Lista de cuestiones y preguntas relativas a los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Perú*
Marco constitucional, legislativo e institucional
En el informe se indica que en el año 2009 se presentaron tres propuestas legislativas sobre la igualdad de género ante el Congreso de la República, así como, en 2011, otro proyecto de ley sobre la aplicación de la cuota electoral de mujeres (párrs. 29 y 30).Se ruega que proporcionen información actualizada sobre la situación de esas propuestas legislativas. Asimismo, proporcionen información actualizada sobre cualquier otra medida legislativa que se haya adoptado desde la presentación del informe, así como sobre las medidas adoptadas para armonizar los diferentes niveles de la organización política del Estado parte.
Según el informe, el Estado parte aprobó dos Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (párr. 92), creó el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 (párr. 18) y, en el momento de la preparación del informe, estaba formulando el Plan de Igualdad de Género (párr. 92). En el informe se identifica como limitaciones para la implementación de la política de igualdad de género los aún bajos presupuestos asignados (párr. 95). Indiquen si se han vigilado y evaluado estos planes y, en caso afirmativo, que proporcionen información sobre los resultados conseguidos. Asimismo, proporcionen información sobre las medidas encaminadas a aumentar las asignaciones presupuestarias para la aplicación de las políticas de género en el Estado parte. Proporcionen información actualizada sobre la situación del Plan de Igualdad de Género. Indiquen las medidas adoptadas para asegurar la participación de las mujeres en la elaboración y la aplicación de los programas de desarrollo.
En el informe se indica que siguen existiendo disposiciones discriminatorias relacionadas con el matrimonio y las relaciones familiares y que, cuando se preparó el informe, dichas disposiciones estaban pendientes de revisión (párr. 98). Sírvanse proporcionar información sobre las reformas legislativas o los procesos de examen realizados para modificar las disposiciones que discriminen a la mujer en todos los ámbitos, en particular en el ámbito del matrimonio y las relaciones familiares, el empleo y la situación de las mujeres con discapacidad.
Acceso a la justicia
En el informe se reconoce que el acceso de las mujeres a la justicia es limitado, principalmente debido a la falta de capacitación para la judicatura y la persistencia de los estereotipos de género (anexo I). Se ruega que proporcionen información sobre las medidas adoptadas para la formulación de estrategias y políticas destinadas a eliminar las barreras institucionales, sociales y económicas, entre otras, a las que se enfrentan las mujeres para conseguir acceso a la justicia.
Mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer
En el informe se indica que, de conformidad con el Decreto Legislativo núm. 1098, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer (párr. 20). También se indica que entre los principales desafíos está el continuar consolidando el Ministerio y seguir fortaleciendo la gestión descentralizada de políticas de igualdad para las mujeres y la concertación con las diversas organizaciones de mujeres para la implementación de políticas integrales (párr. 24). Sírvanse proporcionar información detallada sobre el mandato, los recursos humanos y financieros y la actual composición por género del Ministerio. Asimismo, sírvanse facilitar información sobre los casos de discriminación contra la mujer observados por el Ministerio y sobre los indicadores desarrollados para evaluar el adelanto de la mujer.
Violencia contra la mujer
En el informe se indica que el presupuesto asignado para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual constituye el 1,2% del presupuesto nacional y que en el momento de la preparación del informe la implementación del Programa Estratégico contra la Violencia Familiar y Sexual (Ley núm. 29465) estaba pendiente (párr. 110). En el informe se menciona la aprobación del Plan Regional contra la Violencia hacia la Mujer de Ayacucho, así como la creación del Sistema Regional de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual de Ayacucho (párr. 109). Además, se reconocen las dificultades para el otorgamiento de reparaciones integrales a las víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno (párr. 122). Proporcionen información sobre si el presupuesto asignado a los programas contra la violencia es suficiente, sobre las principales dificultades que impiden su aplicación y sobre las medidas adoptadas para otorgar reparaciones integrales a las mujeres víctimas de la violencia durante el conflicto armado interno. Asimismo, indiquen si el Estado parte ha creado sistemas regionales de prevención y atención de la violencia familiar y sexual en otras regiones.
