Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Informes periódicos 17º a 19º combinados que Colombia debía presentar en 2018 en virtud del artículo 9 de la Convención * * *

[Fecha de recepción: 4 de octubre de 2018]

I.Introducción

1.Colombia es un Estado pluriétnico y multicultural, en el cual confluyen poblaciones que lo hacen uno de los más diversos de América. La diversidad cultural promueve el desarrollo de políticas públicas para la igualdad de oportunidades, para todas las comunidades y pueblos, así como para la pervivencia de las culturas ancestrales, en la protección del derecho a la igualdad y no discriminación.

2.El Estado colombiano tiene el firme propósito de lograr la garantía de la igualdad mediante el enfoque diferencial, orientado a la eliminación de cualquier forma de discriminación. Con este objetivo, la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial —ICERD— fue ratificada por el Estado colombiano mediante la Ley 22 de 1981.

3.El 17º-19º informe combinado que el Estado colombiano presenta a consideración del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial —CERD— refleja los avances, obstáculos y retos que ha enfrentado el Estado en la implementación y desarrollo de la ICERD, durante el período comprendido entre 2014-2018.

4.El informe está dividido en dos partes: la primera, contiene información general sobre los sujetos de protección y el marco normativo para la protección de los pueblos étnicos; la diversidad cultural; y la proscripción de la discriminación racial. La segunda hace un recuento de las principales medidas tomadas para la efectiva implementación de la ICERD, y de las recomendaciones hechas por el Comité en las observaciones finales de informes anteriores.

5.Con el presente informe, Colombia ratifica su compromiso con el respeto, garantía y promoción de los derechos fundamentales y la plena observancia de los instrumentos internacionales ratificados, en particular con la ICERD.

II.Marco general de protección y promoción el derecho a la no discriminación, igualdad y recursos eficaces

A.Composición demográfica de la población – comunidades y minorías étnicas (recomendación párrs. 7, 8 CERD/C/COL/CO/15-16)

6.En Colombia confluyen poblaciones blancas, mestizas, indígenas, afrodescendientes, negras, y rrom. Los pueblos indígenas, la población afrocolombiana —NARP— (Negra, afrocolombiana, raizal (comunidades de San Andrés y Providencia) y palenquera (comunidad de San Basilio de Palenque en Bolívar) y el pueblo Rrom son los tres grandes grupos que conforman la población étnica de Colombia.

7.La información presentada en este informe corresponde a los resultados del Censo General 2005 realizado por el DANE. Actualmente está en curso el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 —CNPV—, cuya información está en desarrollo y no cuenta con resultados consolidados.

8.El censo del 2005estableció queel 14,06% de la población pertenece a algún grupo étnico. A su turno, el Ministerio del Interior —en adelante MinInterior— tiene registrados y reconocidos 392 Asociaciones de Cabildos y/o autoridades indígenas.

9.De acuerdo con el censo de 2005, 1.341.628 personas se reconocieron como indígenas, pertenecientes a 102 pueblos indígenas, que representan el 3,4% del total de la población colombiana. La mayoría de la población indígena se encuentra concentrada en centros poblados y en áreas rurales dispersas, aunque en los departamentos de Atlántico, Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca y Vaupés la mayor proporción de indígenas se encuentra en sus cabeceras municipales.

10.Por su parte, 4.311.757 personas se reconocieron como NARP, equivalente al 10,4% del total de la población censada. Esta población se ha ubicado principalmente en las cabeceras municipales.

11.La población rrom está conformada por 4.857, que representa el 0,01% del total de la población colombiana, ubicados principalmente en las cabeceras municipales de los departamentos Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Bogotá, Santander y Norte de Santander.

B.Autoreconocimiento,enfoque diferencial étnico y participación para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – CNPV

12.El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 —PND—, estipuló el desarrollo de un proceso de consulta y concertación con las poblaciones para incluir el enfoque diferencial étnico en el CNPV, y así garantizar la adecuada caracterización de la población.

13.El DANE adelantó procesos de consulta con las instancias representativas de los pueblos indígenas, el pueblo rrom y de las comunidades afrocolombianas, en los que se discutió el cuestionario censal y propuestas sobre procesos censales, con énfasis en la inclusión del enfoque diferencial étnico.

14.Como producto final, se consolidó la pregunta de auto-reconocimiento, las preguntas de territorialidad étnica y la incorporación de ajustes en las preguntas sobre la lengua.

C.Marco jurídico y políticas de reconocimiento y protección para hacer efectivas las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 de la ICERD

1.Ratificación de Tratados (recomendación párr. 41, 42 CERD/C/COL/CO/15-16)

15.El Estado colombiano ha ratificado los principales instrumentos internacionales de DDHH y, progresivamente, ha implementado las reformas necesarias para atender las obligaciones derivadas de tales tratados. En 2014 Colombia adhirió a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

16.En cuanto a los demás instrumentos cuya ratificación ha sido recomendada al Estado colombiano, se ha realizado en cada caso un análisis riguroso de las consecuencias de la ratificación y de sus posibilidades reales de cumplimiento de las obligaciones que se derivan de tal decisión. El Estado colombiano no tiene por política ratificar todos los instrumentos como cuestión de mero trámite, sino que se encuentra comprometido con avanzar hacia la garantía real y efectiva de los DDHH, con la debida consideración a las capacidades nacionales.

17.Actualmente, se encuentran en consulta entre las entidades pertinentes, las posibles acciones frente a: La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; la ratificación del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y la adhesión a la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

2.Marco constitucional y jurídico de reconocimiento

18.La Constitución Política —CP— acoge un enfoque multidimensional de la igualdad (Artículo 9); reconoce, protege y garantiza la diversidad étnica y cultural (artículo 7); y promueve la adopción de medidas a favor de grupos marginados o discriminados (artículo 13). Además, el ordenamiento jurídico, mediante la incorporación del Convenio 169 de la OIT reconoce la consulta previa de las comunidades étnicas como un derecho fundamental.

19.El Decreto 1387 de 1996 creó la Mesa Permanente de Concertación Indígena —MPC— que tiene por objeto concertar entre las Organizaciones Indígenas y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, en garantía del derecho fundamental a la consulta previa.

20.Para la participación de los pueblos indígenas en estos espacios, MinInterior tiene diseñado un proceso para el reconocimiento y la organización. Actualmente se encuentran organizados en 5 asociaciones a nivel nacional: Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Confederación Indígena Tayrona (CIT) y Autoridades Tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor. Adicionalmente en las regiones existen organizaciones indígenas que reúnen varios resguardos o comunidades. La MPC asegura la participación de todas estas asociaciones.

21.En Colombia existen otros espacios de participación como la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para Pueblos Indígenas CONTCEPI, la Subcomisión de Salud de la MPC, Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas, Mesa Regional Amazónica, Mesa de Concertación con el Pueblo Awá, y la Mesa de Diálogo y Concertación para el pueblo Wayúu.

22.Para las comunidades afrocolombianas, como resultado de las disposiciones de la Ley 70 de 1993, están establecidos 34 espacios institucionales, que constituyen el Espacio Nacional de Consulta Previa para Comunidades Negras – ENCPCN. El pleno del Espacio está integrado con 236 delegados que sesionan en comisiones especializadas y se reúnen en plenaria para protocolizar las consultas de medidas de amplio alcance.

23.El ENCPCN establece 7 Comisiones Permanentes:

i)Operativa, de relaciones internacionales, Públicas y Políticas;

ii)De Planeación, Políticas Públicas, Desarrollo Económico;

iii)De Protección Social, Salud, Género y Generaciones;

iv)Educación, Etnoeducación, Cultura, Recreación, Deportes;

v)De Territorialidad, Vivienda y Ambiente;

vi)Jurídica, de DDHH y Desplazamiento;

vii)De Comunicaciones, Censos y Estadísticas.

24.El 13 de julio de 2018 se expidió el Decreto 1211 de 2018, en procura del reconocimiento, protección y desarrollo autónomo del pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés; por el cual se creó la M esa de I nterlocución, P articipación y S eguimiento del pueblo Raizal.

25.Para la participación política, están establecidas circunscripciones electorales especiales indígenas y afrodescendientes para el Congreso de la República, así como el establecimiento de un régimen jurídico especial para el pueblo raizal y una jurisdicción indígena caracterizada por contar con autoridades judiciales con potestad para crear normas y procedimientos propios.

26.En el 2016 el Departamento Nacional de Planeación —DNP— construyó los Lineamientos para la implementación del enfoque de derechos y la atención diferencial a grupos étnicos en la gestión de las entidades territoriales. Este fue incorporado como una herramienta que soporta la estrategia de asistencia técnica para nuevos mandatarios en el momento de construcción de sus planes de desarrollo.

3.Desarrollo normativo

27.De conformidad con la ICERD, Colombia promulgó la Ley 1482 de 2011 por medio de la cual se modifica la norma penal para salvaguardar los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que puedan ser vulnerados mediante actos de racismo o discriminación.

28.A su turno, con el propósito de garantizar la promoción y protección de los derechos de poblaciones en Colombia, la normativa promulgada por el Estado colombiano en el período 2014-2018 ha sido:

•Decreto 1953 de 2014. Para poner en funcionamiento los Territorios Indígenas con los sistemas propios de los pueblos indígenas.

•Decreto 2719 de 2014. Procedimiento para Resguardos Indígenas para acreditar la experiencia y/o buenas prácticas para la ejecución directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones.

•Decreto 2561 2014 Por el cual se definen los mecanismos para mejorar el acceso a servicios de salud.

•Decreto 2333 de 2014. Establece mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169.

•Resolución 518 de 2015 del MSPS, relativa al Plan de Intervenciones Colectivas.

•Resolución 0949 del 20 de junio de 2017 del MinInterior, por la cual se modifica el Observatorio contra la Discriminación.

•Decreto Ley 870 de 2017 del MADS “Por el cual se establece el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la conservación”.

•Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras”.

•Decreto 1811 de 2017 “Por medio del cual se crean mecanismos especiales para el desarrollo del Gobierno Nacional con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se actualiza la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Pública Indígena para el CRIC, se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios”.

•Decreto 632 de 2018, Por el cual se dictan las normas fiscales para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.

•Decreto 1211 de 2018, Por el cual se crea la mesa de interlocución, participación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con el Pueblo Raizal.

•Decreto 1372 de 2018, “por el cual se adiciona un capítulo para regular el Espacio de Consulta Previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general, susceptibles de afectar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”.

III.Implementación de los artículos 1 al 7 de la Convención y recomendaciones del Comité

A.Medidas que condenen la discriminación, la segregación racial y el discurso de odio: Implementación de los artículos 1, 3 y 4 de la ICERD

1.Implementación de la Ley 1482 de 2011 (recomendación párrs. 9, 10 CERD/C/COL/CO/15-16)

29.La Ley 1482 tiene por objeto sancionar penalmente los actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Fue modificada por la Ley 1752 de 2015 para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad.

30.La ley define los actos de racismo o discriminación como aquellos que impiden, obstruyen o restringen el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. También prevé sancionar actos, conductas de hostigamiento y discriminación que estén orientados a causar daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.

31.Esta norma también enuncia agravantes para situaciones que implican un mayor reproche social y jurídico, como conductas realizadas en espacios públicos, en medios de comunicación de difusión masiva, por un servidor público, hacia menores o adultos mayores, o cuando la conducta busque restringir derechos laborales.

32.La Fiscalía General de la Nación —FGN— tiene el registro del número de casos investigados y los resultados obtenidos de delitos exclusivamente por motivos raciales, y cuenta con estrategias para el fortalecimiento de las investigaciones, como una Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana que realiza seguimiento y monitoreo permanente a las investigaciones que cursan por estos comportamientos.

33.La FGN cuenta con una matriz de seguimiento que es revisada en forma periódica para dar impulso a las investigaciones, detectar obstáculos y desarrollar estrategias para el avance y obtención de resultados en las investigaciones penales.

34.En la FGN se adelantan 368 investigaciones por actos de racismo o discriminación y hostigamiento, de las cuales 227 corresponden a actos de racismo o discriminación y 141 a hostigamiento. De las investigaciones 9 han superado la etapa de indagación preliminar, 3 se encuentran en investigación, 5 en Juicio y 1 con sentencia condenatoria.

35.La FGN lidera una estrategia de capacitación, impulso, seguimiento y acompañamiento de todas las investigaciones adelantadas por discriminación racial, con énfasis en los siguientes casos de especial connotación:

•En razón a su gravedad.

•La modalidad utilizada para la agresión.

•Las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.

•Los escenarios utilizados en la discriminación.

•Las condiciones especiales y particulares de los victimarios.

•La capacidad de la investigación para generar buenas prácticas, entre otros aspectos.

En el 2016 en la FGN se realizó el primer Encuentro Internacional sobre Técnicas de Investigación de Delitos de Discriminación Racial, con la participación de conferencistas nacionales y extranjeros, dirigido a Fiscales de las 35 Seccionales del territorio nacional.

2.Jurisprudencia para proteger sujetos vulnerables a discriminación

36.La Corte Constitucional ha desarrollado jurisprudencia relativa a casos de discriminación racial que establecen criterios procesales para la judicialización de conductas punibles relacionadas con discriminación racial, y enriqueciendo la forma de abordar estos casos:

a)Sentencia C-671 de 2014 : Reconoce que las personas con discapacidad son susceptibles de ser víctimas de discriminación, antes de la modificación de la norma;

b)Sentencia T-462 de 2015: Establece que los empleadores no pueden ejercer poder disciplinario en contra de alguien por su identidad étnica o por sus creencias. En este caso, el juez constitucional tuteló los derechos a la igualdad y a la identidad étnica;

c)Sentencia C-091 de 2017: Un análisis entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de los discursos de odio, de la Ley 1482 de 2011;

d)Sentencia T-141 de 2017: La Corte hace referencia a la valoración de la “prueba de la discriminación”, relacionados con criterios como el predominio de la “carga dinámica de la prueba”, reiterando la prueba de los hechos están en cabeza de la parte que le resulte más fácil probarlos.

