44.Participación de hombres y mujeres en la administración pública (en mayo de 2001): el número total de funcionarios públicos ascendía a 20.025, incluidos los cargos políticos (284 mujeres y 526 hombres) y los funcionarios públicos de carrera (11.995 mujeres y 7.220 hombres). En 2001, la policía lituana tenía 2.390 agentes de policía mujeres y 14.273 hombres. Había dos mujeres a cargo de comisarías de policía municipales o regionales. El ejército lituano contaba con 1.500 soldados profesionales, incluidas 1.065 mujeres. Entre sus 2.186 oficiales, había 231 mujeres (una con el rango de teniente coronel, 5 con el de comandante y 128 con el de capitán). A comienzos de 2001, 342 fiscales eran mujeres y 478 eran hombres; 322 jueces eran mujeres y 309 eran hombres; 330 abogados eran mujeres y 537 eran hombres; y 181 notarios públicos eran mujeres y 8 eran hombres.

45.La educación es una de las esferas en que las mujeres han logrado los mejores resultados. Nuestro Estado no tiene problemas de analfabetismo o de falta de oportunidades de educación entre las mujeres. Esta afirmación puede corroborarse tanto con los datos del Departamento de Estadísticas del Gobierno de la República de Lituania correspondientes a 1995‑2001 como con los datos de los estudios de las instituciones de educación realizados por la Oficina del Defensor de la igualdad de oportunidades. Desde 1990, la proporción de mujeres estudiantes en las instituciones de educación superior y postsecundaria ha crecido de forma constante; en 1990, las mujeres que estudiaban en instituciones postsecundarias representaban el 50,8% del total, y las de las instituciones de educación superior el 51,9%; en 2001, los porcentajes habían aumentado al 63 y el 60%, respectivamente.

46.El propósito de la Ley de igualdad de oportunidades es garantizar la aplicación de la igualdad de derechos del hombre y la mujer consagrada en la Constitución de la República de Lituania y prohibir todo tipo de discriminación, directa o indirecta, por razón del sexo de la persona. Según esta ley, las instituciones de formación profesional, postsecundaria o superior deben garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en la matrícula y en la elección de los programas de enseñanza y los cursos, y la igualdad de trato en la evaluación de sus conocimientos.

47.Desde 1999, teniendo en cuenta esta disposición de la ley, la Oficina del Defensor de la igualdad de oportunidades ha realizado estudios anuales de las reglas de admisión de las instituciones de enseñanza postsecundaria y superior y de la proporción de hombres y mujeres que efectivamente se matriculan. Sólo se ha encontrado un caso de violación, el de la Academia Militar Jonas Žemaitis de Lituania, en 1999. Después de la investigación y la presentación de recomendaciones, la Academia modificó sus reglas de admisión, con lo cual en los tres últimos años las mujeres han podido competir en condiciones de igualdad con los hombres en la admisión a la Academia.

48.La Ley de educación y otros instrumentos jurídicos conexos tratan a la mujer y al hombre en pie de igualdad. Las escuelas de enseñanza general tienen aproximadamente el mismo número de niños que de niñas, y las proporciones no han cambiado en el último decenio.

49.En cuanto a la representación de ambos sexos entre los científicos y los investigadores, el panorama es el siguiente: en 2000, había 1.822 mujeres (el 34%) y 3.511 hombres (el 66%) entre los científicos e investigadores; entre los doctores habilitados había 110 mujeres (el 14%) y 685 hombres (el 86%), incluidos los catedráticos numerarios (62 mujeres (el 10%) y 547 hombres (el 90%)) y los docentes (20 mujeres (el 23%) y 67 hombres (el 77%)). El número de mujeres titulares de un doctorado era de 1.664 (el 38%), y la cifra correspondiente de hombres era de 2.683 (el 62%), incluidos los catedráticos numerarios (6 mujeres (el 14%) y 37 hombres (el 86%)) y los docentes (741 mujeres (el 33%) y 1.493 hombres (el 67%)).

Artículo 4

50.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 23), la Constitución prevé la posibilidad de declarar la ley marcial o un estado de emergencia nacional. Sin embargo, nunca se ha impuesto la ley marcial ni el estado de emergencia en la República de Lituania.

51.El párrafo 3 del artículo 144 de la Constitución estipula que el estado de emergencia nacional estará regulado por ley. El 6 de junio de 2002 se aprobó la Ley sobre el estado de emergencia nacional. La ley regula cuestiones relacionadas con la declaración del estado de emergencia (qué derechos humanos y libertades pueden restringirse tras la declaración del estado de emergencia en todo el territorio del Estado o en algunas partes de éste, quiénes pueden imponerlo, mediante qué medidas y en cuáles circunstancias). Las restricciones al ejercicio de los derechos humanos y las libertades y otras medidas extraordinarias y su aplicación en un estado de emergencia se definen en la sección IV de la ley. La ley indica asimismo los derechos que no pueden limitarse. La posición general es que las limitaciones no pueden ser contrarias a las obligaciones de la República de Lituania con arreglo al derecho internacional.

52.Otra ley que define las limitaciones de los derechos humanos en circunstancias extraordinarias es la Ley sobre la ley marcial de la República de Lituania, que se aprobó el 8 de junio de 2000. La sección III establece las normas que regulan la restricción de los derechos humanos y las libertades (cuándo, por qué personas, mediante cuáles medidas, qué derechos y libertades). Con arreglo a esta ley (arts. 8 a 15), se pueden limitar los siguientes derechos y libertades bajo la ley marcial: el derecho a la vida privada, a la inviolabilidad del domicilio, a expresar las propias convicciones, a buscar y obtener información, a difundir información, a la libertad de circulación, a afiliarse a partidos políticos, organizaciones políticas y asociaciones u ONG y el derecho de reunión.

53.Mientras rija la ley marcial o el estado de emergencia, la ley permite restringir temporalmente los derechos humanos y libertades que se enuncian en el artículo 145 de la Constitución. También especifica los derechos y libertades que no pueden limitarse en ninguna circunstancia. El artículo 12 restringe el derecho de entrada a la República de Lituania, y el artículo 13 el derecho a regresar a ésta y a asentarse en su territorio mientras el país esté bajo ley marcial.

54.Las disposiciones jurídicas de la República de Lituania son conformes con las disposiciones del artículo 4 del Pacto y los artículos 14 y 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que permiten a un Estado adoptar medidas que suspendan sus obligaciones en virtud del Pacto (siempre que dichas medidas sean compatibles con sus demás obligaciones dimanantes del derecho internacional y no entrañen discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social).

Artículo 6

55.Desde la presentación y el examen del informe inicial, la República de Lituania ha adoptado una medida de importancia excepcional: en 1998 abolió la pena de muerte. Desde 1996 no se había ejecutado ninguna sentencia de muerte. La última ejecución tuvo lugar el 12 de julio de 1995.

56.La base jurídica para la abolición de la pena de muerte fue el fallo del Tribunal Constitucional, dictado el 9 de diciembre de 1998, que declaró la pena de muerte, prevista en el artículo 105 del Código Penal de la República de Lituania, contraria a los artículos 18 y 19 y al párrafo 3 del artículo 21 de la Constitución. El 21 de diciembre de 1998, invocando este fallo del Tribunal Constitucional, el Seimas aprobó la Ley de enmienda del Código Penal con objeto de sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua.

57.Poco después, las obligaciones de la República de Lituania en relación con la abolición de la pena de muerte se aplicaron a nivel internacional. El 22 de junio de 1999 el Seimas ratificó el Protocolo Nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, que entró en vigor para la República de Lituania el 1º de agosto de 1999.

58.El 2 de agosto de 2001, el Seimas ratificó el Segundo Protocolo Facultativo (de 1989) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, destinado a abolir la pena de muerte, que entró en vigor para la República de Lituania el 27 de junio de 2002.

59.El 26 de septiembre de 2000, el Seimas aprobó el nuevo Código Penal de la República de Lituania, que entrará en vigor el 3 de mayo de 2003, que no prevé la pena de muerte.

60.El 3 de mayo de 2002 la República de Lituania firmó el Protocolo Nº 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. El Protocolo se ha presentado al Seimas para su ratificación.

Artículo 7

61.Como suplemento de la información facilitada en su informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 32 y 33), la República de Lituania presenta los siguientes datos sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 7 del Pacto en el país.

62.El artículo 21 del Código Penal actualmente en vigor sobre las penas y su propósito, establece que las penas no pueden utilizarse para infligir dolor físico o someter a una persona a tratos degradantes. El artículo 41 del Código Penal prevé penas mayores para los delitos con agravante que entrañen una crueldad especial hacia la víctima o que le inflijan un sufrimiento particular. La crueldad como circunstancia agravante queda establecida en el artículo 105 (homicidio premeditado con agravante), el artículo 111 (lesiones corporales graves causadas intencionadamente que provoquen una enfermedad), el artículo 112 (acción intencionada causante de lesiones corporales o una enfermedad más grave y seria de lo normal) y el artículo 117 (lesiones y torturas crueles).

63.Asimismo, el nuevo Código Penal estipula que los delitos que se cometan torturando a la víctima o sometiéndola a tratos degradantes se considerarán delitos con agravante.

64.La República de Lituania es un Estado Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, que entró en vigor en el país el 2 de marzo de 1996.

65.En marzo de 1999 Lituania se adhirió a la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes y a sus dos Protocolos, que entraron en vigor el 1º de marzo de 2002.

66.En febrero de 2000, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (en adelante, el "CPT"), creado en virtud de la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, inspeccionó los centros de detención de la República de Lituania, tales como los calabozos policiales, los establecimientos de trabajos correccionales y el Centro de Inscripción de Extranjeros.

67.Basándose en los datos recabados durante las visitas de inspección, el CPT elaboró un informe en el que formuló recomendaciones al Gobierno de la República de Lituania acerca de la protección de los derechos de los reclusos en los centros de detención inspeccionados. Con la aprobación del Gobierno, el informe del CPT se puso a disposición del público en Internet, en el sitio web www.cpt.coe.int. En respuesta a las recomendaciones del CPT, el Gobierno presentó un informe detallado sobre las medidas adoptadas.

68.El 11 de mayo de 2000, el Seimas promulgó la Ley de ética de la investigación biomédica. La ley establece los requisitos y principios de ética de la investigación biomédica, el procedimiento para aprobar la realización de investigaciones biomédicas, el procedimiento para supervisarlas y las responsabilidades si se infringen las disposiciones de esta ley. La ley estipula que las investigaciones biomédicas se deben basar en el principio de que "los intereses del ser humano prevalecen sobre los intereses de la sociedad y la ciencia".

69.A tenor de la ley, las investigaciones biomédicas sólo pueden realizarse con el consentimiento expreso, por escrito, del sujeto de la investigación. Los embriones humanos no pueden ser objeto de investigaciones biomédicas, sino sólo de observación clínica. La clonación de seres humanos está prohibida.

70.En el artículo 5 de la Ley de ética de la investigación biomédica figura una lista de personas vulnerables que pueden ser sometidas a investigaciones biomédicas solamente en las condiciones enumeradas en el artículo 7: si se trata de investigaciones biomédicas que sólo pueden realizarse en personas vulnerables; si los resultados de la investigación biomédica pueden generar beneficios reales y directos para la salud de los sujetos de la investigación; si la investigación biomédica no supone un riesgo para la salud o la vida del sujeto de la investigación.

71.Los reclusos de las cárceles u otros centros de detención no pueden ser sometidos a investigación biomédica.

72.La ley estipula la responsabilidad del patrocinador de la investigación y del investigador en caso de daños a la salud o de muerte de un sujeto de investigación, así como de daños no económicos (morales) causados por la investigación biomédica.

73.En 1997 la República de Lituania firmó la Convención para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina y su protocolo adicional sobre la prohibición de clonar seres humanos, aprobados el 12 de enero de 1998.

Artículo 8

74.Como suplemento de la información facilitada en su informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 34), la República de Lituania presenta la siguiente información sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 8 del Pacto en el país.

75.En la República de Lituania no existe la esclavitud en un sentido estricto de la palabra. Sin embargo, Lituania, como otros muchos países, tiene el problema de la trata de seres humanos, en particular de mujeres, y el problema de la trata de inmigrantes ilegales.

76.Una de las tareas más importantes del Gobierno al llevar a efecto la reforma jurídica, así como las políticas internas y el mantenimiento del orden público, es la aplicación de medidas radicales para la prevención del delito (en especial de la delincuencia organizada) y su control: la eliminación sistemática de las causas; la modernización y el fortalecimiento del sistema institucional de mantenimiento del orden público y de otras instituciones; el apoyo a las actividades de las ONG; la destrucción de las redes de empresas delictivas dedicadas a la trata de seres humanos y la organización de la prostitución, los malos tratos y la explotación comercial de los niños.

77.El Gobierno concentra los esfuerzos de las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público y otras organizaciones públicas y no gubernamentales para aplicar las disposiciones de la legislación de la República de Lituania y los acuerdos internacionales relativos a la trata de seres humanos. El 3 de julio de 1995 Lituania ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; el 10 de septiembre de 1995, ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyo artículo 6 obliga a adoptar todas las medidas necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y su explotación para la prostitución.

78.La trata de seres humanos y las formas conexas de delincuencia organizada tales, como la migración ilegal, el contrabando, el tráfico de armas y de estupefacientes, se han convertido en una de las más serias amenazas a la seguridad nacional del país. El Seimas y el Gobierno han tomado medidas legales y de organización para contener y prevenir esos procesos y crear el mecanismo necesario para su control.

79.Vista la gravedad del problema de la trata de seres humanos, el Gobierno aprobó un Programa de control y prevención de la trata de seres humanos y la prostitución para 2004-2004, como parte de la aplicación de los planes de medidas para armonizar y aplicar el acervo de la Unión Europea según el Programa nacional para la adopción y aplicación del acervo. La trata de seres humanos y la prostitución son un fenómeno social. Por consiguiente, el sistema de control y prevención incluirá un conjunto de medidas, tales como medidas educativas, sociales, económicas y médicas, medidas legales a nivel nacional e internacional, medidas científicas, organizativas, tácticas, informativas, analíticas, financieras y varias otras medidas.

80.Tras la aplicación del Programa, la lucha contra los grupos delictivos especializados será más efectiva. El Programa prevé la creación de un sistema de ayuda social, que será un factor de contención de la incorporación de nuevas personas a la prostitución; la creación de condiciones favorables para el apoyo social, psicológico y jurídico a las víctimas de la prostitución y la trata de seres humanos; la mejora de la búsqueda de las personas desaparecidas; la creación de un sistema de información que facilite la prevención, la investigación y la detección de casos de trata de seres humanos; la expansión de la cooperación internacional y el apoyo a las ONG. También prevé la aplicación de un programa de educación preventiva en las escuelas de enseñanza general, la creación, en el Servicio Estatal de Control Fronterizo dependiente del Ministerio del Interior, de una base de datos informatizada de los detenidos que posean documentos fraudulentos, las personas sospechosas de proxenetismo, las personas desaparecidas y las personas deportadas de otros países y la República de Lituania así como la aplicación de las recomendaciones de los instrumentos jurídicos internacionales y de las organizaciones internacionales en la esfera de la trata de seres humanos.

81.El 13 de diciembre de 2000, la República de Lituania firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue ratificada por el Seimas el 19 de marzo de 2002. El 25 de abril de 2002 la República de Lituania firmó el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

82.Lituania también está aplicando las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa y otros instrumentos jurídicos internacionales que sirvieron de base para elaborar el Programa de control y prevención de la trata de seres humanos y la prostitución para 2002-2004. En las medidas para llevar a la práctica el Programa se hace especial hincapié en la aplicación de las disposiciones de los tratados internacionales antes mencionados.

83.En sus esfuerzos por eliminar los factores que causan la trata de personas, Lituania ha aprobado una estrategia para la reducción de la pobreza. Se está elaborando un programa especial de medidas. El Gobierno ha aprobado un programa de aumento del empleo, que está actualmente en ejecución.

84.La legislación de la República de Lituania establece la responsabilidad penal por la trata de personas y otros delitos conexos tales como el proxenetismo, el tráfico ilegal de personas a través de las fronteras del Estado, etc.

85.Mediante la Ley de enmienda del Código Penal, aprobada el 2 de julio de 1998, se añadió el artículo 1313 que estipula la responsabilidad penal (penas de cuatro a ocho años de prisión) por la trata de personas (la venta o compra de personas con fines de explotación sexual, para forzarlas a realizar un trabajo sexual o para obtener un beneficio personal de ellas) así como la responsabilidad penal por introducir a una persona en Lituania o sacarla del país para ejercer la prostitución (párrafo 1 del mismo artículo). La responsabilidad penal (penas de 6 a 12 años de prisión) por los mismos delitos cometidos repetidamente, o respecto de un menor, o por un grupo de personas mediante acuerdo previo o por un reincidente particularmente peligroso se establece en el párrafo 2 del artículo 131. Por la misma ley se enmendaron los artículos 81 y 35 para incluir la trata de personas entre los delitos especialmente graves. Invocando el artículo 1313 del Código Penal se incoaron 3 causas penales en 1999, 4 en 2000, 14 en 2001 y 7 en los primeros 8 meses de 2002.

86.La responsabilidad penal por la trata de personas también se establece en el nuevo Código Penal aprobado el 26 de septiembre de 2000, que entrará en vigor el 1º de mayo de 2003.

