre ellas las organizaciones de la sociedad civil, entre 2012 y 2014 los operadores de telefonía móvil comenzaron a implementar algunas aplicaciones a fin de garantizar la accesibilidad y a ofrecer descuentos en la prestación de servicios, especialmente en el caso de los suscriptores con discapacidades visuales y auditivas. Además, previa solicitud, a los consumidores con discapacidad se les ofrecen gratuitamente en braille o en formato de audio los contratos de suscripción y las facturas. Este servicio también se estableció en 2017 en el Reglamento sobre los Derechos del Consumidor en el Sector de las Comunicaciones Electrónicas. En 2018, la Autoridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publicó la Decisión de la Junta sobre los Procedimientos y Principios relativos a las Medidas para los Grupos que Deberán ser Apoyados por la Sociedad. En esta disposición se propone velar por que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de los servicios de comunicación electrónica con un descuento adicional del 25 %. También se establece en ella la introducción de centros de comunicación con apoyo visual y escrito, se da prioridad a las llamadas que hacen a los centros de atención telefónica los abonados con discapacidad, se vela por que los operadores publiquen la información sobre los intermediarios accesibles y se introducen aplicaciones para teléfonos inteligentes que en 2019 tendrán en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. En una circular publicada en 2016, se revisaron las listas de verificación utilizadas para las auditorías de accesibilidad, y se examinaron en total 1.771 preguntas en 11 formularios. En 2017 se publicó la circular sobre la aplicación de multas administrativas.

Cuestión 10 b)

23.Las prioridades de las auditorías se establecen mediante circulares que se publican cada año. Como resultado de las auditorías llevadas a cabo en este contexto, a junio de 2018 se habían impuesto 58 multas administrativas. Por otra parte, a fin de promover las buenas prácticas sobre accesibilidad, se certifican los edificios, espacios abiertos y vehículos de transporte público que, según la evaluación, cumplen los criterios de accesibilidad.

Cuestión 10 c)

24.En 2016 se preparó y publicó la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Gobernanza Electrónica (2016-2019) con el objetivo de promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación de servicios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Décimo Plan de Desarrollo (2014-2018) y en la Estrategia y Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información (2015-2018). En este contexto, se prevé reformar los servicios de gobernanza electrónica para que tengan en cuenta las necesidades de todos los grupos desfavorecidos. A este respecto, en 2017 se organizó un taller con la participación de las partes interesadas, entre ellas las organizaciones de la sociedad civil, a fin de determinar las necesidades y expectativas y garantizar en consecuencia la accesibilidad de los servicios de gobernanza electrónica.

Cuestión 10 d)

25.Los formularios de evaluación de la accesibilidad de los establecimientos sanitarios (166 parámetros), preparados con arreglo a la Guía de Información Básica sobre la Accesibilidad de las Instituciones de Salud del Ministerio de Salud, son rellenados por el personal del Módulo de Estadísticas sobre Salud Básica. Los datos recogidos también son objeto de vigilancia periódica mediante la interfaz web del Módulo de Estadísticas sobre Salud Básica. En consecuencia, se determinó que, a septiembre de 2018, el nivel de accesibilidad total de los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de Salud era del 72 %. Además, entre los criterios considerados en la clasificación de los médicos de familia para que sus títulos sean acreditados con la categoría de Grupo A se incluyó el de que garantizasen la accesibilidad.

26.En cuanto a los derechos del paciente y las prácticas conexas, en 2014 se imprimieron en braille guías, folletos y formularios de consentimiento informado previo y se enviaron a los establecimientos sanitarios públicos. El personal empleado en los establecimientos sanitarios públicos sigue recibiendo capacitación en lengua de señas. En la actualidad hay 2.600 funcionarios en los establecimientos sanitarios que pueden utilizar la lengua de señas.

Derecho a la vida (art. 10)

Cuestión 11

27.Siempre que sea necesario, los Centros de Prevención y Vigilancia de la Violencia aplican las medidas de protección que, de conformidad con la Ley núm. 6284, deben adoptarse en caso de que mujeres con discapacidad sean víctimas de la violencia. Posteriormente, las mujeres cuya discapacidad sea de un grado inferior al 40 % son acogidas en albergues para mujeres, dependientes del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales. Por su parte, las mujeres cuyo grado de discapacidad mental o psicológica sea de más del 40 % y las mujeres que por su discapacidad física no puedan satisfacer las necesidades de autoasistencia son acogidas en centros de atención para personas con discapacidad, dependientes del Ministerio. Además, habida cuenta de que los edificios públicos viejos no pueden reconstruirse para garantizar la accesibilidad y que los propietarios de los albergues para mujeres en edificios alquilados tampoco la garantizan, se hace que sea accesible una parte del albergue o cualquiera de los albergues de la provincia (si hay más de uno).

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

Cuestión 12

28.La Conferencia de Daca sobre Discapacidad y Gestión del Riesgo de Desastres constituye la referencia en Turquía para los estudios sobre las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Tras haber organizado hasta 2015 capacitaciones en el empleo sobre dicho tema, la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias, en cooperación con las instituciones públicas competentes, académicos, organizaciones de la sociedad civil en materia de discapacidad y personas con discapacidad y sus familias, ha venido trabajando sobre el método y el contenido de los cursos de capacitación sobre prevención de desastres para personas con discapacidad. En 2016, de conformidad con los resultados de la Conferencia de Daca, los empleados de la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias establecieron una comisión de voluntarios. En primer lugar, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web, la comisión se aseguró de que la infraestructura técnica de la página web de la Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias se diseñara de modo que se adaptara a las personas con discapacidad. Sin embargo, aún no se han activado algunas actualizaciones para los nuevos ingresos de datos. En el marco de la campaña “Turquía está preparada para los desastres”, llevada a cabo en 2016, se elaboró y publicó un vídeo para crear mayor conciencia sobre la discapacidad (https://www.youtube.com/watch?v=3wKZ5DccoJU). Además, a fin de proporcionar información sobre la preparación para casos de desastre, se publicó otro vídeo en lengua de señas (https://www.youtube.com/watch?v=ivv48gIeCSo). El Foro Europeo para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrado en Estambul en 2017 bajo la presidencia de Turquía, fue diseñado de modo que fuera accesible para las personas con discapacidad, y durante la reunión se proporcionó a los participantes traducción en lengua de señas internacional. Además, la página web del foro (http://www.efdrrturkey.org/) se publicó en un formato adaptado a las personas con discapacidad. Los folletos titulados Primeras 72 horas después de un terremoto y Educación para concienciar a las personas y las familias sobre los desastres, que se prepararon aprovechando los conocimientos y la experiencia de los talleres llevados a cabo anteriormente, se imprimieron en braille y se dieron a conocer a las organizaciones de la sociedad civil pertinentes. La Dirección de Gestión de Desastres y Emergencias prevé difundir estos folletos en formato de audio. Por otra parte, en el centro de capacitación de esta Dirección, cuatro formadores asistieron a cursos de lengua de señas, que se prevé hacer extensivos a las provincias.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

Cuestión 13

29.En el marco de un estudio financiado por la Unión Europea que se llevó a cabo en 2016 con el fin de identificar y proporcionar soluciones para los problemas resultantes de colocar bajo tutela a las personas con discapacidad que residen en instituciones dependientes del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, se prepararon un proyecto de manual sobre preguntas frecuentes y un informe sobre ejemplos de buenas prácticas. A octubre de 2018, el número de personas con discapacidad colocadas bajo tutela en centros de atención dependientes del Ministerio ascendía a 612, y el de personas con discapacidad mental o psicológica que lo estaban en centros de atención privados supervisados por el Ministerio, a 13.872.

30.Además, en 2016 los tribunales decidieron designar tutores para 615 personas, a 37 de las cuales se les designó atendiendo a una solicitud sustentada en su debilidad o enfermedad mental. En 2017 esta cifra aumentó hasta un total de 794 tutelas, 54 de las cuales atendían a solicitudes previas, y se redujo a 455 en 2018, 34 de las cuales atendían a solicitudes previas. En 2015 se celebró una reunión conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Iniciativa Los Derechos Humanos en la Salud Mental. Representantes de organizaciones de la sociedad civil de Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Serbia analizaron ejemplos de buenas prácticas en relación con el artículo 12 de la Convención y en el marco de las observaciones del Comité. En la reunión se examinó el papel desempeñado por las Defensorías del Pueblo en este cambio de paradigma. Asimismo, se prestó en ella especial atención a la transición del enfoque del modelo médico, utilizado a la sazón, al enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad mental.

Acceso a la justicia (art. 13)

Cuestión 14

31.El proyecto Prestación de Servicios In Situ, ejecutado en 2014 por la Dirección General de Asuntos de Seguridad, tiene por objeto garantizar que, en caso de algún incidente y previa solicitud de los afectados, víctimas o denunciantes, se lleven a cabo in situ todas las actividades y operaciones necesarias. Para garantizar la aplicación adecuada y efectiva del proyecto, se distribuyeron a las comisarías de policía 1.775 kits móviles para la toma de declaraciones. En la actualidad se siguen realizando actividades de capacitación como parte de este proyecto. En los años 2015, 2016 y 2018, se proporcionó capacitación a un total de 3.051 miembros del personal. Entre 2014 y 2018 participaron en los cursos de capacitación 391.260 hombres, 3.492 de ellos con discapacidad y 190.761 mujeres, 2.823 de ellas con discapacidad, lo que arroja un total de 582.021 personas, 6.315 de ellas con discapacidad. Por otra parte, las personas con discapacidad tienen prioridad en los procedimientos y diligencias. A fin de garantizar que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los servicios de seguridad, 95 miembros del personal de seguridad de Turquía asistieron en 2017 a cursos de capacitación en lengua de señas turca, impartidos en el marco del programa de capacitación en el empleo de la Dirección General de Asuntos de Seguridad. Además, desde 2011 la Academia de Policía también ha organizado un total de 9 cursos de capacitación sobre la lengua de señas turca y sobre la comunicación con personas con discapacidad auditiva.