3.Observatorio contra la Discriminación y el Racismo (ODR)

37.El ODR es una instancia asesora del Ministerio del Interior, especializada en asuntos de discriminación y racismo. Fue constituido mediante Resolución 1154 de 2012, y modificado por Resolución 0949 junio de 2017.

38.El ODR tiene como meta el diseño de estrategias pedagógicas de sensibilización contra la discriminación racial y el racismo, brindar asesoría a los entes territoriales y comunidades para la atención integral con enfoque diferencial, tiene establecida una ruta metodológica para orientar los casos recibidos, y formula recomendaciones para la política pública contra la discriminación racial.

39.La ruta de atención para las víctimas de racismo y discriminación racial prevé el análisis de los casos, dar traslado a las autoridades competentes, realizar seguimiento y generar estadísticas de los casos reportados.

40.Entre el 2014 y el 2018 el ODR ha recibido 104 denuncias por discriminación racial, de las cuales 49 son casos de hombres, 34 son de mujeres ,11 son de niños y 8 de colectivos. Las ciudades que han registrado más casos son Bogotá (65), Medellín (11), Cartagena (9) y San Andrés (7). 42 casos de los reportados han sido trasladados a FGN para investigación, 18 a la Procuraduría General de la Nación —PGN—, 15 a la Policía Nacional —en adelante POLNAL—, 14 a la Defensoría del Pueblo —en adelante DP—, y 22 a otras instituciones.

41.Actualmente, el reto principal es lograr que el ODR sea una herramienta de uso frecuente en todo el territorio, con una mayor difusión y confianza ciudadana, registrar un mayor número de denuncias e instituir acompañamiento psicológico a las presuntas víctimas.

4.Ruta de Intervención Interinstitucional contra la discriminación

42.El Ministerio del Interior en 2017 inició la elaboración de una ruta de intervención interinstitucional que le permita a las entidades contar con elementos para el diseño e implementación de acciones en prevención y garantía de no repetición, y de gestión de casos de discriminación.

43.El proceso de elaboración incluyó cinco encuentros regionales con representantes de 28 alcaldías y 28 gobernaciones, y más de 120 servidores públicos. Los talleres permitieron construir el concepto de discriminación, identificar los principales motivos de discriminación en las regiones y elaborar propuestas de intervención en casos. En algunos encuentros se logró identificar la oferta institucional con la cual las entidades territoriales previenen y/o atienden casos de discriminación.

44.Este examen permitió identificar el “racismo cotidiano”, ejercido mediante prácticas sistemáticas, recurrentes y habituales que se basan en rutinas, expectativas y significados considerados naturales. El Ministerio del Interior evalúa la oportunidad de realizar una encuesta nacional de discriminación, que permitirá contar con información para la elaboración de políticas para combatir imaginarios, estereotipos, y prejuicios que legitiman y naturalizan la discriminación.

45.La ruta de intervención está compuesta por dos partes: i) prevención y garantías de no repetición; y ii) esquemas para la atención coordinada y articulada de casos.

B.Medidas para proteger frente a la discriminación racial y garantía de derechos: Implementación del artículo 2 de la Convención

1.Medidas para la garantía de derechos de la población afrodescendiente (recomendación párrs. 13, 14 CERD/C/COL/CO/15-16)

46.El enfoque diferencial en las acciones de política pública está orientado a generar condiciones para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social integral; considerando las diferencias poblacionales, regionales y características específicas de la población, de manera que se garantiza atención oportuna, eficiente y pertinente.

47.Con el propósito de fortalecer la organización de las comunidades afrocolombianas, en los últimos años el Gobierno Nacional —GNC— ha adelantado 39 jornadas de capacitación en 20 Departamentos y 8 Asesorías a los entes territoriales, instancias representativas y comunidad en general para la atención en temas relacionados con discriminación racial y racismo.

48.El GNC, a través de la Estrategia Unidos del Departamento de Prosperidad Social —DPS— diseñó el acompañamiento diferencial para comunidades étnicas, teniendo como marco de acción la construcción e implementación de la política pública para la superación de la pobreza extrema y la vulnerabilidad. La Estrategia opera bajo 4 modelos, dentro de los que se encuentra el Modelo Étnico, que incluye hogares de comunidades étnicas ubicados en territorios que mediante un proceso de concertación aceptaron el acompañamiento, para potenciar las capacidades de las comunidades para que se transformen en sujetos activos de su propio desarrollo.

49.Desde el 2016 se inició el proceso de concertación con los representantes legales de los consejos comunitarios para adelantar la Estrategia, y como resultado se firmaron acuerdos con 108 consejos comunitarios, que representan 29.000 hogares afro de 789 comunidades. El acompañamiento ha permitido apoyar a los consejos comunitarios en la recolección de información y en la caracterización de las comunidades.

1.1Reglamentación de Ley 70 de 1993

50.El proceso de reglamentación de la Ley 70 ha tenido retos que suponen un avance paulatino pero que el GNC ha asumido, siendo esta la principal norma de reconocimiento y garantías para la población afrocolombiana en el país. Para 2018, se ha logrado consolidar la reglamentación de 29 de sus 67 artículos, lo cual equivale un avance del 43,28%.

51.Un avance significativo son los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural, con la creación de la Comisión Pedagógica, y la reglamentación del derecho a la participación como grupo étnico con la conformación de las Comisiones Consultivas Departamentales y de Alto Nivel, la Circunscripción Especial en la Cámara de Representantes y la presencia de delegados de estas comunidades en otras instancias de participación, como las Corporaciones Autónomas Regionales y los Consejos Territoriales de Planeación.

52.Para continuar con la reglamentación, el GNC instauró una mesa técnica interinstitucional que ha: i) recopilado y consolidado iniciativas como insumo para cada capítulo, ii) elaborado propuestas de reglamentación, iii) concertado hojas de ruta para los procesos de consulta previa, iv) integrado más partes interesadas.

1.2Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (recomendación párr. 44 CERD/C/COL/CO/15-16; Recomendación General Nº 34)

53.Para el Estado colombiano, los objetivos del Decenio buscan la promoción del respeto y protección de los derechos fundamentales de los afrodescendientes, un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura, y la promoción de su contribución al desarrollo de las sociedades.

54.Con este objetivo, el MinInterior desarrolló el curso virtual “Reconocimiento, justicia y Desarrollo”, que logró capacitar a 1683 servidores públicos en la aplicación del enfoque diferencial étnico para prevenir conductas discriminatorias en la atención de población afrodescendiente.

55.Por su parte, el Ministerio de Cultura —en adelante MinCultura—, impulsa procesos propios de fortalecimiento cultural, consistentes en diseño de políticas culturales pertinentes para la población afrodescendiente del país en el marco del decenio:

a)Decenio afro en las regiones

56.En el 2015, este programa tuvo como objetivo establecer un trabajo en red entre el MinCultura, líderes y gestores culturales con impacto comunitario en su región. Esta iniciativa abrió espacios de diálogo sobre diversidad cultural, participación y representación, con el objeto de reconocer el valor real de la cultura de las comunidades afrocolombianas.

57.El Decenio afro en las regiones consistió en espacios mensuales liderados por especialistas académicos y sabedores sobre asuntos como:

•¿Qué es el Decenio Internacional para los Afrodescendientes? (abril).

•Mes de la herencia africana (mayo).

•Apropiación de la colección de literatura afro (junio).

•Conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y la Diáspora (julio).

•Ley 70 de 1993 (agosto);

•Racismo en sitios públicos (septiembre).

•Primera infancia afro (octubre).

•Eliminación de la violencia contra la mujer (noviembre).

58.La iniciativa permitió fortalecer el trabajo de las organizaciones de base, habilitar mejores canales de comunicación entre el Estado y grupos y colectivos locales y mapear aliados para implementar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

b)Fiesta de las Lenguas en el marco de la Feria del Libro de Bogotá-FILBO

59.En el marco de la Ley 1381 de 2010, la ley de lenguas Nativas, se realiza “la Fiesta de las Lenguas” para la promoción del multilingüismo y la diversidad cultural y lingüística de las diferentes comunidades. Este espacio se ha configurado en uno de los principales escenarios de divulgación y visibilización del patrimonio lingüístico de la nación.

60.En las diferentes versiones MinCultura ha ejecutado más de 200 actividades vinculadas a la diversidad lingüística del país mediante eventos que además de promover el reconocimiento y la protección de las lenguas criollas e indígenas .

c)Cátedra del Decenio Afrodescendiente

61.El objetivo de la actividad es fomentar el dialogo producto de la investigación académica y cultural, y poner en evidencia la vulneración de los pueblos negros y la valoración de sus prácticas. Las actividades de la cátedra se ejecutan a través de seminarios de memoria y consciencia afro, saberes ancestrales, música, tierra y región, etnoeducación, infancia, racismo y expresiones culturales afro.

62.Desde 2016, la cátedra se adaptó para los lineamientos etnoeducativos en Megacolegios de varias regiones en Colombia, para transmitir a muchos NNA los aportes de la población afrodescendiente y sensibilizar a todos los estudiantes acerca de la riqueza cultural que existe en Colombia, para prevenir el ‘matoneo’ o bullying por racismo.

d)Plan del Decenio Afro

63.Comporta una estrategia del MinCultura para promover el reconocimiento de las manifestaciones culturales e identidades de las comunidades NARP, en las cuales se ejecutaron actividades con líderes, lideresas, grupos, colectivos y organizaciones afro, consejos comunitarios y miembros de organizaciones culturales de la región.

2.Medidas para la garantía y protección de los pueblos indígenas (recomendaciones párrs. 15, 16, 17, 18 CERD/C/COL/CO/15-16)

64.El MinInterior ha trabajado en el diseño e implementación de programas de fortalecimiento y apoyo institucional para los gobiernos indígenas y la gestión político-administrativa de sus autoridades, así como documentación para la formulación y ejecución de planes de vida y de manejo de transferencias presupuestales a los resguardos.

65.En el 2017, MinInterior diseñó una guía en política pública con enfoque étnico diferencial, incluyendo personas con discapacidad, en la que se guía a las comunidades indígenas para desarrollar programas, proyectos y en los planes de desarrollo.

2.1Planes de salvaguarda étnica

66.La Corte Constitucional, para corregir la situación de desplazamiento forzado de algunos pueblos indígenas, profirió la sentencia T-025 de 2004 en la que ordena la ejecución de planes de salvaguarda étnica —en adelante PSE. A través del Auto 004 de 2009 la Corte Constitucional ordeno la formulación de 34 PSE, y con los Autos 173 y 174 de 2011, se ordenaron dos para la protección de los Pueblos Hitnú y Makaguán. En 2017 el Auto 266 ordenó la formulación de los PSE para los pueblos Tukano, Kisgo y Barí, para un total de 39 planes en desarrollo.

67.MinInterior lidera la de formulación de estos planes a través de un proceso participativo e incluyente, para fortalecer los sistemas de gobierno propio y organizativos de los pueblos indígenas y avanzar en un mejor relacionamiento entre estos y las instituciones del Estado. Los planes se adelantan en cinco fases: i) definición del plan de trabajo, ii) construcción conjunta de un diagnóstico, iii) validación del diagnóstico, iv) formulación de programas y proyectos, v) definición, evaluación y seguimiento.

68.El Anexo 3 enuncia un cuadro con las principales acciones estratégicas adelantadas con los pueblos indígenas con PSE. A continuación, se presentan avances de los PSE de los pueblos Awá, Hitnú y Wayuu; pueblos priorizados por el CERD.

69.Con respecto al pueblo Awá, se encuentra finalizada la etapa de formulación, un 20% la etapa de concertación y 2% la etapa de implementación. La protocolización del plan depende de la suscripción de acuerdos en todos sus ejes de acción entre autoridades indígenas y las diferentes instituciones del GNC.

70.Durante el 2017, se financiaron tres propuestas para cada una de las organizaciones del pueblo Awá para avanzar en una segunda fase de implementación. Como resultados se obtuvo la elaboración del mandato político organizativo y el mejoramiento de la coordinación interinstitucional. En mayo del 2018 se realizó una jornada de preparación con la MPC del pueblo Awá; la primera jornada de trabajo técnico entre autoridades de los resguardos y representantes del Gobierno para la formulación del reglamento internode justicia propia.

71.El plan del Pueblo Hitnú tiene un avance significativo del 90% en su fase de formulación, y actualmente cuenta con un documento diagnóstico estructurado en líneas de acción para la concertación e implementación. Durante los últimos cuatro años se definió el bloque de derechos, se acordó con las autoridades indígenas hacer un acercamiento con los resguardos y asentamientos, y la construcción del documento diagnóstico del PSE Hitnú.

72.Para la formulación del plan del pueblo Wayuu, MinInterior ha desarrollado una metodología de concertación por regiones, que a su vez se constituyen en capítulos (Maicao, Sur de la Guajira, Riohacha, Albania Zona Norte, Albania Zona Sur). Estos procesos finalizaron ya finalizaron la etapa de formulación, y los Pueblos de Uribia y Manaure, están en su fase de pre consulta.

2.2Protección a Indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial

73.El Gobierno colombiano tiene información acerca de 15 pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y Orinoquía y 2 pueblos en el Parque Nacional Río Puré. Durante el período 2017-2018, MinInterior realizó consulta previa con los pueblos indígenas de Colombia, en especial los pueblos indígenas cuyo territorio colinda con el de pueblos en aislamiento, para la expedición del marco normativo de protección a estos pueblos.

74.El GNC realiza acciones de prevención y protección, como el monitoreo de situaciones de amenazas, capacitación a entidades públicas de nivel nacional y regional, así como procesos de sensibilización y fortalecimiento a las comunidades colindantes a pueblos en aislamiento. Estas acciones han permitido evitar el contacto de mineros ilegales y misioneros. Así mismo, han permitido concientizar a las autoridades nacionales como a las autoridades de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Vaupés sobre la existencia de los pueblos en aislamiento, la necesidad de protegerlos a través de estrategias de no contacto y de protección que debe garantizarse a estos pueblos.