Se ruega que proporcionen información sobre la aplicación de la Ley núm. 29819, por la que se tipifica como delito el feminicidio (párr. 101).
Participación en la vida política y pública
En el informe se indica que la representación de las mujeres en la vida política y pública sigue siendo baja y que el Proyecto de Ley 00268/2011/JNE, que regula la aplicación de la cuota electoral de mujeres, se encuentra desde septiembre del año 2011 en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República (párr. 49). Se ruega que proporcionen información sobre las dificultades a las que se enfrenta el Estado parte para cumplir las cuotas establecidas para las mujeres en la designación de cargos decisorios en las instituciones públicas.
También se indica que la representación de las mujeres a nivel internacional sigue siendo baja, ya que las mujeres representan el 22% del servicio diplomático, el 11% de los embajadores y el 25% de los cónsules (párr. 52). Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para aumentar la participación de las mujeres a nivel internacional, en particular las medidas especiales de carácter temporal. Asimismo, proporcionen información sobre las barreras, incluidos los estereotipos basados en el género, que impiden que las mujeres participen en la vida política y pública.
Nacionalidad
En el informe se reconoce que la carencia de documentos de identidad limita el acceso de las mujeres a los servicios de educación, salud, créditos, titulación de propiedades y participación en la vida pública (párr. 45). Se mencionan 2 ordenanzas regionales y 53 ordenanzas municipales emitidas en 2011 sobre el acceso gratuito a documentos de identidad. Se ruega que proporcionen información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la expedición de documentos de identidad a las mujeres en el territorio del Estado parte.
Educación
Proporcionen datos desglosados por sexo sobre las tasas de deserción en todos los niveles de enseñanza, en particular en las zonas rurales, así como información sobre las medidas específicas adoptadas para reducir la tasa de deserción de las niñas, máxime cuando la deserción tiene lugar como consecuencia de embarazos en la adolescencia (párr. 58). Faciliten información sobre las medidas adoptadas para eliminar la discriminación contra los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres jóvenes en el ámbito de la educación (párr. 59). Asimismo, proporcionen información sobre las medidas adoptadas para incluir programas integrales, innovadores, más eficaces y adecuados a la edad en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos como parte habitual de los planes de estudios, dirigidos a los adolescentes de ambos sexos, en particular en las escuelas de formación profesional, con el fin de fomentar un comportamiento sexual responsable y de prevenir embarazos en la adolescencia e infecciones de transmisión sexual, como el VIH (párr. 59).
En el informe se indica que la tasa de analfabetismo entre las mujeres indígenas es del 28,1%, que el 47,3% de las mujeres indígenas alcanzaron algún grado de educación primaria y que solo el 28,7% de ellas alcanzaron alguno de secundaria (párr. 86). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para mejorar las tasas de alfabetización y de finalización escolar en el Estado parte, en particular entre las mujeres y las niñas indígenas.
Empleo
En el informe se reconoce la persistente discriminación contra las mujeres en el ámbito del empleo, en particular la permanente brecha de ingresos remunerativos entre hombres y mujeres (párr. 66). Proporcionen información sobre las medidas concretas adoptadas para facilitar el acceso de la mujer al sector del trabajo estructurado, reducir y eliminar la brecha de ingresos remunerativos entre hombres y mujeres, velar por la aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y garantizar que las mujeres que trabajan en el sector no estructurado tengan acceso a la seguridad social y otras prestaciones. Asimismo, proporcionen información sobre las medidas adoptadas para luchar contra el trabajo forzoso, el hostigamiento sexual y la pobreza extrema.