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

Cuestión 15

32.En Turquía, varias instituciones prestan servicios a personas con discapacidad intelectual y psicosocial. En este sentido, los centros extrahospitalarios de salud mental, junto con los hospitales psiquiátricos regionales, las dependencias de psiquiatría de los hospitales generales y las instituciones de régimen de internado, como los centros de atención para personas con discapacidad, prestan servicios en el marco del modelo de salud mental basado en la comunidad. A octubre de 2018, nueve hospitales regionales de salud mental prestaban servicios al público, con una capacidad de 3.761 camas (véase el cuadro 1.a).

33.El número de camas en los servicios de psiquiatría de los hospitales generales (públicos, privados y universitarios), que en 2013 fue de 8.456, aumentó a 9.168 en 2018. Aunque el número de exámenes realizados en los mismos años aumentó, respectivamente, de 9.500 a 10.200, el número de pacientes internados y el número de días de internamiento disminuyeron (véase el cuadro 1.b). A octubre de 2018, había 97 establecimientos residenciales, 7 centros de día, 142 “hogares de esperanza” y 220 centros de atención privados, lo que suma un total de 466 instituciones dependientes del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales. En el marco de la misión del mecanismo nacional de prevención, la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía puede realizar visitas de seguimiento a esos establecimientos, con o sin aviso previo. Las instituciones mencionadas caen al mismo tiempo dentro de la competencia de la Defensoría del Pueblo que, previa solicitud, puede someterlos a una auditoría.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)

Cuestión 16 a)

34.El informe del taller titulado Aumento de la Eficacia de los Mecanismos para la Prevención de la Violencia Doméstica contra las Mujeres y los Niños, que fue organizado por la Gran Asamblea Nacional de Turquía, se dio a conocer al público en febrero de 2018. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo inició un proceso especial de presentación de informes. A fin de evitar cualquier posible maltrato en los albergues para mujeres dependientes del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, se han instalado cámaras de vigilancia en los espacios colectivos interiores y en las zonas externas. En caso de que los funcionarios públicos incumplan su obligación de prevenir la violencia contra la mujer, se les aplican las disposiciones pertinentes de la Ley Penal de Turquía (Ley núm. 5237).

Cuestión 16 b)

35.Con miras a mejorar la eficacia de las investigaciones sobre tortura y malos tratos, en 2015 el Ministerio de Justicia publicó la circular núm. 158. La circular remite a diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre ellas la dictada en el asunto Price c. el Reino Unido; de este modo se aclara la situación actual y, tras crear conciencia sobre el problema, se propone en ella adoptar varias medidas al respecto, como proteger el derecho a un juicio imparcial y otros derechos universales, prevenir las violaciones de los derechos humanos y evitar cualquier actuación que dé lugar a tortura y malos tratos. Las víctimas menores o adultas que, por decisión de un tribunal, sean remitidas para rehabilitación o tratamiento son evaluadas inicialmente por especialistas adscritos a instituciones de atención primaria de la salud, los que, posteriormente, remiten a una institución de atención sanitaria secundaria o terciaria a las víctimas que, a su juicio, requieren su intervención. Por otra parte, a las mujeres víctimas de la violencia acogidas en albergues se les ofrece, entre otros servicios, orientación, asesoramiento, asistencia médica, psicológica, social y jurídica y otros servicios, como la remisión a cursos adecuados de formación profesional.

Cuestión 16 c)

36.Las disposiciones relativas a las adaptaciones en materia de accesibilidad de los edificios y establecimientos penitenciarios del sistema judicial son adoptadas por las oficinas de los fiscales jefes y las direcciones de los establecimientos penitenciarios. El Ministerio de Justicia se encarga de que los edificios nuevos sean diseñados y construidos de modo que sean accesibles. En cumplimiento de su tarea de vigilar los establecimientos penitenciarios dimanante de su calidad de mecanismo nacional de prevención, la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía preparó una lista de verificación para obtener información sobre varias cuestiones, como, por ejemplo, el número de personas con discapacidad internadas en cada establecimiento, las medidas especiales adoptadas por su administración y la situación en materia de accesibilidad. Como resultado de las visitas realizadas a los establecimientos penitenciarios, la Institución formula recomendaciones. Además, las personas con discapacidad que están privadas de su libertad pueden evaluar los servicios que reciben. Posteriormente, la Institución vigila si el establecimiento penitenciario visitado tiene o no en cuenta las recomendaciones. Otro mecanismo de denuncia individual con respecto a esta cuestión es la Defensoría del Pueblo. En 2018, la Defensoría del Pueblo emprendió estudios para la preparación de un informe especial, a fin de evaluar la situación de las personas con discapacidad detenidas a la sazón en centros penitenciarios, incluidas las cárceles, o en otras instituciones penitenciarias y determinar los problemas existentes en el sistema penal, entre ellos los relacionados con la accesibilidad.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

Cuestión 17 a)

37.Se están realizando actividades para difundir en 81 provincias los planes de acción provinciales que se habían preparado con el fin de asegurar la aplicación local del Tercer Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (2016-2020) y que, a noviembre de 2018, se habían puesto en práctica en 70 provincias, con la participación de los agentes locales. Se completó el Plan de Acción y Documento de Estrategia de Lucha contra los Matrimonios Precoces y los Matrimonios Forzados (2018-2023), y se elaboraron planes de acción provinciales de emergencia. En consonancia con el objetivo principal de cooperación interinstitucional y elaboración de políticas incorporado en el Plan de Acción, se están realizando actividades para que, mediante un estudio interinstitucional sobre integración, se registren en un sistema común de reunión de datos las decisiones de apoyo y/o protección adoptadas de conformidad con la Ley núm. 6284. En el marco del plan de trabajo de dos años firmado con el UNICEF en abril de 2018, se siguen llevando a cabo las actividades de capacitación y concienciación encaminadas a prevenir los matrimonios precoces y/o forzados. De conformidad con la disposición correspondiente de la Ley núm. 6284, que establece que, en caso de violencia contra la mujer, incluidas las mujeres con discapacidad, se utilicen métodos y medios técnicos de respuesta diversos, en seis provincias se están utilizando brazaletes electrónicos para los autores de actos de violencia. Además, a fin de facilitar la intervención rápida y eficaz respecto de las mujeres víctimas de la violencia o que corren riesgo de serlo, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales, en cooperación con el Ministerio del Interior, elaboró una aplicación de telefonía móvil de apoyo a la mujer, que se puso en marcha en marzo de 2018. Por otra parte, a fin de mejorar la capacidad institucional y aumentar la conciencia sobre el problema, se organizan actividades de capacitación en cooperación con las instituciones pertinentes. Con miras a asegurar la pronta detección y prevención del descuido y el maltrato de niños, se preparó el contenido de la formación para los maestros y se lo agrupó en diversos títulos, como Seguridad en las Escuelas, Información General sobre el Descuido y el Maltrato de Niños, Consejos para Detectar el Maltrato – Tipos de Maltrato y sus Efectos y Deberes y Responsabilidades de los Directores de las Escuelas. A través de estos programas de formación en el empleo, entre 2015 y 2018 se capacitó a todos los maestros. Además, en 2018 se publicó una circular del Ministerio de Justicia con el objetivo de aumentar la eficacia de las investigaciones sobre los delitos sexuales cometidos contra los niños y las mujeres.

Cuestión 17 b)

38.Las adaptaciones materiales realizadas para mejorar la accesibilidad de los albergues para mujeres están comprendidas en la partida presupuestaria de mantenimiento y reparaciones. Sin embargo, no se pueden determinar los gastos efectuados directa y exclusivamente para llevar a cabo adaptaciones en materia de accesibilidad. En cuanto a la labor relativa a la rehabilitación, las actividades ocupacionales para las mujeres y los niños (como los cursos para aficionados, los grupos de estudios, las entrevistas individuales y las terapias de juego) están a cargo de especialistas, y la atención de la salud corre a cargo de personal sanitario.

Cuestión 17 c)

39.Por los motivos explicados en el párrafo 9, no se dispone de datos desglosados por discapacidad en relación con las personas que son víctimas de violencia y abuso físico o sexual (véase el párr. 9).