87.El proxenetismo está sancionado con penas de hasta cinco años de prisión con arreglo al párrafo 3 del artículo 239 del Código Penal. Inducir a la prostitución a un menor o a una persona que depende de otra financieramente o de otro modo y hacer participar a una persona en la prostitución mediante chantaje, fraude o coacción física o psicológica son delitos punibles con penas de entre tres y siete años de prisión. Mientras que entre 1995 y 1997 no hubo ningún proceso penal en que se invocara el párrafo 3 del artículo 239 del Código Penal, en 1998 hubo 4, en 1999 15, en 2000 9 y en 2001 2.

88.Varios artículos del Código Penal estipulan la responsabilidad penal por el cruce ilegal de la frontera o por el transporte ilegal de personas a través de la frontera estatal. El cruce ilegal de la frontera estatal está sancionado en virtud del artículo 82 con penas de hasta 3 años de prisión y, si concurren circunstancias agravantes, con penas de hasta 5 años de prisión. El transporte ilegal de personas a través de la frontera del Estado o la ocultación de inmigrantes ilegales están sancionados en virtud del artículo 821 con penas de hasta 10 años de prisión, y con penas de hasta 15 años de prisión si concurren circunstancias agravantes.

89.Para prevenir la trata de personas y reducir el aumento del trabajo ilegal que genera, se añadió al Código Penal el artículo 822, que entró en vigor el 1º de julio de 1999. Este párrafo establece la responsabilidad penal por el transporte de una persona a otro país con la intención de pedir asilo, ejercer un trabajo ilegal o permanecer ilegalmente en ese país, o mediante promesas engañosas de que podrá residir legalmente en ese otro país. Estos delitos se sancionan con penas de hasta seis años de prisión (de cuatro a ocho años de prisión si hay circunstancias agravantes).

90.La integración o reinserción de las víctimas de la trata de personas en Lituania corre a cargo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Dentro de su competencia respectiva, se encargan de brindar apoyo y asistencia las siguientes instituciones: el Ministerio de Seguridad Social y Trabajo, sobre cuestiones sociales (empleo y orientación profesional); el Departamento de Policía y el Ministerio del Interior, sobre cuestiones jurídicas y relacionadas con la protección de las víctimas; el Ministerio de Salud y el Centro del SIDA de Lituania, en materia de salud. El Centro de Inscripción de Extranjeros del Servicio Estatal de Control Fronterizo, dependiente del Ministerio del Interior, se ocupa de las cuestiones relacionadas con la reinserción.

91.En la actualidad existen varias ONG -el Centro de apoyo a los familiares de personas desaparecidas, Refugio de Mujer en Vilnius, el Centro de crisis y otras- que prestan asistencia social, médica, psicológica y de otra índole a las víctimas de la trata de personas.

92.La educación ocupa uno de los lugares más destacados entre las medidas encaminadas a prevenir la trata de personas. Todos los instrumentos jurídicos internacionales sobre la prevención de la trata de personas hacen hincapié en la educación (suministro de información), como una de las medidas preventivas más eficaces. Proporcionar información sobre los peligros relacionados con la trata de personas y el modo de evitar tales peligros contribuye a reducir la participación de nuevas personas (menores, desempleados, víctimas de la violencia y de abusos sexuales) en la trata y en la prostitución forzada, así como a animar a las víctimas a que intenten escapar de las actividades relacionadas con la trata y de la prostitución.

93.En reconocimiento de la importancia de la educación (suministro de información) como una de las medidas más eficaces para prevenir la trata de personas, el capítulo II, sobre educación, del anexo I del Programa de control y prevención de la trata de seres humanos y la prostitución para 2002-2004 incluye una lista de varias medidas específicas que cabe adoptar a este respecto.

94.La ONG Centro de apoyo a los familiares de personas desaparecidas tiene una línea de teléfono gratuita para las víctimas potenciales de la trata de personas. El Centro ha organizado varias conferencias en diferentes instituciones de enseñanza y para los trabajadores sociales que se ocupan de personas pertenecientes a grupos de alto riesgo; ha publicado varios boletines informativos y producido carteles que advierten de los peligros de la trata de personas en Lituania; ha organizado cuatro conferencias internacionales y dos nacionales sobre los problemas que aquejan a las víctimas de la trata; ha publicado y difundido una gran cantidad de prospectos informativos que advierten de los peligros de buscar un trabajo ilegal en el extranjero, etc.

95.En 2001 la Organización Internacional para las Migraciones llevó a cabo una campaña informativa en Lituania para advertir a las jóvenes de los posibles peligros, con sugerencias sobre maneras más seguras de encontrar trabajo en otro país y consejos sobre las mejores tácticas que pueden aplicar cuando se enfrenten a personas que se dedican a la trata. La Organización Internacional para las Migraciones ofrece un servicio de consultas por teléfono a las personas que tengan dudas sobre su decisión de dejar el país en busca de un trabajo. En enero de 2002 empezó una segunda campaña informativa, que incluye un videoclip en televisión. Muy pronto se difundirá información similar por la radio, en la prensa y en los transportes públicos. Se distribuirán folletos, prospectos y volantes informativos especiales en las escuelas, los departamentos de Oficina de Empleo y en los puestos fronterizos.

96.Se ha establecido una cooperación nacional, con intercambio de información, entre instituciones y organizaciones de diversos niveles. Unidades especiales del Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada de la Policía Criminal combaten directamente la trata de personas y aplican también medidas preventivas.

97.Hay cooperación asimismo, con intercambio de información sobre el control y la prevención de la trata de personas, en el sistema policial (entre las unidades de policía) y en otras instituciones encargadas del mantenimiento del orden público (de conformidad con el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la policía, el Departamento de Seguridad del Estado, el Servicio de Investigaciones Especiales del Ministerio del Interior, el Servicio Estatal de Control Fronterizo del Ministerio del Interior, Aduanas y otras instituciones), así como entre las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público y ONG, diversos ministerios y las autoridades públicas.

98.La República de Lituania ha firmado acuerdos de cooperación intergubernamental en la esfera del control y la prevención del delito con 19 países. El Ministerio del Interior ha suscrito acuerdos interinstitucionales con organismos encargados del mantenimiento del orden público de 13 países. El Departamento de Policía del Ministerio del Interior coopera con las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público de otros países en la localización de delincuentes buscados por la policía y personas desaparecidas a través de la Oficina de la Interpol de Lituania. Además, se mantienen contactos con otros países extranjeros con los que Lituania no tiene acuerdos de asistencia jurídica mediante el Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

99.Se ha observado que, por diversas razones, principalmente porque no pueden lograr sus objetivos en Lituania, algunos grupos de delincuencia organizada, incluidos los que se dedican a la trata de personas, han trasladado sus actividades delictivas a otros países europeos. Ello requiere esfuerzos continuos para fortalecer la cooperación regional e internacional entre las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público. Por consiguiente, los planes para el futuro inmediato incluyen la expansión de la red de agentes de policía, la firma de un acuerdo de cooperación con la Interpol, y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales mediante acuerdos de cooperación para combatir la delincuencia organizada. En 2000 se firmó un acuerdo bilateral de este tipo con Polonia y en 2001 otro con la República Federal de Alemania.

100.En la actualidad, el Servicio de Investigación de la Delincuencia Organizada de la Policía Criminal de Lituania coopera de manera bastante eficaz con las instituciones encargadas del mantenimiento del orden público en la Federación de Rusia, principalmente con las de la región de Kaliningrado. La cooperación incluye el intercambio de información operativa, actividades operativas conjuntas y la formación de un grupo de tareas cuatripartito para la coordinación de la cooperación en las zonas respectivas.

101.Lituania promueve de manera muy sistemática la cooperación con los países vecinos, en especial con los Estados bálticos, Letonia y Estonia. La cooperación trilateral se coordina por conducto del Consejo de Ministros del Báltico, donde se organizan actividades de carácter práctico mediante comités permanentes de altos funcionarios.

102.Otra forma de cooperación regional, introducida en 1996, es el Programa para combatir la delincuencia organizada en los Estados de la región del mar Báltico, conocido como el Grupo de Tareas Baltcom. Merece la pena señalar que el Programa concentra los esfuerzos fructíferos y constructivos de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos, Noruega y la Federación de Rusia. La ejecución del Programa entraña varios proyectos que coordinan las medidas conjuntas de represión de los países bálticos contra los delitos organizados más frecuentes, en particular la trata de personas, y las operaciones conjuntas contra las actividades delictivas organizadas.

103.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 34), la Constitución de la República de Lituania prohíbe el trabajo forzoso, y determina también los casos que no han de considerarse como trabajo forzoso.

104.La República de Lituania ha ratificado el Convenio Nº 29 relativo a la abolición del trabajo forzoso de 1930 de la Organización Internacional del Trabajo.

105.El 27 de junio de 2002 el Seimas aprobó el Código de Ejecución de las Penas de la República de Lituania, que sustituyó al antiguo Código de Trabajo Correccional. El capítulo 2 del Código regula el trabajo de los reclusos que están cumpliendo condena. El Código incluye disposiciones relacionadas con la participación forzosa de los reclusos en el trabajo y su derecho a desarrollar trabajos individuales, investigaciones y actividades artísticas y de otra índole. El Código estipula una jornada laboral de ocho horas. En el caso de los reclusos que están cumpliendo condena en instituciones correccionales y de tratamiento médico, la duración de la jornada laboral debe ser fijada individualmente para cada recluso por la comisión médica. Debe existir un sistema de remuneración de los reclusos, en función de la cantidad y calidad del trabajo realizado según el procedimiento establecido por el Gobierno, con las deducciones de los ingresos mensuales que estipula el Código. Los reclusos que estén cumpliendo condena tienen derecho a 15 días de licencia sin sueldo por año, período que se descuenta de la duración de la sentencia. Cabe señalar que los reclusos pueden llevar a cabo trabajo no remunerado únicamente si se trata de un trabajo de mantenimiento ordinario de las instituciones penitenciarias y los terrenos adyacentes, y de trabajo relacionado con la mejora de las condiciones culturales y de la vida cotidiana de los reclusos. El trabajo mencionado debe realizarse por turnos fuera de las horas de trabajo. No se puede ordenar a ningún preso que realice trabajo de este tipo durante más de dos horas al día.

Artículo 9

106.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 35), las disposiciones del artículo 9 del Pacto están garantizadas por el artículo 20 de la Constitución.

107.De conformidad con la legislación nacional, la prisión preventiva puede imponerse únicamente en los casos en que unas medidas más leves no garanticen la comparecencia del sospechoso ante el tribunal u obstruyan el proceso de investigación, el examen judicial, la ejecución de la pena o la prevención de nuevos delitos.

108.El procedimiento, las condiciones, los motivos y los términos de la detención preventiva están regulados por los artículos 104, 1041, 1042, 1043, 1044, 105 y 106 del Código de Procedimiento Penal actualmente en vigor.

109.El nuevo Código de Procedimiento Penal, que se adoptó el 14 de marzo de 2002, entrará en vigor el 1º de mayo de 2003. Fundamentalmente incluye las mismas disposiciones sobre los motivos, procedimientos y condiciones de la detención preventiva que el Código de Procedimiento Penal anterior.

110.El artículo 122 del nuevo Código de Procedimiento Penal regula los motivos y condiciones de detención. Los motivos para aplicar la detención son la suposición de que un sospechoso puede escapar u ocultarse de los funcionarios encargados de la instrucción del caso, del fiscal o del tribunal, obstruir el curso del proceso o cometer nuevos delitos. Además, pueden ser motivos de detención una solicitud de extradición de la persona a otro Estado o una solicitud de traslado a la Corte Penal Internacional (párrafo 5 del artículo 122). En la orden de detención deben especificarse las razones y motivos de la detención (párrafo 6 del artículo 122).

111.La detención puede ordenarse únicamente en los casos en que con medidas menos severas no puedan lograrse los propósitos que se pretenden (párrafo 7 del artículo 123). La detención puede aplicarse sólo en los casos relativos a delitos que en virtud del derecho penal sean punibles con penas de privación de libertad mayores de un año (párrafo 8 del artículo 123).

112.El artículo 123 del nuevo Código de Procedimiento Penal regula detalladamente la detención. Si el fiscal opina que un sospechoso que no esté detenido debería estarlo, debe presentar una solicitud al juez de instrucción o al tribunal local en que se lleve a cabo la investigación. Si el juez, adopta la decisión de acceder a la petición del fiscal, debe dictar una orden de detención; si rechaza la solicitud del fiscal, debe dictar una orden de denegación de detención.

113.La persona detenida de este modo debe ser llevada por el fiscal ante el mismo juez de instrucción dentro de las 48 horas posteriores al momento de la detención; si no es posible llevar a la persona ante el mismo juez, debe comparecer ante cualquier otro juez de instrucción del tribunal local donde se esté llevando a cabo la instrucción. El juez debe interrogar a la persona para determinar si existen motivos para su detención. El fiscal y el abogado del detenido pueden estar presentes en dicho interrogatorio. Tras interrogar al sospechoso, el juez puede ordenar el mantenimiento de la orden de detención (en cuyo caso debe especificar el plazo de detención) o modificar o revocar la medida preventiva.

114.Al adoptar la decisión de ordenar la detención o de mantener la orden de detención anterior, el juez puede pedir al fiscal que reúna más material dentro del plazo prescrito. Cuando recibe ese material adicional, el juez puede mantener la orden de detención y fijar un período definitivo de detención o puede modificar o revocar la medida preventiva (párrafo 5 del artículo 123). Una vez que el caso se ha remitido al tribunal, la prolongación del período de detención o su sustitución por otra medida preventiva son exclusivamente de la competencia del tribunal de la jurisdicción respectiva (párrafo 6 del artículo 123).

115.Cuando el abogado del detenido no puede estar presente en el interrogatorio o el tribunal no recibe todo el material necesario para adoptar una decisión sobre la detención, si el juez no considera que esta medida preventiva deba modificarse o revocarse deja la orden de detención temporalmente en vigor y fija el plazo dentro del cual el detenido debe ser presentado ante un juez en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 123 para que se decida la prolongación de la detención. El artículo 125 exige que la decisión del fiscal y la orden del juez o del tribunal sobre la medida preventiva incluyan los motivos y razones en que se fundamentan.

116.En el artículo 127 del nuevo Código de Procedimiento Penal se define la posible duración de la detención preventiva y su prolongación. La detención preventiva no puede aplicarse durante más de seis meses. El período de detención será determinado por el juez de instrucción en la orden de detención. Sin embargo, en un principio la detención no puede imponerse por un período mayor de tres meses. La prolongación de la detención por un período no mayor de seis meses puede ser ordenada por el mismo juez o por otro juez de instrucción del mismo tribunal o de otro tribunal de distrito (párrafo 1 del artículo 127). Si se trata de un caso complejo o de amplio alcance, el juez del tribunal territorial puede prolongar el período de detención preventiva, pero no por más de tres meses. La prolongación puede repetirse. Sin embargo, durante la instrucción, la detención preventiva no puede durar más de 18 meses, y para los menores no más de 12 meses (párrafo 2 del artículo 127). La orden de prolongación o terminación de la detención preventiva es dictada por el juez (párrafo 7 del artículo 127).

117.En el artículo 128 del nuevo Código se estipula que el fiscal que está presente cuando se ordena la detención debe notificar la detención a uno de los parientes del detenido que éste indique. Si el detenido no indica a ninguna persona, el fiscal debe notificar la detención a la persona que considere oportuno, a su discreción, si la encuentra. El fiscal puede negarse a notificar la detención si el detenido proporciona una explicación razonada de que dicha notificación puede poner en peligro la seguridad de sus parientes. También debe darse al detenido la posibilidad de informar personalmente a sus parientes de su detención.

118.Si se detiene a un nacional de otro Estado, el fiscal debe notificar debidamente la detención al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Lituania y, si el detenido lo solicita, a la misión diplomática o al consulado de su Estado (párrafo 3 del artículo 128).

119.El artículo 129 del nuevo Código de Procedimiento Penal trata de los casos en que el detenido tiene hijos menores de 18 años a los que se deja sin atención. El Código exige que el fiscal o el tribunal los coloquen bajo la tutela de los parientes próximos o de otros familiares o instituciones. En el mismo artículo se estipula que si el detenido tiene bienes o una residencia que quedan sin atención, el fiscal o el tribunal deben examinar con el detenido las medidas que pueden adoptarse para la protección de los bienes y aplicar estas medidas.

120.Acogiéndose al nuevo Código de Procedimiento Penal (art. 130), el detenido o su abogado pueden apelar a un tribunal superior contra la imposición o prolongación de la detención. La apelación puede presentarse dentro de los 20 días de haberse dictado la orden correspondiente. La apelación se presenta ante el juez (o tribunal) que impuso o prolongó la detención. El juez debe comunicar la apelación a un tribunal superior sin tardanza indebida. El juez del tribunal superior debe examinar la apelación dentro de los siete días posteriores a su recepción. La apelación contra una detención debe examinarse en una vista a la que asistan el detenido y su abogado, o sólo el abogado. La presencia del fiscal en dicha vista es obligatoria. El fiscal debe presentar ante el tribunal superior todo el material de la instrucción que sea necesario para el examen de la apelación. En los casos en que la apelación se presente durante el proceso ante el tribunal, el tribunal contra cuya orden de detención se apele debe presentar ante el tribunal superior todo el material necesario para el examen de la apelación (art. 130).

121.A diferencia de la versión anterior, el nuevo Código de Procedimiento Penal establece las normas para las actividades de las fuerzas del orden de manera que puedan investigar y resolver un número mucho mayor de casos penales en un periodo de tiempo menor. El principio del procedimiento acelerado, sin embargo, no debe ir en contra de la protección de los derechos de las partes en los procesos. Por tanto, el período de detención preventiva debe hacerse más corto. Cabe destacar que en 2001 los casos de detención preventiva disminuyeron en un 8%.