75.Como parte de una estrategia de cooperación regional, el GNC firmó memorandos de entendimiento para la protección de los pueblos en aislamiento con los gobiernos de Brasil y Perú, y participó en las actividades del proyecto Organización del Tratado de Cooperación Amazónica —OTCA— y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID “Marco Regional para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento”. 

76.En el marco de estos espacios, en noviembre de 2017, las delegaciones involucradas y organizaciones indígenas de Perú, Brasil y Colombia realizaron una visita al Resguardo Indígena Curare los Ingleses en la Amazonía colombiana, en la que compartieron las estrategias del Resguardo para la protección de los pueblos en aislamiento en su territorio.

2.3Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de DDHH en favor de los pueblos indígenas

77.El Sistema Interamericano de Protección de DDHH se encuentra conformado por las Solicitudes de Información y las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de DDHH —CIDH—, así como también por las Medidas Provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de DDHH (CorteIDH). Estos trámites no se entienden como una sanción o condena al Estado, sino que, por el contrario, se asumen por su función tutelar y cautelar, en tanto buscan asegurar la garantía de los derechos fundamentales.

78.A favor de comunidades indígenas en Colombia, actualmente se encuentran vigentes 12 medidas cautelares otorgadas por la CIDH, distribuidas en 12 departamentos, que representan el 12,5% del total de medidas cautelares vigentes para el Estado.

79.Para la implementación de las medidas adoptadas participan todas las entidades concernidas. En esa línea, por ejemplo, MDN desarrolla actividades de protección con líderes indígenas para verificar la situación de seguridad de las comunidades, así como también el control militar de área en contra de grupos armados.

80.Por su parte, la UNP ofrece para estas comunidades rutas de protección individual y colectivas que incluyen mecanismos para la evaluación del riesgo.

3.Garantía de la consulta previa para los grupos étnicos (recomendaciones párrs. 21, 22 CERD/C/COL/CO/15-16)

81.El derecho fundamental a la consulta previa tiene sustento en la CP en el artículo 2. Los procesos de Consulta Previa se adelantan según lo estipulado en la Directiva Presidencial 010 de 2013, priorizando el diálogo político y la participación efectiva de las comunidades afectadas y de las entidades garantes de derechos. A su turno, la Corte Constitucional ha delimitado el marco de acción de la consulta previa, y ha reforzado su carácter de derecho fundamental.

82.En Colombia existen dos tipos de procesos de consulta previa: los procesos sobre medidas administrativas y legislativas, y aquellos que deben adelantarse para un proyecto, obra o actividad —POA—; ambos sobre medidas que afecten la estructura y estilo de vida de los pueblos, de conformidad con sus usos y costumbres.

83.El GNC a través de las reuniones ejecutadas y pactadas, busca obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades éticas, bajo el principio de buena fe de las partes durante el desarrollo de cada una de las etapas del proceso. Las actas de las consultas se reconocen como compromisos con carácter bilateral, que tienen su concreción en acciones posteriores, en ejercicio fundamental de participación de los grupos étnicos.

84.En el período de 2013 a abril de 2018, se protocolizaron 6243 comunidades, el 96% de protocolizaciones culminó con acuerdos. De los procesos reportados la mayoría son procedentes de Medidas Administrativas y Órdenes Judiciales, que representan el 49%, seguido por el sector Hidrocarburos con el 18%, Ambiental con el 10%, Infraestructura y Telecomunicaciones con el 9%. Los sectores Minero, Eléctrico e Investigación ocupan el 7%, 6% y 2%, respectivamente.

4.Atención a las mujeres afrocolombianas e indígenas (recomendaciones párrs. 31, 32 CERD/C/COL/CO/15-16)

4.1Política Nacional de Género

85.La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer —CPEM—, para fortalecer la ejecución de la Política Publica de Equidad de Género (CONPES 161), acompaña técnicamente la creación y consolidación de grupos de género y la formulación de planes de acción en 13 entidades integrantes de la Comisión Intersectorial de la Política Pública de Equidad de Género.

86.La CPEM realizó asistencia técnica a 32 gobernaciones y 32 alcaldías de las ciudades capitales para la inclusión de acciones concretas en los planes de desarrollo territoriales y el logro de condiciones de igualdad efectiva, a partir del impulso de cinco áreas temáticas, capacitando cerca de 1.100 funcionarios encargados de elaborar e implementar las políticas públicas.

87.Desde 2017 la CPEM emprendió el proceso denominado: Cualificación de las capacidades de incidencia de las mujeres afrocolombianas e indígenas víctimas del conflicto armado, y de la institucionalidad en materia de prevención de violencias de género, participación y liderazgo. El ámbito de acción del proceso comprende los municipios de Totoró, Buenos Aires, Guachené, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Santander y Popayán.

88.Este trabajo permitió:

•La elaboración de siete planes de incidencia para proyección institucional y organizativa de las mujeres.

•El desarrollo de 10 procesos formativos y de sensibilización con la participación de 203 mujeres.

•Consolidación de un diagnóstico de violencias con insumos de más de 200 lideresas.

•Fortalecimiento de vínculos entre organizaciones colectivas de mujeres con la institucionalidad local y regional.

89.La CPEM tradujo en las lenguas Tukano, Shikuanai y Emperara Siapidara apartes de las políticas y normas existentes en favor de las mujeres, para facilitar su conocimiento. Este proceso implicó diálogo inicial con organizaciones indígenas y tres consejos regionales para realizar posteriormente la socialización.

90.En la evaluación de la política de género ejecutada en 2017, se destaca un nivel de cumplimiento por ejes así: 92% en participación; 91% salud y derechos sexuales y reproductivos; 82% en transformación cultural y paz; 74% en el plan para garantizar una vida libre de violencias; 60% autonomía económica y 69% educación.

91.La CPEM, en coordinación con las gobernaciones y alcaldías, adelanta procesos de socialización de la política pública para las mujeres rrom. Este ejercicio ha fortalecido la relación entre los mecanismos de género locales y las Kumpanias, así como la respuesta institucional a solicitudes directas de las mujeres gitanas en sus territorios.

92.Actualmente se adelanta un proceso participativo de definición de objetivos, estrategias y líneas de acción del Segundo Plan de Acción de la Política Pública de Equidad de Género.

4.2Mujer Indígena

93.El Programa de Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres Indígenas en situación de desplazamiento o en riesgo, surge como respuesta al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, que ordenó la adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.

94.En ejecución de este programa, MinInterior ha efectuado acciones de fortalecimiento, entre ellas, procesos con mujeres indígenas de diferentes organizaciones regionales en todo el país, los cuales sedesarrollan por temáticas relacionadas con la incidencia en la participación de las mujeres indígenas dentro de los procesos organizativos y políticos y en la toma efectiva de decisiones como método de protección y pervivencia de los usos y costumbres.

95.A su turno, la estrategia “Lideresas Formando Lideresas”permite la formación de mujeres indígenas en derechos fundamentales y prevención de la violencia sexual, con perspectiva étnica y de género.

4.3Reparación y atención a mujeres indígenas y afrodescendientes víctimas de violencia sexual y/o por el conflicto armado.

96.La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas —en adelante UARIV—, durante el período 2014-2018, ha registrado 22363 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 3532 mujeres pertenecen a un grupo étnico:

Grupo étnico o minoría	Número de víctimas registrado
Indígena	507
Negro o afrocolombiano	2 912
Palenquero	8
Raizal	37
Gitano o Rrom	68

97.Sobre esos datos, la UARIV ha adelantado acciones en reparación individual:

•652.886 mujeres recibieron asesoría.

•577.236 mujeres recibieron mensaje estatal de dignificación como medida de satisfacción.

•136.623 mujeres iniciaron acompañamiento en su proceso de retorno o reubicación.

•10.745 mujeres recibieron atención psicosocial mediante la estrategia de recuperación emocional a nivel individual, y 102.172 mujeres a nivel grupal.

•331.567 mujeres fueron remitidas al Ministerio de Salud —MSPS— para su atención.

•106.576 mujeres participaron en talleres de educación financiera.

•17.875 mujeres participaron en ferias integrales de servicios.

•60.236 mujeres participaron en talleres por línea de inversión.

•2077 mujeres participaron en la Estrategia de reparación integral a mujeres víctimas de violencia sexual.

•212.626 mujeres han recibido recursos de indemnización, por una inversión de $735.884.978.031 pesos.

98.Considerando que el 51% de las víctimas del conflicto armado son mujeres, la FGN para la atención de casos cuenta con la Estrategia Reparación Individual a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado para generar espacios de construcción, diálogo y fortalecimiento del proyecto de vida de las mujeres con enfoque de derechos en procesos de reparación integral.

99.Respecto de las acciones de reparación colectiva: el 57% de las víctimas hace parte del programa “entrelazando”, que busca contribuir con la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de relaciones de confianza y fortalecimiento de la convivencia en las comunidades víctimas del conflicto armado. Existen 8 sujetos de reparación colectiva de mujeres, de los que forman 5004 mujeres. En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud integral a Víctimas, entre el 2014-2016 se ha brindado atención psicosocial a 197.496 mujeres víctimas.

100.El MinInterior elaboró y presentó el Diagnóstico sobre los principales factores asociados a la violencia estructural de género y la discriminación que incide en la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia. En 2016 el Diagnóstico se difundió en 7 ciudades a las entidades concernidas y la comunidad. También elaboró el Instructivo de Prevención de violencia sexual con Enfoque de Género dirigido a alcaldes, que contiene directrices para realizar acciones en prevención.

101.En 2017, ante la necesidad de articular las Estrategias que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia sexual se conformó la “ Red Construyendo para la garantía de los Derechos de las Mujeres ”, liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos —en adelante CPDDHH— y el Ministerio de Justicia y del Derecho —en adelante MinJusticia—, en la que se impulsan los procesos organizativos de mujeres, y el fortalecimiento del trabajo con funcionarios públicos en materia de DDHH de las mujeres.

5Atención a niños, niñas y adolescentes —NNA— de los grupos étnicos

5.1Generaciones Étnicas con Bienestar

102.El Instituto Colombiano del Bienestar Familiar —ICBF—, desarrolla esta estrategia para prevenir las vulneraciones a NNA de grupos étnicos en el país, a través de la promoción de derechos desde el fortalecimiento cultural, la revitalización de lenguas y el reconocimiento de los saberes ancestrales. Se destacan como principales logros:

•Los NNA asumen un rol activo como conocedores de sus derechos, se identifican las familias participativas en las pautas de crianza, disminución de comportamientos agresivos tanto de los NNA como de sus familias.

•Se han rescatado conocimientos ancestrales con las personas mayores, quienes son maestros orales y ancestrales y trasmiten su cultura, pensamiento, orígenes, conocimiento, y conservación de la lengua materna.

•Para la modalidad étnica el programa ha incidido en el fortalecimiento de la identidad cultural y proyectos de vida, con el desarrollo de actividades encaminadas a la apropiación de derechos.

103.La Estrategia de Acciones Masivas de Alto Impacto Social se desarrolla con organizaciones sociales especializadas en el trabajo con NNA y capacidad para acceder a los territorios focalizados. A través de música y expresiones culturales se facilitan espacios de integración social con auto-reconocimiento de pertenencia étnica y no étnica en centros urbanos.

104.El programa sensibiliza y motiva el uso de la lengua propia como elemento básico de la construcción de su identidad y como acción contra el racismo. Tres estrategias enfocadas a la revitalización de la lengua:

•Vincular personas que hablen y/o escriban en lengua propias.

•Enseñar palabras y frases en lengua propia.

•Motivar entre NNA la valoración y uso de la lengua propio como un derecho constitucional y un rasgo cultural.

105.Durante 2017 se adelantaron 5 pilotos de ejercicios de control social y participación con grupos étnicos con el objetivo de identificar aspectos identitarios relevantes relacionados con la participación de NNA, y determinar qué ajustes deben realizarse en las metodologías de participación. Este ejercicio contribuyó, por ejemplo, a que NNA del pueblo Nukak fueran reconocidos como líderes de la niñez y parte fundamental del ejercicio de diálogo intercultural para la pervivencia física y cultural.

6.Inclusión y participación de los grupos étnicos en las negociaciones y el Acuerdo Final de Paz con las FARC (recomendaciones párrs. 11, 12 CERD/C/COL/CO/15-16)

106.El Acuerdo Final entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera —Acuerdo de Paz— es uno de los eventos históricos más importantes de la nación, que implica la terminación de un conflicto armado de más de cinco décadas.

107.En el marco del Acuerdo se previó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuyo objetivo principal es la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Para la selección de los altos funcionarios del Sistema, se conformó el Comité de Escogencia, que mediante un procedimiento público seleccionó 54% de mujeres, 9% de afrocolombianos, 6% de indígenas para las diferentes instancias del Sistema.

108.Como parte de las negociaciones de paz, se integró el Capítulo Étnico en el Acuerdo de Paz como parte de reconocimiento a la lucha de las etnias en defensa de sus derechos. Este capítulo estableció la creación de una Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, conformada por ocho (8) delegados de pueblos representativos, que actuarán como órgano consultor ante la Comisión de Seguimiento en todos los aspectos relacionados con la interpretación, implementación y seguimiento del Acuerdo Final, como también velar por la incorporación de la perspectiva étnica y cultural.

109.Las transformaciones normativas y los ajustes institucionales que se implementarán con el Acuerdo de Paz tendrán un impacto en el 29,6% del territorio nacional que es de propiedad indígena, con la expectativa de que los 748 resguardos indígenas constituidos, en su autonomía, puedan ejercer y activar sus derechos.

