Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Jamaica
Adición
Información suministrada por Jamaica sobre el seguimiento de las observaciones finales*
[Fecha de recepción: 14 de septiembre de 2016]
Antecedentes
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Jamaica (CEDAW/C/JAM/6-7) y formuló observaciones finales complementarias en respuesta al diálogo celebrado el 13 de julio de 2012.
En consonancia con las directrices para la redacción de los informes de seguimiento incluidas en el documento de información sobre el procedimiento de seguimiento, en el párrafo 43 de las observaciones finales se solicitó a Jamaica que, en el plazo de dos años, presente un informe por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar dos (2) recomendaciones sobre cuestiones específicas relativas a la violencia contra la mujer, que figuran en los párrafos 22 b) a g), y a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares, que figuran en los párrafos 38 c) y d). En el presente informe se brinda información sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.
A.Seguimiento de las observaciones finales
En consonancia con las recomendaciones del Comité, formuladas en el párrafo 41, se distribuyeron copias de las observaciones finales a diversas organizaciones, instituciones, grupos y personas. Esto equivale aproximadamente a unas 153 personas de 50 ministerios, departamentos y organismos y 22 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, y tuvo por objeto poner en su conocimiento las inquietudes y las recomendaciones y solicitar información sobre las medidas adoptadas para aplicarlas.
Se hizo especial hincapié en las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, así como en los ministerios, departamentos y organizaciones que ejecutan programas o actividades relacionadas con la violencia contra la mujer o en el matrimonio y en las relaciones familiares. Ello incluye la Defensoría del Niño, el Ministerio de la Juventud y la Cultura, el Organismo de Desarrollo del Niño, el Ministerio de Justicia, Woman Inc. la Asociación de Organizaciones de Mujeres de Jamaica, la Oficina del Director del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Investigación de Delitos Sexuales y Maltrato de Niños y la División de Servicios a las Víctimas (antes denominada Dependencia de Apoyo a las Víctimas).
B.Violencia contra la mujer
En el párrafo 21 el Comité manifestó su preocupación por la elevada incidencia de actos de violencia contra la mujer pese a la vigencia de la enmienda a la Ley de violencia doméstica de 2004, por la que se crea un régimen de órdenes de protección y órdenes de ocupación para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica y amplía el abanico de personas que pueden acogerse a la legislación. Algunos otros motivos de preocupación también guardan relación con la tipificación como delito de las violaciones conyugales, la asistencia y el apoyo a las víctimas y la legislación sobre el acoso sexual.
Medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones relativas a la violencia contra la mujer
Mediante el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Gobierno de Jamaica está terminando de elaborar un proyecto de Plan nacional de acción estratégica para eliminar la violencia por razón de género a fin de facilitar la aplicación de un enfoque amplio para prevenir y abordar este tipo de violencia en todas sus formas. En el Plan se esbozan cinco esferas prioritarias, a saber:
1)Prevención. Con el objeto de facilitar el examen, la adaptación y la formulación de leyes y políticas de protección, así como la promoción y la movilización de la comunidad a fin de brindar protección contra la violencia por razón de género y crear conciencia sobre esta cuestión.
2)Protección. Con el objeto de garantizar la integración y la vigilancia de las medidas de prevención de la violencia por razón de género y de respuesta a la misma en la esfera del apoyo a la salud y a los problemas psicosociales.
3)Investigación y procesamiento. Con el objeto de garantizar que el sistema jurídico investigue y procese los casos de violencia por razón de género con sensibilidad respecto de las cuestiones de género y de conformidad con las normas internacionales en lo que se refiere a la diligencia debida, la inclusión y la no discriminación.
4)Penas y resarcimiento. Con el objeto de garantizar la aplicación de una pena a los autores de los actos de violencia por razón de género y establecer un sistema de resarcimiento para las personas víctimas de ese tipo de violencia.
5)Protocolos para la recopilación de datos y la coordinación. Con el objeto de vigilar y realizar un seguimiento de las repercusiones de la aplicación del Plan nacional de acción estratégica para eliminar la violencia por razón de género.
Los principales elementos del marco institucional para la aplicación, supervisión y evaluación del Plan nacional de acción son los siguientes:
•Actualmente el órgano de Gobierno responsable de las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros es la Oficina de Asuntos de Género (antes denominada Oficina de Asuntos de la Mujer) y forma parte del Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte;
•El Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional de Salud Sexual;
•El Grupo de Trabajo Básico sobre Violencia por Razón de Género; y
•Los grupos técnicos de trabajo para las cinco esferas estratégicas prioritarias del Plan nacional de acción estratégica.
