70º período de sesiones

2 a 20 de julio de 2018

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Lista de cuestiones y preguntas relativas al octavo informe periódico de Nueva Zelandia

Marco legislativo e institucional

En el informe (párr. 7) se señala que no ha habido ningún cambio con respecto al marco jurídico del Estado parte desde su anterior informe debido a que dicho marco ya prevé una protección integral contra todas las formas de discriminación contempladas en la Convención. Sírvanse aclarar en qué medida el marco jurídico del Estado parte abarca los elementos de discriminación directa e indirecta y se propone alcanzar la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres (CEDAW/C/NZL/CO/7, párr. 12). Asimismo, aporten ejemplos de casos, si los hubiera, en que los tribunales nacionales hayan invocado las disposiciones de la Convención. Se ruega aportar además información sobre las medidas específicas adoptadas para sensibilizar y mejorar el conocimiento acerca de los derechos que amparan a las mujeres en virtud de la Convención, entre otras cosas mediante la capacitación de jueces y abogados.

De conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, de poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo, faciliten información sobre las actividades de los mecanismos existentes encargados de promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y el principio de no discriminación por razón de sexo, en particular la discriminación directa e indirecta en las esferas pública y privada, así como las formas concomitantes de discriminación, en todas las esferas que abarca la Convención. Proporcionen asimismo información sobre el sistema existente para la reunión, el intercambio y el análisis de datos desglosados por sexo, edad, origen étnico y discapacidad relativos a todas las esferas que abarca la Convención.

Mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer

En el informe (párr. 10) se indica que el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el principal organismo encargado de asesorar para lograr mejores resultados para las mujeres, se centra en cuatro ámbitos prioritarios. Faciliten información sobre la manera en que se supervisa la aplicación de esos ámbitos prioritarios, teniendo en cuenta que el Estado parte no ha aprobado un plan de acción para la mujer. Sírvanse aclarar si el Estado parte cuenta con coordinadores de cuestiones de género en los ministerios y departamentos gubernamentales para realizar actividades de incorporación de la perspectiva de género, en particular en Tokelau, y hacer un seguimiento de los progresos. Proporcionen también información sobre los progresos hechos en la realización de actividades presupuestarias con perspectiva de género y sobre las medidas adoptadas para aumentar la asignación presupuestaria destinada al Ministerio de Asuntos de la Mujer, permitiéndole así llevar a cabo sus actividades como mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer con eficacia (CEDAW/C/NZL/CO/7, párr. 18). Faciliten información sobre la situación de las mujeres y las niñas en Tokelau.

Acceso a la justicia

La información de que dispone el Comité indica que se ha producido un constante descenso del número de abogados que prestan asistencia jurídica y que los cambios en el sistema de asistencia jurídica colocan a las mujeres en situación de desventaja, en particular las mujeres migrantes. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas que se están adoptando para garantizar el acceso de las mujeres, en particular las mujeres migrantes, a la justicia, de conformidad con la recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Faciliten también información sobre las medidas que se están adoptando a fin de garantizar que la asistencia jurídica esté disponible para las mujeres y las niñas, en particular de grupos desfavorecidos, como las maoríes, las mujeres de las islas del Pacífico, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad.

Medidas especiales de carácter temporal

En el informe se señala que las medidas especiales de carácter temporal no son la mejor forma de abordar las desigualdades entre las mujeres y los hombres (párr.35). Sírvanse proporcionar información sobre la adopción de cualesquiera medidas encaminadas a acelerar el logro de la igualdad de facto entre el hombre y la mujer en el Estado parte, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal.

Estereotipos y prácticas nocivas

Proporcionen información sobre las medidas que se están adoptando para modificar las pautas sociales y culturales que dan lugar a la fijación de estereotipos y refuerzan los papeles tradicionales de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, especialmente en relación con los medios de difusión que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas (CEDAW/C/NZL/CO/7, párr. 21). Faciliten información actualizada sobre los progresos y las dificultades en la lucha contra el ciberacoso, después de la entrada en vigor de la Ley sobre Comunicaciones Digitales Perjudiciales en 2015, y en la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil. Sírvanse también describir las repercusiones que han tenido esas medidas a la hora de eliminar las percepciones y actitudes estereotipadas con respecto al papel de la mujer en la familia y la sociedad.