Cuestión 17 d)

40.La Ley núm. 2828 establece que se incrementarán en un tercio las multas administrativas y las restricciones temporales de la libertad que se impongan al personal que cometa cualquier delito contra las personas que se encuentren bajo su protección y cuidado, entre ellas las personas con discapacidad, en instituciones de servicios sociales. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Dirección de Orientación e Inspección del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales (MFTSS) realiza auditorías de esas instituciones al menos una vez al año. La revisión de la legislación realizada en 2013 establece que se impondrá una multa administrativa a las instituciones respecto de las cuales la inspección determine que existen deficiencias o contravenciones por lo que se refiere a las condiciones exigidas por las normas pertinentes en materia de apertura, condiciones de trabajo, gestión de la institución y prestación efectiva de los servicios. En caso de que la institución en cuestión no remedie las deficiencias o no elimine las contravenciones dentro de un plazo de 30 días, se le vuelve a imponer una multa administrativa por el doble de la cuantía anterior, y, si no se corrigen los problemas dentro de los 30 días siguientes, el MFTSS cierra la institución. La misma modificación en la Ley núm. 2828 establece asimismo que en caso de que en las instituciones de servicios sociales se produzca cualquier tipo de abuso físico, médico, sexual, psicológico o económico, como amenazas, presión o restricción arbitraria de la libertad de los beneficiarios de los servicios, se sancionará con una multa judicial a los directores que no hayan adoptado las medidas preventivas necesarias. En caso de que, por las razones mencionadas, se imponga una multa de esa índole a la institución o a sus fundadores o directores generales, o de que se determine que la institución ha empezado a prestar servicios sin haber recibido los permisos oficiales, o que los derechos de apertura hayan sido asumidos o transferidos sin un permiso oficial previo, o que los documentos presentados a las autoridades antes de la apertura de la institución no reflejan la realidad, el MFTSS cierra la institución de que se trate.

Cuestión 17 e)

41.No se dispone de datos desglosados por discapacidad (véase el párr. 9).

Protección de la integridad personal (art. 17)

Cuestión 18

42.En 2019, los establecimientos sanitarios, los centros de salud de la familia y los centros de bienestar pondrán en marcha el programa de salud reproductiva para personas con discapacidad. El programa abarcará el asesoramiento sobre salud reproductiva, maternidad sin riesgo, infecciones de transmisión sexual y planificación familiar. En el año 2017, 11.763 profesionales de la salud prestaban asistencia sobre educación en materia de salud reproductiva. Además, en 2014 se distribuyeron a los establecimientos sanitarios públicos folletos y una guía sobre los derechos de los pacientes y las prácticas de salud, así como formularios de consentimiento informado, en braille y en audio en formato CD.

43.A fin de prevenir la tortura y los malos tratos y proteger los derechos humanos, en noviembre de 2018 la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía organizó el Programa de Capacitación sobre la Lucha contra el Maltrato en el Contexto de la Legislación Nacional e Internacional y proporcionó a los médicos, enfermeras y supervisores de los hospitales psiquiátricos regionales, los servicios de psiquiatría de los hospitales, los albergues infantiles, los hogares de ancianos y los centros penitenciarios capacitación sobre el derecho al consentimiento informado. Además, durante las visitas a las instituciones, la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía solicita información acerca de si se obtuvo o no el consentimiento informado de las personas con discapacidad o sobre si les informaba o no sobre su proceso de tratamiento.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

Cuestión 19

44.En los centros de actualización establecidos en el marco del Proyecto de Actualización de Datos se crearon dependencias de protección. Se remiten a dichas dependencias a las personas que, de entre los extranjeros sirios que presentan solicitudes a dichos centros, tengan necesidades especiales. Tras una reunión detallada con los solicitantes, se notifica a las instituciones pertinentes para que les presten la orientación y los servicios necesarios. Otro procedimiento destinado a prestar apoyo adecuado en el proceso de inmigración de los extranjeros con discapacidad es el reasentamiento. En el procedimiento de reasentamiento, a las personas que, según se considera, tienen necesidades especiales, como las personas con discapacidad, se las remite a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a fin de que, tras realizar las evaluaciones necesarias, determine los países de acogida adecuados a los que puedan dirigir su solicitud de reasentamiento. De conformidad con el Acuerdo de Readmisión, los extranjeros son reasentados en países europeos mediante un procedimiento de ubicación individualizado. Existen diversas prácticas de ajustes razonables, como la de que a los extranjeros en sillas de ruedas se les hagan las entrevistas en la planta baja de los edificios de servicios. Hay alrededor de 90 oficinas de protección en 27 provincias, en las que trabajan psicólogos, trabajadores sociales y personal de proyectos.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad(art. 19)

Cuestión 20 a)

45.Para la promoción de la desinstitucionalización, a las personas con discapacidad se les prestan servicios de apoyo en sus domicilios. En este contexto, las personas con discapacidad y sus familias reciben asimismo servicios en los centros de asesoramiento familiar y rehabilitación que proporcionan atención diurna. Además de los servicios de atención de medio día o día completo, estos centros se centran en la prestación de servicios de asesoramiento y educación familiar a través de diferentes actividades y métodos de terapia, como el desarrollo de aptitudes sociales o laborales, la música, la alfabetización y la educación de apoyo, la fisioterapia y la vigilancia de la salud, el teatro, la rehabilitación psicosocial y la rehabilitación mediante la agricultura o los animales, la hidroterapia, la hipoterapia, la artesanía, la terapia ocupacional, la producción de fundas para zapatos, los talleres de práctica de cocina y las actividades sociales y deportivas. Aunque 441 personas con discapacidad recibían servicios en 6 centros de día antes de 2018, a octubre de 2018 había 446 personas con discapacidad en 7 centros de día. Como se indica en el Plan Estratégico para 2019-2023, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales tiene previsto abrir 1 centro de día en 2019, 2 en 2020, 3 en 2021, 4 en 2022 y 5 más en 2023. Otra modalidad de servicio es la de apoyo a la atención domiciliaria, que comprende servicios de atención y apoyo psicosocial prestados por el cuidador en la residencia de las personas con discapacidad. En 2013 se beneficiaron de este servicio 30 personas con discapacidad, cifra que, a octubre de 2018, ascendía a 94. Según el Plan Estratégico mencionado, el Ministerio se propone aumentar la capacidad de este servicio en un 5 %. Otra modalidad de servicio es la atención temporal. A través de este servicio, las personas con discapacidad pueden recibir servicios de atención temporal de las instituciones públicas pertinentes hasta un máximo de 30 días por año, previa solicitud de sus representantes legales. Durante este período, las instituciones satisfacen todas las necesidades de atención de las personas con discapacidad. En 2013 se beneficiaron de este servicio 116 personas con discapacidad y, a octubre de 2018, se habían beneficiado 272. Por otra parte, gradualmente se han generalizado los servicios de salud mental de base comunitaria. De conformidad con el Plan de Acción Nacional de Salud Mental publicado en 2011, se había previsto que, en lugar de abrir hospitales psiquiátricos regionales, en el período de recaídas psicóticas de los pacientes se les proporcionaran servicios psiquiátricos en los hospitales generales y, después de que se les diera el alta, se generalizaran los centros extrahospitalarios de salud mental para proporcionarles seguimiento, tratamiento y rehabilitación. El número de centros extrahospitalarios de salud mental, que era de 71 en 2013, ascendió a 171 en 2018. Se prevé alcanzar los 200 para 2023. A septiembre de 2018, 294.564 personas se habían beneficiado de este servicio.

46.En 2016, a fin de concienciar a los médicos de familia sobre los métodos de apoyo psicosocial y tratamiento médico de la salud mental, se preparó el Programa de Mejora de los Servicios de Salud Mental. El propósito del Programa es que, mediante la intervención temprana en niños y adultos, se reduzca el riesgo de traumas y enfermedades secundarios. Para 2018, habían recibido capacitación en el marco del Programa 897 médicos de familia turcos y 496 médicos sirios. Además, en el marco de las recomendaciones de los estudios de salud mental de protección y prevención, en los centros de salud que brindan servicios de atención primaria de la salud se han venido prestando servicios de apoyo psicosocial. En 2017-2018, recibieron capacitación profesional en apoyo psicosocial 209 profesionales de esos centros, por un total de 80 horas. Además, en el marco del Programa de Diagnóstico y Seguimiento del Trastorno del Espectro Autístico que se llevó a cabo a fin de impartir orientación y prestar servicios de apoyo psicosocial a las personas que presuntamente padecen autismo y a sus familias y de establecer una cadena de detección, diagnóstico e intervención, se establecieron equipos provinciales de profesionales competentes en autismo. Como parte de ese programa, se organizan a nivel local cursos de concienciación sobre el autismo para profesionales de la salud y otros profesionales que trabajan en la esfera de los servicios para niños. En este contexto, entre 2014 y 2018 recibieron capacitación 425.276 personas. Desde 2017 han recibido capacitación y han sido adscritos a esos equipos 391 miembros del personal médico (151 psiquiatras de niños y adolescentes, además de 240 ergoterapeutas). Entre abril y diciembre de 2017, los equipos impartieron formación a 12.440 médicos de familia y 8.742 miembros del personal de salud de la familia, y, para septiembre de 2018, la habían impartido a 9.190 médicos de familia y a 4.371 efectivos del sector de salud de la familia.

47.En el Plan de Acción Nacional para las Personas con Trastorno del Espectro Autístico (2016-2019), se ha previsto que los servicios de rehabilitación y atención ambulatoria y de corta duración de las personas con dicho trastorno, que se pusieron en práctica en un estudio piloto, se amplíen al plano nacional. También se prevé mejorar la calidad de los servicios de atención para las personas con dicho trastorno que se benefician de los servicios de atención domiciliaria. En el marco del plan de trabajo 2014-2015, la Dirección General de Servicios para las Personas con Discapacidad y las Personas de Edad y la oficina del UNICEF en Turquía prepararon un proyecto titulado Elaboración de un Modelo de Rehabilitación para las Personas con Trastorno del Espectro Autístico. Como parte de las actividades del proyecto, profesores del Departamento de Educación Especial de la Facultad de Educación de la Universidad Anadolu impartieron cursos de capacitación en el empleo a 330 profesionales que trabajan en centros de rehabilitación designados como instituciones piloto. El material de capacitación se publicó en un libro y se distribuyó. Se ha previsto que en los cursos de capacitación en el empleo impartidos en 81 provincias a profesionales del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales se utilicen módulos de capacitación para la atención de las personas con trastorno del espectro autístico, lo que incluye a personas con discapacidad mental. Asimismo, se establecerá un portal de capacitación en línea para apoyar esas actividades de formación.

