Fuente: SIAF-MPP DEL PNCVFS AL 28/01/2014. Elaboración PNCVF

*Montos expresados en Nuevos Soles, para referencia se debe considerar Tipo de Cambio S/.2.82 Nuevos Soles.

Presupuesto del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual *

Año	Presupuesto total UE 009 PNCVFS	Programa Presupuestal 080 Lucha Contra la Violencia Familiar	Porcentaje en el presupuesto total del Programa Presupuestal 080 Lucha Contra la Violencia Familiar	Porcentaje de incremento anual del presupuesto total del PNCVFS
2011	33 . 785 . 863	No aplica
2012	43. 905 . 090	37 . 411 . 803	85	30
2013	61. 381 . 950	55 . 631 . 123	91	40
2014	78 . 269 . 558	71 . 867 . 949	92	28

Fuente: SIAF-MPP del PNCVFS al 28 de enero de 2014. Elaboración PNCVFS .

*Montos expresados en Nuevos Soles, para referencia se debe considerar Tipo de Cambio S/.2.82 Nuevos Soles.

Entre los desafíos que enfrenta el Estado peruano en materia de violencia contra la mujer se tiene la ampliación de la cobertura de los Centros Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, lo que plantea una exigencia de mayor coordinación con los gobiernos locales y regionales para la gestión a futuro de los mismos.

Respecto de los avances en materia de reparaciones, la Defensoría del Pueblo, como ente encargado de hacer seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), señala que a marzo del 2013 el total de personas beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones (PIR) en el Libro Primero (víctimas individuales) asciende a 182,350; de ellas, 106,919 son víctimas directas (59%) y 75, 431 son familiares (41%). Del total de víctimas directas, el 37% son mujeres y en cuanto a los familiares, el porcentaje de mujeres es del 57%, lo que muestra la necesidad de fortalecer la perspectiva de género en el proceso de reparaciones.

Asimismo, de acuerdo al balance realizado por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) sobre los avances en la implementación del PIR, desde julio de 2011, se ha otorgado reparación económica a 41,601 familiares de víctimas fallecidas o desaparecidas, víctimas de violación sexual y víctimas con alguna discapacidad física o mental de carácter permanente.

En materia de reparaciones en salud, la CMAN informó que de 146,705 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 139,296 han sido afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) régimen subsidiado que brinda cobertura a toda enfermedad, inclusive las oncológicas, y otorga subsidio económico de sepelio a nivel nacional. Asimismo, entre el año 2006 y el año 2013 se brindó atención en temas de salud mental a 707,938 personas afectadas por el proceso de violencia en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac, Huánuco.

Por otro lado, mediante Resolución Directoral núm. 122-2013-JUS/DGDPAJ del 9 de setiembre de 2013, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS designó defensores especializados en derechos humanos en los distritos judiciales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, para la asistencia técnico-legal a víctimas del conflicto armado interno, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos en instancias judiciales.

En relación a la aplicación de la Ley núm. 29819 cabe señalar que la tipificación del delito de feminicidio en el Perú constituye una respuesta en materia de política criminal a los crecientes índices de violencia de género. El delito de feminicidio sanciona el asesinato contra una mujer basado en el cumplimiento o incumplimiento de roles de género asignados social y culturalmente, que se funden en estereotipos y prejuicios sobre su sexo.

En consecuencia, luego de un periodo de evaluación del fenómeno criminal y los casos judicializados, emergió la necesidad de modificar la ley núm. 29819 para dotarla de suficiencia y eficacia, por lo cual esta norma fue abrogada por el artículo 108-B del Código Penal.

De ahí que la nueva tipificación enumera contextos de violencia de género, tales como violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente, entre otros. Por ende, la nueva tipificación permite a los operadores de justicia cumplir con mayor efectividad las labores de garantía del acceso a la justicia.

De acuerdo a la información del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, se registra una disminución en los casos de feminicidio desde el 2011, año en que entró en vigencia la Ley núm. 29819 que incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal. En efecto, en el año 2011 se reportaron 120 casos y a setiembre del 2013 la cifra disminuyó en 62%.

Estadísticas sobre casos de feminicidio

Observatorio de Criminalidad de l Ministerio Público enero 2011 - septiembre 2013
2011 enero-diciembre	2012 enero-diciembre	2013 enero-septiembre
120	99	46

Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Participación en la vida política y pública

El comité solicita información sobre las dificultades que enfrenta el Estado para cumplir las cuotas establecidas para las mujeres en la designación de cargos decisorios en las instituciones públicas, y hace referencia al Proyecto de Ley núm. 268-2011-JNE Ley que regula la aplicación de la cuota electoral de mujeres que propone regular la aplicación de la cuota electoral de mujeres en función de su naturaleza de acción afirmativa dentro de la cuota electoral de género. Actualmente, dicho proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República a espera de dictamen para debatirse en el Pleno.

Sin perjuicio de ello, debemos mencionar que es preocupación constante del Estado peruano promover la participación política de las mujeres así como su participación en los procesos electorales. En ese sentido, el 30 de noviembre de 2012, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), presentó el Proyecto de Ley núm. 1779/2012-PE, que propone la alternancia electoral de género desde la primera ubicación y mantener la cuota de género (30%) para las listas al Congreso de la República, Consejos Regionales, Consejos Municipales, así como a cargos directivos y candidaturas a cargos de elección popular de las organizaciones políticas. El proyecto de ley también propone la eliminación del voto preferencial en la elección de representantes al Congreso de la República, ya que podría anular el efecto de las cuotas y alternancia. Desde junio de 2013 el proyecto se encuentra en la Comisión de la Mujer y Familia”.