El Ministerio de Cultura, Género, Entretenimiento y Deportes y la Oficina de Asuntos de Género han estado trabajando incansablemente para terminar el Plan nacional de acción. En colaboración con el PNUD se ha establecido un sólido marco de vigilancia y evaluación dirigido a orientar la aplicación y la supervisión del Plan de acción. También se ha elaborado un marco de gobernanza.
Marco jurídico o regulatorio
Las cámaras del Parlamento aprobaron la reglamentación de la Ley sobre delitos sexuales a fin de establecer normas para el enjuiciamiento por violación y otros delitos sexuales. Además prevé la creación de una Oficina de Registro de Delincuentes Sexuales y el registro correspondiente. Se ha creado un Comité Conjunto Especial del Parlamento para revisar la Ley sobre delitos sexuales. El Comité está integrado por miembros de ambas cámaras y actualmente está recibiendo las propuestas del público y de las partes interesadas sobre enmiendas a la ley.
El Comité también examinará otros estatutos, en especial la Ley de delitos contra las personas y Ley sobre el cuidado y la protección del niño, que tratan de los delitos contra las mujeres, los niños y las personas de edad con el objeto de redefinir los delitos y aumentar las penas, según corresponda, que guarden relación con el asesinato de mujeres embarazadas, el asesinato de niños, los delitos sexuales contra los niños, el secuestro de niños y otros delitos violentos perpetrados contra las mujeres, los niños y las personas de edad.
La Oficina del Primer Ministro, que hasta las elecciones generales de febrero de 2016, fue la encargada de las cuestiones de género, mantuvo reuniones con diversas partes interesadas, como las organizaciones confesionales y los miembros de la comunidad judicial. Dichas reuniones tuvieron por objeto facilitar la evaluación preliminar de los servicios, las instalaciones y las disposiciones existentes para las víctimas o sobrevivientes de la violencia por razón de género. Otro objetivo fue estudiar las posibilidades de aumentar los servicios existentes y conseguir nuevas instalaciones para brindar una atención integral a las víctimas o los sobrevivientes, incluso el apoyo psicosocial. Los representantes del sector jurídico participaron en los debates sobre las disposiciones vigentes de la Ley sobre violencia doméstica con el objeto de proponer enmiendas que estén en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Trabajo para la reforma del sistema judicial y armonizar la Ley con las normas nacionales, regionales e internacionales.
En abril de 2014 el Gabinete aprobó las instrucciones para la redacción de un Proyecto de Ley sobre acoso sexual. Este Proyecto de Ley fue presentado en diciembre de 2015 y es una prioridad en el programa de debates legislativos del Parlamento en 2016.
La Ley sobre pruebas (medidas especiales) fue aprobada en diciembre de 2012 y tiene por objeto proteger a los testigos vulnerables, como las mujeres y los niños. Prevé el uso de pruebas grabadas en vídeo y enlaces de vídeo en vivo en los juicios para que los testigos vulnerables no tengan que comparecer ante el tribunal. Esto reducirá al mínimo la angustia y los traumas que puedan sufrir los testigos vulnerables, en especial cuando se trate de delitos sexuales.
Además, el Reglamento sobre las pruebas (medidas especiales; pruebas grabadas en vídeo; procedimientos penales) entró en vigencia en julio de 2015, dando carácter ejecutorio a la Ley sobre pruebas (medidas especiales).
La Ley de lucha contra la trata de personas (prevención, represión y sanción) de 2007 fue enmendada en julio de 2013 y prevé aumentar de 10 a 20 años las penas a quienes cometan ese tipo de delitos. Esta enmienda incluye una definición ampliada del término “explotación” e incluye otros delitos similares a la trata de personas, como el abuso carnal, la violación y la servidumbre por deudas.
La Oficina de Asuntos de Género está colaborando con la Defensoría del Pueblo para establecer un Protocolo de denuncias y respuestas para las mujeres, en consonancia con la esfera prioritaria estratégica 5 del Plan nacional de acción estratégica para eliminar la violencia por razón de género. La Defensoría del Pueblo también sigue examinando y facilitando el resarcimiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos mediante la investigación de las denuncias de los ciudadanos y actuando en nombre de los denunciantes para reparar presuntas injusticias.
Protocolos para la recopilación de datos y la coordinación
La Dependencia de Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia comenzó con la recopilación de datos en abril de 2013 en relación con el desarrollo de estrategias para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Se han elaborado indicadores y herramientas para facilitar la recopilación de datos de referencia con el objeto de lograr una supervisión efectiva basada en medios de prueba de los efectos de la violencia por razón de género.
