Comité de Derechos Humanos

Comunicación Nº 1922/2009

Decisión adoptada por el Comité en su 109º período de sesiones(14 de octubre a 1 de noviembre de 2013)

Presentada por:Gilbert Martinez y otros (representados por Alain Garay)

Presuntas víctimas:Los autores

Estado parte:Argelia

Fecha de la comunicación:24 de noviembre de 2004 (presentación inicial)

Referencias:Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 29 de diciembre de 2009 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción

de la decisión:28 de octubre de 2013

Asunto:Expropiación de los bienes de los autores tras la declaración de independencia del Estado parte

Cuestiones de procedimiento:Abuso de derecho; no agotamiento de los recursos internos; incompatibilidad con las disposiciones del Pacto

Cuestiones de fondo:Derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales; derecho de toda persona a escoger libremente su lugar de residencia; injerencia arbitraria o ilegal, atentado contra el honor y la reputación; violación del derecho de las minorías; discriminación en el marco de la expropiación y el derecho a la propiedad

Artículos del Pacto:1; 5; 12; 17; 27; 2, párrafo 1, y 26, leídos por separado o conjuntamente; 26 y 17, leídos conjuntamente

Artículo del Protocolo

Facultativo:3

Anexo

Decisión del Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (109º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación Nº 1922/2009 *

Presentada por:Gilbert Martinez y otros (representados por el abogado Alain Garay)

Presuntas víctimas:Los autores

Estado parte:Argelia

Fecha de la comunicación:24 de noviembre de 2004 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos,establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 28 de octubre de 2013,

Adopta la siguiente:

Decisión sobre la admisibilidad

1.1Los autores de la comunicación, fechada el 24 de noviembre de 2004 y completada por la información suplementaria presentada en 2005 y 2006, son 590 personas de nacionalidad francesa. Afirman ser víctimas de la vulneración por Argelia de los artículos 1, 5, 12, 17, 27; del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 26, leídos por separado o conjuntamente; y de los artículos 26 y 17, leídos conjuntamente. Están representados por un abogado. El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para el Estado parte el 12 de diciembre de 1989.

1.2El 10 de marzo de 2010, el Comité, por conducto de su Presidente, decidió que la admisibilidad de la comunicación se examinara separadamente del fondo.

Los hechos expuestos por los autores

2.1Los autores, ciudadanos franceses que fueron obligados a abandonar Argelia cuando se proclamó la independencia en 1962, fueron desposeídos de los bienes que tenían en ese país, contrariamente a lo previsto en los Acuerdos de Evian de 18 de marzo de 1962. Cada uno de ellos presenta al Comité una copia de la decisión de la Agencia Nacional de Indemnización de los Franceses de Ultramar (ANIFOM) por la cual Francia los declaró beneficiarios de indemnizaciones correspondientes al patrimonio que poseían en Argelia. No obstante, los autores afirman que la intervención de Francia a este respecto no les permitió obtener una indemnización justa que correspondiera al valor de los bienes enajenados en 1962, año en que Argelia comenzó a ser soberana e independiente.

2.2Los autores relatan la historia de la independencia e indican que, después de esa fecha, el Estado parte no pudo o no quiso asumir sus responsabilidades, entre ellas la de velar por la seguridad y la protección de los intereses morales y materiales de la población domiciliada en Argelia.

2.3En cuanto a las disposiciones adoptadas por el Estado parte en relación con los bienes de las personas que abandonaron su territorio, los autores distinguen diversos períodos. Durante el primero, comprendido entre julio y septiembre de 1962, las expropiaciones no se sustentaron en ningún texto. Las efectuaron sin mandato algunos individuos aislados, grupos de personas o autoridades locales cuyos actos no dieron lugar a ninguna reacción concreta del Estado parte. Más adelante, la Orden de 24 de agosto de1962 reglamentó el destino que había de darse a los bienes mostrencos (bienes de los que el titular ya no disfruta o que no ocupa ni utiliza desde hace más de dos meses), que se colocaron bajo la administración de los prefectos. La Orden tenía por finalidad conservar los bienes y reservar los derechos de los propietarios. En la mayor parte de los casos, el texto sirvió para dar fundamento jurídico a la situación de hecho que se había creado y perpetuarla, y además dio lugar a nuevas expropiaciones en virtud de decisiones adoptadas por los prefectos sin garantía alguna ni trámite previo, y sin vía de recurso efectiva. Sin embargo, en aplicación de esta disposición se dictaron algunas órdenes de restitución de bienes que se cumplieron efectivamente. Más tarde, el Decreto de 23 de octubre de 1962 prohibió y anuló todos los contratos de venta de bienes mostrencos, incluidas las ventas y alquileres concertados en el extranjero a partir del 1 de julio de 1962. Los bienes cuyos contratos habían sido anulados retornaron a la categoría de bienes mostrencos, en el sentido de la Orden de 24 de agosto de 1962. Posteriormente, el Decreto de 18 de marzo de 1963 estableció las condiciones y garantías para la declaración de bienes mostrencos y previó una vía de recurso. Según los autores, estos recursos no eran efectivos porque los magistrados ante los cuales se interpusieron tardaron mucho en pronunciarse y algunas disposiciones nuevas hicieron desaparecer prácticamente toda garantía jurisdiccional. En efecto, el Decreto de 9 de mayo de 1963 eliminó toda posibilidad de recurso, con la excepción de un procedimiento ante una comisión departamental, y a la noción de bienes mostrencos se añadió el concepto, muy amplio, de orden público y paz social, que confería a las autoridades una facultad de apreciación casi absoluta. Desde el punto de vista procedimental, los presidentes de los tribunales a los que se solicitaron las medidas cautelares por vía de urgencia en virtud del Decreto de 18 de marzo de 1963 se declararon incompetentes, porque desde entonces la gestión de los bienes se regía por un texto nuevo que no preveía la posibilidad de recurrir al juez competente para pronunciarse sobre dichas medidas. Por último, las comisiones de recursos extraordinarios previstas en el texto no llegaron nunca a constituirse.

