Aprobación de leyes decisivas sobre la mujer
Como se muestra en la matriz, durante el período objeto de examen se aprobaron tres de las importantes leyes contempladas en el Programa Legislativo Prioritario sobre la Mujer:
a)Carta Magna de la Mujer (LR 9710), que es el instrumento nacional de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
b)Ley de Salud Reproductiva (LR 10354) o Ley por la que se establece un Política Nacional de Procreación Responsable y Salud Reproductiva, que brinda a las mujeres acceso a servicios de salud reproductiva e información conexa y estipula que el Gobierno deberá destinar fondos a ese respecto;
c)Batas Kasambahay (LR 10361) o Ley por la que se establecen Políticas para la Protección y el Bienestar de los Trabajadores del Servicio Doméstico, como la fijación del salario básico, protección social y horas de trabajo que incluyan tiempo libre, entre otras cosas. Con anterioridad a la Ley Kasambahay, el Gobierno de Filipinas ratificó en 2011 el Convenio Núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que pretende proteger y promover de los derechos humanos de todos los trabajadores del servicio doméstico asegurando unas condiciones de trabajo justas, un trabajo decente y unas condiciones de vida que respeten la privacidad, la igualdad de trato, un horario de trabajo normal, una remuneración, períodos de descanso diario y semanal y vacaciones anuales pagadas para los trabajadores de conformidad con las leyes nacionales, teniendo en cuenta las especiales características del trabajo doméstico.
Aunque no figuran en el Programa Legislativo Prioritario sobre la Mujer, durante el 15º Congreso también se aprobaron los siguientes actos legislativos:
a)Ley por la que se permite el Empleo de los Trabajadores Nocturnos, que, además de ampliar las posibilidades de empleo de estos trabajadores, también establece instalaciones obligatorias para la seguridad de los trabajadores nocturnos y protege a las mujeres de la discriminación por motivo de su embarazo;
b)Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas (LR 10364), por la que se modifica y se refuerza la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003; Ley por la que se declara el 25 de noviembre de cada año como “Día de la Conciencia Nacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Niño” (LR 10398).
c)Ley de Lucha contra el Voyerismo con Empleo de Fotografías y Vídeos de 2009 (LR 9995), que considera ilegal que una persona tome una foto o un vídeo de un acto sexual o “capture la imagen de las partes íntimas de una persona en circunstancias en las que dicha persona tenga una expectativa razonable de privacidad”. Los actos prohibidos de conformidad con esta Ley son la copia o reproducción, la venta o distribución y la publicación o retransmisión de dicho material “aunque dicha persona diera su consentimiento para grabar o tomar fotos o vídeos de esas imágenes”;
d)Ley de Promoción de la Extensión de la Lactancia Materna de 2009 (LR 10028), que ofrece incentivos para todas las instituciones sanitarias públicas y privadas que implantan prácticas de alojamiento conjunto de la madre y el hijo y lactancia materna, entre otras.
Pese a los desafíos los que se enfrenta la revisión de las leyes discriminatorias, algunos de los cuales cuestionan los sistemas de creencias tradicionales y las actitudes patriarcales, el Estado parte prosigue sus iniciativas a este respecto y promueve un trabajo en colaboración, que incluye, entre otras cosas, la sensibilización de los legisladores en materia de género, o al menos de su personal técnico clave encargado de la investigación y la redacción de proyectos de ley, en su caso, en colaboración con las instituciones públicas pertinentes, así como con las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados.
Sobre las disposiciones discriminatorias del Código de Leyes Musulmanas de la Persona
La Carta Magna de la Mujer ordena que se respeten las leyes consuetudinarias relacionadas con las relaciones conyugales, siempre que no discriminen a las mujeres. En Filipinas, esta disposición afecta principalmente al Decreto Presidencial 1038 o Código de Leyes Musulmanas de la Persona, que contiene disposiciones “discriminatorias” relacionadas con el matrimonio a edad temprana, la poligamia y el divorcio, así como con la desigualdad en el derecho de herencia. Por ejemplo, el artículo 27 del Código de Leyes Musulmanas de la Persona establece que ningún varón musulmán podrá tener más de una esposa a menos que pueda tratarlas con el mismo grado de compañerismo y brindarles un trato equitativo, de conformidad con lo dispuesto en el derecho islámico y solo en casos excepcionales. Algunas mujeres musulmanas alegan que los hombres que contraen ulteriores matrimonios suelen incumplir esas condiciones. El divorcio está autorizado con arreglo al Código de Leyes Musulmanas de la Persona, pero, si bien los artículos 46 a 53 reconocen a ambos cónyuges la igualdad del derecho al divorcio, el varón musulmán también puede divorciarse de su esposa sin aducir ninguna razón, posibilidad que no se reconoce a la mujer.
El Estado parte, por medio de la Comisión Filipina sobre la Mujer, organizó una consulta entre mujeres y hombres musulmanes para debatir modos de abordar las disposiciones discriminatorias contenidas en el Código de Leyes Musulmanas de la Persona. La consulta puso de manifiesto las diferentes opiniones de las mujeres y los hombres sobre dichas disposiciones, lo que dificultó el logro de un acuerdo en cuanto a las medidas aceptables para todos. Por ejemplo, las mujeres no cuestionan necesariamente las disposiciones sobre el matrimonio a edad temprana, la poligamia y el divorcio, puesto que son conformes con el Corán. También consideraban que la disposición de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre en la disolución del matrimonio era contraria a la práctica islámica. Por otra parte, si bien algunas mujeres musulmanas se quejan de la práctica de poligamia por parte de sus maridos, otras mujeres consideran que es una modalidad aceptable, pues el que otra esposa atienda las necesidades de sus maridos las libera ocasionalmente de sus responsabilidades conyugales para poder ocuparse de otros asuntos. De forma similar, los varones y dirigentes religiosos musulmanes sostuvieron que las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre el matrimonio a edad temprana y la poligamia no eran aplicables en su caso. Las mujeres musulmanas eran reacias a modificar las disposiciones discriminatorias referentes a la herencia, dado que se basan en un verso del Corán.
La consulta propuso intensificar las actividades de promoción orientadas a cambiar las mentalidades en lo que respecta a la supresión de las disposiciones discriminatorias y estudiar otras opciones de reforma. En 2010, se aprobó el Código de Género y Desarrollo de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán tras la celebración de consultas multisectoriales a nivel provincial, que incluyeron la organización de un taller de consulta con dirigentes religiosos musulmanes, organizaciones no gubernamentales, grupos de mujeres, dependencias del gobierno local y miembros del mundo académico. El Código de Género y Desarrollo Regional podría ser una medida importante para la revisión del Código de Leyes Musulmanas de la Persona. A falta de su supresión, que tropezó con resistencia, la disposición acordada en el Código es “la disuasión contra el matrimonio con un niño, que se define como la persona menor de 18 años de edad”.
La revisión del Código de Leyes Musulmanas de la Persona se basa en gran medida en la campaña y las actividades de promoción de los grupos musulmanes afectados y en el apoyo de la Asamblea Legislativa Regional de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán. Teniendo en cuenta las diferentes opiniones o interpretaciones de los diversos sectores, es posible que lleve algún tiempo lograr acuerdos sobre las revisiones que deben realizarse.
Sobre el fortalecimiento del mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer
La Carta Magna de la Mujer amplió el mandato del mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer, que pasó de ser un órgano asesor en materia de políticas a ser el principal órgano encargado de la formulación de políticas, la coordinación y el seguimiento y la supervisión generales en lo que respecta a los problemas relacionados con las mujeres y la igualdad entre los géneros. Cambió la denominación de la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina por Comisión Filipina sobre la Mujer, que está autorizada a exigir que cualquier organismo o institución públicos informen sobre el cumplimiento de las responsabilidades que les incumben en virtud de la Carta Magna de la Mujer.
A través del Programa Legislativo Prioritario sobre la Mujer, la Comisión Filipina sobre la Mujer promueve el apoyo a la formulación de leyes nacionales y, en asociación con los organismos públicos, pudo impulsar políticas ejecutivas para abordar las cuestiones de género, tales como la formulación de políticas sobre la mejora del acceso de las mujeres propietarias de microempresas a los recursos productivos y la protección social en el marco del proyecto para mujeres GREAT.
En 2013, el Estado parte, por conducto de la Comisión Filipina sobre la Mujer, finalizó el Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer (2013-2016) a fin de orientar a los organismos y las dependencias del gobierno local en la aplicación de la Carta Magna de la Mujer. El principal instrumento para la aplicación y el seguimiento de la Carta Magna de la Mujer y el Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer es la elaboración de un plan anual de género y desarrollo por parte de los organismos públicos y las dependencias del gobierno local.
El Estado parte, a través de la Comisión Filipina sobre la Mujer, está organizando su asistencia técnica al Gobierno en lo que respecta a la incorporación de la perspectiva de género en los temas sectoriales del Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer. Para apoyar su prestación de asistencia técnica, la Comisión Filipina sobre la Mujer está ampliando su grupo de formadores en cuestiones de género y proveedores de asistencia técnica en el marco del programa nacional de recursos de género. Asimismo, ha puesto en marcha un sistema piloto denominado Base de Datos sobre el Grupo de Recursos de Género, a través del cual los organismos públicos y las dependencias del gobierno local pueden acceder a formadores en cuestiones de género y proveedores de asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género.
A fin de permitir que lleve a cabo su mandato ampliado, gestione su labor y haga frente a la mayor demanda de sus servicios, el Estado parte, por medio de la Comisión Filipina sobre la Mujer, está contratando más personal asesor a corto plazo y ampliando sus alianzas y mecanismos de apoyo, y ha venido formulando políticas y directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género para orientar a los organismos y las dependencias del gobierno local en ámbitos que quedan fuera del alcance de sus capacidades de asistencia técnica y seguimiento.
Sobre el seguimiento del Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer y la ejecución de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género
Incorporación de la perspectiva de género en el Gobierno
El artículo 36 de la Carta Magna de la Mujer define la incorporación de la perspectiva de género como una estrategia orientada a aplicar sus disposiciones y, además, establece que todos los departamentos adoptarán la incorporación de la perspectiva de género como estrategia para promover los derechos humanos de la mujer y eliminar la discriminación por motivo de género de sus sistemas, estructuras, políticas, programas, procesos y procedimientos. La incorporación de la perspectiva de género implica, entre otras cosas, la integración de la dimensión de género en las políticas, planes y programas del gobierno, la creación y el fortalecimiento de los centros de coordinación en materia de género y desarrollo para catalizar el proceso y la creación y el mantenimiento de una base de datos sobre género y desarrollo para la planificación, la programación y la formulación de políticas.
De conformidad con este mandato, la dimensión de género se ha integrado en los planes de desarrollo nacionales, sectoriales y locales, como, por ejemplo, el Plan de Desarrollo de Filipinas (2011-2016), y en planes de sectores específicos, como los siguientes: a) Plan de Acción Nacional de Filipinas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad (2010-2016); b) Plan de Trabajo y Empleo de Filipinas (2011-2016); c) Plan de Desarrollo de la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa (2011-2016); d) Plan de Reducción del Riesgo de Desastre; e) Plan de Desarrollo Estadístico de Filipinas; y f) Segundo Plan de Acción sobre Derechos Humanos de Filipinas. El Plan de Acción Nacional de Filipinas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad da aplicación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820, que hace responsables al Estado y a las personas de velar por la plena participación de las mujeres en la resolución de conflictos y situaciones posteriores a conflictos, y de reconocer, mantener y ampliar el papel de la mujer en los procesos de consolidación de la paz. El Plan de Trabajo y Empleo de Filipinas examina la brecha entre los géneros en la participación en la fuerza de trabajo y el Plan de Desarrollo de la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa tiene por objetivo el establecimiento para las mujeres empresarias de un entorno empresarial con perspectiva de género. Para las dependencias del gobierno local, la Comisión Filipina sobre la Mujer ha elaborado una guía y una herramienta (denominada GeRL Ka Ba?) para una planificación del desarrollo local que tenga en cuenta las cuestiones de género, así como una guía para la formulación de códigos de género y desarrollo a nivel local.
Asimismo, las Normas y Reglamentos de Aplicación de la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva y la Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas también integraron una clara dimensión de género. En diciembre de 2008, el Estado parte promulgó la Orden Administrativa 249 con vistas a seguir fortaleciendo las políticas, los planes y los programas gubernamentales para la promoción y protección efectivas de los derechos humanos, y encomendó al mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer la dirección de una campaña de información con perspectiva de género para la prestación de servicios públicos que tuvieran en cuenta las cuestiones de género por parte de las dependencias del gobierno local y otros organismos públicos de primera línea encargados de hacer frente a la violencia contra las mujeres.
También se ha incorporado la perspectiva de género en la judicatura. El Estado parte, por conducto del Comité de Sensibilización del Poder Judicial en materia de Género, dependiente del Tribunal Supremo, en asociación con la Academia Judicial Filipina y la Asociación de Jueces de Filipinas, llevó a cabo varios programas de capacitación para mejorar el acceso de las mujeres a los tribunales de familia. Los programas impartieron capacitación sobre los derechos de la mujer a jueces de los tribunales de familia, secretarios judiciales e intérpretes, fiscales, el Ministerio Público y representantes de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil interesados que prestaban servicios relacionados con los niños y las mujeres. En el Congreso, el Comité de la Cámara sobre las Mujeres y la Igualdad entre los Géneros y el Comité del Senado sobre las Mujeres, las Relaciones Familiares y la Igualdad entre los Géneros dirigieron la formulación y aprobación de proyectos de ley en materia de género.
Se elaboró una herramienta nacional para la incorporación de la perspectiva de género, denominada Directrices armonizadas sobre género y desarrollo para la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de proyectos, a fin de velar por que los programas que reciben asistencia oficial para el desarrollo (AOD) tengan en cuenta las cuestiones de género y de aplicar la Carta Magna de la Mujer y la LR 7192 (Ley sobre la Mujer en el Desarrollo y la Construcción de la Nación). Tanto el Gobierno como los asociados en materia de AOD están utilizando las Directrices armonizadas sobre género y desarrollo para evaluar la integración de las cuestiones de género en los programas gubernamentales. El seguimiento realizado en 2009 sobre el cumplimiento reveló que el 37% de los fondos de la AOD se destinaban a programas y proyectos que tenían en cuenta las cuestiones de género o abordaban estas cuestiones. En 2013, el 57% de los fondos de la AOD apoyaron programas y proyectos con perspectiva de género.
