Lista de abreviaciones

ADEI	Agencia para el Desarrollo Empresarial y la Innovación
APIMUD	Asociación de Cabo Verde para la Promoción y la Inclusión de lasMujeres con Discapacidad
ARC	Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Sociales
CCS‑SIDA	Comité de Coordinación de la Lucha contra el SIDA
CEDCM	Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CIGEF	Centro de Investigación y Capacitación en Cuestiones de Género yFamilia
CNDHC	Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía
CPLP	Comunidad de Países de Lengua Portuguesa
DGAPE	Dirección General de Apoyo a los Procesos Electorales
ECA	Estatuto del Niño y del Adolescente
EHTCV	Escuela de Gestión Hotelera y Turística
ETS	Enfermedad de transmisión sexual
ICCA	Instituto de Cabo Verde del Niño y el Adolescente
ICIEG	Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad de Género
IEC	Información, educación y comunicaciones
IEFP	Instituto de Empleo y Formación Profesional
INE	Instituto Nacional de Estadística
LGBTI	Lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales
MORABI	Asociación de Apoyo a la Autopromoción de las Mujeres enelDesarrollo
NPCSVCA	Plan Nacional para Combatir la Violencia Sexual Contra Niños yAdolescentes
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMCV	Organización de Mujeres de Cabo Verde
ONG	Organización no gubernamental
ONU‑Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y elEmpoderamiento de las Mujeres
OSC	Organización de la sociedad civil
PEDS	Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible
PISI	Proyecto para la Integración Social de los Inmigrantes
PNIG	Plan Nacional de Igualdad de Género
PNVBG	Plan Nacional de Lucha contra la Violencia por Razón de Género
PTMI	Prevención de la transmisión maternoinfantil
RMPCV	Red de Mujeres Parlamentarias de Cabo Verde
SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SIGO	Sistema Integrado de Gestión Operacional
SSR	Salud sexual y reproductiva
TIC	Tecnología de la información y las comunicaciones
UniCV	Universidad de Cabo Verde
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
VERDEFAM	Asociación de Cabo Verde para la Protección de la Familia
VIH	Virus de la inmunodeficiencia humana

Introducción

El presente es el noveno informe periódico de la República de Cabo Verde al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que abarca un período de cuatro años (de junio de 2013 a julio de 2017) y consta de dos partes: un documento básico común y el presente documento específico relativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDCM), presentados en documentos distintos, ambos preparados de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes (HRI/GEN/2/Rev.6).

La elaboración del informe específico de la CEDCM estuvo coordinada por el Instituto de Cabo Verde para la Igualdad y Equidad de Género (ICIEG), en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (CNDHC). Se estableció un Comité de Supervisión para tal fin, integrado por representantes del ICIEG, la CNDHC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Familia e Inclusión Social y ONU‑Mujeres. El Comité de Supervisión involucró a los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) a través de un taller inicial y a lo largo de todo el proceso de recogida de datos. La versión preliminar del informe se compartió con todas las partes interesadas y se organizó un taller al respecto el 11 de septiembre, cuyas contribuciones se reflejan en el presente documento.

El informe se divide en tres partes: la parte I presenta información detallada sobre las medidas adoptadas por Cabo Verde en respuesta a las recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; la parte II expone información sobre los resultados logrados en la aplicación de los artículos sustantivos de la CEDCM, organizados de acuerdo con la estructura de la Convención, cuando existen otros avances además de los notificados en la parte I; la parte III se centra en los procesos de revisión de los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.

I.Aplicación de las recomendaciones

Recomendación 1: El Parlamento

El Parlamento de Cabo Verde ha fortalecido su papel legislativo y de supervisión. En 2013 la Red de Mujeres Parlamentarias de Cabo Verde (RMPCV) llevó a Cabo una misión sobre el terreno para supervisar la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género en todos los municipios del país; las principales limitaciones detectadas se examinaron con las instituciones que tienen responsabilidades en la aplicación de la mencionada ley.

La RMPCV, en colaboración con el ICIEG, ha participado activamente en el análisis y la supervisión de las políticas y los presupuestos públicos desde una perspectiva de género, ejerciendo además una labor de concienciación entre los demás parlamentarios. Las mujeres parlamentarias realizaron un primer análisis de género del presupuesto estatal de 2015, que puso de manifiesto el hecho de que solo una minoría de los programas presupuestarios aborda explícitamente la igualdad de género; y que los fondos asignados a la aplicación de los planes nacionales de igualdad de género –el Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG) y el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia por Razón de Género (PNVBG)– estaban muy por debajo de las partidas previstas. Este análisis dotó a la RMPCV de argumentos para influir en el debate sobre el presupuesto, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones especializadas, y propició en el interior de determinados ministerios la reasignación de fondos a medidas prioritarias en materia de género. También se celebró un debate en el Comité de Finanzas y Presupuesto, en presencia del Ministro de Finanzas, sobre la necesidad de mejorar los objetivos, resultados e indicadores de género de los programas e incorporar proyectos específicos en cada programa para la aplicación de las prioridades de género específicas de cada sector.

En marzo de 2017, la RMPCV organizó un taller de capacitación sobre supervisión del presupuesto desde una perspectiva de género, destinado a hombres y mujeres parlamentarios, personal del ICIEG y líderes de la sociedad civil. Al final del taller, todos los participantes firmaron una carta de compromiso (Carta de Mindelo) para supervisar la incorporación de la perspectiva de género en el próximo Plan Estratégico para el Desarrollo Sostenible (PEDS) y el presupuesto estatal. La carta de compromiso y las recomendaciones del taller se presentaron al Ministro de Finanzas y el Ministerio de Familia e Inclusión Social, sugiriendo la clara incorporación y determinación de las prioridades en materia de género en los instrumentos de planificación financiera; e instando a que los programas, proyectos y actividades del PEDS integren medidas para promover la igualdad de género en todos los ministerios. Se preparó un Programa para la Supervisión del Presupuesto Estatal desde una Perspectiva de Género, el cual abarca todas las etapas del ciclo presupuestario.

La RMPCV también ha estado trabajando en el plano legislativo, en particular en el fortalecimiento del marco jurídico para la paridad entre los géneros en los puestos de adopción de decisiones y la participación política (se informa al respecto en la recomendación relativa a la participación en la vida política y pública).

Recomendación 2: Divulgación de la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité

El documento básico común presenta las medidas adoptadas para difundir y aumentar la conciencia sobre los derechos humanos (párrafo 192 y siguientes), en particular sobre la CEDCM. La difusión de la Convención entre las mujeres, en particular las mujeres de las zonas rurales, se ha asegurado en estrecha colaboración con las OSC. La difusión de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género está vinculada a los instrumentos de derechos humanos, en particular la CEDCM.

Como se indica en el documento básico común (párr. 165), las disposiciones en materia de derechos humanos, incluidas las disposiciones de la Convención, se están invocando ante los tribunales y los departamentos administrativos. Las actividades de concienciación puestas en marcha con jueces y encargados de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (sobre las que se informa en la recomendación relativa a la violencia contra la mujer) contribuyen a mejorar los conocimientos de los tribunales sobre las disposiciones de la Convención.

Recomendación 3: Institución nacional de derechos humanos

En cuanto al cumplimiento de los Principios de París por parte de la CNDHC, véase el documento básico común (párrs. 182 a 191), así como la tendencia positiva en el presupuesto de la CNDHC (párrs. 208 y 209). Entre los comisionados de la CNDHC (en representación de los departamentos gubernamentales y las OSC) se incluyen 16 mujeres y 14 hombres.

La CNDHC tiene claras y amplias responsabilidades en la protección y promoción de los derechos humanos, de conformidad con sus estatutos, que abarcan también la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer. El Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos y Ciudadanía (2017‑2022), que se aprobará este año, incluye una sección de igualdad de género, con especial énfasis en el empoderamiento económico de la mujer, la necesidad de servicios de apoyo infantil adaptados a las necesidades de las mujeres en el sector no estructurado, la movilización de los hombres a favor de la igualdad de género, y la no discriminación de las niñas embarazadas en edad escolar. También pone de relieve la necesidad de combatir la discriminación basada en la orientación sexual.

La CNDHC ha puesto en marcha medidas concretas para promover la igualdad de género, como la campaña de gran resonancia Ami é Pai (Soy padre), con el fin de sensibilizar a la población general y a los hombres sobre la paternidad responsable. La CNDHC colabora en actividades de capacitación organizadas por sus asociados y las escuelas, facilitando módulos sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la identidad sexual, el género y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

La Oficina del Ombudsman (párrafos 169 a 173 del documento básico común) está formada por 12 funcionarios: 8 mujeres y 4 hombres, además del propio Ombudsman, que es un hombre (3 mujeres y 2 hombres en puestos directivos, 5 mujeres y 1 hombre en puestos técnicos, 1 hombre y 1 mujer como personal de apoyo). Entre 2014 y 2016 el Ombudsman recibió 399 denuncias, de las cuales el 29% provenían de mujeres. La proporción de denuncias presentadas por mujeres ha aumentado progresivamente a lo largo del tiempo, desde el 18,6% en 2014 hasta el 37,3% en 2016, lo que indica un mayor conocimiento de este mecanismo entre las mujeres.

Recomendación 4: Mecanismo nacional para el adelanto de la mujer

La nueva estructura del Gobierno (Decreto Ley núm. 37/2016, de 17 de junio) atribuye al Ministerio de Familia e Inclusión Social las competencias gubernamentales en materia de infancia, ancianos, personas con discapacidad, lucha contra la pobreza y promoción de la igualdad de género. Así, por primera vez, un Ministro tiene responsabilidades sobre la igualdad de género, que se suman a la supervisión del ICIEG.

Desde 2012 el ICIEG cuenta con nueve profesionales. A pesar de los límites actuales a la contratación en la administración pública, se creó un nuevo puesto en el ICIEG a través de la Resolución núm. 54/2017 (de 15 de junio) para la contratación de personal técnico adicional.

Durante el proceso de elaboración del PNIG, en 2014 se creó un Comité Técnico Ampliado, integrado por coordinadores del sector y un representante de la Asociación Nacional de Municipios, entre otros (la RMPCV y la sociedad civil). Todo el proceso de elaboración del PNIG contó con una buena participación e incluyó una autoevaluación de la capacidad de los sectores para la incorporación de la perspectiva de género. Habida cuenta de la movilidad del personal en las instituciones, algunos sectores tienen que nombrar nuevos coordinadores.

Los sectores que más han consolidado los coordinadores de cuestiones de género son los que designaron representantes en el Comité Nacional de Supervisión de la Aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, creado en 2013. Los miembros designados recibieron formación sobre la igualdad entre los géneros, la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género y el Plan Nacional para su aplicación (PNGBV). No obstante, este Comité aún no se ha constituido formalmente; se encuentra en mitad de un proceso recientemente reiniciado a través del Ministerio de Familia e Inclusión Social que debe desembocar en su aprobación por parte del Gabinete.

Algunos programas cuentan con dependencias de género (por ejemplo, el Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza), mientras que varios ayuntamientos tienen entre sus miembros ejecutivos a concejales encargados de la igualdad de género (o asuntos de la mujer), lo que demuestra que la igualdad de género está cada vez más presente en los programas de las autoridades locales.

Entre 2012 y 2015, los fondos asignados con cargo al presupuesto estatal para el ICIEG aumentaron gradualmente (de 15.848.939 a 24.340.534 escudos de Cabo Verde), y se redujeron a 23.560.170 escudos de Cabo Verde en 2016, aunque posteriormente se consignaron otros 2.247.563 escudos para la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género. Sin embargo, su principal fuente de financiación siguen siendo los fondos internacionales. Entre 2012 y 2016, se movilizaron 55.948.048 escudos (566.750 dólares de los Estados Unidos) procedentes del fondo fiduciario en apoyo de las medidas para eliminar la violencia contra la mujer, y 54.552.481 escudos (552.613 dólares) a través del Programa de ONU‑Mujeres en Cabo Verde. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de las Naciones Unidas también financian proyectos del ICIEG, así como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la cooperación española y, en ocasiones, otros asociados bilaterales.

Durante el período que se examina, se mantuvo una estrecha colaboración entre el ICIEG y la sociedad civil e incluso se extendió a nuevas asociaciones, como es el caso de la Asociación de Cabo Verde para la Promoción y la Inclusión de las Mujeres con Discapacidad (APIMUD) y la Asociación para Luchar contra la Violencia de Género (ALCGBV), ambas creadas en 2015. La APIMUD (anteriormente denominada Comité de Mujeres con Discapacidad, adscrita a la Federación de Personas con Discapacidad de Cabo Verde) ha participado en todas las iniciativas de planificación de la igualdad de género y en las reuniones para supervisar los avances, y su labor se considera clave en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres con discapacidad.

El ICIEG aporta fondos para proyectos de las OSC y facilita el acceso de estas a las organizaciones de financiación. No obstante, la disponibilidad de financiación depende de la movilización de recursos. En el caso de la APIMUD, el ICIEG contribuyó junto con otros asociados a amueblar la sede de esta asociación (en julio de 2016). La APIMUD recibe una subvención del Ministerio de Familia e Inclusión Social como ayuda a sus actividades. También se brinda apoyo a proyectos concretos.

Recomendación 5: Medidas especiales de carácter temporal

Cabo Verde se ha esforzado de manera constante por analizar la situación de la mujer en todas las esferas de la vida y determinar aquellas en que persiste la desigualdad. En algunos ámbitos, Cabo Verde se está planteando la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, como es el caso de la participación de la mujer en la adopción de decisiones, especialmente en la política (véase la sección relativa a la participación en la vida política y pública); y el empoderamiento económico de la mujer, mediante directrices de políticas y programas, en particular para la reducción de la pobreza y la creación de oportunidades económicas (véanse las secciones relativas al empleo, a la mujer rural y a los grupos de mujeres desfavorecidos).