2.4Como no se estableció un plazo para las medidas dispuestas en esos textos, la situación equivale en realidad a una expropiación encubierta, aunque en derecho estricto los titulares de los bienes no hayan perdido el derecho de propiedad. El Dictamen Nº 16 Z. F., relativo al traspaso del producto de las cosechas de los bienes que anteriormente pertenecían a agricultores franceses y fueron nacionalizados mediante el Decreto de 1 de octubre de 1963, es la única medida oficial de indemnización reconocida a los franceses expoliados. El Dictamen disponía, a título de resarcimiento social, el pago de 10 millones de francos antiguos que debían distribuirse entre los horticultores y los labradores. Sin embargo, en el caso de los bienes mostrencos, las negociaciones no tuvieron éxito.

La denuncia

3.1Las infracciones en cuestión son de seis clases: a) privación de bienes y medios de subsistencia de la minoría francesa expoliada (artículo 1 del Pacto); b) privación del derecho a escoger libremente la residencia en Argelia (art. 12); c) injerencia ilegal en el domicilio de los autores en Argelia, unida a un atentado contra el honor y la reputación de estos (art. 17); d) violación de los derechos de los autores habida cuenta de su situación minoritaria y cultural (art. 27); e) medidas discriminatorias basadas en la vulneración de derechos que constituye el trato diferenciado y no justificado del Estado a los autores en el marco de la expropiación de bienes (artículo 2, párrafo 1, y artículo 26, leídos por separado o conjuntamente, y artículos 17 y 26, leídos conjuntamente); y f) menoscabo discriminatorio del derecho de propiedad (art. 5). Según los autores, los derechos adquiridos por los particulares en el Estado predecesor deben ser protegidos por el Estado sucesor. Este principio forma parte del derecho internacional ordinario y su desconocimiento entraña la responsabilidad internacional de un Estado. Los derechos de propiedad de los nacionales franceses repatriados de Argelia deberían haber sido mantenidos y protegidos por el Estado parte, pero no fue así.

3.2En lo que se refiere al agotamiento de los recursos internos, los autores consideran que estos recursos están abocados al fracaso. En primer lugar, al no haberse creado el tribunal de garantías previsto en los Acuerdos de Evian, se cegó el procedimiento, pues este tribunal debía ordenar investigaciones, invalidar los textos contrarios a la Declaración de garantías y pronunciarse sobre toda medida de indemnización. En segundo lugar, la disposición reglamentaria que autorizaba la expropiación abrió determinadas vías de recurso que fueron cerradas por otros decretos.

3.3En teoría, los propietarios agraviados podían interponer los recursos enumerados a continuación. En primer lugar, era posible interponer ante el Tribunal Supremo: 1) un recurso de anulación de los decretos por los que se instituyó el régimen de bienes mostrencos, del decreto de 9 de mayo de 1963 y del de 1 de octubre de 1963; 2) un recurso contra las decisiones de la comisión nacional relativas a los recursos interpuestos contra las medidas de aplicación del Decreto de 9 de mayo de 1963; 3) un recurso contra las órdenes prefectorales dictadas en aplicación del Decreto de 1 de octubre de 1963; 4) un recurso contra las decisiones por las que se declaraban mostrencos los bienes; 5) un recurso de casación contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Casación en el marco del procedimiento instituido en virtud del artículo 7 del Decreto de 18 de marzo de 1963; y 6) un recurso por abuso de poder cuando la confiscación de bienes es consecuencia de un acto administrativo. En segundo lugar, era posible interponer ante el juez competente para pronunciarse sobre medias cautelares por vía de urgencia (juge des référés) un recurso contra las decisiones futuras por las que se declararan mostrencos los bienes. Por último, era posible interponer ante las comisiones instituidas por el Decreto de 9 de mayo de 1963 un recurso administrativo contra las resoluciones por las que se colocaban los bienes bajo la protección del Estado y contra las decisiones por las que se declaraban mostrencos. Se iniciaron tres procedimientos ante el Presidente del Tribunal de grande instance de Argel en virtud del Decreto de 18 de marzo de 1963; el resultado de estos procedimientos fue favorable, por cuanto se revocaron las decisiones o el Tribunal ordenó un peritaje que determinó que no existía abandono de bienes. Animados por estas tres resoluciones judiciales, los propietarios iniciaron muchos otros procedimientos, pero las decisiones favorables no pudieron ejecutarse. Los recursos interpuestos en virtud del Decreto de 9 de mayo de 1963 no prosperaron, porque las comisiones no llegaron a constituirse. En mayo de 1964 se dictaron dos sentencias que revocaron la resolución del Presidente del Tribunal de Argel y consideraron que el juge des référés seguía siendo competente para entender en los litigios previstos en el Decreto de 18 de marzo de 1963.

3.4Se iniciaron todos los procedimientos válidos. Sin embargo, los tribunales argelinos se declararon incompetentes, remitieron el caso a la comisión administrativa prevista en el Decreto de 9 de mayo de 1963 —que no llegó a constituirse nunca— o atendieron a la demanda, pero su decisión quedó en papel mojado. En lo referente a los recursos ante el Tribunal Supremo, en la práctica es imposible que prosperen los recursos por abuso de poder. Como ningún francés exiliado de Argelia ha podido obtener reparación satisfactoria por la expropiación sufrida, corresponde al Estado parte probar lo contrario.

