Grupo de trabajo anterior al 36° período de sesiones

7 a 25 de agosto de 2006

Respuesta a la lista de cuestiones y preguntas relativas al examen de los informes periódicos quinto y sexto combinados

* El presente informe se publica sin revisión editorial.

Filipinas *

Constitución, leyes y estado de la Convención

1. En el informe se afirma que aún no se ha formulado una definición jurídica de discriminación contra la mujer en consonancia con la definición del artículo 1 de la Convención (párr. 119). Sírvanse aclarar la situación jurídica de la Convención respecto de la legislación nacional. ¿Tiene previsto el Gobierno introducir leyes que definan y prohíban explícitamente la discriminación contra la mujer tal como se d e fine en el artículo 1 de la Convención? Sírvanse también aclarar el estado de la Convención en el sistema jurídico nacional y si se utiliza en causas judiciales.

Aunque la Constitución de Filipinas consagra la “garantía de igualdad” de la Convención, no se refiere explícitamente a la “garantía de no discriminación”. Si bien por el momento se carece de bases legislativas que habiliten a trasladar directamente las normas de la Convención a una ley nacional que defina la discriminación contra la mujer y estipule la imposición de sanciones o penas por la violación de esas normas, rigen leyes que brindan protección a la mujer en determinadas circunstancias. Esas leyes se mencionan en el informe de Filipinas que se examina (párr. 116).

Si bien la Convención no se puede utilizar para formular cargos contra las personas que violen disposiciones antidiscriminatorias en perjuicio de una mujer, puede invocarse como referencia con ocasión de la acusación o la defensa.

La diputada Josefina Joson presentó recientemente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, la Carta Magna de la Mujer (proyecto de ley de la Cámara 5285), que es un documento legislativo de amplio alcance que abarca la gama completa de los derechos de la mujer en todos los ámbitos: familia, comunidad y sociedad. En él se reafirma el compromiso de proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente los de las mujeres de sectores marginados, entre las cuales se encuentran las que viven en zonas rurales, las pescadoras, las pobres de zonas urbanas, las obreras, las que trabajan en el sector no estructurado de la economía, las que pertenecen a pueblos indígenas, las niñas, las ancianas y las discapacitadas.

El artículo 1 del proyecto de ley adopta la definición de discriminación formulada en el artículo 1 de la Convención: “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. El proyecto está en la etapa de segunda lectura en la Cámara de Diputados.

2. En el informe se menciona que el Código de Familia, el Código Civil, el Cód i go de leyes y derecho consuetudinario de los musulmanes, el Código Penal refo r mado y el derecho consuetudinario siguen conteniendo ciertas disposiciones que se consideran discriminatorias contra la mujer o incompatibles con la nueva legisl a ción: por ejemplo, en la definición de infidelidad para hombres y mujeres (párr. 559). Indíquese si se ha establecido un calendario para revisar y enmendar esas l e yes a fin de ajustarlas a la Convención.

Están en vigencia algunas leyes que aún contienen disposiciones discriminatorias: por ejemplo, el Código de Familia (arts. 46, 96, 211 y 225), el Código Civil (arts. 39, 765, 919 y 2238), el Código de leyes y derecho consuetudinario de los musulmanes (artículos 27 a 29), el Código Penal reformado (arts. 333 y 334) y el derecho consuetudinario. Ahora mismo se encuentran en trámite en la legislatura algunos proyectos que pretenden reformar esas leyes.

El proyecto de ley relativo a la infidelidad conyugal, en que se sustituyen los términos “adulterio” y “concubinato” por el vocablo “infidelidad” en los artículos 333 y 334 del Código Penal reformado, ya ha pasado la etapa de la primera lectura en la Cámara de Diputados. Será devuelto al Comité de Revisión de Leyes antes de su segunda lectura. Se presentó en el Senado un proyecto de ley similar, que ha sido derivado a los Comités de la Juventud, la Mujer y las Relaciones de Familia y de Reformas Constitucionales y Revisión de las Leyes.

Un proyecto todavía en trámite en la Cámara de Diputados procura reformar el artículo 96 del Código de Familia, que estipula que la decisión del marido prevalecerá en caso de que se produzca un desacuerdo en torno a la administración y el goce de los bienes comunes. Una vez que sea aprobada, la ley garantizará que la esposa esté en la misma posición que el marido a ese respecto.

Se ha presentado en el Senado otro proyecto similar que pretende enmendar los artículos 96, 124, 211 y 225 del Código de Familia para que se exija la intervención judicial en casos de desacuerdo entre el marido y su esposa respecto de la administración y el goce de bienes comunes o gananciales y del ejercicio de la autoridad parental y la legítima tutela sobre la persona y los bienes de un hijo común no emancipado.

En la Cámara de Diputados se han presentado varias versiones del proyecto de ley contra la prostitución, en que se imponen penas y sanciones más severas a los proxenetas, operadores y agentes de la prostitución y se proporcionan servicios sociales y programas de ayuda a sus víctimas.

Los distintos proyectos se van consolidando sobre la base de las observaciones y aportaciones de los responsables del Programa de Trabajo Técnico en el seno del Comité de Revisión de Leyes, del cual son miembros activos los integrantes de la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina (NCRFW).

El proyecto que se propone reformar el Código de leyes y derecho consuetudinario de los musulmanes está en trámite en el Comité de Asuntos Musulmanes de la Cámara de Diputados desde 2004. Actualmente también se desarrollan debates sobre el antedicho Código en el seno de la Asamblea Legislativa Regional de la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM).

No se ha fijado un plazo definitivo para la aprobación de estos proyectos, pues el orden de prioridad que se otorga a las cuestiones pendientes depende del programa político de las cámaras legislativas y del resultado de las consultas y los debates que generen las propuestas que se examinan. Diversas ONG y agrupaciones femeninas llevan a cabo campañas de promoción de sus ideas y de presión para imponerlas a fin de acelerar la aprobación de estos proyectos. Asimismo, el proyecto de ley contra la prostitución ha sido incluido entre los proyectos que requieren la atención prioritaria del Comité de la Cámara encargado de examinar los avances logrados respecto de los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM).

3. Según el informe, el Gobierno tiene previsto aplicar su programa sobre género y estadísticas a fin de supervisar los cambios experimentados en la condición de la mujer y la realización de sus derechos humanos (párr. 25). Sírvanse suministrar i n formación sobre el conjunto de 32 indicadores básicos sobre la condición jurídica y social de la mujer y sobre el disfrute por parte de ésta de sus derechos, que se me n ciona en el párrafo 20, y sobre la evolución de los progresos en el uso sistemático de indicadores de género y desarrollo en la elaboración de políticas en todas las e s feras pertinentes.

Uno de los resultados más importantes obtenidos entre 1997 y 2002 por el componente denominado “Mejora de las estadísticas relativas a las cuestiones de género”, del Proyecto II sobre Fortalecimiento Institucional (ISP-II) que patrocina el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), ha sido el mayor compromiso contraído por los organismos más importantes en el campo de la estadística de aportar la ayuda necesaria para emprender el análisis de las cuestiones de género. En 2002, la Junta Nacional de Coordinación Estadística (NSCB), el organismo filipino encargado de establecer y coordinar las políticas por seguir en materia de estadística, aprobó la Resolución No. 5 de la Serie de 2001 titulada Marco Estadístico para los indicadores relativos a la mujer en el desarrollo (GAD).

Este Marco se desarrolló sobre la base de las miras y estrategias adoptadas con respecto a la GAD por el Plan Filipino para un Desarrollo que se Adecue a la Mujer (PPGD) (1995-2025), que es un Plan de la Comisión Nacional, con una perspectiva de 30 años, para impulsar el papel de la mujer filipina y la Plataforma de Acción de Beijing, dos temas interdependientes que están estrechamente interrelacionados. Se desarrollaron 20 (veinte) indicadores principales (y un total de 32 (treinta y dos) indicadores de efectos) para controlar y evaluar la evolución de la GAD y mostrar la situación general de la mujer. Estos indicadores fueron clasificados con arreglo a las 12 esferas fundamentales de preocupación expuestas en la Plataforma de Acción de Beijing y a las necesidades y las normas estadísticas del Marco Estadístico para los indicadores básicos sobre la GAD a nivel macro.

En 2001, la NCRFW introdujo el Plan Marco para la Mujer (FPW), que es el programa a corto plazo del Gobierno durante el mandato de la Presidenta Arroyo. En octubre de 2005, el Consejo Ejecutivo de la NSCB aceptó las recomendaciones del Comité Interinstitucional encargado de las Estadísticas de Género (IACGS) para considerar las disparidades encontradas al evaluar los últimos datos de los indicadores básicos sobre la GAD y de los indicadores del FPW. En su resolución No. 12, la NSCB impartió instrucciones a sus 13 (trece) dependencias a efectos de que presentaran planes de acción para abordar el problema de las disparidades de datos y garantizar la disponibilidad de los datos y las estadísticas que se requerían para supervisar los avances logrados con respecto a la condición de la mujer filipina.

Aunque los indicadores básicos sobre la GAD se utilizan para verificar cambios a largo plazo de la condición general de la mujer filipina, los indicadores del FPW son en esencia indicadores adicionales que sirven para seguir de cerca los cambios a corto plazo de la situación de la mujer filipina y los progresos logrados en los diversos programas tras las intervenciones del Gobierno en cuestiones atinentes al género. Cuando esos indicadores se utilizan juntos, se complementan para satisfacer las necesidades de datos y de información respecto de la condición de la mujer filipina y permiten determinar las esferas de desarrollo y sus discrepancias.

La NSCB ha empezado a compilar los datos estadísticos de los indicadores básicos sobre la GAD en una base de datos para asegurarse de que la actualización y la documentación se llevan a cabo correctamente. La base de datos ya ha sido cargada y, desde noviembre de 2004, puede consultarse en el sitio Web de la NSCB (www.nscb.gov.ph) para obtener información pertinente, oportuna y de fácil manejo para el usuario. Abarca sectores o esferas tan importantes como la población y las familias, el trabajo, la agronomía, la educación, la salud y la nutrición, la asistencia social, la vida pública y la violencia contra mujeres y niños. La base de datos, que ha permitido actualizar los indicadores existentes, también se ha ampliado y ahora comprende otros cuatro sectores: la participación en la economía, el medio ambiente, la migración y la paz y los derechos humanos. Todos los años se publican y difunden hojas informativas sobre la mujer y el hombre. El Manual Estadístico sobre la Mujer y el Hombre en Filipinas correspondiente a 2006, una publicación trienal de la NSCB, se editará para fines de mayo de 2006. Además de la actualización de la base de datos en línea, la publicación incluirá nuevos indicadores sobre derechos humanos y todos los indicadores relativos a los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), en especial los atinentes a la educación, el trabajo y la participación en la economía de las mujeres y los niños.

Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadística (NSO) produce datos desglosados por sexo y publica estadísticas por género en su sitio Web (www.census.gov.ph) y en una hoja informativa, “Gender Quickstat”, donde todos los años se actualizan trimestralmente los datos estadísticos desglosados por sexo más solicitados a la Oficina. Los cuadros con datos desglosados por sexo obtenidos en estudios sobre demografía, la niñez, la planificación familiar, los ingresos y los gastos de las familias, las estadísticas del estado civil, el trabajo y el empleo y los trabajadores en el exterior se pueden consultar en línea.

La Dirección Nacional de Desarrollo Económico (NEDA) utilizó los indicadores básicos sobre la GAD para evaluar y actualizar el Plan de desarrollo a mediano plazo de Filipinas (MTPDP) (2004-2010). La posibilidad de seleccionar datos estadísticos en función del género enriqueció el análisis de los temas y los debates sobre las intervenciones del Gobierno, particularmente en materia de creación de empleo, justicia social y necesidades básicas, salud y educación. Puso de relieve la necesidad de realizar una medición directa y desglosada por sexos de los ingresos escasos para ilustrar, concretamente, la feminización de la pobreza. También los indicadores básicos sobre la GAD sirvieron para evaluar los datos con ocasión de la actualización del segundo informe de Filipinas sobre la marcha de los trabajos en relación con los ODM. Además de los indicadores relativos a los ODM, la NEDA utilizó el Índice de desarrollo en relación con la mujer (IDG) y el Índice de realización del potencial de la mujer (GEM) para profundizar el análisis de los logros alcanzados respecto del objetivo 3: Promoción de la igualdad entre los géneros. Subsiste el desafío de generar datos desglosados por sexo y por provincia, pues son esenciales para verificar los desequilibrios en materia de distribución de recursos y priorizar las actividades que promuevan el desarrollo en todo el país.

El Plan de Desarrollo Estadístico de Filipinas (PSDP) (2005-2010) comprende un capítulo aparte sobre las necesidades sociales y la GAD. Este capítulo —que se considera un hito fundamental en el proceso de examen de las disparidades de los datos desglosados por género de los indicadores básicos sobre la GAD, el FPW, los ODM y la CEDAW— contiene disposiciones que atañen a los problemas y planes relativos a la recolección de datos desglosados por sexo y de datos estadísticos sobre las cuestiones prioritarias en materia de género que serán abordadas por el Gobierno en los próximos cinco años. El PSDP hace las veces de documento acompañante para satisfacer los requisitos del MTPDP en materia de estadísticas. También la NSCB difunde de continuo datos estadísticos en el plano local por conducto de sus oficinas regionales mediante sus hojas informativas anuales y el Manual sobre la Mujer y el Hombre. Los datos sirven de insumos en los procesos regionales de planificación del desarrollo que tienen como puntas de lanza a los Consejos Regionales de Coordinación del Desarrollo, que a su vez utilizan las oficinas regionales de la NEDA como secretarías.

Mediante iniciativas interinstitucionales se procura incrementar la producción local de estadísticas de género entre los organismos gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones internacionales dedicadas al desarrollo. En el marco del Proyecto II sobre Fortalecimiento Institucional (ISP-II) patrocinado por el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) se ha fabricado un instrumento de autoevaluación (GeRL), ¿Ka Ba? o ¿Constituyen Uds. una dependencia de la administración local sensible ante las cuestiones de género?, para determinar el grado de capacidad de las dependencias de las administraciones locales para sensibilizar a sus municipios en las cuestiones de género. Este instrumento servirá para evaluar la estrategia de la NCRFW de incorporar la perspectiva de género en el plano local.