Cuestión 20 b)

48.Las personas con discapacidad puedan beneficiarse de los espectáculos de teatro, ópera y ballet del Ministerio de Cultura y Turismo y de entradas gratuitas a los museos dependientes de dicho Ministerio. Además, los asistentes de las personas con discapacidad también pueden ingresar de forma gratuita a los museos y sitios arqueológicos. De conformidad con las normas pertinentes, el Ministerio de Cultura y Turismo alienta los proyectos culturales que dan prioridad a las personas con discapacidad. Se están llevando a cabo actividades para establecer los criterios que han de utilizarse en la adjudicación de un certificado de accesibilidad cuando se constaten buenas prácticas en el sector del turismo. Además, actualmente están en marcha las gestiones para ratificar el Tratado de Marrakech, firmado en 2013.

49.Para 2018, 287 centros juveniles dependientes del Ministerio de Juventud y Deportes llevaban a cabo actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas de apoyo a los jóvenes, entre ellos los que tienen discapacidad. Además, el Centro Juvenil Yenişehir presta servicios únicamente a jóvenes con discapacidad. En 2018, 22.507 jóvenes participaron en 720 actividades de este centro. En 2018, se organizaron especialmente para jóvenes con discapacidad cuatro campamentos de jóvenes. En las actividades internacionales organizadas por el Ministerio de Juventud y Deportes se incluye a los jóvenes con discapacidad.

50.Los proyectos destinados a promover la participación de los jóvenes con discapacidad en los deportes, la cultura, el arte y la vida social reciben prioridad gracias al Programa de Apoyo a los Proyectos para los Jóvenes. En el marco de este Programa, durante el período 2014-2019 se ha prestado apoyo financiero a 119 proyectos sobre discapacidad por un valor total de 8.722.250 liras turcas. Las personas con discapacidad están incluidas en las actividades de movilidad del proyecto Las Ciudades y las Culturas. En el período 2014-2018, se beneficiaron de las actividades del proyecto 500 personas con discapacidad. El número de deportistas acreditados inscritos en las federaciones deportivas de personas con discapacidad, que en 2014 fue de 34.675, aumentó, respectivamente, a 37.167 en 2015, 37.535 en 2016, 40.434 en 2017 y 42.771 en 2018.

Cuestión 20 c)

51.El Plan de Acción Nacional de Salud Mental incluye medidas para desarrollar y difundir los servicios de salud mental de base comunitaria encaminados a la desinstitucionalización (véanse los párrs. 45 a 47). El proyecto Mejora de los Servicios para las Personas con Discapacidad (2010-2014), que contó con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contribuyó al desarrollo adecuado y eficaz de los servicios de base comunitaria para las personas con discapacidad mental y psicológica. Tras la conclusión de este proyecto, en julio de 2018 se puso en marcha otro proyecto suplementario, con la cofinanciación de la Unión Europea y el apoyo técnico de la OMS, titulado Inclusión Social de las Personas con Discapacidad Mental. El proyecto, con un presupuesto de 3 millones de euros, tiene como objetivos establecer una política de alto nivel sobre salud y asistencia social, aumentar la capacidad de los proveedores de servicios y la concienciación de los legisladores y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mental y sus familias.

Movilidad personal (art. 20)

Cuestión 21

52.De conformidad con la Ley de la Seguridad Social y el Seguro Médico General, los costos de órtesis y prótesis, equipos médicos y materiales que se utilicen para prestar apoyo a la vida independiente de las personas con discapacidad son reembolsados en el caso de los proveedores de servicios por contrata comprendidos dentro del ámbito del Comunicado sobre Prácticas de Atención de la Salud. En la compra de vehículos, las personas con discapacidad se benefician de normas de exención aplicadas al impuesto especial sobre el consumo, el impuesto a los vehículos de motor y los derechos de aduana. Los límites de la capacidad de los motores de los vehículos importados sujetos a exención de derechos de aduana se ampliaron en 2016. El número de oficinas de aduanas autorizadas para los procedimientos de importación se aumentó de 1 a 7. A las personas que hubieran perdido completamente el uso de sus extremidades se las eximió de que, durante el proceso de importación de vehículos, tuvieran que presentar personalmente las solicitudes a las comisiones autorizadas. Están exentos de derechos de aduana los bienes y materiales producidos especialmente para el desarrollo educativo, científico o cultural de las personas con discapacidad visual. Mediante las actividades del proyecto Adaptaciones en materia de Accesibilidad de los Edificios de Servicios, incluido en el Programa de Inversiones del Ministerio de Comercio, se hicieron accesibles los edificios de servicios del Ministerio en la sede central y en las zonas rurales.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

Cuestión 22

53.En el marco del Proyecto de Investigación (2015-2017), que se llevó a cabo para elaborar una lengua de señas nacional, se reunieron datos de 116 usuarios de lengua de señas con discapacidad auditiva de distintas regiones de Turquía, lo que sirvió para preparar el libro Gramática de la lengua de señas turca, que se publicó junto con su traducción al inglés. Los datos obtenidos en el curso del proyecto sirvieron de base para el Diccionario de la lengua de señas turca. Concebido como un diccionario en línea en formato de vídeo, su contenido está disponible en dos idiomas: el turco y la lengua de señas turca. Se están llevando a cabo estudios sobre la preparación de un Reglamento de Aplicación y Difusión de la Lengua de Señas Turca.

54.En el marco del proyecto Directrices para los Sitios Web de las Instituciones Públicas (2014-2017) se realizaron estudios sobre actividades de concienciación encaminadas a promover entre las instituciones públicas el cumplimiento de las normas de accesibilidad a Internet. Al final del proyecto, se elaboró una norma que fue posteriormente aprobada como norma nacional y publicada por la Institución de Normalización de Turquía. Además, se preparó el Portal de Información sobre las Directrices para los Sitios Web de las Instituciones Públicas, y se siguen llevando a cabo actividades de difusión de este portal. Por otra parte, el sistema de gobernanza electrónica incluye opciones de accesibilidad. Por ejemplo, desde 2015 el proyecto Ninguna Barrera en la Gobernanza Electrónica ha venido ofreciendo apoyo en lengua de señas en su centro de atención de videollamadas telefónicas.

55.Sobre la base del Protocolo de Cooperación en materia de Proyectos de Tecnología de la Información Accesible, firmado en 2013 por el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales y el Ministerio de Transportes e Infraestructura, se llevaron a cabo los proyectos titulados La Tercera Mano y El Ojo que Ve. En el proyecto La Tercera Mano, se distribuyeron gratuitamente 1.000 tabletas y dispositivos de accesibilidad a personas con discapacidad que no pueden utilizar las manos. Como parte del proyecto El Ojo que Ve, en 2011, 2013 y 2017 se distribuyeron en total 5.000 teléfonos inteligentes con programa informático de navegación y lectura de pantalla a personas con discapacidad visual.

56.A fin de velar por que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de radioteledifusión en igualdad de condiciones con las demás personas, en 2014 el Consejo Supremo de la Radio y la Televisión revisó el reglamento conexo. En este contexto, se impuso la obligación de que a las series, los programas de noticias y las películas producidas para el cine y la televisión se les incorporaran subtítulos según la disposición siguiente: el 30 % de ellos en los tres años siguientes y el 50 % en cinco años, para los canales de televisión del Estado; el 20 % de ellos en los tres años siguientes y el 40 % en cinco años, en el caso de las empresas de comunicación privadas que transmitan a nivel nacional.

57.En la revisión en cuestión se establece que las entidades difusoras proporcionarán al Consejo Supremo datos estadísticos sobre las prácticas relacionadas con la accesibilidad. En la actualidad, algunas entidades difusoras aplican la traducción en lengua de señas y la audiodescripción, especialmente en los programas transmitidos por la Web. A fin de que los grupos desfavorecidos identificados por el Plan Estratégico del Consejo Supremo de la Radio y la Televisión (2016-2020) tengan una mayor visibilidad en los medios de difusión y de que esos grupos estén representados de manera adecuada y tengan un mejor acceso a las transmisiones, el Consejo Supremo tiene previsto organizar reuniones con la participación de las partes interesadas con miras a preparar un reglamento sobre el acceso de las personas con discapacidad visual o auditiva a los servicios de los medios de difusión. En este contexto, en diciembre de 2018 se celebró un taller. Además, se garantizó que el sitio web de la Defensoría del Pueblo fuera accesible para las personas con discapacidad auditiva.