3.5Ante la imposibilidad de recurrir a un procedimiento judicial en el Estado parte, algunos franceses exiliados de Argelia se dirigieron al Estado francés; el Consejo de Estado desestimó 74 recursos el 25 de noviembre de 1988, el 17 de febrero de 1999 y el 7 de abril de 1999 (asuntos Teytaud y otros). A continuación acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinó que los demandantes habían sido desposeídos de sus bienes por el Estado argelino, que no era parte en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

3.6Respecto de la admisibilidad de la comunicación, los autores argumentan que la comunicación ha sido presentada por particulares que, cuando empezó a violarse el Pacto, estaban sujetos a la jurisdicción del Estado parte, que siguen padeciendo de manera efectiva y personal las violaciones que persisten desde 1962 y que el asunto planteado no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

3.7En cuanto a la competencia ratione temporis del Comité, los efectos de los hechos presuntamente contrarios a los derechos garantizados por el Pacto son continuos y permanentes. Aunque en principio el Comité no es competente ratione temporis respecto de un Estado parte cuyos actos hayan tenido lugar antes de la fecha de ratificación del Protocolo por ese Estado parte, sí lo es cuando dichos actos siguen teniendo repercusiones después de la entrada en vigor del Protocolo y continúan violando el Pacto o teniendo efectos que constituyen una violación del Pacto.

3.8En cuanto al hecho de que los autores tuvieran que esperar hasta 2004 para recurrir al Comité, dado que ni el Pacto ni el Protocolo establecen plazo alguno de presentación, y según la jurisprudencia del Comité, la presentación de las comunicaciones en 2004 no constituye en ningún modo un abuso del derecho a presentar una queja. En primer lugar, los recursos interpuestos en Argelia desde 1962 ante los tribunales nacionales no prosperaron. En segundo lugar, Argelia no ratificó el Pacto ni el Protocolo hasta 1989. En tercer lugar, como es natural, los autores acudieron, como nacionales franceses y por razones nacionales y culturales, a las autoridades francesas en lugar de involucrar a un Estado extranjero. En cuarto lugar, el recurso a los procedimientos francés y europeo (de 1970 a 2001) explica el plazo transcurrido entre 1962 y 2004. En quinto lugar, en agosto de 2001, los demandantes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fueron informados por su abogado de que las decisiones del Tribunal ponían término de manera definitiva a todos los procedimientos en curso. Solo en enero de 2004 se pidió al actual abogado que estudiara el caso y lo presentara al Comité. En sexto lugar, el 5 de diciembre de 2002, el Presidente de Francia anunció la adopción de un cuarto mecanismo jurídico de contribución nacional en favor de los franceses repatriados, que creó la ilusión de una solución definitiva y completa. Sin embargo, el proyecto de ley Nº 1499, de 10 de marzo de 2004, no contemplaba ningún mecanismo de indemnización de los bienes expoliados.

3.9En cuanto a la denuncia de violación del artículo 1, párrafo 2, del Pacto, los autores consideran que, debido a su pertenencia a la comunidad de franceses exiliados de Argelia, han sufrido graves vulneraciones del ejercicio individual de los derechos colectivos, en particular habérseles impedido disponer libremente de su patrimonio y de sus recursos naturales, así como el ejercicio de sus derechos inmobiliarios y de su derecho al trabajo.

3.10En lo referente a la presunta violación del artículo 12, los autores consideran que las condiciones de la huida de Argelia son asimilables a las de un exilio. Debido a la legislación argelina sobre los bienes mostrencos y las confiscaciones, los autores no pudieron establecer su residencia en Argelia ni quedarse en el país. Tampoco pudieron escoger libremente su domicilio ni se les notificó debidamente ninguna restricción conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 12. La privación del derecho de los autores a escoger libremente su lugar de residencia es incompatible con los derechos consagrados en el Pacto.

3.11En lo que respecta a la presunta violación del artículo 17, los autores argumentan que las expropiaciones nunca se hicieron en forma legal. El mecanismo estatal argelino no respetó el principio de legalidad consagrado en el artículo 17. La injerencia en la vida privada, la familia y el domicilio de los autores no estaba autorizada por la legislación argelina. El Estado no tenía facultades legales para actuar solo por la vía reglamentaria, como lo hizo, y no se puso en práctica ninguna medida de protección jurídica para evitar el exilio de los autores.

3.12En referencia a la presunta violación del artículo 27, los autores reivindican su pertenencia a una minoría que en 1962 perdió sus derechos a tener su propia vida cultural en común con los demás miembros de su grupo. Los autores fueron privados de sus derechos debido a la falta de efectividad de las garantías en favor de la minoría francesa; al haber sido obligados a exiliarse, se vieron en la imposibilidad de ejercer su derecho a vivir en Argelia en su propio medio cultural y lingüístico.

3.13Con respecto a la afirmación de que se infringieron los artículos 2, párrafo 1, y 26, leídos por separado o conjuntamente, y los artículos 17 y 26, leídos conjuntamente, los autores son víctimas de una confiscación continua de sus bienes con arreglo a una legislación discriminatoria que atentó sin justificación objetiva ni razonable contra el ejercicio de su derecho de propiedad. En la Ley argelina de 26 de julio de 1963, relativa a los bienes expoliados, se estableció, de manera selectiva y discriminatoria, el principio general según el cual serían declarados bienes del Estado los bienes que hubieran pertenecido a los "agentes de la colonización". Posteriormente, con sujeción a ciertas condiciones, los bienes nacionalizados se restituyeron únicamente a las "personas físicas de nacionalidad argelina" cuyas tierras habían sido nacionalizadas, en contravención de las garantías del Pacto y la jurisprudencia del Comité.