Como parte del proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) relativo al fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales para incorporar una perspectiva de género en los programas de salud reproductiva, población y lucha contra la violencia en perjuicio de la mujer, la Comisión de Población se comprometió a mejorar la Guía para el análisis de la situación y de las características socioeconómicas de la población exigiendo la incorporación de datos desglosados por sexo y de indicadores de género en los planes locales de desarrollo. Asimismo, el UNFPA apoya actualmente el desarrollo de un sistema de documentación sobre la violencia contra la mujer que permita al Gobierno determinar el alcance de esa violencia y supervisar la prestación de servicios a sus víctimas por parte de organismos tales como la Policía y el Ministerio de Asistencia Social.

En la actualidad el Departamento del Interior y de Administración Local (DILG) mejora los indicadores del Sistema de Gestión del Funcionamiento de la Gobernanza Local (LGPMS) y del Sistema de Vigilancia Comunitaria (CBPMS) para hacerlos más sensibles ante las cuestiones de género incorporando datos desglosados por sexo y otros indicadores de género.

Los indicadores básicos de la pobreza local (CLPI) fueron aprobados en marzo de 2003 en virtud de la resolución No. 7 En Banc de la Comisión Nacional de Lucha contra la Pobreza; por otra parte, el control de la pobreza local y de la pobreza institucionalizada en el plano local se realiza con arreglo a la resolución MC 2003-92 del DILG, que estipula la adopción de los CLPI para la planificación local. Los CLPI comprenden una serie mínima de 14 (catorce) indicadores cuidadosamente seleccionados para medir el desarrollo humano, mientras que los indicadores de ingresos utilizados para diagnosticar la pobreza y planificar la lucha contra ella comprenden un indicador de la mortalidad materna.

Violencia contra la mujer

4. En el informe se afirma que la Ley de Tribunales de familia de 1997 estableció tribunales de familia en las principales ciudades del país para promover un enfoque más dinámico de protección de los derechos de las mujeres y los niños contra la violencia en el hogar y el incesto (párr. 210). Sírvanse proporcionar información sobre si se va a evaluar la eficacia de esos tribunales y las conclusiones conexas, y descríbase todo plan para establecer tribunales de familia en las ciudades en que todavía no existan.

Hasta diciembre de 2000, la Corte Suprema de Filipinas había designado en el país 71 tribunales regionales de primera instancia para que actuaran como tribunales de familia. Estos tribunales de familia tienen competencia originaria para entender en causas que afecten a niños o en cuestiones conyugales, como la nulidad del matrimonio o la violencia en el hogar. La Corte Suprema también puso a prueba, a título experimental, un tribunal ambulante que visita las cárceles urbanas de Manila Metropolitana para entender en causas relacionadas con personas detenidas por tiempo excesivo. Este tribunal ambulante entiende en causas reservadas a los tribunales de primera instancia, incluidos los de familia. Habida cuenta del éxito relativo alcanzado por el tribunal ambulante, ahora se proyecta habilitar dos más: uno en las Visayas y otro en Mindanao.

Recientemente la Corte Suprema ha establecido un Comité de Sensibilización en materia de Género para que procure incorporar las cuestiones de género en los programas, proyectos y políticas del Poder Judicial. Entre otras tareas, el Comité se ha ocupado de formar magistrados, jueces y fiscales para que tengan en cuenta las cuestiones de género al entender en una causa.

Además, la Escuela Judicial de Filipinas, la rama de la Corte Suprema encargada de brindar capacitación, ha incluido en sus módulos de enseñanza la Ley que reprime la trata de personas (Ley de la República (LR) 9208) y las Leyes que reprimen la violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer y sus hijos (LR 9262). La sensibilización en materia de género ha sido incluida asimismo entre las materias que tienen que cursar los abogados, conforme a las normas que rigen la Formación jurídica continua y obligatoria (MCLE), que también supervisa la Corte Suprema. Todavía queda por realizar un estudio que determine la eficacia de los tribunales de familia y de la Ley que reprime la violencia contra la mujer en función de la protección de los derechos de las mujeres y los niños en casos de violencia en el hogar y de incesto.

5. En el informe se indica que de 1995 a junio de 2001 la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas investigó 377 casos de violación de los derechos humanos de la mujer y que los autores eran agentes de policía, funcionarios o empleados loc a les, civiles y personal militar (párr. 131). Sírvanse informar sobre el número de pr o cesamientos contra esas personas y las sentencias impuestas. ¿Qué medidas se e s tán adoptando para impedir la violación de los derechos humanos de la mujer por oficiales de policía y otros funcionarios públicos que abusan de su autoridad?

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) no puede proporcionar datos unificados sobre la situación de los 337 casos de violación de los derechos humanos de la mujer que supuestamente cometieron agentes de policía, funcionarios o empleados locales, civiles y personal militar, aunque los casos fueron investigados. Según la CHR, una vez que se adopta una resolución sobre cualquiera de ellos e independientemente de que se recomiende iniciar la acción penal o desistir del proceso, se remite el caso a la fiscalía correspondiente.

Lamentablemente, en los datos recolectados no se consigna la ocupación del autor del hecho y, por lo tanto, no hay manera de determinar el número de los casos cometidos por los agentes de policía, el personal militar, los funcionarios y empleados locales o los civiles. Ahora se están recolectando y procesando datos procedentes de diversos organismos.

Una medida que apunta a prevenir la comisión de violaciones de los derechos humanos de la mujer por parte de agentes de policía y otros funcionarios públicos es la práctica adoptada por la CHR, que consiste en seguir un criterio muy estricto para emitir un certificado en que se declare que determinado policía o funcionario no ha sido objeto de una demanda por violación de derechos humanos. A menudo se exige ese certificado para lograr un ascenso o adquirir derecho a recibir ciertas prestaciones. Por otra parte, la Policía Nacional Filipina, la Comisión de Derechos Humanos, el Departamento del Interior y Administración Local y la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina, entre otras instituciones, siguen desarrollando actividades encaminadas a concienciar a los integrantes de la sociedad civil, policías, personal militar y funcionarios y empleados públicos como una manera importante de prevenir la violación de los derechos humanos de la mujer.

6. El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas indica en su informe que la militarización ha producido violaciones de los derechos humanos de las mujeres y los niños (E/CN.4/2003/90/Add.3, párr. 50). La mayoría de esos abusos fueron violaciones, hostigamiento sexual, forzar a niñas a servir como “mujeres de solaz” en campamentos militares y prostitución obligada. Sírvanse explicar qué medidas ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la violencia contra las mujeres indígenas.

Subsiste la necesidad de armonizar los datos recolectados y recibidos por el Gobierno. Aunque la Comisión de Derechos Humanos confirma que se producen casos de abusos cometidos contra mujeres indígenas, no puede determinar su número exacto ni la cantidad de demandas presentadas. Entretanto, la Comisión Nacional de las Poblaciones Indígenas (NCIP) asegura que no ha recibido denuncias —ni ha sido notificada por sus oficinas regionales o locales— de casos de violaciones o de prostitución forzada de mujeres indígenas perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas (FAP). Según la NCIP, no se señaló a su atención caso alguno durante las reuniones celebradas de diciembre de 2004 a febrero de 2005 con los 63 consejos consultivos provinciales y los tres consejos consultivos urbanos del Consejo Consultivo de las Poblaciones Indígenas. En la actualidad, el Gobierno filipino trabaja en la conciliación de esos datos y procura determinar el estado en que se encuentran los casos.

Está en vigencia una ley, la Ley de derechos de la población indígena (IPRA) de 1997, cuyo objetivo es promover y proteger los derechos de las mujeres indígenas, conforme a lo establecido en su Capítulo V, Justicia Social y Derechos Humanos, y especialmente en su artículo 26, que reza así: en las comunidades y poblaciones indígenas, las mujeres gozarán de los mismos derechos y oportunidades que los hombres en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la vida.

La NCIP defiende los derechos de las mujeres de las poblaciones y comunidades indígenas como parte de su política de defensa de los derechos humanos en esas poblaciones y comunidades. En el marco de las actividades de información, educación y comunicaciones (IEC), la NCIP lleva a cabo consultas en las poblaciones y comunidades indígenas sobre los derechos que les asisten conforme a la IPRA, la Declaración Universal de Derechos Humanos y también la CEDAW.

En febrero de 2006, se celebró en la ciudad de Baguío un taller nacional sobre la mujer indígena en el desarrollo, en que participaron la NCIP, el Programa de estudio de cuestiones de género de la Universidad Nacional de Baguío, ONG y mujeres indígenas de siete comunidades de Filipinas. De resultas del taller, se estableció un plan de acción para las mujeres indígenas con el propósito de crear mecanismos de promoción y protección del derecho de la mujer a no ser víctima de violencia ni de otras formas de abuso o explotación. En el marco de ese plan se llevan a cabo talleres de escritura entre otras actividades.

7. En el informe se afirma que la Ley sobre la violencia contra la mujer y sus hijos, de 2004, tiene por objetivo poner fin a la elevada incidencia de violencia c o ntra la mujer y castigar a los autores (párr. 207). La Ley también prevé la emisión de “órdenes de protección” para poner fin a la violencia e impedir que se repita. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para difundir esa Ley en la sociedad, en especial entre las mujeres y otras personas de las comunid a des, y cuántas “órdenes de protección” se han emitido desde 2004. Sírvanse ta m bién incluir información sobre las medidas para capacitar a magistrados, of i ciales de policía y otros miembros del personal de seguridad encargados de hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.

El Consejo Interinstitucional sobre la violencia contra la mujer y sus hijos (IACVAWC) organizó una campaña de información pública para difundir la LR 9262 entre los organismos gubernamentales, los prestadores de servicios, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los sobrevivientes y el público en general. También se organizaron seminarios de orientación y formación en cuestiones jurídicas para oficiales de policía, funcionarios de aldea (barangay), trabajadores de salud y asistentes sociales. Además, se llevó a cabo una campaña nacional de capacitación de fiscales en el manejo de casos delicados desde el punto de vista del género como resultado de la aplicación de las LR 9262 y 9208. La Comisión de la Administración Pública organizó reuniones para hablar de cuestiones jurídicas con diferentes empleados del Estado. La Comisión de Derechos Humanos organizó 14 seminarios, ocho conferencias y 32 simposios y debates interinstitucionales sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos, a los que se incorporó la LR 9262. El Ministerio de Salud organizó cursos de orientación en sus oficinas de protección de la mujer y el niño para informar a sus clientes de los derechos que les asistían y de los servicios estatales que estaban a su disposición. Por su parte, el Departamento del Interior y de Administración Local condujo seminarios de orientación en varias aldeas (barangays). La Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina y el Ministerio de Justicia organizaron conjuntamente un curso nacional de capacitación para fiscales con el propósito de familiarizarlos con la LR 9262 y sensibilizarlos respecto de las cuestiones de género para que manejaran debidamente los casos de violencia contra las mujeres o sus hijos.

Diversas ONG y dependencias de la administración local han empezado a organizar en sus respectivas localidades reuniones de orientación para agrupaciones femeninas y funcionarios de aldea (barangay); en esas reuniones se habla asimismo de la emisión de órdenes de protección.

Trata y explotación de la prostitución

8. En el informe se indica que la Ley contra la trata de personas de 2003 est a blece penas para diversos delitos relacionados con la trata (inc. c) del párr. 188). Sírvanse proporcionar información sobre los porcentajes de arrestos y condenas en aplicación de la Ley.

Desde la aprobación de la Ley, en 2003, la Policía Nacional Filipina llevó a cabo 25 operaciones de rescate, rescató a 137 personas y arrestó a otras 57 por haber infringido la LR 9208. La Oficina Nacional de Investigaciones investigó los 22 casos que se le presentaron por violación de la Ley que reprime la trata de personas.

Desde el punto de vista de los procesamientos, en 2003 se presentaron ante el Ministerio de Justicia 12 casos, de los cuales tres fueron desestimados. En 2004 se presentaron 60 casos, de los cuales 13 están pendientes de investigación, 27 están pendientes de juicio, cuatro fueron retirados y 2 se desestimaron. Posteriormente se dictaron condenas para cuatro casos. En 2005, llegaron al Ministerio de Justicia 114casos, de los cuales 67 están pendientes de investigación, 29 están pendientes de juicio, 14 se desestimaron y dos fueron retirados. Se dictaron condenas en tres casos, por lo que el total de condenas impuestas llegaba a 7 (siete) hasta marzo de2006.

Sobre la base de la LR 9262, se supone que barangays y tribunales emiten órdenes de protección barangay y de carácter provisorio o permanente a favor de las víctimas de violencia contra la mujer. A estos efectos, circula un memorando del DILG para barangays. Sin embargo, hasta hoy no se puede determinar si ha sido acatado, pues todavía no hay un sistema de control sistemático. El Subcomité de Control del Comité Interinstitucional de Coordinación del Control de la Violencia contra la Mujer aún sigue trabajando en la preparación de un sistema de control sistemático de la recolección datos sobre la violencia contra la mujer.

9. En sus observaciones finales anteriores, el Comité observó que las leyes se aplicaban de forma discriminatoria contra las prostitutas y no contra los hombres que actuaban como tratantes, proxenetas y clientes . Sírvanse proporcionar info r mación sobre las medidas efectivas adoptadas para poner fin a esa aplicación di s criminatoria de las leyes y centrarse en la penalización de los tratantes.

Está pendiente de consideración en el Congreso un proyecto de ley que unifica 11 proyectos anteriores. El proyecto, denominado “Ley contra la prostitución”, pretende discriminalizar a las personas prostituidas y sancionar a los proxenetas, dueños de burdeles y otros establecimientos similares y clientes de las personas prostituidas. Cuando se apruebe, este proyecto entrañará la reforma del artículo 202 del Código Penal revisado, que criminaliza a las personas prostituidas.

El artículo 11 de la LR 9208 (Ley que reprime la trata de personas) sanciona explícitamente a quienes utilizan los servicios de personas víctimas de la trata con fines de prostitución. De las siete condenas impuestas por la violación de la LR 9208, una se aplicó por infringir el artículo 11. Sin embargo, esa causa en particular se había abierto para castigar delitos más graves relacionados con la trata de personas y el acusado se declaró culpable de un delito de menor gravedad: la utilización de los servicios de una persona que había sido víctima de trata. En vista de esto, el Ministerio de Justicia emitió un memorando en que recomendaba a todos sus fiscales que no permitiesen que un persona sospechosa de ser tratante y procesada por el delito más grave de trata de personas alegase que había transgredido el artículo 11 para salir del paso con una pena más leve.