110.Como parte de un proceso participativo, el GNC garantizó a los pueblos y comunidades el derecho fundamental a la participación y a la consulta previa,logrando concertar seis iniciativas legislativas en el marco del mecanismo abreviado establecido mediante el acta legislativo 01 de 2016 .

111.El Acuerdo de paz estableció la elaboración de un Plan Marco de Implementación, que debe incorporar medidas para impulsar políticas, planes y proyectos que tengan en cuenta las particularidades de las mujeres y de los pueblos étnicos.Entre 2017 y marzo de 2018 el GNC realizó sesiones de trabajo con los miembros de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, en las cuales se concertaron las metas para la transversalización del enfoque para pueblos y comunidades étnicas en la implementación del Acuerdo de Paz.

C.Garantía del derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico: Implementación del Artículo 5

1.Programas de Garantías y Programas de Prevención (recomendaciones párrs. 17, 18 CERD/C/COL/CO/15-16)

1.1Programa de Garantías de Derechos de los Pueblos Indígenas

112.El Programa, coordinado por MinInterior, contempla a los pueblos indígenas que no cuentan con PSE y aborda bloques de derechos: territorio, salud, autonomía y gobierno propio, identidad cultural, educación y DDHH. Para cada uno se han identificado las principales afectaciones, así como las propuestas comunitarias y líneas de acción en los espacios de concertación.

113.En el 2015, MinInterior concertó en el Resguardo Yaigojé-Apaporis con los pueblos y organizaciones indígenas del Amazonas y el Vaupés líneas de fortalecimiento del ejercicio pleno de los sistemas propios de gobierno.

114.Adicionalmente, en cumplimiento al Auto 266 del 2017 expedido por la Corte Constitucional, MinInterior inició actividades para brindar acompañamiento en la formulación de política pública a los entes territoriales que menciona el auto.

115.Actualmente se encuentra en proceso de aprobación un documento CONPES que establece una estrategia de desarrollo integral para el departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas, dirigida a mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones sociales, económicas, institucionales y ambientales del departamento, con énfasis en las comunidades indígenas, en cumplimiento de la Sentencia T-466 de 2016. La estrategia se desarrolla a través de 157 acciones de 30 entidades nacionales, agrupadas en 14 líneas de acción y cuatro objetivos específicos, que abordan asuntos como el acceso a agua potable, salud, educación, atención integral, vivienda, agricultura, infraestructura, fortalecimiento institucional, entre otros. La estrategia está definida para el período 2018-2022, con un costo indicativo de 1,8 billones de pesos.

1.2Plan Integral de Prevención del Departamento de Chocó

116.Los Planes Integrales de Prevención son la herramienta de planeación que orienta y coordina el análisis y la gestión del riesgo, y acciones de prevención y protección para las comunidades, organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambiental, comunal, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos, sus líderes, dirigentes, representantes y activistas en los territorios.

117.Estos planes permiten definir los criterios de articulación y coordinación interinstitucional entre nación, departamento y municipio; establece el marco de actuación y las orientaciones que, en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición debe adoptar el ente territorial. Para su elaboración se tiene como fuente de información las Alertas Tempranas emitidas por la DP.

118.En el 2017 se expidió el Plan Departamental de Prevención en el departamento del Chocó, construido con enfoque étnico entre representantes de la sociedad civil, autoridades étnicas, autoridades territoriales y Fuerza Pública, para definir acciones de prevención, mitigación de riesgos y enfrentamiento de amenazas a la comunidad.

119.Para el análisis y la identificación de escenarios de riesgos, se han tenido en cuenta las siguientes variables de contexto:

•Desmovilización desarme y reintegración de la FARC.

•Negociaciones con el ELN.

•Conflictividades sociales, políticas y económicas tradicionales.

•Nuevas conflictividades.

120.A nivel municipal MinInterior ha realizado acompañamiento a los municipios de Alta Baudó, Medio Baudó, Riosucio, Carmen del Darién y Litoral San Juan, Quibdó e Istmina. Se tiene previsto continuar brindando asistencia técnica a los municipios que cuentan con alerta temprana o de inminencia emitida por la DP, con los municipios que tienen una gran incidencia del ELN, y aquellos contenidos en autos de la Corte Constitucional.

2.Atención a la población afrocolombiana en Buenaventura (recomendaciones párrs. 29, 30 CERD/C/COL/CO/15-16)

121.El 30 de julio de 2014 el GNC declaró a la Región Pacífico como prioridad en materia de equidad, por lo que sobre Buenaventura recaen varias iniciativas derivadas del PND, tanto del ámbito nacional como local. La priorización tiene como objetivo contribuir efectivamente al desarrollo social, económico y ambiental del litoral pacífico, disminuir las brechas existentes, contribuir al desarrollo de la región y beneficiar a los departamentos de la región con planes de inversión.

122.Una de las iniciativas más grandes es el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico. Este fondo tiene por objeto la financiación y la inversión en las necesidades más urgentes para promover el desarrollo integral del litoral Pacífico. El Plan significa un valor total de 3.8 billones de pesos, que en su primera etapa está financiado por tres créditos del GNC con el Banco Interamericano de Desarrollo —BID— y el Banco Mundial —BM. Los proyectos del plan son para 3 líneas de intervención: acueducto y saneamiento básico, energización y conectividad de transporte.

123.También se encuentra en ejecución el proyecto “ Nueva Zona Industrial y Logística ”, que busca dotar de infraestructura especializada la región, con servicios logísticos y actividades industriales para alcanzar mayor productividad.

124.Mediante la ejecución de diversos programas, 327.000 personas en la región pacífica han salido de la pobreza en los últimos 4 años:

•211.000 familias beneficiaros del programa de Familias en Acción.

•160.000 familias en el programa Bienestar.

•256.000 ancianos en programas de atención al Adulto Mayor.

•12.800 jóvenes en programas de atención;

•530.000 niños en el programa “de cero a siempre”.

125.En cuanto a servicios públicos y vivienda, el GNC ha entregado 14.700 viviendas gratis, 216 proyectos de agua potable y saneamiento básico, y 1,1 millones de usuarios ya han recibido la conexión de energía eléctrica. También se hizo la reactivación del ferrocarril de Buenaventura al municipio de Yumbo, que permite el transporte de 19.000 toneladas de carga mensuales. Es de resaltar la inversión de 945.000 millones de pesos en sistemas de transporte masivo.

126.MinInterior ha adelantado capacitaciones en materia de DDHH y DIH dirigidas a los miembros del Comité Distrital de DDHH y DIH de Buenaventura, a más de 100 personas de diferentes grupos de interés. También ha socializado las metodologías para la construcción de los planes de trabajo de la instancia territorial, en los cuales se logró identificar las principales problemáticas en materia de protección a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, igualdad y no discriminación, educación y cultura en DDHH.

127.MinInterior tiene a su cargo la implementación del programa “predial afro”, que inició a partir del 2017 en los municipios donde existen territorios colectivos de comunidades negras legalmente constituidos, y que consiste en el otorgamiento de recursos equivalentes a lo que esas localidades dejen de recaudar por concepto del impuesto predial unificado.

2.1Plan de Acción Integral y Prevención para Buenaventura

128.MinInterior ejecuta este plan desde el 2014 con entidades del orden nacional, departamental y local, con el objetivo de establecer un plan de inversión y de trabajo para el Distrito. La inversión social implica mejoramientos de vivienda y varias obras sociales; también tiene un eje de intervención en seguridad y lucha contra la violencia, y otro de proyectos culturales. Para su formulación se realizaron 11 mesas de trabajo, las cuales incluyeron a más de 40 entidades.

129.Algunos resultados de este plan han sido:

Inversión social:

•Creación de centros de empleo y capacitación laboral.

•Implementación de proyectos socio empresariales para jóvenes, mujeres afros y líderes comunales.

•Cofinanciación para la segunda casa de justicia.

•Creación de mesas para procesos productivos para agricultores.

•Colocación de créditos blandos con el apoyo del Banco Agrario.

•Ampliación de cobertura del régimen subsidiado de salud y mejoras en el hospital de Buenaventura.

•Promoción del Desarrollo Empresarial con el apoyo de Bancoldex, que supuso $316 millones de pesos.

•Apoyo al Fondo “Emprender” del SENA, créditos educativos, inauguración de megacolegios y mejoramiento de la Universidad del Pacífico.

•Revisión de Rutas Fluviales, con capacitación a transportadores y cargueros.

•Ampliación de pista de aterrizaje y nueva terminal de pasajeros del aeropuerto.

•Mejoramiento de mil viviendas.

•Ampliación de programa como “jóvenes en acción” hasta 3.000 cupos, programas de atención sicosocial a las familias y construcción de 2 centros de atención infantil del ICBF.

•Otorgamiento de más de 5.000 giros de ayuda humanitaria de emergencia para la atención de emergencias.

Seguridad:

•Se invirtieron 2.500 millones para cámaras de seguridad.

•Se creó la subsede de la UNP.

•Mantenimiento del centro de reclusión, con una inversión de 767 millones de pesos.

•La FGN amplió su planta de fiscales y creó el sistema de análisis criminal, el grupo de tareas especiales y la subdirección de atención a víctimas.

•Se cuenta con 1300 hombres de la Armada Nacional y 120 guardacostas.

Programas de cultura recreación y deporte:

•Se han realizado intercambios internacionales de carácter deportivo y cultural.

•Creación de clínicas de formación técnicas en ámbitos deportivos, musicales y culturales.

•Campaña nacional de promoción para Buenaventura (Marco Festival de la Ballena Yubarta).

•Construcción y dotación Biblioteca pública Barrio Gran Colombiano.

•Adecuación de la Escuela Taller y promoción de procesos formativos promovidos por MinCultura.

•Consolidación de archivo fotográfico de los sectores de prioridad social.

•Pacto de Cultura por la legalidad.

•Construcción complejo deportivo del barrio “la independencia” y la zona recreativa barrio “Cristóbal Colón”.

130.De acuerdo con los compromisos del GNC con los líderes del Paro Cívico de Buenaventura, en febrero de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Valle, una sesión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, en la que, entre otros casos, se adoptaron y reforzaron las medidas de protección para personas que contaban con una ponderación de riesgo extraordinario.

131.De igual manera, se realizó una nueva sesión del CERREM el 15 de marzo del año en vigencia, esta vez en el Distrito de Buenaventura, para tratar los demás casos de los líderes del Paro Cívico que no contaban con el resultado del estudio de nivel de riesgo y a quienes la UNP se comprometió a adelantar dicha valoración para la fecha señalada, con el fin de que se puedan recomendar por parte del CERREM las medidas a que haya lugar.

132.Para el Departamento del Valle se han realizado talleres para formular planes de prevención en los municipios de Argelia, Caicedonia, Cerrito, Sevilla, Vijes, Yotoco, Yumbo y Candelaria que actualmente se encuentran aprobados y en etapa de implementación. A su vez, se brindó asistencia técnica en taller de actualización de los planes a los municipios de Trujillo, Tuluá, Cali, Cartago, Florida, Pradera y Jamundí.

2.2Ejercicio de la acción e investigación penal

133.A partir de abril de 2014, la FGN priorizó la investigación y ejercicio de la acción penal en Buenaventura. FGN aumentó el personal destacado en el territorio y desarrolló un plan de priorización enfocado en el esclarecimiento de casos de homicidios y desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género y corrupción.

134.Para lograr un impacto en el desmantelamiento de organizaciones criminales, el Plan destaca un grupo de investigadores y analistas del nivel central y de la seccional que harán un análisis de las dinámicas, beneficiario y redes de apoyo de las organizaciones criminales en la zona. Además, incluye el fortalecimiento de la sede de la Fiscalía en Buenaventura, con fiscales, asistentes de fiscal e investigadores.

135.El plan de priorización se aborda en 4 enfoques: (i haciendo un análisis y caracterización de la criminalidad y de las organizaciones delincuenciales; ii) analizando el fenómeno de las extorsiones y de los monopolios de productos básicos; iii) apoyando e impulsando investigaciones relacionadas con los conflictos territoriales; y iv), apoyando investigaciones de homicidios y amenazas contra defensores de DDHH.

3.Derechos territoriales y restitución de tierras (recomendaciones párrs. 19, 20 CERD/C/COL/CO/15-16)

3.1.Reconocimiento territorial a los grupos étnicos

136.El reconocimiento legal al territorio de los grupos étnicos está señalado en los artículos 63 y 329 de la CP como derechos inalienables, imprescriptibles e inembargables.

137.Para los pueblos indígenas, éste está consignado en el Decreto 2164 de 1995 y Decreto 1071 de 2015, que regula lo concerniente a dotación y titulación de tierras a comunidades indígenas, así como la restructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos en el territorio nacional. El título de propiedad colectiva goza de garantías de propiedad privada, y concede administración a una organización autónoma con fuero indígena y sistema normativo propio.

138.Para las comunidades negras, el reconocimiento y las garantías están fundamentadas en la Ley 70 y en Decretos 1745 y 1066 de 2015, en la cual establecen la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades afrocolombianas, con la adjudicación de títulos de propiedad colectiva.

139.En los últimos años, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— ha suscrito 14 resoluciones de titulación colectiva para 2.603 familias en Bolívar, Guajira, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo, en un área de 8.438 hectáreas. Concurrentemente existen 7 resoluciones en proceso de notificación, las cuales buscan beneficiar 1.698 familias en un área de 35.428.389 hectáreas.

140.La ANT ha suscrito 32 acuerdos para beneficiar a 5.124 familias indígenas en la constitución y ampliación de resguardos indígenas en Valle del Cauca, Meta, Quindío, Tolima, Antioquia, Nariño, Cauca, Guajira, Cundinamarca, Putumayo, Risaralda, Caldas, Caquetá y Huila, en un área de 602.704.671 hectáreas.

141.Como medidas de protección, conforme el Decreto 2333 de 2014, el GNC creó un equipo de trabajo que trabaja con organizaciones indígenas para atender los procesos de caracterización de tenencia de tierra. En particular se resalta el proceso especial del pueblo Yukpa con ocasión de la implementación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización.