También se han realizado actividades de capacitación para la recopilación de datos desglosados por sexo mediante la asociación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al mismo tiempo se impartió capacitación de seguimiento al personal del sector público a fin de incluir a los coordinadores de cuestiones de género que actúan como principales responsables en sus respectivos ministerios, departamentos y organismos.
Se reclasificó la Dependencia de Apoyo a las Víctimas del Ministerio de Justicia convirtiéndola en la División de Servicios a las Víctimas en 2014. La finalidad de esta reclasificación es fortalecer la entidad y mejorar de esta manera la capacidad para brindar apoyo decisivo a las víctimas de delitos (incluyendo la violencia sexual y la violencia doméstica) a fin de que las víctimas puedan presentar pruebas en los tribunales.
La División de Servicios a las Víctimas recopila algunos datos sobre delitos. Sin embargo, debido a la escasez de recursos la información no está desglosada por sexo, edad o relación entre la víctima y el agresor. Se están elaborando planes para mejorar la recopilación, el análisis y la difusión de los datos.
La División de Planificación Estratégica, Investigación sobre Políticas y Evaluación del Ministerio de Justicia actualmente recopila datos de los tribunales sólo para proporcionar una cifra de carácter general del número de casos penales presentados y resueltos, pero no los desglosa por variables demográficas.
La División ha puesto en práctica una estrategia amplia para reforzar la recopilación de datos y el mecanismo de presentación de informes de los tribunales. El proyecto experimental de recopilación de datos llevado a cabo en el Tribunal de la parroquia de Half Way Tree comenzó en 2013 y terminó en 2015 con resultados favorables. De resultas de este proyecto se ha comenzado a trabajar en la primera etapa de esta iniciativa mediante la aplicación experimental de una hoja de cálculo modificada para la recopilación de datos en cinco tribunales de parroquia. En octubre de 2016 se continuará con una segunda etapa piloto en el resto de los tribunales parroquiales. Para enero de 2017 todos estos tribunales emplearán la misma plataforma de reunión de datos, trabajando con un marco normalizado. Parte de esta iniciativa contempla la capacitación del personal de recopilación de datos que sea necesario.
Además, los primeros resultados obtenidos en el proyecto de recopilación de datos del Tribunal de la parroquia de Half Way Tree es que este pudo gestionar la carga de trabajo con mayor eficacia, determinar qué casos estaban retrasados o habían quedado inactivos (cosa que anteriormente no se podía establecer a partir de los datos suministrados al Ministerio de Justicia). También resultó posible ver los efectos de las políticas o los cambios legislativos sobre los asuntos que llegaban al Tribunal.
Ahora hay un mayor grado de aceptación de las partes interesadas sobre el valor de contar con datos precisos y significativos procedentes de los tribunales. De allí que se observa una actitud positiva respecto de la plena implantación progresiva del mecanismo de recopilación de datos en el resto del sistema judicial.
Educación y capacitación públicas
La Oficina de Asuntos de Género se ocupa de la educación pública y las sesiones de capacitación relacionadas con las cuestiones de género fundamentales, como la igualdad de género, los derechos humanos, la gestión de la ira y de los conflictos, las aptitudes de comunicación y de negociación y la autonomía, con el objeto de sensibilizar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Entre los participantes cabe mencionar a las comunidades urbanas y rurales y en especial a las poblaciones vulnerables.
Se están elaborando planes para establecer un programa de sensibilización pública para alentar a denunciar la violencia doméstica y sexual contra las mujeres y las niñas y garantizar que todos esos actos sean efectivamente investigados, se proteja a las víctimas y los testigos y se enjuicie a los agresores y se los condene en un plazo razonable.
Asimismo, se están trazando planes de formación integral de los profesionales cuyas actividades están vinculadas a la lucha contra la violencia contra la mujer, incluidas la violencia doméstica y sexual. En especial, estos prevén actividades de formación dirigida a los jueces, fiscales, abogados y agentes de policía sobre la aplicación de las órdenes de protección dictadas en virtud de la Ley sobre violencia doméstica. Otros servicios incluyen la capacitación de los profesionales de la salud sobre los procedimientos normalizados para tratar a las víctimas de la violencia teniendo en cuenta las cuestiones de género. Además, en el marco del Proyecto de Lucha contra la Violencia Doméstica, Sexual y por Razón de Género, más de 300 agentes de policía y personal de respuesta de primera línea contarán con capacitación para reconocer, tratar y atender adecuadamente a las víctimas de violación, acoso sexual y violencia doméstica.