El referido proyecto de ley sobre alternancia electoral plantea:

a.La ubicación de candidatos y candidatas en las listas electorales de manera alternada (hombre-mujer o mujer-hombre) desde la primera ubicación. Esta labor será llevada a cabo por la propia organización política.

b.La alternancia deberá aplicarse en no menos del treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres que integren las listas de candidaturas.

c.La alternancia será aplicada tanto para candidaturas titulares como para accesitarias, cuando corresponda.

d.En las elecciones regionales y municipales se aplicará la alternancia en las listas de candidaturas al Consejo Regional y al Concejo Municipal respectivamente, desde la primera ubicación (hombre o mujer), la cual será determinada por la propia organización política, tanto en las candidaturas titulares como en las accesitarias.

e.Las listas de candidaturas para cargos de dirección de la organización política, así como para las candidaturas a cargos de elección popular, serán presentadas ubicando alternadamente una mujer y un hombre o un hombre y una mujer, desde el primer lugar de ubicación comenzando por el sexo que determine la agrupación política.

Existen algunas diferencias entre el Proyecto de Ley núm. 00268/2011/JNE y el más reciente Proyecto de Ley núm. 1779/2012-PE, y en ambos casos lo que se propone es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad, no solo en términos de oportunidades sino de resultados. Las diferencias básicas entre ambos proyectos se detallan en el cuadro adjunto como anexo núm. 4.

Nacionalidad

Respecto de las medidas adoptadas para asegurar la expedición de documentos de identidad a las mujeres en el territorio nacional, debemos mencionar que en el Plan Nacional de Restitución de la Identidad: Documentando a los Indocumentados (PNRI 2005-2009) se plantearon dos objetivos fundamentales: i) Documentar a la población peruana indocumentada, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad y ii) Prevenir la indocumentación en la población peruana. Después de cinco años de la entrada en vigencia del PNRI (2005-2009) y luego de la organización y sistematización de la información acumulada en este período, se evidencia que se ha obtenido un logro total del 85,61% en el cumplimiento de los objetivos y las metas.

Cumplimiento de los objetivos generales del Plan Nacional

Objetivos generales	Promedio de avance acumulado	Pesos (Porcentaje)	Avance ponderado acumulado
1. Documentar a la población peruana indocumentada, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad	85, 49	80	68, 39
2. Prevenir la indocumentación en la población peruana	86, 11	20	17, 22
Cumplimiento del plan	100	85, 61

El RENIEC, como ente responsable del sistema nacional de identificación del país, elaboró el Plan Nacional Perú contra la Indocumentación (PNPCI 2011-2015), como complemento inmediato del PNRI 2005-2009, a fin de que la brecha entre los documentados y los no documentados se reduzca al mínimo.

El PNPCI 2011-2015, plantea una serie de acciones a desarrollarse de manera conjunta con las entidades del Estado, privadas y de la sociedad civil con el fin de que los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, accedan a la documentación; “siendo transversales los enfoques de género, derecho e interculturalidad, que postulan la equidad entre varones y mujeres, así como el respeto y la valoración de la diversidad y las diferencias”. El Plan asume el enfoque de género como eje transversal implementando medidas de acción positiva que contribuyan a cerrar la brecha de discriminación hacia las mujeres; en particular, de las zonas rurales y más alejadas del Perú. Este enfoque permite determinar las implicancias simbólicas, sociales y culturales en la vida de las mujeres y hombres en el acceso o negación del registro y documentación como ciudadanos/as, teniendo en cuenta que esta forma diferenciada de tratar a los seres humanos produce desigualdades sociales que perjudican más a las mujeres que a los varones.

La línea base sobre la cual se programan las metas del PNPCI 2011-2015 se estima en 4.719.961 personas sin DNI, entre menores y mayores de edad. De esta cifra, se proyecta documentar (de manera prioritaria) con el DNI a 4.534.371 peruanos calificados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) como pobres extremos, muy pobres y pobres, lo que corresponde, según el mapa de pobreza, a los quintales 1, 2 y 3, respectivamente, a fin de desaparecer la brecha social existente. Asimismo, se plantea documentar a 277.628 personas con el registro de nacimiento.

Personas mayores y menores sin NDI

Personas	Hombres	Mujeres	Total	Porcentaje
Mayores	55 . 977	73 . 019	128 . 996	2 , 73
Menores	2 . 333 . 891	2 , 257 . 074	4 . 590 . 965	97,27
Total	2 . 389 . 868	2 . 330 . 093	4 . 719 . 961	100

Cuadro elaborado por el equipo técnico de la Subgerencia de Restitución de la Identidad-GRIAS, en base a proyección realizada por la Subgerencia de Estadística-RENIEC.

Educación

Respecto a las medidas adoptadas por el Estado en materia educativa, el CEDAW solicita: i) datos desglosados por sexo sobre las tasas de deserción en todos los niveles de enseñanza, en particular en las zonas rurales; ii) información sobre las medidas específicas adoptadas para reducir la tasa de deserción de las niñas, máxime cuando la deserción tiene lugar como consecuencia de embarazos en la adolescencia; iii) información sobre las medidas adoptadas para eliminar la discriminación contra los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres jóvenes en el ámbito de la educación; iv) medidas adoptadas para incluir programas integrales, innovadores, más eficaces y adecuados a la edad en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como parte habitual de los planes de estudios, dirigidos a los adolescentes de ambos sexos, en particular en las escuelas de formación profesional, con el fin de fomentar un comportamiento sexual responsable y de prevenir embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual como el VIH; v) información sobre las medidas adoptadas para mejorar las tasas de alfabetización y de finalización escolar en el Estado parte, en particular entre las mujeres y las niñas indígenas.