Las medidas especiales de carácter temporal adoptadas en relación con las personas con discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, se describen en varias secciones del informe.

Recomendación 6: Estereotipos y prácticas nocivas

Estrategia integral para eliminar los estereotipos y las prácticas nocivas

La Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género prevé la elaboración y aplicación de un plan de prevención y sensibilización. Este se puso en marcha a finales de 2014 mediante el segundo PNVBG, que supone un pilar estratégico para la información, la concienciación y la producción de datos, y contiene medidas para promover la igualdad de género y una cultura de no violencia, hacer frente a las normas culturales y sociales discriminatorias, y desarticular los estereotipos sexistas que legitiman la desigualdad y la violencia por razón de género, incluida la mutilación genital femenina. La educación y los medios de comunicación se consideran sectores o agentes clave en el Plan, así como las OSC y los hombres y los niños varones, en su calidad de motores fundamentales para el cambio de conducta y actitud. El Plan toma en consideración varias formas de violencia que aún no se han abordado de manera integral, como la mutilación genital femenina.

Sistema educativo

El ICIEG, en asociación con el Ministerio de Educación, ejecutó el proyecto Escuelas Promotoras de Igualdad, que contó con la participación de escuelas de las islas de Fogo, Sal y la zona urbana de Praia (donde se registran las estadísticas más elevadas de violencia por razón de género). Por medio de este proyecto se capacitó a 257 docentes, que posteriormente prepararon y aplicaron 24 planes de acción para promover la igualdad de género y combatir la violencia por razón de género mediante actividades en las aulas, las escuelas y las comunidades escolares. El proyecto elaboró varios materiales de campaña, entre ellos tres anuncios televisivos.

El reciente Plan Estratégico para la Educación (2017‑2021) incluye la igualdad de género de manera transversal: el Plan se compromete a aplicar estrategias y prácticas institucionales que se adapten a las necesidades específicas de los niños y las niñas, y la igualdad de género forma parte de todos los programas y procesos de planificación, presupuestación y seguimiento. El Ministerio de Educación ya está trabajando en la revisión de los planes de estudios de educación básica y secundaria para integrar la igualdad de género en todas las materias.

Medios de comunicación

En 2014 se impartió capacitación a 67 periodistas y se publicó el Manual sobre buenas prácticas periodísticas para luchar contra la violencia de género, a fin de promover la igualdad de género en las prácticas de los medios de comunicación. Los participantes en estos cursos crearon un grupo virtual (Voices) para seguir debatiendo la manera de poner en marcha un periodismo que tenga en cuenta las cuestiones de género.

La comunicación social tiene la obligación de abstenerse de la discriminación basada en el sexo, la orientación sexual o la discapacidad, entre otros aspectos, al tiempo que las declaraciones que inciten al odio están sujetas a sanciones penales (Ley núm. 70/VII/2010, Ley núm. 71/VII/2010, Ley núm. 73/VII/2010, publicada el 16 de agosto, y Ley núm. 90/VIII/2015, publicada el 4 de julio). La Autoridad Reguladora de las Comunicaciones Sociales (ARC), creada en 2011 (párrafo 205 del documento básico común), analiza en su informe anual de 2016 la diversidad y la pluralidad de la información producida por los medios de comunicación públicos, que muestran a hombres y mujeres como agentes clave en las noticias, aunque predominan los hombres (el 68% de las noticias analizadas tienen a hombres como agentes clave). La ARC está llevando a cabo un estudio sobre la representación de la violencia por razón de género en las redes de radio y televisión públicas, que deberá presentarse a finales de 2017.

Iniciativas locales e iniciativas de la sociedad civil

En lo que respecta a la sensibilización y la movilización social, en 2014 se organizó un total de 14 cursos de capacitación sobre cuestiones de género y violencia por razón de género en todas las islas con asociaciones locales, líderes comunitarios y funcionarios públicos a nivel local (educación, salud, etc.) (321 participantes), lo que generó un entorno propicio para la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género a nivel local. Se elaboró y difundió un manual de apoyo para la Difusión comunitaria de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, con directrices especiales para las OSC.

Las OSC han desempeñado un papel destacado en la concienciación, la difusión de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género y la línea gratuita de información y ayuda sobre violencia de género, trabajando directamente con las familias, las escuelas y los jardines de infancia, y haciendo frente a todas las formas de violencia por razón de género, incluido el acoso sexual.

La red Laço Branco (Campaña de la Cinta Blanca en Cabo Verde) ha trabajado con los hombres en las comunidades a través de sesiones de teatro: se abordaron todas las formas de violencia por razón de género, así como los conceptos de masculinidad y feminidad, y paternidad responsable, entre otros. Entre 2013 y 2015, las sesiones de teatro movilizaron a 776 hombres y jóvenes y se puso en marcha un programa de radio: Mi ki ta desidi (Yo decido). Otras iniciativas para movilizar a los hombres son la campaña Él por Ella, lanzada en Cabo Verde en 2015 bajo el liderazgo del Presidente, que implicó a más de 5.000 hombres y niños varones en menos de un año; y la campaña de la sociedad civil Homem que é Homem (Un hombre que es un hombre no…), respaldada por personalidades conocidas como el Primer Ministro y los presidentes municipales, entre otros.

La Asociación para Luchar contra la Violencia de Género organizó en marzo de 2017 un Foro sobre el Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo, en el que participaron profesionales de la justicia (jueces, fiscales y abogados), sindicatos y la Dirección General de Trabajo. Se formularon recomendaciones para la adopción de medidas más eficaces con respecto a este tipo de violencia.

Al mismo tiempo, en aras de mejorar la concienciación, se elaboró y distribuyó material de campaña en radio y televisión, a saber: anuncios para las campañas “Pon fin a la violencia de género” y “Di no al abuso y la violencia sexual contra niños y adolescentes”; se produjeron y distribuyeron varios folletos y panfletos, incluso sobre la violencia de género en citas; se actualizó y reeditó la Guía sobre el abuso y la violencia sexual contra los niños y los adolescentes, así como el folleto El secreto compartido, un relato sobre la importancia de denunciar tales casos; también se imprimió y difundió la segunda edición del folleto de bolsillo Todo lo que necesitas saber sobre la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género.

El sitio web de la Policía Nacional tiene consignas para promover la denuncia de la violencia doméstica mediante el número de emergencia de la policía (132), así como los sitios web de la administración pública (Porton di Nos Ilha) (qué es la violencia por razón de género, quién puede denunciar, dónde denunciar y cómo denunciar).

Mutilación genital femenina

Los datos de la Policía Nacional y el Ministerio Fiscal no registran ninguna denuncia de mutilación genital femenina, la cual se considera punible con arreglo a la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género como un delito grave contra la integridad física (artículo 23, núm. 2), en particular las penas impuestas a los autores aun cuando la mutilación genital femenina se haya practicado fuera de Cabo Verde.

Las actividades de capacitación sobre la violencia por razón de género y la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género tipifican la mutilación genital femenina como una práctica nociva y un delito de violencia de género. Para los profesionales de la salud, la capacitación se centra en la obligación de denunciar cualquier caso que detecten en su práctica profesional y remitir a las víctimas y sus padres a los servicios de apoyo.

El Proyecto para la Integración Social de los Inmigrantes (PISI) lleva a cabo sesiones de información para las mujeres inmigrantes sobre los derechos fundamentales, incluidas la igualdad de género y la prohibición del matrimonio precoz; la salud sexual y reproductiva (SSR) y la autonomía de la mujer; y la violencia por razón de género, que incluye la mutilación genital femenina. Está prevista la organización de sesiones de sensibilización para los hombres y jóvenes inmigrantes, sobre los mismos temas, a través de una asociación con la Red de la Cinta Blanca de Cabo Verde.

Evaluación de los efectos

En 2015 se llevó a cabo una evaluación del proyecto Escuelas Promotoras de Igualdad: los resultados sobre concienciación revelaron que, en las escuelas implicadas, los conceptos de igualdad y no violencia estaban bien implantados entre el alumnado y el profesorado, y que los docentes abordan la igualdad de género y la no violencia en las aulas. El componente con hombres y jóvenes, facilitado en las comunidades escolares por la Campaña de la Cinta Blanca de Cabo Verde, también tuvo un efecto positivo en la comprensión de los estereotipos relacionados con la masculinidad y los cambios de conducta.

En 2017 se llevó a cabo una evaluación de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género. En lo que respecta a la prevención, el efecto principal de las medidas de sensibilización, incluidas las campañas de radio y televisión, es el aumento de los conocimientos de la población sobre la violencia por razón de género, los factores subyacentes, la existencia de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género y las sanciones, en un contexto en el que cada vez es más común considerar la violencia de género como algo inaceptable.

Recomendación 7: Violencia contra la mujer

En lo que respecta al régimen jurídico, se aprobó el marco regulatorio de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (Decreto‑Ley núm. 8/2015, publicado el 27 de enero). Además, en 2015, por medio de la Resolución 97/2015 (publicada el 1 de octubre) se creó el Fondo de Apoyo contra la Violencia de Género. Se está analizando la propuesta de ley para su puesta en marcha, que deberá aprobar el Gabinete de Ministros. El Fondo se financiará, entre otras fuentes, con el 15% de los ingresos generados por los bienes incautados por el Estado, como se prevé en la Ley núm. 18/VIII/2012 de 2012 (13 de septiembre) (artículo 17, núm. 1, d)).

Se revisó el Código Penal (Decreto Legislativo núm. 4/2015, de 11 de noviembre) para tipificar como delito el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la explotación de la prostitución infantil y la trata de personas. Además, se tipificaron los delitos de procreación artificial no consentida (artículo 152A) y se alargaron las penas para todos los delitos sexuales, incluidos los delitos sexuales cometidos contra un cónyuge, excónyuge o pareja, así como los delitos cometidos por motivos de orientación sexual; también se elevó la edad mínima para el delito de abuso sexual de menores (contemplado anteriormente para menores de 14 a 16 años y ahora de 14 a 18 años, artículo 145). La revisión del Código Penal amplió la posibilidad de sancionar los delitos cometidos fuera del territorio nacional, en particular la mutilación genital femenina (4, núm. 1, d)).

En lo que respecta a las políticas, el segundo PNGBV se elaboró en 2014 teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El proceso movilizó a todos los sectores que son responsables de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (la educación, la salud, la policía, la justicia, la comunicación social, la promoción social y el trabajo), así como las OSC y los activistas en cuestiones de género. El segundo PNGBV es una hoja de ruta para la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género y examina diferentes formas de violencia de género, incluido el acoso sexual, la violencia sexual y la mutilación genital femenina.

El Plan Nacional para Combatir la Violencia Sexual Contra Niños y Adolescentes (NPCSVCA 2017‑2019) (Resolución núm. 92/2016, de 28 de diciembre) incluye estrategias educativas para niños y adolescentes sobre derechos sexuales y género, con una perspectiva de autoprotección; proyectos de empoderamiento para las niñas, que constituyen la mayoría de las víctimas de abusos sexuales; y proyectos para promover modelos de paternidad y masculinidad positivos.

Sensibilización y capacitación

Los esfuerzos para formar a los profesionales han sido muy notables (se detallan en el párrafo 233 del documento básico común), con la atención centrada en la desarticulación de los estereotipos sexistas y discriminatorios; los diversos tipos de violencia previstos en la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo y en las escuelas; la denuncia obligatoria de la violencia por razón de género; y las responsabilidades de cada sector en la aplicación de la mencionada ley.

En 2012/2013, el ICIEG y la CNDHC brindaron apoyo a la Academia de Capacitación de la Policía Nacional para la incorporación de un módulo sobre género y violencia de género en la formación inicial de los policías, y otro sobre derechos humanos. La Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, por su parte, está integrada en el plan de estudios del módulo relativo al derecho penal. Se elaboró un Manual de procedimientos policiales para asegurar la armonización de la respuesta de la policía a los casos de violencia de género. La línea de emergencia de la policía (132) se ha convertido en la principal línea utilizada para obtener información y presentar denuncias relacionadas con la violencia de género; está disponible las 24 horas del día y es gratuita para teléfonos móviles y fijos. En 2015 se organizaron cursos de capacitación para 25 agentes de policía, así como para la Policía Criminal y las Fuerzas Armadas.

En lo que respecta a los profesionales de la justicia, se llevaron a cabo varios talleres de capacitación para jueces y abogados con el fin de promover un enfoque armonizado ante los casos de violencia de género: de 2012 a 2016 se celebró un total de siete talleres regionales. Se actualizó y publicó la Versión comentada de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (segunda edición). Además, para crear conciencia entre los profesionales de la justicia administrativa, se impartió capacitación a 24 funcionarios administrativos de las fiscalías de todos los distritos del país.

En el sector de la salud, se llevaron a cabo 14 iniciativas de capacitación y sensibilización (2015‑2016), que abarcaron todas las islas, para un total de 274 profesionales (médicos, enfermeros, psicólogos, personal administrativo) con el fin de promover una atención adecuada y sensible a las víctimas de la violencia de género. En 2016 se elaboró un manual de procedimientos para los profesionales de los servicios de salud con el objeto de ayudar en la detección de situaciones de violencia de género y armonizar los procedimientos, y se dio a conocer en dos talleres con 43 participantes de todas las islas.

En 2015 el ICIEG organizó un taller de capacitación sobre promoción para asociados de la sociedad civil, que dio lugar a tres planes de promoción sobre la violencia sexual, el empoderamiento económico de la mujer y el marco regulatorio para la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género; el último de ellos contribuyó a su aprobación ese mismo año.