Seguimiento del Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer
Se ha promovido sistemáticamente el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer como referencia para los organismos públicos y las dependencias del gobierno local a la hora de formular sus políticas, planes y programas, en particular para los que se incluyen en sus planes y presupuestos anuales sobre género y desarrollo. Se formularon dos planes a corto plazo, también denominadas “etapas del Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer” —a saber, el Plan Marco para la Mujer (2004-2010) y el Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer (2013-2016)—, con vistas a facilitar su puesta en marcha y orientar a la Comisión Filipina sobre la Mujer en el seguimiento de su aplicación. Actualmente, el Plan para el Empoderamiento, el Desarrollo y la Igualdad de la Mujer se está recomendando como referencia al Gobierno para la elaboración de sus planes y presupuestos anuales en materia de género y desarrollo.
En 2009, con la asistencia financiera de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), se encargó una evaluación de la aplicación del Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer. Dicha evaluación tenía los siguientes objetivos: 1) determinar si el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer ha resultado o no un instrumento eficaz para hacer frente a los problemas de las mujeres relacionados con la igualdad y el desarrollo en seis esferas principales: personal, familiar, sociocultural, económica, política y jurídica; 2) evaluar en qué medida se han logrado los tres objetivos básicos del Plan, a saber: a) establecimiento de mecanismos o estructuras para una formulación y una aplicación de políticas y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género, b) atención especial a las mujeres que se encuentran en circunstancias especiales, y c) sensibilización, promoción y acción afirmativa continuas; y 3) evaluar si el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer ha contribuido o no al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el país, en particular en virtud de la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Los resultados relativos a los tres objetivos se resumieron como sigue: 1) el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer ha resultado, de manera indirecta, un instrumento eficaz para hacer frente a los problemas de las mujeres en materia de igualdad y desarrollo, en lo que se refiere al logro de algunos resultados en las seis esferas de resultados principales; 2) se han adoptado mecanismos reforzados para una elaboración de políticas y una programación con perspectiva de género, como, por ejemplo, órganos interinstitucionales y organizaciones de la sociedad civil que colaboran para promover la igualdad entre los géneros; se han puesto en marcha medidas de desarrollo de la capacidad; se han promulgado políticas; y la Comisión Filipina sobre la Mujer ha seguido desempeñando su importante función en la coordinación y la organización de las iniciativas del Gobierno, la prestación de asistencia técnica y la elaboración de herramientas para el análisis y el seguimiento y evaluación. En el informe se afirma que los elementos clave para el logro de los principales objetivos del Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer durante los últimos 15 años son dos: una aspiración común y el establecimiento de alianzas eficaces entre todos los interesados, que logren los productos y resultados deseados con vistas al logro de los objetivos establecidos en el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer; y 3) el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer aplicado contribuyó en general al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing.
Fortalecimiento de las alianzas y los mecanismos
A fin de atajar las limitaciones de recursos, en particular las que sufre el mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer, se están reforzando de manera continua los mecanismos de apoyo a la promoción de la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Uno de esos mecanismos es el sistema de centros de coordinación en materia de género y desarrollo, que actualmente está operativo en numerosos organismos públicos y dependencias del gobierno local con la función de dirigir la incorporación de la perspectiva de género en sus respectivos organismos y realizar un seguimiento al respecto. De conformidad con las Normas y Reglamentos de Aplicación de la LR 7192 o Ley de la Mujer en el Desarrollo y la Construcción de la Nación, los centros de coordinación en materia de género y desarrollo actuarán como catalizadores de una planificación y una programación que tengan en cuenta las cuestiones de género en sus respectivos organismos. Velarán por que las directrices difundidas se utilicen adecuadamente y se revisen a tenor de los cambios que se vayan produciendo. Se asegurarán de que el personal o las dependencias pertinentes realicen evaluaciones periódicas de las políticas, programas, proyectos, procedimientos y circulares que se consideren discriminatorias por razón de género.
En 2008, existían 189 centros de coordinación en materia de género y desarrollo establecidos en los organismos públicos nacionales, sus organismos asociados, las universidades y colegios estatales y las corporaciones que eran propiedad del Gobierno o estaban bajo su control. En 2010, un total de 44 provincias, 59 ciudades y 811 municipios disponían de centros de coordinación en materia de género y desarrollo operativos. En 2011, se adoptó una política mejorada sobre la creación y el fortalecimiento de los centros de coordinación en materia de género y desarrollo, y se ha puesto en marcha una encuesta relativa a dichos centros sobre la base de las directrices revisadas. Asimismo, se han convocado asambleas de los centros de coordinación en materia de género y desarrollo para ofrecer a sus miembros información actualizada sobre las nuevas directrices y acordar medidas encaminadas a reforzar el cumplimiento de sus funciones.
El Estado parte reconoce los obstáculos a los que se enfrentan los centros de coordinación en materia de género y desarrollo en su labor relativa a la incorporación de la perspectiva de género, como, por ejemplo, la necesidad de fortalecer su competencia en cuestiones de género, la necesidad de brindar a su labor un apoyo más sólido al más alto nivel, y la rotación o el traslado rápidos de los miembros de los sistemas de centros de coordinación en materia de género y desarrollo que han recibido capacitación pero no pueden transferir sus conocimientos especializados a los funcionarios entrantes, lo que se traduce en una deficiente continuidad o sostenibilidad de las iniciativas en materia de género y desarrollo y la constante necesidad de capacitación de los nuevos funcionarios sobre las competencias relacionadas con el género y el desarrollo. En respuesta a lo anterior, el Estado parte planifica y aplica programas de desarrollo de la capacidad para fortalecer la competencia de los miembros de los centros de coordinación y su influencia dentro de su organización.
También se ha incorporado la perspectiva de género en diversos comités interinstitucionales del Gobierno con vistas a reforzar el respeto de las cuestiones de género en las políticas y los planes que dichos comités examinan y aprueban. Entre otros ejemplos, cabe citar el Grupo del Gabinete para la Reducción de la Pobreza y el Desarrollo Humano, el Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra la Mujer y sus Hijos, el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, el Comité de Desarrollo Social del Organismo Nacional de Economía y Desarrollo y otros comités interinstitucionales nacionales y comités directivos de proyectos (véase el anexo 1, relativo a la lista de miembros de los comités interinstitucionales de la Comisión Filipina sobre la Mujer).
La comunidad encargada de la elaboración de estadísticas constituye otra fuente de sólido apoyo para la incorporación de la perspectiva de género, puesto que presta una atención especial a los datos desglosados por sexo para el análisis de las cuestiones de género. El Comité Interinstitucional encargado de las Estadísticas de Género ha venido orientando las mejoras de las estadísticas de género en el país y vigilando la aplicación de los planes de acción estadísticos en materia de género y desarrollo con vistas a eliminar la falta de información en lo que respecta a los indicadores básicos sobre el género y el desarrollo (basados en la Plataforma de Acción de Beijing) y a garantizar la disponibilidad de los datos y las estadísticas necesarios para supervisar los avances logrados con respecto a la condición de la mujer filipina. En 2008, se elaboró una metodología para medir el índice de desarrollo en relación con el género a nivel local. Dicha metodología generó el índice de desarrollo en relación con el género de las dependencias del gobierno local.
En la actualidad, se está reorganizando el sistema estadístico del Estado parte de conformidad con una nueva ley, la LR 10625 o Ley de Estadísticas de Filipinas de 2013, que fusionó los principales organismos de estadísticas encargados de la reunión de datos y la compilación de datos secundarios en un nuevo organismo denominado Autoridad de Estadística de Filipinas, que se creó como organismo asociado al Organismo Nacional de Economía y Desarrollo, junto con el Instituto de Investigación y Formación en Materia de Estadística. El Comité Interinstitucional encargado de las Estadísticas de Género es uno de los 13 comités interinstitucionales sobre estadística que existían inicialmente. Tales comités se encargan de coordinar los organismos y resolver los problemas sectoriales que les afectan en materia estadística, y actúa como foro para debatir las cuestiones planteadas por los productores, los usuarios y otros interesados pertinentes en las estadísticas relativas a cada sector u organismo concreto.
Otro asociado en la promoción de la igualdad entre los géneros es la institución nacional de derechos humanos del Estado parte, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, designada como ombudsman para las cuestiones de género y desarrollo de conformidad con la Carta Magna de la Mujer. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas se encarga de formular y aplicar programas y actividades relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos de la mujer, en particular la investigación de las denuncias de discriminación y de violación de sus derechos. También está previsto elaborar directrices y mecanismos para facilitar el acceso de las mujeres a los recursos legales y mejorar la protección y promoción de los derechos de las mujeres, en particular las marginadas; prestar asistencia en la interposición de acciones judiciales contra personas, organismos, instituciones o establecimientos que infrinjan las disposiciones; y recomendar al Presidente de Filipinas o la Comisión de Administración Pública posibles acciones administrativas por incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones de la Carta Magna de la Mujer.
Sobre la sensibilización pública en materia de violencia contra la mujer
En 2006, la Proclamación Presidencial 1172 declaró el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 12 de diciembre como Campaña de 18 Días para poner Fin a la Violencia contra la Mujer. Todos los años, el Estado parte ha venido organizando y realizando la campaña de 18 días con el fin de crear conciencia sobre la violencia contra la mujer y apoyar la aplicación de las leyes relacionadas con este problema y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 2013, se promulgó una nueva ley, “Declaración del 25 de Noviembre como Día de la Conciencia Nacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el Niño”, que relaciona fechas importantes, como el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), el 1 de diciembre (Día Mundial de la Lucha contra el SIDA), el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos) y el 12 de diciembre (Día de Lucha contra la Trata de Personas).
Desde 2004, se ha venido prestando atención a la divulgación de diversas leyes sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fortaleciendo su aplicación a nivel nacional y local, y creando una red de contactos de hombres defensores de la eliminación de la violencia contra la mujer en el marco de la campaña mundial para eliminar la violencia contra la mujer. La campaña de 2008-2009 hizo hincapié en la intensificación de las actividades de promoción para que las dependencias del gobierno local prestaran servicios integrales y con perspectiva de género a las víctimas supervivientes de la violencia contra la mujer. Una actividad realizada con este fin fue el Search for Outstanding VAW-Responsive LGUs (concurso de excelencia para las dependencias del gobierno local que contribuyen a la eliminación de la violencia contra la mujer), que permitía que las dependencias del gobierno local participantes examinaran en profundidad sus políticas, programas y servicios relacionados con la violencia contra la mujer y determinaran formas en las que pudieran mejorarlos, con miras a abordar de un modo más adecuado la violencia contra la mujer en sus localidades.
Actualmente se están reconociendo y debatiendo públicamente nuevas formas de violencia contra la mujer, como la pornografía en la red (violencia contra las mujeres relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones o violencia electrónica contra las mujeres), la violencia en los conflictos armados y durante los desastres y calamidades, y la violencia contra las personas lesbianas, bisexuales y trans.
Los hombres como defensores de la eliminación de la violencia contra la mujer
En 2006, el Estado parte, a través de la Comisión Filipina sobre la Mujer, ayudó a establecer la Men Opposed to Violence against Women Everywhere (MOVE), una organización de hombres decididos a colaborar activamente en la eliminación de la violencia contra la mujer. Sus miembros tienen la firme determinación de expresarse para condenar la violencia contra la mujer, examinar, proponer y formular una total colaboración y acción de los hombres para eliminar la violencia contra la mujer; forjar alianzas y vínculos con grupos similares que trabajan en el ámbito de la violencia contra la mujer, a nivel local e internacional; organizar y llevar a cabo investigaciones y estudios y organizar foros con vistas a reconocer los efectos sociales de la violencia contra la mujer para la elaboración de políticas y programas; y establecer una red de recursos sobre la violencia contra la mujer. Desde entonces, los miembros de MOVE han realizado sesiones de orientación, conferencias y actividades de promoción sobre la violencia contra la mujer en los organismos públicos nacionales y las dependencias del gobierno local de las barangays (aldeas), en particular durante la Campaña de 18 Días para poner Fin a la Violencia contra la Mujer y la Celebración del Mes de la Mujer. Asimismo, han creado redes de contactos mediante la representación en conferencias nacionales e internacionales sobre la violencia contra la mujer. En febrero de 2014, MOVE contaba con 29 subdivisiones y filiales con más de 5.000 miembros en todo el territorio de Filipinas.
Sobre la enmienda de la Ley contra la Violación y otras leyes relacionadas con la violencia contra la mujer
Una de los actos legislativos prioritarios sobre la violencia contra la mujer es la enmienda de la Ley contra la Violación. Desde el 14º Congreso se ha vuelto a presentar el proyecto de ley, que redefine el delito de violación convirtiendo la “ausencia o falta de consentimiento” en el elemento central de su definición; enumera seis casos en los que se presume la falta de consentimiento, que hace recaer en el acusado la carga de la prueba de que la relación sexual con la víctima es consentida; deroga la disposición que perdona al violador si posteriormente se casa con la víctima o al marido violador si lo perdona la mujer, y eleva la edad para el estupro de los 12 a los 16 años.
Asimismo, se ha presentado un proyecto de ley de lucha contra la prostitución que responsabiliza a los proxenetas, los alcahuetes y los clientes de las mujeres, y no a las prostitutas.