Respecto a la tasa de deserción en todos los niveles de enseñanza se cuenta con la siguiente información:

Alumnos retirados por área y sexo 2012

Nivel educativo	Área		Sexo	Total
Urbana	Rural	Masculino	Femenino
Inicial	19 . 374	5 . 682	13 . 308	11 . 748	25 . 056
Primaria	44 . 215	29 . 630	40 . 295	33 . 550	73 . 845
Secundaria	72 . 134	22 . 702	52 . 160	42 . 676	94 . 836

Porcentaje de alumnos retirados por área y sexo 2012

Nivel educativo	Área		Sexo	Total
Urbana	Rural	Masculino	Femenino
Inicial	1 , 9	2	2	1 , 8	1 , 9
Primaria	1 , 7	3 , 4	2 , 3	2	2 , 1
Secundaria	3 , 9	8 , 3	4 , 9	4	4 , 4

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU).

En cuanto a las medidas específicas adoptadas para reducir la tasa de deserción de las niñas, el Ministerio de Educación (MINEDU) viene elaborando el Marco Curricular Nacional (MCN), en el cual se establecen los aprendizajes fundamentales que todo estudiante tiene derecho a lograr durante su escolaridad. El aprendizaje fundamental “Actúa e interactúa con seguridad y ética, y cuida su cuerpo–Todos los estudiantes se desenvuelven en la vida cotidiana con seguridad y confianza en sí mismos, cuidando y cultivando su cuerpo, y planteándose posibilidades continuas de desarrollo personal, sabiendo asimismo crear vínculos sanos con los demás y afrontar desafíos de manera ética” desarrolla las siguientes competencias:

a.Competencia 1 “Identidad y autoestima”. “Actúa en diferentes situaciones y contextos con autoestima, demostrando identidad propia, conocimiento de sí mismo, capacidad para identificar sus necesidades o emociones y para autorregular su conducta, así como disposición a seguir creciendo”.

b.Competencia 2: Ética-“Toma decisiones éticas en distintas situaciones de la vida, con libertad de criterio, considerando siempre tanto el propio interés como el interés del otro, asumiendo responsablemente las consecuencias de las opciones adoptadas”.

c.Competencia 3: Relaciones Interpersonales–“Se relaciona y se comunica con los demás con naturalidad, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades, estableciendo y manteniendo relaciones sociales sanas y asumiendo roles constructivos al interior de grupos”.

d.Competencia 4: Cuerpo y vida sana- “Cuida y cultiva su cuerpo en todas sus dimensiones, apropiándose del espacio con seguridad y plena conciencia de sus sensaciones y posibilidades, así como exhibiendo un estilo de vida saludable, basado en una nutrición e higiene apropiadas, así como en prácticas preventivas”.

Por otro lado, el MINEDU aprobó el Diseño Curricular Nacional (DSN) y el Reglamento de Educación Básica Regular (EBR) los cuales incorporan la educación sexual como: i) tema transversal del currículo; ii) contenidos básicos de las tareas curriculares; y, iii) uno de los programas que debe implementarse en el sistema educativo.

Precisamente, como uno de los programas que debe implementarse en el sistema educativo, la educación sexual se desarrolla a través de la Tutoría y Orientación Educativa, definida como el acompañamiento socio–afectivo y cognitivo de los estudiantes de carácter formativo, promocional y preventivo, tal como lo estipula el artículo 39° del Reglamento de la Ley General de Educación.

Asimismo, la Directiva núm. 014-2012-MINEDU/VMGP, “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2013 en la Educación Básica”, indica que la tutoría debe contemplar acciones de acompañamiento socio-efectivo y emocional de los estudiantes a fin de promover el conocimiento, análisis y desarrollo de los Lineamientos Educativos y Orientación Pedagógica para implementar la Educación Sexual Integral.

En ese sentido, la R.M. núm. 0622-2013-ED, denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2014 en la Educación Básica”, reconoce que la acción tutorial de los docentes debe orientarse a la atención de situaciones de vulneración de derechos que afectan a las y los estudiantes, entre las que se hallan el embarazo y la paternidad en la adolescencia.

En relación a las medidas adoptadas para eliminar la discriminación contra los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres jóvenes en el ámbito de la educación, se ha constituido la Comisión Multisectorial de Educación de niñas y adolescentes rurales, según Decreto Supremo núm. 001-2003-ED, que tiene como función principal velar por el cumplimiento de los objetivos y estrategias dispuestas en la Ley núm. 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales.

La coordinación intersectorial es una de las estrategias que tienen el propósito de lograr cambios sustanciales hacia el logro de la eliminación de brechas educativas. Consecuentemente, entre la legislación que garantiza la equidad de género en el ámbito rural se encuentran:

a.Ley General de Educación, Ley núm. 28044, que reconoce que la educación debe ser impartida sin discriminación de género.

b.Ley de Fomento de la educación de las niñas y adolescentes de áreas rurales, Ley núm. 27558, que propugna políticas públicas para garantizar la educación con equidad y calidad.

c.Ley de Igualdad de Oportunidades, Ley núm. 28983, que garantiza a hombres y mujeres sus derechos y establece la erradicación de toda forma de discriminación.

d.Ley General de Presupuesto, Ley núm. 28411, que contempla a la equidad de género como enfoque en la elaboración de los presupuestos.

Por otro lado, se viene promoviendo el uso de las “Rutas de Aprendizaje”, guías didácticas para los 350,547 docentes de todos los niveles educativos, que incluyen el enfoque de género. Asimismo, se promueve el acceso, permanencia y culminación de las niñas en el ámbito rural a través de las propuestas de educación secundaria urbana mejorada, educación rural, educación secundaria en alternancia y educación secundaria tutorial.