Apoyo y protección de las víctimas

La red interinstitucional de apoyo a las víctimas de violencia de género (Red SOL) ha seguido ampliándose: en 2013 estaba activa en 12 de los 22 municipios de Cabo Verde (párrafo 233 del documento básico común) y, en 2016, en 19. La red funciona basándose en el trabajo coordinado de varias entidades (la Policía Nacional, los servicios de salud, la justicia, los servicios sociales, las casas de derecho, las ONG, etc.). Al mismo tiempo, se han creado centros de apoyo a las víctimas de la violencia de género, a fin de proporcionar apoyo inicial, informar y remitir a tales víctimas a otros servicios. A fin de institucionalizar los centros, estos se trasladaron a las casas de derecho (párrafos 190 y 191 del documento básico común) (16 de los 19 centros de apoyo existentes). Para armonizar los procedimientos entre los centros de apoyo y la Red SOL, en 2015 se elaboró un manual de procedimientos. Entre 2013 y 2015, ofrecieron apoyo en conjunto a 6.434 víctimas de violencia de género, un promedio de 2.145 por año.

En el marco del proceso de descentralización de los servicios sociales a los municipios, actualmente en curso, así como la evaluación y el replanteamiento del modelo de las casas de derecho, el ICIEG estableció protocolos con los 22 ayuntamientos existentes a fin de crear centros de apoyo bajo la supervisión de ellos, si bien el ICIEG sigue siendo responsable de su supervisión técnica. El modelo de los centros de apoyo se está revisando para garantizar que puedan proporcionar apoyo multidisciplinar en un solo espacio (psicológico, jurídico y social).

La creación de dependencias específicas para las víctimas de la violencia de género en las comisarías de policía ha continuado, propiciando una atención privada y diferenciada a las víctimas que denuncian violencia por razón de género. En 2016 las dependencias policiales para la violencia de género estaban en funcionamiento en 12 comisarías de policía. En 2015 el ICIEG celebró una reunión con comisionados de la Policía Nacional de todos los distritos del país, a fin de intercambiar buenas prácticas y experiencias en cuanto a la atención policial a las víctimas de la violencia de género y estimular la expansión de las dependencias específicas para la violencia de género a más comisarías de policía.

Los hogares de acogida no se han inaugurado todavía, y su carencia se reconoce como una debilidad de las medidas de apoyo y protección a las víctimas de la violencia de género, especialmente aquellas que están en situación de riesgo. En 2013 el Estado habilitó un espacio para acogida de emergencia en Praia, pero no entró en funcionamiento debido a la falta de recursos para su mantenimiento. En 2014 el ICIEG firmó un acuerdo de asociación con la Congregación de Hermanas del Sagrado Corazón de María y las Asociaciones de Cabo Verde en Luxemburgo para el establecimiento de un centro de acogida en Santiago, con capacidad para 30 víctimas de la violencia de género, y un centro de formación profesional. En la actualidad, la acogida temporal solo puede garantizarse mediante la financiación de los gastos de alojamiento.

Denuncias y sanciones

Entre los ejercicios jurídicos 2012/2013 y 2015/2016, se presentó un total de 13.078 denuncias de violencia por razón de género ante las fiscalías de todo el país (16.315 denuncias desde la entrada en vigor de la Ley Especial Contra la violencia por Razón de Género en 2011; véanse los datos por año en el cuadro 2 del anexo). Entre 2011/2012 y 2012/2013, el número de denuncias aumentó en un 7,8%; entre 2012/2013 y 2013/2014, el aumento fue del 0,2%; y, entre 2013/2014 y 2014/2015, se registró una disminución del 8,9% en el número de denuncias, y del 9% entre 2014/2015 y 2015/2016. En lo que respecta a los delitos sexuales entre los ejercicios 2013/2014 y 2015/2016, se registró un total de 1.248 denuncias, 1.178 de las cuales fueron casos perpetrados contra menores, sobre todo contra niñas (95%), con poca variación en el número de casos por año. En cuanto al acoso sexual, en 2015/2016 se presentaron cinco denuncias al Ministerio Fiscal, pero ninguna a la Inspección General de Trabajo.

La evaluación de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (2017) pone de relieve que el aumento de las denuncias (entre 2011/2012 y 2013/2014) puede estar relacionado con los aspectos siguientes: i) la notoriedad alcanzada por la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, según los resultados de la encuesta realizada entre la población en general; ii) la naturaleza ex officio de los delitos de violencia por razón de género, cuya denuncia es obligatoria y que no admiten el abandono de la querella; y iii) las iniciativas de capacitación y sensibilización entre los profesionales encargados de la aplicación de la ley (una mejor comprensión de la violencia por razón de género, y la mejora de los servicios de apoyo prestados por profesionales capacitados, especialmente en el caso de la Policía Nacional). Entre los factores probablemente relacionados con la disminución del número de denuncias (entre 2013/2014 y 2015/2016) pueden estar i) la disminución del total de casos de violencia de género debida a una mayor sensibilización y la aplicación efectiva de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género o ii) un descenso del número de denuncias (en contraposición a una disminución de los casos), debido a la persistente lentitud de las respuestas judiciales y las deficiencias de las respuestas en materia de protección.

De las 13.078 denuncias de violencia por razón de género registradas en 2011/2012 y 2012/2013, un total de 7.724 se han resuelto y 5.354 aún están pendientes. Desde la entrada en vigor de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (hasta 2016), hay 8.418 casos pendientes en las fiscalías; 2.923 se presentaron a los tribunales para su enjuiciamiento y 2.469 han sido enjuiciados. A fin de mejorar la respuesta judicial, se designaron fiscales específicos para los casos de violencia de género en los dos mayores distritos jurídicos del país (Praia y São Vicente). Sin embargo, las respuestas judiciales siguen siendo lentas, especialmente en lo que respecta a las fiscalías. Cabe señalar que, a pesar de la lentitud, los casos de violencia por razón de género se resuelven con más rapidez que otros tipos de causas penales, debido a su carácter urgente en virtud de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género.

El Programa Nacional de Rehabilitación de los Hombres Culpables de Violencia por Razón de Género, establecido en 2012 como parte de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (artículo 26), organizó 37 grupos de rehabilitación entre 2013 y 2016 en ocho municipios. Hasta 2015, participaron 238 hombres condenados por violencia de género, incluidos hombres que cumplían penas de prisión y hombres con condena condicional.

Recogida de datos

La Fiscalía y la Policía Nacional están generando información estadística sobre delitos de violencia por razón de género y los procesos judiciales. Se está ultimando el establecimiento de un Sistema Integrado de Gestión Operacional (SIGO) que permitirá una mayor fluidez en el intercambio de información entre la Policía Nacional, la Policía Criminal, la Fiscalía y otras entidades del sector de la seguridad y la justicia, con lo que se mejorarán no solo la recogida y el tratamiento de la información, en particular sobre la violencia por razón de género, sino también la evaluación de los riesgos y los avances de cada caso (que ahora estarán informatizados), incluso con objeto de informar a las víctimas sobre el estado de su denuncia. La tercera Encuesta Demográfica y de Salud Reproductiva está en preparación e incluirá por segunda vez un módulo de violencia por razón de género.

Evaluación de los efectos

La evaluación de la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género (2017) pone de relieve el establecimiento de centros de apoyo y la ampliación de la Red SOL como buenas prácticas, valoradas positivamente por la población. Sin embargo, su frágil institucionalización pone en riesgo su viabilidad, y la evaluación distingue como un factor negativo el hecho de que no se hayan inaugurado los hogares de acogida. Se hace hincapié en los efectos positivos de las dependencias de violencia de género de las comisarías de policía. En relación con la sanción a los perpetradores, la evaluación destaca las elevadas tasas de casos pendientes como factor negativo, reconociendo al mismo tiempo que la cuestión también tiene que ver con el sistema de justicia y no exclusivamente con la violencia por razón de género. El programa de rehabilitación no se ha evaluado de manera específica, pero su examen de mitad de período indica efectos positivos en el cambio de comportamiento de los autores de los delitos, especialmente en los municipios donde las autoridades adoptaron el programa y remiten sistemáticamente a los infractores a este; estos son también los municipios donde la población está más concienciada sobre la violencia por razón de género y sus sanciones.

Recomendación 8: Trata de personas y explotación de la prostitución

Marco jurídico

El marco jurídico para combatir la trata de personas se ha fortalecido. En el Código Penal revisado se tipifica como delito la trata de personas (artículo 271A), así como la práctica de la prostitución forzada (artículos 268A y 268B) y el hecho de recurrir a la prostitución de menores (artículo 145A). El artículo 268A sanciona el delito de genocidio y el artículo 268B los crímenes de lesa humanidad, en ambos casos castigando, en el contexto de esos delitos, a toda persona que cometa actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. El artículo 271A sobre la trata de personas castiga a toda persona que ofrezca, conceda, incite, transporte, aloje o acoja a una persona con fines de explotación sexual o laboral o de extracción de órganos. El Código Penal revisado prevé garantías para las víctimas de la trata de personas, estableciendo que no son penalmente responsables por entrar de modo ilegal en el territorio nacional ni por haber participado, en cualquier contexto, en actividades ilegales que sean consecuencia directa de su condición de víctimas de la trata de personas.

Se aprobó la Ley relativa a la Entrada, Estancia, Salida y Expulsión de los Ciudadanos Extranjeros de Cabo Verde (Ley núm. 66/VIII/2014, de 17 julio; regulada por el Decreto‑Ley núm. 2/2015, de 6 de enero), que incluye medidas para combatir, prevenir y reprimir la trata de personas y autoriza la residencia temporal de los ciudadanos extranjeros que son víctimas de delitos relacionados con la trata de personas, lo que contribuye a la sanción de esos delitos (ya que las víctimas son testigos clave). Establece que deben garantizarse la subsistencia y el tratamiento médico de urgencia a las víctimas que carecen de condiciones económicas, y garantías especiales para la repatriación, especialmente para las mujeres embarazadas y las víctimas de tortura, violencia sexual u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, entre otras. La CNDHC se encarga de supervisar el respeto de las normas de derechos humanos en la aplicación de los procedimientos de repatriación.

Denuncia y recogida de datos

Desde la entrada en vigor del Código Penal revisado (diciembre de 2015), Cabo Verde cuenta con datos sistemáticos sobre los delitos de trata de personas y prostitución forzada. Hasta finales de 2016, se juzgaron dos casos. La Fiscalía también registró tres denuncias de trata de personas hasta febrero de 2017, actualmente en proceso de investigación.

En lo que respecta a los menores de edad (protegidos por la ley antes de la revisión del Código Penal), los datos de la Policía Criminal registran 4 casos de proxenetismo (lenocínio) y 1 caso de explotación de menores para fines pornográficos entre 2014 y 2016 (primer semestre). Hasta 2016 no hay registros de trata o secuestro de menores. El NPCSVCA recomienda la creación de una lista de niños y adolescentes desaparecidos, a nivel de bases de datos de la Policía Nacional y de la Policía Criminal, a fin de facilitar la investigación de posibles vínculos de las desapariciones con las redes internacionales de trata personas.

Se está probando el sistema de información de la Fiscalía, creado en colaboración con Portugal (fase experimental). El objetivo del sistema es simplificar y acelerar la recogida, el tratamiento y el intercambio de información entre los funcionarios de la Fiscalía y entre los países. La trata de personas y la explotación de la prostitución de las mujeres y las niñas, entre otros delitos, también serán objeto de seguimiento mediante el SIGO (párrafo 57 del presente informe).

Políticas y programas

En 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Inmigración (Resolución núm. 3/2012, de 23 de enero) y en 2013 su Plan de Acción (2013‑2016), que prevé la mejora de la gestión de las migraciones irregulares y la trata de personas (pilar estratégico I sobre las corrientes migratorias), la mejora de la recogida de datos y su tratamiento y estudio (pilar estratégico II sobre datos e investigación); y que aborda cuestiones relacionadas con la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz y la igualdad de género, mediante sesiones de información y educación (pilar estratégico V sobre la integración de los inmigrantes).

La Estrategia Nacional de Emigración y Desarrollo, aprobada por medio de la Resolución núm. 33/2014 (de 2 de abril), también contribuye a la lucha contra la trata de personas: se centra en evitar la contratación de trabajadores domésticos de países en desarrollo en los países desarrollados y los matrimonios organizados entre mujeres de países en desarrollo y extranjeros; y garantizar un proceso de migración informada, en colaboración con los consulados presentes en Cabo Verde, mediante la organización de cursos de orientación previos a la partida para los candidatos preseleccionados para un visado, en los que se abordan cuestiones específicas que afectan a los hombres y las mujeres. En lo que respecta a la protección, la asistencia y el empoderamiento de los emigrantes, destaca la necesidad de apoyo psicológico a las víctimas de malos tratos.

El segundo PNVBG toma en consideración la trata y la explotación sexual de las mujeres. El ICIEG está trabajando en estas cuestiones en coordinación con la Dirección General de Inmigración y las OSC dedicadas a la igualdad de género, algunas de las cuales se centran en particular en los inmigrantes.

Cooperación internacional, regional y bilateral

La Fiscalía General es la autoridad central en cooperación en materia penal y el Consejo Superior de la Fiscalía ha intensificado la cooperación en varios niveles. En lo que respecta a los países de habla portuguesa, miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP): en 2012 se firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio Fiscal del Brasil, con miras, entre otras cosas, a conseguir una cooperación directa y amplia sobre la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, mediante el intercambio de información, la asistencia técnica y el uso compartido de las investigaciones; el mismo año, con la Fiscalía de Portugal y, en 2015, con la de Timor‑Leste. En 2013 se firmaron la Declaración de Luanda y el Memorando de Entendimiento entre las diferentes Fiscalías, con lo que se fortaleció la Red de Cooperación Jurídica y Judicial Internacional que existe entre los países de la CPLP. En 2015 Cabo Verde recibió la visita de una delegación encabezada por el Vicepresidente del Consejo Superior de Fiscales de Angola para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación.

El Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal brindó apoyo a Cabo Verde en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de las corrientes migratorias, a través de un proyecto financiado por la Unión Europea (2011‑2014): se evaluó la capacidad de las autoridades de Cabo Verde para gestionar la migración; se elaboró un manual de operaciones para la gestión de la migración; se creó una base de datos sobre las estancias ilegales para la Policía Nacional; y se organizaron varios talleres de capacitación, así como un viaje de estudios a Portugal.

En 2014 una misión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) brindó apoyo para la evaluación de la respuesta del sistema de justicia penal de Cabo Verde al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Ese mismo año, el Ministerio de Justicia, en colaboración con la UNODC, la Embajada de los Estados Unidos de América y el Observatorio de Portugal de la Trata de Personas, organizó un seminario sobre la trata de personas.

En el contexto de la alianza de movilidad firmada entre la Unión Europea y Cabo Verde en 2008, con la participación de cinco países europeos (España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal), la cooperación se centra en la gestión de las fronteras, la identificación y la documentación de viaje, y la lucha contra la migración ilegal y la trata de personas. Se han firmado acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con Portugal para crear patrullas conjuntas en el mar, entre otros acuerdos con los Estados de la Unión Europea, así como los Estados Unidos de América, para combatir las actividades ilegales.

Cabo Verde es miembro del Grupo de Trabajo sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad en África Occidental, coordinado conjuntamente a nivel regional por la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS) y ONU‑Mujeres. En su tercer período de sesiones temático de 2017, el Asesor de Seguridad Nacional del Gobierno presentó la experiencia de Cabo Verde en cuanto a los efectos que la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de estupefacientes y la trata de personas tienen en las mujeres y los niños. Entre los participantes figuraron departamentos gubernamentales (justicia, policía, educación, emigración, defensa), círculos académicos y OSC.

Sensibilización y rehabilitación y reintegración de las víctimas

Algunas de las medidas de prevención y sensibilización aplicadas ya se han mencionado en el documento básico común (párrs. 263 a 267). La Dirección General de Inmigración, mediante el PISI (descrito en el párrafo 266 del documento básico común), llevó a cabo varias actividades dirigidas específicamente a las mujeres inmigrantes, en particular de África Occidental (se describen en la sección relativa a los grupos de mujeres desfavorecidos).

Varias OSC hacen frente a la cuestión de la prostitución en sus actividades para promover la igualdad de género y prevenir la violencia por razón de género y, en mayo de 2016, la Asociación para los Niños Desfavorecidos (ACRIDES) organizó misiones a las islas Boavista y Maio para establecer asociaciones con las autoridades locales y la sociedad civil en relación con la trata de niños, la explotación y los abusos sexuales. La ACRIDES es miembro de la Red de África Occidental para la Protección de la Infancia.

En julio de 2017, el Ministerio de Justicia puso en marcha a nivel nacional la Campaña Corazón Azul contra la Trata de Personas, con la participación de diferentes departamentos y personalidades, de ámbitos como la policía, la defensa, la justicia, la educación, los derechos humanos, la infancia y la igualdad de género, así como las OSC, los medios de comunicación y los asociados internacionales.

La Congregación de Hermanas Adoratrices inauguró en São Vicente un centro para las mujeres que ejercen la prostitución o que corren el riesgo de entrar en la prostitución (proyecto Kreditá na Bo / Cree en ti), con el apoyo del Ministerio de Justicia. Desde el comienzo del proyecto en febrero de 2016, este ha brindado apoyo a 92 mujeres que ejercían la prostitución.

En el contexto de proyectos sobre el VIH/SIDA, algunas ONG como la Asociación de Apoyo a la Autopromoción de las Mujeres en el Desarrollo (MORABI), la Asociación de Cabo Verde para la Protección de la Familia (VERDEFAM) y la Cruz Roja dirigen su acción a los trabajadores sexuales desde 2008. Sus actividades de prevención y atención sobre las ETS y el VIH/SIDA se complementan con actividades generadoras de ingresos que les permiten lograr en cierta medida la reintegración de las mujeres y los hombres que dejan atrás la prostitución.

Recomendación 9: Participación en la vida política y pública

Cabo Verde celebró en 2016 tres elecciones: legislativas, municipales y presidenciales. En las elecciones legislativas fueron elegidas 17 mujeres, 2 más que en 2011, y la tasa de representación de las mujeres en el Parlamento aumentó (del 20,8% al 23,6%). En las elecciones municipales, la representación de la mujer pasó del 22% en 2012 al 26,3% en 2016: la proporción de mujeres delegadas en las asambleas municipales es ahora del 29,4%, las concejalas en los ayuntamientos son el 21% (con dos ayuntamientos que han alcanzado el intervalo de paridad del 40%‑60%: Praia, 44,4%, y Brava, 60%), y las presidentas de las asambleas municipales son el 13,6%. Sin embargo, ninguna mujer fue elegida presidenta de una corporación municipal. No hubo candidatas a las elecciones presidenciales.

La Corte Suprema de Justicia cuenta con 2 juezas de un total de 7 magistrados (28,6%) y está presidida por una mujer. El Consejo Superior de la Magistratura, responsable de la gestión de la judicatura, los tribunales y los funcionarios judiciales, también tiene una presidenta. La Presidenta del Colegio de Abogados es, por segunda vez consecutiva, una mujer. La proporción de juezas ha oscilado entre el 35% y el 37% entre 2009 y 2015. En la administración pública, en 2014, entre los 106 funcionarios encargados de la adopción de decisiones, había 37 mujeres (35%) y 69 hombres (65%). En el sector de la educación, los puestos descentralizados de toma de decisiones, tradicionalmente ocupados por hombres, han evolucionado hacia la paridad: el 45,5% de los delegados de educación a nivel municipal son mujeres (2017), cuando esa proporción era del 18,2% en 2014. En las escuelas secundarias, las mujeres son ahora directoras en un 39% (frente al 31% anterior). En 2014, por primera vez, una mujer fue elegida Rectora de la Universidad de Cabo Verde, una institución pública. Los datos de la última encuesta sobre el empleo (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2016) indican que la proporción de mujeres en la categoría de representantes del poder legislativo y ejecutivo, directores y ejecutivos es del 43,3%.

El Plan del Gobierno para la novena legislatura, preparado en 2016 tras las elecciones, establece un claro compromiso con la promoción de una Ley de Paridad.

Tras las elecciones legislativas de 2016, y en preparación de las elecciones municipales de ese mismo año, el ICIEG y la RMPCV organizaron en mayo y junio de 2016 dos talleres nacionales, con el fin de fortalecer la capacidad de los parlamentarios recién elegidos y los candidatos a las elecciones municipales en cuanto a la determinación de las cuestiones de género fundamentales, y compartir la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas sobre la participación política de las mujeres.

En enero de 2017, la RMPCV llevó a cabo, en colaboración con el ICIEG, un taller sobre los mecanismos de paridad para la participación política de las mujeres, en el que participaron parlamentarios, la Alianza de Mujeres de Santiago (mujeres políticamente comprometidas a nivel local), y dirigentes de la sociedad civil, lo que propició un análisis a fondo de la cuestión. Se firmó una declaración de compromiso (Declaración de Rui Vaz) para la formulación, aprobación y aplicación de una ley de paridad: se presentó y debatió con los partidos políticos y las más altas autoridades del país. Otro resultado del seminario fue un Plan de Acción para la Promoción de la Paridad de Género en Cabo Verde (2017‑2019), que están ejecutando conjuntamente la RMPCV y el ICIEG.

Como resultado de las actividades de promoción de los parlamentarios dentro de sus partidos, la representación de la mujer en las estructuras de partido ha aumentado considerablemente: en el caso del Movimiento para la Democracia, la proporción de mujeres en su última Junta de la Asamblea Electoral (enero de 2017) aumentó hasta el 60%, el 43% en el Consejo de Jurisdicción, el 42% en el Consejo Nacional y el 30% en la Comisión Política Nacional. El Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde tiene una proporción de mujeres del 30% en el Consejo Nacional, el 30% en la Comisión Política Nacional y el 50% en la Secretaría General, el órgano ejecutivo del partido. Desde 2014, este partido tiene una Presidenta, que fue elegida Vicepresidenta de la Internacional Socialista en julio de 2017.

A finales de julio de 2017, la RMPCV, en colaboración con el ICIEG, organizó una conferencia internacional sobre la paridad, brindando a los participantes la oportunidad de aprender sobre las experiencias positivas de diferentes países, a saber, España, Portugal, Mozambique, Rwanda y el Senegal. La conferencia contribuyó a crear un consenso en torno a la Ley de Paridad. El 5 de julio (celebración del Día de la Independencia de Cabo Verde) se organizó la exposición titulada “Mujeres, Acción y Política”, a fin de rendir homenaje a las mujeres con un papel político relevante desde la proclamación de la independencia.

En paralelo al debate sobre la Ley de Paridad, la RMPCV y el ICIEG centran su acción en la revisión en curso de i) la Ley de Partidos Políticos y ii) el Código Electoral. El anteproyecto de Ley de Partidos Políticos determina la discriminación basada en el sexo como posible causa de la extinción legal de un partido político (artículo 57); el principio de igualdad de participación de mujeres y hombres en la vida política y de partido, y que ninguna lista electoral para órganos del partido debe tener menos del 40% de personas de cada sexo (artículo 32). No obstante, este anteproyecto no prevé un mecanismo de control y, por lo tanto, el ICIEG y la RMPCV están proponiendo mecanismos concretos para aplicar la paridad. En cuanto a la revisión del Código Electoral, en abril de 2017 la Dirección General de Apoyo a los Procesos Electorales (DGAPE) organizó una conferencia para determinar las revisiones necesarias, examinando entre otras cosas la inclusión de la paridad en la revisión del Código Electoral. Las conclusiones de la conferencia recomendaron que se avanzara en la Ley de Paridad, hasta igualar la representación de mujeres y hombres en cargos electivos, y que el incumplimiento de la paridad en las listas electorales fuera un motivo para la denegación en los tribunales, durante el proceso de validación del cumplimiento legislativo. El ICIEG, en coordinación con la RMPCV, ha presentado las enmiendas propuestas a la DGAPE.

Recomendación 10: Educación

Programas de alfabetización

Las tasas de alfabetismo siguen evolucionando positivamente en Cabo Verde (párrafo 41 del documento básico común) y la diferencia entre las mujeres y los hombres sigue reduciéndose, lo cual refleja las inversiones realizadas. El analfabetismo aún afecta en mayor medida a las mujeres, especialmente a las mujeres de medios urbanos y rurales de más edad, pero solo el 2,8% de las mujeres de las zonas rurales en el grupo etario de 25 a 34 años son analfabetas.

Los datos de 2014 revelan que el 1,7% de la población está o ha estado inscrito en programas de alfabetización, el 2,4% de las mujeres y 1,1% de los hombres, especialmente en el caso de la población rural (2,5% de la población rural frente al 1,4% de la población urbana).

La enseñanza extraescolar, que tiene por fin erradicar el analfabetismo literal y funcional, incluye actividades de alfabetización, postalfabetización y capacitación profesional. Las matriculaciones son más altas en Praia (38%), seguida de São Vicente (11%) y Sal (9%). De los 28 municipios existentes, entre los que se incluyen municipios principalmente urbanos y municipios principalmente rurales, solo 4 carecen de actividades de educación de adultos. Las mujeres representan el 52,8% de los 911 matriculados.

Entre 2013 y 2016, el proyecto PISI brindó apoyo a seis proyectos de alfabetización ejecutados por OSC de inmigrantes. Los proyectos incluyeron actividades de alfabetización, así como formación profesional, e incorporaron a mujeres aprendices.

El Plan Estratégico de Educación (2017‑2021), aprobado recientemente, prevé el fortalecimiento de los recursos humanos y financieros para responder a la demanda de enseñanza extraescolar de jóvenes y adultos.

Prevención de la violencia por razón de género en las instituciones educativas

El Estudio de Diagnóstico del Perfil de los Agresores Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, realizado por la CNDHC, compiló los datos existentes y mostró que, de un total de 1.232 personas que cumplían una pena de prisión en una de las cárceles del país en agosto de 2016, había 87 condenadas por delitos sexuales contra menores, entre los cuales dos se habían cometido contra niñas en el entorno escolar: un caso perpetrado por un docente y el otro por un guardia de la escuela.

La primera medida que adopta el Ministerio de Educación en los casos de abuso sexual que se señalan a su atención es la apertura de actuaciones para la aplicación de medidas disciplinarias y la suspensión de las funciones del sospechoso, a través de la Inspección General de la Educación, mientras el proceso y las citadas actuaciones siguen su curso.

El proyecto Escuelas Promotoras de Igualdad se puso en marcha en 2013, como se indica en el párrafo 38 del presente informe. Además de las actividades llevadas a cabo en el marco de este proyecto, cada año se realizan otras charlas, debates, ferias y actuaciones de teatro en las escuelas como parte de la campaña “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”.

El NPCSVCA (2017‑2019), coordinado por el Instituto de Cabo Verde del Niño y el Adolescente (ICCA), propone al Ministerio de Educación la aplicación de las siguientes medidas: i) la inclusión de la educación sexual en la enseñanza preescolar, desde la perspectiva de la autoprotección, ii) la elaboración de un programa de formación continua para docentes sobre la prevención, detección y gestión de la violencia sexual, y iii) la creación de un sistema de notificación obligatoria de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes en las instituciones educativas y sanitarias.

En este momento se está elaborando un Estudio de Diagnóstico sobre la Violencia en las Escuelas (encuesta piloto ya realizada), que servirá de base para un plan de acción destinado a su prevención y combate.