Sobre la mejora de la reunión de datos y la investigación sobre la violencia contra la mujer
En 2010, se estableció el sistema nacional de documentación sobre la violencia contra la mujer, que consiste un sistema de documentación basado en la web para medir el alcance de los casos de violencia contra la mujer en Filipinas. Cuando se encuentre plenamente operativo, el sistema tendrá la capacidad de generar informes para determinar el número de víctimas de la violencia contra la mujer y realizar un seguimiento de los servicios prestados por los diferentes proveedores. Se puso en marcha de forma experimental en nueve centros, con apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuyos resultados demostraron que los datos se podían integrar a partir de diversas fuentes y, de esa forma, eliminar la duplicación. La información recabada de los centros piloto resultó útil para mejorar el sistema y el flujo de elaboración de informes. Actualmente, se está realizando una aplicación a nivel de las provincias con apoyo de la AECID, y posteriormente el sistema se aprobará para su aplicación a nivel nacional.
En la actualidad, algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) están llevando a cabo o planificando investigaciones sobre la violencia contra la mujer. Plan International Philippines informó de una propuesta de estudio sobre el incesto, la violencia doméstica y la violencia basada en la tecnología. Otra ONG, Foundation for Media Alternatives, está llevando a cabo actualmente un estudio sobre la violencia contra las mujeres relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones o violencia electrónica contra las mujeres.
Sobre la modificación de las actitudes patriarcales y la fijación de estereotipos sobre el papel del hombre y de la mujer
La celebración nacional del mes de la mujer en Filipinas ha sido uno de los principales instrumentos de promoción tendentes a cambiar las actitudes tradicionales y las percepciones sobre las mujeres. El Estado parte, a través de los organismos públicos interesados, en particular las escuelas y las dependencias del gobierno local, planifica actividades de promoción y de otra índole para sensibilizar sobre las cuestiones de género prioritarias y apoyar las medidas para hacerles frente. Durante varios años, los temas han girado en torno a los ámbitos contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como la violencia contra la mujer y el empoderamiento económico y la salud de la mujer. En los años posteriores, se centró la atención en la divulgación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Carta Magna de la Mujer y sus disposiciones relativas a temas como los efectos del cambio climático y de los desastres en las mujeres (véase elanexo2, sobre fotos y publicaciones de las campañas).
La Carta Magna de la Mujer establece que “el Estado velará por que se revisen adecuadamente los estereotipos de género y las imágenes existentes en el material educativo y los planes de estudios. Se deberá utilizar en todo momento un lenguaje que tenga en cuenta las cuestiones de género. A tal fin, se promoverá la creación de capacidad en materia de género y desarrollo y la educación sobre la paz y los derechos humanos para los docentes y todas las personas implicadas en el sector de la educación”. A tal efecto, se han elaborado módulos relacionados con las cuestiones de género para su integración en el plan de estudios de la enseñanza básica, que se han puesto en marcha en 176 divisiones escolares. Esa medida se complementó con la formación en materia de sensibilización sobre las cuestiones de género dirigida a los funcionarios de las divisiones y las escuelas, así como con la organización de los centros de coordinación en materia de género y desarrollo y la integración de las cuestiones de género en las actividades de las aulas.
Las instituciones de enseñanza superior celebraron un acuerdo en materia de género y desarrollo en apoyo de la Carta Magna de la Mujer y la aplicación de sus disposiciones relacionadas con la educación. Con anterioridad, un grupo de profesores de las instituciones de enseñanza superior creó la Asociación de Estudios sobre la Mujer de Filipinas para propiciar ofertas de planes de estudios. Las instituciones miembros, tales como la Universidad del Sistema de Filipinas y los colegios privados, han integrado las cuestiones de género en su plan de estudios, y se ha utilizado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como referencia en la reforma de los planes de estudios, en particular en los cursos sobre administración pública y gobernanza. Asimismo, se han integrado cursos sobre cuestiones de género en los planes de estudios de las ciencias sociales, y la Universidad del Colegio de Filipinas de Trabajo Social y Desarrollo Comunitario ha venido ofertando de forma regular una maestría sobre mujer y desarrollo.
El Estado, por conducto de la Academia Nacional de Policía y la Escuela de Seguridad Pública de Filipinas, ha incorporado los problemas relacionados con la igualdad entre los géneros y la violencia contra la mujer en la educación y los cursos de formación para cadetes de la policía. En otros ámbitos, la principal institución profesional y técnica del Estado parte ha elaborado y difundido módulos con perspectiva de género para las clases de formación profesional y técnica.
Los dirigentes religiosos musulmanes, con el apoyo de la AECID y el UNFPA, elaboraron y difundieron un manual sobre khutbas (orientación en los sermones de los viernes de los dirigentes religiosos musulmanes) que tengan en cuenta las cuestiones de género. Los khutbas brindan interpretaciones y explicaciones de algunos textos del Corán con mayor perspectiva de género.
Colaboración de los medios de comunicación en la promoción de la igualdad entre los géneros
En 2012, el Estado parte estableció un Comité para los Medios de Comunicación y la Igualdad entre los Géneros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Carta Magna de la Mujer, relativo a una imagen no discriminatoria y no peyorativa de las mujeres en los medios de comunicación y en el cine. Dicho Comité elaboró un código ético para los medios de comunicación, unas directrices sobre la igualdad entre los géneros y unas directrices para los medios de comunicación sobre la protección de las mujeres contra la discriminación en los medios de comunicación y en el cine, que se adoptaron en marzo de 2013 para los medios de comunicación del Gobierno, los órganos autorreguladores, las escuelas de periodismo, información y comunicación y las federaciones y asociaciones nacionales con el fin de lograr que los medios de comunicación tengan más en cuenta las cuestiones de género y, al mismo tiempo, respeten su autorregulación. En 2013, se aprobó el Memorando Circular núm. 48, que exigía a todos los organismos públicos pertinentes que adoptaran las directrices sobre igualdad entre los géneros en la elaboración de sus respectivas políticas sobre los medios de comunicación y sus programas de aplicación, con vistas a promover la incorporación de la perspectiva de género.
Los medios de comunicación del Gobierno son asociados activos en la promoción contra la imagen negativa de las mujeres en los medios. Desde mayo de 2009, se emite un programa de radio semanal interactivo, “Tinig Ng Kababaihan!” (Voces de Mujeres), para sensibilizar al público sobre las iniciativas del Gobierno destinadas a promover la igualdad entre los géneros y defender los derechos humanos de las mujeres, en particular los garantizados en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se ha elaborado material de información, educación y comunicaciones sobre las leyes relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer, que se ha difundido a través de cómics, panfletos, folletos y octavillas. Se han organizado sesiones de orientación y reuniones informativas sobre la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y los Niños en algunas dependencias del gobierno local.
El Estado parte, a través de sus organismos reguladores, tales como la Junta de Medios Ópticos y la Junta de Examen y Clasificación Cinematográfica y de Televisión, ha redoblado de forma similar sus esfuerzos encaminados a luchar contra la pornografía con mujeres y niños mediante la confiscación del material pornográfico, en particular los vídeos de carácter sexual. La Junta de Examen y Clasificación Cinematográfica y de Televisión ha suspendido programas de televisión que se considera que han presentado a las mujeres como objetos sexuales. Recientemente, la Junta ha exigido que las principales cadenas de televisión realicen seminarios sobre la sensibilización acerca de las cuestiones de género. La Junta de Promoción del Turismo exigió a sus agencias de publicidad que elaboraran campañas de comercialización y productos promocionales con perspectiva de género y que no transmitieran una imagen discriminatoria contra los hombres y las mujeres en los productos escritos o visuales. Un acuerdo celebrado entre el Ministerio de Educación y la Federación de Radiodifusión de Filipinas, y con la Asociación Filipina de Publicistas Nacionales, se centró en la vigilancia conjunta y la tramitación conjunta de quejas sobre programas y anuncios publicitarios de televisión considerados “indeseables” por resultar nocivos para los niños. En virtud de ese acuerdo, se celebraron dos diálogos para promover una cultura respetuosa de los niños, corregir la imagen discriminatoria de las mujeres y los hombres en algunas situaciones e incorporar información valiosa en los argumentos, las escenas y los personajes de los programas de televisión, en particular los que se emiten a nivel nacional y mundial a través de los canales filipinos de las cadenas. A nivel local, el Consejo de la Ciudad de Quezón aprobó una resolución por la que se destinaban fondos a un premio anual sobre género y desarrollo concedido a la película participante en el Festival Cinematográfico Anual de Manila Metropolitana que mostrara más sensibilidad ante las cuestiones de género.
Un mecanismo de promoción excepcional fue el Premio a la Justicia de Género puesto en marcha en 2003 para reconocer a jueces y funcionarios de la administración de justicia de diversos tribunales, en particular el Sandiganbayan (tribunal contra la corrupción) y los tribunales de derecho islámico, que tuvieran en cuenta las cuestiones de género y que en los casos de violencia contra la mujer hubieran dictado resoluciones adoptando una perspectiva de género, redactado sus resoluciones utilizando un vocabulario imparcial respecto de los géneros, mostrado sensibilidad sobre las cuestiones de género durante las controversias y resuelto con agilidad las causas examinadas. Los asociados de este programa fueron el Centro de la Universidad de Filipinas para la Fundación de Estudios de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (en la actualidad, ONU-Mujeres) y el Zonta Club, así como grupos partidarios de soluciones que no sean jurídicas y grupos de mujeres. El concurso y la entrega de premios se organizaron en 2003 y 2008. Desde entonces, no se ha convocado ningún premio a la justicia.
Trata de personas
El 13º informe anual del sobre la trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América eliminó a Filipinas de su lista de control y la situó en el nivel 2. El nivel 2 reconoce oficialmente los importantes esfuerzos realizados por un país para adoptar los elementos de referencia prescritos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el fin de cumplir las normas mínimas. Este logro es fruto del mayor número de enjuiciamientos de infractores sospechosos y de la mayor protección de los testigos en los casos de trata a través del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas. El Estado parte, por intermediación del Ministerio de Justicia, ha institucionalizado un mecanismo de cooperación entre investigadores y fiscales que ha dado lugar a investigaciones más organizadas y ha aumentado el número de sentencias condenatorias de infractores. Las importantes medidas adoptadas para mejorar la detección, el enjuiciamiento y el despido de funcionarios cómplices en actividades de trata de personas y las dos causas penales registradas interpuestas contra funcionarios del Gobierno que facilitaron salidas ilegales de trabajadores al extranjero también contribuyeron a la mejora del estatus.
El Estado parte, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está promoviendo la ratificación del Protocolo de Palermo relativo a la trata de personas y la aplicación plena y efectiva del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas. Es uno de los 20 países que integran el Grupo de Amigos Unidos contra la Trata de Personas, asociación de Estados Miembros de las Naciones Unidas de composición abierta y de carácter oficioso y voluntario creada para revitalizar la lucha mundial contra la trata de personas. Promueve principalmente la aplicación del Plan de Acción Mundial para Combatir la Trata de Personas, que colabora con interesados fundamentales como los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las empresas privadas. Es uno de los dos copatrocinadores principales de la resolución anual sobre la trata de personas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Estado parte también ha venido impulsando una mayor cooperación entre los Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) para combatir la trata de personas. Existe una Declaración de la ASEAN contra la Trata de Personas, en particular de Mujeres y Niños firmada en 2004, y en 2010-2012 se aplicó un programa de trabajo relativo al Plan de Acción de la ASEAN Contra la Delincuencia Transnacional a fin de seguir fortaleciendo la cooperación regional e internacional con vistas a combatir e impedir la trata de personas. La evaluación de los resultados de este plan de trabajo se utiliza como base en el debate permanente para la posible convención sobre la trata de personas y un plan de acción regional. En una declaración conjunta formulada por los dirigentes de la ASEAN en 2011, estos acordaron, entre otras cosas, instar a los ministros encargados de los delitos transnacionales a que aceleraran el examen de una convención sobre la trata de personas en el marco de la ASEAN.
Sobre la captura y el enjuiciamiento de los traficantes de personas
El Estado parte ha adoptado medidas encaminadas a mejorar las políticas y las estrategias para detectar y enjuiciar a los traficantes de personas. Una importante medida normativa adoptada durante el período objeto de examen fue la enmienda de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003 (LR 9208) mediante la Ley de la República (LR) 10364 o Ley Ampliada de Lucha contra la Trata de Personas de 2012. Algunas de las disposiciones destacadas de la nueva Ley son las siguientes:
a)Ampliación de la lista de actos que se consideran propiciatorios de la trata de personas, como la contratación presentada en forma de trabajo doméstico o de trabajo en el extranjero con fines de explotación sexual, el trabajo forzoso o la servidumbre por deudas involuntaria, la destrucción o manipulación de pruebas, la influencia en los testigos de una investigación y la utilización de un cargo público para impedir una investigación o ejecutar órdenes legales;
b)Sanciones más severas: las personas culpables de trata pueden ser condenadas a penas de 6 a 40 años de prisión y multas que van desde 50.000 pesos filipinos hasta 5 millones de pesos filipinos. La tentativa de trata se castiga con pena de prisión de 15 años y una multa de 500.000 pesos filipinos a 1 millón de pesos filipinos;
c)Divulgación pública de las personas acusadas de trata de personas para alertar a posibles víctimas y prohibición de divulgar el nombre y las circunstancias personales de las víctimas de trata;
d)Prestación de servicios de asesoramiento previos a la salida para los ciudadanos filipinos casados con extranjeros, a fin de evitar que las mujeres que contraen estos matrimonios sean víctimas de trata de personas presentada en forma de matrimonio;
e)Aumento de la financiación para los organismos públicos implicados en la lucha contra la trata de personas.
El Comité Interinstitucional contra la Trata de Persona del Estado parte, en su calidad de mecanismo estatal, elaboró las siguientes políticas y directrices para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los casos de trata cuando se comete el delito de trata de personas: a) Procedimientos operativos estándar para los grupos de tareas contra la trata de personas en los aeropuertos internacionales; b) Manual sobre la aplicación de la ley y enjuiciamiento de los casos de trata de personas; y c) Modelo de ordenanza local contra la trata de personas.