122.Cabe señalar también que las cifras más recientes disponibles en el Departamento de Prisiones muestran que el período medio de detención preventiva es de cinco meses. Además, el Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General que verifique que la investigación de los casos en que haya detención preventiva se someta a un control más estricto.

123.La evolución del número de casos que entrañan la detención preventiva muestra una clara tendencia al descenso. El 1º de enero de 1998 había 2.576 personas en detención preventiva, el 1º de enero de 1999, 2.421, el 1º de enero de 2000, 1.587 y el 1º de enero de 2002, 1.508.

Artículo 10

124.Lituania está realizando esfuerzos muy activos para establecer unos procedimientos más eficaces y progresivos para la ejecución de las penas, en armonía con las exigencias expuestas en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional, y teniendo en cuenta la experiencia de otros Estados en este ámbito.

125.El 27 de junio de 2000, el Seimas aprobó el nuevo Código de Ejecución de las Penas, que entrará en vigor el 1º de mayo de 2003.

126.El 18 de abril de 2000, el Seimas aprobó el Código de servicio del Departamento de Prisiones, del Ministerio de Justicia, y la Ley de aplicación del Código de servicio. Desde el 1º de septiembre de 2000, de conformidad con los instrumentos jurídicos que se acaban de mencionar, el sistema de ejecución de las penas en los casos penales es de la competencia del Ministerio de Justicia, y no ya del Ministerio del Interior.

127.En el año 2000 se aprobaron también el nuevo Reglamento de los centros de trabajo correccional, las instrucciones para la protección y vigilancia de los centros de detención preventiva y prisiones, el Reglamento del Departamento de Prisiones y nuevos reglamentos para todos los centros de detención. Todas estos instrumentos jurídicos se redactaron de conformidad con las normas europeas para los centros de detención y las recomendaciones de los expertos del Consejo de Europa que inspeccionaron los lugares de detención de Lituania en 1995 y 1999.

128.El nuevo Código de Ejecución de las Penas (2002) regula los principios, procedimientos y condiciones para la ejecución de las sanciones penales previstas en el nuevo Código Penal.

129.En el nuevo Código de Ejecución de las Penas se han eliminado diversas restricciones innecesarias de los derechos y libertades; también se establecen obligaciones más positivas, que permitirán a los condenados influir en su situación jurídica durante el cumplimiento de sus penas. Además, el nuevo Código regula de manera más exacta los derechos de los condenados y el mecanismo de protección de sus libertades al establecer procedimientos para la presentación y el examen de las apelaciones contra los fallos judiciales.

130.De conformidad con lo dispuesto en el nuevo Código de Ejecución de las Penas, los presos condenados en los centros correccionales son asignados a uno de los tres grupos siguientes: ordinario, de seguridad mínima o disciplinario. Los grupos se distinguen por el alcance de los derechos, libertades y deberes; el grupo de seguridad mínima tiene el régimen jurídico más indulgente, mientras que el grupo disciplinario tiene el más estricto. El cumplimiento de una pena de privación de libertad comienza en el grupo ordinario. Más tarde, habida cuenta de la conducta y del trabajo del preso, así como de su actitud ante el aprendizaje y las medidas de rehabilitación durante el cumplimiento de la pena, se le pueda transferir bien al grupo de seguridad mínima, como medida de aliento, o bien al grupo disciplinario, como medida de castigo.

131.En el Código de Ejecución de las Penas se establecen los principios fundamentales de la ejecución de las penas, que son la legalidad; la igualdad de los condenados ante las leyes sobre la ejecución de las penas, que estipulan que en el procedimiento y las condiciones de ejecución de las penas no se harán distinciones por motivos de origen, sexo, situación social o material, origen nacional o raza, opinión política, afiliación a partidos, educación, idioma, convicciones religiosas o de otro tipo, características genéticas, discapacidad, orientación sexual, tipo y carácter de la ocupación, domicilio u otras circunstancias que no estén previstas en las leyes de la República de Lituania; la humanidad; la individualización durante la ejecución de la pena; la justicia y el cumplimiento progresivo de las penas.

132.En el artículo 12 de la Ley de detención preventiva se establece que en los centros de detención preventiva los menores deben estar separados de los adultos. Los menores deben distribuirse en las celdas teniendo debidamente en cuenta su edad, desarrollo físico y mental y características morales. Los adultos pueden ser colocados en las mismas celdas que los menores únicamente en casos excepcionales y con la aprobación del fiscal.

133.El Gobierno respondió muy en serio al informe de los expertos del CPT que inspeccionaron los centros de detención de Lituania en febrero de 2000 y a sus recomendaciones para mejorar la situación en las prisiones y en los centros de detención preventiva de la República de Lituania.

134.En el Plan de aplicación del Programa del Gobierno para 2001-2004 se prevé el establecimiento de un programa específico para la renovación de los calabozos policiales y la humanización de las condiciones de los centros de detención. Este programa debería estar listo y presentado al Gobierno para el final de 2002.

135.Como parte de la aplicación de las recomendaciones del CPT en relación con las medidas urgentes que debían adoptarse para mejorar las condiciones y suministros de las personas detenidas en los calabozos policiales, el Departamento de Policía del Ministerio del Interior asignó fondos a las comisarías de policía para la adquisición del equipo necesario.

136.Se ha obligado a las comisarías de policía a garantizar que todos los detenidos en los calabozos policiales dispongan de colchones y ropa de cama, tengan la posibilidad de lavarse, reciban artículos de higiene personal y los productos de limpieza necesarios para mantener las celdas limpias, puedan salir a pasear al aire libre, y reciban alimentos adecuados y agua potable. Se han dictado instrucciones para mejorar la iluminación de las celdas y para instalar tabiques separadores (si no existen ya) para los sanitarios dentro de las celdas.

137.Se han adoptado nuevas normas para el servicio de comidas en los calabozos policiales. Estas normas exigen que los detenidos reciban alimentos gratuitamente tres veces al día, de acuerdo con las normas fisiológicas y nutricionales. Los menores deben recibir comidas cuatro veces al día con arreglo a las normas fisiológicas y nutricionales para los adolescentes.

138.Además, el Departamento de Policía del Ministerio del Interior ha elaborado un concepto preliminar para renovación de los calabozos, en el que se proporciona una descripción realista del estado actual de los calabozos y se esbozan las principales líneas y prioridades para su renovación.

139.Acogiéndose a la Orden Nº 6 del Ministro del Interior dictada el 8 de enero de 2001, se ha modificado el artículo 116 del Reglamento de calabozos policiales para indicar que puede hacerse uso de las personas que se encuentran en detención administrativa para que realicen trabajos físicos. Este uso será organizado por las instituciones ejecutivas de la administración local. Si las autoridades dan su consentimiento, esas personas podrán ser colocadas en un empleo.

140.En 2001 las asignaciones del presupuesto del Estado para las comisarías de policía (otros gastos) superaron a las de 2000 en 4 millones de litas. Cabe mencionar también que la cantidad asignada para alimentación de los detenidos en los calabozos de la policía en 2000 fue de 929.000 litas, mientras que en 2001 la cantidad correspondiente se elevó a 1.065.000 litas.

141.El 11 de abril de 2000, en aplicación de las recomendaciones del CPT acerca de la reducción del hacinamiento en los centros de detención, el Seimas promulgó la Ley de amnistía. La aplicación de esta ley tuvo como resultado la puesta en libertad de 2.271 presos condenados y la reducción de las penas de prisión de 4851 presos. Antes de la Ley de amnistía (al 1º de abril de 2000) el número de presos condenados en los diversos centros de detención se elevaba a 13.214, mientras que tras la aplicación de esta ley (al 1º de agosto de 2000) el número de internos descendió a 8.764 personas, es decir, en un tercio. Había 236,4 presos por cada 100.000 habitantes. Esto supuso una mejora considerable de las condiciones de vida en las prisiones.

142.El 17 de febrero de 2000, el Seimas de la República de Lituania promulgó la Ley de enmienda del Código Penal en la que se establecen condiciones nuevas y más leves para la puesta en libertad condicional. Cuando esta ley entre en vigor, la institución a cargo de la ejecución de la pena deberá recomendar al tribunal que las personas que hayan cumplido una parte establecida de la condena y den su consentimiento sean puestas en libertad condicional. Con esta modificación se establecen las condiciones legales para que un número mayor de condenados se acojan a la posibilidad de la libertad condicional.

143.En el período comprendido entre 1997 y 2000, el Presidente de la República de Lituania concedió el indulto a 380 presos, dispensándolos de cumplir el resto de sus condenas.

144.La comisión de indultos del Presidente ha presentado la propuesta de que en el futuro el indulto presidencial a los presos condenados por delitos no muy graves se otorgue a una escala más amplia.

145.El nuevo Código Penal, a diferencia del anterior, se ha complementado con el concepto de acto criminal peligroso, que es un delito punible con penas que no suponen la privación de la libertad o que suponen una privación corta de la libertad (menos de 45 días). El Código prevé la posibilidad de una aplicación más amplia de las penas que no están relacionadas con la privación de libertad. En el Código se definen algunos tipos nuevos de pena, como por ejemplo la privación del derecho de voto, la restricción de la libertad o la detención (privación de libertad de corta duración, entre 15 y 90 días).

146.En virtud de lo dispuesto en el nuevo Código Penal, la pena de privación de libertad puede aplicarse a los menores únicamente en caso de delitos graves o muy graves o cuando haya motivos para creer que otros tipos de pena sean insuficientes para corregir las tendencias delictivas de un menor.

147.El nuevo Reglamento de los centros de trabajo correccional, aprobado en 2000, prevé nuevas normas de superficie mínima por preso. Se han hecho las modificaciones correspondientes en el Código de Trabajo Correccional. Las nuevas normas de superficie mínima por preso son las siguientes:

a)En los dormitorios de los centros de trabajo correccional y educacional: un mínimo de 3 m2 por preso;

b)En los dormitorios de las colonias penales y de los centros de tratamiento médico: un mínimo de 4 m2 por preso;

c)En las salas de estar de los bloques de pisos de las colonias penales de tipo asentamiento: un mínimo de 6 m2 por preso;

d)En las celdas de los centros penales y disciplinarios: un mínimo de 5 m2 por preso;

e)En las enfermerías de las instituciones penales: un mínimo de 7 m2 por preso;

f)En una celda de una prisión: un mínimo de 5 m2 por preso;

g)En una celda de castigo de una prisión: un mínimo de 4,5 m2 por preso.

148.En la actualidad, sin embargo, algunos centros de detención no tienen ninguna posibilidad de respetar estrictamente el número de presos autorizado oficialmente. El promedio de presos de los diversos centros de detención es el siguiente: centro de interrogatorio-prisión de Lukiškės:  1.500 (a comienzos de 2000 el número de presos era de 1.712; segunda colonia penal de máxima seguridad de Pravieniškės: 1.500 (a comienzos de 2000 era de 2.171); y centro de interrogatorios de Šiauliai: 800 (el número autorizado de presos es de 454). Hasta ahora, en los otros centros de detención no ha habido hacinamiento; por ejemplo, en la colonia penal de mujeres de Panevėžys hay lugar para 540 presas, pero normalmente hay alrededor de 260, el centro de interrogatorios para delincuentes juveniles-colonia de trabajo correccional de Kaunas tiene oficialmente 398 plazas, pero el promedio de menores recluidos allí es de 170.

149.En este momento se están construyendo, o reconstruyendo mediante la adaptación de edificios destinados a otros fines, seis nuevos centros de detención, entre ellos una nueva colonia penal de trabajo correccional de máxima seguridad en Vilnius, un centro de interrogatorios para 232 presos en Kaunas y una prisión de tipo cerrado para 320 reclusos en Pravieniškės.

150.Se ha redactado una nueva enmienda del Código Penal en la que se establece la posibilidad de que los condenados a cadena perpetua (en la actualidad hay 72) puedan cumplir sus penas no sólo en las cárceles sino también en las colonias penales de trabajo correccional. Se espera que la aprobación de la enmienda alivie el problema del hacinamiento en el centro de interrogatorio‑prisión de Lukiškės y mejore la situación legal de dichos convictos (al establecer el derecho a visitas más largas, a conversaciones telefónicas, a paseos al aire libre más largos, a niveles mínimos de superficie por preso, etc.).

Artículo 12

151.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 53), la Constitución de la República de Lituania garantiza a sus ciudadanos el derecho a la libertad de circulación, a elegir su lugar de residencia en Lituania y a salir libremente del país. Este derecho puede ser restringido únicamente por ley si es necesario para la seguridad del Estado, la protección de la salud humana y la administración de justicia. La Constitución garantiza el derecho del ciudadano a volver a Lituania.

152.El derecho de los extranjeros a entrar en Lituania, elegir un lugar de residencia, cambiar de lugar de residencia, salir de la República de Lituania y volver de nuevo está regido por la Ley de la condición jurídica de los extranjeros en la República de Lituania, promulgada el 17 de diciembre de 1998. En el capítulo II (arts. 4 a 8) de esta ley se establecen el procedimiento y los requisitos para la entrada y salida de los extranjeros de la República de Lituania. Los extranjeros pueden entrar en el territorio de la República de Lituania o salir de él únicamente a través de los puntos de control fronterizo, donde deben presentar un documento de viaje válido. El extranjero que entra en la República de Lituania debe estar en posesión de un visado de la República de Lituania en el documento de viaje válido, a menos que una resolución del Gobierno de la República de Lituania o un acuerdo internacional dispongan lo contrario. Los menores de 18 años tienen derecho a entrar en la República de Lituania junto con sus padres, con uno de los padres o con otro representante legal, o solos, cuando viajen para reunirse con sus padres, con uno de sus padres o con otro representante legal.

153.Se puede denegar a un extranjero la entrada en la República de Lituania si:

a)Carece de un documento de viaje válido y de un visado cuando sea obligatorio poseerlo;

b)Se niega a presentar a la policía de fronteras una prueba de su identidad o a declarar el motivo de la visita;

c)No puede demostrar que posee fondos suficientes para financiar su estancia en la República de Lituania, viajar de regreso a su país o proseguir viaje hacia otro país en el que tenga derecho a entrar;

d)Se le ha prohibido la entrada en la República de Lituania;

e)Su presencia en la República de Lituania plantea una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral de la población;

f)Se descubre que al solicitar la entrada el extranjero falseó su información personal;

g)Ha cometido crímenes contra la humanidad o el delito de genocidio.

154.La decisión de negar a un extranjero la admisión en el territorio de la República de Lituania en los casos especificados en este artículo la adopta el Ministerio del Interior o un órgano autorizado por éste.

155.Los extranjeros deben salir de la República de Lituania antes de la expiración de sus visados o permisos de residencia temporal. Si un extranjero ha llegado de un país con un régimen en que no se requiere visado, debe salir de la República de Lituania antes de que expire el plazo de estancia en la República de Lituania prescrito por un acuerdo internacional en que sea parte la República de Lituania o por una resolución del Gobierno de la República de Lituania.

156.En 2001, se expidieron 190.908 visados de la República de Lituania para extranjeros (en 2000 fueron 124.801). Al final de 2001, los ciudadanos de 45 países extranjeros podían entrar en la República de Lituania sin visados, mientras que los ciudadanos de la República de Lituania podían viajar a 46 países sin visado. Lituania ha firmado con seis países acuerdos de exoneración de la necesidad de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos o los funcionarios.

157.En 2001 se deportó de la República de Lituania a menos extranjeros que en 2000. El total de extranjeros deportados se elevó a 441, principalmente ciudadanos de la Federación de Rusia (162), Belarús (81), Ucrania (40) y Armenia (19).

158.En virtud del artículo 15 de esta ley, un permiso de residencia en la República de Lituania autoriza al extranjero a elegir un lugar de residencia en el país, a cambiar de lugar de residencia, a salir de la República de Lituania y a volver a entrar en ella durante el período de validez del permiso. La libertad de circulación de un extranjero puede restringirse únicamente en interés de la seguridad del Estado o del orden público en los casos especificados por la ley.

159.Al 1º de enero de 2002, según las cifras publicadas por el Departamento de Migración del Ministerio del Interior, la población de la República de Lituania se elevaba a 3.482.300 habitantes. En 2001, debido al considerable crecimiento negativo (-8.900) y a los procesos de migración, el total de la población disminuyó en 11.500 habitantes. En los últimos años se ha observado una tendencia al descenso. Al final de 2000 había 23.285 extranjeros con residencia permanente (en 2000 eran 26.414). Esta cifra no incluye a los menores de 18 años. Los grupos de extranjeros más numerosos son los ciudadanos de la Federación de Rusia (11.500, 12.400 en 2000), Belarús (1.500, 1.700 en 2000) y Ucrania (1.100, 1.200 en 2000) y los apátridas (7.800, 9.800 en 2000). Los ciudadanos de los países de la Unión Europea constituyen el 0,4% (en 2000, el 0,3%) de los extranjeros con residencia permanente. Desde la introducción de los permisos de residencia temporal en la República de Lituania, el número de extranjeros de esta categoría ha ido aumentando cada año. En 2001 había 4.800 extranjeros en posesión de permisos de residencia temporal (3.800 en 2000), incluidos 1.200 ciudadanos de la Federación de Rusia (900 en 2000), 600 de Ucrania (500 en 2000), 500 de Belarús (400 en 2000) y 300 de los Estados Unidos de América (300 en 2000). Los ciudadanos de los países de la Unión Europea representaban el 15,0% de los extranjeros con residencia temporal en la República de Lituania (en 2000 representaban el 14,8%).

160.La aprobación el 17 de diciembre de 1998 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros en Lituania invalidó la anterior Ley de la condición jurídica de los extranjeros y la Ley de inmigración.