Violencia de género contra las mujeres

En el informe se indica que la violencia contra la mujer en el Estado parte es generalizada y adopta formas distintas, entre ellas el maltrato físico y psicológico y el abuso sexual (párr. 194), y que, si bien se ha producido una disminución de la tasa anual de prevalencia de la violencia infligida por la pareja y la violencia sexual contra la mujer desde 2005, las mujeres maoríes tienen el doble de probabilidades de experimentar violencia por razón de género que otros grupos de mujeres (párr. 196). Sírvanse proporcionar información sobre los desafíos encontrados y los logros cosechados en la lucha contra la violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, y en particular entre las mujeres maoríes, desde que se estableció el Grupo Ministerial contra la Violencia en la Familia y la Violencia Sexual en 2014. Faciliten información actualizada sobre el estado de la aplicación de las leyes y políticas destinadas a prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, y las conclusiones del Grupo Ministerial, que debía presentar un informe al Gabinete en junio de 2016.

Según la información que el Comité tiene ante sí, las mujeres de minorías étnicas que son llevadas al Estado parte para contraer matrimonio figuran como “dependientes” en el visado de su pareja y, en consecuencia, pueden sufrir violencia y abusos, incluida la amenaza de deportación. Proporcionen información sobre las medidas que se están adoptando para proteger a esas mujeres garantizando una vigilancia apropiada de su situación hasta que sus matrimonios se registran y se les concede la residencia por derecho propio. Faciliten asimismo información sobre las órdenes de protección emitidas durante el período sobre el que se informa, las violaciones de esas órdenes y las correspondientes sanciones impuestas. Faciliten también datos, desglosados por edad y tipo de delito, sobre los casos de violencia contra las mujeres denunciados a la policía, el número de casos llevados ante los tribunales y el número de enjuiciamientos y condenas resultantes de esos casos. Proporcionen información sobre la disponibilidad, la accesibilidad y la financiación de refugios para las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia, en particular en las zonas rurales (párr. 205).

Trata

La información de que dispone el Comité indica que el Estado parte es un país de origen y de destino para la trata de personas. Sírvanse proporcionar información actualizada sobre la magnitud de la trata con fines de explotación laboral y sexual, el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas desde el primer juicio por cargos de trata concluido en diciembre de 2015 y los progresos y las dificultades en la lucha contra la trata de personas desde que entró en vigor la modificación de la Ley de Delitos de 1961, por la que se eliminaba la disposición en virtud de la cual la trata solo se consideraba como tal si era transfronteriza.

En el informe se señala que la prostitución se despenalizó en virtud de la Ley de Reforma sobre la Prostitución de 2003, que fue revisada en 2008 (párr. 44). Proporcionen información sobre las medidas específicas adoptadas para combatir la explotación de la prostitución, así como sobre los programas de ayuda para las mujeres que desean abandonar la prostitución y el número de mujeres y niñas que se han acogido a esos programas. Faciliten también información sobre los progresos realizados en la actualización del Plan de Acción para Prevenir la Trata de Personas.

Participación en la vida política y pública

En el informe se señala que la representatividad de género en el Parlamento ha aumentado considerablemente desde la introducción del sistema de votación de representación proporcional mixta en 1996, aunque todavía queda camino por recorrer hasta lograr que refleje el equilibrio de género imperante en la sociedad (párr. 46). Si bien se ha registrado cierta mejora en la representación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones, como en el Parlamento y el servicio público, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los órganos judiciales, los consejos de administración y las juntas del sector privado. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas previstas para incrementar el número de mujeres en los órganos decisorios a los que se accede por elección o por designación, como consejos locales, consejos de administración y juntas del sector privado, con miras a alcanzar la igualdad de representación de las mujeres en la vida política y pública, incluso mediante la adopción de medidas especiales de carácter temporal, conforme al artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25. Proporcionen asimismo información sobre los incentivos de que se sirven los partidos políticos y el sector privado para aumentar la representación de las mujeres, en particular en los puestos de adopción de decisiones.

Educación

En el informe se reconoce que las mujeres maoríes y de las islas del Pacífico tienen menos probabilidades que las mujeres europeas y asiáticas de finalizar la educación terciaria (párr. 87). También se indica que los hombres siguen siendo mayoría en las esferas de la información, la tecnología y la ingeniería (párr. 89). Proporcionen información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente al problema de la deserción escolar de las mujeres y las niñas maoríes y de las islas del Pacífico, así como las medidas para alentar a las niñas a cursar estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, e indiquen si la iniciativa científica “Mentes curiosas” alienta a las mujeres y las niñas en este sentido. Faciliten también información sobre el grado de acceso a la educación de que gozan las mujeres y niñas con discapacidad en el Estado parte.

Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las repercusiones de la aplicación de los programas destinados a reducir la alta tasa de embarazo en la adolescencia, en particular el programa orientado a ofrecer un mejor servicio público (párrs. 141 y 142). Se ruega aportar datos sobre las tasas de deserción escolar entre las niñas como consecuencia de los embarazos y los niveles en que se producen, el número de madres adolescentes que regresaron a la escuela después del parto durante el período que abarca el informe y los efectos de los costos indirectos de la educación (“donaciones voluntarias”), que, al parecer, impiden el acceso de las mujeres y las niñas a la educación. Proporcionen información actualizada sobre los progresos y los desafíos relacionados con la impartición de programas educativos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos adecuados a la edad en todos los niveles educativos en el Estado parte (párr. 136).

Empleo

En el informe se indica que, si bien las mujeres están mejor cualificadas que en el pasado, el número de mujeres que realizan trabajos remunerados con el salario mínimo es excesivo, y que las mujeres maoríes, las mujeres de las islas del Pacífico y las madres jóvenes tienen más probabilidades de tener empleos de baja remuneración (párr. 97). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se están adoptando para reducir la concentración de mujeres, en particular maoríes y de las islas del Pacífico, en empleos de baja remuneración y mejorar su participación en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres, en especial los trabajos de construcción, la pesca, la energía renovable y el transporte. Faciliten también información sobre las medidas establecidas para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), con vistas a eliminar la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, que contribuye a la pobreza de las mujeres después de la jubilación (párr. 112). Proporcionen además información sobre las medidas que se están adoptando para hacer frente a la alta tasa de desempleo entre las mujeres maoríes y las del Pacífico (párr. 99). Indiquen qué medidas se están adoptando para hacer frente a la escasez de servicios de guardería y fomentar el uso de modalidades de trabajo flexibles (párr. 109). Faciliten información sobre la situación del proyecto de ley en virtud del cual se ampliaría a 26 semanas la licencia parental remunerada, así como las medidas para derogar la Ley del Salario Mínimo de 1983, que faculta a los inspectores del Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo para expedir permisos de exención de salarios mínimos a los trabajadores cuya discapacidad limita su capacidad para cumplir las exigencias de su trabajo y, al parecer, se ha utilizado para excluir a los trabajadores con discapacidad, incluidas las mujeres, de la igualdad de remuneración.

Salud

En el informe se indica que aún hay diferencias considerables en los resultados en materia de salud, pues las comunidades maoríes y del Pacífico, las personas con discapacidad y los grupos socioeconómicamente desfavorecidos en general registran peores resultados sanitarios que otros grupos (párr. 124). Sírvanse proporcionar información sobre los progresos y las dificultades en el tratamiento de ese fenómeno, que en el informe se atribuye a diferencias en el acceso a los servicios de salud y su uso y experiencia, así como a diferencias de exposición a factores de riesgo (párr. 124). La información de que dispone el Comité indica que las mujeres maoríes y de las islas del Pacífico siguen teniendo altas tasas de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, enfermedad mental, suicidio, infección de transmisión sexual, embarazo en la adolescencia y uso indebido de drogas y alcohol. Proporcionen información sobre los efectos de los programas y otras iniciativas adoptadas para hacer frente a esos problemas. Proporcionen también información sobre las medidas que se están adoptando para eliminar los obstáculos al acceso a los servicios de salud de los grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas y las mujeres de edad. Faciliten además información sobre la medida en que se ha recurrido a la Ley de Protección de los Derechos Personales y de la Propiedad de 1988 para someter a mujeres y niñas con discapacidad intelectual a esterilización sin su consentimiento por considerar que redunda en su interés superior.

Sírvanse proporcionar información sobre la incidencia del aborto en condiciones de riesgo y su repercusión en la salud de la mujer, incluida la mortalidad materna. Faciliten también información sobre las medidas que se están adoptando para modificar la Ley de Delitos con el fin de ampliar los motivos de aborto legal para incluir la violación y para revisar la Ley de Anticonceptivos, Esterilización y Aborto de 1977 con vistas a aligerar el oneroso procedimiento para practicar un aborto, con arreglo a la cual las mujeres deben obtener certificados de dos consultores médicos autorizados, y que, según se informa, genera largas listas de espera para las mujeres y las niñas. Faciliten además información sobre las medidas que se están adoptando para que la supervisión de las leyes, políticas y servicios de aborto deje de recaer en el Ministerio de Justicia y pase a asumirla el Ministerio de Salud. Proporcionen asimismo información actualizada sobre la situación del Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que está elaborando el Ministerio de Salud y el grado en que las partes interesadas pertinentes han participado en su elaboración.