10. En el informe se indica que en enero de 1999 se creó el Centro Filipino sobre la Delincuencia Transnacional, al que se encomendó la tarea de establecer una b a se de datos centrales que serviría para que los organismos del Gobierno interca m biaran información sobre los delincuentes, las detenciones y las condenas corre s pondientes a diversos delitos transnacionales, incluida la trata de seres humanos (párr. 198). Sírvanse evaluar los progresos en el uso sistemático del Centro y ev a luar sus efectos en la lucha contra la trata.

En 2003, el Centro Filipino sobre la Delincuencia Transnacional (PCTC) estableció una base de datos sobre la trata de personas. Este proyecto se propone integrar y almacenar sistemáticamente los datos sobre la trata de seres humanos reunidos o recibidos tanto por los organismos gubernamentales interesados como por las distintas organizaciones no gubernamentales. Hasta la fecha, la base de datos contiene 6.500 entradas de instituciones semejantes, locales e internacionales, y de fuentes externas, como la prensa escrita.

Gracias al sistema de comunicación mundial 24/7 de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el PCTC incrementó su capacidad de reunir y difundir información sobre casos de trata de seres humanos, especialmente en relación con los casos de trata hacia Malasia, que siguen en constante aumento. En la actualidad se investigan dos nuevos casos y el tratante malasio implicado en la cuestión está siendo vigilado por el PCTC por conducto de INTERPOL.

Subsiste la urgente necesidad de ampliar la capacidad de la base de datos del PCTC y, a la vez, de acrecentar las posibilidades de acceso y las interconexiones con otros organismos gubernamentales. El PCTC proyecta organizar reuniones interinstitucionales periódicas con organismos gubernamentales y ONG para elaborar una guía de funcionarios de enlace y centros de coordinación e impulsar la utilización sistemática de la base de datos.

11. De conformidad con el informe, los datos facilitados sobre la trata son muy bajos en comparación con el número real de víctimas. Esto se atribuye en el informe a la falta de un mecanismo de supervisión sistemática de la circulación de migra n tes filipinos (párr. 180). Sírvanse indicar las medidas adoptadas para introducir un mecanismo de supervisión sistemática sobre la circulación de migrantes filipinos.

La Comisión de Filipinos en el Extranjero (CFO) dispone de una base de datos sobre emigrantes filipinos denominada “Sistema de información sobre los filipinos en el exterior”. Sin embargo, la información reunida se refiere a los emigrantes que han llenado los formularios pertinentes y los han devuelto a la Comisión y, naturalmente, no comprende la que atañe a las personas que no han contestado los cuestionarios de la CFO. Muchos trabajadores filipinos en el exterior han salido del país aduciendo diversos pretextos, lo que hace muy difícil proteger sus derechos. Únicamente cuando surgen problemas se entera la CFO de la difícil situación en que se encuentran. Es complicado difundir información generalizada, sobre todo por los peligros que enfrentan los filipinos indocumentados que viven en el exterior.

La NCRFW está desarrollando un sistema nacional de documentación sobre la violencia contra la mujer que ha de comprender asimismo los casos de trata. Se prevé que el sistema permita interconectar las bases de datos de los organismos y servicios que combaten en primera línea la violencia contra la mujer: entre otros, la Policía Nacional Filipina, los Ministerios de Asistencia Social y Desarrollo, de Salud y de Justicia y el Departamento del Interior y Administración Local. Con miras al mejoramiento del sistema, se examinan las formas de admisión y seguimiento de datos de esos organismos y servicios y se procura encontrar formas complementarias de captación de los datos necesarios. Se confía en que este proyecto quede terminado para el año 2010.

En el Plan Estratégico Nacional del Comité interinstitucional contra la trata de personas (IACAT) se prevé el establecimiento de una base nacional de datos sobre la trata de seres humanos. Sin embargo, este proyecto todavía no se ha puesto en marcha por limitaciones de financiación.

Participación en la vida política y pública

12. En sus observaciones finales anteriores, el Comité recomendó que se adopt a ran medidas especiales de carácter temporal para aumentar la participación de la mujer en los cargos públicos superiores de adopción de decisiones . Sírvanse pr o porcionar una actualización sobre el estado de las leyes propuestas para establecer medidas especiales de carácter temporal a fin de aumentar la participación de la mujer que se describen en el párrafo 43 del informe, así como sobre cualquier otra medida alternativa prevista o aplicada para aumentar el número de mujeres en ca r gos públicos.

Hay dos proyectos de ley —uno relativo a la representación sectorial local (RSL), que comprende la representación de la mujer, y otro al equilibrio entre los géneros— que se encuentran pendientes de tramitación, en la etapa de primera lectura, en el 13º período legislativo de la Cámara de Diputados y el Senado de Filipinas. En el proyecto de RSL se prevé la elección de tres representantes sectoriales en las jurisdicciones de las provincias, los municipios y los consejos (sanggunians): uno por las mujeres, otro por los trabajadores y el tercero por alguno de los siguientes colectivos: los pobres urbanos, las comunidades culturales indígenas, las personas discapacitadas y los ancianos. Por su parte, el proyecto relativo al equilibrio entre los géneros se propone desarrollar un sistema de cupos de género para garantizar a las mujeres: a) su acceso a puestos en el gobierno nacional y las administraciones locales que sólo se cubren por nombramiento y b) su plena participación en el proceso electoral y la vida política.

El proyecto relativo a la RSL está pendiente de estudio en el Comité de Sufragio y Reformas Electorales de la Cámara de Diputados y en el Comité de Reformas Constitucionales y Revisión de Códigos y Leyes y la Comisión de Asuntos de las Administraciones Locales del Senado de Filipinas. El proyecto atinente al equilibrio entre los géneros está pendiente de estudio en el Comité de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Diputados y en los Comités de la Juventud, la Mujer y las Relaciones de Familia, de la Administración Pública y la Reorganización del Estado y de Finanzas del Senado de Filipinas. Estos proyectos fueron presentados en 2004 y 2005.

Sin embargo, ni el proyecto relativo a la RSL ni el que atañe al equilibrio entre los géneros se han incluido en la lista de proyectos declarados urgentes por el Gobierno. Se ha admitido la necesidad de impulsar una serie de medidas que permitan intensificar los esfuerzos por conseguir que aumente la participación de la mujer en los puestos desde los cuales se adoptan decisiones. Se procurará que los proyectos relativos a la SRL y el equilibrio entre los géneros sean declarados de urgencia en el 13º período legislativo del Congreso para acelerar la sanción de las leyes correspondientes.

Al respecto, la Comisión de la Mujer de Mindanao, una ONG de mujeres con sede en Mindanao, ha puesto a consideración del grupo de expertos del Gobierno de la República de Filipinas (GRP) y del Frente de Liberación Islámico Moro (MILF) un documento en que fija su posición y solicita que se permita que la mujer tenga una participación sustancial y significativa en las estructuras de la toma de decisiones (por ejemplo, estableciendo un cupo de mujeres de por lo menos 30% en el Consejo Directivo del Organismo para el Desarrollo de Bangsamoro).

13. En el informe se reconoce la necesidad de aplicar medidas especiales de c a rácter temporal para aumentar la participación de la mujer, sobre todo en la judic a tura, la policía y el ejército (párr. 258). ¿Ha introducido el Gobierno alguna m e dida especial de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del comité para aumentar la particip a ción de la mujer en la judicatura, la policía y el ejército? En caso afirmativo, sí r vanse informar sobre esa medidas.

•Participación de la mujer en la Policía Nacional Filipina

La Ley de la República No. 8551, una ley que estatuye la reforma y la reorganización de la Policía Nacional Filipina (PNP) y fue promulgada en 1998, dispone la adopción de medidas concretas para incrementar la participación femenina en la fuerza policial. De conformidad con una de esas medidas, el cargo de 1 (uno) de los 4 (cuatro) comisarios de la Comisión Nacional de Policía (NAPOLCOM) debe ser desempeñado por una mujer. Con arreglo a esta disposición, las mujeres comisarias de la NAPOLCOM eran: 1 (una) entre 1999 y 2001, 2 (dos) en 2002 y 3 (tres) a partir de 2003; ahora una de ellas es, además, vicepresidenta y directora ejecutiva.

Con arreglo a otra de las medidas adoptadas, se otorga prioridad al reclutamiento y la capacitación de las mujeres que habrán de prestar servicios en la sección femenina en los próximos cinco años y se reserva para las mujeres un 10% anual de las actividades relacionadas con el reclutamiento, la capacitación y la educación. Según los datos de la PNP, en abril de 2006 había entre sus efectivos unas 9.000 mujeres (alrededor de 7% de la totalidad de la fuerza). Además, el número de mujeres reclutadas anualmente para ocupar cargos de oficiales de policía 1º, 2º y 3º y de inspectores (hasta de inspectores en jefe) llegó en promedio a 759 por año en el período comprendido entre 1998 y 2005.

•Participación de la mujer en el Poder Judicial

Según datos de la MCLE, al 31 de diciembre de 1998 había un total de 1.451 jueces en los tribunales de primera y segunda instancia (tribunales municipales y regionales de primera instancia y cámaras de apelaciones). De ese total, 259 (17,85%) eran mujeres. En noviembre de 2005 había 1.495 jueces de primera y segunda instancia. De ese número, 419 (28,03%) eran mujeres. Según los mismos datos, los miembros del personal de esos tribunales eran en total 17.890 en 1998 y 20.501 en 2005 (el número de mujeres ascendía a 9.298 (52%) en 1998 y a 11.831 (58%) en 2005). En la actualidad, la Corte Suprema está integrada por 15 magistrados, incluido su Presidente. De los 15, cinco son mujeres.

Se han adoptado una serie de medidas para sensibilizar al Poder Judicial respecto de las cuestiones de género. La Corte Suprema se ha propuesto emprender un plan estratégico para incorporar una perspectiva de género en el sistema judicial filipino. Instituyó el Comité de Sensibilización del Poder Judicial en materia de Género para que sirviera de punta lanza en la aplicación del Plan. Además, en virtud de un mandato expuesto en su Memorando No. 32/2004, estableció 7 (siete) subcomisiones: 6 (seis) de ellas —de Formación y desarrollo de la capacidad, de Políticas y auditoría de género, de Programas y prácticas, de Base de datos sensibles en materia de género para el sistema de justicia, de Promoción del empleo de un vocabulario imparcial respecto de los géneros y de Organización de los tribunales de familia ordinarios— para que entendieran en las causas de acoso sexual y capacitaran a los miembros de la séptima Comisión, denominada de Decoro e investigación (CODI). Se instituyó asimismo la Subcomisión de Movilización de Recursos.

En 2005, la Subcomisión de Formación y desarrollo de la capacidad llevó a cabo estas importantes actividades: 1) dirección de los debates centrales de diversos grupos, 2) elaboración de un módulo de formación para despertar conciencia de la problemática de género y 3) dirección de los cursos dictados en el marco de ese módulo. Entre las demás actividades emprendidas en 2005 se destacan la organización de una CODI en cada tribunal y el establecimiento de criterios para la habilitación y la acreditación de servicios de los encargados de despertar conciencia de la problemática de género.

Al respecto, la Academia Judicial Filipina dirige periódicamente importantes debates especiales que comprenden la sensibilidad ante las cuestiones de género y el Ministerio de Justicia y la NCRFW organizan cursos para los fiscales que manejan casos de violencia contra la mujer y trata de personas a fin de despertar conciencia de la problemática de género. Además, los cursos de Formación jurídica continua y obligatoria (MCLE) para abogados comprenden el examen de las normas jurídicas relacionadas con la GAD, como la CEDAW y la Ley que reprime la violencia contra la mujer y sus hijos.

El proyecto de apoyo a las iniciativas de reforma de la justicia (JURIS) tiene tres componentes fundamentales: la mediación, la educación de la judicatura y la promoción de la reforma. Las actividades relacionadas con cuestiones de género comprenden: información desglosada por sexo sobre los usuarios de los servicios de mediación, porcentajes de los éxitos logrados por mediadores y mediadoras, inclusión de un debate sobre el papel de los géneros en la mediación, explicación del concepto de violencia contra la mujer en el manual de capacitación de los mediadores, inclusión de cursos sobre sensibilización en materia de género en los programas de práctica de los estudiantes de derecho, evaluación de los programas de género y elaboración de planes sobre la GAD para los miembros de grupos partidarios de soluciones que no sean jurídicas.

Además, hace muy poco, en marzo de 2006, la Oficina de la Presidencia emitió una directiva conforme a la cual la NCRFW, el Ministerio de Justicia y otros organismos interesados deben constituir una comisión de búsqueda para encontrar mujeres que reúnan los méritos exigidos para ser nombradas como juezas de los tribunales de sharia; cabe señalar al respecto que en la actualidad sólo hay 1 (una) jueza que trabaja en esos tribunales.

•Participación de la mujer en la Academia Militar de Filipinas

La Ley de la República No. 7192 de 1993, también conocida como Ley de la Mujer en el Desarrollo y la Construcción de la Nación, estipula que, en todas las escuelas militares, la mujer dispondrá de las mismas oportunidades que el hombre en materia de reclutamiento, admisión, capacitación, graduación o nombramientos para desempeñar una misión. Entre 2001 y 2005 se registró un continuo aumento del porcentaje de cadetes del sexo femenino en la Academia Militar de Filipinas (PMA). Los siguientes son los porcentajes de mujeres cadetes en la PMA: 5,08% en 2001, 6,01% en 2002, 6,44% en 2003, 8,14% en 2004 y 11,52% en 2005. Asimismo, las mujeres cadetes de la Academia han tenido un desempeño académico sobresaliente e integrado los cuadros de honor de los egresados. En los últimos cuatro años, 8 (ocho) mujeres cadetes integraron la lista de los diez mejores alumnos entre los egresados: una en 2002, dos en 2003, una en 2004 y cuatro en 2005. Hasta la fecha, dos de las mujeres cadetes egresadas pronunciaron los discursos de despedida en las ceremonias de graduación (de 1999 y 2003) y una mujer cadete obtuvo un premio de atletismo (en 2002) entre otras compañeras que también lograron premios importantes.