En el informe se indica que se ha mejorado el marco jurídico del Estado parte para la protección de la maternidad mediante la introducción de disposiciones relativas al descanso prenatal y postnatal por nacimiento múltiple, el aplazamiento del descanso prenatal, la incidencia sobre los cambios en la fecha probable del parto y el derecho de la trabajadora madre al término del descanso por maternidad (párr. 62). Se ruega que proporcionen información sobre la repercusión de estas medidas y que indiquen si se aplican a las mujeres que trabajan tanto el sector estructurado como en el no estructurado, en particular las trabajadoras del hogar.
Salud
En el informe se reconocen las dificultades que persisten en el ámbito de la salud de la mujer, en particular en lo que se refiere al acceso a métodos anticonceptivos modernos, la prevalencia del VIH/SIDA y los embarazos en la adolescencia (párr. 74). Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para afrontar estas dificultades y sobre las medidas establecidas o previstas para asegurar la igualdad de acceso a los servicios de atención de la salud, en particular los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, para las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales.
En el informe se reconoce que el aborto sigue siendo la principal causa de mortalidad materna, y se indica que en octubre de 2009 se preparó un borrador de proyecto para despenalizar el aborto en dos situaciones concretas en el Código Penal, pero no se examinó en sesión plenaria (anexo I). Se ruega que proporcionen información sobre las medidas adoptadas para reducir la mortalidad materna y que indiquen si se ha aprobado el proyecto de enmiendas al Código Penal.
Las mujeres y el desarrollo
En el informe se declara que el acceso de la mujer a créditos y al mercado no ha tenido una política específica desde el Estado, y que la Ley de Recursos Hídricos ha modificado el criterio para la asignación de votos por área de terreno de bajo riego (párrs. 78 y 80), lo que genera una base económica más importante para las mujeres. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para desarrollar estrategias destinadas a promover el acceso de la mujer a prestaciones económicas y sociales, especialmente en las zonas rurales. Asimismo, proporcionen información detallada sobre el modo en que la Ley de Recursos Hídricos mejora la situación de la mujer en lo que se refiere al desarrollo, así como información sobre el lugar que ocupa la mujer en el Plan de Acción Nacional sobre el Medio Ambiente.
Mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes
Se ruega que proporcionen información sobre las medidas, así como sobre las políticas y las medidas especiales de carácter temporal, establecidas y previstas para mejorar el acceso a la justicia, la educación, el empleo, los servicios de atención de la salud, los recursos naturales y de la tierra, las facilidades de crédito, los servicios comunitarios, la adopción de decisiones, la participación en la vida política y pública y la situación socioeconómica de las mujeres que viven en comunidades indígenas, que son las más pobres del país, así como de las mujeres afrodescendientes.
Mujeres reclusas
El informe no contiene información sobre la situación de las mujeres reclusas. Se ruega que proporcionen información y datos, desglosados por edad, situación geográfica y origen étnico, sobre las mujeres reclusas, sobre la forma en que se vigilan la higiene y las condiciones sanitarias de las mujeres en las cárceles y sobre si se considera que dichas condiciones son compatibles con las normas internacionales generales, así como información sobre los programas de rehabilitación y reintegración disponibles para las mujeres reclusas.
Mujeres con discapacidad y mujeres de edad
El informe recoge escasos datos sobre la situación de las mujeres con discapacidad en el Estado parte y sobre la situación de las mujeres de edad. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres con discapacidad a la educación, el empleo y los servicios de atención de la salud, teniendo en cuenta sus necesidades específicas. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para mejorar la situación de las mujeres de edad, en relación con la recomendación general 27 del Comité sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos. Asimismo, proporcionen información sobre los recursos jurídicos disponibles para las niñas y las mujeres con discapacidad y para las mujeres de edad que son víctimas de la violencia.
Enmienda del artículo 20 1) de la Convención
Se ruega que indiquen los progresos registrados en la aceptación de la enmienda al artículo 20 1) de la Convención.