3.14Además, la medida de indemnización de 17 de marzo de 1964 en beneficio exclusivo de una categoría específica de la población (los agricultores) constituye una discriminación. Esta medida establece una diferencia de trato arbitraria y sin justificación alguna que beneficia únicamente a los agricultores. Ahora bien, la obligación de indemnizar sin discriminación alguna es el corolario del derecho a nacionalizar. Por consiguiente, se infringieron los artículos 2, párrafo 1, y 26, leídos por separado o conjuntamente, y los artículos 17 y 26, leídos conjuntamente.

3.15La presunta violación del artículo 5 del Pacto se fundamenta en la conculcación de los derechos y libertades de los autores en 1962. El artículo 5, párrafo 2, también permite invocar la aplicación del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Habida cuenta de las presuntas violaciones mencionadas anteriormente, también se ha infringido el artículo 5.

3.16En cuanto al perjuicio moral y psicológico, los autores solicitan expresamente al Comité que en sus conclusiones declare que el Estado parte, por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto y de su propia legislación, tiene el deber de reparar las violaciones cometidas. El desagravio constituiría en este caso un medio apropiado para la reparación de los daños morales. Habría un elemento de desagravio en el reconocimiento del fundamento de la comunicación, aunque los autores no dejan de tener presente la obligación de reparación en forma de indemnización financiera, justa y equitativa por la expropiación de sus bienes en Argelia.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1El 28 de febrero de 2010, el Estado parte se opuso a la admisibilidad de la comunicación. El Estado parte recuerda que, el 1 de noviembre de 2006, el Comité declaró inadmisible una comunicación similar presentada por Armand Anton. La decisión se basaba en la no retroactividad de la aplicación del Pacto y en el hecho de que este no abarcaba el derecho a la propiedad. El Gobierno de Argelia desea conocer las motivaciones que indujeron al Comité, pese al precedente mencionado y en aplicación del artículo 3 del Protocolo Facultativo, a no declarar inadmisible el conjunto de estas comunicaciones, que califica como abuso de derecho.

4.2Además, el Estado parte alega que los autores no han agotado los recursos internos. Los Acuerdos de Evian preveían un mecanismo de salvaguardia para los ciudadanos franceses que desearan permanecer en Argelia. Sin embargo, los autores o sus derechohabientes salieron voluntariamente del territorio argelino abandonando sus bienes, lo que indujo al Gobierno a adoptar medidas de salvaguardia por razones de orden y seguridad públicos.

4.3Un órgano de las Naciones Unidas no puede aceptar el examen de una comunicación de esta índole porque incumpliría la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el derecho a la libre determinación como norma que debe respetarse para los pueblos bajo dominio extranjero. El Comité debería haber determinado que estas comunicaciones eran incompatibles con el artículo 1 del Pacto. Toda aceptación y todo examen de una denuncia de esta índole equivaldría para el Estado parte a una legitimación de la colonización y a una inversión del derecho en virtud del cual el colonizador pide ser indemnizado por el colonizado que ha sido víctima de la expoliación colonial.

Comentarios de los autores sobre las observaciones del Estado parte

5.1En cartas de 10 de mayo de 2010 y 3 de enero de 2012, los autores formularon comentarios sobre las observaciones del Estado parte. En relación con el agotamiento de los recursos internos, los autores reiteran sus alegaciones sobre la ausencia de recursos efectivos y piden al Estado parte que aporte ejemplos prácticos de los recursos que pueden ejercerse. Los autores citan la Orden Nº 10-01 (Ley de finanzas complementaria para2010), de 26 de agostode 2010, cuyoartículo42 establece que: "Será nula toda transacción realizada por los propietarios iniciales dentro ofuera del país respecto de los bienes inmuebles cuya propiedad haya sidoatribuida al Estadotras la adopción de medidas de nacionalización o estatalización o su abandono por los propietarios. Asimismo, queda prohibida la restitución de los bienes citados anteriormente que hayan sido objeto de cesión por el Estado".

5.2Los autores rechazan la afirmación del Estado parte sobre su salida "voluntaria" de Argelia. El Estado parte menciona "hechos" sin aportar el mínimo indicio de prueba documentada y detallada. Los autores rechazan asimismo la argumentación del Estado parte sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación.

5.3En cuanto a la violación persistente, la distinción entre "hecho ilícito instantáneo con efectos continuos" y "hecho ilícito de carácter continuo" exige un análisis sutil de los hechos y del derecho. El órgano jurisdiccional es competente siempre que la oposición entre las partes (pretensión y oposición) se produzca después de la entrada en vigor, aunque los "hechos" o la "situación" que ocasionan el litigio sean anteriores. Si, pese a todo, la "causa" de la reclamación (o la "fuente" del litigio) es un conjunto de hechos posteriores a la fecha crítica, el órgano será competente aunque el carácter ilícito de los hechos consista en la modificación, o en el no respeto, de una situación creada anteriormente. Por consiguiente, para determinar los efectos de las condiciones temporales es necesario hacer un estudio detenido de los hechos y del derecho, que debe, por tanto, agregarse al examen de fondo.