Estereotipos y educación

14. Sírvanse proporcionar información sobre el efecto de las iniciativas que fig u ran en el párrafo 168 para aumentar la concienciación y la comprensión sobre las cuestiones relativas a la mujer a fin de hacer frente a los estereotipos y al modo en que se presenta a las mujeres y las niñas en los medios de difusión, y sobre cua l quier otra medida adoptada para promover una imagen más equilibrada y no est e reotipada de la mujer y el hombre en los medios de difusión.

En los últimos años, organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y los propios medios de comunicación se han empeñado, individual y colectivamente, en modificar la imagen estereotipada y negativa de mujeres y niñas que se difundía en esos medios.

El canal TV Calidad (TVC) o canal 11 TVC es un canal de televisión inaugurado en noviembre de 2005 que se conoce como “canal de las filipinas”, pues está por completo dedicado a plantear toda la gama de asuntos y problemas que afectan a las mujeres filipinas. En uno de sus programas más importantes, que se denomina “Sección de la mujer”, se ayuda y se educa a las mujeres y niños víctimas de maltratos. Actualmente también se procura consolidar en el largo plazo la colaboración existente entre TVC y la NCRFW.

Un estudio realizado en 2005 en el marco del Proyecto de supervisión de los medios de comunicación en el plano mundial (GMMP) bajo la dirección del Departamento de Artes de la Comunicación del Miriam College y de la Fundación Asiática de Comunicaciones (CFA) pone de manifiesto que entre 1995 y 2004 ha aumentado la notoriedad de las mujeres en las noticias. Sin embargo, subsisten el déficit de representación y la imagen estereotipada de las mujeres en las noticias. El estudio indica asimismo que las mujeres se interesan más por cuestiones relacionadas con celebridades, artes y deportes (67%) y menos por otros temas que ocupan un lugar predominante en las noticias, a saber, la política y los asuntos de Estado (19%) o la economía (18%). Los expertos que vierten opiniones en los noticiarios son abrumadoramente hombres y son los hombres los que más probablemente representen la opinión popular.

Un estudio realizado en 10 (diez) zonas del país, que dirigió y publicó el Servicio de Reportajes sobre la Mujer, señala que los medios de comunicación de la Región de la Capital Nacional (NCR) despliegan manifiestos esfuerzos por dar a conocer historias de mujeres. El tratamiento general de las historias es positivo, tanto desde el punto de vista del texto como de las fotos, y en todas las secciones se advierte una clara intención de conseguir equilibrio entre las historias negativas y las positivas. Sin embargo, en otras zonas que abarca el estudio, la frecuencia de la cobertura de noticias sobre la mujer sólo es, en promedio, de 8,5% y 8,7% en los diarios y las revistas semanales, respectivamente.

La NCRFW viene solicitando cada vez más a menudo información relacionada con el género a los expertos que opinan por radio o en la prensa escrita. En marzo de 2006, con oportunidad de celebrarse en todo el país el mes de la mujer, la Comisión optó por difundir ampliamente el lema elegido para el corriente año: CEDAW ng Bayan, Karapatan ng Kababaikan (la CEDAW por la Nación y por los Derechos de la Mujer). En ese marco, realizó 63 entrevistas por radio y televisión, diarios y revistas; además, brindó su asesoramiento para la publicación de 25 artículos sobre los derechos, los logros y las preocupaciones de la mujer. En estas actividades no se incluyen los comunicados en los medios de difusión que circulan en las administraciones locales.

En un caso memorable, agrupaciones y organizaciones femeninas, entidades defensoras de la niñez, organizaciones de la sociedad civil y la NCRFW desarrollaron una campaña, que culminó con éxito, para que se retiraran de la radio, en 2004, avisos ofensivos y sexistas que publicitaban una bebida alcohólica. El Consejo Publicitario de Filipinas (AdBoard) ordenó que se retirara el aviso de esa bebida alcohólica infame y la empresa productora lo reemplazó por otro.

Con el proyecto del Ministerio de Asistencia Social denominado Potenciación y reafirmación de las responsabilidades paternas (ERPAT) se capacitó a 530 padres que se presentaron como voluntarios y a dirigentes que trabajaban para que ambos progenitores criaran bien a sus hijos. Por otra parte, en el marco de la aplicación de la Ley de atención y formación de la primera infancia (ECCD), se puso en marcha un proyecto que fue aprovechado por 3 millones de niños de hasta seis años de edad, por 103.525 progenitores y otros encargados de cuidar niños a quienes se concienció y capacitó para que ejercieran una paternidad y una maternidad responsables, impidieran el maltrato de los niños y, entre otras cosas, cuidaran de su salud, y por 8.658 parteras y personas que trabajaban en guarderías, que también fueron concienciadas y capacitadas para que su labor fuera más eficaz.

Asimismo, se procura promocionar en los medios de difusión una imagen más equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres. El 24 de marzo de 2006 el Servicio de Reportajes sobre la Mujer (WFS) y la NCRFW celebraron una reunión sobre la CEDAW en que se analizó el papel que desempeñaban los medios de comunicación y las empresas en la promoción de los derechos de la mujer. La oficina de comunicación estatal, la Agencia de Información de Filipinas, también capacita a los profesionales de los medios locales en la esfera de las cuestiones de género y publica manuales sobre leyes relacionadas con asuntos de la mujer.

En 2004, el Ministerio de Asistencia Social y Desarrollo emitió la ordenanza administrativa No. 15 para que los medios de comunicación adoptaran la política de respetar y proteger los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer al informar sobre las personas que eran objeto de maltrato y explotación. La PNP también emitió un memorando en 2004 en que se imponía la tarea de desarrollar una campaña en gran escala contra la pornografía; las actividades llevadas a cabo de resultas de la campaña comprendieron la movilización de grupos civiles de vigilancia, inspecciones y la capacitación del personal policial.

Se otorgan premios e incentivos a las películas y anuncios publicitarios que muestren sensibilidad ante las cuestiones de género. En 2004, el Consejo Publicitario de Filipinas (AdBoard) y la NCRFW organizaron los “Premios Kababaihan” (Premios a la Mujer) para reconocer el mérito de los avisos que despertaban conciencia sobreasuntos, funciones y derechos de la mujer. Durante los dos últimos años, el Centro de Información sobre la GAD de la ciudad de Quezón (QC-GADRCO) y el Festival Cinematográfico Anual de Manila Metropolitana otorgaron conjuntamente el Premio a la película que mostrase más sensibilidad ante las cuestiones de género con el propósito de distinguir a la película que ofreciese la mejor imagen de la mujer y abordase las cuestiones y los prejuicios de género con ánimo de encontrar soluciones. El QC-GADRCO y Kalakasan, una ONG de mujeres, también se preocupan directa y constantemente por sensibilizar en cuestiones de género a los industriales del cine.

Se organizan festivales cinematográficos para sensibilizar al público respecto de los asuntos y las funciones de la mujer. La Universidad del Instituto del Cine de Filipinas y sus socios organizan todos los años un Festival Internacional de Cine de la Mujer. En 2005, a efectos de celebrar el centenario del movimiento feminista en Filipinas, la Red nacional para celebrar el centenario del feminismo y sus socios organizaron el Festival de Cine en el Centenario del Movimiento Feminista en colaboración con la NCRFW, la Fundación Asiática de Comunicaciones (CFA), el Instituto Cinematográfico Mowelfund y la Comisión Nacional de Cultura y Artes (NCCA); ese Festival permitió reconocer el mérito de seis mujeres de la industria cinematográfica y el talento de los actores, guionistas y productores de películas de calidad que se habían destacado por su contribución al adelanto del movimiento feminista en el país. Mowelfund y la NCCA organizaron asimismo un festival de cine denominado “Aktres: un tributo a las reinas del cine”, para premiar la contribución de populares actrices a forjar y enriquecer el cine y la cultura de Filipinas. Las organizaciones de mujeres trabajan activamente para despertar la conciencia pública. Isis Internacional de Manila facilita un amplio intercambio de informaciones sobre diversos asuntos y preocupaciones de la mujer mediante boletines informativos impresos y electrónicos, publicaciones, espacios radiales y actividades de promoción en el plano comunitario. También publicó un módulo sobre la igualdad entre los géneros (“La mujer en las noticias: una guía para los medios de difusión”) que procura que los profesionales de los medios, los organizadores de campañas y los encargados de formular políticas contribuyan a dar una imagen equilibrada, imparcial y diversificada de la mujer.

15. Sírvanse describir los progresos logrados como resultado de las reformas r e lacionadas con la incorporación de la cuestión género en los planes de estudios e indiquen qué medidas se están adoptando para integrar una perspectiva de género en los planes de estudios en todos los niveles de la educación.

Se despliegan importantes esfuerzos por incorporar el tema de la mujer en el desarrollo en los planes de enseñanza de todos los niveles. Estos esfuerzos comprenden:

•La integración de los temas de la GAD, la VAW y la salud reproductiva de los adolescentes, así como la formación práctica para desenvolverse en la vida, en los programas de enseñanza básica, que por cierto serán sometidos a pruebas de carácter experimental en tres esferas de la educación elemental: ciencias, formación del carácter y economía doméstica, o sea, “edukasiong pantahanan at pagkbuhayan”. Estas pruebas también se realizarán en la enseñanza secundaria a partir del año lectivo 2006-2007. Todas las pruebas experimentales se llevarán a cabo en cinco provincias seleccionadas. La capacitación de los instructores se realizará en algún momento, hacia mayo de 2006, para facilitar la puesta en marcha de este proyecto.

•La integración de las cuestiones de género en todos los programas de capacitación desarrollados en los institutos de enseñanza estatales. Entre los organismos que cumplen esta normativa se encuentran el Colegio de Seguridad Pública de Filipinas, la Academia para el Desarrollo de Filipinas y la Academia de las Administraciones Locales.

•Una amplia investigación —y la posterior publicación— de temas tales como la GAD, la VAW, la salud reproductiva y los derechos humanos por parte de la Universidad Nacional (Universidad de Filipinas) y otras instituciones privadas y centros de información sobre cuestiones de género. El Centro de Estudios sobre Asuntos de la Mujer de la Universidad Nacional, el Instituto de la Mujer y el Género del Miriam College, Nursia de St. Scholastica y el Consejo Filipino de Investigación y Desarrollo Agrícolas se han colocado a la vanguardia de los estudios sobre las cuestiones de género.

En relación con la utilización de módulos de GAD, el Ministerio de Educación ha emprendido las siguientes actividades:

•Capacitación en la esfera de la sensibilización en cuestiones de género de maestros, secretarios principales, administradores, supervisores, superintendentes y directores de escuela.

•Cursos de orientación de tres días para familiarizarse con el uso de los módulos en las escuelas. Esos cursos comprenden cuestiones de género, mensajes fundamentales relativos a una sociedad imparcial en materia de género y demostraciones de la utilización de los módulos.

La enseñanza del uso de los módulos de GAD se ha complementado con actividades de sensibilización en materia de género en secciones y escuelas, la organización de centros de coordinación en secciones y regiones y la integración de las cuestiones de género en la labor que se lleva a cabo en las aulas. Las actividades que se realizan con el propósito de despertar la conciencia de los estudiantes con respecto a las cuestiones de género giran en torno a la organización de certámenes literarios y concursos para diseñadores de carteles, la observancia del mes de la mujer, Alay Lakad, etc.

Las universidades privadas y las ONG han mejorado considerablemente la formación de los estudiantes en relación con las cuestiones de género mediante el ofrecimiento de cursos y la realización de campañas de promoción.

•La Asociación de Estudios sobre la Mujer de Filipinas (WSAP), una federación nacional de colegios y universidades, se ha puesto a la vanguardia de la campaña para incorporar las cuestiones de género en los planes de educación terciaria. Algunos establecimientos de enseñanza como la Universidad de Filipinas, el Miriam College, el Ateneo Universitario de Manila, el St. Scholastica’s College, la Universidad Filipina de la Mujer, la Universidad de Filipinas Septentrional, la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Filipinas y el Ateneo de Davao ofrecen cursos de estudio sobre el género o la mujer no sólo como materias generales relacionadas, en particular, con las ciencias sociales, la medicina y las ciencias conexas de la salud, el derecho o la criminología, sino también como materia que es preciso cursar para obtener una licenciatura. Asimismo, la WSAP celebra todos los años un congreso en que se exponen los últimos estudios e investigaciones sobre cuestiones feministas que tienen un interés fundamentalmente académico. A lo largo de los años, la WSAP y sus escuelas asociadas han editado muchos libros y publicaciones sobre diversas cuestiones de género.

•El Miriam College es la institución pionera en la formación de maestros de escuela primaria para que vean las cuestiones de género desde una perspectiva imparcial. Es uno de los pocos establecimientos de enseñanza privada que trabaja activamente por incorporar las cuestiones de la GAD en la educación.

16. En el informe se indica que si bien la tasa neta de matriculación es alta a n i vel nacional, es más baja en las zonas remotas, entre los niños de la calle y los que viven en una situación de pobreza extrema, entre los pueblos indígenas y en las z o nas de conflicto armado (párr. 288). Sírvanse proporcionar información sobre m e didas o acciones concretas para garantizar los derechos a la educación de las niñas y las mujeres de esos grupos.

La Oficina del Sistema de Aprendizaje Alternativo (BALS) del Ministerio de Educación citó las siguientes iniciativas que abordan temas que preocupan tanto a los jóvenes y adultos que no asisten a la escuela como a sus familias.

•Maestros ambulantes

Esta intervención pretende conseguir que la educación sea accesible para los jóvenes y adultos que no asisten a la escuela en comunidades remotas, marginadas, pobres o con servicios deficientes. El maestro ambulante se queda en una aldea (barangay) para instruir a un grupo de alumnos hasta alfabetizarlos y después se va a otra. También hace visitas domiciliarias, da clases individuales o a grupos reducidos, brinda orientación individual y lleva a cabo otras actividades que complementan la instrucción grupal. Hasta 2004 se había capacitado a 300 maestros ambulantes en 17 regiones. Se habían matriculado para seguir el programa 20.455 personas. De este total, habían completado su instrucción 15.698, que representaban casi el 77% de los matriculados.