161.Además, el 6 de junio de 2000 se abolió la Ley de emigración, lo que significó la eliminación de todas las restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos de Lituania. Ahora, quienes desean salir de Lituania para residir en otros países ya no necesitan la autorización de las autoridades de la República de Lituania.

Artículo 13

162.A diferencia de lo que se indicaba en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 59 y 60), la nueva Ley de la condición jurídica de los extranjeros, promulgada en 1998, contiene en sus artículos 32 y 34 las normas fundamentales para la salida o la expulsión de extranjeros de la República de Lituania.

163.La expulsión de extranjeros de la República de Lituania está regulada en el capítulo VIII de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros. El extranjero cuyo visado o permiso de residencia en la República de Lituania haya sido rescindido o que siga residiendo en el país con un visado o un permiso de residencia temporal inválido tiene que abandonar el territorio (art. 32.1). Cuando no se le haya exigido un visado para la entrada en la República de Lituania, el extranjero tiene que salir del territorio si ha permanecido en él durante un período superior al previsto en un acuerdo internacional en el que sea parte la República de Lituania o en una resolución del Gobierno de la República de Lituania (art. 32.2).

164.La orden de salida de un extranjero de la República de Lituania se debe cumplir en un plazo de diez días a partir de la fecha en que se le haya entregado la orden (art. 33.1). La orden de deportación de un extranjero de la República de Lituania se debe ejecutar en un plazo de diez días a partir de la fecha de entrega de la orden, siempre que no existan circunstancias objetivas que impidan su ejecución (art. 33.2).

165.Los motivos para la deportación de un extranjero se especifican en el artículo 34. Un extranjero es deportado de la República de Lituania si:

a)No ha cumplido la condición de abandonar el territorio de la República de Lituania dentro de un plazo especificado;

b)Ha entrado ilegalmente en la República de Lituania o reside ilegalmente en su territorio.

166.Las órdenes de salida o deportación de un extranjero de la República de Lituania, con excepción de los extranjeros que se hallen en posesión de un permiso de residencia permanente en el país, son dictadas por el Ministerio del Interior o por una institución que éste haya autorizado (art. 35.1).

167.Las órdenes de deportación de extranjeros que se hallen en posesión de un permiso de residencia permanente en la República de Lituania serán dictadas por un tribunal por recomendación del Ministerio del Interior (art. 35.2).

168.En el artículo 36.1 se enumeran las circunstancias que se han de tener en cuenta cuando se contemple la deportación de un extranjero: su período de estancia legal en el país, sus relaciones sociales, económicas y de otro orden en el país y las consecuencias de la deportación para los miembros de su familia que tengan residencia legal en la República de Lituania. En el artículo 36.2 se especifican las circunstancias en las que se aplazará la deportación de un extranjero de la República de Lituania: si puede haber un verdadero peligro para su vida o su salud en el país al que se le deporte, o si puede ser objeto en él de persecución por sus convicciones políticas o por cualquier otra razón; si el país al que se deportaría al extranjero rehúsa aceptarlo; si se impugna la orden de deportación ante los tribunales; y si el extranjero necesita asistencia médica urgente. En este último caso, un grupo asesor de una institución de asistencia médica debe confirmar el estado de salud del extranjero.

169.El artículo 37 regula los procedimientos de apelación contra la orden de deportación de un extranjero de la República de Lituania. Se puede recurrir ante los tribunales contra una orden de deportación de un extranjero dictada por el Ministerio del Interior o por una institución que éste haya autorizado en un plazo de siete días a contar de la fecha de entrega de la orden al extranjero. El tribunal se pronunciará en un plazo de diez días a partir de la fecha en que se haya presentado la apelación.

170.Se puede prohibir al extranjero que haya sido deportado de la República de Lituania en cumplimiento del artículo 34 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros que vuelva a entrar en el país durante un período definido o indefinido (art. 41.1). La orden de prohibición de reingreso del extranjero en la República de Lituania es dictada o rescindida por el Ministerio del Interior o por una institución que éste haya autorizado (art. 41.2).

171.Según las cifras del Departamento de Migración del Ministerio del Interior, en 2001 se deportó de Lituania a 342 extranjeros (345 en 2000), entre ellos a 91 nacionales de la Federación de Rusia, 60 de Belarús, 32 de Viet Nam y 27 de Letonia.

Artículo 14

172.La legislación actualmente en vigor garantiza los derechos y los principios legales previstos en el artículo 14 del Pacto.

173.Como se indicó en el informe inicial de Lituania en relación con las medidas tomadas para aplicar las disposiciones del artículo 14 del Pacto (véase CCPR/C/81/Add.10, párrs. 61 a 77), las leyes de la República de Lituania garantizan la igualdad de todos ante la ley, ante los tribunales y ante otras autoridades o funcionarios públicos y el derecho de toda persona cuyos derechos o libertades se hayan violado a un juicio justo y público ante un tribunal (véase el párrafo 61 del informe inicial).

174.El nuevo Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania, la nueva Ley de tribunales promulgada el 24 de enero de 2002 y el nuevo Código de Procedimiento Civil garantizan los derechos y los principios enunciados en el artículo 14 del Pacto, que ya estaban también recogidos en la anterior legislación de la República de Lituania: el derecho de las personas cuyos derechos o libertades constitucionales hayan sido violados a pedir justicia ante un tribunal (véase el párrafo 62 del informe inicial); el examen justo de los casos de conformidad con la ley por un tribunal independiente e imparcial; la administración de justicia por tribunales exclusivamente (párrafo 63 del informe inicial); la condena del delito exclusivamente por fallo judicial y en estricta conformidad con la ley; la administración de justicia sobre la base de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales, independientemente del origen de la persona o de su condición social o fortuna, su origen nacional o raza, sexo, educación, idioma, convicciones religiosas o de otro orden, el tipo y carácter de trabajo que realiza, su domicilio u otra circunstancia; y el derecho a un juicio público ante un tribunal (véase el párrafo 64 del informe inicial).

175.La nueva Ley de tribunales contiene disposiciones que figuraban ya en la legislación anterior: el derecho de los tribunales a examinar los casos respetando el principio de la igualdad de las partes, el derecho a la asistencia letrada, el derecho a unas actuaciones adecuadas, rápidas y eficaces, el derecho a ser oído, el principio del juicio contradictorio, la presunción de inocencia, la imparcialidad del tribunal, la audiencia pública de los casos, la representación directa en el tribunal y la prohibición de abusar de los derechos en materia de procedimiento.

176.El nuevo Código de Procedimiento Penal contiene también disposiciones tomadas del antiguo Código de Procedimiento Penal sobre la presunción de inocencia, los motivos para la detención, el derecho de todos los detenidos a ser informados rápidamente en un idioma que comprendan de las razones de su detención y de los fundamentos y la naturaleza de los cargos presentados, el derecho a impugnar la detención ilícita, el derecho a la defensa, y el derecho a un juicio justo y público en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial.

177.Hay varios otros derechos y garantías que se han transferido del antiguo al nuevo Código de Procedimiento Penal: el derecho del acusado a conocer los cargos que se le imputan, a obtener la transcripción del acta de acusación, a tener acceso al expediente, a obtener copia y transcripción de los documentos pertinentes en el orden establecido, a disponer de un abogado defensor, a oponer excepciones, a presentar pruebas y participar en la investigación de las pruebas, a formular preguntas durante el juicio, a dar explicaciones sobre las circunstancias del caso y expresar su opinión sobre las mociones y peticiones de los demás participantes en el juicio, a participar en las alegaciones finales en ausencia de abogado defensor, a dirigirse al tribunal al término de las alegaciones, a apelar contra el veredicto y la sentencia, a defenderse personalmente o a través de un abogado defensor de su elección o, si no dispone de medios suficientes para pagar a un abogado, a recibir asistencia judicial gratuita por el procedimiento que el Estado garantiza.

178.El interrogatorio de los testigos y las víctimas menores de edad está regulado en artículos distintos del nuevo Código de Procedimiento Penal. En el Código se establece que la presencia del abogado es obligatoria en el examen de los casos cuando el sospechoso o el acusado es un menor. Además, por iniciativa de los participantes en la audiencia judicial o el juez, se puede pedir a un representante de la institución estatal de protección de los derechos del niño o a un psicólogo que estén presentes y presten ayuda durante el interrogatorio de un menor, teniendo debidamente en cuenta la madurez psicológica y social de éste.

179.En virtud del artículo 312 del nuevo Código de Procedimiento Penal, el fiscal, la acusación privada, el acusado, su abogado o su representante legal, la víctima o su representante pueden apelar contra un fallo judicial que no sea todavía firme por cualquier razón o motivo. Además, el artículo 367 del Código prevé el derecho del fiscal, la víctima o su representante, el condenado, su abogado o su representante legal y la persona absuelta, su abogado o su representante legal a interponer recurso contra un fallo judicial firme de conformidad con lo dispuesto en el Código.

180.El artículo 3 del nuevo Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania especifica que no se podrá entablar un procedimiento penal y que, si está entablado, se habrá de ponerle fin cuando un fallo judicial contra la misma persona por el mismo cargo, una orden judicial o la decisión del ministerio público de poner fin al procedimiento por la misma razón sea firme.

181.En el artículo 6.272 se prevé la responsabilidad por daños y perjuicios a causa de un acto ilícito de los funcionarios encargados de la investigación preliminar, los fiscales, los jueces y el tribunal. El Estado debe indemnizar plenamente el perjuicio causado por una condena ilícita, la detención preventiva ilícita, la detención ilícita, la aplicación de otras medidas procesales de represión o la imposición ilícita de una pena administrativa (detención), independientemente de que la culpa recaiga en los funcionarios que llevaron a cabo la investigación preliminar, los miembros del ministerio público o el tribunal. El Estado indemnizará plenamente los daños causados por los actos ilícitos de un juez o del tribunal que examine un caso civil, cuando esos daños hayan sido causados por una falta cometida por el juez o cualquier otro funcionario judicial. Además de los daños pecuniarios, el agraviado tiene derecho a la indemnización de los daños no pecuniarios. Cuando el daño obedezca a un acto intencional de los funcionarios que efectuaron la investigación preliminar, los fiscales, los funcionarios judiciales o los jueces, el Estado, después de haber indemnizado los daños causados, adquiere el derecho a recurrir contra los funcionarios en cuestión para recuperar las cantidades previstas por la ley.

182.El 21 de mayo de 2002, el Parlamento de la República de Lituania promulgó la Ley de indemnización de los daños causados por actos ilícitos de las autoridades públicas. Esta ley regula la utilización de créditos para la indemnización extrajudicial de los daños causados por actos ilícitos de las autoridades públicas consistentes en condena ilícita, detención preventiva ilícita, arresto ilícito, aplicación ilícita de medidas procesales de represión o aplicación ilícita de la pena administrativa de detención. También establece el procedimiento para que el Estado ejerza su derecho a recurrir contra la persona que haya causado el daño.

Artículo 15

183.Para actualizar la información presentada en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 78) sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 15 del Pacto en Lituania, la República de Lituania ofrece la siguiente información.

184.En el artículo 3 del nuevo Código Penal se especifica que el carácter delictivo de un acto y la punibilidad de una persona se determinarán en función de las leyes penales en vigor en el momento en que se cometió el acto. Se ha de considerar que el momento de comisión del acto delictivo es aquel en que se produjo la comisión (u omisión) del acto o el momento en que se produjeron las consecuencias del acto previstas en derecho penal cuando se deseaba que esas consecuencias se produjesen en un momento distinto.

185.Toda disposición penal que anule el carácter delictivo de un acto, reduzca una pena o de cualquier otro modo mitigue la situación legal de la persona que ha cometido un acto delictivo tendrá efecto retroactivo, es decir, será aplicable a quienes hayan cometido el acto antes de la fecha efectiva de entrada en vigor de la disposición legal, incluso a quienes cumplan una pena y a quienes hubieran sido condenados con anterioridad.

186.El artículo 3.3 del nuevo Código Penal prevé que la disposición penal en virtud de la cual declare delictivo un acto, se prescriba una pena más grave o, de cualquier otra manera, se imponga una carga mayor a la persona culpable de un acto delictivo carecerá de efecto retroactivo.

187.Entre las excepciones cabe citar la responsabilidad penal por genocidio, trato de seres humanos prohibido por el derecho internacional, matanza de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, deportación de civiles de un país ocupado, mutilación de personas protegidas por el derecho internacional humanitario y su tortura o trato inhumano, explotación forzada de los civiles o de los prisioneros de guerra en las fuerzas armadas del enemigo y actos de guerra prohibidos.

188.En virtud del artículo 7 del nuevo Código Penal, las personas que cometan en el extranjero los siguientes delitos, especificados en los acuerdos internacionales, serán penalmente responsables con arreglo al Código Penal de la República de Lituania, independientemente de su nacionalidad, su lugar de residencia, el lugar en que se haya cometido el delito o la punibilidad del acto cometido en el ordenamiento penal del lugar donde se cometió el delito:

a)Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra (arts. 99 a 113);

b)La trata de personas (art. 147);

c)La venta o la compra de niños (art. 157);

d)La falsificación de moneda o títulos, o la posesión o el uso de moneda o títulos falsificados (art. 213);

e)El blanqueo de dinero (art. 216);

f)Los actos de terrorismo (art. 250);

g)El secuestro de aeronaves (art. 251);

h)La toma de rehenes (art. 252);

i)La manipulación ilícita de material radiactivo (arts. 256 y 257);

j)Los delitos relacionados con sustancias estupefacientes, psicotrópicas, tóxicas, muy activas o sujetas a fiscalización (arts. 259 a 269).

Artículo 16

189.Para completar y actualizar la información presentada en el informe inicial sobre la aplicación del artículo 16 del Pacto en Lituania (véase CCPR/C/81/Add.10, párr. 79), la República de Lituania ofrece la siguiente información.

190.El artículo 2.1 del nuevo Código Civil garantiza a todas las personas físicas el pleno goce de los derechos civiles (capacidad civil pasiva). La capacidad civil pasiva de una persona física comienza en el momento de su nacimiento y termina en el momento de su muerte (art. 2.2). En el artículo 2.3 se determina el momento del nacimiento y del fallecimiento de las personas físicas.

191.El artículo 2.6 del Código Civil prohíbe imponer restricciones a la capacidad civil activa o pasiva de las personas físicas (capacidad para crear derechos y obligaciones civiles con un acto propio) por razones que no estén prescritas en la ley. Las transacciones y los actos de funcionarios públicos o municipales que impongan restricciones a la capacidad civil activa o pasiva se considerarán nulos, salvo en los casos en que dichas transacciones y dichos actos estén prescritos por la ley (párrafo 2 del artículo 2.6).

192.En virtud del artículo 2.5 del Código Civil, una persona física adquiere plenamente sus derechos civiles y asume plenamente sus obligaciones civiles a la edad de 18 años. Cuando la ley prevé la posibilidad de que una persona física contraiga matrimonio antes de los 18 años, esa persona, todavía menor de edad, adquiere la plena capacidad civil activa en el momento de contraer el matrimonio. Si posteriormente este matrimonio se disuelve o anula por razones no relacionadas con la edad de los cónyuges, el menor no pierde su plena capacidad civil activa.

193.Los artículos 2.7 a 2.9 definen la capacidad civil de los menores de 14 años y de los menores de 14 a 18 años.

194.En la sección 3 del Código Civil se regula la declaración de incapacidad o la limitación de la capacidad de una persona física. En virtud del artículo 2.10, una persona física que, como resultado de una enfermedad mental o discapacidad intelectual no pueda comprender el sentido de sus actos ni controlarlos podrá ser declarada incapaz por un tribunal. El incapaz queda sometido a tutela. Los contratos en nombre de la persona que haya sido declarada incapaz serán concertados por su tutor, cuyos derechos y obligaciones se especifican en el Código Civil. Cuando una persona que haya sido declarada incapaz cure de su enfermedad o su estado de salud mejore considerablemente, el tribunal reconocerá su capacidad. Cuando el fallo judicial sea res judicata, se revocará la tutela impuesta a dicha persona. Pueden ejercer el derecho a solicitar que se declare incapaz a una persona su cónyuge, padres, hijos adultos, una institución de asistencia médica o el ministerio público. Las mismas personas tienen derecho a pedir al tribunal que declare capaz a la persona. El artículo 2.11 contiene normas detalladas sobre la limitación de la capacidad civil activa (procedimiento para la limitación, derechos de la persona cuyos derechos civiles se hayan limitado, cuestiones relacionadas con la tutela y casos en que se justifica levantar la limitación de la capacidad personal).

195.El Código Civil concede igual capacidad civil a los extranjeros y a los apátridas que a los nacionales de la República de Lituania. Las excepciones a esta regla sólo se pueden establecer por ley (art. 1.15).

Artículo 17

196.Para completar y actualizar la información presentada en el informe inicial sobre la aplicación del artículo 16 del Pacto en Lituania (véase CCPR/C/81/Add.10, párrs. 80 a 102), la República de Lituania ofrece la información siguiente.

197.Ante todo, conviene señalar que la República de Lituania se adhirió en 2001 al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas en relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Este Convenio tiene por objeto proteger los derechos humanos cuando se reúnen y tratan datos de carácter personal.

198.La protección de los derechos de la persona en el procedimiento penal está regulada en el nuevo Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania.