Para mejorar la detección y la captura, el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas estableció equipos de tareas encargados de interceptar inmediatamente las operaciones de redes sospechosas de trata en los lugares de tránsito aeroportuarios, terrestres y portuarios y dar respuesta a los casos de trata. Estos equipos son el Equipo de Tareas sobre la Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, que está integrado por fiscales especialmente capacitados de la oficina central, las oficinas regionales y las oficinas de las ciudades; y el Equipo de Tareas sobre la Trata del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, integrado por diversos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que vigilan los incidentes sospechosos de trata de personas en los aeropuertos, intercepta a los pasajeros que no tienen documentos, prestan asistencia a las víctimas de trata de personas que regresan y ayudan a interponer acciones judiciales contra la trata. Asimismo, se creó un laboratorio forense para el examen de documentos en el aeropuerto internacional a fin de detectar documentos de viaje fraudulentos.
En lo que respecta a las condenas, en enero de 2014, el Estado parte registró 118 sentencias condenatorias que dieron lugar a 137 personas condenadas. Entre los períodos 2005-2010 y 2010-2014 (enero), se registró un aumento considerable de las sentencias condenatorias, como muestran las cifras que se exponen a continuación:
|
Años |
Número de sentencias condenatorias |
Número de personas condenadas |
|
2005-2010 (hasta junio) |
29 |
30 |
|
Julio de 2010-enero de 2014 |
89 |
107 |
|
Total |
118 |
137 |
Mecanismos y programas para mejorar la respuesta y el apoyo a las víctimas
El Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas es el mecanismo del Estado parte encargado de coordinar y vigilar la labor de aplicación para luchar contra la trata de personas. Se creó en virtud de la LR 9208 o Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003. Está copresidido por los Secretarios del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo e incluye otros organismos pertinentes. Se halla presente a nivel subnacional a través de los consejos regionales denominados Comité Interinstitucional Regional para Combatir la Trata y la Violencia contra la Mujer y el Niño (RIACAT-VAWC, regional) y Comité Local para Combatir la Trata y la Violencia contra la Mujer y el Niño (LCAT-VAWC, consejos locales), con presencia en 17 regiones del país y en 40 provincias, 38 ciudades y 82 municipios. Estos mecanismos tienen por objetivo supervisar la aplicación de las leyes sobre la eliminación de la trata y la violencia contra la mujer a nivel local y aumentar la capacidad de los asociados locales para elaborar y aplicar políticas y programas con perspectiva de género relacionados con la violencia contra la mujer.
La base de datos sobre la trata de personas en Filipinas responde a la necesidad de establecer un sistema que documente de forma sistemática todas las remisiones de las víctimas de la trata a los servicios adecuados, así como la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones de la LR 9208, y mantenga un registro a este respecto. La base de datos sobre la trata de personas en Filipinas es la base de datos nacional aprobada y adoptada para garantizar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz a los casos de trata de personas. Tiene tres componentes: servicios de recuperación y reintegración para las víctimas de la trata; investigación; y enjuiciamiento de los casos de trata de personas.
Asimismo, se ha establecido un sistema de remisión para la recuperación y la reintegración de las víctimas de la trata. Se trata de un sistema que tiene por objetivo el fortalecimiento de la red de remisiones de organismos que trabajan en relación con las víctimas de la trata para establecer un marco de intervenciones y servicios prestados a estas víctimas. Contiene formularios de presentación de informes y de documentación para velar por la uniformidad de los documentos con el fin de evitar entrevistas repetitivas de las víctimas. También contiene los datos de referencia para la base de datos nacional sobre recuperación y reintegración, un sistema de bases de datos relativos a las víctimas de la trata elaborado por el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo. Se creó principalmente para sistematizar la reunión de datos, elaborar informes sobre la situación, las tendencias y las necesidades de las víctimas supervivientes de la trata y mejorar la prestación de servicios. Además, se concibió como mecanismo de vigilancia, a fin de mantener un registro de las intervenciones y los servicios prestados a las víctimas de la trata con vistas a asegurar la recuperación y reintegración satisfactorias de las víctimas supervivientes. La base de datos nacional sobre recuperación y reintegración está relacionada con la base de datos sobre la trata de personas en Filipinas.
Además de los servicios de protección, el Estado parte, por medio del Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, aplica el Programa de Recuperación y Reintegración para las Víctimas de la Trata, un programa integral que vela por la adecuación de los servicios de recuperación y reintegración prestados a las víctimas de la trata. Adoptando un enfoque multisectorial, este programa presta un paquete completo de servicios que responden a las necesidades psicosociales, sociales y económicas de los clientes. Entre estos servicios se incluye la sensibilización y la mejora de las aptitudes y las capacidades de las familias y las comunidades en las que se reintegrarán las víctimas supervivientes. El Programa de Recuperación y Reintegración para las Víctimas de la Trata se está ejecutando en 17 regiones de todo el país, incluida la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
En 2012, el Estado parte atendió a un total de 949 víctimas individuales de la trata de personas procedentes de las 17 regiones, y en el último año aumentó los fondos destinados a apoyar a 32 dependencias del gobierno local, que los utilizaron para mejorar la asistencia económica y las aptitudes de las víctimas supervivientes, así como para realizar reparaciones en 6 centros con el fin de mejorar la prestación de servicios. En 2013, se prestó asistencia a un total de 1.979 víctimas de la trata. Los 3 tipos de casos principales atendidos a través del programa son el trabajo forzoso, la prostitución y la explotación sexual.
El Estado parte, a través del Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, presta servicios de asistencia social internacionales a los filipinos, que se dirigen de forma específica a los filipinos y trabajadores filipinos en el extranjero que se encuentran en situación de dificultad o de crisis, en particular los deportados o repatriados que son víctimas de la trata y otras formas de maltrato. Los servicios de asistencia social internacionales a los filipinos institucionalizan un sistema de despliegue de agregados de asistencia social o pasantes de trabajo social en países con una elevada tasa de filipinos y trabajadores filipinos en el extranjero a fin de prestar servicios integrales de asistencia social y de protección a los filipinos y trabajadores filipinos en el extranjero que se encuentran en una situación vulnerable y desfavorecida, incluidas sus familias.
Trato brindado a las víctimas
A fin de mejorar la atención a las víctimas, realizar labores de vigilancia y rescate y reunir y supervisar datos, el Estado parte, por conducto de sus organismos dependientes del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, ha venido realizando actividades de desarrollo de la capacidad dirigidas a los proveedores de servicios. Se han impartido en total 104 cursos de capacitación y seminarios para encargados de hacer cumplir la ley (agentes de inteligencia, funcionarios de inmigración, agentes de policía e incluso miembros de la Infantería de Marina), fiscales, jueces, trabajadores sociales, funcionarios del Ministerio de Trabajo y personal de la administración local, así como miembros de ONG y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores han ampliado la capacitación para los funcionarios del Servicio Exterior asignados en países que registran un elevado número de incidentes de trata.
El Estado parte, por medio de la Academia Judicial de Filipinas del Tribunal Supremo, impartió cursos de capacitación obligatoria para los encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los jueces sobre la legislación de lucha contra la trata. Se realizaron en total 36 programas de capacitación sobre la LR 9208, entre ellos 24 módulos de “Formación para el fomento de la capacidad dirigida a los jueces de los tribunales de familia y los funcionarios judiciales para la sustanciación de los casos de abuso de menores y los casos de trata” entre 2008 y 2013. El objetivo del programa era mejorar las competencias de los jueces, los fiscales y los funcionarios judiciales de los tribunales de familia y los juzgados para la sustanciación de los casos de abuso sexual y explotación sexual con fines comerciales.
El Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas ha elaborado directrices para un trato sistemático y con perspectiva de género de las víctimas por parte de los organismos pertinentes. Tales directrices incluyen el Manual sobre la recuperación y la reintegración de las víctimas supervivientes de la trata y otras dos directrices sobre la atención a las víctimas de la trata, relativas a los niños y las mujeres, respectivamente. Otro manual elaborado por el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, sobre la gestión de los casos con perspectiva de género que sirve como modelo de prácticas, principios rectores, marco y herramientas (todo ello reunido en un único material), se utiliza para mejorar la gestión de los casos de víctimas supervivientes de la violencia contra la mujer.
El Estado parte, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, está elaborando un manual sobre la sustanciación de denuncias de trata de personas, contratación ilegal y trabajo infantil con el fin de organizar y mejorar la eficacia de la gestión de los casos de trata, contratación ilegal y trabajo infantil a la hora de ejecutar las disposiciones del Código de Trabajo y las leyes conexas: Ley de Protección Especial de los Niños contra el Maltrato Infantil, la Explotación y la Discriminación; Ley de Lucha contra la Trata de Personas de 2003; y Ley de Trabajadores Migratorios. Los procedimientos progresivos del manual brindan orientación a las oficinas del Ministerio de Trabajo y Empleo en la tramitación de las denuncias tanto en Filipinas como en el extranjero.
Las actividades de promoción siempre han formado parte de las iniciativas de lucha contra la trata llevadas a cabo por Filipinas. El Ministerio de Justicia organizó caravanas informativas para difundir información sobre las leyes y alertar a las posibles víctimas. Desde 2007, la Comisión de Filipinos en el Extranjero también ha llevado a cabo programas educativos de base comunitaria en algunas dependencias del gobierno local sobre las leyes para poner fin a la trata y la violencia contra la mujer y sobre otros problemas relacionados con la migración. Desde 2010, la Comisión de Filipinos en el Extranjero preside el Comité de Promoción y Comunicaciones del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas e imparte cursos de capacitación para los profesionales de los medios de comunicación con vistas a mejorar su redacción de los reportajes sobre la lucha contra la trata. Asimismo, gestiona la línea de atención telefónica 1343 contra la trata, en asociación con una entidad privada.
Acuerdos bilaterales con países que acogen a trabajadores migratorios
El Estado parte representa y protege en los países de destino los intereses de los trabajadores filipinos en el extranjero mediante la celebración de acuerdos de trabajo bilaterales. En 2013, por conducto de la Dirección Filipina de Empleo en el Extranjero, revisó los acuerdos de trabajo bilaterales de 20 países de destino de trabajadores migratorios filipinos. En mayo de ese mismo año, firmó un acuerdo de trabajo con el Reino de la Arabia Saudita que rige las prestaciones para los trabajadores del servicio doméstico, como el establecimiento de un día libre a la semana, al tiempo que impide que se deduzcan del salario del trabajador los gastos de su contratación. Este acuerdo también prevé la apertura de cuentas bancarias a nombre del trabajador con el fin de vigilar el pago del salario a los trabajadores. Además, se estableció un mecanismo de denuncia que comienza con una línea de atención telefónica abierta las 24 horas para la resolución de controversias, y se garantizó un salario mensual de 400 dólares de los Estados Unidos. Cerca de 60.000 trabajadores del servicio doméstico en la Arabia Saudita se han acogido a este acuerdo.
También se están estudiando acuerdos laborales con otros países de destino a fin de promover el bienestar y la dignidad de los trabajadores filipinos en el extranjero. Con la misma finalidad, se coopera y se celebran acuerdos con otras organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y cívicas que colaboran en la promoción y la prestación de servicios contra la contratación ilegal, la trata de personas y el “reprocesamiento” o sustitución de contratos. En virtud de estos acuerdos, los trabajadores están afiliados a servicios de salud, seguro de vida, vivienda y seguridad social. La Comisión de Filipinos en el Extranjero está poniendo en marcha iniciativas similares, mediante el establecimiento de vínculos y alianzas con las comunidades de filipinos con el fin de solicitar su ayuda para velar por la integración de los migrantes recién llegados, por ejemplo, en América del Norte, Europa, Australia y Asia. La Comisión de Filipinos en el Extranjero también trabaja en asociación con instituciones pertinentes para ayudar a los migrantes por matrimonio en las cuestiones relativas al reasentamiento, la adaptación y la asimilación.
Medidas para proteger a los trabajadores migratorios
El Estado parte introdujo modificaciones en la política de enviar trabajadores domésticos al extranjero con el fin de frenar las diferentes formas de maltrato y discriminación que sufren. La política revisada aumentó la edad mínima exigida para los trabajadores domésticos de los 18 a los 23 años, impuso la política de prohibición de las tasas de colocación, impuso una capacitación obligatoria en aptitudes e idioma y estableció un salario mínimo mensual estándar de 400 dólares de los Estados Unidos. De conformidad con esta política, las oficinas filipinas de trabajo en el extranjero y la Dirección Filipina de Empleo en el Extranjero inscriben en listas negras a los empleadores que han sido declarados culpables de abusos y maltrato de los trabajadores filipinos, o a aquellos que han cometido incumplimientos contractuales, en especial el impago de los salarios o al pago de salarios inferiores a los acordados.
De conformidad con el mandato de la Ley de Trabajadores Migratorios enmendada (LR 10022), las Oficinas del Servicio Exterior certifican la conformidad o no conformidad de los países que se encuentran bajo sus jurisdicciones o el hecho de que estos hayan adoptado o no medidas positivas y concretas para proteger los derechos de los trabajadores migratorios filipinos. Sobre la base de la certificación de las Oficinas del Servicio Exterior, la Junta Directiva de la Dirección Filipina de Empleo en el Extranjero aprueba o rechaza de forma unilateral el envío de trabajadores filipinos en el extranjero a un país particular. El proceso de certificación se somete a exámenes periódicos, y se insta a los países no conformes a que celebren acuerdos de trabajo bilaterales.
La Ley de Trabajadores Migratorios (LR 8042) prescribe un enfoque de “un único equipo en el país” para abordar los problemas de los trabajadores migratorios. Los agregados de asistencia social, agregados laborales y funcionarios del Servicio Exterior destinados trabajan en colaboración en algunos países, en particular en aquellos donde existe una elevada concentración de trabajadores, para responder a los problemas sociales, laborales y de otra índole de los trabajadores filipinos en el extranjero. Los coordinadores de las embajadas o los consulados, en colaboración con los agregados laborales asignados en la zona, establecen los Centros de Recursos para Trabajadores Migrantes y Filipinos en el Extranjero y los coordinan de forma conjunta. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Empleo elaboraron un Manual conjunto sobre las operaciones de asistencia a los nacionales y unas Directrices sobre la gestión de los centros de recursos para trabajadores migrantes y filipinos en el extranjero, a fin de racionalizar la asistencia a los nacionales y gestionarla con más eficiencia, en particular las operaciones de los Centros de Recursos para Trabajadores Migrantes y Filipinos en el Extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Trabajo y Empleo aumentaron el envío de mujeres encargadas de la asistencia a los nacionales y a las oficinas filipinas de trabajo en el extranjero a fin de prestar una asistencia con perspectiva de género a los trabajadores filipinos en el extranjero en situación de dificultad. El Ministerio de Relaciones Exteriores designa coordinadores de género y desarrollo en las embajadas, y sigue capacitando al personal sobre las cuestiones relacionadas con la violencia y el acoso y su tratamiento, para puestos internos y asignaciones.