Deliberaciones del Comité

6.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si dicha comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2El Comité observa que, en este caso, transcurrieron 15 años entre la ratificación del Protocolo Facultativo por el Estado parte en 1989 y la presentación de la comunicación en 2004. Aunque no existe ningún plazo explícito para la presentación de comunicaciones en virtud del Protocolo Facultativo, en determinadas circunstancias el Comité debe recibir una explicación razonable que justifique semejante retraso. En el presente caso, el Comité toma nota de los diversos argumentos esgrimidos por el abogado, que, en opinión de este, explican por qué los autores se vieron obligados a esperar hasta 2004 para presentar la comunicación al Comité (véase el párrafo 3.8). En cuanto al hecho de que el Estado parte no ratificara el Pacto ni el Protocolo Facultativo hasta 1989, el abogado no explica por qué los autores no iniciaron las actuaciones en el Estado parte en ese momento. El Comité observa también que los autores recibieron una indemnización de Francia, y que solo al haberse enterado de que el proyecto de ley francés Nº 1499, de 10 de marzo de 2004, no preveía un mecanismo que ofreciera indemnización por los bienes expropiados en Argelia, los autores decidieron proceder contra el Estado parte, no ante sus tribunales ni organismos administrativos nacionales, sino directamente ante el Comité. En opinión del Comité, los autores podrían haber iniciado actuaciones contra el Estado parte cuando este se adhirió al Pacto y al Protocolo Facultativo, y las actuaciones iniciadas en Francia no les impedían iniciar un procedimiento contra Argelia ante el Comité. Los autores no han dado una explicación convincente que justifique la decisión de esperar hasta 2004 para presentar su comunicación al Comité. A falta de explicación, el Comité considera que la presentación de la comunicación tras un plazo tan prolongado equivale a un abuso del derecho a presentar comunicaciones y concluye que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.

7.Por lo tanto, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y de los autores.

[Adoptada en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto francés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