•Alfabetización básica de la familia

Es una intervención que se sirve de los miembros alfabetizados de la familia para ayudar a los miembros analfabetos a adquirir rudimentos de educación y para ampliar las oportunidades de instruirse de las familias pobres. Este proyecto fue sometido a pruebas experimentales en cuatro provincias de Luzón; las pruebas se repitieron en otros cuatro lugares: Cebú, Leyte meridional, Misamis Oriental y Saranggani. Esta intervención abarcó a 60 familias compuestas por 300 personas.

•Programa de alfabetización básica mediante el sistema de contratación de servicios

Es un sistema de asociación entre el Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales, instituciones privadas, universidades y colegios estatales con servicios de divulgación, centros de administraciones locales y otros organismos gubernamentales. Se llevó a cabo en 17 regiones para un total de 26.500 alumnos.

•Proyecto para mejorar el grado de alfabetización de los adolescentes

Este proyecto se dirige a los jóvenes de 10 a 19 años de edad que no asisten a la escuela. Brinda alfabetización básica y procura impartir conocimientos, en especial, sobre el matrimonio y la paternidad o maternidad precoces, la planificación de la familia, las maneras de prevenir el consumo de estupefacientes, las formas de ganarse el sustento y la salud y el medio ambiente. Dota a los destinatarios de conocimientos teóricos y prácticos, actitudes y valores que los ayudan a desempeñar mejor sus funciones de ciudadanos responsables y trabajadores productivos. Se organizan talleres de orientación en ciudades seleccionadas de la Región de la Capital Nacional (NCR).

•Acreditación de estudios extraescolares y prestación de apoyo a formas de aprendizaje equivalentes

Es una iniciativa cuyo objetivo es abrir senderos alternativos para que los estudiantes prosigan aprendiendo fuera del sistema escolar y mejoren sus aptitudes y aumenten sus conocimientos durante su preparación para rendir el examen que acredite su aprendizaje extraescolar. Se puso en práctica en 17 regiones con 2.925 estudiantes inscritos.

•Sistema nacional dinámico de aprendizaje a distancia

Es un programa del Estado nacional que procura: 1) aumentar la tasa de alfabetización en los sectores marginados de la población; 2) impartir enseñanza básica; 3) incorporar a quienes terminen esos estudios al sistema de enseñanza escolar. El programa está dirigido a los niños, jóvenes y adultos que no asisten a la escuela en 500 barangays pobres, rurales y urbanas, consideradas prioritarias: esos niños, jóvenes y adultos pueden ser indígenas, retornados rebeldes o personas discapacitadas.

•Desarrollo de la enseñanza entre los pueblos indígenas

Este proyecto procura desarrollar un programa de estudios básicos con sensibilidad ante la cultura indígena e instituir medios o instrumentos para su evaluación. Se confeccionó una lista definitiva de mensajes fundamentales sobre la cultura indígena y se determinaron las aptitudes que era preciso reunir para transmitir el material didáctico a los indígenas.

•Investigación sobre el desarrollo de la enseñanza entre los pueblos indígenas en las tribus magbikin

El proyecto pretende elaborar un módulo de enseñanza para los indígenas de las tribus magbikin de Morong, Batán. Se llevó a cabo una investigación sobre el grado de alfabetización de las tribus magbikin teniendo particularmente en cuenta su dialecto y su sistema de escritura.

•Desarrollo de un programa de capacitación de personas que no asisten a la escuela para que se desenvuelvan mejor en la vida diaria, sobre todo en relación con el VIH/SIDA

Este proyecto pretende generar conciencia sobre el peligro del VIH/SIDA mediante actividades de capacitación y propaganda y la movilización social de jóvenes que no asisten a la escuela para que contribuyan a la prevención y el control del VIH/SIDA. Se incorporaron mensajes sobre el VIH/SIDA en el sistema de enseñanza alternativo y se elaboró un módulo paralelo para integrarlo en el Programa de Estudios sobre el VIH/SIDA.

La Comisión Nacional de las Poblaciones Indígenas (NCIP) presta asistencia a los jóvenes indígenas que quieran matricularse en escuelas primarias, colegios secundarios, institutos de enseñanza profesional, universidades y hasta en cursos de postgrado con el programa de becas denominado Programa de Asistencia Educacional (EAP). Los datos relativos al Programa indican que, entre 2003 y 2004, 64% de sus 11.249 beneficiarios eran mujeres y que en casi todas las regiones las becarias superaban en número a los becarios. La Región Autónoma de la Cordillera (CAR) señaló que el mayor número de becarias se registraba entre las mujeres indígenas (que constituían 72% del total de becarios en las poblaciones indígenas de la región).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por conducto de su Programa Internacional para la Abolición del Trabajo Infantil (IPEC), y el Ministerio de Trabajo y Empleo, por conducto de su Oficina de la Mujer y los Trabajadores Jóvenes, colaboran para educar a los trabajadores menores de edad con los siguientes programas: a) Condiciones de trabajo y de vida de los jóvenes trabajadores domésticos y b) Supervisión, coordinación y evaluación del Programa nacional de trabajo infantil: fortalecimiento de la capacidad del equipo de gestión del proyecto sobre trabajo infantil (CLPMT), del Ministerio de Trabajo.

Para promover el interés por cuestiones que afectan a las mujeres, como por ejemplo la salud reproductiva y la violencia contra la mujer, la Asociación Filipina de Teatro Educacional (PETA), una de las más importantes agrupaciones artísticas del país, desarrolla un programa teatral dedicado a las mujeres que comprende actuaciones y actividades de capacitación en escuelas y comunidades. Asimismo, el Proyecto de Paz de las mujeres de Mebuyán, una obra teatral y musical representada por expresivos artistas residentes en Mindanao, aborda temas que preocupan a mujeres y niños. Algunas ONG y organismos de las administraciones locales también se acercan a grupos de jóvenes para popularizar cuestiones que afectan a la mujer.

Empleo

17. Según el informe, en 2001 se presentó un proyecto de ley para establecer un Código de la Administración Pública a fin de recoger las leyes vigentes sobre la administración pública y disposiciones sobre la licencia de maternidad de las solteras, la licencia de paternidad, la licencia parental de los padres o madres sin pareja y la jornada laboral flexible, así como una disposición a los efectos de la adopción de medida disciplinarias en los casos de hostigamiento sexual (párr. 383). Sírvanse proporcionar información sobre si se ha adoptado el proyecto de ley y, en caso afirmativo, evaluar el cumplimiento de esa ley y cualquier recurso disponible para las mujeres, y utilizado por ellas, a fin de garantizar la plena aplicación de esa legislación.

El Código de la Administración Pública está pendiente de consideración en el 13º período legislativo: se refieren a él los proyectos de ley 81 y 798 de la Cámara de Representantes y los proyectos de ley 1045, 1142, 1974 y 2034 del Senado. En la Cámara de Diputados, los proyectos han pasado ya por las etapas de la audiencia pública y de las reuniones del grupo de trabajo técnico. La versión definitiva está ahora pendiente de examen en el Comité de Asignación de Fondos. En el Senado todavía no se ha establecido la fecha de la audiencia pública para los proyectos en estudio.

Sin embargo, a pesar de que los proyectos siguen pendientes de consideración, la Comisión de la Administración Pública ha emitido la circular No. 8 de 2004, en virtud de la cual se promulgan directrices para el otorgamiento de la licencia parental a los padres o madres sin pareja. Con la licencia parental se posibilita el goce de 7 (siete) días más de licencia, que se añaden a los otorgados con arreglo a las prerrogativas existentes en materia de licencias para que el padre o la madre pueda atender personalmente las necesidades de su hijo o hija y cumplir las demás deberes parentales.

18. En el informe se señala que se comenzó a aplicar la ley contra el hostigamie n to sexual a finales del decenio de 1990 (párr. 379), pero que la Ley no aclara qué organismo debe supervisar su observancia en el sector privado (párr. 422). Sírvanse indicar qué medidas se han establecido para la aplicación y supervisión efectivas de esa Ley en el sector privado. Inclúyase también información sobre las medidas para resolver el problema de las mujeres que sufren formas de discrimin a ción sutil y encubierta en relación con la contratación y los ascensos, así como de hostig a miento sexual.

Habida cuenta de que no hay un organismo que controle la observancia de la Ley contra el acoso sexual en el sector privado, el Ministerio de Trabajo exige que se cumplan ciertas disposiciones de la Ley de la República 7877 (la Ley contra el acoso sexual) al verificar la lista de control de la autoevaluación de la observancia de las normas laborales. Esas disposiciones se refieren al envío por correo y la divulgación de la LR 7877, el establecimiento del Comité de Decoro e Investigación (CODI) y la promulgación de la política de la empresa ante el acoso sexual.

Más recientemente, en una reunión del Gabinete celebrada el 28 de marzo de 2006, la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo impartió instrucciones a la NCRFW para que formara un equipo, compuesto por representantes de diversos organismos interesados en la cuestión, con la misión de fiscalizar la aplicación de la LR 7877 en el sector privado.

Por su parte, la Autoridad Filipina de Zonas Económicas (PEZA) distribuyó un memorando entre las empresas que trabajaban en las zonas económicas (ecozonas) del país para que establecieran su propio CODI de conformidad con la LR 7877. Los sindicatos han emprendido animadas conversiones con los dirigentes sindicales y sus empleadores sobre cuestiones relacionadas con el acoso sexual.

La Dirección Filipina de Empleo en el Extranjero (POEA) garantiza la protección de los trabajadores migratorios mediante:

1.Contratos tipo de empleo para las trabajadoras migratorias, como las artistas del espectáculo y las empleadas domésticas: en ellos se estipulan los principios que rigen la contratación y se exigen niveles de vida compatibles con la salud y el bienestar de las trabajadoras, condiciones de trabajo seguras, un entorno laboral limpio, una razonable limitación de las horas de trabajo, el derecho al descanso y el tiempo libre, la ausencia de acoso sexual en el lugar de trabajo y la libertad que garantice que no hay trabajo forzado;

2.Una tramitación de los documentos de las trabajadoras domésticas que requiere verificación individual y contratos autenticados por funcionarios de la Dirección Filipina de Empleo en el Extranjero (POLO) y de la Embajada de Filipinas;

3.Acuerdos bilaterales, memorandos de entendimiento y misiones de comer-cialización in situ para negociar desde una posición de fuerza y tener la seguridad de que algunos instrumentos proporcionan cierto grado de protección a las trabajadoras migratorias, garantizan que tanto los países de origen como los receptores observen las leyes y reglamentos pertinentes y determinan plazos y condiciones de empleo que redunden en beneficio de las trabajadoras migratorias;

4.Un fuerte respaldo a la observancia de las Leyes de trabajadores migratorios y contra la Trata de Personas;

5.El establecimiento de la edad mínima de 18 (dieciocho) años para que los jóvenes puedan empezar a trabajar;

6.Una política de aprovechamiento del mercado laboral basada en el bienestar de los trabajadores; como consecuencia de esa política, la POEA establece requisitos estrictos para autorizar y reglamentar el funcionamiento de las agencias de contratación y examina detenidamente los antecedentes y las credenciales del empleador.

19. En sus observaciones finales anteriores, el Comité instó al Estado parte a que adoptara una política prioritaria para crear empleos seguros y protegidos para la mujer, como una alternativa económica viable al actual desempleo de mujeres y a su empleo por subcontrata y en el sector no estructurado de la economía, como tr a bajadoras en las zonas de libre comercio, como prostitutas o como trabajadoras migratorias por contrata . Sírvanse indicar qué medidas legislativas o de otro tipo se han adoptado para aplicar esa recomendación y promover la igualdad de opo r tunidades de empleo para la mujer en los sectores estructurado y no estructurado.

En el Plan de desarrollo a mediano plazo de Filipinas (MTPDP) correspondiente al período 2004-2010 se estipula que la política laboral se guiará por el principio de proporcionar empleo decoroso y productivo. Un empleo decoroso entraña la generación de ingresos suficientes, la preservación del derecho a trabajar, la protección social y la participación en el proceso democrático, que por cierto garantiza el tripartidismo y el diálogo social. También supone un empleo suficiente, para que todos los trabajadores puedan aprovechar plenamente las oportunidades de obtener ingresos. Por último, requiere el mejoramiento sostenido de las aptitudes personales de los trabajadores de resultas del desarrollo de su capacidad en especialidades competitivas y una ética laboral positiva.

Además hay varias iniciativas legislativas para proteger a los trabajadores. El proyecto de ley de los kasambahay (trabajadores domésticos) procura promover el bienestar de estos trabajadores fijando un número determinado de horas de trabajo, el alcance de las tareas que deben realizar, la remuneración, las prestaciones sociales y la protección general que es preciso que tengan. Este proyecto de ley ha sido declarado prioritario por el Gobierno de la Presidenta Arroyo.

El proyecto de ley sobre la Carta Magna de la Mujer, pendiente de consideración en el Congreso, proporciona un marco general de protección a la mujer filipina que trabaja en el exterior (OFW): contiene, en efecto, disposiciones que protegen a los trabajadores en el exterior contra la contratación ilegal y la trata de personas, así como contra la discriminación en todos los aspectos del empleo y todas las formas de maltrato; otorgan acceso a todos los servicios de apoyo y asistencia; permiten afiliarse a los sindicatos legítimamente constituidos y participar en diferentes actividades filipinas, como las elecciones nacionales y municipales, y por último formulan la política por seguir y explican la manera de aplicarla.

Por su parte, la Dirección de Asistencia a los Trabajadores en el Extranjero (OWWA) organiza seminarios de orientación previos a la partida y requiere que la contratación de mujeres por las agencias locales de empleo se realice mediante contratos de trabajo tipo; dichas agencias son responsables mancomunada y solidariamente de cualquier violación de los derechos de los trabajadores en el extranjero.

En abril de 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores suscribió un memorando de entendimiento con la República de Corea. Este acuerdo permite que los filipinos tengan derecho a la protección de sus prerrogativas laborales, como por ejemplo la afiliación a un sindicato y el cobro del salario mínimo o de un seguro contra accidentes industriales. Se considera que Corea es uno de los diez destinos preferidos por los filipinos para trabajar en el exterior. En el memorando de entendimiento se encomienda a la POEA la tarea de reunir los datos personales de los solicitantes de empleo y remitirlos al Gobierno y los empresarios coreanos. Cuando un empresario y un filipino habilitado para solicitar trabajo convienen en firmar un contrato de empleo, se permite ingresar en Corea al trabajador filipino. Con arreglo al nuevo sistema de permisos de trabajo, los trabajadores extranjeros y sus empleadores suscriben los contratos con arreglo a los tipos de cotización en Bolsa.