En el Perfil de Egreso de los Diseños Curriculares Básicos Nacionales (DCBN), en lo atinente a la Carrera Profesional de Educación, deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de desempeño:

a.Preservación y enriquecimiento de la salud física, mental y social.

b.El cuidado de la salud y atención responsable evitando la automedicación.

c.Preservación y conservación del ambiente para mejorar la calidad de vida.

Estos criterios se operativizan a través de las diferentes áreas del DCBN y sus contenidos desarrollan temas vinculados a la salud reproductiva. En tal sentido, cada docente en atención al contexto, adecua los contenidos a las necesidades de la localidad y región.

En la implementación de los DCBN no se han incluido temáticas específicas a comportamiento sexual responsable eficaz para la prevención de embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual como el VIH. Sin embargo, las instituciones de educación superior de formación docente en el proceso de diversificación curricular, específicamente en sus sílabos, incorporan proyectos institucionales acordes a su contexto.

Entre las medidas adoptadas para mejorar las tasas de alfabetización y finalización escolar, en particular entre las mujeres y niñas indígenas, a través del MINEDU se ha emprendido labores en dos vertientes:

a.Mejoramiento de tasas de alfabetización

i.Los programas de alfabetización se han ampliado de seis a ocho meses, a fin de que las estudiantes mejoren sus metas de aprendizaje y disminuyan los porcentajes desaprobados.

ii.Los primeros seis meses son aprendizajes básicos en áreas de lectoescritura y matemática y, los dos meses restantes, son de reforzamiento para las estudiantes que durante los seis meses iniciales tienen dificultades en lograr los aprendizajes previstos.

iii.El área de intervención del programa de alfabetización es a nivel distrital. En ese ámbito geográfico se organizan los espacios de aprendizaje denominados “Círculos de Aprendizaje”.

iv.Las estudiantes que asisten a los “Círculos de Aprendizaje”, viven y trabajan en zonas aledañas a fin de facilitar el desplazamiento, movilización y asistencia.

v.Las autoridades educativas trabajan alianzas estratégicas con las autoridades locales y organizaciones comunales a fin de apoyar la mejora del programa de alfabetización.

vi.Los materiales educativos son preparados y diseñados de acuerdo a las necesidades educativas y de comprensión de las estudiantes.

vii.En las comunidades de la selva y sierra, los docentes facilitadores son nativos o especialistas en lenguas nativas. Ello busca facilitar la comunicación entre docente y estudiante.

b.Finalización escolar

i.Los “Círculos de aprendizaje” funcionan a partir del mes de abril y culminan en noviembre a fin de evitar la estación de lluvias y evitar el ausentismo en las aulas.

ii.Las estudiantes son evaluadas periódicamente para verificar sus logros de aprendizaje. Estas evaluaciones se registran en el Sistema de Información de Círculos de Aprendizaje (SICA) que permite tener información actualizada sobre el funcionamiento del programa.

iii.El SICA coteja información con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) con la finalidad de evitar duplicidades e interferencias en el registro de estudiantes.

iv.El SICA permite al MINEDU tener certeza de los porcentajes de alfabetización y los niveles de escolaridad entre los registrados.

Empleo

En cuanto a las medidas concretas para facilitar el acceso de la mujer al trabajo estructurado y en materia de protección de los derechos laborales debemos mencionar que mediante Resolución Ministerial núm. 203-2012-TR de fecha 16 de agosto de 2012, se aprobó la directiva de “Disposiciones para la Verificación de las Obligaciones Empresariales en materia de Modalidades Formativas Laborales”, la cual establece criterios técnicos para los procedimientos de inspección al amparo de lo dispuesto por la Ley núm. 28518 sobre Modalidades Formativas Laborales, en protección de desnaturalización de contratos, entre ellos los celebrados por mujeres.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial núm. 159-2013-TR, de fecha 11 de setiembre de 2013, se aprobó el documento “Guía de buenas prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y la ocupación”, el cual tiene entre sus objetivos promover la aplicación efectiva del mandato de no discriminación y la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo y la ocupación, así como contribuir a que los empleadores y agencias de empleo prevengan prácticas discriminatorias o contrarias a la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo y la ocupación.

En relación al trabajo forzoso, el Estado peruano continúa sus esfuerzos por erradicar esta forma intolerable de trabajo y, en ese sentido mediante el Decreto Supremo núm. 020-2012-TR aprobó las “Normas reglamentarias para el funcionamiento de las agencias privadas de empleo” a fin de regular la actividad de colocación laboral en el territorio nacional y para el extranjero; que debe ser realizada por las Agencias Privadas de Empleo, donde se regulan las prohibiciones, obligaciones, requisitos, cancelaciones y capacitaciones vinculados a trabajo forzoso.

Asimismo, en cumplimiento de sus compromisos internacionales para erradicar el trabajo forzoso en todo el territorio nacional, el 8 de junio de 2013 se aprobó II Plan Nacional Para la Lucha Contra el Trabajo Forzoso 2013-2017 que tiene entre sus objetivos, contar al 2014 con un estudio de línea de base que dé cuenta de la situación real del trabajo forzoso en el país, además, ejecutar durante el 2013 y 2014 intervenciones piloto en las regiones que evidencien mayor incidencia.

Por otro lado, debemos mencionar que el Estado peruano viene realizando las siguientes acciones a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE):

a.Elaboración de la Estrategia Sectorial en materia de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la cual incorpora al género y a las trabajadoras del hogar dentro de su ámbito de protección.

b.Guía de Buenas Prácticas en Materia de Igualdad y No Discriminación en el Acceso al Empleo y la Ocupación, aprobado mediante Resolución Ministerial núm. 159-2013-TR.

c.Experiencia piloto y Guía para la validación de una metodología sobre la evaluación objetiva de los empleos, en concordancia con el Convenio núm. 100 de la OIT, referido a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

d.Plan de Acción para Promover el Cumplimiento de los Derechos Laborales de los(as) Trabajadores(as) del Hogar aprobado mediante Resolución Ministerial núm. 221-2013-TR. Implementado desde marzo del año 2013.

e.Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2017, promovido para las trabajadoras y los trabajadores, el que incorpora el tema de protección de los trabajadores ante riesgos que afecten la procreación.

f.Proyecto de Guía de Actuación en el Lugar de Trabajo Frente al Hostigamiento Sexual.

g.Proyecto de Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.