El programa Escuelas Seguras, gestionado por la Policía Nacional, es un programa nacional que contribuye significativamente a reducir la violencia en las escuelas. El objetivo de los programas es promover una cultura de seguridad, civismo y ciudadanía; así como diagnosticar, prevenir e intervenir para eliminar el riesgo y el comportamiento ilegal en las escuelas y las zonas circundantes.

Niñas embarazadas en la escuela y educación sexual

El Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) (Ley núm. 50/VIII/2013, de 26 de diciembre) revocó la medida del Ministerio de Educación de 2001 que recomendaba a las alumnas suspender sus estudios para reanudarlos después del parto. El artículo 47 del ECA estipula que no se puede alentar a las niñas y adolescentes embarazadas a suspender sus estudios o abandonar la escuela. En 2014 la Inspección General de Educación divulgó las disposiciones del ECA entre los funcionarios, a nivel central y descentralizado. El ECA también ha sido objeto de amplia difusión, a través de profesionales sociales de diferentes sectores, así como activistas de la sociedad civil. Su marco regulatorio lo está preparando un equipo técnico creado a tal efecto.

En julio de 2017, el Gabinete de Ministros aprobó un diplomado que establece medidas de apoyo social y educativo a las niñas en edad escolar y estudiantes durante el embarazo, después del parto y durante la lactancia, con el objetivo de que continúen teniendo acceso a la educación en condiciones de calidad en todos los niveles educativos (primaria, secundaria, formación profesional, educación superior). Concretamente: el derecho a 60 días de licencia de maternidad después del parto; la licencia antes del parto en situaciones de riesgo clínico; un régimen especial de licencia posparto (justificada para la consulta, la enfermedad y la asistencia al recién nacido); y ajustes a las normas de evaluación en función de las necesidades (plazos y modalidades). El diplomado prevé la posibilidad de concretar fechas especiales de evaluación, no matricularse en un número mínimo de asignaturas, una orientación específica para las alumnas embarazadas por parte de los servicios de acción social de la escuela y unas condiciones especiales de traslado a otros establecimientos escolares. Las instituciones educativas tienen la obligación de capacitar a los docentes en materia de SSR, adaptarse a las disposiciones del diplomado y difundirlo, en particular entre las estudiantes embarazadas, y promover un entorno libre de discriminación. La publicación del diplomado en el Boletín Oficial está en curso.

La educación sexual y sanitaria forma parte del plan de estudios de Ciencias Integradas y Educación para la Ciudadanía. También se aborda en actividades extracurriculares en la escuela, como charlas, actividades de concienciación o capacitación, entre otras. Existen clubes de información y orientación en las escuelas secundarias que trabajan a través de educadores entre pares en materia de SSR, prestando especial atención a la igualdad de género, la prevención del consumo de drogas, el VIH y las aptitudes interpersonales. Hay 17 clubes de este tipo en las escuelas de enseñanza secundaria, que llegaron a 23.749 estudiantes (el 55%, niñas) entre 2015 y 2016 por medio de un enfoque basado en las destrezas sociales.

Aunque aún existe margen de mejora, se han realizado progresos en indicadores clave: la tasa de fecundidad por edad para los adolescentes (de 15 a 19 años) se redujo de 104 por cada 1.000 en 1998 a 92 por cada 1.000 en 2005, y a 62 por cada 1.000 en 2010. En cuanto a las mujeres embarazadas que asisten a consultas prenatales (datos administrativos del sector de la salud), en 2014 cerca de 2 de cada 10 eran adolescentes menores de 19 años de edad (18,2%), mientras que en 2010 eran 3 de cada 10 mujeres embarazadas (30,5%). Las adolescentes más jóvenes (menores de 17 años de edad) representaban casi el 4% del total en 2014, mientras que en 2007 representaban el 11,4%. El uso de preservativos entre los jóvenes (de 15 a 24 años) también ha evolucionado de manera positiva: en 2005, la tasa de uso de preservativo en la última relación de riesgo (pareja no cohabitante) era del 55,8% (mujeres) y 78,6% (hombres), mientras que en 2012 aumentó a 68,5% (mujeres) y disminuyó ligeramente en el caso de los hombres (77,2%).

Orientación y decisiones profesionales

En lo que respecta a la orientación profesional, las niñas y las mujeres jóvenes han diversificado sus decisiones. En 2015/2016, las niñas representaban el 56,3% de los estudiantes en el último ciclo de la enseñanza secundaria (grados 11º y 12º); en cuanto a los itinerarios elegidos, eran el 49,2% de estudiantes en la rama de la ciencia y la tecnología, el 55,3% en la rama económica y social, y el 64,1% en las humanidades. La opción técnica de la escuela secundaria (via técnica) representaba el 9,4% de todos los estudiantes en los grados 11º y 12º, y el 43% de los estudiantes en la opción técnica eran niñas. En los cursos tradicionalmente considerados masculinos (construcción, electricidad, informática, etc.), el 29% de los alumnos son niñas, lo que representa un cierto progreso; la proporción de niñas en los demás cursos (administración de pequeñas empresas, administración y contabilidad) es del 64%.

En cuanto a la formación profesional, la proporción de mujeres está equilibrada (51% tanto en 2012 como en 2013). En 2015 se llevó a cabo un total de 162 cursos de formación profesional, por medio de distintas entidades de capacitación, como los Centros de Capacitación Profesional y de Empleo, para un total de 3.178 beneficiarios, 1.778 mujeres (56%) y 1.400 hombres (44%). Cerca del 63% de los cursos de formación (102) se centran en esferas de desarrollo prioritarias para el país, como las finanzas (33), el turismo (31), la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) (27), los agronegocios (6) y las industrias creativas (5). Además, se impartieron 24 cursos de formación de formadores para 451 instructores, 273 mujeres (60,5%) y 178 hombres (39,5%).

En lo que respecta a la educación superior, la elección de los itinerarios sigue estando basada en estereotipos, lo que podría seguir vinculado a los ámbitos escogidos por las niñas previamente en la escuela secundaria. En 2014/2015 las mujeres representaban el 58,8% de los estudiantes de educación superior. En términos globales, los campos de estudio menos elegidos son las biociencias, medioambiente y salud (14,5%), y las ciencias exactas, ingenierías y tecnologías (19,1%). En lo que respecta al equilibrio entre los géneros, hay más hombres que eligen ciencias exactas (71%) y más mujeres que eligen biociencias (76%). En todos los demás ámbitos, las mujeres constituyen la mayoría (65,5% para ciencias sociales y humanas, artes y lenguas, y 62% para estudios económicos, políticos y jurídicos). La Universidad de Cabo Verde (UniCV) también ofrece estudios profesionales de enseñanza superior (en materia de equipos de energía renovable, hidrología, sanidad animal, o contabilidad), donde la proporción de mujeres es del 42% (35% en 2012). El número de mujeres matriculadas en estudios de posgrado también aumentó, en particular en los ámbitos científicos: en 2016/2017 representaban el 53,6% de los estudiantes de máster (38,6% en 2008) y el 45% de los estudiantes de doctorado.

En el período 2012‑2016, todas las escuelas secundarias tenían una oficina de orientación profesional que brindaba apoyo a los estudiantes (grados 8º a 12º). Cada una de ellas tiene que promover la reflexión de niños y niñas sobre la importancia de las opciones profesionales para la eliminación de la segregación ocupacional y mejorar la empleabilidad de las mujeres.

Entre 2014 y 2016 se puso a prueba el Programa de Emprendimiento (enseñanza secundaria y formación profesional): el contenido de los cursos incluye cuestiones de género, a saber: i) los mitos y prejuicios sobre la naturaleza de los trabajos en función del género, y ii) la discriminación y la desigualdad por razón de género en el trabajo y en la sociedad, y las formas de prevenirlas. La fase piloto se aplicó en 12 escuelas de seis islas, con 280 docentes y 77 funcionarios del Ministerio de Educación. La mitad de los estudiantes matriculados en el curso eran niñas (50%); 617 alumnos presentaron un plan de actividades, de los cuales el 63% eran niñas. El plan de estudios se ha generalizado hasta el último ciclo de la escuela secundaria.

En 2016, en la celebración del Día de las Niñas en las TIC, el Centro de Investigación y Capacitación en Cuestiones de Género y Familia (CIGEF) organizó una conferencia internacional sobre el empoderamiento de la mujer en el sector de las TIC en Cabo Verde, con sus oportunidades y desafíos, para promover el debate público sobre el tema. En 2017 la Semana de la Informática y las Tecnologías Multimedia se centró en el uso de los teléfonos móviles como medio de alfabetización informativa y mediática entre mujeres jóvenes en la enseñanza extraescolar. La Primera Dama ha dado varias charlas en escuelas secundarias y universidades sobre la presencia de las niñas en la ciencia, la tecnología y las matemáticas.

Educación especial

Según el censo de 2010, la tasa de analfabetismo es alta (46,4%) entre la población adulta con discapacidad reconocida, especialmente entre las mujeres: más de la mitad de ellas no saben leer ni escribir (53,6% frente al 40% de los hombres). Un estudio específico realizado entre una muestra de personas con discapacidad en 2013 muestra un panorama ligeramente mejor, pero igualmente distinto para las mujeres: cerca del 30% de las personas con discapacidad encuestadas no tienen ningún nivel de instrucción, el 41,5% de las mujeres y el 21,5% de los hombres con discapacidad; casi la mitad de las mujeres (48%) ha completado la educación primaria o secundaria (65,5% para los hombres); y el 7,3% tiene un nivel de enseñanza postsecundaria (9,6% de los hombres).

En los párrafos 235 a 247 del documento básico común se presentan las medidas adoptadas para garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, en particular en el ámbito de la educación.

El Plan Estratégico de Educación (2017‑2021) pone de manifiesto las principales lagunas en la educación especial: la falta de i) legislación coherente, ii) un sistema de identificación y diagnóstico de los alumnos con necesidades educativas especiales en el plano nacional, iii) pruebas y demás instrumentos de evaluación, y iv) coordinación entre los sectores de la educación y la salud y los agentes de la solidaridad social. En el pilar de acceso equitativo, el Plan Estratégico tiene por objeto alcanzar la enseñanza preescolar universal, incluso para los niños con necesidades educativas especiales: la prioridad será mejorar las condiciones de acceso e inclusión en los establecimientos preescolares, mediante el suministro de materiales educativos adecuados y formación para los educadores. El nivel preescolar estará vinculado a un programa gestionado por el Ministerio de Familia e Inclusión Social (promoción del acceso a la asistencia sanitaria y el cuidado de los niños con discapacidad de 0 a 3 años de edad, en el marco del sistema nacional de asistencia).

El Plan Estratégico de Educación también prevé la instalación de rampas de acceso y otras soluciones de movilidad en todos los establecimientos educativos y considera a los niños con necesidades educativas especiales como grupo destinatario de los programas de acción social escolar. El pilar de la calidad y la pertinencia de la educación prevé un proyecto de inclusión de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, en particular: i) diagnóstico de alumnos con necesidades educativas especiales en una plataforma digital, ii) inclusión de los niños en las escuelas sobre la base de una clasificación internacional que divide a niños y adolescentes en tres categorías (dependientes, que pueden cualificarse, incluidos), y iii) capacitación de docentes especializados en necesidades educativas especiales. La igualdad de género es un tema intersectorial.

Algunos proyectos se han ensayado en colaboración con OSC, en particular la Asociación de Sordos de Cabo Verde. En el año escolar 2008/2009, la Asociación brindó apoyo a un grupo de unos 20 niños sordos en un colegio público de Praia. El proyecto continuó hasta la escuela secundaria (facilitando un apoyo de traducción) y, al final del año escolar 2017/2018, 6 alumnos sordos terminaron la educación secundaria: 4 mujeres y 2 hombres.

Recomendación 11: Empleo

El documento básico común presenta los principales indicadores sobre el empleo, el desempleo y el sector no estructurado (párrs. 42 a 45) y, si bien se han logrado progresos considerables, las mujeres permanecen inactivas en mayor número que los hombres y, cuando están activas, su inserción en el mercado laboral es menos favorable. En 2015 la mayor parte de la población activa trabajaba en profesiones elementales (56,6% mujeres y 43,4% hombres), seguidas de la venta minorista (56,2% mujeres y 43,8% hombres). Persiste la segregación laboral: las mujeres son mayoría en el empleo doméstico, la salud, el comercio, la educación, el alojamiento y los servicios de alimentación, y los hombres en la construcción, la agricultura, la administración pública, la defensa y la seguridad social, el transporte y el almacenamiento.

Durante el período que se examina, se hizo un esfuerzo considerable para dar visibilidad a la desigualdad existente en el empoderamiento económico de la mujer, sobre la base de pruebas. En 2012, a través de una asociación entre el ICIEG, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el CIGEF, se llevó a cabo una encuesta sobre el empleo del tiempo, lo que propició un debate público sobre la causa fundamental de la igualdad entre los géneros. En Cabo Verde, a la luz de los estereotipos y los papeles asignados en razón del género, las mujeres se ocupan prácticamente en exclusiva del trabajo doméstico, la educación de los hijos y el cuidado de la familia: las personas dedican un promedio de casi un tercio de su tiempo semanal al trabajo no remunerado, una media de 63 horas a la semana en el caso de las mujeres y 38 en el de los hombres, lo que arroja una diferencia de alrededor de 24 horas a la semana en promedio. Las mujeres pobres tienen una mayor carga de trabajo no remunerado, hasta diez horas a la semana en promedio en el caso de las mujeres con bajo nivel de instrucción. Las responsabilidades familiares son un obstáculo a la entrada de la mujer en el mercado de trabajo. Los resultados preliminares de la encuesta se difundieron ampliamente y, en 2013, se llevó a cabo un taller de análisis de datos para aprovechar el conjunto de datos definitivos, reuniendo al INE, el ICIEG, el CIGEF, los círculos académicos, la sociedad civil y las mujeres parlamentarias, que redactaron conclusiones y recomendaciones. En 2014 el CIGEF organizó una Conferencia Nacional sobre Género, Familia y Política Social, con un público más amplio, en el que se concluyó de manera más sólida que el trabajo asistencial requiere reconocimiento: de hecho, al realizarse principalmente como trabajo no remunerado y no contabilizarse en las cuentas nacionales, es invisible para la economía y la toma de decisiones en materia de políticas públicas, en particular la política económica. El programa del Gobierno (2016) prevé la creación de un sistema de atención a las mujeres y las familias vulnerables. Su aplicación está en curso (véase la sección relativa a los grupos de mujeres desfavorecidos).