Apéndice

Lista de autores

	ACQUAVIVA VALERO, Dolores
	ADRAGNA, Rose
	AGUADO, Antoine
	ALBEROLA, Marie
	ALBOUY, Maryse (née JURADO)
	ALLIONE, Régine
	AMADOR, Germaine
	AMATE, Henry – Marius
	AMATE, Henry
	AMATE, Henry-Marius
	AMATE, Maryse
	AMATE, Pierre
	ANAHORY, Ambroise
	ANDREO, Emma
	ANDREO, Jean Joël
	ANGLADE, Gérard
	ANGLADE, Marcel
	ANGLADE, Roleine
	ARACIL, Alain
	ARACIL, Lucie
	ARNAUD, Alain
	ARNAUD, Janine
	ARNAUD, Maryse
	ARNAUD, René
	ASNAR, Marie-Louise (née CASTANO)
	ASNAR, Michelle (née BROTONS)
	ASTIER, Nelly
	AUDISIO, Danielle (née FAES)
	AUDOUY, Marie (née TOUSTOU)
	AUZIAS, Monique
	AVERSENG, Michel
	AZORIN, René
	AZZOPARDI, Charles
	BALLESTER, Jacqueline
	BALTAZAR, Bernadette
	BANDET, Huguette
	BANON, Philippe
	BARBAUD, Françoise
	BARBAUD, Paul-Robert
	BARCELO, Marcel
	BARRET, Carmen (née GARCIA)
	BARRET, Jean-Louis
	BARRIERE, Denise
	BARTOLO, Eliette
	BAYARD, Denise
	BAYARD, Serge
	BELLIER, Hélène
	BELLIER, Paul
	BELZER, Jacques
	BERNAD, Jean-Jacques
	BERNAD, Jean-Pierre
	BERNAD, Lucienne
	BERNARD, Olga
	BILLARD, André
	BILLARD, Marie
	BILLUART, Adèle
	BIREBENT, Danielle (née GARCIA)
	BIREBENT, Paul
	BLANDIN, Marie-Claude
	BLANDIN, Norbert
	BOBBIA, Jean-Charles
	BOBBIA, Marie-Claude
	BOBBIA, Renée
	BOBBIA, Marie-Yvonne
	BONED, Claudine
	BORONAD, Vincent
	BORRAS, André
	BORRAS, Félicie
	BORRAS, Gabriel
	BORRAS, Jacques
	BORRAS, Jacques Pierre
	BOSC, Jean-Pierre
	BOSSERT, Georges
	BOSSERT, Luc
	BOUBAY, Marie-Hélène (née DUBUCHE)
	BOUCHERAT, Helyette
	BOUCHERAT, Rollande
	BOUIE, Jacqueline (épouse MAS)
	BOURGEOIS, Alain
	BOURGEOIS, Jean-Michel
	BOURGEOIS, Micheline (née SALA)
	BOURREL, Annie
	BOUTIN, Georges
	BREVARD, Marcelle
	CABANIE, Alfred
	CABANIE, Simone (née GOILLOT)
	CABOT, Jacques
	CABOT, Jean-Louis
	CABOT, Suzanne
	CACHIA, Henri
	CALLEJA, Hervé
	CALMELS, Renée
	CAMBOS, Lydie (née CANNOVA)
	CAMELIS, Jean-Michel
	CAMPILA LOUIS, Nicole
	CAMPRUBI, Josette
	CAMPS, Albert
	CAMPS, Nicole
	CANTINEAU, Paule (née CARDONA)
	CARAVACA, Joseph
	CARDENTI, Alain
	CARDI, Édouard
	CARDI, Ignace
	CARDIS, Hippolyte
	CARRIERE, Jean
	CASA, Marie-Thérèse
	CASANOVA, Yves
	CASAVECCHIA, Fernande
	CASIN, Charlette
	CASSAGNE, Jean-Marie
	CASSAGNE, Pierre
	CASTET, Suzanne
	CAZAUX, Armand
	CAZENAVE, Georges
	CHAMUEL, Michèle
	CHARRIN, Georges
	CHARRIN, Jean-Claude
	CHARRIN, Pierre Yves
	CHEYMOL, Edmond
	CHIEZE, Jean
	CIOMEI, Pierre
	CLAVENAD, Sylviane (née MALISSON)
	COHEN SOLAL, Fernand
	COLIN, Robert
	COLINO, Mathieu
	COMBES, Jacqueline (née FERNET)
	COMBES, Philippe
	COMTE, Chantal (née SERRES)
	COMTE, Pierre-Yves
	CONTE, Anne
	CORBALAN, Vincent
	CORDINA, Francis
	CORNUS, Lydia
	CORTES, Renée
	COUTELIER, André
	CRIVELLO, Marcel
	CROMBET, Michelle (née BIREBENT)
	CROS, Claude
	CROS, Guy
	CROS, Jean Félix
	CROS, Renée
	CUBA, Françoise (épouse BERNARDO)
	DANET, Éliane
	DARIES, Jean-Marie
	DAVID, Alain
	DAVID, Angèle (née LLEDO)
	DAVID, Guy
	DAVIN, Nicole (épouse BOBBIA)
	DAYMAND, Paulette
	DEBONO, Louis
	DELENSEIGNE, Anny
	DELEUZE, Madeleine
	DELZENNE, Marie-France (née BORRAS)
	DEOM, Reine (née DROSS)
	DEVAUX, Jean-Marcel
	DI MAIO, André
	DI MAIO, Bernadette
	DI MAIO, Jean-Paul
	DI MAIO, Pierre
	DIANOUX, Adrienne
	DIMECH, Marcelle
	DISTINGUIN, Cyril
	DOLL, France
	DOLL, Véronique
	DONNADIEU, Jean-Marie
	DOUMENS, Jean
	DUBOUCH, Alain
	DUBOUCH, Bernard
	DUBOUCH, Roger
	DUDOGNON, Jacqueline (née NORIS)
	DUMONT, Georgette
	DUPEUX, Pierre
	DUPLAN, Armand
	DUPONT, Arlette (née GONZALEZ)
	DUPONT, René
	DUPONT, Suzanne
	DUPUY, Jacques
	DUVERGEY, Lisette (née KIENTZLER)
	DYE, Jean-Marie
	ESPINERA, Camille
	ESPINOSA, Manuel
	EYMARD, Denise
	EYMARD, Monique
	FA, Odile
	FABRER, Bernard
	FAUR, Monique
	FEDOUL, Dris
	FENOLLAR, René
	FERNANDEZ, Gilbert
	FERNANDEZ, José
	FERRER, Bernadette
	FERRER, Lucienne
	FIESCHI, Jacques
	FIESCHI, Marie-José
	FILLACIER, Claude
	FILLACIER, Monique
	FLAMANT, Nelly (née PITAVIN)
	FLINOIS, Claude
	FLOUTTARD, Jean-Pierre
	FLOUTTARD, Suzanne (née COTTE)