En relación al marco jurídico para la protección de la maternidad y sus repercusiones debemos resaltar que mediante Ley núm. 29992 se modificó la Ley núm. 26644-Ley de descanso por maternidad, estableciendo la extensión del descanso postnatal por 30 días para los casos de nacimiento de niños con discapacidad.

En cuanto al tema específico de las(los) trabajadoras(es) del hogar, la Dirección General de Derechos Fundamentales, Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE ha formulado el Plan de Acción para promover el cumplimiento de los derechos laborales de los(as) trabajadores(as) del hogar, el mismo que tiene por finalidad garantizar y promover el respeto de los derechos laborales de este colectivo de trabajadores(as).

El Plan está constituido por los siguientes ejes estratégicos:

a.Eje Estratégico 1: Orientación y difusión

Objetivo Específico 1.- Promover la absolución de consultas y la difusión de la normatividad laboral vigente y las acciones de orientación sobre la misma a los(as) trabajadores(as) del hogar.

b.Eje Estratégico 2: Fiscalización

Objetivo Estratégico 2.- Concientizar sobre los derechos sociolaborales de los(as) trabajadores(as) del hogar, así como velar por el pleno e inmediato cumplimiento de los mismos.

c.Eje Estratégico 3: Trabajo Infantil

Objetivo Estratégico 3.- Mejorar los mecanismos de prevención y atención para los(as) niños(as) y adolescentes que realizan trabajo del hogar.

d.Eje Estratégico 4: Trabajo Forzoso

Objetivo Estratégico 4.- Mejorar los mecanismos de prevención y atención para los(as) trabajadores (as) del hogar víctimas de trata y trabajo forzoso.

e.Eje Estratégico 5: Sindicalización

Objetivo Estratégico 5.-Mejorar las capacidades de las organizaciones de trabajadores(as) del hogar para la defensa de sus afiliados(as).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Resolución Ministerial núm. 221-2013-TR, la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo ha conformado una Mesa de Trabajo (la misma que sesiona de manera mensual, a partir del mes de marzo de 2013) en la que participan el Viceministerio de Trabajo, las unidades orgánicas responsables del sector trabajo, las entidades públicas y privadas involucradas en la materia, y sobre todo representantes de organizaciones sindicales. Esta Mesa de trabajo tiene por finalidad supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan.

Finalmente, se debe considerar el tema de las capacitaciones en el caso de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras:

a.Talleres de capacitación “Igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral” y “La mujer en el ámbito laboral”, realizados en la Sala “José Matías Manzanilla” del MTPE, los días jueves 20 y viernes 21 de junio de 2013, respectivamente. En estos eventos participaron funcionarios de las DRTPE/GRTPE de Junín, Callao, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, Puno, Ancash, Ica, Moquegua, Ucayali, Lima Metropolitana, Pasco, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes.

b.Seminario de capacitación “Promoviendo el trabajo decente sin discriminación”, organizado en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Huánuco.

c.Videoconferencia de capacitación “Promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral”, realizada el 13 de septiembre del 2013 y dirigida a los funcionarios de las DRTPE de Amazonas, Apurímac y Cusco.

d.Taller de capacitación “Derechos Laborales de la Mujer Trabajadora”, realizado el 22 de noviembre de 2013 en la Sala “José Matías Manzanilla” del MTPE.

e.Asimismo, mediante la realización de eventos de capacitación se difundió información relacionada a la necesidad de que toda mujer gestante se practique obligatoriamente la prueba de diagnóstico del VIH para reducir el riesgo de transmisión de este virus al niño por nacer, ello en cumplimiento a lo señalado en la Ley núm. 28243.

f.Evento de capacitación “VIH/SIDA en el mundo del Trabajo e Igualdad de oportunidades y no discriminación en el trabajo”, realizado el 3 de diciembre de 2013, en coordinación con la DRTPE Callao, y dirigido a trabajadores, empleadores, representantes de organizaciones sindicales y público en general de la Región Callao.

g.Taller de capacitación “Respuesta desde el lugar de trabajo frente al VIH y SIDA”, realizado el 6 de diciembre de 2013 en la Sala “José Matías Manzanilla” del MTPE.

Salud

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del año 2012, el conocimiento de métodos para la regulación de la reproducción fue muy difundido entre la población femenina y entre todos los grupos poblacionales. Casi todas las mujeres en edad fértil (99,6%), conocen o han oído hablar de algún método de planificación familiar, siendo los métodos modernos los más conocidos, por el 99,5% de ellas. Con respecto al año 2009 (99%) existen pequeñas diferencias, observándose un incremento de 0,5 punto porcentual.

El Ministerio de Salud (MINSA), al ser ente rector en materia de políticas públicas en Salud, ha incrementado la gama de anticonceptivos, implementando el uso de nuevos métodos: inyectable mensual, condón femenino e implante en 16 establecimientos pilotos en las regiones de Ucayali, Ayacucho, Lima Sur, Lima Este, Lima Ciudad y La Libertad. Como indicadores de resultados se observa que gracias a que el uso de métodos de anticoncepción fue muy difundido en el país, este uso ha mostrado un incremento de 2,8 puntos porcentuales (75,2 al 78,0% entre el período 2009 y 2012) en las mujeres en edad fértil que han usado alguna vez métodos anticonceptivos, de 66,3 al 70,5%, ha usado métodos modernos y del 54,1 al 56,2%, métodos tradicionales en el mismo período, siendo el inyectable el método moderno de mayor uso.