El turismo es un motor fundamental para la economía de Cabo Verde. En 2015 el 7,4% de las personas activas ocupadas trabajaban en hoteles y restaurantes, sector en el que las mujeres representan el 62% de los empleados. Se trata del 4º puesto en el empleo de la mujer (6º puesto en el caso de los hombres). El empleo se concentra en las islas de Sal y Boavista, y el 60% de los trabajadores tienen contratos precarios. Teniendo en cuenta la importancia de este sector para la integración de la mujer en el mercado de trabajo, el ICIEG, en coordinación con la Dirección General de Turismo, elaboró un Plan de Acción para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sector del Turismo (2016‑2018). El proceso de elaboración del Plan de Acción fue en sí mismo un proceso de creación de capacidad: se impartieron tres cursos prácticos (Praia, Boavista y Sal) sobre género y turismo para 49 trabajadores de las instituciones públicas, las OSC y el sector privado; se llevaron a cabo varias sesiones de sensibilización; se realizó una presentación en el Seminario Nacional sobre los Empleos Ecológicos; y se ofreció un seminario de 40 horas de duración sobre género y autoestima en la Escuela de Gestión Hotelera y Turística (EHTCV), que cursaron 25 estudiantes. La EHTCV capacita a mujeres y hombres (las mujeres constituyen la mayoría de los estudiantes) que tienen una alta empleabilidad (alrededor del 75%) sin disparidad de género (75% mujeres, 74% hombres).

La creación en 2014 del Régimen Especial de la Micro y Pequeña Empresa (Ley núm. 70/VII/2014, publicada el 26 de agosto) dotó a las empresas informales de un sistema de impuestos y contribuciones específico favorable a la promoción de su competitividad, productividad y formalización. Entre otras ventajas, este sistema exime a las empresas de la publicación de cualquier acción empresarial, lo que reduce considerablemente los costos de establecer una empresa y otros actos; así como de la obligatoriedad de llevar cuentas organizadas, lo que recorta los costos de contabilidad; además, proporciona un modelo simplificado para el pago de impuestos, que disminuye considerablemente la cantidad de impuestos que hay que pagar, a través del Impuesto Especial Unificado (4% del volumen de negocios), que sustituye al impuesto sobre la renta de las sociedades, el IVA (en el régimen normal corresponde al 15% de la factura), el impuesto suplementario para la brigada de bomberos y las contribuciones a la seguridad social (corresponde al 16,5% del sueldo de cada trabajador en el régimen normal). Como se ha mencionado anteriormente, las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores del sector no estructurado.

En 2017 el ICIEG preparó un análisis de género sobre los resultados de la Encuesta del Sector No Estructurado (2015) para fundamentar la Estrategia Nacional de Transición de la Economía Informal a la Economía Formal (2017‑2020). Las mujeres en el sector no estructurado tienen bajos niveles de educación, trabajan en actividades del sector informal menos rentables (venta minorista), son principalmente autónomas y, cuando perciben un salario, es en promedio el 71,5% del salario de los hombres. Se creó un Grupo Interinstitucional para la Gestión Estratégica de la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, del cual forma parte el ICIEG.

El sector privado de Cabo Verde se compone principalmente de microempresas (el 76% de todas las empresas del país). Según el estudio Perfil de Mujeres Empresarias en Santiago, realizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Santiago (AMES), la mayoría de las empresas de mujeres son pequeñas, el comercio es la actividad en 3 de cada 4 empresas (77%), en promedio tienen dos empleados, y 9 de cada 10 empresas trabajan en el ámbito local. Las mujeres recurren principalmente a la autofinanciación para abrir sus empresas (70%) y solo un tercio de las mujeres solicitaron financiación externa (el 60% microcréditos y el 37% préstamos bancarios) para adquirir materiales, mercancías, productos o equipamiento. Según el estudio, se creó una base de datos de empresas dirigidas por mujeres en Santiago.

El Documento Normativo sobre Educación Integrada, Capacitación y Empleo (2013‑2018), aprobado mediante la Resolución núm. 112/2013 (de 1 de noviembre) integró una perspectiva de género y tiene a las mujeres como grupo destinatario de varias intervenciones, a saber, a través de la Agencia para el Desarrollo Empresarial y la Innovación (ADEI) y el Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP), a menudo en asociación con las ONG.

La ADEI brindó apoyo a dos rondas del Proyecto para el Emprendimiento de las Mujeres, con un total de 50 mujeres, con formación en gestión de microempresas y pequeñas empresas, así como respaldo a la elaboración del plan de actividades. Algunas de las beneficiarias pudieron incorporarse a incubadoras de empresas y accedieron a financiación para sus empresas. En general, la participación de las mujeres en la formación empresarial de la ADEI es mayor que la de los hombres (56%); sin embargo, en lo que respecta a la ejecución de los proyectos empresariales, su proporción es inferior a la de los hombres (el 40% en 2015 y el 45% en 2016).

El IEFP llevó a cabo en 2015 dos cursos de capacitación en materia de emprendimiento y gestión de planes de actividades para 40 mujeres de entre 18 y 35 años (Santa Cruz y Fogo). Hubo 15 mujeres jóvenes que recibieron asistencia técnica para la creación de empresas (São Vicente, Praia y Boavista). Se impartió un curso sobre género, violencia de género y autoestima en colaboración con el ICIEG, al que asistieron 15 mujeres de Santa Cruz. Además, desde 2013, el IEFP está ejecutando un proyecto de apoyo a mujeres jóvenes graduadas que incluye: i) una incubadora de empresas en São Vicente, ii) un fondo para el desarrollo y el crédito empresarial, y iii) apoyo para el intercambio de experiencias con Portugal en el ámbito de la alimentación y el vestido.

Otra de las medidas aplicadas por el IEFP para promover el empleo es el Programa Nacional de Pasantías Profesionales, que permite a los jóvenes en busca de su primer contrato de trabajo vivir una experiencia real en la fuerza de trabajo, con lo que se contribuye a mejorar sus destrezas personales, sociales y técnicas. El programa lo han disfrutado cientos de jóvenes con educación superior, especialmente mujeres jóvenes, ya que la tasa de desempleo entre las mujeres con nivel de educación superior es mayor (20,7% entre los jóvenes con estudios postsecundarios: 24,7% para las mujeres y 16% para los hombres). En 2012, por ejemplo, el 57% de los beneficiarios del Programa de Pasantías fueron mujeres jóvenes y el 43% fueron hombres jóvenes. En 2015 estos porcentajes fueron respectivamente el 68,6% y el 31,4%. En cuanto a la repercusión del Programa, en relación con 2014, la tasa de inserción en el mercado laboral tras la finalización de la pasantía fue del 68%, con una mayor proporción de mujeres que ingresaron en el mercado de trabajo (59,6%).

En 2015 el IEFP puso a prueba un nuevo programa para la inserción de las personas desempleadas de larga duración: se llevaron a cabo cuatro iniciativas de desarrollo de la capacidad para 89 personas inscritas durante más de un año en centros de empleo (São Vicente, Santa Catarina, Praia y Santa Cruz), de las cuales el 83% eran mujeres. En lo que respecta a la empleabilidad, la etapa experimental dio como resultado una inserción en el mercado de trabajo del 73% de los participantes en el programa.

Las OSC siguen teniendo un papel fundamental en la promoción del empleo y la formación profesional, en particular las ONG que trabajan en el empoderamiento económico de la mujer, mediante la oferta de cursos de capacitación, microfinanciación, apoyo a la creación de cooperativas de producción o colocación de los productos en el mercado, entre otras medidas. La MORABI y la Organización de Mujeres de Cabo Verde (OMCV), dos ONG de ámbito nacional, llevaron a cabo proyectos que abarcaron varias islas en el período que se examina y, entre 2012 y 2016, ofrecieron microcréditos a 10.000 beneficiarios, que en el 83% de los casos eran mujeres.

En 2017 se creó el Programa para el Microemprendimiento Juvenil (Resolución núm. 35/2017, de 25 de abril) para promover y formalizar el emprendimiento de los jóvenes y generar empleo e ingresos. Se pone el foco en microempresas o cooperativas que son gestionadas por jóvenes de entre 18 y 35 años (al menos en un 60%). El Programa establece que el 50% de los fondos disponibles para microcréditos se proporciona a proyectos que cumplen determinados requisitos de microempresas o cooperativas gestionadas por un 60% de mujeres.

El principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor aún no se ha incorporado en el Código del Trabajo. Durante el período que se examina, el Código del Trabajo solo se sometió a una revisión puntual (Decreto Legislativo núm. 1/2016, de 4 de febrero), ya que el marco jurídico de Cabo Verde se considera rígido y prohibitivo para la inversión y, en consecuencia, para el empleo. Los cambios se refieren a horarios de trabajo flexibles, despido por motivos objetivos, plazos de notificación obligatoria y nuevas modalidades de contrato.

No obstante, en vista de la futura integración y aplicación de este principio, se capacitó a varios agentes, a saber, los sindicatos, las asociaciones de empleadores, las parlamentarias y las OSC, a fin de fortalecer su capacidad para promover el programa de trabajo decente de las mujeres. La capacitación, realizada en junio de 2016, se centró en los siguientes Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): núm. 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; núm. 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; núm. 156, relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras; núm. 183, relativo a la protección de la maternidad; y núm. 189, relativo al trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. La capacitación incluyó un análisis comparativo de las normas laborales internacionales en relación con las leyes nacionales, así como las recomendaciones recibidas por Cabo Verde y las limitaciones para su plena aplicación. Sobre la base de las prioridades fijadas, se preparó un Plan de Acción de Fomento de la Igualdad de Género en el Contexto Laboral que ya se está aplicando.

Recomendación 12: Salud

Acceso libre a los servicios de salud reproductiva

Los servicios de salud reproductiva en Cabo Verde siguen siendo gratuitos globalmente para todas las mujeres, los hombres y los adolescentes. Como se indica en el documento básico común (párrs. 17, 29 y 30), indicadores clave como la tasa de fecundidad, la mortalidad materna, la cobertura de los servicios prenatales o los partos asistidos por personal sanitario cualificado siguen mejorando, lo cual refleja el acceso de las mujeres a información y servicios de SSR.

El Decreto‑Ley núm. 10/2007, publicado el 29 de marzo y actualmente en vigor, aprueba la lista de precios de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, así como el conjunto de servicios de salud esenciales que deberían estar disponibles de forma gratuita o a bajo costo en los centros de salud; también define los derechos cobrables a los usuarios para determinados servicios o tratamientos. La lista de precios establece los porcentajes que deben pagarse (de acuerdo con los impuestos aplicables a los servicios, la medicación y el usuario) en función de los ingresos del paciente (22 categorías). No obstante, como se señala en un estudio realizado en 2012 en un centro de salud, esta lista de precios no se ha aplicado de forma coherente; de hecho, la clasificación de ingresos es compleja y en la práctica es imposible determinar la renta de los pacientes en los servicios de salud. Otros factores que han dado lugar a la no aplicación de la lista de precios son la falta de conocimiento del Decreto‑Ley, las dificultades en su interpretación y la ausencia de medios técnicos para su aplicación. Los derechos cobrables a los usuarios son el componente de la lista de precios que más se ha aplicado en el primer contacto de los pacientes con los servicios de salud, como los servicios de emergencia, la concertación de citas, los medicamentos, las inyecciones o los procedimientos terapéuticos, por los cuales se cobran 100 escudos de Cabo Verde (aproximadamente 1 dólar de los Estados Unidos), si bien se pueden hacer excepciones debido a la situación económica del paciente, sobre la base de una verificación de la pobreza emitida por el ayuntamiento del lugar de residencia del paciente. En el nivel de las dependencias básicas de servicios de salud, no se aplicaron derechos cobrables a los usuarios.

El paquete básico de servicios de salud esenciales que se prestan gratuitamente incluye servicios de salud reproductiva para mujeres y hombres, atención de las enfermedades transmisibles o infecciosas (VIH/SIDA, ETS o tuberculosis, entre otras) y atención integrada de las enfermedades infantiles, entre otros servicios y cuidados. Los programas de salud reproductiva y atención integrada de las enfermedades infantiles y de enfermedades infecciosas (con la excepción de los medicamentos para algunas situaciones) se ofrecen de forma gratuita, incluido el tratamiento antirretroviral, que actualmente está disponible en todos los municipios del país. Por todos los tipos de anticonceptivos (excepto los preservativos gratuitos) se paga un importe de 100 escudos de Cabo Verde (aproximadamente 1 dólar), una cuantía a la que se pueden conceder exenciones en función de la situación económica del paciente. Todas las mujeres embarazadas tienen acceso gratuito a los servicios de SSR, como la prueba del VIH prenatal, la atención prenatal y posnatal, la asistencia posterior al aborto (con excepción de los medicamentos, que requieren que el paciente abone un porcentaje) y el aborto. El paquete básico incluye también servicios gratuitos de detección del cáncer de mama y de cuello de útero, así como de cáncer de próstata. La libreta de salud reproductiva tiene un costo de 200 escudos (2 dólares); es una cuota que se abona una sola vez y permite el registro integrado de todos los acontecimientos a lo largo del ciclo vital.