142.Actualmente, a partir de los Decretos 1953 de 2014 y 632 de 2018, es posible que los resguardos y territorios indígenas administren directamente la asignación especial presupuestal que les es asignada, para el fortalecimiento de la autonomía y garantía y ejercicio de derechos reconocidos en la CP. A la fecha, existen 7 resguardos indígenas y autorizados para administrar directamente sus recursos.

3.2Restitución de tierras

a)Espacios comunitarios de socialización e identificación de afectaciones territoriales en las comunidades étnicas

143.La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, —en adelante URT—implementa la política pública de protección y restitución de los derechos territoriales étnicos, desarrollada en participación con las comunidades. De manera similar, se adelantan procesos de documentación de las afectaciones territoriales sufridas en el marco del conflicto armado y posteriores al año 1991. Estas actividades se han realizado directamente con las comunidades en sus lugares de asentamiento.

144.El ejercicio de socialización también ha permitido a la URT adquirir información valiosa y para la construcción participativa de los documentos que sustancian las decisiones administrativas, así como las demandas, los documentos de análisis contexto, las líneas de tiempo y las cartografías sociales.

145.Desde 2014 hasta la fecha se han realizado 429 espacios de diálogo con la participación de más de veintidós mil autoridades, líderes y comunidades negras e indígenas, así como con funcionarios y ocupantes no étnicos a lo largo del territorio nacional.

146.Los espacios generados por la URT para la socialización de la política se adelantan con abordaje diferencial, respeto por las costumbres, usos y normas, así como por su visión propia o cosmovisión, apoyo en la traducción a las lenguas nativas, aplicación preponderante del principio de concertación en las fases del proceso, y demás procedimientos sin exigencia de requisitos formales de difícil cumplimiento para las comunidades étnicas. También se han hecho acuerdos metodológicos para respetar los tiempos y ritmos de los procesos sociales y participativos en las comunidades.

147.La URT ha dispuesto para la socialización sentencias de restitución promover la interpretación del fallo en la lengua nativa de la comunidad destinataria y facilitar la participación de las comunidades en la implementación de las sentencias.

b)Participación, concertación y consulta

148.Durante el proceso de diseño y aprobación de la política pública, se llevaron a cabo procesos de consulta. La URT concierta con instancias locales el cumplimiento de los Autos y demás compromisos, como la focalización de los casos de comunidades; procesos de caracterización de afectaciones territoriales; y la presentación de medidas cautelares para la protección de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial.

149.Antes del inicio de los procesos, la URT busca concertar con las comunidades las observaciones y expectativas, atendiendo las posibilidades jurídicas que brindan los tratados, la CP y normas vigentes.

150.La participación de las comunidades étnicas ha propiciado que las sentencias de restitución de derechos territoriales étnicos no se limiten a la devolución de los territorios, sino a la emisión de medidas de reparación integral, como un presupuesto para el goce efectivo de los derechos territoriales étnicos.

151.En materia de participación se destaca la designación y participación de representantes de las comunidades en el Consejo Directivo de la URT. El Consejo cuenta con dos representantes por parte de las comunidades indígenas y dos de las comunidades NARP, para que participen en el proceso de formulación de la política, aprobación de presupuesto, definición de planes y programas e incorporación del enfoque diferencial.

c)Avances en la restitución de tierras para indígenas, afrodescendientes y pueblo Rrom 2014-2018

152.La URT elabora estudios preliminares de los territorios, tanto afros como indígenas, a partir de los cuales determina la procedencia de: i) medidas de restitución,o ii) medidas de prevención y protección, ya sean administrativas o judiciales.

153.La URT ha adelantado la fase de caracterización por las afectaciones causadas por el conflicto armado y factores asociados sobre 54 territorios étnicos.14 corresponden a comunidades NARP y 40 a comunidades indígenas. La caracterización consiste en una exhaustiva investigación en campo con las comunidades afectadas y actores institucionales y comunitarios.

154.La URT impulsó durante el período del reporte un total de 41 demandas de restitución que dan cuenta de afectaciones territoriales sufridas por 11 consejos comunitarios y 30 de sujetos colectivos indígenas. De ellas, 12 cuentan con sentencia de restitución de derechos territoriales, 10 para pueblos indígenas y 2 para comunidades NARP. El anexo 4 presenta una tabla detallada de estos procesos.

155.La URT ha interpuesto solicitudes de medidas cautelares sobre un total de 105 territorios, 75 para pueblos indígenas y 30 de comunidades NARP. En total, con las medidas cautelares se ha buscado la protección de 5.293.414 hectáreas y 38.090 familias étnicas.

156.Durante el período 2014-2018,el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas (RTDAF) da cuenta de un total de 823.407 hectáreas de territorios colectivos de comunidades étnicas inscritas y con ellas 25.748 familias.

157.Las solicitudes a los jueces pretenden, entre otros, la garantía de derechos territoriales como la formalización y seguridad jurídica del territorio, el cese de actividades ilegales de explotación de recursos no renovables, la protección a la seguridad de las comunidades y sus autoridades, la protección de las prácticas ancestrales y sus lugares sagrados, seguridad alimentaria, así como acceder a la formulación y concertación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva previstos en la ley de víctimas, entre otros.

4.Capacitación, sensibilización e inclusión en la Fuerza Pública

158.La atención especial de la POLNAL y las Fuerzas Militares —en adelante FFMM—está regulada por las Directivas 16 de 2006 y 07 de 2007, mediante la cual se reglamenta la aplicación del enfoque diferencial en todas las actividades de la Fuerza Pública. Esto permite que el accionar de la fuerza pública tenga en cuenta los derechos de autonomía, organización tradicional, lenguas y costumbres, integridad territorial, respeto por los lugares sagrados y forma de gobierno, aplicándolo tanto al interior de la organización como en el ejercicio de las actividades de en el territorio.

159.Uno de los principales ejes de la política de DDHH es la permanente capacitación y formación en DDHH, mediante la cual se enseña la implementación del enfoque diferencial, sobre toda la normativa constitucional y de DDHH, de acuerdo con los compromisos y estándares internacionales que Colombia ha adquirido.

160.Actualmente las FFMM y la POLNAL cuentan con 156 oficiales de enlace, quienes asesoran al comandante sobre el enfoque diferencial y sirven de canal de comunicación entre las fuerzas y las comunidades atendiendo inquietudes y quejas presentadas por estos grupos.

161.Al interior de la Fuerza Pública se cuenta con la primera capitana de navío afrodescendiente en la Armada Nacional, y la POLNAL actualmente cuenta con 8751 funcionarios que son parte de minorías étnicas, los cuales ejercen su función en coherencia con su identidad y protegen su cultura. Por esto se han adaptado los uniformes a los trajes tradicionales de identidad indígena de la POLNAL en el Cauca y en la Guajira, para contener patrones de discriminación y exclusión y reconocer las diferentes identidades que hay dentro de la institución.

162.POLNAL en la implementación de la Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad—ESPOV—, ha llevado a cabo más de 2000 escenarios de sensibilización, y más de 6000 espacios de interlocución y coordinación interagencial, con el propósito de generar acciones en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad, libertad, la seguridad y convivencia ciudadana de las personas, grupos y comunidades con enfoque diferencial.

163.La POLNAL mantiene la prospectiva en los grandes desafíos y retos para la protección de minorías en condición de vulnerabilidad, motivo por el cual se logró la centralización de los 85 Grupos de DDHH a la Inspección General con despliegue en el territorio nacional, con funcionarios idóneos para adelantar acciones institucionales para la garantía, promoción y protección de los derechos de las minorías étnicas.

5.Garantías para el acceso laboral de los indígenas y los afrodescendientes

164.El Estado colombiano cuenta con marcos normativos para diferentes poblaciones que buscan incentivar políticas activas de empleo diferenciales, como la Ley de Víctimasque dentro del Sistema de Reparación de Víctimas integra una mesa de generación de ingresos para las víctimas del conflicto armado; y la Agencia Colombiana para la Reintegración con sus programas para la población desmovilizada y reincorporada.

165.Además, el Servicio Público de Empleo —SPE— en su estructura prevé la atención con enfoque diferencial y poblacional en aras de generar inserción laboral sin discriminación. Para fortalecer el Servicio, el Ministerio del Trabajo —en adelante MinTrabajo— adelanta un modelo de inclusión laboral que integre de mejor manera los servicios especializados y los servicios de gestión y colocación de empleo.

166.De acuerdo con la información de la Encuesta de Calidad de Vida 2017 del DANE, los Raizales del archipiélago de San Andres tienen una participación laboral de 7,3 puntos porcentuales por encima de la tasa global de participación TGP general en su región, lo que significa un logro respecto del nivel de ocupación de los grupos étnicos.

167.MinTrabajo inició la identificación de barreras de accesos a la inclusión laboral por los grupos étnicos, y se diagnosticó:

•Existen habilidades y conocimientos de los pueblos étnicos que no se traducen en habilidades blandas o duras para en el mercado laboral occidental.

•Persiste el exceso de intermediación para la comercialización de productos de los pueblos indígenas.

•Hace falta rutas o procedimientos que fortalezcan los procesos organizativos de las comunidades desde una perspectiva comercial.

•Falta de conocimiento de las autoridades indígenas sobre la oferta institucional para la gestión del empleo en contexto urbano.

•La educación y formación recibida por las comunidades es diferente al sistema escolar general.

•Persisten barreras relacionadas con el idioma.

168.Reconociendo estos retos, MinTrabajoavanza en el fortalecimiento del SPE con la aplicación de un modelo de inclusión laboral que integre de mejor manera los servicios especializados para cada una de las poblaciones y sus barreras con los servicios de gestión y colocación de empleo.

6Derecho al agua, vivienda y saneamiento básico (recomendaciones párrs. 35, 36 CERD/C/COL/CO/15-16)

6.1Programa de Vivienda Gratuita

169.El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio—MVCT— a través del Programa de Vivienda Gratuita de la Ley 1537 de 2012, asigna subsidios familiares de vivienda a población víctima de desplazamiento forzado y a hogares afectados por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.

170.El programa se ejecuta mediante criterios de priorización y enfoque diferencial en beneficio de población vulnerable. Desde el 2014 hasta la actualidad se han atendido 1.929 hogares de población afrodescendiente y 271 hogares indígenas.

6.2Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento del Chocó

171.En el departamento de Chocó, el MVCT busca mejorar y/u optimizar los diferentes sistemas de acueducto y alcantarillado en 16 de los 30 municipios del departamento. Con este propósito se adelantan varios proyectos para la construcción y/u optimización y/o rehabilitación de los rellenos sanitarios y planes de cierre de botaderos a cielo abierto. La inversión del GNC ha sido más de $ 28.800 millones de pesos.

172.El MVCT adelanta un Plan de Aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, indispensable para garantizar empresas y/u asociaciones público-privadas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos, incluida la operación y mantenimiento de las obras que se construyen y entregan a corto, mediano y largo plazo. El Plan de Aseguramiento 2017-2018 contemplan las necesidades en el componente del aseguramiento en la prestación de los servicios públicos domiciliarios por un valor que asciende a la suma de $ 2.241.550.000 pesos.

173.A su turno, actualmente se lleva a cabo el Plan Ambiental 2017-2019, el cual tiene como objeto considerar en la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que supone obras e inversiones por valor de $ 2.850.034.696 pesos.

6.3Programa todos por el pacífico

174.El GNC formuló un programa para la Región Pacífica con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, denominado Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico-Chocó” por $102.737 millones, de los cuales $30.000 millones provienen del presupuesto general de la nación y $72.737 millones del fondo de cooperación para agua y saneamiento.

175.Con este programa se benefician en acueducto y alcantarillado los habitantes de 13 municipios y centros poblados en el Chocó. Por su parte, el GNC se encuentra financiando la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico a través de FINDETER S.A, en municipios que históricamente han presentado unos altos índices de pobreza. Con este programa se complementan las posibilidades de apoyo técnico y financiero.

176.Los cuadros con la descripción de los avances de estos proyectos se encuentran en el anexo 5.

6.4Programa Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira

177.En el 2015 la Presidencia de la República lanzó el Programa Alianza por el Agua y la Vida en La Guajira, estrategia que cuenta con objetivos dirigidos a duplicar la cobertura de agua en la zona rural de la Alta Guajira, aumentar los programas de seguridad alimentaria, y atender de manera inmediata al 100% de los NNA identificados con desnutrición aguda. Los compromisos de la Alianza se derivan de las visitas realizadas por 14 entidades del GNC junto con entidades territoriales a las comunidades priorizadas.

178.La Alianza realiza visitas para concertar con autoridades tradicionales y líderes de las comunidades Wayúu las intervenciones en los temas más sensibles y las necesidades más apremiantes de la población. Los compromisos concertados con la comunidad son coordinados en tres mesas técnicas: i) la Mesa Técnica de Agua y Seguridad Alimentaria, Mesa Técnica de Salud y Nutrición, y ii) la Mesa Técnica de Información.

179.El GNC ha adelantado 249 Proyectos de soluciones de agua que incluyen construcción o rehabilitación de pozos, instalación de aerodesalinizadores, reparación de molinos, instalación de sistemas de bombeo solar-fotovoltaico e instalación de sistemas de almacenamiento. 12 de los proyectos se encuentran en fase de diagnóstico, 35 están en ejecución y 202 terminados.

180.En el marco del programa, se ha hecho entrega de 561 millones de litros de agua en todo el Departamento, se ha hecho entrega de 457 tanques con capacidad de almacenamiento de 3 millones de litros de agua, 45 aerodesalinizadores, 23 equipos para el Banco de Maquinaria de la Gobernación, una planta desalinizadora de 200 m3 para tratamiento de agua de pozo de 465m de Siapana, que encuentra instalada y en proceso de transferencia para entrega al Municipio de Uribia.