	FOISSIER, Gislaine (née PERLES)
	FONTAINE, Christian
	FONTI, Reine
	FORT, Rolland
	FORTESA, Louis
	FOUILLERON, Armande
	FOUILLERON, Jeanine (née JANDRIEU)
	FOUILLERON, Jean-Pierre
	FOUILLERON, Monique
	FOUILLERON, Philippe
	FOUROUX, Lucien
	FRAIZIER, Jean-Marc
	FRAIZIER, Josette (née PUIG)
	FRANCOIS, Michel
	FUGET, Marie-Laure
	FUGET, Robert
	GADEA, Vincent
	GADEA, Vincent
	GALVES, Emmanuel
	GALVES, Michelle
	GALVEZ, Émilie
	GANDOLPHE, Léonce
	GANDOLPHE, Léonce
	GARCIA, Arlette
	GARCIA, Carmen
	GARCIA, Clorinde
	GARCIA, Électre (née FERNANDEZ)
	GARCIA, Gabriel
	GARCIA, Joseph
	GARCIN, Georges
	GASSO, Jean-Claude
	GASSO, Jeanne
	GASSO, Michel
	GAUBERT, Maurice
	GAUCI, Charles
	GAUCI, Colette
	GAUDICHON, Bernard
	GENTHIAL, Gérald
	GIGANDET, Albert
	GIGON, Paule
	GIOVANNONE, Alice
	GIOVANNONE, Christiane
	GOILLOT, Gaston
	GONERA, Florence (née HENRI)
	GOURBEYRE, Claude
	GRANJON, Chantal
	GRIMA, Gladys (née FEDERIGI)
	GRIMA, Jean
	GRIMA, Paulette
	GUARESCHI, Fernand
	GUARESCHI, Marie (née NOCERINO)
	GUERRY, Anne-Marie
	GUIAUCHAIN, Jacques
	GUICHARD, Georges
	GUILLAUME, Maryvonne
	GUIRAUD, Jean-François
	GUISSET, Colette
	GUITONEAU, Michelle
	GUTTIEREZ, Francis
	GUY, Roger
	HAMELIN, Albert
	HAMELIN, Odette
	HAUDRICOURT, Marlène
	HAUDRICOURT, Paul
	HENRI, Céline
	HENRI, Claude
	HENRI, Edmond
	HENRI, Jean Marc
	HENRI, Marc
	HERAULT, Astride (née KIENTZLER)
	HONNORAT, Christiane
	HOUDOU, Anne-Marie
	HUMBERT, Yvon
	HUNTZINGER, Marcelle (née CHIEZE)
	HUOT, Viviane
	IACONO, Claude
	INFANTES, Antoine
	INZAINA, Claudine
	JACOMO, Huguette
	JAEN, Jean-Claude
	JUAN, Antoine
	JULIEN, Cyrille
	JULIEN, Gautier
	JURADO, Louise
	KARSENTY, Menahim
	KIENTZKER, Charles
	KIENTZLER, René
	KLOCK, Chantal
	KRAFT, Suzanne
	LA CASA, Didier
	LACRAMPE, Yvette
	LAEMMEL, Claude
	LAFFORGUE, Cécile (née CROZE)
	LAGARDE, Georges
	LAMIRAULT Marie, Chantal (née LOUIS)
	LANCRY, Denise (née CHERKI)
	LANCRY, Roger
	LANIEL, Jean-Pierre
	LARDEAUX, Aristide
	LARGE, Jean-Pierre
	LARTIGUE, Josiane
	LASSERRE, Josée
	LAURENT, Daniel
	LAURENT, Odile
	LAVAYSSE, Bernard
	LAVAYSSE, Philippe
	LECLERCQ, Régine
	LESCOMBES, Germain
	LESCOMBES, Raymond
	LISSARE, Dolores
	LLACER, Frédéric
	LELLBACH, Gérald
	LLEU, Juliette
	LLEU, Michel
	LLORCA, Jacqueline (née MAGLIOZZI)
	LOBELL, Angèle
	LOPEZ, Huguette
	LOPEZ, Marie-Dolores (née MARTINEZ)
	LOPINTO, Arlette
	LORENZ FALZON, Andrée
	LORTIE, Rolande
	LOUIS, Christian
	LOUIS, Edmonde (née LUCCI)
	LOUIS, Marie-France
	LOUVIER, Ignace
	LOUVIER, Sylviane
	LUBRANO, Alexandre
	LUBRANO, Lucie
	LUCCI, Alain
	LUCCI, Gilbert
	LUCCI, Louis
	LUCCI, Vincent
	LUPISGICH, Nieves (née VIXCAINO)
	MACALLUSO, Arlette
	MAIGUES, Raymond
	MARCE, Solange
	MARECHAL, Colette (née ROS)
	MARGUERITE, Michèle
	MARI, Jean
	MARIN, Marie-Claire
	MARTIN, Georges
	MARTIN, Micheline (née FABRE)
	MARTIN, Nicolas
	MARTINEZ, Alberta
	MARTINEZ, André
	MARTINEZ, Antoine
	MARTINEZ, Christian
	MARTINEZ, Denise
	MARTINEZ, Edmonde (née VICENTE)
	MARTINEZ, Gilbert
	MARTINEZ, Guy
	MARTINEZ, Jean-Claude
	MARTINEZ, Jofrette
	MARTINEZ, Joseph
	MARTINEZ, Marcel
	MARTY, Anne-Marie
	MARTY, Simone (née ROUX)
	MAS, Jacqueline (née BOUIE)
	MASQUEFA, Antoinette
	MASQUEFA, Hubert
	MATHIEU, Michèle
	MAURANGE, Janine (née RIQUELME)
	MAURANGES, Claude
	MEDINA, Victor
	MENE, Gabriel
	MERCURI, Monique
	MERLENG, Rose
	MESTRE, Edgar
	MICALEFF, Pierre
	MIRBELLE, Louis
	MOATTI, William
	MOLLAR, Jean-Pierre
	MOMMEJA, Alain
	MOMMEJA, Hélène (née BERTHET)
	MOMMEJA, Laurent
	MOMMEJA, Marc
	MOMMEJA, Marie-José
	MOMMEJA, Michel
	MOMMEJA, Régine
	MONMIREL, Janie (née VIAL)
	MONREAL, Henri
	MORALES, Armand
	MORAND DE LA GENEVRAYE, Jacqueline
	MOREL, Pierre
	MORETTI, Geneviève (née CARDI)
	MOULIS, Jean-Claude
	MOULIS, Roberte (née MOULIS)
	MULLER, Georges
	NAUD, Claude
	NAUD, Élisabeth (née LLEU)
	NAUD, Henri
	NAUD, Jean
	NAUD, Robert
	NAVARRO, Antoinette
	NAVARRO, Germaine
	NAVARRO, Joachim
	NAVARRO, Marie (épouse MUCCI)