Respeto de la privacidad (art. 22)

Cuestión 23

58.El Reglamento sobre los Derechos de los Pacientes, que subraya que el respeto de la privacidad del paciente es esencial, define las medidas que se han de adoptar a ese respecto. Además, en 2016 el Ministerio de Salud publicó la circular sobre el Respeto de la Privacidad del Paciente, y en 2017 impartió instrucciones a las instituciones de salud sobre el cumplimiento de la legislación pertinente. Por otra parte, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Protección de los Datos Personales, promulgada en 2016, y los reglamentos conexos, los datos relativos a la raza, el origen étnico, las opiniones políticas, las creencias filosóficas, la religión, la confesión religiosa u otras creencias, la apariencia y la indumentaria, la pertenencia a asociaciones, fundaciones o sindicatos, la salud, la vida sexual, los antecedentes penales y medidas de seguridad de que se haya sido objeto y la biometría y la genética fueron definidos como categorías especiales de datos personales, cuyo procesamiento quedó prohibido a menos que se obtenga el consentimiento explícito del titular de los datos.

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

Cuestiones 24 y 25

59.El Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales (MFTSS) proporciona servicios de asesoramiento, orientación y capacitación a las familias de las personas con discapacidad en centros de día de rehabilitación y asesoramiento familiar. A noviembre de 2018, 12 centros de día proporcionaban atención y servicios de asesoramiento familiar a 436 personas con discapacidad y sus familias. Los sitios web del MFTSS a nivel central y provincial proporcionan información sobre esos servicios. Además, a fin de desarrollar los conocimientos básicos de preparación para la vida, el MFTSS ofrece gratuitamente a las familias el Programa de Educación de la Familia, que consta de 28 módulos que abordan, entre otras cuestiones, la educación, la comunicación, el derecho, la economía, los medios de difusión y la salud. En el ámbito de los programas de formación abiertos al público, 11.505 personas recibieron capacitación en el módulo de derecho titulado Derechos de las Personas con Discapacidad. En el módulo Atención de la Salud, que abarca temas como la prestación de cuidados a las personas con discapacidad, el apoyo psicológico, la nutrición y el apoyo a la limpieza y la higiene personal, y está subordinado al título principal Vida Sana y Prevención de Enfermedades, recibieron capacitación 4.322 personas. Las personas con discapacidad también se benefician de los servicios de asesoramiento familiar y consultoría en procesos de divorcio, ofrecidos en 81 provincias en las dependencias provinciales del MFTSS.

Educación (art. 24)

Cuestión 26

60.Según las estadísticas del Ministerio de Educación Nacional para el año 2018, de los 372.743 estudiantes en edad de recibir enseñanza académica y que requerían educación especial 268.977 proseguían su educación integrados en las aulas ordinarias. Con respecto a los datos de 2014, esta cifra ha aumentado aproximadamente en un 50 % (véase el cuadro 3.a). Además, 50.941 estudiantes asistieron a clases de educación especial en régimen de media jornada (véase el cuadro 3.b). Por otra parte, en el cuadro 3.d se incluyen los datos sobre el número de personas con discapacidad que asisten a clases gratuitas de educación especial de apoyo y sobre la cuantía de los recursos asignados a la educación especial. El número de estudiantes que se beneficiaron de servicios educativos en escuelas e instituciones de educación especial, que fue de 38.695 en 2014, llegó a 52.825 en 2018, lo que constituye un aumento del 36 % (véase el cuadro 3.c). En 2018 se beneficiaron de servicios de educación proporcionados en hospitales un total de 1.087 estudiantes (523  niñas y 564 niños). En 2018 recibieron educación en el hogar un total de 9.251 estudiantes (4.398 niñas y 4.853 niños) (véanse los cuadros 3.a, 3.b, 3.c y 3.d).

Cuestión 27 a)

61.Según el artículo titulado Generalidad e Igualdad, añadido a la Ley Básica de Educación Nacional en 2014, está prohibida la discriminación en la educación por motivos de discapacidad. El enfoque principal en la educación de las personas con discapacidad es la incorporación e integración en la educación ordinaria. A este respecto, en 2017 se publicó una circular a fin de redefinir la aplicación del enfoque y mejorar la calidad de la educación. En la circular se definen las funciones y responsabilidades de los maestros, la administración escolar y las direcciones de educación provinciales y de distrito, y se establece que las escuelas deberán realizar adaptaciones especiales para satisfacer las necesidades de los estudiantes y proporcionar a cada uno de ellos material de capacitación apropiado.

62.En el Documento sobre la Visión para los Servicios de Educación en 2023, que se publicó en 2018 con el objetivo de reformar el sistema de educación nacional, se prevé con respecto a las personas que necesitan educación especial que se les presten servicios de mejor calidad en todas las etapas de su educación y que se desarrollen nuevos modelos que comiencen desde la fase de diagnóstico. En este contexto, se han previsto, entre otras, las actividades siguientes: elaborar un inventario nacional sobre las necesidades de educación especial; establecer un mecanismo de coordinación; alentar a los gobiernos locales; proporcionar capacitación en el empleo a los maestros de aula y de asignatura; y elaborar nuevos modelos de inclusión para la dislexia, el autismo y problemas similares, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones internacionales y nacionales. Ya han comenzado las actividades de programación y la preparación de los planes de trabajo para estas metas. En todos los estudios sobre educación especial el Ministerio de Educación Nacional coopera con la ciudadanía, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, y en los documentos normativos de alto nivel se establece explícitamente que esta cooperación constituye una obligación.

Cuestión 27 b)

63.En primer lugar, el objetivo principal del Plan Estratégico del Ministerio de Educación Nacional para 2015-2019 es informar a todos los sectores de la sociedad acerca de la educación especial, en particular a los maestros que no trabajan en la esfera de la educación especial. En este contexto, en 2015-2017 se realizaron cursos de Capacitación en Concienciación sobre Educación Especial de los que se beneficiaron 380.000 maestros. Los cursos de capacitación de dos semanas de duración que comenzaron en 2016 han seguido realizándose y, hasta la fecha, se han beneficiado de ellos un total de 15.000 maestros de asignaturas diversas que trabajan con estudiantes con necesidades educativas especiales. El proyecto del Instrumento de Ayuda de Preadhesión titulado Aumento de la Calidad de los Servicios de Educación Especial para la Educación Inclusiva (2018-2021) que, con la financiación de la Unión Europea, fue preparado en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional y el UNICEF, tiene por objeto aumentar la calidad de la educación mediante la creación de entornos educativos flexibles, individualizados e innovadores para las personas desfavorecidas que necesitan educación especial. Entre las actividades de este proyecto de tres años se incluyen las destinadas a aumentar las competencias profesionales de los especialistas que intervienen en la educación de las personas que necesitan educación especial, diversificar los materiales y entornos educativos y concienciar a las familias y el público en general.

Cuestión 27 c)

64.A fin de asegurar la igualdad entre las personas que se presentan a los exámenes de admisión y medir los conocimientos y aptitudes teniendo en cuenta la discapacidad o el estado de salud, el Centro de Selección y Colocación de Estudiantes adopta medidas de ajustes razonables para que en el proceso de examen se atienda a las necesidades de apoyo diversificado de las personas. El Centro coopera con el Consejo de Educación Superior, las universidades, las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, y realiza con ellos estudios para crear entornos y prácticas eficaces en materia de exámenes. Desde 2018, los candidatos con visión restringida que tengan un grado de discapacidad de menos del 25 % pero no soliciten asistencia de un lector en los exámenes tienen derecho a tiempo adicional en el examen. El Centro organiza los lugares de los exámenes en consonancia con las necesidades personales determinadas por los informes de salud del candidato y sus solicitudes. En este contexto, si bien en 2017 los candidatos con discapacidad que debían utilizar herramientas, equipo o dispositivos especiales que interferirían con la seguridad del examen lo presentaron en 15 edificios situados en 14 provincias en los que se interrumpió todo tipo de comunicación por cable o inalámbrica, para 2018 han comenzado a presentar los exámenes en 81 provincias según el principio de “estar con todos en todas partes”. Gracias a los adelantos en los métodos de examen, la participación de los candidatos con discapacidad o problemas o condiciones de salud especiales aumentó en los exámenes realizados entre 2014 y 2017 (véase el cuadro 3.e).