181.De acuerdo con la actualización de información adelantada, las soluciones terminadas han beneficiado aproximadamente 52.351 personas y se espera que una vez finalizadas las intervenciones en estado de ejecuciónse beneficien 64.625 personas.

7Derecho a la salud (recomendaciones párrs. 33, 34 CERD/C/COL/CO/15-16)

7.1Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural

182.Según la Base de Datos Única de Afiliados del MSPS, la población étnica en estado de afiliación activo es: 1.521.620 Indígenas, 3248 rrom, y 232.452 NARP.

183.El PND 2010-2014 incluyó como uno de los compromisos del MSPS, en coordinación con las autoridades y organizaciones indígenas, la estructuración, desarrollo e implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural —SISPI. Esta tarea se adelanta en tres fases:

i)Socialización y retroalimentación de la propuesta presentada por el MSPS, adelantada en el cuarto trimestre de 2013;

ii)Elaboración de documento base con estructura y contenidos del SISPI, del cual se han consolidado insumos a nivel nacional sobre estructura, ejes y líneas operativas por componente;

iii)Protocolización en la MPC.

184.Durante el período 2014-2017 el MSPS invirtió $3.345.000.000 pesos para el desarrollo de proyectos enfocados al diseño de modelos de salud para los pueblos indígenas, que incluyen: contexto general, construcción de contenidos y plan de acción para aplicación de los componentes del SISPI y los contenidos de los acuerdos para la articulación, coordinación e implementación del Sistema. También se llevaron a cabo acciones enfocadas a fortalecer la política pública de atención en salud para la población indígena en condición de discapacidad.

185.Durante el 2014 y 2015 se suscribieron 15 convenios con una inversión de $1.410.000.000 pesos, en 2016 fueron 12 convenios con una inversión de $1.050.000.000 pesos y en 2017 fueron 7 convenios, con una inversión de $885.000.000.

186.En 2018 fue expedida la Circular 011 que tiene como objetivo que los funcionarios públicos encargados de la gestión y la prestación de salud desarrollen acciones para avanzar en la construcción e implementación del SISPI a nivel territorial.

7.2Atención a NNA por desnutrición en la Guajira

187.Para combatir la desnutrición aguda en la zona rural de la Alta Guajira, el GNCestableció un plan de atención en terreno con equipos extramurales, que busca articular la actuación de las entidades territoriales con las Entidades Prestadoras de Salud, en torno a 10 variables: i) investigación, innovación y apropiación del conocimiento, ii) caracterización poblacional, iii) Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS; iv) gestión integral del riesgo en salud; v) ámbitos territoriales; vi) redes integrales de prestadores de servicios; vii) rol del asegurador; viii) sistema de incentivos; ix) sistema de información; x) recurso humano en salud. La inversión de 2015 a 2017 para este programa fue de $11.722.622.800 pesos.

188.Durante 2017 los 17 equipos atendieron 28.715 familias y 24.140 menores de 5 años identificados, 763 menores con desnutrición aguda, moderada o severa, 2.090 mujeres gestantes con control prenatal y entrega de micronutrientes, 9.862 controles de crecimiento y desarrollo a menores de 10 años, 6.685 menores de 5 años desparasitados y con micronutrientes, 853 profesionales con desarrollo de capacidades en manejo integrado de la Desnutrición Aguda, y 1.633 NNA con esquemas de vacunación.

189.Desde diciembre de 2015 está puesta en marcha una línea gratuita de atención a la desnutrición aguda, que cuenta con traducción al Wayuunaiki para la atención de la población Wayúu. A la fecha se han registrado 1.100 casos, los cuales fueron direccionados a los respectivos aseguradores y Empresas Sociales del Estado para su atención. Se han destinado $72.560.388 pesos para la efectiva implementación de la línea.

7.3Salud sexual y reproductiva para víctimas de violencia sexual

190.En atención a lo dispuesto en la Ley 1751 de 2015, el MSPS formalizó la Ruta integral de atención para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas, la cual aborda integralmente la violencia relacionada con el conflicto, las violencias de género y la violencia por conflictividad social. En 2015 y 2016 el MSPS trabajó para adoptar los modelos de prestación de servicios de habitación, alimentación y transporte a mujeres víctimas de violencia, sus hijos e hijas.

191.En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud integral a Víctimas – PAPSIVI, entre 2013 y 2016 se certificaron 4.420 profesionales en salud que atienden víctimas de violencia sexual. En consecuencia, entre el 2014-2016 se ha brindado atención psicosocial a 314.921 víctimas, de las cuales 197.496 son mujeres.

192.En 2016 se elaboró un módulo étnico del PAPSIVI para comunidades NARP. Actualmente se trabaja con la comunidad de San Basilio de Palenque para la inclusión de acciones en salud con enfoque diferencial.

8.El derecho a la educación y la formación profesional (recomendaciones párrs. 37, 38 CERD/C/COL/CO/15-16)

8.1Garantía de la educación de los Grupos Étnicos

193.El GNC, a través del Ministerio de Educación —en adelante MEN— ha emprendido acciones orientadas a la atención educativa a los grupos étnicos como proyecto estratégico y transversal, para proteger tradiciones lingüísticas propias y promover una educación bilingüe, e institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación, respetando y desarrollando su identidad cultural.

194.El MEN ha avanzado en tres líneas estratégicas:

•Mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa, por la que ha acompañado la formulación, diseño e implementación de los Proyectos Educativos Comunitarios a 97 de los 102 pueblos indígenas, en beneficio de 75.520 NNA, correspondientes al 21% de la matrícula indígena en el país.

•La concertación de la política educativa, en el marco del proceso de transición entre la etnoeducación hacia el reconocimiento de Sistemas Educativos Propios, Comunitarios e Interculturales —SEIP—, se adelantan procesos de concertación con las autoridades representativas de los grupos étnicos.

•Integración del enfoque étnico en la prestación del servicio en las Entidades Territoriales Certificadas, en el que se desarrollan talleres para promover el enfoque diferencial y generar unos mecanismos de diálogo de conocimientos y lograr incidencia del pensamiento indígena en la educación colombiana.

8.2Etnoeducación

195.La etnoeducación es una política de reconocimiento a la diversidad, identidad, respeto e inclusión en un país pluriétnico y multicultural, que busca el reconocimiento de los sistemas educativos propios, comunitarios e interculturales. El MEN coordina con las autoridades y organizaciones representativas de las comunidades la formulación, diseño e implementación de sus procesos educativos.

196.Actualmente se ha logrado un nivel de apropiación de los proyectos educativos por parte de muchas comunidades afrocolombianas e indígenas, a través de Proyectos Educativos Comunitarios, con un tratamiento especial de las lenguas nativas en los procesos educativos.

197.La Comisión Pedagógica Nacional —en adelante CPN— es la instancia asesora encargada ajustar las políticas de Etnoeducación a las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades.

198.El MEN ha trabajado para la formación de etnoeducadores, la producción de material pedagógico con enfoque étnico, y ha adelantado concursos públicos para su selección.

8.3Sistema de Educación Propio – SEIP

199.El SEIP es un proceso que se desarrolla a través de la participación, concertación y cooperación con las autoridades y organizaciones representativas de los grupos étnicos con el fin de garantizar a sus miembros una Educación en todos los niveles, que posibilite la igualdad con el resto de la sociedad colombiana y les permita participar plenamente tanto en la vida de sus comunidades como en la comunidad nacional.

200.En el 2007 se reglamentó el espacio de diálogo y concertación mediante la creación de la Mesa Nacional de Concertación de la política educativa de los pueblos indígenas de Colombia – CONTCEPI, como el espacio propicio para la construcción de políticas públicas en esta materia. En la actualidad el MEN se encuentra ejecutando la tercera fase de la ruta de concertación protocolizada en la MPC.

201.Este proceso de concertación entre los delegados indígenas y el MEN ha contribuido a materializar las iniciativas para la garantía y calidad de la educación de los NNA indígenas. Se espera que de este ejercicio prontamente se obtenga lo que será un sistema educativo que refleje los usos y costumbres de los pueblos indígenas, su identidad cultural y permitir de esta forma la pervivencia de estos pueblos.

202.Para las comunidades afrodescendientes el MEN coordina lo pertinente para presentar propuestas educativas conforme los planes de vida o planes de etnodesarrollo garantes de la pervivencia cultural y lingüística de las comunidades. La implementación de las propuestas concertadas ha beneficiado a 124.904 estudiantes, 5.734 docentes 692 establecimientos educativos.

8.4Fondo Especial de Créditos Educativos para población afrodescendiente

203.El GNC por medio de los Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva ha orientado acciones de financiación para apoyar el acceso de las comunidades NARP a la educación superior mediante el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras. Del 2011 a 2015 se han asignado al Fondo Especial de Créditos Educativos para comunidades negras $82.251.000.000 pesos.

204.A los créditos del fondo pueden acceder los estudiantes de las comunidades afrocolombianas que estén inscritos, admitidos o adelantando estudios en una institución de educación superior registrada ante el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. MinInterior ha expedido más de 14.000 certificados para estudiantes de comunidades NARP.

205.Para los estudios de maestría, el MEN adelanta el programa Fullbright, que tiene por objeto formar afrodescendientes de Colombia para contribuir al desarrollo de las regiones a las que pertenecen mediante formación en programas de maestría. El MEN dispone recursos necesarios para cubrir la matrícula, sostenimiento, instalación, materiales académicos, tiquetes para apoyar una promoción anual de tres beneficiarios anualmente. El programa ha sido cofinanciado entre 2014 y 2018 con $1.787.470.565 pesos.

9.Impacto de los proyectos de explotación de recursos naturales (recomendaciones párrs. 23, 24 CERD/C/COL/CO/15-16)

9.1 Estudios de impacto ambiental y licenciamiento

206. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — en adelante MADS — junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — en adelante ANLA — trabajan en el fortalecimiento en el respeto a los DDHH tanto en lo relativo a los Estudios de Impacto Ambiental — en adelante EIA — de las empresas como a los Planes de Manejo de Riesgos sociales y en DDHH.

207. En el mismo sentido, el Ministerio de Minas y Energía — en adelante MME — lanzó en julio de 2018 la Política de DDHH del Sector Minero Energético, Decreto 40796 de 2018, fruto del esfuerzo interno por transversalizar el enfoque de DDHH en la actividad minero-energética.

208. En el marco de la elaboración de los EIA debe formularse un Plan de Gestión del Riesgo de tal forma que quienes ejecuten obras civiles o desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para una comunidad, deben realizar análisis específicos y formular planes de contingencia de obligatorio cumplimiento. Los términos de referencia para la elaboración de EIA es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015.

209.Como buenas prácticas en el sector, en el período 2016-2017, el MME formuló el Plan Sectorial para la Gestión Integral de Recurso Hídrico —PASGIRHME— y el Plan de Acción Sectorial para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos —PASBIOME—, que buscan una planificación y gestión integral de los recursos naturales desde las actividades que desarrolla el sector minero energético.

210.El Plan Sectorial para la Gestión Integral de Recurso Hídrico, es un instrumento de planificación y autogestión, con visión al 2030 que determina acciones a realizar por parte de los actores del sector, para contribuir a la adecuada gestión del agua.

211.A su vez, el Plan de Acción Sectorial para la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – PASBIOME, contempla las principales acciones del sector en su búsqueda de equilibrio entre las dinámicas de los ecosistemas y las necesidades de desarrollo, para lo que se identificaron actores, información, necesidades y oportunidades que promuevan la coexistencia armónica de las cadenas productivas del sector y la biodiversidad en el territorio.

9.2Política de Derechos Humanos y Empresa

212.El Plan Nacional de Acción en DDHH y Empresas de Colombia —en adelante PNA— es un instrumento de política pública a 3 años, formulado para garantizar el respeto de los DDHH en las actividades empresariales, alineado con la Estrategia Nacional de DDHH 2014‑2034.

213.El PNA como herramienta para la gestión de conflictos sociales ocasionados por la explotación de recursos naturales ha promovido el diseño e implementación de políticas sectoriales de DDHH. También establece un mecanismo de seguimiento y evaluación con la creación de dos órganos de gobernanza que permiten articular acciones y esfuerzos para avanzar en la implementación efectiva.

214.Los órganos de gobernanza son el Grupo de Trabajo Interinstitucional, con secretaría técnica de la CPDDHH; y la Comisión Asesora, conformada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresas, organismos de control y representantes de la comunidad internacional. A través de esta se materializa la participación de los actores interesados, conforme con los Principios Rectores de UN. Como miembros de la Comisión se encuentran representaciones de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes.

215.Desde su constitución en el 2017 la CPDDHH identifica como próximos pasos: i) establecer mayores garantías de participación y representación social, ii) fortalecer la apropiación comunitaria y organizativa de esta política, y iii) promover la descentralización y apropiación territorial.

10.Proyectos para el medio ambiente sano con comunidades (recomendaciones párrs. 23, 24 CERD/C/COL/CO/15-16)

10.1Visión Pacífico Sostenible

216.El MADS desarrolló un portafolio con 13 proyectos en la región pacífica, ejecutados con aliados estratégicos de cooperación internacional, empresarios y organizaciones ambientales y con el acompañamiento de la comunidad, con el que se busca promover un modelo de desarrollo sostenible que armonice la conservación, uso y gestión de la biodiversidad, en articulación con las organizaciones étnicas y la institucionalidad.

217.El MADS está ejecutando nueve (9) proyectos REDD en el Pacífico que involucran a 20 comunidades étnicas, 19 consejos comunitarios y 1 reserva indígena. Otros 4 se encuentran en proceso de estructuración. Tanto los proyectos formulados como los perfiles del proyecto se han logrado a partir del trabajo participativo con comunidades, entidades territoriales y entidades nacionales, con modelos operativos con enfoque de desarrollo humano.