Continuando con la política de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, desde octubre del año 2013 se ha distribuido métodos anticonceptivos modernos a todos los establecimientos de salud del ámbito nacional. Asimismo, se han dotado de kits de orientación/consejería en Planificación Familiar con la finalidad de contribuir a mejorar la libre e informada elección de las personas a los métodos anticonceptivos de acuerdo a su opción reproductiva, la información se encuentra a detalle en el cuadro que se adjunta como anexo núm. 5.

Con respecto a las adolescentes, la ENDES 2012 señala que un 66,6% de las adolescentes entrevistadas entre los 15 a 19 años que actualmente se encuentran unidas a sus parejas usan métodos anticonceptivos, mientras que el 87,6% de las adolescentes sexualmente activas usan métodos anticonceptivos, lo que demuestra un crecimiento con respecto a la ENDES 2009. Entre la ENDES 1986 y la ENDES 2012, la prevalencia anticonceptiva se incrementó en 29,7 puntos porcentuales al pasar del 45,8% al 75,5%.

Según la ENDES 2012, el Estado se ha consolidado como la principal fuente de suministros de métodos anticonceptivos modernos, facilitando el acceso a los mismos en un 62% de la población sexualmente activa. Asimismo, mediante la promulgación de la Resolución Ministerial núm. 242-2009/MINSA de fecha 16 de abril de 2009 se aprobó la Directiva Sanitaria núm. 22-MINSA/DGPS-V01, que contempla la provisión de preservativos a trabajadoras sexuales para la prevención de ETS y VIH.

En cifras porcentuales, el 63,4% de las mujeres actualmente unidas y que no practican la anticoncepción manifestó su intención de hacerlo en el futuro, el 1,2% se mostró insegura y el 35,4% no tiene previsto usar anticonceptivos en el futuro. El 42,4% de la población rural ha escuchado mensajes sobre planificación familiar y el 14,2% ha leído sobre dicho tema.

Al año 2012, la edad mediana de la madre al primer nacimiento es de 21,9 años en el Perú, lo cual nos sitúan en el segundo país con la mayor edad media de la madre al primer nacimiento vivo en comparación con otros 11 países de América latina, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto como anexo núm. 6

En torno a las medidas establecidas o previstas para evitar los embarazos en la adolescencia, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2012-2021), aprobado por Decreto Supremo núm. 001-2012-MIMP, establece como una de las Metas Emblemáticas para el desarrollo de la infancia y la adolescencia en el Perú, reducir la tasa de maternidad adolescente en 20%, estableciendo como Objetivo Estratégico núm. 3: Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad, señalando como Resultado Esperado núm. 9: “Las y los adolescentes postergan su maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta”.

Asimismo, mediante el Decreto núm. 12-2013-SA, de fecha seis de noviembre de 2013 se aprobó el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012-2021, que contempla la participación de los diferentes sectores públicos, el mismo que se plasma en un plan de trabajo para el año 2014 que pretende prevenir el embarazo en adolescentes con énfasis en las zonas más vulnerables.

En este mismo sentido, las normas de atención en salud para adolescentes se han vuelto más específicas, logrando que se reconozcan las diferencias de este grupo, que requiere un trato diferenciado tanto en cuanto a orientación sexual y prevención de ETS y VIH, es así que con fecha 15 de junio de 2012 se promulgó la Resolución Ministerial núm. 503-2012/MINSA, la que resuelve aprobar la Norma Técnica de Salud núm. 095-MINSA/DGSP-V.01, que establece los Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados de Atención Integral de Salud para Adolescentes, lo cual asegura que los servicios diferenciados de atención integral de salud para adolescentes, las decisiones clínicas, no clínicas y preventivo promocionales se manejen con atributos de calidad y se otorguen con el compromiso y la orientación de maximizar la satisfacción de la población adolescente. Estos servicios son diseñados e implementados con la participación del adolescente, bajo los principios de privacidad y confidencialidad.

Sumando a esto, el MINSA realiza campañas en coordinación con organismos internacionales y entidades públicas y privadas a fin de trabajar en el tema de prevención de embarazos en adolescentes, realizando actividades que ayuden a sensibilizarlos a tomar decisiones informadas.

Como herramientas adicionales, se encuentran en vigencia las guías nacionales de atención integral de la salud sexual y reproductiva, las mismas que son de obligatorio cumplimiento por los establecimientos de salud a nivel nacional, los que contemplan el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud, incluyendo orientación y tratamiento específico para adolescentes tanto en zonas urbanas como rurales.

Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú también ha contribuido a las medidas previstas para evitar los embarazos en la adolescencia al declarar inconstitucional el artículo 1º de la Ley núm. 28704 que modificaba el artículo 173º, inciso 3º, del Código Penal, sobre delito de violación sexual contra víctima entre 14 y 18 años de edad.

En lo concerniente al aborto, éste ocupa el tercer lugar con el 18%, según causas genéricas de la mortalidad materna, ocupando el primer lugar las hemorragias con el 40%, y la Enfermedad Hipertensiva del Embarazo el 32%, tal como se puede extraer del siguiente diagrama:

Frente a ello se viene fortaleciendo la capacidad resolutiva de los establecimientos, las capacidades técnicas de los prestadores de salud, la contratación de nuevos profesionales para los establecimientos de primer nivel de atención en el marco del presupuesto por resultados y la actualización de documentos técnico normativos, entre los cuales se encuentra la Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción Voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, elaborado por el MINSA.