65.La Comisión para los Estudiantes con Discapacidad, establecida en 2010 bajo la autoridad del Consejo de Educación Superior, adopta decisiones que deben aplicar las universidades en relación con la realización de ajustes razonables para los estudiantes universitarios con discapacidad. Entre estas decisiones cabe mencionar las siguientes: la de aplicar medidas de ajustes razonables en los exámenes, en agosto de 2011; la de incluir el principio de Diseño para Todos en los planes de estudios de todos los departamentos pertinentes, entre ellos Arquitectura, Planificación Urbana y Regional, Arquitectura de Interiores, Diseño Industrial y Arquitectura del Paisaje, en septiembre de 2013; la de adoptar un sistema de puntuación que beneficie a los estudiantes con discapacidad, en los departamentos que matriculen estudiantes mediante exámenes de talentos especiales, en 2013, 2014, 2017 y 2018; y la de adoptar el sistema de cuotas. Según los datos del Consejo de Educación Superior, el número de estudiantes con discapacidad aumentó de 39.983 en el período educativo 2017-2018 a 49.145 en el de 2018-2019. En consecuencia, el número de estudiantes con discapacidad aumentó en un 20 % en el caso de las personas con discapacidad visual, un 32 % en el de las personas con discapacidad auditiva, y un 70 % en el de las personas con síndrome de Asperger o trastorno del espectro autístico y un 64 % en el de las personas con discapacidad mental. A raíz de la decisión de 2017 sobre el derecho de las personas con discapacidad a presentar los exámenes de talentos especiales para el ingreso a la universidad, el número de estudiantes con discapacidad mental que ingresaron a las universidades mediante exámenes de este tipo aumentó de 69 a 113. El Consejo de Educación Superior organizó en 2017 un taller titulado Acceso sin Barreras, a fin de aumentar la conciencia sobre la accesibilidad y promover las buenas prácticas al respecto, y otro en 2018 titulado Educación sin Barreras, para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Con el fin de promover las buenas prácticas, en el taller se otorgaron Insignias de Universidad Accesible y Certificados de Plan de Estudios sin Barreras. En 2019, el Consejo de Educación Superior prevé otorgar Certificados de Universidad Adaptada a la Discapacidad a las universidades que ofrezcan entornos de educación inclusiva para las personas con discapacidad. Además, se alienta a las universidades a que orienten a los estudiantes con discapacidad en la presentación de solicitudes para participar en los programas de intercambio. Un total de 34 estudiantes con discapacidad (28 de 16 universidades públicas y 6 de 5 universidades de fundaciones), se beneficiaron del programa Erasmus. De conformidad con la decisión que adoptó en 2018 el Consejo de Educación Superior, se han abierto en la Universidad de Ankara programas de maestría y doctorado, con y sin tesis, sobre Interpretación en Lengua de Señas, los cuales se han incluido en los programas que tienen prelación en la concesión de becas. En este contexto, recibieron becas tres estudiantes. De conformidad con la misma decisión, en 2 universidades se abrieron Centros de Investigación y Aplicación de Estudios sobre el Autismo, y en la Universidad Necmettin Erbakan se abrió un programa de maestría en Trastorno del Espectro Autístico. El número de becas concedidas por la Institución de Crédito y Residencias Estudiantiles a estudiantes con discapacidad, que en 2014 ascendió a 575, aumentó a 4.545 en 2018. El número de estudiantes con discapacidad alojados en residencias estudiantiles públicas aumentó de 906 en 2014 a 1.753 en 2018. El número de cuartos accesibles en estas residencias aumentó de 555 en 2015 a 1.419 en 2018 (véase el cuadro 3.f).

Salud (art. 25)

Cuestión 28 a)

66.El seguro médico general cubre los costos de los servicios de diagnóstico y tratamiento que se proporcionen en relación con la salud sexual y reproductiva, el VIH/sida y las infecciones de transmisión sexual y que estén dentro de la cobertura de la seguridad social, y el acceso a los medicamentos no constituye ningún problema. Las personas con discapacidad pueden beneficiarse de estos servicios prestados con arreglo al seguro médico general (véase el párr. 70). Por otra parte, a fin de reducir el número de nuevos casos de dichas enfermedades, se promueven las actividades de capacitación entre todos los grupos destinatarios, entre las que se incluye la enseñanza entre homólogos. En consonancia con las recomendaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la OMS, el Ministerio de Salud lleva a cabo su labor de lucha contra el VIH/sida en cooperación con las partes interesadas.

Cuestión 28 b)

67.Mediante una modificación introducida en 2014 en el Reglamento sobre los Derechos de los Pacientes, se estableció que: incluso en los casos en los que el consentimiento del representante legal es suficiente para tomar una decisión, a los menores de edad o a los pacientes con capacidad jurídica limitada se los debe escuchar y, por lo tanto, incluir, en la medida de lo posible, en el proceso de presentación de información y adopción de decisiones. De conformidad con la misma disposición, las instituciones de salud deben asegurarse de que se adopten las medidas necesarias con respecto a esta cuestión. A estos efectos, los documentos de consentimiento, así como las guías y folletos sobre los derechos del paciente se preparan en formato braille para que las personas con discapacidad visual puedan leerlas. Por otro lado, en las actuaciones judiciales relativas a pacientes con discapacidad auditiva se cuenta con la asistencia de personal capacitado en lengua de señas.

Cuestión 28 c)

68.Desde 2012, las personas sin seguridad social han venido recibiendo un pago de hasta el 3,8 % del salario mínimo mensual (60,89 liras turcas) que les permite garantizar la cobertura del seguro médico general. Quienes sigan sin poder beneficiarse de los planes ofrecidos por la seguridad social pueden solicitar a las fundaciones de asistencia social y solidaridad que el Estado les pague las primas del seguro médico general. En este contexto, si se establece que el nivel de ingresos de una persona es inferior a una tercera parte del salario mínimo bruto, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales paga las primas del seguro médico general de dicha persona.

Habilitación y rehabilitación (art. 26)

Cuestión 29

69.Los refugiados sirios se benefician, en las mismas condiciones que los nacionales, de los servicios de rehabilitación ofrecidos en el marco del Comunicado sobre las Prácticas de Atención de la Salud. Se han establecido dependencias de atención de la discapacidad en las policlínicas de los centros de salud para migrantes, que ofrecen tanto atención primaria como especializada. Las personas con discapacidad sirias que se encuentren bajo protección temporal reciben servicios de atención de la salud en centros extrahospitalarios de salud mental y en centros de asistencia sanitaria atendidos por voluntarios. En el marco del Proyecto Bienestar (2016-2019), se ha previsto prestar servicios a los ciudadanos sirios en 10 centros extrahospitalarios de salud mental ubicados en 9 provincias. De conformidad con el Proyecto, han comenzado a prestar servicio cuatro centros extrahospitalarios de salud mental. En el marco de la Directiva sobre los Procedimientos relativos a los Servicios de Salud que se Presten a las Personas bajo Protección Temporal, se ha previsto abrir un centro de asistencia sanitaria atendido por voluntarios con el fin de proporcionar gratuitamente servicios de diagnóstico y tratamiento en las esferas de la terapia física y la salud mental a pacientes ambulatorios. Dentro del mismo marco, se han inaugurado 5 centros de asistencia sanitaria atendidos por voluntarios en diferentes provincias y están pendientes de aprobación otros 3. El proyecto Desarrollo de los Servicios Sociales y de Salud Domiciliarios (2018-2019), que se preparó en cooperación con la OMS, tiene por objetivo capacitar como cuidadoras a 350 mujeres sirias en 7 provincias y emplearlas para prestar servicios de salud a personas con discapacidad. Además, 534 médicos y 459 auxiliares de la salud que trabajan en Centros de Salud para Migrantes fueron capacitados para que pudiesen prestar apoyo psicosocial en el ámbito de la salud mental. En 2017 se incluyó a personal sirio en los cursos de capacitación que se habían iniciado en 2016. Las oficinas de inmigración dependientes de las Administraciones Provinciales para la Migración (véase el párr. 28) o de las Direcciones Provinciales de Gestión de la Migración remiten a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a las instituciones que cuentan con servicios de rehabilitación. En el cuadro 4 figuran los datos sobre los servicios de salud prestados por el Ministerio de Salud en todo el país a las personas a las que se concedió el estatuto de protección temporal.

Trabajo y empleo (art. 27)

Cuestión 30

70.A finales de septiembre de 2018, había en todo el país 1.383 organismos públicos sujetos a la responsabilidad de emplear a trabajadores con discapacidad. Si bien la cuota de trabajadores con discapacidad empleados en el sector público que debía alcanzarse era de 17.783, actualmente hay empleados 14.782. En otras palabras, a septiembre de ese año había 6.154 puestos vacantes. Por otra parte, 2.291 trabajadores con discapacidad están empleados pese a exceder la cuota establecida a su respecto. Teniendo en cuenta estos datos, el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en el sector público por concepto de cuotas obligatorias es de aproximadamente el 65,4 %. En cuanto a las cifras del sector privado: había en todo el país 18.672 empleadores del sector privado sujetos a la responsabilidad de emplear a trabajadores con discapacidad. Si bien la cuota de trabajadores con discapacidad empleados en ese sector que debía alcanzarse era de 113.887, actualmente hay empleados 107.103. En otras palabras, a septiembre de 2018 había 22.074  puestos vacantes. Por otra parte, 7.507 trabajadores con discapacidad están empleados pese a exceder la cuota establecida a su respecto. Teniendo en cuenta esta información, el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en el sector privado por concepto de cuotas obligatorias es de aproximadamente el 80,6 %. Actualmente 51.814 personas con discapacidad trabajan como funcionarios públicos, y todavía quedan 11.317 puestos vacantes (véase el cuadro 5).

Cuestión 31 a)

71.En Turquía los talleres protegidos son lugares de trabajo específicamente creados para emplear a personas con discapacidad mental o psicológica. A 17 de diciembre de  2018, había en todo el país 80 personas con discapacidad mental o psicológica empleadas en 9 talleres protegidos (5 en el sector industrial y 4 en el sector servicios). El objetivo principal de los talleres protegidos de Turquía es garantizar la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto. Para lograr dicho objetivo, los principales métodos son el régimen de puestos por cuotas y los incentivos para los empleadores y empleados. Además, el empleo protegido también se utiliza para emplear a personas con discapacidad mental, emocional o psicológica que han tenido determinadas dificultades en el mercado laboral abierto. Si bien, en virtud del Reglamento sobre Talleres Protegidos publicado en 2006, todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo de esta, quedaron comprendidas dentro del alcance del empleo protegido, tras una modificación introducida a ese reglamento en 2013 la aplicación de esta práctica quedó restringida a las personas con discapacidad mental, emocional o psicológica. Entre 2014 y 2017, el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales llevó a cabo un proyecto para promover la aplicación del empleo protegido mediante la contratación de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto. Asimismo, en 2018 el Ministerio puso en marcha un proyecto de difusión complementario. Además, el Plan Nacional de Acción y Documento de Estrategia sobre el Empleo, que abarca el período comprendido entre 2017 y 2019, tiene por objeto aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad mediante la mejora de la orientación profesional y el acceso generalizado a las subvenciones destinadas a las personas que crean sus propias empresas.