199.El artículo 44 del Código prevé que no se podrá privar a nadie de libertad, salvo en los casos y de conformidad con los procedimientos prescritos en este Código (párrafo 1 del artículo 44). Se debe informar rápidamente a toda persona detenida, en un idioma que comprenda, de los motivos de su detención (párrafo 2 del artículo 44). Toda persona detenida a quien se prive de su libertad tendrá derecho a entablar una acción contra su detención ilícita (párrafo 3 del artículo 44). Toda persona que haya sido víctima de una detención ilícita tendrá derecho a ser indemnizada de la manera prescrita por la ley (párrafo 4 del artículo 44). Toda persona tendrá derecho a que se respeten su vida privada y familiar, su hogar y la confidencialidad de su correspondencia, sus conversaciones telefónicas y sus mensajes telegráficos o de otra clase. Estos derechos pueden ser objeto de limitación solamente en los casos y con arreglo a los procedimientos previstos en el Código (párrafo 9 del artículo 44).

200.Según la legislación penal, registrar o vigilar el hogar de una persona, incautarse de sus bienes e interceptar su correspondencia en las oficinas telegráficas o postales es admisible exclusivamente por las razones y con arreglo a los procedimientos establecidos por la ley.

201.La protección de los particulares contra la injerencia ilícita en su vida personal o familiar, la intimidad de su hogar y la confidencialidad de su correspondencia y el atentado ilícito contra su honor y dignidad está garantizada en diversas disposiciones legales precisas.

202.La Ley de actividades de la policía, promulgada el 17 de octubre de 2000, obliga a los miembros de la policía a respetar y proteger la dignidad humana y a garantizar y proteger las libertades y los derechos humanos (apartado 1 del párrafo 1 del artículo 21).

203.La nueva Ley de operaciones, promulgada el 20 de junio de 2002, prohíbe la violación de las libertades y los derechos humanos y civiles en el curso de una operación. La supervisión de las operaciones se ha encomendado a la Comisión Parlamentaria de Supervisión de las Operaciones, un órgano permanente compuesto por miembros del Parlamento.

204.La Ley de correos, promulgada el 15 de abril de 1999, obliga a los proveedores de servicios postales a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, salvo en los casos previstos por la ley.

205.La legislación de la República de Lituania contiene disposiciones muy estrictas, en las que se regulan los casos en que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley tienen derecho a interceptar y grabar conversaciones telefónicas. Las personas encargadas de una investigación preliminar pueden interceptar las conversaciones telefónicas y a supervisar y grabar otra información transmitida por las redes de telecomunicaciones previa orden del juez de instrucción a petición del fiscal si hay razones para suponer que de esta manera se podrá obtener información sobre un delito grave o muy grave en preparación, cometido o que se esté cometiendo, o si existe el riesgo de que se ejerza violencia o coacción o se cometan otros actos ilícitos contra la víctima, un testigo, otras partes en el procedimiento o los miembros de sus familias. En casos de extrema urgencia, esta acción se puede también llevar a cabo por decisión del fiscal pero, en este caso, es necesario obtener la autorización del juez de instrucción en un plazo de tres días a partir del comienzo de la acción. Si no se obtiene esa autorización, se interrumpirá la acción iniciada y se destruirán sin demora todas las grabaciones. La ley limita el plazo durante el cual se pueden interceptar las conversaciones telefónicas u otra información transmitida por las redes de telecomunicaciones (esta medida no puede durar más de seis meses; en casos excepcionales, puede llegar a nueve meses) (párrafo 2 del artículo 154).

Artículo 19

206.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 116), la Constitución de la República de Lituania garantiza el derecho a la opinión y a la libertad de expresión sin injerencia alguna.

207.Estas garantías se especifican más detalladamente en la Ley de información al público (en su nueva versión de 2000), así como los siguientes instrumentos legislativos: el Código Civil, la Ley de protección legal de datos personales, la Ley sobre el derecho a obtener información de los organismos estatales y las autoridades locales, la Ley sobre el secreto de Estado y el secreto oficial, la Ley de administración pública, etc.

208.Una de las leyes más importantes que regulan la libertad de expresión es la Ley de información al público (en su nueva versión enmendada aprobada el 29 de agosto de 2000).

209.Los principios relativos al suministro de información y a la protección de ésta figuran en el capítulo II de la Ley de información al público, cuyo artículo 4 garantiza a toda persona el derecho a expresar libremente sus ideas y convicciones. Este derecho comprende la libertad a tener una opinión propia y a buscar, obtener y difundir información e ideas en las condiciones y por los procedimientos establecidos en la ley.

210.El artículo 5 de la misma ley garantiza el derecho de todos a obtener información y publicarla en los medios de comunicación social. Toda persona tiene derecho a obtener de las autoridades, los organismos y otras instituciones presupuestarias estatales y locales información pública sobre sus actividades y copia de sus documentos oficiales, así como la información personal propia existente en las instituciones mencionadas (art. 6).

211.Con objeto de garantizar la libertad de información, está prohibido ejercer influencia en el productor, el difusor o el propietario de los medios de información pública o en los periodistas para obligarles a presentar información incorrecta sobre ciertos acontecimientos o hechos en esos medios de comunicación (art. 7).

212.Toda persona tiene derecho a criticar públicamente las actividades de las instituciones y los organismos de la administración estatal y local, así como las actividades de sus funcionarios. La persecución de la crítica está prohibida en la República de Lituania (art. 9).

213.Está prohibido que las autoridades y los organismos centrales y locales, así como las instituciones que regulan las actividades de los productores y difusores de información pública, limiten la libertad de información garantizada por la ley con instrumentos legales propios (párrafo 1 del artículo 10).

214.Están prohibidas en la República de Lituania la censura de la información pública y toda acción encaminada a controlar el contenido de la información de los medios de comunicación social antes de su publicación (párrafo 2 del artículo 10).

215.Toda persona tiene derecho a recurrir ante los tribunales contra las decisiones y los actos de los funcionarios de los organismos y autoridades centrales y locales que violen o limiten el derecho de una persona a obtener, reunir o difundir información (párrafo 1 del artículo 11).

216.Los periodistas extranjeros acreditados en la República de Lituania por el procedimiento legal establecido tienen igual derecho que los periodistas lituanos a obtener y publicar información.

217.El capítulo III regula detalladamente las cuestiones relacionadas con la protección de los intereses individuales, públicos y estatales en el suministro de información al público.

218.En el empeño por evitar la violación de los derechos personales y proteger el honor y la dignidad de la persona cuando se reúne y publica información, queda prohibido filmar, fotografiar y hacer grabaciones audio o vídeo de locales privados sin el consentimiento de los interesados; filmar, fotografiar y hacer grabaciones audio o vídeo durante manifestaciones privadas sin el consentimiento de los organizadores legales de la manifestación; y filmar o fotografiar a una persona o utilizar sus imágenes para fines publicitarios sin su consentimiento (art. 13). Estas prohibiciones no serán aplicables cuando haya suficiente motivo para suponer que se está preparando una violación de la ley.

219.La Ley de información al público garantiza la protección de la intimidad. El artículo 14 precisa que se debe garantizar el derecho de la persona a que se respete su vida familiar y privada cuando se produce o difunde información pública (párr. 1). Sólo se puede publicar información sobre la vida privada de una persona con el consentimiento del interesado y siempre que la publicación de esa información no le cause ningún perjuicio (párr. 2). Se podrá publicar información sobre la vida privada de una persona sin el consentimiento del interesado si la publicación de esa información no le causa ningún perjuicio o si la información contribuye a revelar una violación de la ley o un delito, y también si la información ha sido presentada en una audiencia judicial pública. Además, la información sobre la vida privada de una figura pública (personalidad política estatal, funcionario, dirigente o jefe de un partido político o de una organización pública, así como cualquier otra persona que participe en actividades públicas o políticas) se podrá publicar sin el consentimiento del interesado si esta información revela ciertas circunstancias de su vida privada o de sus rasgos personales de interés público (párr. 3).

220.De conformidad con la ley, toda persona física, cuyo honor y dignidad se hayan difamado con la publicación de información falsa, tiene derecho en virtud de la ley a recibir una indemnización por el perjuicio moral infligido (párrafo 1 del artículo 16).

221.La Ley de información al público comprende disposiciones especiales sobre la protección de los menores contra la información pública que pueda tener una influencia negativa en ellos. En virtud del artículo 18, es necesario proteger a los menores contra la información perjudicial para su desarrollo físico, intelectual y moral, en particular en relación con la pornografía y la demostración deliberada de violencia, según requieren la Ley fundamental de protección de los derechos del niño y otros instrumentos legales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacionales concertados por la República de Lituania (párr. 1). Los programas y las emisiones de radio y de televisión que puedan tener un efecto negativo en el desarrollo físico, intelectual o moral de los menores sólo se podrán difundir de 11 de la noche a 6 de la mañana o utilizando tecnologías que permitan a los padres cerciorarse de que sus hijos no podrán ver o escuchar esos programas (párr. 3). Si las emisiones de carácter violento o erótico no están cifradas, es necesario advertirlo antes de su radiodifusión y añadir un mensaje visible antes de su emisión por televisión y un símbolo visible durante toda la transmisión (párrafo 4 del artículo 18). Además, conviene señalar que el 10 de septiembre de 2002 el Parlamento promulgó la Ley de protección de los menores contra la influencia negativa de la información pública. Esa ley entró en vigor el 18 de septiembre de 2002 y en ella se establecen los criterios para determinar la categoría de información que produce un efecto negativo en el desarrollo físico, intelectual y moral de los menores, los procedimientos para la publicación y difusión de esa información, así como los derechos, deberes y responsabilidades de los productores, difusores, propietarios de medios informativos y periodistas que publican esa información y de las autoridades que regulan sus actividades.

222.La Ley de información al público establece los casos en que no se puede publicar la información. La ley prohíbe la publicación en medios de comunicación social de información que incite a modificar el orden constitucional de la República de Lituania mediante el uso de la fuerza; instigue atentados contra la soberanía y la integridad territorial de la República de Lituania; incite a la guerra o al odio por razones étnicas, raciales, religiosas y de género; difunda o propague la pornografía, los servicios sexuales y la perversión sexual o les dé publicidad; o propague o anuncie sustancias estupefacientes o psicotrópicas (párrafo 1 del artículo 20). La ley prohíbe también la desinformación y la información de carácter difamatorio o insultante que resulte en descrédito del honor y la dignidad de una persona (párrafo 2 del artículo 20); y la información que viole la presunción de inocencia o que pueda ir en detrimento de la imparcialidad de las instituciones judiciales. En los casos y por los procedimientos previstos en la ley, el tribunal podrá limitar la difusión en los medios de comunicación social de opiniones o comentarios relacionados con un caso pendiente cuando éstos puedan influir en su imparcialidad e independencia (párrafo 3 del artículo 20).

223.Conviene señalar que la supervisión y el control de la aplicación de la Ley de información al público incumben al Inspector de ética periodística. De conformidad con el artículo 50, el Parlamento designa a ese Inspector, cuyo mandato es de cinco años, por recomendación de la Comisión de Ética de Periodistas y Editores. Las actividades del Inspector se deben fundar en los principios de justicia, imparcialidad, legalidad y transparencia (párrafo 6 del artículo 50). Se puede recurrir ante los tribunales contra las decisiones del Inspector en un plazo de 30 días a partir de su publicación (párrafo 7 del artículo 50). El Inspector, entre otras cosas, examina las quejas de los interesados sobre la violación de su honor y dignidad y de su derecho a la intimidad en los medios de comunicación social; evalúa la adhesión a los principios del suministro de información al público definidos en la Ley de información al público y en otras leyes; y presenta propuestas a las autoridades públicas para mejorar su aplicación (párrafo 1 del artículo 51).

224.En el ejercicio de sus funciones, el Inspector tiene derecho a notificar a los productores y difusores de información pública la violación de las leyes sobre suministro de información al público y exigir su supresión; pedir al productor o al difusor que se retracte de toda información falsa o de información que difame el honor y la dignidad de una persona o que vaya en detrimento de sus intereses jurídicos o que dé al interesado la posibilidad de responder a esa información o denegarla; y a dirigirse a las autoridades públicas competentes y a la Comisión de Ética de Periodistas y Editoriales en relación con las violaciones observadas de la Ley de información al público y de otros textos legales (párrafo 2 del artículo 51).

225.De conformidad con al Ley de información al público, el 20 de febrero de 2001 se nombró un Inspector de ética periodística. Desde su nombramiento, el Inspector ha recibido 126 quejas y solicitudes y tomado 13 decisiones. En el ámbito de su competencia definida en los artículos 50 y 51 de la Ley de información al público, el Inspector examina las quejas y las solicitudes acerca de violaciones relacionadas con el honor y la dignidad y el derecho a la intimidad, cumple la función de intermediario extrajudicial para la solución de controversias y sugiere medios y métodos para resolver los conflictos. Además de las personas físicas, gran número de asociaciones y ONG diversas se dirigen al Inspector para formular distintas sugerencias y propuestas. Sólo se han estimado infundadas ocho quejas. Las quejas versan principalmente sobre la difusión de información falsa o insultante y la violación del Código de Ética Periodística que prohíbe la publicación de hechos falsos, información no verificada, declaraciones que no se basen en hechos, críticas infundadas y parciales, la publicación de fotografías sin el consentimiento de la persona fotografiada, etc. La solución, prevista en el artículo 15 de la Ley de información al público, consiste casi siempre en pedir la retractación de la información publicada. Esta retractación se imprimirá en columnas editoriales que se vean fácilmente.

226.El Inspector se mantiene en contacto con el Defensor de los derechos del niño, otras instituciones, los maestros y los representantes del público en general y colabora con ellos.

227.Otro instrumento legal importante que regula el derecho de recibir información es la Ley sobre el derecho a obtener información de los organismos estatales y las autoridades locales, que regula también los procedimientos para el ejercicio de este derecho. Según la ley, los organismos estatales y las autoridades locales están obligados a proporcionar información sobre sus actividades. Sólo se puede denegar esta información en los casos en que ello sea necesario para la protección de la sociedad democrática y cuando esa denegación sea más importante que el derecho de la persona a recibir la información (art. 2). En virtud del artículo 7, toda persona tiene derecho a recibir información personal sobre sí misma, salvo en los casos en que esa información no se pueda facilitar con arreglo a la legislación de la República de Lituania.

228.Merece la pena señalar que, desde el momento en que la Ley sobre el derecho a obtener información de los organismos estatales y las autoridades locales entró en vigor, los nacionales de Lituania se han valido muy activamente de los derechos previstos en ella, como demuestran claramente las actividades de la Comisión Principal de Conflictos Administrativos.

229.Ciertas disposiciones del nuevo Código Civil son también muy importantes desde el punto de vista del derecho a recibir información. Entre estas disposiciones figuran el artículo 2.23 sobre el derecho a la vida privada y a la reserva, el artículo 2.24 sobre la protección del honor y la dignidad y el artículo 2.22 sobre el derecho a la imagen.

230.La legislación de la República de Lituania prevé también la restricción del derecho a recibir información. La Ley sobre el derecho a obtener información de los organismos estatales y las autoridades locales dispone que la información que constituya por ley un secreto de Estado o un secreto oficial, comercial, bancario o privado no se proporcionará, salvo en el caso especificado en el artículo 7. Hay que notificar pues al solicitante que no se facilitará la información solicitada, con indicación de los motivos de la denegación. La información no se proporcionará si otras leyes prohíben proporcionarla porque influiría adversamente en los intereses de la seguridad y defensa del Estado, los intereses de la política exterior o la persecución de delitos, o violaría la integridad territorial del Estado o el orden público o los derechos e intereses legítimos de otras personas, o si la negativa a proporcionar la información puede impedir otra seria violación de la ley o es esencial para proteger la moralidad y la salud humanas (párrafo 1 del artículo 13). Cuando se deniegue la información, será necesario informar al solicitante de este hecho y de las razones de la denegación, indicando a la vez las posibilidades de apelación (párrafo 3 del artículo 13).

231.Otra ley ‑la Ley sobre el secreto de Estado y el secreto oficial‑ prevé que sólo las personas habilitadas por los servicios de seguridad nacional y sólo en aplicación del principio de la necesidad de saber podrán ejercer el derecho a obtener información que constituya un secreto de Estado (párrafo 1 del artículo 11).

232.El derecho a recibir información y la accesibilidad de la información están también limitados por otras leyes, como la Ley de derechos de los pacientes y de indemnización por los daños causados a su salud, la Ley sobre atención de salud mental y la Ley de ética de la investigación biomédica. El Código Penal contiene disposiciones sobre ciertas cuestiones de responsabilidad penal en relación con la revelación de un secreto de Estado, etc.

Artículo 22

233.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 137 a 156), la Constitución de la República de Lituania garantiza a todas las personas el derecho de asociarse libremente con otros, incluidos el derecho a formar sindicatos para proteger sus intereses y a afiliarse a ellos, el derecho a tener convicciones y el derecho a la libertad de expresión sin injerencias.

234.La Ley de enmienda de los artículos 8, 13 y 12 de la Ley de sindicatos fue promulgada y entró en vigor en marzo de 2001. Las enmiendas estipulan que los estatutos de los sindicatos que no se unan a las asociaciones sindicales territoriales o nacionales y funcionen dentro del territorio de un municipio deben registrarse en la institución ejecutiva del municipio. Esta disposición simplifica el procedimiento de registro de los estatutos de las organizaciones que representan a los empleados y, en consecuencia, estimula el proceso de la afiliación de éstos a sindicatos; según los procedimientos definidos en los convenios colectivos, una parte de los recursos del fondo para nóminas puede destinarse a la educación de los miembros de los sindicatos; la Ley enmendada establece que, a petición de un empleado y de su sindicato, el empleador tiene la obligación de conceder una licencia no remunerada de hasta tres días por año para fines de educación y aprendizaje.