El Estado parte, por conducto de sus Oficinas del Servicio Exterior, mantiene albergues para las trabajadoras filipinas en el extranjero que se encuentran en situación de dificultad, por medio de los cuales se prestan diversos servicios de asistencia consular, jurídica y humanitaria. Por ejemplo, las Oficinas del Servicio Exterior asisten a las personas que tienen problemas médicos mediante la coordinación con hospitales en lo que respecta a la prestación de la asistencia médica y financiera necesaria; la información de los familiares sobre la hospitalización o la condición médica de los trabajadores filipinos en el extranjero y la organización de sus visitas, si así lo solicitan; y la gestión de las repatriaciones médicas, en caso necesario.
El Estado parte establece oficinas filipinas de trabajo en el extranjero en los países que acogen al menos a 10.000 filipinos para prestar asesoramiento laboral, mediar en las controversias entre los trabajadores filipinos en el extranjero y los empleadores, obligar a las agencias de contratación a velar por que se cumplan las condiciones de los contratos de trabajo, e impartir cursos de perfeccionamiento de los conocimientos especializados a los trabajadores filipinos en el extranjero, en particular conocimientos financieros y otros conocimientos técnicos sobre reintegración. El Estado parte también asigna agregados de asistencia social en Kuala Lumpur (Malasia) y Riad (Arabia Saudita) para que presten servicios de asesoramiento y asistencia. Se enviarán otros agregados de asistencia social a la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Hong Kong, Kuwait y Beirut (Líbano).
El Estado parte ha asignado financiación gubernamental de colocación discrecional para los filipinos en el extranjero, procedente del Fondo de Asistencia a los Nacionales, que tiene objetivo la repatriación, el envío de restos mortales o la cremación, el alojamiento temporal, el suministro de alimentos y artículos básicos, la evacuación médica, la hospitalización, las misiones de asistencia a los nacionales, las multas a la inmigración y los gastos conexos. Se ha establecido un Fondo de Asistencia Jurídica para las causas penales y las controversias laborales, los recursos contra la pena de muerte o la cadena perpetua, la interposición de acciones judiciales contra los empleadores que cometen abusos o incumplen las normas, y las víctimas de violación. Asimismo, se alienta a estas últimas a interponer acciones judiciales contra los autores de la violación; a tal fin, cuentan con la ayuda del Fondo de Asistencia Jurídica para contratar abogados competentes.
El Estado parte, a través de la Comisión de Filipinos en el Extranjero, ha establecido una lista de control y una base de datos de patrocinadores extranjeros para llevar un registro de lo siguiente: 1) los filipinos casados con extranjeros; 2) los nacionales extranjeros y filipinos incluidos en la lista de control elaborada por la Comisión de Filipinos en el Extranjero; 3) los filipinos que han recibido servicios de orientación y asesoramiento en más de una ocasión; y 4) los nacionales extranjeros que han sido patrocinadores más de una vez, con independencia de que tengan o no un mal expediente. El Estado parte presta una especial atención a los patrocinadores de varias mujeres filipinas. La lista de control y la base de datos de patrocinadores extranjeros previenen a los prometidos o prometidas, los cónyuges y los miembros de las parejas de hecho sobre la personalidad, el historial conyugal y el historial o el pasado del extranjero, a fin de ayudarlos a adoptar decisiones más informadas; y permiten al Estado parte prevenir la trata de personas, la esclavitud o la violencia doméstica presentadas en forma de matrimonio o cometidas a través de él.
Sobre las medidas para suprimir la explotación de la prostitución de las mujeres
Desde el 14º Congreso, se han puesto en marcha actividades de promoción en lo que respecta a la enmienda del artículo 202 del Código Penal Revisado mediante la aprobación de un proyecto de ley por el que se despenaliza la prostitución. Además del proyecto de ley independiente, también se ha propuesto incluir la despenalización de la prostitución en la revisión del Código Penal Revisado, en el marco del Libro II. Adelantándose al derecho nacional, algunas dependencias del gobierno local han asumido una función más activa en la lucha contra la prostitución y sus autores aprobando sus propias ordenanzas contra la prostitución, al igual que lo han hecho algunas ciudades como Quezón, Naga, Davao y Olongapo.
Programas de rehabilitación, integración social y empoderamiento económico para las víctimas de la prostitución
El Estado parte, por conducto del Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, presta servicios de protección a las víctimas de malos tratos y explotación, en particular la prostitución, para permitir su rehabilitación, su integración social y su empoderamiento económico. Estos servicios se clasifican en centrales y comunitarios. Los servicios centrales son programas y servicios prestados en instituciones. Los centros primarios son Haven, un servicio sustitutivo de atención a domicilio para las mujeres víctimas de la violencia por razón de género de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años; Marillac Hills, un centro de acogida de niños para niñas en conflicto con la ley y niñas menores de 18 años maltratadas y explotadas; y Home/Centre for Girls, un centro de acogida de niños. Entre los programas y servicios prestados por estas instituciones se incluyen el tratamiento y la rehabilitación, la vida en grupo y la atención a domicilio, la salud y la nutrición, la productividad y la formación profesional.
Los servicios comunitarios incluyen programas y servicios de tratamiento y recuperación y de reinserción social que implican la participación activa de la comunidad en la que viven las víctimas. Los servicios abarcan, entre otras cosas, un equipo de respuesta rápida y la prestación de asistencia en materia de conocimientos especializados y capital; y los servicios de reinserción social facilitan la reintegración de los supervivientes y la prevención de la recaída de las mujeres y sus hijos dados de alta de las residencias.
El Estado parte, por conducto de Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, brinda apoyo para 42 albergues temporales, la condición de residente temporal, los recursos contra la orden de expulsión y el acceso a servicios jurídicos, médicos y psicológicos para las víctimas de la trata y la violencia. En 2013, a través de sus servicios centrales y comunitarios, prestó servicios a un total de 118 víctimas de la prostitución.
Sobre la forma de abordar las causas fundamentales de la trata y la migración mediante el apoyo al espíritu emprendedor, la ampliación de las oportunidades de empleo y la creación de redes de seguridad social para los pobres
El Estado parte está decidido a crear más oportunidades de empleo en el país mediante el desarrollo económico inclusivo. Uno de los compromisos del Presidente titular del Estado parte es poder crear más empleos en el país, “a fin de que el trabajo en el extranjero sea una opción y no una necesidad; y, cuando sus ciudadanos opten por ser trabajadores filipinos en el extranjero, su bienestar y su protección serán una prioridad para el Gobierno”.
La reducción de la pobreza y el aumento del empleo como forma de lograr el crecimiento económico inclusivo son los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo de Filipinas (2011-2016), que constituye el marco del país para el desarrollo económico. El logro de estos objetivos del Plan de Desarrollo de Filipinas se persigue mediante tres estrategias amplias de crecimiento económico elevado y sostenido, la igualdad de acceso a las oportunidades de desarrollo y unas redes de seguridad social eficaces y con capacidad de respuesta. El Plan de Desarrollo de Filipinas define el crecimiento inclusivo como un crecimiento sostenido que crea empleos de forma masiva, integrando a la gran mayoría en la vida económica y social. De conformidad con el Plan de Desarrollo de Filipinas, los pobres representaban el 26,5% de la población en 2009 (en 2013, la incidencia de la pobreza disminuyó al 24,9%, según el último informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio). El objetivo es reducir la pobreza al 16,6% en 2015 mediante los diversos planes y programas del Gobierno tendentes, entre otras cosas, a aumentar la inversión en el desarrollo del capital humano y la creación de empleo para los trabajadores tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. La inversión en el capital humano se centra en el desarrollo cualitativo de los recursos humanos en lo que respecta a la educación, los conocimientos especializados y la salud, entre otros ámbitos, lo que aumenta las perspectivas de acceso al empleo productivo y, de ese modo, incrementa la productividad y los ingresos.
Apoyo al espíritu emprendedor de la mujer
La mejora del entorno empresarial y la promoción del crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas siguen siendo uno de los motores fundamentales de la economía. El Ministerio de Comercio e Industria estima que este sector contribuye como mínimo al 60% de los empleos creados por todas las empresas. Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas son a menudo la única fuente de nuevos puestos de trabajo y actúan como una red de seguridad, no solo para los pobres de las zonas urbanas, sino también para las mujeres rurales que tienen un acceso limitado al empleo de la economía formal. Cerca de 4 de cada 10 filipinos de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años son contratados en empresas, y constituyen la mitad de la fuerza de trabajo filipina.
La Carta Magna para la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa de 2008 tiene por objetivo promover el espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. A fin de fomentar el espíritu emprendedor de las mujeres, el Plan de Desarrollo de la Microempresa y la Pequeña y Mediana Empresa (2011-2016) incluye la incorporación de la perspectiva de género entre sus temas principales a fin de facilitar el acceso de las mujeres a los recursos productivos para sus empresas. El Plan pretende abordar algunas de las cuestiones de género que obstaculizan el crecimiento de las empresas de las mujeres, como el limitado acceso a los recursos y la deficiente capacidad para mantener y ampliar sus empresas.
Otra medida de apoyo al espíritu emprendedor es el programa del Ministerio de Trabajo y Empleo denominado Programa Kabuhayan (medios de vida), un servicio de desarrollo de la capacidad y las actividades empresariales para los trabajadores de la economía informal y los grupos vulnerables de trabajadores, como las mujeres, los jóvenes, los padres de niños trabajadores, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Entre 2009 y 2013, se acogieron a este programa 413.513 trabajadores de la economía informal, el 27% (112.026) de los cuales eran mujeres.
Aumento de las oportunidades de empleo
El Estado parte también aplica programas destinados a aumentar el empleo mediante la facilitación de trabajo a los desempleados pobres y marginados y los trabajadores desplazados en las zonas rurales de todas las regiones, como, por ejemplo, el Programa Especial para el Empleo de los Estudiantes, la organización de ferias de empleo y los servicios de facilitación de empleo prestados por las oficinas de servicios de empleo en la administración pública.
Se organizan ferias de empleo durante todo el año, entre ellas las ferias de empleo anuales con motivo del Día del Trabajo. Atraen bajo un mismo techo a solicitantes de empleo y reclutadores y empleadores tanto nacionales como extranjeros en un momento, hora y lugar concretos, con el fin de reducir los costos, el tiempo y el esfuerzo de los solicitantes de empleo. Asimismo, apoyan la campaña contra la contratación ilegal facilitando el acceso a empleadores legítimos y agencias de contratación autorizadas. También se presta asistencia en materia de información sobre el empleo, como servicios de búsqueda de cursos de formación, asistencia para el empleo por cuenta propia y servicios de asistencia a los trabajadores migratorios filipinos.
Una red de oficinas de servicios de empleo en la administración pública en el ámbito nacional también presta servicios de facilitación de empleo para los trabajadores de ambos sexos. Las oficinas de servicios de empleo en la administración pública son un servicio gratuito de multiempleo que ofrece las siguientes prestaciones: ferias de empleo, bazares de medios de vida y empleo por cuenta propia, asistencia mediante créditos especiales a los trabajadores colocados en el extranjero, empleo de los estudiantes y los jóvenes que no asisten a la escuela, programa para fomentar la apreciación de la importancia del trabajo, contratación de trabajadores para proyectos de infraestructuras. En mayo de 2013, se crearon en todo el país un total de 1.835 oficinas de servicios de empleo en la administración pública.
Programas de reintegración para los trabajadores filipinos en el extranjero que regresan
El Estado parte, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, puso en marcha el Proyecto BalikPinay! Balik-Hanapbuhay! (“volved, filipinas, recuperad a los medios de vida”), un proyecto de reintegración dirigido a las mujeres trabajadoras filipinas en el extranjero. Dotado de un presupuesto de 24 millones de pesos filipinos (571.000 dólares), el proyecto da prioridad a 2.400 mujeres beneficiarias que acceden a cursos de formación de breve duración sobre el espíritu emprendedor y a servicios de búsqueda de empleo, incluidos servicios de protección social, como la seguridad social y seguros médicos.
Asimismo, el Estado parte, a través de la Dirección de Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero, aplica un programa para la reintegración de los trabajadores filipinos en el extranjero repatriados. Dicho programa aborda las necesidades psicosociales y económicas de los trabajadores filipinos en el extranjero repatriados y sus familias, organizando a las familias de dichos trabajadores, proporcionando asesoramiento empresarial, conocimientos especializados en tecnología y capacitación en materia de fomento del espíritu emprendedor y adoptando paquetes de medidas económicas para los trabajadores filipinos en el extranjero.
Mejora de las redes de seguridad social y la protección social
La protección social en Filipinas se ha definido como “políticas y programas orientados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad a los riesgos y mejorar la situación social y los derechos de los marginados mediante la promoción y la protección de los medios de vida y el empleo, la protección frente a los peligros y las pérdidas repentinas de ingresos, y la mejora de la capacidad de las personas para gestionar los riesgos”. Los cuatro componentes de la protección social son: 1) programas sobre el mercado de trabajo; 2) seguros sociales; 3) asistencia social; y 4) redes de seguridad social. Los trabajadores de la economía informal se consideran una importante categoría específica cuyas necesidades y problemas deben abordarse mediante un paquete de programas y servicios de protección social intensificados y fortalecidos. En 2007, el Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo, elaboró el Marco para las Mujeres Trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Empleo, y propuso una visión de las mujeres trabajadoras revestidas de protección social para 2010. Sus objetivos eran los siguientes: lugares de trabajo más adecuados para las mujeres; mejores condiciones de vida para las mujeres y sus familias; y reconocimiento de las mujeres como asociadas activas en la comunidad.