Dicha Guía está en proceso de consulta por las diferentes sociedades científicas involucradas con la lista de entidades clínicas que se han considerado para realizar un aborto terapéutico y su aprobación ha sido recomendada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) mediante una opinión técnico jurídica remitida en abril de 2013 al MINSA. El MINJUS señala que “la aprobación de la referida Guía no solo resulta constitucionalmente permitida, sino constitucionalmente obligatoria. A su vez, su entrada en vigor permitiría atender importantes y reiteradas observaciones y recomendaciones formuladas al Estado peruano tanto del Comité de Derechos Humanos como del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Las mujeres y el desarrollo

En relación al lugar que ocupa la mujer en el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) es necesario resaltar que el Plan constituye la política ambiental del país, cuyas metas responden a la magnitud de los problemas ambientales y de gestión de los recursos naturales identificados en el país. Asimismo refleja los cambios esperados al 2021 en materia de: agua, residuos sólidos, aire, bosques y cambio climático, diversidad biológica, minería y energía, y gobernanza ambiental; que por su repercusión en la calidad de vida y el desarrollo del país, resultan de vital importancia.

Cada una de las metas trazadas se podrá alcanzar mediante acciones estratégicas (AE) orientadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (bosques, biodiversidad, agua y suelos); así como la provisión de un ambiente saludable (calidad de agua, aire y la gestión de los residuos sólidos).

En relación al lugar que ocupa la mujer es importante señalar actualmente 9 regiones han incluido el análisis de las brechas de género en el diagnóstico de vulnerabilidades frente al cambio climático, con el fin de hacer visible la situación de las mujeres en la formulación de medidas de adaptación. En lo que se refiere a la acción estratégica de reducir la degradación de la tierra y de mitigar los efectos de la sequía (AE 4.6), se promueven tecnologías para el manejo sostenible de la tierra a través de federaciones de mujeres rurales impulsadas por el programa Manejo Sostenible de la Tierra (MST).

Asimismo, el PLANAA promueve la promoción de mecanismos para la provisión de servicios eco sistémicos (AE 4.2) que benefician a las mujeres rurales en la parte alta de las cuencas en su condición de “cuidadoras de los ecosistemas”, como a las mujeres urbanas asentadas en la parte baja en su condición de “usuarias de los servicios eco sistémicos”.

En lo que se refiere a la diversidad biológica, el PLANAA propone acciones estratégicas que benefician directamente a las mujeres que registraron tener certificación orgánica y que representan el 15% del conjunto de productores orgánicos del país (Censo Agropecuario, 2012).Estas acciones estratégicas están relacionadas con el crecimiento de las exportaciones peruanas de productos nativos entre los que se incluye la cochinilla, la quinua y la nuez de Brasil, en cuyas cadenas productivas hay una participación importante de mujeres.

Finalmente, el PLANAA establece acciones estratégicas para generar oportunidades de inclusión social de las comunidades nativas y campesinas con un enfoque de interculturalidad y de género en la gestión ambiental; promover y difundir los mecanismos de participación ciudadana de estos grupos y disminuir los conflictos socio ambientales (AE 7.8). Esto permitirá que en las Comisiones Ambientales Regional (CAR) y las Comisiones Ambientales Municipal (CAM) y los comités de defensa y protección del ambiente, cuenten con la participación de líderes mujeres en estas instancias de coordinación y toma de decisiones.

Mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes

De otro lado, mediante la Resolución Ministerial núm. 273-2012-MIMP se aprobó la “Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales” con el objetivo de que la población rural incremente su acceso a servicios de atención, protección y prevención de la violencia familiar y sexual a través de los Centros Emergencia Mujer.

En 2013, la estrategia se implementó en los distritos rurales de Pinto Recodo (región San Martín), Huancano (región Ica) y San Pedro de Coris (región Huancavelica), obteniendo los siguientes resultados:

a.3 Sistemas Locales para la Prevención, Atención y Protección de la Violencia Familiar y Sexual en las tres provincias focalizadas, con rutas y protocolos de actuación multisectorial, construidos en consenso a través de un diálogo intercultural permanente entre la justicia comunitaria con la justicia formal.

b.3 Mesas Multisectoriales fortalecidas a nivel de la provincia y 03 Mesas Multisectoriales creadas a nivel del distrito, reconocidas a través de ordenanzas municipales.

c.8 Sistemas de Vigilancia Comunitaria en 8 ámbitos comunales donde participa el sector Salud, las organizaciones comunales y 45 facilitadoras/agentes comunitarios, en la identificación, derivación y contención de casos de violencia familiar y sexual.

d.Atención de 179 casos de violencia familiar y sexual, de los cuales 50 casos han sido referidos a los/as operadores de atención dentro del sistema integral.

e.Más de 1,900 personas sensibilizadas en materia de violencia familiar y sexual.

f.350 mujeres fortalecidas en temas de derechos.

g.210 hombres capacitados en género, masculinidad y violencia de género.

h.145 alumnos y 200 alumnas capacitados/as en violencia familiar y sexual por sus docentes.

Mujeres reclusas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ente rector del Sistema Penitenciario Nacional formula documentos estadísticos con información clasificada por género, grupo de edad, distribución geográfica, tipo de delitos, situación jurídica, nivel de instrucción, grupos vulnerables, etc. De acuerdo al último informe remitido por dicha entidad, al mes de noviembre del 2013 la población penal ascendía a 67, 273 personas. De ese total, 4,228 corresponde a la población penitenciaria femenina, constituyendo el 6.28% y cuya mayor concentración oscila entre los 25 y 44 años.