Actualmente el Congreso Sindical de Filipinas (TUCP) procura alcanzar un acuerdo con las federaciones sindicales de Malasia e Indonesia a efectos de brindarse asistencia recíproca para solucionar problemas de los trabajadores en sus respectivos países.

20. En el informe se indica que en el Código Laboral se prohíbe el trabajo no c turno de la mujer, salvo en determinadas circunstancias. En el informe se reconoce que aunque esa norma tiene por objeto proteger a las trabajadoras, constituye una di s criminación contra ellas, dado que no aborda la cuestión real de la seguridad de las mujeres que trabajan por la noche (párr. 351). ¿Tiene previsto el Gobierno cambiar esa disposición legislativa que discrimina contra la mujer?

Aunque todavía no se ha reformado el Código Laboral de Filipinas en lo relativo a la prohibición del trabajo nocturno de la mujer, se han presentado en la Cámara de Diputados 3 (tres) proyectos de ley para derogar la prohibición de trabajar por la noche (los proyectos de ley 324, 3792 y 3851 de la Cámara). Esos proyectos abrigan el propósito de incluir los centros telefónicos y locutorios entre los lugares habilitados para trabajar de noche. Cuando la NCRFW planteó la cuestión en el seno del gabinete ministerial, en marzo de 2006, la Presidenta manifestó su apoyo a la derogación de la prohibición del trabajo nocturno.

Salud

21. En el informe se señala que se están tramitando en el Congreso dos proyectos de ley cuyo objetivo es establecer una política y un programa nacionales e integr a dos sobre la salud reproductiva que reconozcan los derechos reproductivos de la mujer y la igualdad entre los géneros y garanticen el acceso universal a los serv i cios, la información y la educación en relación con la salud reproductiva (inc. g) del párr. 450). Indíquese si se han aprobado los dos proyectos de ley y si han entr a do en vigor. En caso afirmativo, ¿qué efectos pueden observarse ya?

Los proyectos de ley sobre salud reproductiva de la Cámara de Diputados se reconstituyeron en uno solo, el proyecto No. 3773 de 2005, titulado Ley de la maternidad y la paternidad responsables y de la ordenación de la población, que ahora está en la etapa de segunda lectura en la Cámara.

En el Senado fueron presentados 6 (seis) proyectos sobre diversas cuestiones y preocupaciones relacionadas con la salud reproductiva, a saber: SBN 2016, Acceso de la mujer embarazada a una partera empírica experta (SBN); SBN 1480 y 1481, Derecho a la información sobre los servicios de atención de la salud reproductiva; SBN 1816, Reducción de los embarazos de adolescentes e incidencia del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS); SBN 1280, Estructuras de la atención de la salud reproductiva; SBN 1546, Creación de un Consejo sobre Salud Reproductiva y Ordenación de la Población, y SBN 62, Establecimiento de un programa nacional para el bienestar de la familia y creación de la Comisión Nacional de Bienestar de la Familia. Sin embargo, ninguno de estos proyectos de ley ha pasado de la etapa de primera lectura ni se han fijado todavía fechas de audiencias.

Hasta que alguno de estos proyectos de ley sea aprobado, se seguirá careciendo de una legislación nacional sobre salud reproductiva. Por consiguiente, la provisión de programas y servicios de salud reproductiva queda sujeta al criterio discrecional de los jefes de los gobiernos locales.

22. Según el informe, el programa de salud reproductiva del Ministerio de Salud ofrece diversos métodos anticonceptivos (métodos modernos de planificación natural de la familia, píldoras, preservativos, inyecciones y esterilización), utilizando un criterio de atención a la salud reproductiva (inc. b) del párr. 455). Sin embargo, también se indica que el Ministerio de Salud ha adoptado la posición contraria a los anticonceptivos artificiales de la Administración actual, y que algunos gobiernos locales ya han prohibido la difusión de información sobre los anticonceptivos de emergencia y los anticonceptivos artificiales, así como su venta (párr. 481). Sírvanse explicar y describir cualquier medida para garantizar la disponibilidad de información sobre anticonceptivos y un acceso fácil a éstos a fin de evitar los embarazos no deseados de conformidad con las recomendaciones del Comité en sus observaciones finales anteriores y la recomendación general 24 sobre el artículo 12.

En enero de 2005, el Gobierno de la Presidenta Arroyo resumió su política en materia de salud reproductiva, que comprende seis puntos:

1)La reducción del índice de crecimiento demográfico a 1,9% para 2010;

2)La promoción de la maternidad y la paternidad responsables, que comprenden tanto la voluntad de atender las necesidades y aspiraciones de la familia y la capacidad para hacerlo como la libertad de progenitores con responsabilidad para decidir el espaciamiento de los embarazos y el tamaño de sus familias en procura de una vida mejor;

3)La promoción del “respeto por la vida”, de conformidad con lo estipulado en la Constitución de 1987, que protege la vida del nonato desde el momento de la concepción; el aborto es inaceptable como método de planificación de la familia, de manera que la aceptación de la expresión salud reproductiva y el respaldo a los servicios de salud reproductiva excluyen explícitamente el aborto;

4)La promoción de un espaciamiento de los embarazos de tres a cinco años desde el último parto no sólo para permitir que la mujer se recupere y se sienta mejor sino también para mejorar la salud del hijo o la hija y las relaciones entre los cónyuges o entre éstos y sus hijos o hijas;

5)El respeto por la “elección fundamentada”, a fin de que las parejas y las personas puedan elegir los métodos que han de utilizar para ejercer una maternidad o una paternidad responsable de conformidad con sus valores religiosos y morales y su formación cultural, siempre que sean compatibles con los derechos humanos universalmente reconocidos por la comunidad internacional;

6)Los servicios de salud, incluidos los correspondientes a la salud reproductiva, se transfieren con arreglo al Código de las administraciones locales a las dependencias de esas administraciones, que serán las encargadas de proporcionar a parejas y personas la información y los servicios que les permitan ejercer una maternidad o una paternidad responsable.

Consecuente con el principio de elección fundamentada, el Ministerio de Salud apoya los modernos métodos de planificación familiar, sean naturales o artificiales. Entre las medidas de alcance nacional adoptadas por el Ministerio de Salud para tener la seguridad de que los servicios de planificación familiar llegan a la clientela escogida, especialmente a las mujeres, se destacan las siguientes:

a)La campaña pro Ligtas Buntis (embarazo sin riesgo) proporcionó información y asesoramiento sobre la utilización de los servicios de planificación familiar a cuatro millones de mujeres y hombres.

b)La “estrategia de autosuficiencia en materia de anticoncepción” se propone ayudar a las dependencias de los gobiernos locales a proporcionar servicios y materiales de planificación familiar a su clientela. Esta estrategia comprende la promoción de alianzas entre organismos públicos y privados para que el sector privado realice aportaciones que permitan adquirir los materiales que se necesiten mientras el sector público proporciona los servicios pertinentes. Las alianzas también pueden incluir acuerdos de crédito recíproco para la adquisición de esos materiales y en virtud de ellos el Ministerio de Salud puede adquirir remedios y otros artículos médicos o liberar recursos para comprar materiales necesarios para la planificación familiar.

c)La creación de redes de colaboración con organizaciones no gubernamentales (como la Organización Filipina para la Planificación de la Familia, que proporciona servicios directos de planificación familiar a sus clientes), el Comité de Legisladores de Filipinas para la Población y el Desarrollo, la Red de Promoción de la Salud Reproductiva y el Grupo de Información sobre Derechos en materia de Salud Reproductiva; estas instituciones se han colocado a la vanguardia de quienes impulsan la aprobación de los proyectos de ley sobre salud reproductiva en la Cámara de Diputados y el Senado y de las actividades relacionadas con la propaganda, la concienciación de la gente y el desarrollo de la capacidad tanto de los legisladores y funcionarios de administraciones locales como de los jóvenes y otros sectores de la sociedad.

Entre las demás actividades y programas de planificación familiar, cabe destacar el despliegue de 630 agentes de salud que trabajan como voluntarios en el programa KALAHI (un programa comunitario destinado a mitigar la pobreza que se examina de manera pormenorizada en la sección dedicada a responder la pregunta 25) para proporcionar servicios de planificación familiar a los sectores pobres de la población urbana en ciertas áreas de la Región de la Capital Nacional (CNR); la capacitación de agentes de salud barangay en 250 municipalidades en el marco del Sistema de Gestión, Administración e Información a nivel comunitario y de la provisión de servicios de planificación familiar; la campaña de promoción puerta a puerta de la planificación familiar e iniciativas locales como un proyecto auspiciado por la UNFPA que beneficia al Instituto de Obstetricia de Gattarán, en Gattarán (Cagayán), muy elogiado por haber mantenido la “mortalidad materna en cero” durante los últimos cinco años.

Como consecuencia de la transferencia de servicios, el Ministerio de Salud ya no adquiere directamente los insumos de los hospitales y centros de salud locales. Por el contrario, estos hospitales y centros son abastecidos directamente por sus respectivas administraciones locales, que determinan los insumos que deben comprar. Aunque unas cuantas dependencias de esas administraciones han prohibido la venta y el uso de productos anticonceptivos artificiales, también hay otras que respaldan firmemente los derechos a la salud de la mujer, promueven el uso de métodos artificiales de planificación familiar y distribuyen ese tipo de anticonceptivos. En la provincia de Aurora, por ejemplo, se redactó la primera ordenanza relativa a la atención de la salud reproductiva, que resultó aprobada en 2005 y garantiza la provisión de servicios de salud reproductiva. En centros médicos especializados y hospitales de atención terciaria administrados por el Ministerio de Salud también se ofrecen servicios de planificación familiar.

23. Sírvanse indicar el grado en que los abortos ilegales contribuyen a la tasa de mortalidad materna, que según el informe sigue siendo relativamente elevada (párr. 445). Sírvanse también proporcionar detalles sobre el contenido del proyecto de ley sobre la asistencia de la salud reproductiva, en la que se menciona la “nec e sidad de eliminar los obstáculos legales con que tropieza el aborto” (párr. 481) e incluir i n formación actualizada sobre los progresos en su aprobación.

Se estimó que en el año 2000 se produjeron 473.408 abortos inducidos en Filipinas. Los abortos inducidos representaron 76% de las internaciones en hospitales para someterse a un aborto. Doce % (12%) de las muertes relacionadas con embarazos se produjeron asimismo como consecuencia de abortos (Política de prevención y tratamiento del aborto y sus complicaciones del Ministerio de Salud, 2000). El aborto practicado en condiciones de riesgo ocupa el cuarto lugar entre las principales causas de muerte en Filipinas, según datos del Ministerio de Salud. En 2003, la tasa de mortalidad materna fue de 107,7 por 100.000 nacidos vivos (Oficina Nacional de Estadística, 2003).

Son causas de abortos inducidos los embarazos no queridos, no planificados o involuntarios. Del total de 2.607.699 embarazados registrados en Filipinas en 2000, 55% fueron involuntarios. Es el resultado de una menor utilización de métodos anticonceptivos artificiales y de una confianza excesiva en los métodos tradicionales. A su vez, esta situación se explica porque 17,3% de las mujeres con necesidades insatisfechas no tienen acceso a la información ni a los servicios en materia de planificación familiar (Estudio nacional sobre demografía y salud correspondiente a 2003).

En el nuevo proyecto de ley unificado sobre la maternidad o paternidad responsable y la ordenación de la población se ha suprimido la disposición del antiguo proyecto de ley sobre la atención de la salud reproductiva, que indicaba la “necesidad de eliminar los obstáculos legales con que tropieza el aborto”. En cambio, el inciso j) del artículo 3 del proyecto de ley unificado reza así: “Aunque se pondrá a disposición de las parejas y las personas adultas en edad de procrear toda la gama de métodos, técnicas y dispositivos que se utilizan en la esfera de la planificación familiar, se seguirá penando el aborto conforme al Código Penal Revisado”.

Grupos de mujeres vulnerables

24. Sírvanse proporcionar datos sobre los efectos de las iniciativas para sumini s trar información y servicios de apoyo a las mujeres antes de que salgan a trabajar al extranjero, incluida la Red de asesoramiento e información para los migrantes y los programas de orientación que incluyen capacitación y orientación específica sobre los países para los trabajadores filipinos en el extranjero (párr. 216). Sírva n se incluir información sobre el número de mujeres que se benefician de esos pr o gramas y el país de destino.

Todavía no se han evaluado los resultados de los seminarios de orientación previos a la partida (PDOS), que organiza la Dirección de Asistencia a los Trabajadores en el Extranjero (OWWA). Sin embargo, como aspecto positivo cabe destacar que la propia OWWA proyecta determinar los efectos producidos por esos seminarios en los trabajadores filipinos en el exterior (OFW), particularmente en aquellos que hubieren resultado víctimas de varias violaciones de sus derechos.

La Dirección Filipina en el Extranjero (POEA) ofrece los siguientes servicios a los trabajadores migratorios:

1.Seminarios de orientación previos al empleo (PEOS), en que se destaca la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de las trabajadoras domésticas, se brinda información sobre el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, se aborda el tema de los embarazos no deseados y se señalan asimismo otros riesgos para la salud que enfrentan las trabajadoras migratorias.

2.Prestación de asistencia para ayudar a los migrantes a adoptar decisiones fundamentadas después de conocer los pros y las contras de la migración, particularmente ciertos riesgos ocupacionales que pueden enfrentar en su empleo las mujeres migratorias.

3.PEOS especiales para trabajadoras domésticas titulados “¿Handa Ka Na Bang Umalis?”(¿Está Ud. lista para partir?), en que se explican los peligros que se ciernen sobre las mujeres indocumentadas y se citan trágicas experiencias de la vida real de trabajadoras migratorias.

4.PDOS sobre países determinados y cursos especiales para mujeres con trabajos que aumentan su vulnerabilidad.

De conformidad con las disposiciones de la ordenanza del Ministerio de Trabajo No. 25/02, de la serie de 2002, se incorporaron en los planes de estudios de los nuevos PDOS intervenciones especiales para enseñar a la trabajadora migratoria métodos de autodefensa. La OWWA y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) coprodujeron material audiovisual y una lista impresa de los aspectos de la autodefensa que se recomendaba debatir. Durante el curso de los PDOS se distribuyó entre las mujeres que irían a trabajar al exterior un folleto titulado “Iwasan ang Rape” (Para evitar las violaciones).