El Estado parte, por conducto del Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, aplica una estrategia de convergencia (TATSULO) a fin de armonizar sus programas básicos de reducción de la pobreza: el programa Pantawid Pamilya (o programa de transferencia monetaria condicionada) y el programa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan (programa de prestación general e integrada de servicios sociales o KALAHI-CIDSS), que recientemente se han transformado en el Programa Nacional de Desarrollo en función de la Comunidad y el Programa de Medios de Vida Sostenibles, para ayudar a abordar las causas fundamentales de la migración. Determinando quiénes son los pobres y dónde viven, a través del sistema nacional de selección de hogares para la reducción de la pobreza, se podría lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos y la prestación oportuna, eficaz y eficiente de servicios para los marginados.
La transferencia monetaria condicionada es un programa basado en derechos que presta especial atención a la inversión en capital humano mediante la facilitación de subvenciones en efectivo para salud y educación a los hogares pobres que cumplan los requisitos. Pretende facultar a los hogares pobres para que logren determinados objetivos de desarrollo humano con vistas a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Proporciona subvenciones en efectivo para completar los ingresos de los hogares pobres a fin de permitir que respondan a sus necesidades con sujeción a condicionalidades:
En materia de salud y nutrición:
•Las mujeres embarazadas deben recibir durante el parto atención prenatal y postnatal de un profesional sanitario calificado o capacitado;
•Los niños menores de 5 años deben recibir reconocimientos médicos preventivos periódicos y vacunas;
•Los niños menores de 14 años deben recibir píldoras para la eliminación de parásitos cada 5 meses.
En materia de educación:
•Los niños de entre 3 y 5 años deben asistir a guarderías como mínimo el 85% del tiempo;
•Los niños de entre 6 y 18 años deben matricularse en la escuela elemental o secundaria y asistir como mínimo el 85% del tiempo.
Asistencia a sesiones de fomento de la familia:
•Los padres o tutores deben asistir a sesiones de paternidad responsable, clases orientadas a las madres y seminarios sobre una paternidad y maternidad eficaces al menos una vez al mes.
Los hogares pobres con hijos menores de 18años (la edad de 14años se elevó en 2013 para que pudieran finalizar la enseñanza secundaria) y las mujeres embarazadas o lactantes tienen derecho a una prestación sanitaria de 500pesos filipinos (unos 10dólares) mensuales por hogar. La prestación educativa asciende a 300pesos filipinos (unos 6dólares) al mes, durante 10meses al año (lo que equivale a 3.000pesos filipinos o unos 62dólares al año) hasta un máximo de 3niños por familia. En diciembre de 2013, la aplicación del programa abarcaba geográficamente 1.484 municipios, 143 ciudades y 79 provincias de todo el país, y cubría a más de 3.841.147 beneficiarios, el 91,3% de los cuales (3.505.703) eran mujeres.
El programa proporciona ingresos adicionales a las mujeres para cubrir las necesidades básicas de la familia, y les ha brindado un mayor grado de libertad financiera respecto de su marido. Asimismo, ha dado lugar a un aumento de la inscripción de niños, así como del número de mujeres que reciben tratamientos de atención prenatal y postnatal, y ha permitido que las mujeres vigilen la salud y la escolarización de sus hijos. Además, mediante sesiones de fomento de la familia, se informa a las mujeres sobre sus derechos, las relaciones de género, la educación de los niños y una mejor comunicación.
El KALAHI-CIDSS es un programa que tiene por objetivo el empoderamiento de las comunidades mediante una mayor participación de los miembros de la comunidad, en particular las mujeres, en la gobernanza local y en los proyectos comunitarios. Aspira a lograr unos procesos de gobernanza local y unos sistemas más participativos, transparentes y responsables. Los miembros de la comunidad determinan sus proyectos, preparan propuestas y participan en su aplicación o la supervisan, a fin de impulsar el compromiso, la responsabilidad y la sostenibilidad. A través de las cuentas de los proyectos comunitarios mantenidas por voluntarios de las comunidades, se liberan fondos para los proyectos aprobados. Los proyectos abarcan carreteras, sistemas de drenaje, guarderías, establecimientos de salud, instalaciones para su uso después de la cosecha y proyectos de agua y saneamiento.
En enero de 2014, el proyecto KALAHI-CIDSS había financiado 4.243 subproyectos comunitarios por un importe de 4.952.000 millones de pesos filipinos (más de 117 millones de dólares) y beneficiado a 959.368 hogares en 4.337 barangays. Los beneficiarios de este programa son tanto mujeres como hombres. En particular, ha aumentado su participación en la fuerza de trabajo y en las decisiones locales relacionadas con la promoción del desarrollo mediante proyectos comunitarios con capacidad de respuesta y una gobernanza responsable.
El Programa de Medios de Vida Sostenibles ofrece actividades de desarrollo de la capacidad para mejorar la situación socioeconómica de los participantes en el programa, que se ejecuta mediante la utilización de una doble estrategia. En primer lugar, apoya a las microempresas para que sean viables desde el punto de vista organizativo y económico mediante un programa de desarrollo de la capacidad que presta especial atención al desarrollo comunitario, la mejora de los conocimientos técnicos, la creación de redes de contactos y la asistencia con capital para las familias pobres que figuran en la lista del sistema nacional de selección de hogares para la reducción de la pobreza, otorgando prioridad a los beneficiarios del programa de transferencia monetaria condicionada a fin de mejorar sus oportunidades para gestionar una microempresa sostenible. En segundo lugar, pone en relación a los participantes con las oportunidades de empleo, prestando asistencia a las familias pobres desempleadas que figuran en la lista del sistema nacional de selección de hogares para la reducción de la pobreza y también otorgando prioridad a los beneficiarios del programa de transferencia monetaria condicionada, a los que se facilita elaboración de perfiles de competencias, determinación de puestos equivalentes, orientación y asesoramiento profesionales y servicios de búsqueda de empleo.
En enero de 2014, se habían prestado servicios a un total de 340.163 hogares pobres desde enero de 2011 hasta octubre de 2013: 288.601 (94,74%) hogares se encontraban afiliados a la estrategia de fomento de la microempresa y 16.488 (5,40%) lo estaban a la estrategia de facilitación de empleo. Este programa ha beneficiado tanto a mujeres como a hombres al contribuir a la erradicación de la pobreza y el hambre y al logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.
Por lo que se refiere a la protección social de las mujeres y sus familias, el Estado parte, a través de la Corporación Filipina del Seguro de Enfermedad (PhilHealth), elaboró un paquete de prestaciones sanitarias para abordar el acceso a la atención médica de calidad y su disponibilidad para las mujeres en la economía informal. PhilHealth aprobó la aplicación del régimen de subsidios parciales para la cobertura de mujeres propietarias de microempresas, trabajadores por cuenta propia a pequeña escala y otros trabajadores de bajos ingresos de la economía informal.
Desarrollo de la capacidad y formación profesional
El Estado parte, por intermediación de sus organismos interesados, presta servicios de desarrollo de la capacidad que favorecen el empleo o el espíritu emprendedor tanto para las mujeres como para los hombres. A través de sus Centro de Mujeres, la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de las Capacidades, aborda las necesidades de las mujeres en materia de formación profesional o técnica, en particular en los cursos tradicionalmente dominados por varones. Poco a poco, las mujeres han superado en número a los hombres matriculados en algunos cursos, ampliando de este modo sus oportunidades de empleo en trabajos como la soldadura, la refrigeración y la reparación de automóviles. Las mujeres también se matriculan cada vez más en entornos no escolarizados o cursos de formación basados en la comunidad, estrategia que permite a las mujeres una mayor flexibilidad para asistir a los cursos de formación.
El Proyecto de medidas económicas con perspectiva de género para la transformación de la mujer (proyecto para mujeres GREAT), que recibe apoyo del Gobierno del Canadá, es un proyecto orientado a promover una gobernanza que tenga en cuenta las cuestiones de género y el desarrollo de las microempresas de mujeres. El proyecto fomentó entornos propicios con perspectiva de género para el empoderamiento económico de la mujer a nivel nacional y local, en particular iniciativas de desarrollo de la capacidad para las mujeres propietarias de microempresas. Se creó la marca GREAT Women con la asistencia de un grupo de empresas sociales. Se trata de una marca insignia de productos de mujeres propietarias de microempresas que recibieron capacitación en desarrollo de productos, empaquetado y otros servicios similares, y cuyos productos han superado una serie de pruebas de calidad y han pasado a comercializarse (véase el anexo 3, relativo a los datos sobre el proyecto para mujeres GREAT).
Sobre el apoyo financiero a organizaciones no gubernamentales que administran refugios y centros de acogida para la rehabilitación de mujeres y muchachas objeto de prostitución
Si bien reconoce su labor y su contribución a las iniciativas de desarrollo, las leyes del Estado parte prohíben utilizar fondos públicos con fines privados, por lo que el Estado no puede prestar apoyo financiero directo a las ONG que administran refugios y centros de acogida. No obstante, además de cumplir las normas establecidas inscribiendo, autorizando y acreditando ONG que llevan a cabo actividades de asistencia social y desarrollo, es decir, que administran refugios y centros de acogida, denominadas organismos de desarrollo y asistencia social, el Estado parte ofrece prestaciones y privilegios. Ejemplos de estos son, entre otros, la inclusión en el registro de organismos de desarrollo y asistencia social inscritos, autorizados o acreditados que mantiene el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, la asistencia técnica sobre la aplicación de programas y la prestación de servicios.
Sobre la aceleración de la participación política de la mujer
El artículo 11 de la Carta Magna de la Mujer establece que “el Estado adoptará medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la participación y la representación equitativa de las mujeres […] en los procesos de adopción de decisiones y formulación de políticas”. Para aplicar esta disposición, la Comisión Electoral tiene el mandato de incorporar en su acreditación de los partidos políticos, incluidas las organizaciones que figuran en la lista de partidos, disposiciones específicas que promuevan la integración de las mujeres en la dirigencia, las estructuras internas de formulación de políticas y los procesos de nombramiento de cargos electivos y no electivos de dichos partidos. Se insta a los partidos políticos a que creen programas en los que sus miembros puedan promover asuntos normativos y las mujeres miembros puedan participar de forma sustantiva en el partido.
En lo que respecta a la administración, la Carta Magna de la Mujer establece una distribución del 50% entre los hombres y las mujeres en los cargos directivos de tercer nivel, que van desde Director Auxiliar de Oficina hasta Subsecretario. Por lo que se refiere a la participación de la mujer a nivel local, la legislación establece que deben representar al menos el 40% de los miembros de los consejos locales a cargo del desarrollo. Asimismo, estipula que se debe ofrecer a las mujeres igualdad de oportunidades, en las mismas condiciones que los hombres, para representar al Gobierno a nivel internacional y en la labor de las organizaciones internacionales.
El apoyo a la participación de la mujer en la gobernanza local se incorpora en las directrices adoptadas para la aplicación a nivel local de la Carta Magna de la Mujer, que establece que “las dependencias del gobierno local velarán por una participación activa de los comités o consejos locales en asociación con los organismos públicos nacionales o regionales, el mundo académico, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que operan a nivel local en favor de la incorporación de la perspectiva de género”.
En el actual Congreso (2013), las mujeres ocupan 6 de 24 escaños en el Senado (25%) y aproximadamente el mismo porcentaje (25,64%) en los escaños del Congreso. A nivel local, ha aumentado el porcentaje de mujeres que ocupan el cargo de Gobernador Provincial, que ha pasado del 15,4% en 1998 al 22,5% en 2013. A nivel municipal, el número de alcaldesas está aumentando, y pasó del 15,26% en 2004 al 20,86% en 2013.
En el Congreso de Filipinas, una organización de mujeres inscrita en la lista de partidos, el Partido de Mujeres Gabriela, ha logrado permanecer en el Congreso durante las últimas cuatro elecciones. Gabriela ha venido presionando a favor de leyes con perspectiva de género, en particular el proyecto de ley de divorcio.
En 2013, el objetivo del 50% en la administración se incumple por 5 puntos porcentuales, y un 45% de los cargos de tercer nivel están ocupados por mujeres. Sin embargo, el Presidente ha nombrado a mujeres en importantes cargos del Gabinete o en puestos de gran relevancia en el Gobierno, como la Presidenta del Tribunal Supremo, la Secretaria del Ministerio de Justicia, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y el Ombudsman, todos ellos de gran importancia en la administración de justicia para las mujeres. Además, en el Gabinete son mujeres las Secretarias del Ministerio de Trabajo y Empleo, la Asesora Presidencial sobre el Proceso de Paz y la jefa del Grupo del Gobierno para la Negociación de la Paz, el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo, la Comisión de Enseñanza Superior y la Comisión de Filipinos en el Extranjero. Aunque no a un nivel de Secretaría, el Presidente también ha nombrado mujeres en puestos destacados, como la jefa de la Oficina de Impuestos Internos y el Fondo Pag-Ibig (fondo para la vivienda). La participación de las mujeres en el servicio diplomático también está mejorando. Entre 2002 y 2010, el porcentaje de mujeres en puestos clave (Embajador y Cónsul General) ascendió del 28% al 35%.
En lo que respecta a la representación de la mujer en los órganos especiales a nivel local, las cifras también son alentadoras, en particular gracias a una conciencia cada vez mayor del Gobierno en lo que respecta a las disposiciones de la Carta Magna de la Mujer. Las mujeres representan el 48% de las juntas escolares locales, el 50% de las juntas de salud locales, el 30% de los consejos de la paz y el orden locales, el 31% de las juntas de vivienda, pero un escaso 16% de los consejos locales a cargo del desarrollo.