235.Los estatutos de los sindicatos o de las asociaciones de éstos que de conformidad con sus estatutos ejercen su actividad en el territorio de más de un municipio y tienen su oficina central en la sede de la administración del distrito o en otro lugar del país, ya sea urbano o rural, deben registrarse ante el gobernador del distrito. Los estatutos de los sindicatos o de las asociaciones de éstos que ejercen su actividad en el territorio de más de un distrito deben registrarse ante el Ministerio de Justicia de la República de Lituania. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia ha registrado a 131 sindicatos.

236.La negativa a registrar los estatutos de un sindicato o de una asociación sindical puede ser objeto de recurso ante el tribunal local, que tiene la obligación de examinar el recurso en el plazo de diez días.

237.Actualmente, se están preparando nuevas enmiendas a la Ley de sindicatos a fin de establecer la posibilidad de que los extranjeros que trabajan legalmente en la República de Lituania se afilien a sindicatos y participen en sus actividades.

238.El 14 de marzo de 1996, el Seimas promulgó la Ley de asociaciones. El artículo 2 de esta ley define a una asociación como una unión voluntaria de personas jurídicas o físicas que realiza las tareas y funciones administrativas, económicas, sociales, culturales, educativas y de investigación que determinan los miembros de la asociación. Los objetivos, funciones principales y tareas de una asociación deben estar relacionados con las actividades y necesidades de sus miembros y definidos en los estatutos de la asociación. Las personas jurídicas y físicas pueden unirse en asociaciones sobre la base de las características de sus actividades, del consumo, de sus funciones y del territorio en que realizan sus actividades.

239.El 11 de junio de 1998, el Seimas promulgó la nueva versión de la Ley de organizaciones públicas. En el artículo 2 de esta ley se define a una organización pública como una asociación voluntaria de ciudadanos de la República de Lituania y/o extranjeros con residencia permanente en ella, formada para satisfacer las necesidades y objetivos comunes de sus miembros, de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Lituania. El artículo 3 de esta ley prohíbe la creación y las actividades de organizaciones públicas cuyos objetivos o modo de actuar apunten a derrocar o cambiar el orden constitucional de la República de Lituania por la fuerza o a violar la integridad territorial de la República de Lituania, propagar la guerra y la violencia, o establecer un gobierno autoritario o totalitario, instigar a la discordia racial, religiosa o social, limitar los derechos humanos y las libertades, realizar actos contrarios a las leyes de la República de Lituania y las normas del derecho internacional reconocidas universalmente, o actuar en defensa de los intereses de otros Estados si estos intereses son contrarios a los del Estado de Lituania.

240.Esta ley prohíbe la creación de organizaciones públicas basadas en organizaciones que hayan actuado contra la independencia y la integridad territorial de la República de Lituania. De conformidad con el artículo 4 de la Ley de organizaciones públicas, los ciudadanos de la República de Lituania y/o los extranjeros con residencia permanente en el territorio de la República de Lituania pueden ser fundadores de organizaciones públicas.

241.El artículo 8 de la Ley de organizaciones públicas estipula que las organizaciones públicas pueden estar integradas por ciudadanos de la República de Lituania y/o extranjeros con residencia permanente en el territorio de Lituania que hayan cumplido la edad de 18 años. Las organizaciones destinadas a satisfacer las necesidades de los niños y los jóvenes pueden estar compuestas por personas menores de 18 años.

242.La Ley de organizaciones públicas estipula el registro obligatorio de las organizaciones públicas. De conformidad con el artículo 17, las organizaciones públicas que realizan actividades en el territorio de más de un distrito y las dependencias lituanas de organizaciones públicas internacionales deben registrar sus estatutos en el Ministerio de Justicia de la República de Lituania. Las organizaciones públicas que realizan actividades en el territorio de más de un municipio y tienen su oficina central en la sede de un distrito o en otro lugar del país, ya sea urbano o rural, deben registrar sus estatutos ante el gobernador del distrito. Las organizaciones públicas que realizan actividades dentro de un distrito o ciudad deben registrar sus estatutos ante la institución ejecutiva del municipio. Hasta el momento, el Ministerio de Justicia ha registrado a 1.433 organizaciones públicas. Además, ese Ministerio ha registrado a 35 partidos políticos.

243.El artículo 19 de la Ley de organizaciones públicas define los motivos por los que puede denegarse el registro de una organización pública. Los estatutos de una organización pública no pueden ser registrados si sus objetivos y modos de actuar son incompatibles con la Constitución de la República de Lituania, la Ley de organizaciones públicas o cualquier otra ley o resolución del Gobierno; si el estatuto de otra organización está registrado con el mismo nombre; si se han violado el procedimiento de creación de la organización o los requisitos para registrar los estatutos que estipula la Ley de organizaciones públicas; y si la información facilitada en los documentos no coincide con la realidad. Cuando se deniega el registro del estatuto, se debe informar de ello al solicitante por escrito dentro de los cinco días siguientes a la decisión, indicando los motivos de la denegación. La denegación de registro del estatuto de una organización pública puede ser recurrida ante un tribunal en el plazo de un mes a contar de la recepción de la denegación.

Artículo 23

244.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 157), la Constitución de la República de Lituania establece que la familia es la base de la sociedad y del Estado (párrafo 1 del artículo 38).

245.La aplicación de estas disposiciones de la Constitución está asegurada por el Código Civil en vigor desde el 1º de julio de 2001. Antes de esa fecha, las cuestiones del matrimonio y la familia estaban reguladas por el Código del Matrimonio y la Familia de 1969.

246.El tercer libro del Código Civil, "El derecho familiar", establece los principios generales de la reglamentación jurídica de las relaciones familiares y regula los motivos y procedimientos para contraer matrimonio, la validez y disolución del matrimonio, los derechos personales patrimoniales y no patrimoniales de los cónyuges, la filiación, los derechos y responsabilidades mutuos de los hijos, los padres y otros miembros de la familia, las disposiciones fundamentales sobre la adopción, la tutela, la curatela y los procedimientos de registro de los actos del estado civil.

247.En la República de Lituania la reglamentación jurídica de las relaciones familiares se basa en los principios de la monogamia, el matrimonio voluntario, la igualdad de los cónyuges, la prioridad de proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los niños, la crianza de los niños en la familia, y la protección completa de la maternidad. Las leyes familiares y su aplicación deben asegurar el fortalecimiento de la familia y su significado en la sociedad, la responsabilidad mutua de los miembros de la familia en la conservación de la familia y la educación de los hijos, la posibilidad de que cada miembro de la familia ejerza sus derechos de manera adecuada y proteja a los hijos menores de la influencia indebida de los demás miembros de la familia u otras personas, o cualquier otro factor similar.

248.Las personas tienen la libertad de poner en práctica y ejercer sus derechos familiares como lo deseen, incluido el derecho a la protección de los derechos familiares. La renuncia a un derecho familiar o a su puesta en práctica no implica la abolición de este derecho, excepto en los casos estipulados por la ley. Al ejercer sus derechos familiares y cumplir con sus obligaciones, las personas deben acatar las leyes, respetar las normas de vida de su comunidad y los principios de la moral y actuar de buena fe. Está prohibido hacer uso indebido de los derechos familiares, es decir, está prohibido ejercerlos de manera y con medios que violen o limiten los derechos o intereses de otras personas protegidos por la ley, o que causen daños a otras personas. Si una persona utiliza indebidamente un derecho familiar, el tribunal puede negarse a proteger ese derecho. Los derechos familiares están protegidos por los tribunales, las instituciones de tutela y curatela, y las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales de la manera indicada. Los tribunales y otras instituciones deben procurar que las partes en una disputa resuelvan dicha disputa pacíficamente y de mutuo acuerdo, y deben hacer todo lo posible por ayudar a las partes a llegar a ese acuerdo.

249.El matrimonio es un acuerdo voluntario entre un hombre y una mujer para crear relaciones familiares jurídicas, ejecutado según el procedimiento que estipula la ley. Sólo es posible contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto.

250.El Código Civil reconoce tanto los matrimonios civiles como los religiosos (los matrimonios religiosos no tienen que inscribirse también en el registro civil (art. 3.24). Un matrimonio contraído según los procedimientos establecidos por la Iglesia (confesiones) tiene las mismas consecuencias jurídicas que un matrimonio contraído en la Oficina del Registro, siempre que no se hayan violado las condiciones para la formación de un matrimonio que se estipulan en el Código Civil, que el matrimonio se haya contraído de acuerdo con los procedimientos establecidos por los cánones de una organización religiosa registrada y reconocida por la República de Lituania, y que ese procedimiento de formación de un matrimonio haya sido inscrito en la Oficina del Registro mediante el procedimiento indicado.

251.De acuerdo con el artículo 3.14 del Código Civil, pueden contraer matrimonio las personas que hayan cumplido la edad de 18 años antes o en la fecha del matrimonio. En casos excepcionales, sin embargo, a petición de una persona que tenga intención de contraer matrimonio antes de cumplir 18 años, el tribunal puede reducir, para el hombre o la mujer, la edad mínima de libre consentimiento para contraer matrimonio, pero en no más de 3 años. En caso de embarazo, el tribunal puede permitir a la persona casarse antes de la edad de 15 años (párrafo 3 del artículo 3.14). Al decidir respecto a la reducción de la edad mínima de libre consentimiento para contraer matrimonio, el tribunal debe oír la opinión de los padres, tutores o curadores del menor y tener en cuenta la condición mental o psicológica de éste, su situación económica y otras razones importantes por las que deba reducirse la edad mínima de libre consentimiento para contraer matrimonio.

252.El Código Civil prohíbe que una persona que ha sido declarada legalmente incapacitada por un fallo judicial res judicata contraiga matrimonio; también se prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos. De acuerdo con el Código Civil, una persona casada que no haya puesto fin a su vínculo marital según los procedimientos establecidos por la ley no puede contraer un segundo matrimonio.

253.Un matrimonio puede ser declarado nulo y sin valor si no se han observado las condiciones para la formación de un matrimonio válido. Un matrimonio sólo puede ser anulado por un tribunal.

254.La Constitución de la República de Lituania estipula que el matrimonio sólo puede ser contraído sobre la base del consentimiento voluntario de un hombre y una mujer. El artículo 3.8 del Código Civil establece que el consentimiento para contraer matrimonio no puede ser arrancado por la fuerza, mientras que el artículo 3.13 dice que el matrimonio debe ser contraído por un hombre y una mujer por su propia voluntad, y que cualquier amenaza, coacción, engaño u otra falta de libre albedrío será motivo suficiente para que el matrimonio sea declarado nulo y sin valor.

255.Al contraer matrimonio, los cónyuges adquieren los derechos y obligaciones definidos en el Código Civil. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 3.26, los cónyuges tienen igualdad de derechos e igual responsabilidad civil respecto del otro y de los hijos en las cuestiones relativas a la formación, la duración y la terminación de su matrimonio. Los cónyuges no pueden renunciar de mutuo acuerdo a sus derechos ni suprimir las obligaciones derivadas del matrimonio. La ley exige que los cónyuges sean leales y se respeten mutuamente, y que se apoyen moral y económicamente.

256.Cuando los cónyuges no puedan ponerse de acuerdo respecto al cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de sus derechos, cualquiera de los dos tiene derecho a recurrir al tribunal para la solución de sus diferencias. En sus esfuerzos por resolver la controversia, el tribunal debe adoptar medidas para la reconciliación de los cónyuges. El tribunal debe resolver la disputa de los cónyuges teniendo en cuenta los intereses de sus hijos menores de edad y de la familia en su conjunto.

257.Ninguno de los cónyuges podrá, sin el consentimiento del otro, traspasar, entregar en garantía o arrendar bienes muebles utilizados en el hogar, ni obstruir el derecho a ellos en modo alguno. El cónyuge que no haya aceptado o ratificado dicha transacción podrá solicitar que sea anulada.

258.Cuando los cónyuges no hayan firmado un contrato matrimonial, sus bienes estarán sometidos al régimen establecido por la ley. Al firmar un contrato matrimonial, los cónyuges tienen derecho a decidir su régimen matrimonial como lo crean adecuado. Las disposiciones de un contrato matrimonial que sean incompatibles con la moral o el orden público serán nulas y sin valor. Los bienes de propiedad común deben ser utilizados, administrados y eliminados por mutuo acuerdo entre los cónyuges. Se presupone que la participación de los cónyuges en los bienes de propiedad común es equitativa. Sólo está permitido apartarse del principio de la igual participación de los cónyuges en la propiedad común en los casos indicados.

259.Un matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el procedimiento establecido por la ley. Un matrimonio puede disolverse por consentimiento mutuo de los cónyuges, por solicitud de uno de ellos, sobre la base de la culpa de uno o de ambos cónyuges. El tribunal dicta una sentencia de divorcio si se demuestra que el matrimonio se ha roto de manera irreparable. Se considera que el matrimonio se ha roto de manera irreparable si los cónyuges han dejado de vivir juntos y no es probable que vuelvan a vivir juntos. Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal debe aprobar el contrato de los cónyuges relativo a las consecuencias del divorcio, por el cual se establecen los pagos de alimentos a los hijos menores y al cónyuge, la residencia de los hijos menores, la participación en la educación de los hijos y otros derechos y obligaciones en relación con las propiedades. Cuando el contrato relativo a las consecuencias del divorcio sea incompatible con el orden público o constituya una violación fundamental de los derechos e intereses legítimos de los hijos menores o de uno de los cónyuges, el tribunal no aprobará el contrato y suspenderá el proceso de divorcio hasta que los cónyuges hayan concertado un nuevo contrato. Si los cónyuges no cumplen las instrucciones del tribunal en el plazo de seis meses a contar de la suspensión del proceso, el tribunal no reanudará el examen de la solicitud de divorcio.

260.Cuando examina una solicitud de disolución del matrimonio presentada por uno de los cónyuges, el tribunal, teniendo en cuenta la edad de uno de los cónyuges, la duración del matrimonio, o los intereses de los hijos menores de la familia, puede negarse a dictar la sentencia de divorcio si ello puede causar daños importantes a los intereses patrimoniales y no patrimoniales de uno de los cónyuges o de sus hijos.

261.Al conceder el divorcio el tribunal debe resolver los asuntos relativos a la residencia y la pensión alimentaria de los hijos menores, la pensión de uno de los cónyuges, y la liquidación de la propiedad común de los cónyuges, excepto en casos en que la propiedad haya sido liquidada por mutuo acuerdo de los cónyuges, certificado mediante procedimiento notarial. Al dictar una sentencia de divorcio, el tribunal también debe dictar una orden de pensión en favor del cónyuge que la necesite, a menos que las cuestiones de la pensión estén resueltas en el acuerdo de los cónyuges relativo a las consecuencias del divorcio. Un cónyuge no tendrá derecho a pensión si sus bienes o sus ingresos son suficientes para su subsistencia. La pensión se considera necesaria si la persona está criando a un hijo menor del matrimonio o está incapacitada para el empleo debido a su edad o estado de salud. El cónyuge responsable de la ruptura del matrimonio no tiene derecho a pensión.

262.Al dictar una orden de pensión y decidir sobre su importe, el tribunal debe tener en cuenta la duración del matrimonio, la necesidad de la pensión, los bienes de propiedad de los antiguos cónyuges, su estado de salud, edad y capacidad para el empleo, la posibilidad de que el cónyuge sin empleo obtenga trabajo y otras circunstancias importantes. Siempre que el tribunal estudie cuestiones familiares (disolución del matrimonio, reparto de bienes, orden de pensión, etc.) en que haya de por medio hijos menores, deberá participar en el proceso un representante de la institución estatal de protección de los derechos del niño, que habrá de presentar su conclusión sobre la posible violación de los derechos del niño en las decisiones sobre las cuestiones de la separación. Las normas principales de protección de los derechos del niño están consagradas en la Ley fundamental de protección de los derechos del niño. Esta ley estipula que los padres u otros representantes jurídicos del menor pueden disponer de los bienes propiedad del niño únicamente tras haber obtenido un dictamen de una institución de protección de los derechos del niño en el sentido de que dichas transacciones no son contrarias a los intereses del niño; al dividir los bienes comunes de los cónyuges (padres), deben tenerse en cuenta siempre los intereses patrimoniales de los hijos; cuando los padres u otros representantes legales del menor no cumplan correctamente los requisitos de esta ley, para hipotecar, vender o donar la vivienda en que reside el niño se necesitará la opinión de la institución de protección de los derechos del niño de que dichas transacciones no son contrarias a los intereses del niño.

Artículo 24

263.La información que se ofrece a continuación complementa o sustituye la información sobre el artículo 24 del Pacto presentada en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 178 a 211).

264.La República de Lituania se ha adherido a varios acuerdos internacionales sobre la protección de los derechos del niño. En 1997 la República de Lituania se adhirió al Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993; en 2001 se adhirió a la Convención sobre las atribuciones de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores y la Convención sobre el derecho aplicable a las obligaciones relativas al pago de pensión alimentaria; en 2002, al Convenio relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones sobre obligaciones en materia de pago de pensión alimenticia a niños y a la Convención sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños. El 13 de febrero de 2002, la República de Lituania firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

265.Los derechos del niño están consagrados en el Código Civil de la República de Lituania (capítulo XI, "Derechos y obligaciones de los padres respecto de sus hijos").

266.Se garantiza a todos los niños el derecho a la vida, a un desarrollo sano y a un nombre y apellido desde el nacimiento (párrafo 1 del artículo 3.161). El niño tiene derecho a conocer a sus padres, a menos que ello perjudique sus intereses o la ley establezca lo contrario (párrafo 2 del artículo 3.161). El niño tiene derecho a vivir con sus padres, a ser criado y cuidado en la familia de sus padres, a tener contacto con sus padres independientemente de si éstos viven juntos o separados, y a tener contacto con sus parientes, a menos que esto sea perjudicial para los intereses del niño (párrafo 3 del artículo 3.161).