En cumplimiento del memorando de instrucciones No. 005, serie de 2004, de la OWWA, también se ofrece un seminario de orientación dos días antes de la partida a los artistas del espectáculo que se van al extranjero. Este seminario se inspira en los principios rectores del Programa de orientación general para los artistas del espectáculo (COPPA). El primer día se les brinda información sobre las formas de manejarse cuando viajan para trabajar en el exterior. El segundo día, en que intervienen representantes de ONG y los encargados de los PDOS, se les habla fundamentalmente de la autoayuda, las realidades que afectan a los artistas y repercuten en sus familias, los acuerdos financieros y el género y la sexualidad. La OWWA y la OIM también produjeron y presentaron material audiovisual sobre salud y migración, con el complemento de una lista impresa con los temas por debatir.

La Red de asesoramiento e información para los migrantes (MAIN) se completa con programas gubernamentales de educación e información pública sobre la migración y el empleo en el extranjero que se difunden continuamente por radio y televisión. Asimismo, las dos mayores cadenas televisivas ABS-CBN difunden programas de alcance nacional tanto por radio como por televisión. Aún queda por hacer un estudio para determinar los efectos de tales iniciativas.

25. En el informe se reconoce que pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno para mitigar la difícil situación en que se encuentran los pobres de las zonas rur a les, la pobreza sigue siendo un importante problema para las mujeres de esas zonas (párr. 524). Sírvanse proporcionar datos sobre las mujeres del medio rural que v i ven en la pobreza e información sobre los efectos del Código del Gobierno Local y otros proyectos gubernamentales de alivio de la pobreza en las mujeres rurales.

La determinación de la magnitud de la pobreza de la mujer rural en Filipinas sigue constituyendo un desafío porque faltan datos desglosados por sexo y se requiere una metodología mejor para generar estadísticas de pobreza en sectores bajos de los municipios y las provincias.

Si bien la medición básica de los ingresos y el consumo se mantiene aún en el plano domiciliario y algunas investigaciones de alcance nacional (por ejemplo, la encuesta sobre los ingresos y los gastos de las familias) procuran observar la incidencia de la pobreza en los hombres y mujeres que son cabezas de familia, se ha comprobado que los datos reunidos no son concluyentes y muestran propensión al error, puesto que todavía subsisten problemas para definir al cabeza de familia en las encuestas.

Se ha otorgado prioridad a los indicadores de pobreza e ingresos desglosados por sexo en el capítulo relativo a las necesidades sociales del Plan de Desarrollo Estadístico de Filipinas (2005-2010). La incorporación de indicadores de pobreza e ingresos desglosados por sexo será un tema prioritario de los programas de investigaciones de los organismos estadísticos correspondientes. La institucionalización de estas actividades facilitará la aportación de los recursos financieros para que los datos relativos al desarrollo social que se generen ofrezcan un cuadro panorámico preciso de la feminización de la pobreza.

La Junta Nacional de Coordinación Estadística (NSBC) ha llevado a cabo diversas actividades con miras a mejorar la generación de datos estadísticos sobre la pobreza. Ha realizado una Cartografía de la Pobreza (estimación de una pequeña área), que financió con la ayuda del Fondo Fiduciario del Fondo Mundial establecido para dar respuesta a la crisis financiera asiática (ASEM). Con esa Cartografía se procura atender la necesidad de desglosar la información sobre los pobres en los sectores más bajos. Así, a partir de la estimación de una pequeña área y tras la realización de dos estudios importantes, en todas las provincias se han obtenido datos sobre la incidencia de la pobreza en el plano municipal.

También se han efectuado investigaciones destinadas a generar datos estadísticos sobre sectores básicos en el marco del proyecto denominado “Fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la convergencia de las actividades de alivio de la pobreza”, etapa II (SIMCPAE-2); al respecto, la Comisión Nacional contra la Pobreza se erigió como punta de lanza en el lanzamiento de un proyecto que contó con la financiación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con arreglo a este proyecto, la NSBC efectuó un estudio sobre las estadísticas del desarrollo de la pobreza y determinó así los sectores básicos en que se observaba la mayor incidencia de la pobreza en las provincias; en efecto, trazó mapas de ocho de esos sectores: mujeres, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, residentes en ciudades, migrantes y trabajadores del sector no estructurado de la economía, pescadores y granjeros.

El análisis de los datos estadísticos sobre la pobreza indica que la mayor incidencia de la pobreza (51,1%) se registra en la Región Autónoma de Mindanao Musulmán y la menor (8,4%) en la Región de la Capital Nacional (NCR). Tomando en consideración las 17 regiones, se comprobó que las mujeres gozaban de mejor posición económica que el grueso de la población únicamente en cinco regiones: la NCR y las regiones II, III, IV-A y XI. Las regiones en que las mujeres estaban peor se encontraban fundamentalmente en las islas Visayas y Mindanao, donde muchas zonas son consideradas rurales.

Los datos estadísticos obtenidos con el estudio que se llevó a cabo para evaluar la vulnerabilidad a la pobreza en Filipinas revelaron que la vulnerabilidad a la pobreza es mayor en las zonas rurales (62,0%) que en las urbanas (26,3%). Las familias de las zonas rurales también suelen ser mucho más vulnerables que las de las zonas urbanas; en efecto, la incidencia estimada de su vulnerabilidad a la pobreza (39,4%) es mucho más alta que la incidencia estimada a nivel nacional (27,0%). La incidencia de la vulnerabilidad a la pobreza en las zonas urbanas es notablemente pareja en comparación con la vulnerabilidad de las zonas rurales.

En la sección del informe de Filipinas dedicada al artículo 13 de la Convención se proporciona información sobre los programas de lucha contra la pobreza del actual Gobierno. Uno de esos programas es el denominado Kapit Bisig Laban sa Kahirapan – prestación general e integrada de servicios sociales (KALAHI-CIDDS). El programa KALAHI hace las veces de fondeadero donde confluyen los demás programas de alivio de la pobreza: en efecto, convergen en él los servicios y recursos que el Estado y otras partes interesadas en colaborar destinan a las barangays pobres de los municipios con más bajos ingresos del país. Se confía en que las mujeres rurales saquen provecho de este programa, cuyas destinatarias son fundamentalmente las barangays y comunidades más pobres del país. Hasta el año 2005, ya habían institucionalizado el programa 42 provincias, 101 municipios y 2.367 b a rangays.

La Comisión Nacional contra la Pobreza (NAPC), la principal promotora del programa KALAHI, forjó la alianza del sector básico con las administraciones locales recurriendo a una conexión de base (a nivel nacional) y a los grupos KALAHI de convergencia regional (RKCJ). Esa alianza, un mecanismo instituido en las 16 regiones del país para facilitar la ejecución de los proyectos de alivio de la pobreza en las zonas pobres elegidas como destinatarias por el programa, permite que los representantes del sector básico participen en la preparación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de alivio de la pobreza.

Aún queda por realizar una evaluación de los efectos de la aplicación del programa KALAHI. Sin embargo, las dependencias de las administraciones locales han adoptado y puesto en marcha el sistema de control de los indicadores básicos de la pobreza local (CLPIMS) y los planes de acción para la reducción de la pobreza local (LPRAP), que permiten seguir de cerca los avances logrados en materia de realización de los objetivos nacionales de reducción de la pobreza. La NAPC perfeccionó el diseño de los LPRAP y colaboró en las actividades de capacitación conexas en las provincias de La Unión, Agusán del Sur y Mindoro Oriental, así como en todas las barangays KALAHI de Caraga. Asimismo, la NAPC formuló una estrategia de aplicación de los LPRAP y el LPIMS, se ocupó de capacitar a las dependencias de las administraciones locales para que la aplicaran y abogó por una financiación suficiente del proceso de desarrollo de los LPRAP. La Comisión ha puesto en funcionamiento un prototipo de programa de lucha contra la pobreza que permite supervisar la base de datos: es el sistema de control mejorado e integrado de los programas y proyectos de lucha contra la pobreza (E-IMSAPP). Esta base de datos se podrá utilizar en cuanto los diversos organismos suministren información sobre actividades, proyectos y programas.

26. En el informe se menciona que hay un proyecto de ley pendiente de examen en la cámara de Diputados cuyo objetivo es proteger y promover los derechos de las mujeres de las zonas rurales, reconocer las funciones y contribuciones de las muj e res de las zonas rurales al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria del país y establecer medidas para mejorar y desarrollar sus conocimientos especial i zados, proporcionarles trabajo y dotarles de medios para que realicen aportaciones a sus comunidades utilizando al máximo sus capacidades (inc. d) del párr. 511). Sírvanse proporcionar información sobre el estado del proyecto de ley y describir qué medidas concretas se han adoptado para aplicarlo.

La Cámara de Diputados no pudo lograr que se aprobara el proyecto de ley 2970 de la Cámara, conocido como Carta Magna de la Mujer Rural, durante el 29º período legislativo. Sin embargo, se ha presentado en el período legislativo actual —y está ahora en la etapa de segunda lectura— un nuevo proyecto de ley, la Carta Magna de la Mujer, en que se tienen en cuenta las preocupaciones de la mujer rural que abordaba la Carta Magna de la Mujer Rural. El proyecto de ley presta atención preferente a la potenciación del papel de la mujer en la economía y la política: en efecto, establece medidas de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, crea centros de información sobre formas de ganarse el sustento, facilita el acceso a la educación y la capacitación y garantiza la representación femenina, particularmente en los consejos locales a cargo del desarrollo.

27. En el informe se menciona que la aplicación de la Ley de derechos de la p o blación indígena, que reconoce la igualdad entre las mujeres y los hombres indíg e nas en relación con sus derechos y oportunidades en diversos ámbitos de la vida, así como la participación de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles, ha tropezado con importantes obstáculos como co n secuencia de las controversias sobre ciertas tierras ancestrales (inc. c) del párr. 511). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas para eliminar los obst á culos y los progresos realizados en la aplicación de la Ley.

Uno de los obstáculos que encuentra la aplicación de la Ley de Derechos de las Poblaciones Indígenas (IPRA) es la cuestión de las disputas por tierras y de los conflictos fronterizos. La IPRA reconoce que las normas del derecho consuetudinario son aplicables a los títulos de propiedad y permiten determinar quiénes son los propietarios y cuál es la extensión de territorios ancestrales. La Comisión Nacional de las Poblaciones Indígenas (NCIP) facilita la solución de esos conflictos con su resolución sobre los conflictos de límites de dominios ancestrales. Conforme a esa disposición, las partes que discrepan se reúnen para resolver la controversia y elaboran un memorando de entendimiento antes de que sus documentos sean examinados por la Oficina de Títulos de dominios y territorios ancestrales. La IPRA ha presentado 42 (cuarenta y dos) casos de certificación de títulos ante la Dirección del Registro de Tierras. De los 42, 13 (trece) han quedado registrados y se han adjudicado los títulos correspondientes. En algunos dominios ancestrales ha sido posible solucionar los conflictos de límites gracias a la intervención de la NCIP como mediadora y documentadora: por ejemplo, en Sugpon y Alilen (Ilocos Sur), Santa Fe y Anitao (Norzagaray) y Fianza (San Nicolás).

28. Sírvanse informar sobre la situación del acceso de la mujer indígena y la que vive en el medio rural a los créditos y préstamos agrícolas, los mecanismos de c o mercialización, la capacitación y la educación y la participación en la adopción de decisiones de las aldeas.

•Acceso de la mujer indígena y la que vive en el medio rural a los créditos y préstamos agrícolas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha proporcionado créditos y préstamos a las mujeres con su programa GMA/CARES o programa Ginintuang Masaganang Ani (abundante cosecha de oro) de asistencia al campo para aumentar el empleo rural. En 2005, en el marco de ese programa, QUEDANCOR (Crédito Rural Quedan y Guarantee Corporation) otorgó a 45.173 mujeres beneficiarias de todo el país créditos agrícolas por valor de 1.600 millones de pesos filipinos (P). Otro programa de financiación derivado del GMA/CARES es el programa para Ginintuang Masaganang Ani (mujeres empresarias), que proporciona crédito a las mujeres empresarias dedicadas o que se quieran dedicar a la actividad agrícola o pesquera. También en 2005, QUEDANCOR proporcionó nada menos que 73 millones de pesos filipinos a 971 mujeres beneficiarias con arreglo a sus programas de crédito y préstamo para actividades agropecuarias.

Asimismo, el Ministerio otorgó créditos a 113 clubes de mejoramiento del campo (RIC), en beneficio de sus 2.691 socios, y a 19 grupos compuestos por 174 personas en el marco de su programa de extensión económica para el hogar. Se ha destinado a esos grupos un fondo rotatorio de unos P 3.750.000 para financiar proyectos relacionados con el sustento de la familia: por ejemplo, de ganadería, avicultura, producción de flores para cortar, cultivo de hortalizas, procesamiento de carne vacuna, de ave o de pescado y elaboración de productos alimenticios.

Desde el inicio de sus actividades, en 1997, la Comisión Nacional de las Poblaciones Indígenas ha puesto en marcha diversos proyectos para beneficiar a los indígenas, facilitándoles el sustento y mejorando su reducida infraestructura: en otras palabras, para mejorar la condición económica de la mujer indígena en el marco de las limitaciones impuestas por un presupuesto reducido para proyectos socioeconómicos en todas las regiones del país. Por otra parte, la NCIP se ha ocupado a menudo de organizar a las mujeres indígenas en cooperativas y de capacitarlas e inculcarles un espíritu empresarial para que reúnan las condiciones exigidas por las instituciones crediticias a los beneficiarios de sus créditos y préstamos. La Comisión proyecta fortalecer esas cooperativas y ampliar los correspondientes servicios microfinancieros para la mujer en colaboración con las instituciones financieras del Estado (GFI), el Ministerio de Comercio e Industria, la Dirección de Desarrollo de Cooperativas, la Dirección Nacional de Riego, la Secretaría de Energía, la Dirección de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Reforma Agraria.