La participación de las ONG de mujeres en el programa del Gobierno contra la pobreza está institucionalizada a través de la Comisión Nacional contra la Pobreza. Esta Comisión está integrada por los principales organismos públicos y 14 consejos sectoriales básicos: campesinos y pescadores, trabajo en el sector formal, economía informal, trabajadores migratorios, pobres de las zonas urbanas, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de edad, mujeres, jóvenes y estudiantes, niños, víctimas de desastres y calamidades, etc. Además de una participación de mujeres del 30% en cada consejo sectorial, existe un consejo sectorial de mujeres que está integrado en su totalidad por mujeres. Las representantes de este consejo sectorial de mujeres y las mujeres miembros de los otros consejos sectoriales básicos han recibido capacitación sobre la Carta Magna de la Mujer a fin de velar por que la perspectiva de género y los derechos de las mujeres se incluyan en los programas de todos los consejos sectoriales básicos. Los miembros prestan asistencia en la vigilancia de la Carta Magna de la Mujer a nivel local y participan en la adopción de decisiones en ese nivel.
Sobre el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva
Iniciativas normativas en materia de salud y derechos reproductivos
La Carta Magna de la Mujer prevé el establecimiento de servicios integrales de salud para las mujeres y de información y enseñanza sanitarias que abarquen todas las etapas del ciclo de vida de la mujer. Insta a los organismos públicos y las dependencias del gobierno local pertinentes a que garanticen programas de salud integrales, respetuosos de las particularidades culturales y con perspectiva de género, así como una información y una educación sanitarias adecuadas, oportunas, completas y fidedignas.
Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva, el Gobierno adoptó la política sobre la aplicación de reformas sanitarias para reducir rápidamente la mortalidad materna y neonatal. Esta política exige embarazos planificados y deseados y partos en centros de salud, con vistas a reducir para 2015 las tasas de mortalidad materna y mortalidad de niños menores de 5 años.
Otra importante política sanitaria figura en la LR 10028 o Ley de Promoción de la Extensión de la Lactancia Materna de 2009, que modificó la LR 7600 o Ley relativa al Alojamiento Conjunto de la Madre y el Hijo y la Lactancia Materna de 1992. Esta ley adopta una política nacional para fomentar, proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna centrada en la creación y el establecimiento de puntos de lactancia en el lugar de trabajo y en la previsión de tiempo compensable para los períodos de lactancia.
Como se ha señalado anteriormente, varias dependencias del gobierno local ya contaban con sus propios códigos de salud reproductiva antes de la promulgación de la Carta Magna de la Mujer y la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva. Hasta la fecha, existen 30 dependencias del gobierno local en el país que disponen de códigos y ordenanzas en materia de salud reproductiva. Otras dependencias del gobierno local abordan las necesidades de sus mujeres miembros en este ámbito a través de sus códigos de género y desarrollo a nivel local.
En lo que atañe a comunidad musulmana, una iniciativa conjunta de los organismos de desarrollo internacional, el Gobierno nacional y las dependencias del gobierno local, en asociación con los grupos religiosos musulmanes, dio lugar a la aprobación de una fetua o decreto religioso que establece que la planificación familiar protege los derechos de las mujeres y los niños. La fetua permite, asimismo, el uso de métodos de planificación familiar acordados por el derecho islámico y aprobados por un médico creíble, preferiblemente musulmán. La Región Autónoma del Mindanao Musulmán promulgó su Ley relativa a la Atención de la Salud Reproductiva de 2012 (Ley de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán núm.2921), que tiene por objetivo proteger los derechos y el bienestar de las mujeres y los niños, no solo exigiendo que el Gobierno autónomo ejecute programas sobre planificación familiar y se asegure de que la información sobre esos programas esté disponible para los pobres, sino también facilitando fondos para llevar a cabo dichos programas. La Ley garantiza la libertad de información, no solo sobre los métodos naturales de planificación familiar, sino también sobre los métodos artificiales, y el respeto de la libertad de elección y creencias en el ejercicio de los derechos de salud reproductiva.
Aprobación de la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva
La legislatura filipina aprobó finalmente la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva de 2012, que garantiza el acceso universal a servicios de salud reproductiva, en particular todos los métodos anticonceptivos, educación sobre sexualidad y salud reproductiva, nutrición y salud materna, infantil y en la niñez, entre otros. La Ley tiene por objetivo abordar los problemas relacionados con el parto y los servicios de salud reproductiva. La aplicación de la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva es una de las principales funciones del Ministerio de Salud, que este desempeña a través de los centros para el desarrollo de la salud y en coordinación con las dependencias del gobierno local a través de la Red de Prestación de Servicios, que abarca instituciones sanitarias públicas y proveedores de servicios de salud privados. La financiación de la prestación de servicios de salud reproductiva, incluido el presupuesto para el género y el desarrollo, procederá de las consignaciones generales anuales. Se ha encomendado a la corporación PhilHealth que presente directrices para la financiación de los servicios de salud reproductiva, incluidas prestaciones para las condiciones de salud reproductiva graves y que representen un peligro para la vida, como el VIH/SIDA, el cáncer de mama y el cáncer del aparato reproductor. El 8 de abril de 2014, el Tribunal Supremo declaró la Ley de Salud Reproductiva no inconstitucional, pero suprimió algunas de sus disposiciones, como, por ejemplo, las que castigaban a las instituciones privadas que se negaran a respaldar la Ley.
Además de exigir servicios e información sanitarios integrales, la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva destacó la importancia de la educación sobre salud y sexualidad y de los mensajes y estrategias esenciales apropiados para cada grupo de edad, que debían integrarse en los programas de educación sanitaria tanto de la enseñanza básica como de la educación terciaria, y exige que los proveedores de información sanitaria se acojan a los programas de capacitación y desarrollo de la capacidad necesarios.
Medidas de apoyo a los objetivos en materia de salud reproductiva
El Estado parte, a través del Ministerio de Salud, aplica la Estrategia de Nutrición y Salud Materna, Infantil y Neonatal, que orienta la elaboración, aplicación y evaluación de diversos programas dirigidos a las mujeres, las madres y los niños, con el objetivo último de reducir la mortalidad materna y neonatal. Se organizan equipos comunitarios de salud dirigidos por una enfermera o una partera para prestar servicios adecuados de nutrición y salud materna, infantil y neonatal, llevar a cabo enérgicas campañas en favor de un adecuado espaciamiento de los nacimientos, visitas completas exigidas de atención prenatal, partos en centros de salud y atención después del parto y postnatal, y asegurar una transición sin trabas a otros paquetes de atención médica para las mujeres y los niños. Los servicios integrados de nutrición y salud materna, infantil y neonatal consisten en intervenciones de salud pública y de clínicas para las mujeres y los niños que adoptan un enfoque de ciclo de la vida.
Entre los programas del Ministerio de Salud se encuentran el Programa Nacional de Maternidad sin Riesgo, el Programa de Planificación de la Familia y el Programa de Salud de los Adolescentes y los Jóvenes. El Programa Nacional de Maternidad sin Riesgo se centra en lograr un embarazo y un parto más seguros y en cambiar la dinámica social fundamental que influye en la adopción de decisiones sobre asuntos relacionados con el embarazo y el parto, al tiempo que brinda atención obstétrica de urgencia y atención neonatal de calidad a los 252 centros de nivel terciario y secundario y a 1.824 centros de nivel primario que están más cerca de sus hogares. Este cambio asegura que las personas más necesitadas de atención médica dispongan de acceso fácil a esa atención. En diciembre de 2012, el programa había logrado el 65% de sus objetivos de atención prenatal, parto en centros de salud y atención postnatal. El déficit en el logro del 100% de los objetivos se atribuye a las adquisiciones y otros factores relacionados con las estructuras y las prioridades de las dependencias del gobierno local.
Se imparten cursos de formación sobre la salud comunitaria en atención obstétrica urgente básica e integral de la madre y del recién nacido a los médicos y las parteras en los establecimientos de salud designados para prestar atención obstétrica de urgencia y atención neonatal.
El aborto no está permitido con arreglo a la legislación de Filipinas. No obstante, la Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva contempla el establecimiento de diversos servicios de salud reproductiva que abordan la prevención y la gestión de las complicaciones posteriores al aborto, lo que puede beneficiar a las mujeres que realizan abortos en condiciones de riesgo y que solicitan tratamiento médico debido a las complicaciones. Las Normas y Reglamentos de Aplicación de la Procreación Responsable y Salud Reproductiva especifica que, “si bien las presentes Normas reconocen que el aborto es ilegal y punible por la ley, el Gobierno velará por que todas las mujeres que necesiten atención debido a las complicaciones posteriores al aborto y todas las demás complicaciones derivadas del embarazo, el trabajo y el parto y los problemas conexos recibirán tratamiento y asesoramiento de un modo humanitario, no judicial y compasivo de conformidad con el derecho y la ética médica”.
El aspecto fundamental en materia de salud en el Estado parte es la atención médica universal o Kalusugan Pangkalahatan (KP), que tiene por objetivo asegurar un acceso equitativo a atención médica asequible y de calidad, en especial para los pobres. Su objetivo es reducir la carga financiera mediante la cobertura universal del seguro social de enfermedad de los pobres, la mejora de los establecimientos de salud para asegurar un mejor acceso a los hospitales y centros de nivel primario que prestan servicios de calidad, y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. Los objetivos del Gobierno financian la totalidad de la afiliación de las familias pobres en el programa patrocinado por PhilHealth.
En 2011, el Estado parte, por conducto de PhilHealth, también estableció el régimen de subsidios parciales para los pobres, que permitió el reparto de la contribución anual entre las dependencias del gobierno local, simplificó el proceso, en especial para las de zonas remotas y rurales, amplió las prestaciones médicas y dio prioridad a las mujeres en la afiliación. Actualmente, la principal titular de la tarjeta PhilHealth de la familia es la mujer.
PhilHealth presta un conjunto de servicios de atención a la madre para los partos normales y las cesáreas que incluye servicios de atención prenatal y postnatal. También se asegura a los niños un conjunto de servicios de atención al recién nacido que se prestan en hospitales y maternidades acreditados que comprende exámenes médicos, profilaxis ocular, administración de vitamina K, vacuna antituberculosa, la primera dosis de la inmunización contra la hepatitis B, pruebas de detección en recién nacidos y asesoramiento a las madres sobre la lactancia materna. Ofrece el reembolso íntegro para los procedimientos de oclusión tubárica bilateral y vasectomía sin bisturí realizados por centros acreditados. En 2005 el Ministerio de Salud estableció requisitos menos restrictivos para su acreditación.
El programa de transferencia monetaria condicionada mencionado anteriormente constituye una inversión en la salud y la educación de los hogares pobres. Entre sus condicionalidades, cabe citar la visita a centros de atención prenatal y postnatal para las mujeres embarazadas, la subvención en efectivo para los gastos de salud y nutrición y de escolarización y la asistencia a sesiones de fomento de la familia, que abordan, entre otros, temas de planificación familiar, relaciones conyugales y de género, educación de los niños y desarrollo de la juventud. De acuerdo con una evaluación de impacto realizada por el Banco Mundial y publicada el 23 de enero de 2013, la institucionalización de dicha subvención ha aumentado el número de mujeres que reciben tratamientos de atención prenatal y postnatal.
Reconociendo la importancia de la participación de los hombres en la promoción de su salud reproductiva y la de las mujeres, el Estado publicó el documento National Policy and Strategic Framework on Male Involvement in Reproductive Health (política nacional y marco estratégico sobre la participación de los hombres en la salud reproductiva). Las directrices sobre la salud maternoinfantil se revisaron para apoyar en mayor medida la participación de los hombres en la salud maternoinfantil, y establecen una relación explícita con las oportunidades en materia de planificación familiar durante el período prenatal (Clark et al. 2007).
Sobre las medidas para abordar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes
Los resultados del Estudio sobre Sexualidad y Fecundidad de los Jóvenes Adultos de 2013 (YAFS4) revela que el número de madres jóvenes se ha duplicado con creces en el último decenio. Del 6,3% registrado en la encuesta de 2002, el porcentaje de niñas de entre 15 y 19 años de edad que dieron a luz ascendió al 13,6% o unas 700.000 madres jóvenes en ese grupo de edad. Los investigadores atribuyen el alarmante aumento a la prevalencia de relaciones sexuales prenupciales entre los jóvenes adultos. Aproximadamente el 32% de los 19,2 millones, o 1 de cada 3 jóvenes, ya habían mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio, frente al 23,2% en 2002 y al 17,8% en 1994. Otro resultado preocupante era que el 78% del primer encuentro sexual antes del matrimonio se realizaba sin protección contra el embarazo ni contra las infecciones de transmisión sexual.
La Ley de Procreación Responsable y Salud Reproductiva y la Carta Magna de la Mujer estipulan la colaboración entre la familia y el Estado en lo que respecta a los servicios sobre sexualidad y salud para los jóvenes, en particular mediante la realización de campañas informativas y educativas y la integración de la educación en materia de sexualidad y salud en el plan de estudios. Entre las intervenciones normativas y programáticas que forman parte del mandato del Gobierno, el mundo académico, las ONG y las dependencias del gobierno local cabe citar las siguientes: a) la formulación de normas y la elaboración de programas de información, educación y promoción; b) la impartición de educación sobre salud y sexualidad adecuada para los adolescentes por parte de docentes capacitados tanto en las escuelas públicas como en las privadas; c) el establecimiento de centros de jóvenes que impartan educación y asesoramiento sobre salud y sexualidad; y d) la formulación y aplicación de ordenanzas y políticas locales con perspectiva de género, basadas en derechos y respetuosas de las particularidades culturales que promuevan la salud integral de las niñas, las adolescentes, las mujeres y las ancianas.
El Estado parte, por conducto del Ministerio de Salud, puso en marcha, ya en 2001, un Programa para los Jóvenes y la Salud de los Adolescentes destinado a abordar los problemas de salud que afectan a los jóvenes de 10 a 24 años de edad, entre los que se encuentran el embarazo en la adolescencia y las muertes de madres jóvenes. El programa elabora una política y normas relativas al desarrollo de servicios de salud adaptados a los adolescentes para su integración en el sistema de salud. En marzo de 2013, se elaboró una nueva política para subsanar deficiencias relacionadas con la formulación de unas directrices claras para las dependencias del gobierno local, la gestión de los adolescentes en las situaciones de emergencia, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación y la definición de las funciones correspondientes a los diversos organismos. Asimismo, se centró en las edades comprendidas entre los 10 y los 19 años con el fin de tener en cuenta las cuestiones nuevas y emergentes de los adolescentes filipinos. Otra iniciativa es la capacitación de los trabajadores de la salud en la gestión de los adolescentes. También se establecieron educadores sanitarios entre pares en las escuelas, líderes para la salud y promotores de la salud de los adolescentes que no asisten a la escuela, con vistas a mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de servicios de salud de calidad para los jóvenes. Una estrategia puesta en marcha para abordar la salud de los adolescentes es la creación del Consorcio de Equipos de Tareas Batang Ina (Madres Jóvenes), una plataforma para el debate sobre los adolescentes y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, integrada por el Gobierno, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil.