En agosto de 2016, el Ministerio de Salud y Seguridad Social celebró una reunión para examinar la revisión propuesta de la lista de precios de atención de la salud y los regímenes de copago, que se está estudiando.

Prestación de servicios de salud reproductiva por parte de las organizaciones de la sociedad civil

El Ministerio de Salud es responsable de la supervisión técnica de los servicios de SSR prestados por las OSC, y de garantizar su aplicación. Solo una ONG presta servicios más allá de la información y la sensibilización: la VERDEFAM. Para determinados grupos vulnerables, también los prestan la MORABI y la Cruz Roja. Cuando se actualizan los protocolos clínicos del Ministerio o se aplican nuevos enfoques (por ejemplo, prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH, pruebas del VIH voluntarias, etc.), el personal técnico de las ONG se incluye en las sesiones de capacitación. Además, las ONG proporcionan información al Ministerio de Salud, tanto sobre las enfermedades de declaración obligatoria como sobre los servicios de salud reproductiva proporcionados.

Parte de la financiación de estas ONG está garantizada gracias a los proyectos, específicamente a través del Comité de Coordinación de la Lucha contra el SIDA (CCS‑SIDA), en lo que respecta a los ámbitos relacionados con las ETS y el VIH, para facilitar servicios gratuitos y de alta calidad, en particular para los grupos marginados, de difícil acceso y muy vulnerables. Las ONG también ofrecen enfoques de educadores entre pares para los adolescentes y los jóvenes, en colaboración con el sector de la educación y los centros de juventud y, a nivel local, las delegaciones de salud. El ICIEG también ha sido tradicionalmente una fuente de financiación para las ONG que trabajan en la esfera de la SSR, y el más reciente de los proyectos financiados se ocupaba de la difusión de información durante el brote del virus del Zika, en 2015. Sin embargo, las principales fuentes de financiación que movilizan las ONG provienen de donantes, en particular a través de ONG internacionales como la International Federation for Family Planning o ENDA Santé. La VERDEFAM también ha asegurado progresivamente sus propios ingresos a través de la prestación de servicios, con la ampliación de los servicios de salud que brindan más allá de la SSR, basándose en la atención de la salud a lo largo del ciclo vital. Sus servicios de salud tienen en cuenta todas las exenciones aplicables a los costos para determinados grupos y enfermedades.

Mujeres con discapacidad

En el plano nacional no se recibieron denuncias de esterilización forzada; sin embargo, bajo la dirección del Ministro de Salud, el Director de los Servicios de SSR solicitó que se determinase la existencia de ese tipo de casos, aunque no se hubieran detectado. La investigación de las denuncias es un procedimiento ordinario del Ministerio de Salud y, cuando se recibe una denuncia, es este ministerio quien se ocupa de su investigación por medio de la Inspección General de Salud. Las cuestiones relativas a la interrupción voluntaria del embarazo reciben especial atención y escrutinio debido a su carácter delicado desde el punto de vista cultural, a fin de asegurar de modo efectivo el acceso de las mujeres a los servicios previstos por la ley, garantizando el aborto en condiciones de seguridad. Las denuncias recibidas en el período objeto de examen se refieren a situaciones de impedimentos para la interrupción voluntaria del embarazo, en contraposición al aborto forzado. Estas situaciones se investigaron y resolvieron, recurriendo al asesoramiento del Fiscal General en los casos necesarios, a saber, cuando la denegación de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se basa en la interpretación del marco jurídico correspondiente.

Además, el Ministerio de Salud y el ICIEG promovieron un estudio para informar sobre el acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de SSR, realizado en 2015 por el CIGEF. Este estudio cualitativo se centra, por una parte, en las mujeres con discapacidad y, por otra, en las mujeres que viven con el VIH. Los resultados muestran que un número considerable de mujeres con discapacidad reciben una pensión social o una pensión otorgada por el ayuntamiento. Se concluyó que las mujeres estaban bien informadas acerca de los procedimientos de exención para acceder a los medicamentos. Muy pocas mujeres con discapacidad utilizan anticonceptivos (afirman que no tienen la necesidad de utilizarlos) o tienen hijos, y la mayoría de ellas consideran que no se encuentran en una situación que les permita tener hijos. Las mujeres que han estado embarazadas mencionan que familiares y amigos les aconsejaron abortar y que, durante el embarazo, el parto y el puerperio, tuvieron que escuchar comentarios estigmatizadores y basados en prejuicios. Las mujeres hacen referencia a la presión de la familia, especialmente en los casos en que dependen de ella para cuidar del niño. La mayoría de las mujeres se sienten bien tratadas cuando van a los servicios de salud (por ejemplo, disfrutan de prioridad, tratamiento personalizado o atención a las necesidades especiales, como la orientación espacial para las mujeres ciegas), aunque se señalan casos de falta de atención, especialmente en situaciones de hospitalización. El estudio recoge al testimonio de una mujer sometida a una esterilización sin su consentimiento que ocurrió en el contexto de la presión y decisión de la familia. Se menciona un segundo caso en el que, aunque existía una fuerte presión de la familia, la decisión de la mujer con discapacidad se respetó y no se llevó a cabo la esterilización. En general, la mayoría de las mujeres con discapacidad afirman haber sido objeto de diversos tipos de violencia a lo largo de su vida, principalmente en el seno de la familia y en la sociedad.

Mujeres que viven con el VIH/SIDA

Las mujeres en Cabo Verde tienen una menor tasa de prevalencia del VIH/SIDA que los hombres (párrafo 34 del documento básico común). Los datos del Ministerio de Salud indican que se notificaron 409 nuevos casos de infección por el VIH en 2014, de ellos 230 en mujeres y 179 en hombres, y que la reacción seropositiva del VIH se detecta antes entre las mujeres: la gran mayoría de las nuevas infecciones notificadas en los jóvenes de 15 a 34 años corresponden a mujeres (113 mujeres y 49 hombres), mientras que para las siguientes edades se invierte la tendencia (109 mujeres y 129 hombres, a partir de los 34 años). Se ofrecen pruebas de detección del VIH a todas las mujeres embarazadas, para la PTMI, lo cual ha permitido a las mujeres detectar temprano la reacción seropositiva y acceder al apoyo y el tratamiento disponibles. La transmisión del VIH de madre a hijo ha disminuido, del 5,6% en 2011 al 0,02% en 2015, y las nuevas infecciones afectan marginalmente a los niños.

Las tasas de prevalencia en los grupos vulnerables y marginados también son conocidas: en 2013 la prevalencia del VIH entre los trabajadores sexuales (en su mayoría mujeres) era del 7,7%; del 3,9% entre los consumidores de drogas (en su mayoría hombres, aunque las mujeres consumidoras de drogas, que constituyen el 2,5% de la población consumidora de drogas que se ha hecho las pruebas, tienen una prevalencia más alta que los hombres: el 5,6% frente al 3,9%); y del 15% entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Los programas de lucha contra el VIH están coordinados por el CCS‑SIDA y tienen en cuenta las necesidades de la mujer, así como la feminización que puede observarse en el grupo de personas identificadas como seropositivas. Por tanto, los servicios de apoyo en el contexto de la PTMI se han reforzado, así como los programas dirigidos a los grupos vulnerables. Existe una Red de Personas que Viven con el VIH: se trata de un grupo de apoyo que trabaja en estrecha coordinación con el CSS‑SIDA y las OSC para promover los derechos de las personas que viven con el VIH, exponiéndose como embajadores para las personas que viven con el VIH y prestando apoyo a dichas personas, a fin de evitar la autoexclusión. Desde 2010 las mujeres que viven con el VIH/SIDA han creado una unidad dentro de la Red, que se ocupa de apoyar a estas mujeres y defender sus derechos. La unidad forma parte de otras redes similares (a nivel de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y la CPLP), lo cual ha contribuido a su consolidación. Se contrató a algunas mujeres seropositivas para trabajar en los grupos de apoyo del programa de PTMI, a fin de ayudar a otras mujeres a adaptarse a su condición de seropositiva recién descubierta.

El trabajo con grupos marginados, como trabajadores sexuales, consumidores de drogas y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, se lleva a cabo en estrecha colaboración con las OSC que están en condiciones de llegar a estos grupos. El trabajo se fundamenta en un enfoque basado en los derechos, y los proyectos de divulgación abarcan los ámbitos de la información, educación y comunicaciones (IEC), la formación de educadores entre homólogos, la distribución de preservativos y gel, las pruebas de detección de ETS y VIH, la remisión para el tratamiento de las ETS y el tratamiento antirretroviral y otros tratamientos requeridos, así como el apoyo social (apoyo nutricional, apoyo a la escolarización de los niños, canasta de productos alimentarios básica). Las unidades móviles han facilitado enormemente el acceso a los servicios para grupos especialmente excluidos; por ejemplo, en el caso de los trabajadores sexuales, entre 2015 y 2016 un total de 2.892 tuvieron acceso a asesoramiento y análisis voluntarios del VIH y recibieron los resultados (entre 2012 y 2013 esta cifra era de 1.036 mujeres). En 2013 el 67% de los trabajadores sexuales tuvo acceso a asistencia social (el 54% en 2011). Los datos sobre la cobertura de los servicios se actualizarán en 2017 y es probable que las cifras hayan aumentado.

Se llevaron a cabo dos estudios para evaluar la discriminación y el estigma que sufren las personas que viven con el VIH: una encuesta nacional, que se realizó en 2015, bajo la coordinación de la Red de Personas que Viven con el VIH y el CCS‑SIDA, y un estudio cualitativo efectuado por el CIGEF, que se centró específicamente en las mujeres (véase el párrafo 133).

El estudio cuantitativo demuestra que la mayoría de las personas que viven con el VIH están desfavorecidas y presentan bajos niveles de educación e inserción en el mercado de trabajo. La mitad de la muestra, tanto hombres como mujeres, tiene ingresos inferiores al umbral de pobreza. Una mayoría llamativa de las personas que viven con el VIH (89,7%) no consideran que hayan sido víctimas de discriminación y estigmatización, tanto en lo que se refiere al acceso a la educación, la salud y el mercado de trabajo como en el seno de la familia y la comunidad; el 91,3% cree que los profesionales de la salud no revelan su estado serológico respecto del VIH a otras personas sin su consentimiento. Cerca del 65% considera que goza de buena salud, con mayores niveles de satisfacción entre las mujeres. Una inmensa mayoría de las mujeres que viven con el VIH recibieron información sobre el embarazo y la maternidad en condiciones de seguridad. Tanto las mujeres como los hombres (91%) indican que no han sido objeto de discriminación en el acceso al empleo o la formación profesional ni han cambiado de domicilio durante el año pasado. Entre los que perdieron su empleo, la mayoría (el 57%) indica que el motivo no está relacionado con el estado serológico respecto del VIH; no obstante, el 31% considera que la pérdida de empleo se debió a una discriminación por parte del empleador por motivo de dicho estado serológico y el 11% atribuye dicha pérdida a una combinación de discriminación y otros motivos. El estudio muestra, sin embargo, que las personas que viven con el VIH tienen escasos conocimientos de la legislación que los protege (la Ley núm. 19/VII/2007 que regula la prevención, el tratamiento y el control del VIH/SIDA): solo el 47% de las mujeres y los hombres tienen conocimiento de su existencia. Además, solo 1 de cada 4 personas da a conocer su estado serológico con respecto al VIH, en particular a familiares y, cuando lo hacen, es principalmente a los profesionales de la salud, al cónyuge o pareja o a otras personas que viven con el VIH. Esto significa que la gran mayoría silencia su estado serológico respecto del VIH, en particular los hombres, así como los consumidores de drogas y los trabajadores sexuales, que temen ser objeto de múltiples formas de discriminación.

El estudio cualitativo, por otra parte, señala que la mayoría de las personas entrevistadas reciben una pensión social o una pensión del municipio, y confirma el libre acceso al tratamiento antirretroviral y los exámenes asociados, y que las mujeres están bien informadas acerca de los mecanismos de exención del pago de los medicamentos que no forman parte de la lista de medicamentos gratuitos. En lo que respecta a la satisfacción con el acceso y la prestación de servicios de SSR, las mujeres seropositivas ponen de relieve los progresos, sobre todo después de la creación de asociaciones de personas que viven con el VIH: se sienten tratadas como las demás mujeres (en un sentido positivo). Las principales limitaciones detectadas guardan relación con el personal administrativo o de apoyo a la salud, que a veces no garantiza sus derechos y procedimientos establecidos (por ejemplo, no respeta la prioridad establecida y el tratamiento diferenciado, lo que incluye el acceso libre, la prioridad en la consulta, etc.). Para superar este tipo de situación, se ha creado una dependencia específica dentro de los centros de salud a la cual las mujeres tienen acceso directo. Los médicos y los enfermeros ofrecen información sobre los métodos de planificación familiar y analizan con las mujeres las ventajas y las desventajas de cada uno. El principal motivo de discriminación que mencionan las mujeres seropositivas se da en el seno de la familia: los miembros de la familia no siempre aceptan y comprenden su situación, aunque algunas mujeres se sienten respaldadas por sus familias y afirman que la adaptación al estado serológico respecto del VIH es un proceso en sí mismo, por el que deben pasar las familias con el tiempo.

Recomendación 13: La mujer rural

Pobreza rural

El documento básico común presenta avances en la reducción de la pobreza en el país (párrs. 24 a 26). La pobreza rural disminuyó en mayor medida, lo que reflejó las inversiones realizadas: entre 2007 y 2015 la pobreza absoluta se redujo 13,5 puntos porcentuales en las zonas rurales (frente a 7 puntos porcentuales en las zonas urbanas). En el período anterior (2002‑2007), la pobreza rural había disminuido solo 6,6 puntos porcentuales.