Con la colaboración del Centro de Investigación de Delitos Sexuales y Maltrato de Niños del Ministerio de Seguridad Nacional, se capacitó a los médicos en el manejo de los casos de agresión sexual. La capacitación tenía por objeto facilitar la elaboración de directrices para el tratamiento y la atención de las víctimas y las supervivientes de la violencia por razón de género. Se llevarán a cabo talleres de seguimiento para ampliar el alcance de la capacitación a otros profesionales de la salud y facilitar los procesos de seguimiento y evaluación.
Apoyo y asistencia a las víctimas
La División de Servicios a las Víctimas reforzó el apoyo a las víctimas de delitos, incluidos la violencia sexual y la violencia doméstica, con vistas a ayudar a las personas que habían sido objeto de determinados delitos. La División sigue funcionando mediante 13 filiales distribuidas en toda la isla, con una oficina satélite. Se ha presentado una propuesta para ampliar el número de filiales y oficinas satélite. La División no cuenta con un centro de acogida. Sin embargo, se hacen derivaciones a los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
El programa Overcomers in Action es un programa de orientación grupal dedicado a la sanación y la rehabilitación de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales, físicos o emocionales. Estas intervenciones grupales están abiertas a todas las mujeres que han sido víctimas de abusos. Están a cargo de orientadores profesionales capacitados en terapias de grupo. También se prestan servicios de intervención en situaciones de crisis y se realizan actividades de capacitación y de promoción (derivaciones) para ayudar a las víctimas.
En la División de Servicios a las Víctimas se están elaborando planes para emplear a psicólogos a fin de prestar servicios especializados, como el psicoanálisis, para determinar el tipo de violencia por razón de género sufrida y la atención psiquiátrica necesaria para brindar apoyo a las víctimas.
C.Matrimonio y relaciones familiares
En el párrafo 37 el Comité señala que prevalecen los estereotipos tradicionales de la mujer con respecto a su papel en la familia. Señala además que, si bien ambos padres son legalmente responsables de la manutención de sus hijos, las madres (en especial las madres solteras) soportan una carga desproporcionada de la atención a los niños debido a factores culturales. Asimismo, observa que existen deficiencias jurídicas y administrativas en relación con la manutención de los hijos y la falta de participación de los hombres.
Medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones relativas al matrimonio y las relaciones familiares
Manutención de los hijos
Actualmente la Ley de manutención contiene disposiciones para que las madres, en especial las madres solteras, puedan solicitar una pensión alimenticia por medio de los tribunales a fin de garantizar que cuenten con una manutención adecuada y oportuna de los hijos. No obstante, algunas madres deciden no hacer uso de esas prestaciones debido a un conjunto de factores, como su deseo de evitar los conflictos con el padre del niño. La Oficina de Asuntos de Género, en colaboración con otras partes interesadas y asociados clave, sensibiliza y promueve la toma de conciencia sobre las disposiciones jurídicas mediante la educación pública y la capacitación de distintos sectores de la población, incluidas las mujeres y las niñas de comunidades vulnerables.
Aprovechando los cambios favorables logrados en la actitudes de la sociedad, especialmente de los padres, el Gobierno de Jamaica está adoptando medidas para mejorar aún más el sentido de responsabilidad de estos para con sus hijos. El Gobierno se propone ayudar a los hombres a asumir la responsabilidad de sus actos brindando orientación y apoyo al nivel que sea necesario para sus hijos, desde las primeras etapas de su desarrollo. En consonancia con este objetivo el Gobierno está elaborando leyes que hagan obligatorio que el nombre del padre se incluya en la partida de nacimiento de sus hijos.
Divorcio
La Corte Suprema ha producido varias iniciativas para simplificar el proceso de divorcio a fin de garantizar que no se coloque a las mujeres en una situación desventajosa o perjudicial. Se han puesto en marcha iniciativas para reducir aun más el tiempo que llevan estos procedimientos de divorcio. Estas incluyen el desarrollo de documentos normalizados para que los abogados los puedan emplear en estos procedimientos. La finalidad de la normalización de estos documentos es reducir las situaciones en que los Tribunales puedan solicitar correcciones a la documentación presentada y de ese modo reducir los retrasos en que se incurre para concluir con estas cuestiones.
Otra iniciativa es la redacción de enmiendas al Reglamento de la Corte, lo que permitirá a las instancias judiciales tramitar las solicitudes de decreto provisional. En la actualidad, solo los Magistrados de la Corte Suprema tienen esa potestad.
El proyecto de enmienda al Reglamento de la Corte sobre la normalización de los documentos y la ampliación de las responsabilidades de las instancias judiciales son actualmente objeto de examen. Ambas iniciativas tienen por objeto reducir los retrasos en la finalización de los procedimientos de divorcio.