	NEBOT, Daniel
	NEBOT, Didier
	NEBOT, Evelyne
	NOGARET, Robert
	NOIRET, Jean Germain
	NOUGARO, Lydia
	NUNCIE, Geneviève (née LAVAYSSE)
	OLIBE, Louise
	OLIVIERI, André
	OLIVIERI, Charly
	OLIVIERI, Louis
	PAPALIA, Anne
	PAPALIA, Dominique
	PAPALIA, Françoise
	PAPALIA, Michèle
	PARINI, Louis
	PASTOR, Jeanne (née LUCCI)
	PASTOR, Jeanne (née LUCCI)
	PAULY, Elizabeth (GRANJON)
	PAYA, André
	PAYET, Marie-Jane (née DEVESA)
	PELLISSIER, André
	PEREZ, Alain
	PEREZ, Marie
	PERLES, Ginette
	PERLES, Marcelle
	PERLES, Serge
	PETIT, Robert
	PETREQUIN, Paul
	PETRO, Marlyse (née OLIVIERI)
	PEYRE, Jacques
	PEYROT, Jacqueline (née DI NAPOLI)
	PHILIPPE, Chantal
	PICHOT, Jean
	PICONE, Brigitte (née BUSSUTIL)
	PICONE, Didier
	PICONE, Jean-Jacques
	PICONE, Marie-Thérèse
	PIERRE, Juliette
	PIGNODEL, Hermine
	PINA, Jeanine
	PIRO, Joseph
	PODESTA, Hélène
	PODESTA, Jean
	POLETTI, Jean-Pierre
	PONS, Colette
	PONS, Jocelyne (née SEYLER)
	PONT, Achille
	PONT, Huguette (née MARTINEZ)
	PONT, Louis
	PONT, Lucette
	PORCEDO, Aline (née GIROUD)
	PORTELLI, Christian
	PORTELLI, Jean-Pierre
	PORTELLI, Michèle
	PORTIGLIATTI, Arielle (née CALLEJA)
	POUYET, Raphaëlle (née THYL)
	POVEDA, Antoine
	PRA, Marc
	PRADEL, André
	PRADEL, Didier
	PRADEL, Henri
	PRADEL, Suzanne (née TISSOT)
	PRALY, Hervé
	PUIDEBAT, René
	QUINTARD, Marie-Paule (née MORIN)
	RAMADE, Jacques
	RAMADE, Marie-Hélène (née TROUSSARD)
	RAMIREZ, Huguette (née GIMENEZ)
	RAPIN, Marie
	RAPIN, Yves
	RAVOT, Berthe
	RAVOT, Gilbert
	REDON, Marius
	REINOLD, Eveline (née FONT)
	REY, Roselys (née REICHERT)
	RIBAS, Antoine
	RIBAS, José
	RIBAS, Maria
	RIBAS, Vincent
	RICO, Zahrie
	RIEU, Marcel
	RIVIERE, Gisèle (née MARTINEZ)
	ROBERT, Fernand
	ROMAGGI, Georges
	ROMAGGI, Paulette
	ROMERA, Mathilde
	RONGEAT, Georges
	ROS, Antoine
	ROS, Suzel (née TROUSSARD)
	ROSEMPLATT, Marlène (épouse HAUDRICOURT)
	ROSENZWEIG, Guy
	ROSENZWEIG, Jeannine
	ROUCOULES, Guy
	ROUCOULES, Josette
	ROUCOULES, Maurice
	ROUCOULES, Paul
	ROUCOULES, Renée
	ROUX, Marie-Ange (née VALENTI)
	ROUX, René
	RULLIER, Marie-Madeleine (née WASMER)
	SAIMAN, Alain
	SAIMAN, Bernard
	SAIMAN, Divine
	SAIMAN, Janine (née LELLOUCHE)
	SAJOUS, Francine (née MALE)
	SALA, Jacqueline
	SALA, Jean Claude
	SALA, Renée (née CAZAUX)
	SALAS, Pierre Louis
	SALLAN, Maryse
	SALVAT, Jean Pierre
	SALVAT, Joseph
	SAMTMANN, Armand
	SANCHEZ, Roger
	SANCHO, Laure (née BERNABEU)
	SANTANA, Michel
	SANZ, Henriette
	SAVES, Simone (née JAUBERT)
	SCHREYECK, Huguette
	SCHWAL, Jean-Michel
	SCHWAL, Michèle (née PIERRE)
	SCHWAL, Stéphane
	SCOTTI, Jean-Claude
	SCOTTO, Jean-Pierre
	SEGUI, Jean-Luc
	SEGUI, Martine
	SEGUI, Paule
	SEGUI, Paule (née BOSCH)
	SELLES, Angèle
	SEMPERE, Marcel
	SEMPOL, Émile
	SEPET, Nicole
	SERRES, Hélène
	SEVERAC, Louis
	SEYLER, Jean-Paul
	SOCIAS, Sébastien
	SOLER, Antoinette
	SOLER, Danielle (née SARAMITE)
	SOLER, Philippe
	SOULIER, Robert
	STREIT, Albert
	SUCH, Odile
	SUCH, Patrick
	TARI, Emmanuelle (née VIDAL AVEILLAN)
	TENZA, Joseph
	TEPPET, Danielle
	TEPPET, Guy
	TEPPET, Marie-Jeanne (née DROSS)
	THIEBEAUD, Jean-Paul
	TOCHON, Claude
	TORRA, Suzanne
	TORREGROSA, Jean-Pierre
	TORRES, Fernand
	TOUSSAINT, Edmée (née ACOLAS)
	TRAVERSE, Paule (née FROMENTAL)
	TRISTAN, Mathilde
	TROUSSARD, Gabriel
	TRUCHI, Marcel
	VALAT, Marie-Rose (née FUGET)
	VALVERDE, Louisette
	VALVERDE, Marc
	VALVERDE, Marie Christine (née GARCIA)
	VEILLON, Christian
	VELA, Claude
	VELLA, Thérèse
	VERDOUX, Agnès
	VERDOUX, Christian
	VERDOUX, Gérard
	VERDOUX, Sébastien
	VIAL, Jean
	VIDAL, Martine (née PIERRE)
	VIGIER, Jean-Gilles
	VIGIER, Yvette
	VIGNAU, André
	VIGNAU, Danielle
	VITIELLO, Jackie
	VITIELLO, Michèle (née NACHTRIPP)
	VITIELLO, Pierre
	VIUDES, André
	VIUDES, Fabienne
	VIUDES, Frédéric
	VUILLAUME, Claude
	VUILLAUME, Rose
	VUILLAUME, Yves
	WAAS, Michel
	WAGNER, Georges
	WAGNER, Sylviane (née MORIN)
	WARISSE, Marie-France
	WARISSE, Roger
	WIETRICH, Gislaine (née FLEDDERMANN)
	WIMET, Paulette (née FULLANA)
	ZAMMIT, Charley