Dentro de los grupos que constituyen población vulnerable se considera a las mujeres que cumplen penas privativas de libertad y que tienen hijos. Al respecto, nuestra legislación establece en el artículo IX del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal y el artículo 8º de su Reglamento que la interna gestante o madre y sus hijos menores que conviven con ella gozan de amplia protección por el sistema penitenciario. Asimismo el artículo 12º del Reglamento del Código de Ejecución Penal señala que las mujeres privadas de libertad tienen derecho a permanecer en el establecimiento penitenciario con sus hijos hasta que estos cumplan tres años de edad.

Existen mujeres que son recluidas cuando están en periodo de gestación y al nacer sus hijos forman parte de la población a cargo del sistema penitenciario. Asimismo se presenta el caso de mujeres que se embarazan como consecuencia de visita conyugal. En todos los casos nuestra normatividad establece que el INPE debe brindar albergue, alimentación y otros servicios a los niños menores de tres años. Se adjunta como anexo núm. 7 el cuadro de la población penal de mujeres con hijos por género y edad según departamento y establecimiento penitenciario. Asimismo, se adjunta como anexo núm. 8 la información sobre personas privadas de libertad por situación jurídica y país de procedencia.

En relación a las normas de higiene, las condiciones sanitarias y su compatibilidad con las normas internacionales, es importante señalar que las condiciones de encierro de las mujeres se realiza por medio de la legislación nacional, la jurisprudencia y como marco preceptivo, las Reglas de Bangkok y las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos. Tal como considera el ente rector en materia penitenciaria “ambas Reglas poseen la naturaleza de norma-principio (al igual que la resocialización), su objetivo radica en alcanzar un marco ideal que garantice la plena vigencia de la dignidad de las personas privadas de libertad; lo que supone el esfuerzo continuo de la administración penitenciaria en tratar de seguir tales Reglas, sin que ello esté exento de dificultades e inclusive errores”.

Sin perjuicio de ello, en medio de las limitaciones presupuestarias y de infraestructura, el Estado realiza sus máximos esfuerzos para que se den las condiciones adecuadas para el tratamiento integral de las reclusas, con el objetivo de lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad; en concordancia con el principio constitucional establecido en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución Política del Perú.

Por otro lado, existen programas de rehabilitación y reintegración disponibles para mujeres reclusas; así como actividades de tratamiento penitenciario orientados a la reintegración social de las internas, de los cuales cabe mencionar los siguientes:

a.Programa de Intervención para consumidores de drogas (Convenio INPE-DEVIDA): Programa que aborda el consumo de drogas en la población penitenciaria, mediante una intervención bio-psicosocial.

Establecimiento penitenciario	Internas beneficiarias
Tacna Mujeres	16
Arequipa Mujeres	12
Chorrillos	25
Total	53

b.Trabajo penitenciario: Desarrolla y fortalece las competencias laborales, incrementando el nivel de empleabilidad de las internas, situación que contribuye a la reintegración social. Las actividades de capacitación y desarrollo de competencias laborales se detallan en el anexo núm. 9.

c.Educación Penitenciaria: Incrementa el nivel educativo como proceso formal necesario el desarrollo personal de las internas. Asimismo, desarrolla capacidades ocupacionales mediante la formación técnico productivo. Las modalidades son Educación Técnico Productiva (CETPRO) y Educación Básica Alternativa (EBA) y se especifican en el anexo núm. 10.

d.Programa de Intervención Multidisciplinaria: Dirigido a toda la población penitenciaria. Tiene por Objetivo “Desarrollar y fortalecer en la población penitenciaria competencias sociales que le permitan una convivencia pacífica, el desarrollo de un estilo de vida pro-social y con ello la reducción de probabilidad de reincidencia delictiva.

e.Atención especializada a hijos menores de 3 años que permanecen con madres internas en establecimientos penitenciarios. Funcionamiento de Institución Educativa Inicial formal: Se brinda atención especializada a los menores, en particular en el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos Mujeres. Se cuenta con la intervención de profesionales especialistas del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otras asociaciones particulares.

Estos programas apoyan a la rehabilitación de mujeres reclusas y su posterior reinserción en la sociedad, lo cual se comprueba directamente en la cantidad de beneficios penitenciarios de las que son acreedoras.

Mujeres con discapacidad y mujeres de edad

En diciembre de 2012 se promulgó la Ley núm. 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”, marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Esta norma incluye el enfoque de género pues su artículo 4, inciso g establece como principio la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, y su artículo 61 señala que los programas sociales brindarán atención preferente especialmente a las mujeres, niños y niñas con discapacidad.

El MIMP cuenta con un mecanismo creado por Decreto Supremo núm. 005-2003-MIMDES (hoy MIMP) denominado la Condecoración Orden al Mérito de la Mujer que visibiliza a las mujeres con discapacidad que han logrado destacar por su compromiso en la defensa de los derechos de otras mujeres. Desde su creación se contempló una categoría de reconocimiento a las mujeres con discapacidad que han superado las adversidades y, a la fecha, se ha condecorado a 9 mujeres.

Por su parte el Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), adscrito al MIMP, cuenta con el Programa Soy Capaz que tiene el objetivo de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo digno. Al 2013, se tiene un total de 1,714 personas beneficiadas con este programa, de los cuales las mujeres representan el 36% (611) y los hombres el 64% (1,103).

Participación de las mujeres en el Programa Soy Capaz

Según PCD insertadas laboralmente por género y tipo de discapacidad
Tipo de discapacidad	2012		2013	Total general
Masculino	Femenino	Total	Masculino	Femenino	Total
Auditiva	87	80	167	90	45	135	302
Física	417	197	614	287	174	461	1 075
Intelectual	54	16	70	13	7	20	90
Mental	4	6	10	33	27	60	70
Visual	87	35	122	31	24	55	177
Subtotal	649	334	983	454	277	731	1 714

Fuente: CONADIS.