Mujeres rurales

La información que el Comité tiene ante sí indica que, en 2010, el Estado parte retiró la financiación a los cursos de educación comunitaria para adultos, lo cual redujo las oportunidades de aprendizaje para las mujeres de las zonas rurales. Sírvanse enumerar los programas en vigor destinados a facilitar a las mujeres rurales la disponibilidad de capacitación y educación, incluida la educación de adultos; atención médica, incluidos el saneamiento y el transporte para acceder a servicios como, por ejemplo, pruebas gratuitas de detección del cáncer; así como empleo y oportunidades agrícolas. Además, proporcionen información sobre los progresos realizados en la ejecución de programas destinados a mejorar el acceso de las mujeres rurales a la información, la tecnología moderna y la protección social.

Grupos de mujeres desfavorecidas

Sírvanse proporcionar información sobre el acceso de las mujeres a la vivienda social, en particular las mujeres con discapacidad, las madres solteras y las mujeres migrantes y de edad, y sobre las medidas que se están adoptando para proteger a esas mujeres del aumento de los gastos de vivienda, el hacinamiento y las largas listas de espera para acceder a una vivienda social. Se ruega aportar también ejemplos de los programas de protección social existentes que tienen por objeto reducir la carga económica que sufren las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad, los hogares encabezados por mujeres y las madres solteras y jóvenes. Faciliten información sobre la medida en que se ha usado la cuota fija anual de refugiados en el marco del Programa de Contingentes de Refugiados y si el Estado parte está considerando la posibilidad de aumentarla.

Reducción del riesgo de desastres y cambio climático

Dado que el Estado parte está expuesto a ciclones y terremotos, sírvanse facilitar información sobre si se ha incorporado una perspectiva de género en las estrategias nacionales de gestión de desastres y de socorro y recuperación en situaciones de desastre, e indicar el grado en que las mujeres son las principales impulsoras del desarrollo sostenible y asumen funciones de liderazgo en los procesos de consulta sobre la reducción del riesgo de desastres y las iniciativas sobre el cambio climático. Especifiquen si las políticas y programas conexos incluyen medidas para garantizar que las mujeres: estén protegidas frente a la discriminación a la hora de solicitar ayuda para la subsistencia después de los desastres; estén protegidas de la violencia por razón de género en los centros de evacuación; tengan una representación adecuada en las estructuras de preparación y respuesta para casos de desastre, en particular en lo que se refiere a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este, y sean reconocidas como una fuente clave de resiliencia frente a los desastres naturales.

Mujeres detenidas

Según la información de que dispone el Comité, las tasas de encarcelamiento de mujeres y niñas maoríes y de las islas del Pacífico son desproporcionadamente altas y existe un exceso de representación de estas mujeres y niñas en todos los niveles del sistema de justicia penal. Sírvanse proporcionar información sobre la medida en que las iniciativas encaminadas a subsanar esta situación, como la iniciativa “Turning of the Tide: A Whanau Ora Crime and Crash Prevention Strategy” (Cambia la marea: una estrategia whānau ora para la prevención de la delincuencia), tienen en cuenta el género. En concreto, aclaren qué se está haciendo para hacer frente a las causas fundamentales de la reincidencia entre las mujeres y niñas maoríes y de las islas del Pacífico; fomentar la participación de las estructuras y los dirigentes tradicionales en los esfuerzos para hacer frente a los altos niveles de encarcelamiento de maoríes y oriundos de las islas del Pacífico; y aplicar plenamente medidas no privativas de la libertad, en consonancia con las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok).

Matrimonio y relaciones familiares

En el informe se indica que el Estado parte prohíbe contraer matrimonio a los menores de 16 años, y que las personas de 16 o 17 años necesitan el consentimiento de sus padres o del Tribunal de Familia para que el Secretario del Registro pueda expedir una licencia de matrimonio (pág. 58). Se señala además que la prohibición de los matrimonios entre personas menores de 18 años podría constituir una discriminación por motivos de edad en virtud de lo dispuesto en la Ley de Derechos Humanos de 1993, que prohíbe la discriminación por motivos de edad a partir de los 16 años (págs. 58 y 59). Proporcionen información sobre los mecanismos existentes para prevenir el matrimonio forzado y modificar la legislación a fin de eliminar el matrimonio infantil en el Estado parte. Faciliten también datos sobre el alcance de la poligamia en el Estado parte y las medidas encaminadas a combatir la práctica (CEDAW/C/NZL/CO/7, párr. 38).