Cuestión 31 b)

72.Como parte del programa de subvenciones del proyecto Mejora de la Integración Social y la Empleabilidad de las Personas Desfavorecidas, financiado por la Unión Europea en el marco del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, se destinaron 4,5 millones de euros (de un presupuesto de 23 millones de euros) a apoyar 24 proyectos que incluían actividades de lucha contra la discriminación.

73.A fin de promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad en el sector privado, el Tesoro Público sufraga íntegramente la aportación al régimen nacional de seguridad social correspondiente a sus empleadores, que equivale al sueldo diario más bajo de cada persona con discapacidad empleada en el marco del sistema de cuotas o en talleres protegidos. Además, por cada persona con discapacidad que contrate un empleador sin tener la obligación legal de hacerlo, el Gobierno sufraga la mitad de la aportación al régimen nacional de seguridad social correspondiente a dicho empleador. Las multas impuestas a los empleadores que incumplen las obligaciones del sistema de cuotas se reúnen en un fondo que se utiliza para financiar proyectos destinados a orientar y ayudar a los empleados con discapacidad a encontrar un lugar adecuado, ya sea en espacios de formación profesional o en lugares de trabajo, a proporcionarles productos de tecnología de apoyo o a ayudarlos a crear una empresa. En este contexto, entre 2015 y 2018 se prestó apoyo financiero a 27 proyectos destinados a suministrar dispositivos de apoyo para facilitar las condiciones laborales de los empleados con discapacidad y a 29 proyectos encaminados a proporcionar orientación laboral a dichas personas.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

Cuestión 32 a) y b)

74.En el marco de las actividades encaminadas a luchar contra la pobreza, se están llevando a cabo varios programas de asistencia para las personas con discapacidad. En este contexto, las personas con discapacidad pobres que tengan un grado de discapacidad del 40 % como mínimo y ya hayan cumplido los 18 años pueden beneficiarse del programa de pensión por discapacidad. Las que tengan un grado de discapacidad de entre el 40 % y el 69 % reciben sistemáticamente pagos mensuales por una cuantía de una cuarta parte del salario mínimo (433,68 liras turcas, en el período de julio a diciembre de 2018), y las que tengan un grado de discapacidad del 70 % o más reciben dos quintas partes del salario mínimo mensual (650,52 liras turcas, en el período de julio a diciembre de 2018). La suma total de las prestaciones asignadas en el marco de este programa fue de 3.100 millones de liras turcas para 613.480 personas con discapacidad, en 2017, y 2.400 millones de liras turcas para 609.457 personas con discapacidad, a octubre de 2018. Otro programa de ayuda social es la asistencia domiciliaria (véanse los párrs. 12 y 13). A fin de ayudar a costear el servicio de atención domiciliaria de las personas con discapacidad que necesitan cuidados, a cada beneficiario se le pagan sistemáticamente todos los meses tres cuartas partes del salario mínimo (1.179, 40 liras turcas, en el período de julio a diciembre de 2018). En el marco de este programa de ayuda, a octubre de 2018 se habían pagado 5.500 millones de liras turcas a 513.276 personas con discapacidad. A noviembre de 2018, se habían transferido 25,5 millones de liras turcas a 29.510 ancianos y personas con discapacidad que vivían solos, con el fin de satisfacer sus necesidades cotidianas tales como limpiar la vivienda, ocuparse de los cuidados personales o cocinar. A los pacientes con tuberculosis se les abonan mensualmente tres cuartas partes del salario mínimo (1.179, 40 liras turcas), siempre y cuando, por motivos psicosociales o económicos, se encuentren en la penuria. A  noviembre de 2018, se había pagado un total de 15,5 millones de liras turcas a 2.037 enfermos de tuberculosis.

75.En el marco del programa de subvención de la factura de electricidad, que comenzó en noviembre de 2018 con el objetivo de apoyar los tratamientos médicos de las personas con discapacidad que debido a enfermedades crónicas graves deben utilizar dispositivos eléctricos, se proporciona a dichas personas una ayuda en efectivo por una cuantía máxima de una octava parte del salario mínimo (200 liras turcas) por cada período de facturación. Durante el primer mes de ayuda, se proporciona un suministro de energía ininterrumpido y, además, se abonan las facturas de electricidad pendientes de pago.

Cuestión 32 c)

76.A fin de disminuir los gastos efectuados por las personas con discapacidad debido a su situación, se ha ampliado para dichas personas el alcance de la reducción del impuesto sobre la renta, el cual se tiene en cuenta en el cálculo de los ingresos imponibles. Por lo tanto, han quedado incluidos en el alcance de la reducción del impuesto sobre la renta las personas con discapacidad que trabajen por cuenta propia, que dependan de empleados o de trabajadores independientes y todas las que sean contribuyentes sujetos al régimen fiscal aplicado a las pequeñas empresas. Para la mayoría de las prestaciones sociales se requiere que el solicitante sea una persona carente de recursos o que atraviesa penurias económicas. Aunque en la evaluación de las solicitudes de pensiones por discapacidad se tiene en cuenta el criterio de la nacionalidad turca, los solicitantes turcos no son objeto de discriminación por motivos de género, edad u origen étnico o social. Ahora bien, los ciudadanos extranjeros que tengan permiso de residencia también pueden beneficiarse del servicio de apoyo para la atención domiciliaria de personas con discapacidad que necesitan cuidados.

77.Financiada por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de conformidad con el contrato firmado con la Unión Europea y ejecutado a través de la asociación entre el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales y la Media Luna Roja Turca, la Ayuda para la Adaptación Social (AAS) permite prestar asistencia en efectivo a los extranjeros vulnerables beneficiarios de la protección temporal o internacional, a los solicitantes de protección internacional y a los titulares de un permiso de residencia por razones humanitarias. Para determinar quiénes se benefician de la AAS se utilizan criterios demográficos. Los hogares que cumplen con los requisitos demográficos establecidos reciben una treceava parte del salario mínimo (120 liras turcas). Uno de los requisitos para recibir la AAS es que al menos una persona con discapacidad viva en el hogar. A noviembre de 2018 había 20.729 hogares que cumplían con este requisito y que se beneficiaban de dicha ayuda. Además, en el ámbito de la AAS también se ejecuta el Programa de Apoyo a las Personas con Discapacidades Graves. En el marco de este programa, a los ciudadanos extranjeros con discapacidades graves se les proporciona con regularidad una ayuda en efectivo de dos terceras partes del salario mínimo (600 liras turcas). A noviembre de 2018 se beneficiaban de este programa 5.967 personas.

Cuestión 32 d)

78.La Administración de Fomento de la Vivienda ejecuta varios proyectos de vivienda colectiva que responden a las necesidades y preferencias de los grupos desfavorecidos, entre ellos las personas con discapacidad. En este contexto, el 5 % de las viviendas ubicadas en proyectos de vivienda social, que son construidas por esa Administración y vendidas mediante un procedimiento de sorteo, se asignan a nacionales con al menos un 40 % de discapacidad, y las solicitudes de las personas con discapacidad se atienden en una categoría aparte. Los solicitantes que en el primer sorteo no logren hacerse a la propiedad son incluidos en la categoría “otros” y tienen derecho a participar en un segundo sorteo. En todos los procesos de venta de vivienda mediante el procedimiento de sorteo en los proyectos de vivienda social de dicha Administración en todo el país se reservan cupos para las personas con discapacidad. Además, en sus proyectos de vivienda se aplican normas universales que cumplen los criterios de accesibilidad.

Cuestión 32 e)

79.Reciben pensión por discapacidad 267.738 mujeres y 345.742 hombres con discapacidad, lo que representa un total de 613.480 personas con discapacidad. En el cuadro 6 se anexa información desglosada por edad sobre los beneficiarios de la pensión por discapacidad.