267.Los niños nacidos dentro y fuera del matrimonio tienen los mismos derechos (párrafo 5 del artículo 3.161). Los derechos del niño no deben verse afectados por el divorcio, la separación o la anulación del matrimonio de los padres (párrafo 6 del artículo 3.161).

268.Al examinar cualquier cuestión relativa a un niño, éste, si es capaz de formular sus opiniones, debe ser oído directamente o, cuando ello sea imposible, a través de un representante. Cualquier decisión sobre estas cuestiones debe adoptarse teniendo en cuenta la voluntad del niño, a menos que ésta sea contraria a sus propios intereses. Al tomar una decisión sobre el nombramiento de un tutor o curador del niño o sobre la adopción de un niño, debe prestarse la máxima atención a la voluntad del niño (párrafo 1 del artículo 3.164).

269.Si un niño considera que sus padres abusan de sus derechos, puede solicitar a una institución estatal la protección de sus derechos o, al cumplir los 14 años de edad, recurrir a los tribunales (párrafo 2 del artículo 3.164).

270.Los padres tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos; son responsables de su educación y desarrollo, de su salud y de su orientación espiritual y moral. En el cumplimiento de estas obligaciones, los padres tienen derecho de prioridad sobre otras personas (art. 3.165). Los padres deben crear las condiciones para que sus hijos se eduquen durante la etapa de la enseñanza obligatoria (párrafo 2 del artículo 3.165). Todas las cuestiones relativas a la educación de los hijos deben ser decididas por los padres de mutuo acuerdo. En caso de desacuerdo, la cuestión objeto de la disputa debe resolverse ante los tribunales (párrafo 3 del artículo 3.165).

271.El capítulo XXI del Código Civil regula el registro del nacimiento de un niño y establece los procedimientos correspondientes. De acuerdo con el Código Civil, el nacimiento de un niño debe registrarse en el registro civil del lugar de residencia del niño o del lugar de residencia de uno de los progenitores. El nacimiento de un niño debe ser notificado y registrado en el plazo de tres meses a contar de la fecha de nacimiento; en los casos de mortinatalidad, el plazo es de tres días a partir del momento del nacimiento (párrafo 1 del artículo 3.291). La solicitud de registro del nacimiento de un niño expósito debe presentarse en los tres días siguientes al momento en que se le encontró (párrafo 2 del artículo 3.291). Tras el registro del nacimiento de un niño se emite la partida de nacimiento (párrafo 4 del artículo 3.292).

272.Todo niño debe recibir de sus padres un nombre (art. 3.166). El niño recibe un nombre (o nombres) por acuerdo mutuo de los padres. Cuando la madre y el padre del niño no logran ponerse de acuerdo respecto al nombre, el niño recibe un nombre por orden judicial. Al registrar el nacimiento de un niño de padres no identificados, la institución estatal de protección de los derechos del niño le da un nombre. Todo niño recibe el apellido de sus padres (art. 3.167). Cuando los apellidos de los padres del niño son diferentes, el niño recibe el apellido de la madre o del padre, según acuerden mutuamente los padres. Si los padres no se ponen de acuerdo, el niño recibe el apellido de uno de los progenitores por orden judicial. Al registrar el nacimiento de un niño de padres no identificados, la institución estatal de protección de los derechos del niño le da un apellido.

273.En virtud del artículo 2.14 del Código Civil, se considera que el lugar de residencia de un menor es el lugar de residencia permanente de sus padres o tutores (curadores).

274.El artículo 3.155 consagra la norma de que los niños deben ser cuidados por sus padres hasta la mayoría de edad o la emancipación. Los padres tienen el derecho y el deber de educar y criar adecuadamente a sus hijos, cuidar de su salud y, teniendo en cuenta su estado físico y mental, crear condiciones favorables para su desarrollo pleno y armonioso a fin de prepararlos para una vida independiente en la sociedad. El artículo 3.156 del Código establece que el padre y la madre deben tener iguales derechos y obligaciones con respecto a sus hijos. Los padres tienen iguales derechos y obligaciones respecto a sus hijos independientemente de que sean una pareja casada o no casada, y de que se trate de un hijo nacido antes o después del divorcio o la nulidad judicial del matrimonio o su separación.

275.El niño cuyos padres estén separados debe tener derecho a estar en contacto constante y directo con ambos progenitores, independientemente de su lugar de residencia (párrafo 2 del artículo 3.170).

276.A fin de proteger a los hijos menores de los efectos dañinos de la conducta de sus padres, el artículo 3.179 del Código Civil establece que si los progenitores (el padre o la madre) no viven con el niño por razones objetivas (enfermedad, etc.) y el tribunal tiene que decidir dónde vivirá el niño, el tribunal puede decidir separar al niño de sus progenitores (el padre o la madre). Cuando sólo uno de los progenitores se vea afectado por circunstancias desfavorables, y el otro pueda vivir con el niño y criarlo, el niño será separado únicamente de aquel progenitor. El niño que esté separado de sus padres conservará todos los derechos y obligaciones personales y patrimoniales basados en la consanguinidad. Cuando un niño es separado de sus progenitores (el padre o la madre), éstos pierden su derecho a vivir con el niño o a exigir a otras personas que les devuelvan al niño. Los padres pueden ejercer el resto de sus derechos en la medida en que sea posible sin vivir junto al niño.

277.Además, el artículo 3.180 establece que cuando los progenitores (el padre o la madre) no cumplen sus obligaciones de criar a sus hijos o hacen uso indebido de la patria potestad, tratan a sus hijos de manera cruel o tienen un efecto dañino en ellos debido a su comportamiento inmoral, o los desatienden, el tribunal puede dictar una sentencia para limitar de manera temporal o ilimitada la patria potestad (del padre o de la madre).

278.El capítulo XVIII del Código Civil regula la tutela y la curatela de los menores. De acuerdo con el Código Civil, se aplica la tutela a los niños menores de 14 años, y la curatela a los niños de 14 años o más. La finalidad de la tutela (o curatela) es asegurar la crianza y el cuidado del niño en un entorno en que pueda crecer y desarrollarse adecuadamente.

279.De conformidad con los artículos 8 y 9 de la Ley de ciudadanía, un niño cuyos dos progenitores sean ciudadanos de la República de Lituania en el momento en que nace será ciudadano de la República de Lituania independientemente de si nació en el territorio de la República de Lituania o fuera de sus fronteras. Si los progenitores de un niño tienen la nacionalidad de diferentes Estados y en el momento del nacimiento del niño uno de los progenitores es ciudadano de la República de Lituania, el niño será ciudadano de la República de Lituania si nace en el territorio de Lituania o si nace fuera de sus fronteras pero uno de sus progenitores tiene domicilio en el territorio de la República de Lituania. Si los padres de un niño tienen la ciudadanía de diferentes Estados y en el momento del nacimiento del niño uno de ellos es ciudadano de la República de Lituania pero ambos tienen domicilio fuera de las fronteras de Lituania, la nacionalidad del niño nacido fuera de las fronteras de la República de Lituania, hasta que cumpla los 18 años, se decidirá por acuerdo entre los progenitores.

280.De conformidad con el artículo 10 de la Ley de ciudadanía, un niño nacido en el territorio de la República de Lituania cuyos padres sean apátridas con residencia permanente en Lituania adquirirá la nacionalidad de la República de Lituania.

281.De conformidad con el artículo 11 de la Ley de ciudadanía, si se encuentra un niño en el territorio de la República de Lituania y se desconoce la identidad de los dos progenitores, se considerará que el niño ha nacido en el territorio de la República de Lituania y se le dará la ciudadanía de la República de Lituania, a menos que se revelen circunstancias por las que el niño adquiera una condición distinta.

282.Si en el momento del nacimiento de un niño uno de los progenitores es ciudadano de la República de Lituania y el otro es una persona apátrida o desconocida, el niño será ciudadano de la República de Lituania independientemente del lugar en que haya nacido.

283.La responsabilidad penal de los menores está regulada por la legislación de la República de Lituania, principalmente por un capítulo especial del Código Penal, titulado "Responsabilidad penal de los delincuentes juveniles". Las disposiciones de ese capítulo se aplican a las personas que en el momento de cometer un delito eran menores de 18 años. Algunas de las disposiciones del capítulo pueden aplicarse a una persona que en el momento de cometer un delito era mayor de 18 años pero menor de 21, si el tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza, los motivos y otras circunstancias del delito y, de ser necesario, las explicaciones de un experto, decide que dicha persona, por su madurez social, debe ser tratada como un menor y que la aplicación de la responsabilidad penal específica a esta persona es compatible con los objetivos del Código.

284.El 25 de mayo de 2000, el Seimas aprobó la Ley del Defensor de los derechos del niño, cuyo objetivo es establecer las disposiciones jurídicas para asegurar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de otros instrumentos jurídicos relacionados con la protección de los derechos del niño en Lituania y posibilitar el control de las actividades del Estado, las autoridades municipales, las instituciones no gubernamentales, las organizaciones y los individuos que puedan ser perjudiciales para los derechos del niño y sus intereses legítimos.

285.En la Ley del Defensor de los derechos del niño se establecen los principios, fundamentos jurídicos, competencia, derechos y obligaciones de la Oficina del Defensor de los derechos del niño. Esta Oficina es una institución independiente (que rinde cuentas sólo al Parlamento), financiada con cargo al presupuesto estatal.

286.El 18 de julio de 2000, invocando la Constitución y la Ley del Defensor de los derechos del niño, el Seimas aprobó la resolución sobre la Oficina del Defensor de los derechos del niño. En ella se especifican las funciones del Defensor y los fundamentos jurídicos de las actividades de su Oficina, y se prevé la creación de la Oficina, que se hizo efectiva el 1º de septiembre de 2000.

287.Para proteger los derechos de los menores, el Defensor de los derechos del niño pide a diversas instituciones públicas que al adoptar sus decisiones tengan en cuenta los derechos del niño garantizados en los instrumentos jurídicos. Por ejemplo, la Oficina del Defensor recibe a menudo peticiones de protección del derecho de los menores a una vivienda. Hay numerosos casos en que la intervención del Defensor ayuda a una familia con hijos menores a recuperar su lugar de residencia o a permanecer en él. Muy a menudo, estos casos están relacionados con decisiones judiciales de desahucio de una familia con hijos menores porque los padres no pagan el alquiler o los servicios. En estos casos, al pedir a la institución respectiva que tenga en cuenta los derechos del niño garantizados en los instrumentos jurídicos a fin de que durante la puesta en práctica de la decisión judicial se evite violar los derechos e intereses legítimos del niño, el Defensor de los derechos del niño sólo puede esperar que la institución actúe con buena voluntad e intente encontrar una solución al problema.

288.El Defensor siempre indica a los servicios de protección de los derechos del niño que al resolver las diferencias entre los adultos debe darse la máxima prioridad a los intereses del niño.

289.Tras examinar las denuncias por las acciones de diversos servicios e instituciones, el Defensor formula sugerencias a los jefes de estos servicios e instituciones para que revisen las decisiones de sus empleados y apliquen medidas disciplinarias en su contra si se descubre que han violado los derechos del niño.

290.Ha habido casos en que, gracias a la intervención del Defensor, una institución de protección de los derechos del niño se ha negado a conceder el permiso para una transacción de bienes inmuebles, protegiendo así los derechos del menor.

291.A menudo se recurre al Defensor de los derechos del niño por casos de violencia contra un menor. En estos casos, el Defensor coopera en la interrogación, en la investigación y en otras actividades de las fuerzas del orden para agilizar la investigación de los delitos o violaciones del derecho administrativo. La principal función del Defensor de los derechos del niño es determinar si los actos de una persona son perjudiciales para los derechos del niño.

292.En 2001, la Oficina del Defensor de los derechos del niño recibió 106 denuncias por escrito sobre violaciones de los derechos e intereses legítimos del niño; 18 de estas denuncias fueron remitidas a la Oficina por otras instituciones públicas.

293.En 2001, el Defensor recibió 250 denuncias orales (por teléfono, en conversaciones o en reuniones diversas). Basándose en estas denuncias y también en informaciones de la prensa sobre violaciones de los derechos e intereses legítimos del niño, la Oficina del Defensor de los derechos del niño inició 14 investigaciones por su propia iniciativa. En los casos en que la denuncia no era de la competencia del Defensor, se la remitió a otras instituciones competentes o se buscó de otro modo una solución a los problemas planteados.

Artículo 25

294.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 212 a 215), las disposiciones del artículo 25 del Pacto están garantizadas por la Constitución de la República de Lituania; su reglamentación detallada figura en leyes especiales (la Ley de elecciones parlamentarias, cuya última versión se aprobó el 18 de julio de 2000, la Ley de elecciones municipales, cuya última versión se aprobó el 19 de octubre de 1999, y la Ley de elecciones presidenciales).

295.De conformidad con el artículo 33 de la Constitución de la República de Lituania, todos los ciudadanos de Lituania tienen derecho a ocupar un cargo en la administración pública. Los requisitos que deben cumplir para ello se exponen en la Ley de administración pública.

296.Los ciudadanos de la República de Lituania que pertenecen a minorías étnicas y nacionales tienen los mismos derechos a participar en la gestión de los asuntos públicos.

297.Las minorías rusa y polaca tienen sus propias organizaciones y partidos políticos, cuyos miembros participan activamente en la vida política y la gestión de los asuntos públicos del país.

298.El cuadro que figura a continuación contiene información sobre la participación de las organizaciones y los partidos políticos de las minorías étnicas en las elecciones parlamentarias.

Organizaciones y partidos políticos de las minorías étnicas (1992-2000)

Partido/organización	Fecha de fundación	Fecha de registro	Número de miembros	Representación en el Parlamento
1990	1992	1996	2000
Unión Polaca	05/05/1989	01/08/1992	10.000	8	4	-	-
Acción Electoral Polaca	28/08/1994	21/10/1994	1.000	-	-	2	2
Alianza de Ciudadanos Lituanos	29/07/1996 Alianza de Minorías Nacionales	06/02/1997	800	-	-	-	-
Unión de Rusos Lituanos	28/10/1995	28/12/1995	500	-	-	-	2

Composición del Seimas de la República de Lituania, por nacionalidades

Nacionalidades	1992	1996	2000
Lituanos	131	127	127
Polacos	6	3	6
Rusos	3	2	8
Judíos	1	1	-

Artículo 26

299.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párrs. 227 y 228), la legislación de la República de Lituania garantiza plenamente la igualdad ante la ley y el derecho, sin discriminación alguna, a igual protección de la ley.

300.Estos principios están incorporados en todas las leyes de la República de Lituania. Todas las nuevas leyes y las nuevas enmiendas de leyes aprobadas después de la presentación del informe inicial a las Naciones Unidas prohíben la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición.

301.La igualdad de las personas ante la ley se garantiza en el nuevo Código de Procedimiento Penal, aprobado el 14 de marzo de 2002 (entrará en vigor el 1º de mayo de 2003). En el párrafo 2 del artículo 6 del Código se estipula lo siguiente: "La administración de justicia en los casos penales se basará en el principio de la igualdad de las personas ante la ley y los tribunales, sin distinción por motivos de origen, situación social y financiera, nacionalidad, raza, sexo, educación, idioma, opinión religiosa o pública, tipo o carácter de actividad, lugar de residencia y otras circunstancias". En el párrafo 3 del artículo 6 se prohíbe "la concesión de privilegios o la aplicación de restricciones a una persona por sus circunstancias, rasgos personales, o situación social o financiera".

302.El nuevo Código de Trabajo de la República de Lituania (que se aprobó el 4 de junio de 2002 y entrará en vigor el 1º de enero de 2003) garantiza la igualdad de las personas en las relaciones laborales, sin distinción por motivos de sexo, orientación sexual, raza, nacionalidad, idioma, origen, ciudadanía, condición social, creencias, estado civil o situación familiar, edad, convicciones u opiniones, afiliación política, u otras circunstancias no relacionadas con su preparación profesional (art. 2).

303.En el artículo 5 del nuevo Código de Procedimiento Civil, aprobado el 28 de febrero de 2002 (entrará en vigor el 1º de enero de 2003), se establece que toda persona interesada tendrá derecho a solicitar, mediante el procedimiento previsto por la ley, la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos, cuando se hayan violado o impugnado. El artículo 6 de este Código estipula que la justicia en las acciones civiles será administrada solamente por los tribunales, sobre la base de la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de su sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen, condición social, creencias, convicciones u opiniones, ocupación u otras circunstancias.

304.La nueva Ley de la condición jurídica de los extranjeros en la República de Lituania se aprobó el 17 de diciembre de 1998. El artículo 3 de esa ley dispone que "en la República de Lituania los extranjeros gozarán de igualdad ante la ley sin distinción por motivos de raza, sexo, color, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional y social, origen étnico, situación económica, lugar de nacimiento u otra condición".

305.En el artículo 4 de la nueva Ley de actividades de la policía de la República de Lituania, aprobada el 17 de octubre de 2000, se establece lo siguiente: "La policía, en cumplimiento de la ley y otros instrumentos jurídicos, protegerá imparcialmente a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República de Lituania, sean cuales sean su nacionalidad, raza, sexo, idioma, origen, condición social, creencias religiosas, convicciones u opiniones".

306.De conformidad con la reciente enmienda del artículo 119 de la Constitución de la República de Lituania (20 de junio de 2002), se concedió el derecho a elegir y a ser elegido a todas las personas que residan permanentemente (es decir, no sólo a los ciudadanos de la República de Lituania) en la respectiva unidad administrativa territorial.