10.2Visión Amazonía

218.El Proyecto Visión Amazonía busca la promoción de acuerdos con entes territoriales, asociaciones de campesinos, comunidades indígenas y otros actores para reducir la deforestación en la Amazonía colombiana. Desarrolla acciones en los municipios priorizados con mayor deforestación, como Caquetá, Guaviare, Putumayo, sur del meta, y el Bioma Amazónico.

219.Como parte de los pilares del Programa, está la promoción de la gobernanza ambiental indígena con respeto a prácticas tradicionales, integrando la perspectiva cultural en sus territorios, a través de diversos temas como: gobierno propio, territorio y ambiente, economía y producción, mujer y familia; salud y medicina tradicional, educación propia, apoyo al fortalecimiento de lenguas, entre otros.

220.Este Programa se desarrolla en el marco de la iniciativa Pioneros para REDD+ y los países donantes se han comprometido a pagar hasta 120 millones de dólares. A la fecha se han recibido 3 desembolsos por un monto total €39.387.767 de euros. Se encuentran en ejecución USD 29.370.204.

221.Entre los principales avances está la articulación y apoyo de la FGN, FFMM, Gobernación, alcaldías y Corporaciones Autónomas Regionales para la creación de las “Burbujas Forestales” con el propósito de poner freno al tráfico de la madera ilegal y dar fin a las actividades ilegales que aumentan la deforestación en los departamentos identificados.

D.Jurisdicción, protección y recursos efectivos: Implementación del Artículo 6

1.Acceso a la Justicia (recomendaciones párrs. 39, 40 CERD/C/COL/CO/15-16)

1.1.Estrategias locales de fortalecimiento del acceso a la justicia con enfoque étnico diferencial

222.El Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, coordinado por MinJusticia, busca facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en zonas marginales, en cabeceras municipales y en centros poblados de corregimientos de más de 2.500 habitantes. Son centros multi agenciales de información, orientación, referencia y resolución de conflictos, para aplicar mecanismos de justicia formal y no formal, priorizando mecanismos alterativos de solución de conflictos.

223.Actualmente, se encuentran operando 108 Casas de Justicia y 38 Centros de Convivencia. El programa se ha implementado en 33 municipios, y se tiene previsto abrir dos más.

224.En implementación del enfoque diferencial étnico en la administración de justicia MinJusticia publicó el documento “recomendaciones para el fortalecimiento del componente étnico en las casas de justicia” el cual es difundido en espacios de capacitación, que han formado 380 funcionarios de 89 municipios en los últimos años.

225.La Estrategia de Sistemas Locales de Justicia está fundamentada en el trabajo colaborativo entre Estado y comunidad para reconocer las necesidades de justicia y asegurar respuestas oportunas. En estos espacios se propicia el diálogo intercultural y el intercambio de conocimientos entre las diferentes autoridades, en especial coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. Entre el 2014 y el 2018 se han implementado los Sistemas Locales de Justicia en 113 municipios.

226.En materia penitenciaria con enfoque étnico, MinJusticia trabajó en el desarrollo de estudios sobre las condiciones de reclusión de miembros indígenas en establecimientos estatales y espacios propios, y sobre adopción e implementación de un enfoque diferencial étnico, con el objeto de generar condiciones adecuadas para salvaguardar la identidad étnica.

1.2Fortalecimiento de la Jurisdicción indígena

227.La definición e implementación de mecanismos de coordinación entre el ejercicio de la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria ha planteado un enorme reto a la institucionalidad estatal, que reconoce a las autoridades de los pueblos indígenas como autoridades con facultades jurisdiccionales.

228.En el 2014 se expidió el Decreto 1953, en el cual se reafirma el deber de respeto, apoyo y coordinación con las entidades estatales para la protección de la jurisdicción indígena, para lo cual se han desarrollado convenios con algunos de los territorios indígenas priorizados. En concordancia, MinJusticia apoya la formulación de reglamentos internos de pueblos indígenas en materia de justicia propia y la ejecución de PSE. A la fecha, se destacan los avances de los pueblos Kamëntsá, Nasa, Arhuaco, Awá y Barí.

229.Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura —CSJ— creó la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), que cuenta con representación de los pueblos indígenas, y de las ramas ejecutiva y judicial del poder público, así como de diferentes órganos de control. En esta Comisión se analizan casos para la generación de lineamientos técnicos de coordinación interjurisdiccional. Adicionalmente, el CSJ instauró las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional en las cuales se reúnen todos los operadores de justicia departamentales para construir en la búsqueda de la superación de barreras de acceso a la justicia de la población indígena.

230.La FGN expidió la Directiva 012 de 2016, que establece lineamientos sobre competencia de la jurisdicción especial indígena, la cual permite que los fiscales consideren criterios y elementos objetivos para determinar si un caso resulta ser de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. La norma se considera una herramienta para agilizar los procesos que involucran población indígena.

2.Atención a las víctimas del conflicto armado (recomendaciones párrs. 11, 12 CERD/C/COL/CO/15-16)

2.1Plan de Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas

231.El GNC, a través de un grupo de trabajo conformado por la DP, MinInterior y CPDDHH, avanzó en el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas, como modelo de prevención, reacción rápida y procedimiento efectivo de protección, para coordinar la respuesta rápida estatal a las alertas tempranas emitidas por la DP, bajo la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

232.Este sistema ha sido ajustado en su funcionamiento y se ha creado un Nuevo Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, dispuesto en el Decreto Ley 895 de 2017, para la prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz.

233.Este sistema ha sido ajustado en su funcionamiento y se ha expedido el Decreto 2124 de 2017 mediante el cual se crea un Nuevo Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, se define la autonomía de la DP, para la emisión de las Alertas Tempranas y se fortalece la Respuesta Rápida del Gobierno en términos de seguridad y la posterior intervención integral con programas de carácter social.

234.En los territorios de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDTS), el Gobierno establecerá Comités Territoriales de Alertas para la Reacción Inmediata, como una instancia que sesionará para coordinar la respuesta rápida estatal a las alertas tempranas emitidas por la DP en dichos territorios.

2.2Reparación de víctimas del conflicto armado

a)Reparación e indemnización de víctimas de población étnica en el marco del conflicto armado

235.El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a víctimas del conflicto armado —SNARIV— incluye a 39 entidades nacionales y 1133 entidades territoriales con responsabilidades especificas en términos de prestación de servicios a los ciudadanos, entre ellos a las víctimas.

236.El Registro Único de Víctimas registra que desde el año 2014 hasta el 1 de abril de 2018, el 24,6% de la población víctima pertenece a un grupo étnico: 19,1% población NARP, 5,4% población indígena, y pueblo Rrom o Gitano 0,1%.

237.Los procesos de reparación de sujetos colectivos se ejecutan a través de procesos de consulta previa, para llevar a cabo la caracterización de daños y afectaciones, y la formulación de los planes integrales de reparación colectiva. A marzo de 2018 estaban en curso 48 procesos con sujetos de reparación colectiva, 22 casos de comunidades indígenas y 26 de comunidades NARP.

238.La UARIV, a fecha abril de 2018, ha entregado indemnizaciones por:

•$303.355.848.338 pesos a 49.033 afrocolombianos.

•$71.009.475.798 pesos a indígenas.

•$ 17.834.904.185 pesos a 2.873 gitanos.

•$ 810.414.103 pesos a palequeros.

•$8.324.347.431 pesos a raizales.

239.La UARIV pagó ocho medidas de indemnización colectivas por un valor de $1.761.668.196 pesos, orientados al fortalecimiento de los planes de vida, planes de etnodesarrollo y planes de largo y buen camino en el caso del pueblo Rrom o gitanos.

240.Con el propósito de hacer integral la reparación, la UARIV adelanta la “Estrategia Entrelazando” que cuenta con cuatro protocolos (Adultos, NNA, Dignidad y Memoria (DIME) para adolescentes y jóvenes, y Afrochocoana) en función del curso de vida y enfoque diferencial de la población víctima. A la fecha 154 sujetos de reparación han sido beneficiados de la Estrategia para el acompañamiento psicosocial comunitario.

b)Atención y Asistencia Humanitaria

241.La Ley 1448 de 2011 estableció las medidas de atención y ayuda humanitaria, como medidas de emergencia para mitigar afectaciones causadas por hechos victimizantes. Para el desplazamiento forzado, la atención humanitaria atiende carencias de los hogares mediante alojamiento temporal y alimentación básica.

242.En el período 2014-2018, por acción humanitaria la UARIV ha entregado:

•$595.811.731.970 pesos para afrocolombianos.

•$ 123.199.239.332 pesos para indígenas.

•$ 15.970.516.425 pesos para gitanos.

•$ 945.610.576 pesos para palenqueros.

•$ 6.064.641.321 para raizales.

c)Acciones culturales de reparación colectiva

243.MinCultura brinda apoya la reconstrucción de memoria histórica con las víctimas y para la restauración del tejido social de las comunidades víctimas del conflicto armado. Entre los programas adelantados, se ejecutó un proceso con mujeres y jóvenes del municipio del Carmen del Darien y Bojayá en 2015. También se adelantan acciones para formular estrategias de recuperación y conservación de prácticas ancestrales afrocolombianos para el Consejo Comunitario Nueva Esperanza (Barbacoas) y el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco).

244.Consejos Comunitarios que han implementado programas de reparación con apoyo de MinCultura han sido: consejos comunitarios de las cuencas del río Curvaradó, Sentencia de Justicia y Paz -055 de 2014 (Chocó); consejos comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Sentencia de Justicia y Paz -055 de 2014 (Chocó); y Consejo Comunitario Renacer Negro, Sentencia de Restitución de Tierras 071 de 2015 (Cauca).

2.3Prevención de la vinculación: el reclutamiento, la utilización y el uso de NNA por parte de grupos armados no estatales

a)Reducción de casos y situaciones de riesgo

245.Los casos de reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra NNA por el conflicto armado interno en Colombia se ha reducido consistentemente en los últimos años. La base de datos del ICBF muestra una reducción del 82% en los casos de los NNA atendidos en comparación con las cifras reportadas entre 1999 y 2012. Posterior a esa fecha han sido atendidos 840 NNA con un promedio anual de 168 casos. En comparación con el período 2010-2012, se evidencia una reducción en el porcentaje de reclutamiento al 57%.

246.En el mismo sentido, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes reporta reducciones considerables de los ingresos de personas entre los 14 y los 17 años a nivel nacional, pasando de 30.834 registros en 2013 a 11.507 en 2017.

b)Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el uso/utilización y violencia sexual contra NNA por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados (CIPRUNNA)

247.La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso/Utilización y Violencia Sexual contra NNA por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados —en adelante CIPRUNNA— está compuesta por 23 entidades del orden nacional, cuya Secretaría Técnica es ejercida por la CPDDHH mediante el Decreto 1569 de 2016.

248.Como resultados de la CIPRUNNA en los últimos años, se destaca:

•Que entre 2014-2018 ha identificado la continuidad en la mayoría de las acciones relacionadas con la prevención de las tres vulneraciones por parte de las entidades de la Comisión Intersectorial. La Comisión alcanzó despliegue territorial del 96%, llegando a 1.056 municipios de los 32 departamentos con al menos una estrategia, programa o proyecto.

•Que las entidades que la conforman, invirtieron recursos por más del 75% de lo inicialmente proyectado en el CONPES 3673 de 2010.

•Que adelanta tareas de difusión y promoción de los derechos de los NNA, capacitaciones sobre la Ruta de Prevención Urgente y en Protección, el monitoreo y alerta sobre situaciones de emergencia por amenaza o riesgo, atención a NNA de manera diferenciada en zonas que reportan riesgo, orientación y acompañamiento a las Secretarías de Educación para la implementación de programas para entornos protectores, y el fortalecimiento de la seguridad territorial en zonas de riesgo.

•Que aprobó en el mes de julio de 2018, la línea de política para la prevención del reclutamiento, uso y violencia sexual contra NNA por grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Dentro de sus propósitos principales se encuentran: generar entornos de protección para los NNA, lograr la reducción progresiva de todas las formas de violencia y explotación contra la niñez y la adolescencia, la garantía de sus derechos y la generación de mecanismos que faciliten la articulación intersectorial.

c)Proyecto “Mi Futuro es Hoy”

249.El proyecto Mi Futuro es Hoy: creando entornos de paz para la niñez, hace parte de la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, y tiene por objetivo desarrollar y fortalecer las capacidades de cerca de 27.000 NNA entre 12 y 18 años, sus familias y comunidades, para la construcción de entornos protectores.

250.El proyecto tiene lugar en 500 veredas de 166 municipios priorizados para el posconflicto, a través de encuentros periódicos con los jóvenes, familiares y comunidades. Con lo aprendido, cada grupo de jóvenes diseña y pone en marcha iniciativas de paz en su territorio.

251.A junio de 2018, en el marco del proyecto se han vinculado 26.500 NNA y jóvenes, 8.000 familias, 1.938 líderes comunitarios y 1.857 docentes en 21 departamentos del país, y se han formulado 547 iniciativas locales de paz impulsadas por los NNA vinculados, traducidas en temas culturales, musicales, artísticos, comunicativos, ambientales, de recuperación de espacios comunitarios y deportivos.

3Defensores de Derechos Humanos y líderes de pueblos indígenas y afrocolombianos (recomendaciones párrs. 27, 28 CERD/C/COL/CO/15-16)

252.El Estado colombiano mantiene su compromiso por garantizar la labor de los Defensores de Derechos Humanos en el país, y continúa trabajando en una agenda común para que en Colombia se respete no sólo la vida, sino también la actividad de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales, sindicales y políticos.

3.1Proceso Nacional de Garantías para la labor de defensoras y defensores de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales y comunales

253.El GNC implementa el Proceso Nacional de Garantías, compuesto por la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de DDHH, Líderes Sociales y Comunales (Mesa Nacional de Garantías); los Subgrupos Técnicos de Protección y de Investigación; los actos de reconocimiento a la labor de defensa de los DDHH y la estrategia de comunicación. Este proceso pretende abarcar la situación de los defensores y líderes sociales, y adoptar medidas para su protección y garantía de derechos.