Participación en la vida política y pública (art. 29)

Cuestión 33 a)

80.En el Módulo de Preguntas de los Votantes Nacionales, cuyo sitio web es www.ysk.gov.tr, las personas con discapacidad puede indagar sobre las disposiciones relativas a su tipo de discapacidad (visual u ortopédica). En caso de que inscriban y registren en este módulo sus dirección de correo electrónico y/o su número de teléfono móvil, se les informa acerca de las elecciones mediante mensajes a su teléfono o a su correo electrónico. Una vez que las personas con discapacidad visual u ortopédica hayan comunicado a las dependencias competentes sus solicitudes en materia de accesibilidad, pueden depositar su voto bien sea personalmente o con la ayuda de uno de sus parientes. A fin de promover la participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública, entre el 13 y el 14 de octubre de 2014 se organizó en Ankara un taller en cooperación con la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Unión Europea. Entre los participantes en el taller había representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas, así como académicos. Además, en 2016 se organizó otro taller titulado Elecciones sin Barreras, que contó con la cooperación del Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales y el Consejo Supremo Electoral y la participación de representantes de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de las personas con discapacidad, y todas las partes interesadas pertinentes. Además, el 9 de junio de 2016 se celebró una reunión de evaluación sobre la preparación de un sitio web que cumpliera con las normas de accesibilidad universal, la cual contó con la participación y las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil. La reunión, que se centró en evaluar y determinar los requisitos de accesibilidad del sitio web del Consejo Supremo Electoral, tuvo como resultado que dicho sitio web quedara accesible para las personas con distintos tipos de discapacidad. Por primera vez en Turquía, se pusieron en servicio urnas electorales móviles para las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas el 24 de julio de 2018, a fin de asegurar que los votantes obligados a guardar cama (debido a una enfermedad o una discapacidad) pudieran depositar sus votos. Como resultado de ello, un total de 17.359 personas en 739 distritos pudieron participar en las elecciones y depositar su voto en 1.307 urnas electorales móviles. El 77,59 % de los 606.082 electores inscritos en la lista de votantes con discapacidad participaron en las elecciones generales del 25º período. El porcentaje de votantes con discapacidad que participaron en las elecciones posteriores fue el siguiente: el 78,43 % de los 622.012 votantes inscritos, en las elecciones parlamentarias del 26º período; el 76,54 % de los 612.703 votantes inscritos, en el referendo constitucional de 16 de abril de 2017; el 78,05 % de los 667.974 votantes inscritos, en las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias del 27º período, el 24 de junio de 2018. Actualmente se están realizando actividades para hacer accesibles las mesas electorales para las elecciones locales generales que, según se ha previsto, se celebrarán en marzo de 2019.

Cuestión 33 b)

81.El Consejo Supremo Electoral adoptó dos resoluciones consecutivas para garantizar que las personas con discapacidad pudieran votar de manera independiente mediante la utilización de papeletas electorales unificadas. Las resoluciones núms. 435 y 564, adoptadas en los años 2017 y 2018, se han publicado en el sitio web del Consejo Supremo Electoral y, además, se han notificado a las juntas electorales provinciales y de distrito.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

Cuestión 34

82.De conformidad con las recomendaciones del Grupo de Washington, se prepararon preguntas relacionadas con la discapacidad para la Encuesta de Población y Vivienda realizada en 2011, las cuales, además, se ajustan a los principios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). En la Encuesta se preguntaba al encuestado, en relación con seis funciones corporales, si podía realizarlas y de qué manera, y se esperaba que las preguntas se respondieran con una de las opciones siguientes: Sin dificultad; Sí, con alguna dificultad; Sí, con mucha dificultad; y No, en absoluto. En la evaluación de las respuestas se tuvo en cuenta la autoevaluación del encuestado. Para preguntas distintas de las relacionadas con la capacidad visual y auditiva, se preguntó sobre la dificultad para realizar la función sin contar con ningún equipo de apoyo. Las preguntas relacionadas con la capacidad visual y auditiva se formularon a personas de todas las edades, mientras que las demás preguntas solo abarcaron a las personas de tres años de edad o mayores. Las dificultades presentes por un período inferior a seis meses (como la fractura de una mano o de un brazo, o la cirugía del oído o de los ojos) no se tuvieron en cuenta para todos los tipos de discapacidad. Además, en el cálculo de la discapacidad proporcional solo se tuvo en cuenta la proporción de encuestados que declararon que, o bien tenían muchas dificultades para desempeñar una función o no podían hacerlo en absoluto:

Población con al menos un tipo de discapacidad: grupo que abarca a las personas de 3 años o más que declararon que o bien tenían muchas dificultades para desempeñar al menos una función o no podían hacerlo en absoluto.

Personas que tienen dificultad para ver: grupo que abarca a las personas que declararon que o bien tenían mucha dificultad para ver o no podían ver en absoluto aunque utilizaran dispositivos de asistencia.

Personas que tienen dificultad para oír: grupo que abarca a las personas que declararon que o bien tenían mucha dificultad para oír o no podían oír en absoluto aunque utilizaran dispositivos o equipo de asistencia.

Personas que tienen dificultades para hablar: grupo que abarca a las personas que declararon que o bien tenían muchas dificultades para hablar (como deficiencias del habla, lalopatía o tartamudeo) o no podían hablar en absoluto.

Personas que tienen dificultad para caminar o subir o bajar escaleras: grupo que abarca a las personas que declararon que o bien tenían mucha dificultad para caminar o para subir o bajar escaleras o no podían hacer ninguna de esas acciones.

Personas que tienen dificultades para sostener o levantar algo: grupo que abarca a las personas que declararon que o bien tenían mucha dificultad para sostener o levantar algo o no podían hacerlo en absoluto.

Personas que, en comparación con sus pares, tienen dificultades para aprender, hacer cálculos sencillos, recordar y concentrarse: grupo que abarca a las personas que declararon que, en comparación con sus pares, o bien tenían muchas dificultades para aprender, hacer cálculos sencillos, recordar y concentrarse o no podían hacer ninguna de esas acciones.

83.Aplicación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: En cooperación con la Oficina de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la Unión Europea y con el fin crear mayor conciencia sobre la Convención y promover la aplicación de su artículo 31, en 2012 se organizó el taller de la TAIEX titulado Recopilación de Datos y Estadísticas sobre Discapacidad, que contó con la participación de todas las partes interesadas, en particular los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la discapacidad.

84.En cooperación con el Ministerio de Familia, Trabajo y Servicios Sociales y el PNUD y con el fin de mejorar la calidad de los datos sobre discapacidad y aumentar la conciencia de todas las partes interesadas pertinentes acerca de las obligaciones impuestas por la Convención, se llevó a cabo el proyecto Apoyo a la Aplicación y Vigilancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Turquía (2013-2016). Como parte de las actividades del proyecto y con la cooperación coordinada de las instituciones públicas competentes, las organizaciones de la sociedad civil y académicos, se elaboraron conjuntos de indicadores sobre siete esferas prioritarias (derecho al empleo; derecho a la educación; derecho a la atención de la salud; derecho a no ser víctima de la violencia y los malos tratos; derecho a participar en la vida política y social; derecho a participar en actividades culturales y turísticas; y derecho a participar en actividades deportivas), los cuales facilitarán la vigilancia del proceso de aplicación. En consecuencia, se ha previsto obtener datos desglosados por discapacidad, género, edad y diferencias regionales. Además, en el contexto de la labor preparatoria del Plan de Acción Nacional y el Documento de Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a finales de 2017 se llevó a cabo un taller sobre datos y estadísticas, que contó con la participación de representantes de las instituciones competentes, en particular las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la discapacidad. En este taller se prepararon las metas, los objetivos y las actividades del Plan de Acción.

Cooperación internacional (art. 32)

Cuestión 35

85.Véanse los párrafos 1 a 5.

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

Cuestión 36

86.En 2016 se suprimió la Institución de Derechos Humanos de Turquía, que fue sustituida por la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía. Esta Institución fue establecida con el mandato de luchar contra los malos tratos, la tortura y la discriminación, garantizando la igualdad y la protección y promoción de los derechos humanos. En este contexto, esta Institución, que también está encargada de luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, cumple las funciones del mecanismo independiente previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo, que actúa como mecanismo de denuncia independiente y eficaz en relación con el funcionamiento de los servicios públicos, es la institución pública encargada de evaluar e investigar las actuaciones de las demás instituciones públicas y formular sugerencias sobre todo tipo de procedimientos y medidas que les conciernan en materia de cumplimiento de la ley y respeto de la equidad, en el entendimiento de una justicia basada en los derechos humanos (véase el párr. 6). La Defensoría del Pueblo alienta a las organizaciones de la sociedad civil a que cooperen con las instituciones públicas y, con un enfoque pluralista, moviliza a diversas organizaciones de la sociedad civil que se especializan en distintas esferas. Dentro de este ámbito, en 2013 se organizó el taller titulado La Institución del Defensor del Pueblo: Un Nuevo Mecanismo para la Solución de los Problemas que Enfrentan las Personas con Discapacidad, que contó con la participación de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad, y del que se publicó un informe que fue distribuido a las administraciones pertinentes. Además, las evaluaciones y recomendaciones del taller fueron incluidas en el informe anual del Defensor del Pueblo, que fue presentado a la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

87.La Ley de Discapacidad de Turquía (Ley núm. 5378) pone de relieve que, en el proceso de formulación de políticas, adopción de decisiones y prestación de servicios para las personas con discapacidad, es esencial la participación de las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la discapacidad han pasado a ser un asociado activo en los procesos de formulación, aplicación y seguimiento de las políticas en la esfera de la discapacidad. Las Comisiones de Evaluación y Seguimiento de la Accesibilidad, que comenzaron a establecerse en 2013, son ejemplos notables de la participación de las personas con discapacidad en los procesos de aplicación y seguimiento a nivel local. Esas Comisiones, que se crearon para apoyar y difundir los casos de aplicación de las normas de accesibilidad, tienen facultad para imponer multas. Por otra parte, a fin de fortalecer las capacidades de promoción e interposición de recursos jurídicos de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la discapacidad y fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en los mecanismos de adopción de decisiones, se organizan seminarios de formación a nivel regional. En este contexto, entre 2014 y 2016 se organizaron 24 seminarios de formación a nivel regional. Además, el Plan de Acción Nacional y Documento de Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se preparó con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la discapacidad. Se prevé que este documento, que tiene por objeto incorporar la cuestión de la discapacidad en todos los ámbitos de las políticas, también incluya medidas para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en los mecanismos de adopción de decisiones y los procesos de vigilancia.