Artículo 27

307.Como se indicó en el informe inicial (CCPR/C/81/Add.10, párr. 235), la Constitución de la República de Lituania garantiza el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas a promover su cultura, profesar y practicar su religión y utilizar su idioma materno. Se han adoptado disposiciones para conceder apoyo estatal a las minorías étnicas.

308.En 2002, la República de Lituania se adhirió a la Convención Marco para la protección de las minorías nacionales, del Consejo de Europa. En octubre de 2001, en cumplimiento de los requisitos del Convenio, Lituania presentó un informe sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del Convenio en la República de Lituania.

309.Actualmente hay 121 nacionalidades representadas en la población de Lituania. El número de personas que componen las diferentes nacionalidades es muy variable, desde varios centenares de miles, en el caso de los rusos y los polacos, hasta sólo algunos centenares, o incluso algunas decenas, en el caso de los armenios, los búlgaros, los griegos y otros.

310.En 2002, según la información publicada por el Departamento de Estadísticas del Gobierno de la República de Lituania, las nacionalidades más representadas eran la lituana (2.907.293 personas, o el 83.45% de la población), la polaca (234.989, o el 6,74%), la rusa (219.789, o el 6,31%), la belarusa (42.866, o el 1,23%), la ucrania (22.488, o el 0,65%), la judía (4.007, o el 0,12%), la alemana (3.243, o el 0,09%), la tártara (3.235, o el 0,09%), la letona (2.955, o el 0,08%), la romaní (2.571, o el 0,07%) y la armenia (1.477, o el 0,04%). Seis mil ciento treinta y ocho personas, o el 0,07%, pertenecían a otras nacionalidades. Treinta y dos mil novecientas veintiún personas, o el 0,94%, no habían indicado ninguna nacionalidad.

311.Lituania está esforzándose por crear condiciones favorables para el desarrollo de los conocimientos y la cultura de sus minorías étnicas. El 14 de mayo de 2001, para definir las finalidades, los principios, los objetivos y los métodos de aplicación, el Gobierno aprobó las disposiciones de la política cultural lituana. Una de las tareas más importantes de la política cultural es prestar apoyo a la cultura y educación de las comunidades étnicas que residen en Lituania. Las disposiciones de la política cultural lituana destacan el hecho de que la tradición, el patrimonio cultural, las costumbres y los modos de vida de las minorías étnicas son fuentes válidas de enriquecimiento de la cultura del país. Al apoyar la cultura de las minorías étnicas, el Estado procura reforzar los derechos culturales de los ciudadanos lituanos que pertenecen a minorías étnicas y crear condiciones favorables para su participación en la vida pública y para la promoción de sus tradiciones y su patrimonio culturales. La política cultural lituana prevé la aplicación de las siguientes medidas en apoyo de las culturas de las minorías étnicas: el respaldo de programas culturales de las minorías étnicas, la creación de condiciones favorables para la participación de esas minorías en la vida cultural del país, y la promoción de relaciones culturales entre las minorías étnicas que residen en Lituania.

312.En su Programa para 2001-2004, el Gobierno se comprometió a "asegurar el apoyo del Estado al desarrollo cultural de las comunidades étnicas minoritarias de Lituania y garantizar la libertad e independencia de las actividades de las comunidades culturales, regionales y étnicas".

313.Para satisfacer las necesidades culturales de las minorías étnicas en Lituania, el Departamento de Minorías Nacionales y Lituanos Residentes en el Extranjero del Gobierno de la República de Lituania está realizando un programa de apoyo a las actividades culturales de las minorías étnicas. El programa se financia con cargo al presupuesto del Estado.

314.De conformidad con la Ley de organizaciones públicas, enmendada en 1998, pueden pertenecer a organizaciones públicas no sólo los ciudadanos de la República de Lituania sino también los extranjeros con 18 años cumplidos cuyo lugar de residencia permanente sea la República de Lituania.

315.Según los datos publicados respecto de 2002, había ese año 266 ONG establecidas por 21 minorías étnicas. Las más activas de ellas eran Macierz szkolna, una sociedad de profesores de escuelas polacas, el Centro de Cultura Rusa, el Centro de Folklore Ruso de Vilnius, la Comunidad Ucrania de Vilnius, la Comunidad de Judíos Lituanos, Fogata de los Gitanos, una comunidad de romaníes lituanos, y otras.

316.Según los datos publicados por el Departamento de Estadísticas, en 2001 había 842 comunidades religiosas y 838 lugares de culto, cifras que incluyen 690 comunidades religiosas y 701 lugares de culto funcionales de los católicos romanos, 54 comunidades y 41 lugares de culto de los evangélicos luteranos, 12 comunidades evangélicas reformadas con 4 lugares de culto, 4 comunidades y 1 lugar de culto de los griegos católicos, 3 comunidades y 2 lugares de culto judaicos, 1 comunidad y 2 lugares de culto caraítas, 5 comunidades y 5 lugares de culto musulmanes, 27 comunidades y 30 lugares de culto de los creyentes ortodoxos antiguos, y 46 comunidades y 47 lugares de culto de los ortodoxos. Los ritos religiosos se celebran en lituano, ruso, polaco, belaruso, ucranio, letón, alemán, hebreo o rumano. El apoyo estatal a las comunidades religiosas tradicionales procede del presupuesto del Estado.

317.En el artículo 20 de la Ley de educación (aprobada el 25 de junio de 1991; la versión más reciente es del 2 de julio de 1998) se dispone lo siguiente: "Cuando así lo deseen los padres (o los tutores), los niños podrán recibir instrucción religiosa (en las confesiones tradicionales reconocidas por el Estado) en las escuelas estatales o municipales, impartida por personas autorizadas por los dignatarios de la Iglesia de la confesión que se trate. Los niños que no asistan a las clases de religión recibirán en cambio clases de ética. Cuando los padres así lo deseen, en las escuelas que tengan dos fundadores -el Estado o la municipalidad y una de las comunidades religiosas tradicionales reconocidas por el Estado- los niños podrán asistir a las clases de ética en lugar de las de religión."

318.El Reglamento sobre la educación de las minorías nacionales, que entró en vigor el 26 de enero de 2002, es reflejo de las políticas del Estado por las que se intenta preservar el derecho de las minorías étnicas a su identidad cultural étnica, y definir la estructura institucional del sistema educativo de las minorías étnicas, las características de los programas de estudios y de los procesos de instrucción, y los principios más importantes de la financiación de la educación de las minorías étnicas. Este Reglamento tiene en cuenta la educación extraescolar de las minorías étnicas y sus necesidades de aprender o perfeccionar su idioma materno y de estudiar su historia, sus tradiciones, su patrimonio cultural y sus costumbres. También reconoce que la mejor forma de educación no estructurada de las minorías étnicas consiste en las escuelas de fin de semana. El Reglamento prevé la financiación de los programas de educación extraescolar de las minorías étnicas, con arreglo a procedimientos que deberá establecer el Gobierno.

319.En 2001/2002 había en Lituania 1.953 escuelas de enseñanza general en que el idioma de instrucción era el lituano y 206, en 8 ciudades y 16 regiones, en que el idioma de instrucción era uno de los idiomas de las minorías nacionales, incluidas 61 escuelas en ruso, 80 en polaco y 1 en belaruso, y 62 escuelas mixtas, con clases separadas en que se enseñaba en uno de los idiomas de las minorías étnicas.

320.En el año académico 2001/2002, el número total de alumnos de las escuelas de enseñanza general fue de 576.377, cifra que incluye 509.812 alumnos de escuelas en que la instrucción se imparte en lituano, 10.479 alumnos de escuelas mixtas en que el lituano es el principal idioma de enseñanza; 30.531 alumnos de escuelas en ruso, 6.950 alumnos de escuelas mixtas en que el ruso es el principal idioma de enseñanza; 14.629 alumnos de escuelas en polaco, 176 alumnos de escuelas en belaruso, y 32 alumnos de escuelas mixtas, con clases en que el belaruso es el principal idioma de instrucción.

321.Las comunidades étnicas dispersas o menos numerosas tienen la posibilidad de aprender y mejorar su idioma materno en clases especiales o facultativas de las escuelas de enseñanza general o en las escuelas dominicales. Actualmente, hay 40 escuelas dominicales en Lituania:  3 armenias, 2 belarusas, 2 griegas, 1 caraíta, 2 letonas, 6 polacas, 1 romaní, 2 rusas, 8 tártaras, 6 ucranias, 4 alemanas y 3 judías. Estas escuelas enseñan el idioma materno de las minorías nacionales, junto con su historia, religión y cultura étnica. Las minorías nacionales tienen diversas posibilidades de educar a sus hijos en su idioma materno: pueden crear instituciones preescolares, escuelas de enseñanza general, o grupos o clases dentro de las escuelas generales en que el principal idioma de instrucción es otro idioma.

322.La Radio Lituana tiene un noticiario diario de 10 minutos en ruso, Večerniy vestnik, una emisión semanal de 15 minutos en ruso, Russkaya ulica, un programa en polaco, Rozmowy Wilenskie, un programa en ucraniano, Trembita, un programa en belaruso, Vilenskiy Šytok, un programa quincenal para los judíos, Menora, un programa mensual para varias otras minorías étnicas menos numerosas, Labas, y un programa para los creyentes ortodoxos, Krikščionio žodis ("La palabra de un cristiano").

323.Varios canales de televisión privados que transmiten en zonas densamente pobladas por una minoría nacional tienen programas especiales en el idioma de esa minoría: la televisión regional de Vilnius tiene un programa especial en ruso, Nedelia. Otras estaciones televisivas (el canal 11, Vilsat, Sugardas) tienen noticiarios en ruso o polaco, y retransmiten también programas de Rusia y de la televisión de Polonia. Los operadores de televisión por cable retransmiten programas de Rusia, Belarús, Polonia, Ucrania y otros países.

324.De conformidad con el artículo 4 de la Ley de la radiodifusión y televisión nacional, las emisoras nacionales están obligadas a velar por que sus programas se orienten a diferentes grupos del público, de distintas edades, diversas nacionalidades y diversas convicciones. La Radio Lituana tiene un departamento especial, el Consejo de Redacción de las Minorías Nacionales, que está a cargo de los programas para las minorías étnicas o para el público en general sobre cuestiones relacionadas con las minorías étnicas. El Programa Uno de la Radio Lituana tiene una emisión diaria de 30 minutos de información en ruso. El Programa Dos de la Radio Lituana tiene un programa de 30 minutos, Santara, destinado a promover la cultura, el idioma y la educación de diversas minorías étnicas de Lituania, que trata también de los problemas cotidianos de la vida de las comunidades étnicas. En este programa, las entrevistas y los debates se transmiten en lituano, en ruso, en polaco, en belaruso y en ucranio. Hay programas especiales quincenales para los judíos y los ucranios. Estos programas son preparados por periodistas pertenecientes a minorías étnicas.

325.Lituania tiene las siguientes emisoras radiofónicas privadas que transmiten en los idiomas de las minorías nacionales: Russkoye Radio (que emite las 24 horas del día en ruso), Znad Wilii (que emite las 24 horas del día en polaco) y la estación de radio Baltic Waves, que transmite varios programas en belaruso. En Visagin y Klaipėda hay estaciones de radio locales que transmiten programas en ruso.

326.A nivel estatal se presta ahora mucha atención a los problemas sociales, económicos y culturales de la comunidad romaní. Actualmente hay 2.500 personas pertenecientes a comunidades romaníes. Están dispersas en todo el territorio de Lituania, pero en su mayoría se han asentados en Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai y algunas otras localidades. Existen 13 ONG romaníes: 4 en Vilnius, 4 en Kaunas y 1 en cada una de las siguientes ciudades: Panevėžys, Pasvalys, Šalčininkai, Ukmergė y Prienai. Estas ONG hacen lo posible por atender las necesidades sociales y culturales de sus comunidades. En Vilnius, Kaunas y Panevėžys hay grupos de folklore romaní. Las actividades de las ONG romaníes reciben apoyo del Departamento de Minorías Nacionales y Lituanos Residentes en el Extranjero del Gobierno de la República de Lituania, así como del Ministerio de Cultura y los departamentos de cultura de las administraciones locales.

327.Teniendo en cuenta la identidad étnica y la cultura particulares de los romaníes, y con vistas también a crear las condiciones para que esas comunidades se integren en la vida pública de Lituania, el Gobierno de la República de Lituania aprobó el Programa de integración de los romaníes en la sociedad de Lituania para 2000-2004, que es coordinado por el Departamento de Minorías Nacionales y Lituanos Residentes en el Extranjero. El Programa adopta medidas para resolver los problemas educacionales, sociales y sanitarios de los romaníes, así como para preservar su cultura y sus tradiciones particulares. Ya es mucho lo que se ha hecho en el marco de este Programa: en septiembre de 2001 se inauguró el Centro de la Comunidad Romaní, que comprende dos clases de nivel preescolar, a las que asisten 26 niños, varios grupos de arte, música y danza, y cursos del idioma oficial de Lituania, de informática y de costura para adolescentes y adultos. En este Centro se organizan conferencias y seminarios sobre formulación y adaptación de los programas de formación profesional, educación sanitaria y hábitos de higiene, elaboración de medidas para prevenir la drogadicción, asesoramiento en cuestiones jurídicas, educativas, sociales y económicas y puesta en marcha de actividades públicas voluntarias de las mujeres, solución de problemas relacionados con documentos de identidad personal, acciones de la policía y la protección de los derechos humanos, la seguridad social y el trabajo, fundamentos de la actividad comercial y establecimiento de empresas legales, etc. Las actividades que desarrolla el Centro de la Comunidad Romaní constituyen una forma muy realista de hacer cambiar las actitudes de las familias romaníes hacia la educación y el trabajo y de alentarlas a participar más activamente en esas esferas. Se tiene mucho cuidado en que esta labor incluya a expertos en la cultura romaní y a los romaníes mismos, a fin de no menoscabar su identidad étnica. La experiencia de los dos últimos años muestra que, gracias al Programa, el interés público por la cultura y la historia de la comunidad romaní ha aumentado, la actitud pública hacia la comunidad romaní se ha modificado y los romaníes mismos han comenzado a buscar más activamente cómo resolver diversos problemas de sus comunidades.

328.En la búsqueda de soluciones a los problemas, más bien difíciles, de las comunidades romaníes, la contribución de las ONG es considerable. La Fundación Lituania-Sociedad Abierta ha iniciado varios proyectos de capacitación para el trabajo voluntario, ha organizado campamentos de verano para niños y adolescentes, y ha celebrado seminarios para profesores sobre los métodos especiales de enseñanza más idóneos para los romaníes, sus costumbres y cultura, y sobre los derechos humanos. Desde 1994, el Fondo de Lituania para la Infancia suministra alimentos y vestimenta a los niños romaníes de Vilnius.

329.El estereotipo existente acerca de la falta de voluntad de los romaníes para integrarse y su propensión natural a aislarse y a llevar una vida de comunidad patriarcal ha sido refutado por la investigación sociológica realizada en 2001 por iniciativa del Departamento de Minorías Nacionales y Lituanos Residentes en el Extranjero. La investigación reveló algunas tendencias importantes entre las comunidades romaníes respecto de su integración en la vida pública de Lituania. Demostró que el pueblo romaní no tienen una preferencia tradicional por el aislamiento. Por ejemplo, una cuarta parte de los informantes señaló que estaría de acuerdo en alquilar un apartamento municipal, sólo el 40% rechazó categóricamente esta posibilidad, y los demás la consideraron una opción posible. Estos resultados rebaten la opinión de que los romaníes no están dispuestos a vivir en apartamentos, separados por familias. La investigación indicó que el 90% de los romaníes de Vilnius poseen un documento de identidad, y los demás tienen un documento de inmigración. Más del 90% de los informantes señalaron que ellos mismos y sus cónyuges estaban inscriptos en Vilnius. Esta información invalida la opinión de que los romaníes están privados de la posibilidad de acudir a los servicios de salud y de otra índole porque no están inscritos. La investigación permite concluir con fundamento que la integración de los romaníes en la vida pública de Lituania es posible si se crean condiciones favorables para la educación de los niños romaníes y para motivarlos a recibir instrucción.

330.En el marco de los esfuerzos para aumentar las tasas de empleo entre las comunidades romaníes y su participación en las medidas de la política laboral, se alienta a las instituciones estatales a que cooperen más estrechamente con las comunidades romaníes, y se anima a éstas a que participen más activamente en el análisis y la solución de los problemas que las atañen. En el marco del Programa de integración de los romaníes se está desarrollando un proyecto de capacitación para el trabajo y el empleo. Los estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Vilnius participan en el acopio y en la elaboración de información sobre la disposición de los romaníes mismos a participar en el proyecto, y su actitud hacia el trabajo y las ofertas de la Oficina de Empleo. Se hacen grandes esfuerzos para preservar el patrimonio cultural y lingüístico especial de las comunidades romaníes. Desde septiembre de 2001, un representante de los romaníes enseña el idioma romaní en el Centro de Comunidades Culturales de la Universidad de Vilnius. El Ministerio de Educación y Ciencia está preparando un libro de texto sobre el idioma romaní, junto con representantes de las comunidades romaníes. Este libro de texto se propone sentar las bases para la escritura del idioma romaní en Lituania. Los antropólogos de la Universidad de Vilnius han reunido un valioso material consistente en diversos relatos de la vida de las comunidades romaníes, que se publicará en el futuro próximo. Todo ello demuestra que el activo diálogo entre las comunidades romaníes y el público en general ayuda a reforzar los lazos sociales y la confianza mutua, a eliminar los estereotipos dominantes y a mejorar las imágenes positivas mutuas.

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