•Acceso de la mujer indígena y la que vive en el medio rural a los mecanismos de comercialización

A fin de promover y respaldar el desarrollo de las microempresas y de las empresas pequeñas y medianas, el Gobierno ha establecido el programa conocido como “Un producto de una ciudad” (“OTOP”). Mediante este programa, las personas que ejercen la jefatura de una ciudad o un municipio dirigen el proceso de elegir, perfeccionar y promocionar un producto o un servicio que ofrezca ventajas competitivas. El programa apoya a las microempresas y a las empresas pequeñas y medianas para que fabriquen, ofrezcan y comercialicen productos o servicios inconfundibles por haberse empleado materias primas autóctonas y pericia local. También ofrece servicios de asistencia completos porque convergen en ellos los que proporcionan dependencias de las administraciones locales, organismos del Estado nacional y empresas del sector privado: esa asistencia comprende asesoramiento comercial, capacitación técnica y empresarial, el diseño y perfeccionamiento de productos, el aprovechamiento de tecnologías apropiadas y la comercialización.

El Ministerio de Comercio e Industria, en su condición de organismo encargado de dirigir e impulsar el “OTOP”, ha facilitado la determinación y selección de 15 zonas modelo para el “OTOP” en varias partes del país. En esas zonas modelo se presta atención preferente a determinados productos. El Ministerio ha establecido en diversas regiones y provincias del país mecanismos de comercialización: por ejemplo, tiendas o centros de regalo (pasalubong). Actualmente los productos “OTOP” se venden en 663 bocas de expendio y 83 centros “pasalubong” de todo el país. Se han instalado unos 319 puestos y quioscos en ferias comerciales de diversas regiones para exhibir esos productos. En 2005, como parte de las actividades relacionadas con la promoción y el desarrollo de las microempresas y de las empresas pequeñas y medianas, el Ministerio de Comercio e Industria ha brindado su apoyo a 2.203 empresas de ese tipo para que se adaptasen a las exigencias del mercado.

El Programa de Promoción de la Microempresa Rural (RuMEPP) se desarrolló en 2003 con el propósito de reducir la pobreza, generar empleo y aumentar los ingresos de los pobres que vivían en zonas rurales. El Programa ayudará a los microempresarios ya establecidos o que estén dando sus primeros pasos como tales a realizar todo su potencial mediante el desarrollo de su capacidad, la ampliación de sus vinculaciones comerciales y el mejoramiento de sus políticas. El Grupo encargado del desarrollo de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio e Industria trabajará con las dependencias de las administraciones locales y la Comisión Nacional contra la Pobreza para que toda la ayuda converja debidamente.

El apoyo del RuMEP al “OTOP” entrañará el perfeccionamiento y la promoción de productos y servicios que ofrezcan ventajas competitivas. En toda la nación se otorgará prioridad de las microempresas emplazadas en cinco regiones con una alta incidencia de la pobreza, de conformidad con un criterio aceptado por el Ministerio de Comercio e Industria. El Programa se puso en marcha en abril de 2006 y ahora está en la etapa de ejecución experimental.

En el período 2006-2010, la NCIP coordinará su labor con las actividades de la Oficina de Informaciones de Filipinas (PIA) para promocionar empresas de indígenas; esto quiere decir que se promocionarán productos elaborados por mujeres indígenas en mercados locales y del extranjero.

•Acceso de la mujer indígena y la que vive en el medio rural a la capacitación y la educación

La Comisión Nacional de las Poblaciones Indígenas ha desarrollado las aptitudes de las mujeres indígenas y las ha dotado de un espíritu emprendedor, enseñándoles el manejo del telar, la confección de alfombras, cestería, fabricación de collares, el cultivo de flores para cortar, la elaboración de alimentos, corte y confección y formas de producción agropecuaria.

La Oficina del Sistema de Aprendizaje Alternativo (BALS) del Ministerio de Educación brinda asistencia a las mujeres indígenas y las que viven en medio rural con el Programa de Alfabetización Básica, el Proyecto de Alfabetización Básica de la Familia y el Servicio de acreditación de estudios extraescolares y prestación de apoyo a formas de aprendizaje equivalentes (NFE A&E LSDS).

Los clubes de mejoramiento rural son los principales receptores de los servicios de formación del Instituto de Capacitación Agropecuaria (ATI) a escala local y especialmente en las barangays. Unos 8.670 clubes de todo el país, con un total de 420.574 socios, son beneficiarios del Programa de divulgación de la economía doméstica. La enseñanza y la capacitación extraescolares se llevan a cabo con clases para amas de casa, visitas a hogares y granjas, cursos prácticos individuales, reuniones, días de práctica, seminarios, talleres y convenciones. Entre los temas abordados en los clubes de mejoramiento rural se destacan a) los alimentos y la nutrición, b) la salud y el saneamiento, c) el cuidado del hogar, d) la atención y la educación de los hijos, e) la educación del pueblo y el desarrollo y f) los clubes de mejoramiento rural y las cooperativas.

•Participación de la mujer indígena y la que vive en el medio rural en la adopción de decisiones de las aldeas

Participación de la mujer indígena en los órganos consultivos comunitarios

En el Órgano Consultivo de los Pueblos Indígenas (IPCB) establecido en los dominios ancestrales y las comunidades para el reasentamiento (de los desplazados) es obligatorio que las mujeres indígenas tengan una representación de por lo menos 20%, particularmente entre los representantes elegidos por distintos sectores de la comunidad: líderes tradicionales, ancianos, mujeres y jóvenes, entre otros.

Las mujeres indígenas también están representadas (por lo menos en 20%) en el IPCB dentro de sus consejos provinciales (PCB/CCB), sus consejos etnográficos regionales (ERCB) y sus consejos nacionales (NCB). Sin embargo, solamente seis mujeres indígenas han sido elegidas para presidir consejos provinciales: 9% del total de presidentes elegidos conforme a la ley.

Participación de la mujer en los consejos para la agricultura y la pesca

El Consejo Nacional para la Agricultura y la Pesca (NAFC) ha informado que las mujeres constituyen apenas 7% de los miembros de los consejos de agricultura y pesca de toda la nación. La proporción de mujeres en relación con los hombres es de 1 a 4 en los consejos provinciales (PAFC) y de 1 a 3 en los municipales (MAFC). Los hombres ocupan la presidencia de los 16 consejos regionales (RAFC); en el orden provincial, sólo 3 de los 79 PAFC están presididos por mujeres.

Participación de la mujer en las comunidades de reforma agraria

El Ministerio de Reforma Agraria había establecido 1.704 comunidades de reforma agraria (ARC) hasta diciembre de 2005. Los beneficiarios de la reforma agraria (ARB) ya llegan a 1.048.361, de los cuales las mujeres constituyen 22%.

Los beneficiarios de la reforma agraria están organizados en cooperativas u organizaciones populares. Del total de ARB, un 38% (192.718) son mujeres. Las mujeres están bien representadas en los órganos directivos de esas organizaciones. En la actualidad, constituyen 30% de los miembros de la Junta de Directores elegidos conforme a la ley. Por otra parte, representan 44% de los 34.769 ARB que participan activamente en comités o comisiones. Además, las mujeres intervienen en la planificación, ejecución, control y evaluación de los programas y proyectos que se ejecutan en las ARC y tienen una activa participación en las actividades que se desarrollan en las barangays.

29. Sírvanse proporcionar información sobre la situación de la mujeres de edad, incluidos los efectos de la migración en ellas, e indicar qué medidas concretas exi s ten para abordar la situación de las mujeres de edad, en particular en las zonas r u rales.

En el año 2000 las personas ancianas comprendían 3,8% de la población total; entre ellas, las mujeres eran unas pocas más que los hombres (1,24%), según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Un 75% de las personas de edad avanzada, o sea 4.279.170 personas de un total de 5.705.591, eran efectivamente miembros de la Federación Nacional de Personas de la Tercera Edad. Suman unos 1.300 los funcionarios de la Oficina de Asuntos de las Personas de la Tercera Edad que trabajan en 85% de las ciudades y municipios de la nación.

Las ancianas viven más que los ancianos. En 2002 la esperanza de vida era de 73,10 años para las mujeres y de 67,60 años para los hombres. Las ancianas siguen siendo las encargadas de la formación de la familia y cuidan a sus maridos y sus nietos. Aunque las estadísticas indican que las mujeres viven más que los hombres, nada dicen de su calidad de vida.

En Filipinas, las principales esferas de preocupación de las personas de edad avanzada se relacionan con su salud, actividad y dependencia (Isis Internacional, 2000). Si bien la responsabilidad de cuidar a los ancianos recae primordialmente en la familia, la demanda de estos cuidados es enorme para las familias pobres, que no están en condiciones de proporcionarlos.

El Gobierno filipino, con su LR 9257 (la Ley ampliada de las personas de la tercera edad), continuamente otorga privilegios a los ancianos y encarece a las instituciones privadas que hagan lo propio. Los siguientes beneficios están enumerados en la Ley:

•20% de descuento en la compra de medicamentos;

•20% de descuento en el transporte por vehículos terrestres, aviones y barcos;

•5% de descuento en la compra de productos básicos o primarios;

•Atención médica y odontológica gratuita en los servicios médicos estatales.

En el proyecto de ley relativo a la Carta Magna de la Mujer quedan comprendidas la protección y la promoción de los derechos de las ancianas, definidas en su texto como mujeres de 60 (sesenta) años o más; también se garantiza la protección de esas personas contra “la falta de atención, el abandono, la violencia en el hogar, el maltrato y la explotación”.

Protocolo Facultativo

30. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas para difundir ampli a mente el Protocolo Facultativo que ratificó Filipinas en 2003.

El Gobierno filipino no sólo ha difundido profusa información sobre la Convención y su Protocolo Facultativo, sino que también ha preconizado la observancia de sus principios. Con la financiación del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) ha puesto en marcha el programa CEDAW en Asia Sudoriental (SEAP) para facilitar la aplicación de la Convención y convertir en realidad los derechos humanos de la mujer en esa región. En el marco del desarrollo del proyecto SEAP, la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina (NCRFW) ha emprendido varias campañas nacionales y regionales de información y propaganda con el propósito de dar a conocer la CEDAW y su Protocolo Facultativo. Algunos de los socios que colaboran con la NCRFW para llevar a cabo estas actividades son el Centro de Derechos Humanos Ateneo, la Fundación Asiática de Comunicaciones (CFA), el Instituto sobre la Mujer y el Género (WAGI) del Miriam College, el Servicio de Reportajes sobre la Mujer (WFS), la Oficina Jurídica de la Mujer (WLB) y el Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Filipinas.

El Programa CEDAW SEAP es un programa regional que procura ayudar a siete países de Asia Sudoriental a aplicar la CEDAW más eficazmente. En Filipinas el programa comprende los siguientes elementos: concienciación de la gente, desarrollo de la capacidad y capacitación, investigación y promoción, control de la observancia de la CEDAW y presentación de los informes correspondientes, asistencia técnica, construcción de alianzas y creación de redes. Además de desarrollar este Programa, se realizan cursos de orientación, reuniones y talleres sobre la CEDAW para capacitar a funcionarios estatales de todos los niveles (miembros del Gabinete y técnicos), a los miembros de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a representantes de ONG, instituciones académicas y otras organizaciones.

También en el marco del Programa CEDAW SEAP, la WFS y la NCRFW publicaron y distribuyeron entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales asociadas la agenda 2006 de la CEDAW, que contiene información resumida sobre la Convención y el Protocolo Facultativo, y un manual elemental de la CEDAW, traducido a los siete principales dialectos hablados en Filipinas, para difundir la Convención a escala nacional. La agenda anual de la CEDAW se viene publicando desde 2004 y ha demostrado ser una manera popular y eficaz de dar a conocer la Convención en el sector privado y entre el público en general.

En 2006, la celebración del Mes de la Mujer giró en torno al lema “CEDAW ng Bayan: Karapatan ng Kababaihan” (La CEDAW del país: los derechos de la mujer). Con ocasión de la celebración, organizada para conmemorar el 25º aniversario de la ratificación de la Convención, se procuró en particular que la población tomara conciencia de la importancia de las disposiciones de la CEDAW y su Protocolo Facultativo.

Alrededor de 30% a 40% de los organismos del Estado nacional y de las dependencias de las administraciones locales celebraron el Mes de la Mujer en sus localidades recordando continuamente el lema. Unos 800 concejos municipales encargados de los asuntos de la mujer y miembros de la Asociación de Alcaldesas Municipales de Filipinas (LMMAP) participaron en la celebración nacional a la vez que conmemoraban sus propios aniversarios.

Uno de los momentos culminantes de la celebración del Mes de la Mujer fue la intervención de la Presidenta de la NCRFW, Sra. Myrna Yao, que puso en conocimiento de la Presidenta, de su Gabinete y de los miembros del Congreso el informe de Filipinas al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la lista de cuestiones y preguntas confeccionada por el propio Comité en relación con el informe.

Sobre la base de las deficiencias encontradas por la NCRFW respecto de la aplicación efectiva de la CEDAW, la Presidente y su Gabinete se comprometieron a otorgar prioridad al examen del proyecto de ley que propugna la derogación de la prohibición del trabajo nocturno de la mujer y a recomendar la inmediata aprobación en el Congreso de la Carta Magna de la Mujer.

La NCRFW, que se encargó de presentar el informe al Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer y la lista de cuestiones y preguntas formuladas al respecto por el propio Comité, se vio honrada por la presencia de la Presidenta de la Comisión de la CEDAW, la Embajadora Rosario Manalo, que orientó a los legisladores presentes sobre los temas y las disposiciones fundamentales de la Convención de la Mujer. La NCRFW expuso su programa legislativo ante los legisladores y las principales oradoras fueron la Presidenta del Comité de la Cámara sobre Asuntos de la Mujer, Josefina M. Joson, y la diputada Etta Rosales, en representación de su partido.

Entre los proyectos de ley que se consideró urgente y prioritario aprobar figuraban los siguientes: la Carta Magna de la Mujer, el proyecto contra la prostitución, el proyecto sobre representación sectorial local, el proyecto sobre maternidad y paternidad responsables y ordenación de la población y el proyecto de reforma de los artículos 333 y 334 del Código Penal Revisado, que definen la infidelidad conyugal.

La celebración del Mes de la Mujer puso de relieve la importancia de trabajar concertadamente con los principales interesados del Gobierno nacional y las administraciones locales, así como con la sociedad civil, los medios de difusión y el sector privado, para conseguir que el programa para la mujer —el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de la mujer— saltara a primera plana.