254.En este proceso también está la Mesa Territorial de Garantías en la que participan organizaciones sociales de base campesina, indígena, afrodescendiente, urbana, de mujeres, trabajadores, así como, instituciones departamentales (civiles, policiales, militares, de investigación y de control) y del orden nacional. Durante el 2017 y 2018 se priorizó, de manera concertada, el impulso de las mesas territoriales de garantías en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.

255.MinInterior ha realizado actos de reconocimiento en varias regiones del país, sobre la labor de por lo menos 248 organizaciones de DDHH, comunales, eclesiásticos, sindicatos, asociaciones y grupos de familiares de víctimas, entre otros.

256.En abril de 2018 se creó la Mesa Temática para el análisis de los hechos relacionados con los grupos denominados “sucesores del paramilitarismo”. En este espacio se busca la obtención de insumos para la definición de políticas públicas orientadas a la garantía y el respeto de los DDHH para defensores y líderes sociales. Para su conformación participaron 60 integrantes de las plataformas de organizaciones de defensores de DDHH, MDN, CPDDHH, la UNP, MinJusticia, FGN, y la Agencia Nacional para la Reincorporación.

257.Durante el 2017, la UNP registró un total de 3.580 defensores de DDHH y líderes sociales protegidos, y 3.665 con medidas de protección. La cifra anual aproximada invertida para el efecto asciende a los $350.000.000.000 de pesos.

3.2Puesto de Mando Unificado

258.Como componente relevante para la implementación efectiva del Acuerdo de Paz, se instaló en diciembre de 2016 el Puesto de Mando Unificado (PMU) para el seguimiento y análisis de agresiones contra de defensores y líderes sociales. Este espacio es liderado por MinDefensa y cuenta con la participación de la Presidencia de la República, Mininterior, CPDDHD, MDN, la POLNAL, la FGN y la UNP.

259.A partir de la implementación del PMU se priorizaron 160 municipios para concentrar el esfuerzo militar y policial, los cuales concentran el 28% de los homicidios registrados contra defensores de DDHH.

3.3Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo de Paz

260.Mediante el Decreto 154 del 03 de febrero de 2017, el GNC creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, suscrito con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, y a través de la cual se institucionaliza el Punto 3 del Acuerdo de Paz relativo a proteger la integridad de los defensores de DDHH.

261.La Comisión interinstitucional sesiona una vez al mes, en la que participan todas las entidades del Estado con organizaciones no gubernamentales y representantes para recibir valiosos aportes sobre la implementación de un sistema integral que garantice el ejercicio de la política en todo el territorio.

3.4Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios

262.Este programa fue creado y reglamentado mediante Decreto 660 del 17 de abril de 2018, en cumplimiento del punto 3.4.8. del Acuerdo de Paz, tiene por propósito definir y adoptar medidas de seguridad y protección integral con énfasis en la prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad.

263.La población beneficiaria de este Programa incluye líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de las organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensores de DDHH en los territorios.

264.El programa contribuye a favorecer, restablecer y propender por las condiciones generales para el respeto la dignidad humana, la promoción y respeto de los DDHH, y la defensa de los valores democráticos, y complementar los diferentes programas ya desarrollados.

3.5Subcomisión de garantías y DDHH de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

265.Con el objetivo de reconocer los movimientos sociales y la necesidad de entablar diálogos directos en beneficio del desarrollo del sector agrícola y rural, el GNC expidió el Decreto 870 de 2014 “por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denominará Mesa Única Nacional”.

266.La Mesa Única Nacional es el espacio de diálogo y concertación entre la Cumbre Agraria y el GNC para tratar asuntos de tierras, territorios y desarrollo rural, goce efectivo de derechos y de la inclusión del campesinado en el marco constitucional y la toma de decisiones.

267.En el marco de esta mesa se constituyó la Subcomisión de Garantías y DDHH, que dentro de sus funciones realizar misiones de verificación a territorio, documentar, analizar, y hacer seguimiento a presuntas vulneraciones de los DDHH contra las poblaciones miembros de la Cumbre Agraria. Desde el año 2016 se han realizado más de 25 misiones de verificación.

3.6Avances en investigaciones

268.El Plan Estratégico 2016-2020 de la FGN, incorporó como objetivo estratégico, combatir la violencia como fenómeno priorizado. Para tal fin se ha diseñado y puesto en marcha la “Estrategia de priorización de investigación y judicialización de homicidios y amenazas contra defensores de DDHH, líderes sociales, políticos y comunales”, para mejorar la respuesta a estas agresiones.

269.En el marco de la estrategia la FGN estipuló como líneas de acción:

•Trabajo de cultura institucional para el reconocimiento de la condición de defensor de DDHH.

•Establecer como primera hipótesis la relación del hecho con la labor de defensa de DDHH.

•Metodología de asociación de casos: determinación de elementos comunes entre casos, análisis de contexto social y político de las víctimas, caracterización de las organizaciones criminales y redes de financiación y apoyo.

•Disposición de unidades itinerantes que se desplacen con prontitud en todo el país, compuestas por fiscales, investigadores, POLNAL y el Instituto de Medicina Legal.

•Adopción de protocolos de intervención.

•Directrices para estandarización investigación de homicidios.

270.La Directiva 011 de 2016 enuncia los elementos que se deben tener en cuenta para considerar a una persona como defensor o defensora de DDHH. Tales parámetros son basados en la jurisprudencia de la CorteIDH y de la Corte Constitucional colombiana.

271.En el mismo orden, la FGN con el acompañamiento de la CIDH diseñó los “Lineamientos para la investigación de crímenes cometidos en contra de defensores de DDHH en Colombia” adoptados mediante la Directiva 002 de 2017.

272.Mediante el Decreto 898 de 2017 la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las org anizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

273.Para el cumplimiento de su función, está Unidad cuenta con:

•35 seccionales, con más de 3.500 fiscales en todo el país, cuya presencia territorial facilita la llegada a las zonas donde ocurren los hechos.

•Una Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado con 103 Fiscales Nacionales y 16 en los territorios.

•Una Fiscalía Nacional Especializada en DDHH con 52 fiscales nacionales y 57 fiscales en los territorios.

E.Medidas en educación, cultura e información para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial: Implementación del artículo 7

1.Educación y enseñanza

1.1Cátedra de Estudios Afrocolombianos

274.El MEN implementa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), creada como mecanismo para la superación de las formas de invisibilización de la presencia histórica y cultural de las comunidades NARP en el país. En este marco, ha llevado a cabo talleres de implementación, foros nacionales, material didáctico y lineamientos curriculares para impartirla.

275.La cátedra surge en la reglamentación de la Ley 70 de 1993 y la Ley 115 de 1994 o Ley general de educación. La CEA es de obligatorio cumplimiento en todos los establecimientos educativos del país.

276.Los talleres de implementación de la CEA se han realizado en Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Guajira, Córdoba y Atlántico, con las que se han beneficiado 203.985 estudiantes y 3.323 docentes de 1.216 establecimientos educativos oficiales. El MEN ha promovido políticas municipales relacionadas con el tema de la CEA en secretarías de educación para el desarrollado de propuestas de estructura curricular.

1.2Campaña “+ Igualdad – Discriminación”

277.En 2016, MinInterior diseñó la campaña “más igualdad menos discriminación” para promover compromisos de la comunidad para el respeto de la igualdad como aporte a la paz. La campaña constó de plegables distribuidos en talleres y en lugares públicos, redes sociales y medios de comunicación.

278.MinInterior desarrolló actividades con las entidades territoriales para implementar políticas dirigidas a prevenir acciones discriminatorias. Este ejercicio incidió en la incorporación del enfoque de DDHH en los planes de desarrollo locales.

1.3Formación y capacitación en diversidad

279.El GNC adelanta actividades culturales para reconocer, respetar y maximizar los beneficios de la diversidad de la nación colombiana, a través de cursos y espacios de formación. En este eje, MinCultura realiza jornadas de diálogo cultural y formación de formadores dirigidas a gestores culturales, organizaciones, colectivos e instituciones que trabajan por la reparación simbólica.

280.Para este fin, las principales manifestaciones artísticas son danza, música, cine, literatura, teatro, artes visuales y sitios de memoria. Estas jornadas convocaron a funcionarios y gestores locales de reparación colectiva para pueblos NARP.

281.Desde el 2014 MinCultura realiza el curso virtual “Aprendiendo sobre la diversidad lingüística de Colombia” dirigido a reconocer la diversidad lingüística de Colombia y propiciar el conocimiento de estas lenguas. El curso desarrolla tres temáticas: i) política de las lenguas nativas; ii) vitalidad de las lenguas nativas; y iii) disciplinas lingüísticas y sociales de la variedad de lenguas. También se implementó el curso de traductores e intérpretes de lenguas nativas, y promover el acercamiento a la diversidad etnolingüística del país.

2.Cultura

2.1Reconocimiento de la herencia africana

282.MinCultura ha ejecutado acciones dirigidas a estimular el conocimiento y reconocimiento de las culturas afrocolombianas, con el objeto contribuir en eliminar prejuicios que conducen a la incomprensión cultural y la discriminación racial.

a)Mayo, mes de la Herencia Africana

283.El objetivo de esta conmemoración es aportar a la visibilización y reconocimiento del aporte de las comunidades NARP, y facilitar el acceso por parte de las comunidades y la academia a los logros obtenidos del proyecto de la ruta del esclavo de la UNESCO.

284.En los últimos 4 años, la conmemoración se ha realizado en diferentes ciudades del país, con actividades como talleres, seminarios y conferencias sobre memoria afrodescendiente, presentación de patrimonio cultural, presentaciones culturales, presentación de material bibliográfico, y formación ciudadanía diversa, legislación étnica, discriminación racial, etnoeducación, entre otros.

b)Procesos de formación y publicación de material bibliográfico

285.Como una forma de recuperar memoria colectiva de los pueblos afrocolombianos, MinCultura ha auspiciado la publicación de libros como “El incómodo color de la memoria” del libro del historiador Javier Ortiz Cassiani; para reconocer y exhortar la necesidad de no olvidar las consecuencias de la esclavitud, y la relevancia de las comunidades NARP, fomentando los debates sobre el racismo y la discriminación.

286.En Colombia tiene lugar el Congreso de Cultura Negra de las Américas, como un espacio de pensamiento, buscando facilitar el diálogo alrededor de los problemas y avances sobre los temas de discriminación y racismo, participación y promoción y protección de los DDHH.

c)Declaratoria de manifestaciones culturales afro como Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito Nacional

287.MinCultura reconoció dos manifestaciones vinculadas a pueblos afrocolombianos como patrimonio cultural:

•Mediante la Resolución 3094/2014 se reconoció la manifestación “ Gualíes, alabaos y levantamientos de tumba, ritos mortuorios de las comunidades afro del municipio del Medio San Juan ” por su representatividad cultural en el ámbito de las lenguas y tradición oral del departamento de Chocó.

•Mediante Resolución 1077/2017, se reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a los “ Saberes asociados a la partería afro del Pacífico ”. Esta manifestación tiene alcance en medicina tradicional y conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo de las comunidades afrocolombianas en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

2.2Redes regionales de intercambio de buenas prácticas, reconocimiento y lucha contra la discriminación

a)Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación —RIOOD—

288.Es una organización interinstitucional integrada por entidades de 19 Estados encargadas de la atención y lucha contra la discriminación. Colombia fue la sede de la VI Reunión Ordinaria que se celebró en Cartagena el 15 y 16 de mayo de 2018.

289.El encuentro consistió en la realización de mesas de diálogo con expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos sobre las acciones y herramientas que diseñan e implementan las organizaciones y entidades de los diferentes gobiernos de los países Iberoamericanos para luchar contra la discriminación e impulsar un diálogo participativo y amplio en torno a la identidad afrodescendiente, su legado de diversidad para el mundo, la apuesta de la no discriminación en el arte y la cultura y, la relación entre la diversidad y la paz en Colombia.

290.Este espacio se entiende como una oportunidad de intercambio de buenas prácticas, que contribuye a la eliminación de las prácticas discriminatorias en la región.

b)Red de Cooperación Intercultural Multilingüe —RECIM—

291.Es una Red es una instancia educativo-cultural integrada por representantes de los Ministerios de Educación en la región, para el desarrollo de programas de cooperación para disminuir la situación de alto riesgo de las poblaciones indígenas, en cuanto al desarraigo de sus comunidades de origen, deterioro de su identidad y empobrecimiento.

292.La XVII Reunión de la Red de Cooperación Intercultural Multilingüe —en adelante RECIM— fue realizada en Bogotá del 5 al 7 de junio de 2018, gracias a la activa gestión de MinCultura, MEN y OEI-Colombia.

293.En este espacio se abrió, por primera vez en la trayectoria de la RECIM, un espacio para reflexionar respecto de la importancia de las lenguas criollas lideradas donde se hizo referencia a la lengua palenquera.

294.En esa agenda también se incluyeron temas tales como: “Lenguas y culturas en riesgo de extinción” y “conocimientos y aportes de los Pueblos Indígenas para la construcción de currículos interculturales para la educación formal y su incidencia en la formación docente”. 

c)Alianza México, Argentina y Perú

295.Esta alianza ha promovido acuerdos de intercambio de información y estrategias de trabajo para la promoción de condiciones de igualdad de poblaciones discriminadas.

2.3Programa Nacional de Estímulos y Programa Nacional de Concertación

296.Este programa busca impulsar, estimular, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común a través de la entrega de recursos económicos. Los proyectos apoyados abordan temáticas tales como creación, memoria, formación, procesos de recuperación, transmisión de saberes y prácticas culturales, producción y circulación artística y cultural, y están dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, y al pueblo Rrom.

297.En los últimos 4 años, se han entregado 20 estímulos a personas mayores que enriquecen la cultura ancestral afrocolombianas y 262 proyectos culturales que promueven el fortalecimiento de la identidad cultural.