El Estado parte también organizó varios talleres sobre educación sexual integral a fin de elaborar un marco unificado de educación sexual integral apropiada en función del grupo de edad, el nivel de desarrollo y el contexto cultural de Filipinas. Las consultas sobre educación sexual integral pretendían promover experiencias con base empírica sobre los efectos de la educación sexual en los jóvenes y examinaron los obstáculos a los que se enfrentan los educadores en los diferentes contextos y cuestiones, como los embarazos en la adolescencia, la transmisión del VIH, la violencia sexual y otras formas de violencia, la trata de personas, el estigma y discriminación y el acceso de los adolescentes a información y servicios de salud reproductiva.
Sobre la legislación en materia de divorcio
El divorcio todavía no está permitido en virtud de la legislación filipina. Las parejas casadas pueden poner fin a sus matrimonios mediante la separación legal o la declaración de nulidad o anulación del matrimonio, de conformidad con lo establecido en el Código de la Familia del Estado parte. El Código de la Familia permite, asimismo, que los ciudadanos filipinos vuelva a casarse si su cónyuge extranjero obtiene el divorcio que capacita a dicho cónyuge para volver a contraer matrimonio.
El Colegio de Abogados de Filipinas, el Centro Jurídico de la Universidad de Filipinas, el Centro de Derechos Humanos Ateneo y el Ministerio Público, entre otros, ofrecen servicios jurídicos gratuitos a las parejas que recurren a la anulación del matrimonio prevista en el Código de la Familia.
El Partido de Mujeres Gabriela presentó en el 15º Congreso un proyecto de ley por el que se legaliza el divorcio (Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1799), que no se aprobó, pero volvió a presentarse en el 16º Congreso. Con arreglo a la legislación propuesta, los motivos de divorcio se basan en la ruptura irreparable del matrimonio y el total incumplimiento de las obligaciones conyugales.
Los miembros del Congreso y el Senado están divididos en lo que respecta a la cuestión del divorcio.
Sobre las mujeres rurales, indígenas y musulmanas
La Carta Magna de la Mujer concede prioridad a los grupos marginados de mujeres y niños, como las mujeres rurales, las indígenas y las musulmanas. La legislación promueve los derechos de las mujeres a los recursos productivos y la prestación de servicios básicos de salud, educación y vivienda, entre otros, a fin de responder a sus necesidades en materia de desarrollo humano. Hace hincapié en que se debe reconocer la igualdad de condiciones a las mujeres y los hombres, con independencia de su estado civil, en la adjudicación de títulos de tierras, la adjudicación de contratos de gestión, las patentes de emancipación y los certificados de propiedad de la tierra.
La Ley de Derechos de la Población Indígena de 1997 (LR 8371) establece que “las mujeres gozarán de los mismos derechos y oportunidades que los hombres en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la vida. Se deberá conceder el debido respeto y reconocimiento a la participación de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, así como en el desarrollo de la sociedad. El Estado brindará a las mujeres indígenas pleno acceso a los servicios de educación, atención maternoinfantil, salud y nutrición y vivienda. Se impartirán cursos de formación profesional, técnica y de otra índole para permitir que estas mujeres participen plenamente en todos los aspectos de la vida social. En la medida de lo posible, el Estado velará por que las mujeres indígenas tengan acceso a todos los servicios en sus propios idiomas”.
Recientemente, el Estado parte ha venido prestando especial atención a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, que acoge a comunidades predominantemente musulmanas y a numerosos grupos indígenas. De todas las regiones de Filipinas, la Región Autónoma del Mindanao Musulmán ha venido registrando las calificaciones más bajas en los indicadores socioeconómicos. Con el acuerdo general sobre Bangsamoro actualmente en vigor, el Estado parte espera poner fin al conflicto armado y realizar más intervenciones en materia de desarrollo para que la región se ponga al mismo nivel que el resto del país. Un programa insignia a este respecto es el programa PAMANA (Payapa at Masaganang Pamayanan o comunidades pacíficas y resilientes), que es el marco del Gobierno nacional para la paz y el desarrollo orientado al empoderamiento de las zonas del país afectadas por el conflicto. Fuera de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, el programa se aplica en otras seis regiones de Filipinas. Sus objetivos principales son desarrollar los medios de vida y aumentar las oportunidades de empleo, fortalecer la capacidad de las dependencias del gobierno local para aplicar programas de paz y desarrollo a nivel local, velar por la transparencia y la responsabilidad y permitir una mayor participación de las comunidades en pos de la paz y el desarrollo. En 2013, el Ministerio de Salud de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán informó de que se habían realizado visitas prenatales a 45.659 mujeres, visitas postnatales a 36.876 y pruebas de detección a 14.179 recién nacidos. Los beneficiarios del programa de transferencia monetaria condicionada se cifraron en 389.656 en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
El Gobierno de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán también puso en marcha su Programa sobre Salud, Educación, Medios de Vida, Paz y Gobernanza y Sinergia (HELPS) para unas intervenciones más coordinadas, centradas y selectivas a nivel local. Con el generoso apoyo al desarrollo en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán y la decidida apuesta por la buena gobernanza, el Estado parte espera que este programa contribuya a mejorar las condiciones socioeconómicas en la región. La Comisión Filipina sobre la Mujer ha venido prestando asistencia técnica a la Comisión Regional sobre las Mujeres de Bangsamoro, su mecanismo homólogo en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, sobre la incorporación de la perspectiva de género a fin de fortalecer su capacidad para desempeñar su función de promover y vigilar una programación y una aplicación con perspectiva de género en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
Una iniciativa de ONG centrada en el problema del analfabetismo en el Mindanao Musulmán es la de la fundación Magbassa Kita Foundation Incorporated. En 2010, la fundación puso en marcha un proyecto de alfabetización para la paz y el desarrollo en respuesta a los resultados de la Encuesta sobre la Alfabetización Funcional y los Medios de Comunicación realizada cada cinco años por la Oficina Nacional de Estadística, que mostró que la Región Autónoma del Mindanao Musulmán registró las tasas de alfabetización más bajas en dos períodos consecutivos abarcados por la encuesta (2003 y 2008). El proyecto tenía por objetivo graduar como mínimo a 62.500 adultos recién alfabetizados hasta 2013. Asimismo, se proponía reforzar las iniciativas de paz y desarrollo mediante la incorporación de los temas relacionados con estos dos ámbitos en su plan de estudios. Recientemente, también integró mensajes esenciales relacionados con el género, como los relativos a los derechos humanos de las mujeres. La Encuesta sobre la Alfabetización Funcional y los Medios de Comunicación tiene previsto desplegar 1.250 facilitadores de alfabetización en toda la región. Elaboró material de alfabetización y lo tradujo a los cinco dialectos principales de la región. En abril de 2013, la Encuesta sobre la Alfabetización Funcional y los Medios de Comunicación graduó a unos 46.000 adultos recién alfabetizados en más de 42 municipios y 619 barangays en la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.
Para las mujeres rurales en general, el Estado parte ha venido aplicando varios programas destinados principalmente a aumentar su acceso a los recursos para las oportunidades relacionadas con los medios de vida, la educación, la salud y el liderazgo. Diversos organismos públicos, de conformidad con su mandato, abordan los sectores de las mujeres rurales. Entre sus intervenciones cabe citar la capacitación en tecnologías (producción, actividades posteriores a la cosecha, elaboración, etc.); insumos agrícolas (fertilizantes, semillas y plantones); préstamos o créditos; y asistencia comercial facilitada por los gobiernos locales para los agricultores, los pescadores y los grupos de mujeres de la comunidad, como los clubes para la mejora rural y otras organizaciones rurales.
Para fortalecer el estatus de tenencia de los beneficiarios de la reforma agraria, el Ministerio de la Reforma Agraria elaboró las Directrices que rigen la igualdad entre los géneros en la aplicación de las leyes de reforma agraria e incorporan las cuestiones de género y desarrollo. Estas directrices garantizan la igualdad de derechos tanto para los cónyuges como para las parejas de hecho en el proceso de determinación, análisis y selección de los beneficiarios de la reforma agraria. A fin de reconocer los derechos de los cónyuges agricultores, en la patente de emancipación o el certificado de concesión de tierras se inscriben los nombres de ambos cónyuges, que irán precedidos por el término “cónyuges”. En el caso de las parejas de hecho, los nombres de ambas partes se inscriben igualmente en la patente de emancipación o el certificado de concesión de tierras con la conjunción “y” entre sus nombres. La política también pretende fortalecer y elaborar mecanismos, programas, políticas, sistemas y procedimientos propicios tendentes a la aplicación con perspectiva de género de las leyes agrarias.
El programa de reforma agraria integral modificado, denominado Ampliación con Reforma del Programa de Reforma Agraria Integral (CARPER) o LR 9700, otorga la más alta consideración al bienestar de los agricultores sin tierra y los trabajadores de explotaciones agrícolas. Reconoce los derechos de las mujeres rurales a ser propietarias de tierras y a controlarlas, y garantiza la igualdad sustantiva entre los hombres y las mujeres beneficiarios a poseer de forma directa o colectiva las tierras que cultivan o a participar de forma equitativa en sus frutos. A fin de apoyar a las empresas rurales, el Estado parte, a través del Ministerio de Comercio e Industria y otros organismos públicos, aplica programas de microempresas rurales, cuyos beneficiarios son, en su mayoría, mujeres propietarias de microempresas.
Otro programa del Estado parte destinado a los trabajadores rurales es el Programa de Mejoramiento Social, que refuerza los derechos de los trabajadores del sector azucarero a la participación equitativa en la producción de fruta y proporciona prestaciones monetarias y sociales adicionales a los trabajadores del sector azucarero para que tanto ellos como sus familias disfruten de una vida decente. Incluye un programa de distribución de bonificaciones en efectivo que se sustenta con el 80% del gravamen, que se distribuye en forma de bonificación en efectivo a los trabajadores de ingenios y plantaciones, el programa de prestaciones de maternidad para las trabajadoras del sector azucarero, que brinda asistencia financiera a todas las trabajadoras de este sector, el programa de prestaciones por muerte y los proyectos socioeconómicos o el programa de medios de vida de los trabajadores.
Participación en la gobernanza y los órganos decisorios locales
La participación de las mujeres en el proceso local de adopción de decisiones es una de las cuestiones contempladas en la Carta Magna de la Mujer. La legislación establece que el 40% de los órganos especiales locales deben estar representados por mujeres. Esta representación se está ampliando en los consejos locales de sectores concretos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Gestión de los Recursos Pesqueros y Acuáticos está integrado por 129 funcionarias (20%) representantes de la comunidad pesquera. Las mujeres también constituyen el 43% de las organizaciones de la reforma agraria y están presentes en los consejos locales de agricultura y pesca. Asimismo, existe una Coalición Nacional de Mujeres Rurales (Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan o PKKK) integrada por organizaciones y federaciones de asociaciones de mujeres campesinas, pescadoras, agricultoras y pertenecientes a los pueblos indígenas; mujeres rurales en los sectores del trabajo informal y los grupos de las personas de edad, los jóvenes y las personas con discapacidad, y las ONG. La Coalición promueve la acción encaminada a abordar las necesidades de las mujeres rurales, indígenas y musulmanas.
En diciembre de 2010, más de la cuarta parte (27%) de los 1.143.914 beneficiarios de la reforma agraria eran mujeres. Las mujeres rurales representaron casi la mitad del total de créditos agrícolas de la Corporación de Garantía de Créditos Rurales y Quedan (QUEDANCOR) del Gobierno. Las mujeres beneficiarias de la reforma agraria también han tenido acceso a servicios de crédito agrícola y de microfinanciación.
Sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
El Estado parte, por conducto de la Comisión Filipina sobre la Mujer y otros organismos públicos, siempre ha promovido la integración de las cuestiones relacionadas con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en todas las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la ampliación de la lista de indicadores de género al tercer Objetivo (igualdad entre los géneros). Por consiguiente, existe una mayor conciencia de la dimensión de género de cada ODM y sus indicadores correspondientes, y se presta una mayor atención a las necesidades y los problemas de las mujeres y las niñas en la aplicación de los objetivos en materia de educación, erradicación de la pobreza, salud y medio ambiente. En los informes periódicos sobre los ODM, los indicadores relativos a la violencia contra la mujer se examinan en el marco del tercer Objetivo.
Sobre la difusión de las observaciones finales
Tras recibir las observaciones finales relativas a los informes de situación quinto y sexto en 2006, el Estado parte puso en marcha foros y conferencias, en particular en las regiones abordadas en las observaciones el Comité. Estas se reprodujeron y se tradujeron a seis idiomas regionales (véase el anexo 4, sobre el material producido en relación con las observaciones finales).
ONU-Mujeres publicó Going CEDAW in the Philippines, un documento de 200 páginas sobre la labor convergente del Gobierno y las ONG para aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, elaborado por Women’s Feature Service (WFS). Se distribuyeron copias a los medios de comunicación, los legisladores y diversas organizaciones y personas. Además, WFS produjo 14 reportajes sobre la experiencia de Asia Sudoriental en lo que respecta a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 5 de los cuales se reprodujeron en los medios de comunicación nacionales y 3 se publicaron en el sitio web de UNIFEM.
Se celebraron exposiciones con las observaciones finales en tenderetes de lona ubicados en centros comerciales, que también recorrieron escuelas y diferentes organismos públicos y actos. Las ONG colaboraron con el Gobierno para trabajar sobre las observaciones finales.