El programa del Gobierno contiene claras prioridades en materia de políticas relativas al género y la inclusión social, que incluyen respuestas basadas en la cartografía de la pobreza, respuestas de proximidad y multisectoriales, y la promoción del empleo y los ingresos, con especial hincapié en las zonas rurales, donde la pobreza es más común y existe una mayor desigualdad de género.

En 2014 el Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto para la revisión, desde una perspectiva de género y cambio climático, de los documentos de planificación del sector, como la Estrategia Nacional sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, actualizada hasta 2020 (Resolución núm. 69/2015, de 27 de julio). Pone de relieve el papel de la mujer en la agricultura familiar, la posibilidad de políticas específicas para los productores familiares y el fomento de su capacidad para influir en la formulación de políticas, incluida la participación de las mujeres en los foros sobre políticas. El Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Resolución núm. 68/2015, de 27 de julio) tiene por objeto garantizar el derecho a una alimentación adecuada: considera la posibilidad de una pensión social para los grupos vulnerables a fin de garantizar el acceso a la alimentación, y para las personas con necesidades especiales; actividades generadoras de ingresos para las familias pobres, sobre todo en los hogares encabezados por una mujer; y la expansión de los microcréditos. Además, prevé medidas para reducir la insuficiencia de micronutrientes, especialmente entre las mujeres embarazadas y los niños. Su presupuesto asigna una partida específica a la promoción la igualdad de género.

El Programa Nacional de Reducción de la Pobreza se ha dirigido principalmente a la población rural en los últimos años. Como resultado de una auditoría de género llevada a cabo con el apoyo del ICIEG, se creó la Dependencia de Divulgación y Género en el equipo de gestión, introduciendo nuevas estrategias. Durante el ciclo del Programa finalizado en 2012, los beneficiarios ascendieron a un total de 37.917 personas (casi el 30% de la población rural pobre estimada). La proporción de mujeres beneficiarias fue del 51% (19.389 mujeres y 18.528 hombres). La evaluación final del programa reconoció los efectos de la sensibilización sobre las cuestiones de género y el desarrollo de la capacidad, y se dirigió específicamente a los hogares encabezados por una mujer. Se incorporó la perspectiva de género en la recogida y el tratamiento de los datos.

El ciclo actual del Programa (2013‑2018) ha beneficiado a 4.395 personas, el 51% mujeres, de 2014 a 2016, a través de 381 microproyectos económicos y 409 microproyectos sociales. Las mujeres representan el 53% de los beneficiarios de los microproyectos sociales y el 47% de los microproyectos económicos. La evaluación de mitad de período del Programa pone de relieve la buena representación de las mujeres en los microproyectos económicos, resultado debido a i) la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de planificación de los Comités Regionales de Asociados, ii) la continua sensibilización de todos los agentes (dichos Comités, asociaciones y otros asociados) por parte de la Dependencia de Divulgación y Género del Programa, y iii) la participación del oficial de género de la Dependencia en el control de calidad de la incorporación de la perspectiva de género en los microproyectos antes de su aprobación. Las mujeres están menos representadas en los microproyectos de agricultura (34%) y de pesca (29%), lo cual podría guardar relación con el menor número de mujeres que poseen tierras cultivables, así como con los estereotipos profundamente arraigados dentro de las comunidades en cuanto a las actividades que deben realizar las mujeres y los hombres. En la evaluación se señaló la calidad de los microproyectos y se estimó que el 76% tiene potencial de sostenibilidad.

El Programa también se centró en la creación de capacidad y la promoción de la participación de las mujeres. Entre 2015 y 2016, los Comités Regionales de Asociados organizaron varias actividades de formación para las Asociaciones de Desarrollo Comunal: se realizaron 43 cursos de capacitación para 994 personas, entre las cuales había 478 mujeres (el 48%), sobre el liderazgo, la gestión de las asociaciones, la gestión de los conflictos, el emprendimiento, la planificación, la gestión y supervisión de proyectos, la igualdad de género y el papel de las familias en la lucha contra la violencia por razón de género. En cuanto a la participación, el Programa determinó que al menos el 45% de los participantes en las asambleas comunitarias deben ser mujeres: la participación de las mujeres en las 495 asambleas comunitarias fue del 52%. También se promueve la participación de la mujer en los Comités Regionales de Asociados: la proporción de mujeres aumentó del 23% en 2014 al 27% en 2016. La lentitud de los avances viene determinada por la escasa presencia en los órganos electivos de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (que forman parte de los Comités Regionales de Asociados). Las mujeres constituyen i) el 37% de las asambleas generales de los Comités Regionales de Asociados, ii) el 21% de las juntas de los Comités Regionales de Asociados, iii) el 32% de los comités de auditoría de los Comités Regionales de Asociados, y iv) solo el 16% de los órganos de adopción de decisiones de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (76 de un total de 472). Estos datos indican la necesidad de proseguir la labor de concienciación con los Comités Regionales de Asociados y las Asociaciones.

Numerosas ONG llevan a cabo proyectos generadores de ingresos y de empoderamiento económico, varios de los cuales tienen lugar en las zonas rurales, al igual que hacen instituciones como el Ministerio de Familia e Inclusión Social, los municipios o los Centros de Capacitación Profesional y de Empleo, entre otros.

Registro de tierras

Se están llevando a cabo operaciones de registro de tierras en cuatro islas de Cabo Verde para garantizar la seguridad de los títulos de propiedad (Sal, Boavista, São Vicente y Maio), y el marco jurídico y regulatorio aprobado en este contexto contiene varias disposiciones para garantizar los derechos de las personas desfavorecidas, que a menudo son familias pobres encabezadas por una mujer. El Régimen Especial incluye i) medidas que facilitan la legalización de la tierra en asentamientos informales de zonas urbanas, ocupados principalmente por familias o personas pobres, así como asentamientos informales fuera de las zonas urbanas; ii) medidas para facilitar el rescate de contratos similares al alquiler (aforamento), lo que permite la titulación completa de tierras para familias menos pudientes; iii) incentivos administrativos (exenciones y reducción de cargos notariales y de registro e impuestos a la transmisión de propiedad), así como la exención de procedimientos de alto costo (como el registro medio en nombre de los herederos en situaciones de sucesión, o la obligación de publicación en periódicos de los procedimientos de herencia), ya que estos diversos gastos impiden que los titulares de derechos desfavorecidos formalicen sus derechos.

En lo que respecta a la igualdad entre los géneros, el Régimen Especial establece que en situaciones de propiedad conjunta, adquirida durante el matrimonio o unión de hecho, el nombre del cónyuge/pareja cuyo nombre no se menciona en las escrituras debe aparecer en el catastro y el registro de la tierra. No obstante, en las uniones de hecho informales, una situación muy común en Cabo Verde, esto requiere el reconocimiento oficial de la unión, que depende de la voluntad de ambas partes. En la mayoría de los casos de bienes comunes con un solo nombre en los documentos, es el nombre del hombre el que figura, lo que significa que las mujeres, en particular aquellas que se encuentran en uniones de hecho no oficiales, están en una posición más débil debido a la falta de los documentos necesarios para reclamar los derechos a la propiedad.

El Régimen Especial establece responsabilidades especiales para las entidades (empresas u otras) que se ocupan de las operaciones de catastro, como por ejemplo servicios de apoyo a la formalización de las tierras para personas desfavorecidas, en particular las que se encuentran en uniones de hecho. En las cuatro operaciones de catastro de tierras, se establecieron oficinas especiales a tal efecto. A fin de asegurar la capacidad una vez que las entidades han terminado el trabajo catastral, está prevista una capacitación para el último trimestre de 2017 que tiene por objeto fortalecer la capacidad de las OSC y las instituciones con responsabilidades en la formalización de tierras (registro, notaría, ayuntamiento, Instituto Nacional de Ordenación del Territorio, etc.) para hacer frente a las cuestiones sociales y de género e informar a los titulares de derechos sobre la forma de documentar los bienes comunes y reivindicar los derechos del titular de derechos que no se menciona en los documentos, que suele ser una mujer.

Cabe señalar que las situaciones contempladas para el reasentamiento futuro dentro de las operaciones de catastro de tierras tendrán que abordarse de conformidad con las normas y el principio de la Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, establecida por la Corporación Financiera Internacional. Se preparó una Política de Reasentamiento y Restauración de Medios de Vida para las operaciones de catastro de tierras, que tiene en cuenta las cuestiones de género.

Agua y saneamiento

En 2016 el 74,5% de los hogares rurales tenían acceso al agua potable, a pesar de que una cuarta parte de la población rural (25,5%) sigue utilizando fuentes de agua no tratada (pozos y manantiales). Una proporción mayor de hogares de las zonas rurales recibe ahora agua a través de la red pública: el 53,6% en 2016, mientras que esa proporción era del 43,3% en 2010. Casi el 13,5% de los hogares rurales todavía obtiene agua mediante grifos en puntos de distribución, con una tasa media diaria estimada de 15 litros por persona (entre 7 y 25 litros por día, lo que está muy por debajo del mínimo diario recomendado de 40 litros por persona). En materia de saneamiento, el 64,9% de los hogares rurales tienen acceso a retretes en el hogar y a un sistema de eliminación de aguas residuales (el 42,2% en 2010).

El sector del agua y saneamiento cuenta con un marco jurídico, regulatorio y de políticas que tiene en cuenta las cuestiones de género. En octubre de 2015 se aprobó el nuevo Código de Agua y Saneamiento (CAS) (Decreto Legislativo núm. 3/2015, de 19 de octubre): en él se distinguen los grupos de población más vulnerables y se define la participación como principio, así como la IEC. Además, se prevén el desarrollo y aplicación de planes de igualdad en las instalaciones municipales de abastecimiento de agua y saneamiento (artículo 31) y las obligaciones sociales y de género en los casos de concesiones (artículos 127 y 143), así como los objetivos sociales y de igualdad de género de los proyectos financiados mediante el Fondo de Agua y Saneamiento (artículo 293). Globalmente, se dispone que la planificación del sector del agua y saneamiento tenga en cuenta las cuestiones de igualdad de género y reducción de la pobreza (artículo 94).

El Decreto‑Ley núm. 26/2016 (de 12 de abril) establece directrices estratégicas para la política tarifaria de abastecimiento de agua y saneamiento: se prevé la regulación de los precios, entre otras medidas, a fin de promover el acceso universal, especialmente entre los pobres, y la protección de la igualdad de género. El marco regulatorio para la tarifa lo está elaborando la Autoridad de Regulación Económica, que incluye la propuesta de una tarifa social.

Las políticas y estrategias clave para el sector del agua y saneamiento son explícitas en materia de igualdad de género. El Plan Estratégico Nacional para el Agua y el Saneamiento (Resolución núm. 10/2015, de 20 de febrero) establece 40 litros de agua por persona y día como meta mínima y la reducción de las distancias para recoger agua a un máximo de 10 minutos. A lo anterior cabe sumar la aprobación de tarifas que tienen en cuenta a los pobres; la reducción de las disparidades en el acceso al agua y el saneamiento entre las distintas comunidades, pobres y no pobres, y los hogares encabezados por un hombre o una mujer; infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento que respetan la dignidad humana y la integridad de los hombres, las mujeres y los niños, tanto en el contexto como en los servicios nacionales; el fomento de la representación equitativa de mujeres y hombres en los puestos de adopción de decisiones; la promoción de la división de las tareas relacionadas con el agua y el saneamiento en el seno de la familia; la contribución a la reducción de las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, con especial atención a los más desfavorecidos; el velar por que las instituciones del sector sean responsables; y la garantía de la IEC para todos los grupos sociales. Se ha elaborado una Estrategia Social y de Género 2015‑2020 para el sector.

En el plano institucional, se ha creado el Organismo Nacional de Agua y Saneamiento, que cuenta con una Oficina de Integración Ambiental, Social y de Género, responsable de coordinar la acción de género y la incorporación de la perspectiva de género en el sector. Las instalaciones intermunicipales que se están creando para gestionar los servicios de agua y saneamiento deben contar con un departamento de enlace comunitario y social. Los comités municipales de medio ambiente, agua y saneamiento, así como las divisiones de saneamiento, tienen mandatos sociales y de género.

Se ha creado el Fondo de Agua y Saneamiento, y los criterios de selección de proyectos incluyen aspectos sociales y de género. El Fondo de Acceso Social es un subcomponente de este Fondo, que tiene por objeto promover el acceso de los sectores desfavorecidos de la población al agua y las conexiones a la red de alcantarillado, en particular para los hogares encabezados por una mujer, los hogares con huérfanos, las personas con discapacidad y dependientes y las personas de edad aisladas (comunidades urbanas, periurbanas y rurales). Se financiaron conexiones a la red doméstica para 4.343 hogares, de los cuales 2.790 estaban encabezados por una mujer (64%) y sus respectivas familias (aproximadamente 27.518 beneficiarios), muchos en comunidades rurales.

Vivienda, educación, salud y acceso a la justicia

Los programas de vivienda, educación, salud y acceso a la justicia se dirigen a las mujeres desfavorecidas en general y, en particular, a las mujeres desfavorecidas de las zonas rurales. Los progresos en esas esferas se presentan en la sección siguiente, así como en las secciones relativas a la educación y la salud.

Recomendación 14: Grupos de mujeres desfavorecidos

El programa del Gobierno (2016) para la novena legislatura establece medidas explícitas e inclusivas para promover la igualdad de género y la inclusión social y se compromete, durante el próximo decenio, a situar el cuidado de los dependientes –niños, ancianos y personas con discapacidad–, que se ha considerado tradicionalmente un mandato social exclusivo de las familias, en el centro de las políticas públicas de inclusión social y apoyo familiar, para promover la igualdad de género y la conciliación del trabajo y la vida familiar.

Se ha iniciado la creación de un sistema nacional de asistencia, que tiene como objetivo a los niños de 0 a 12 años (en particular de 0 a 3 años), y los ancianos y las personas con discapacidad dependientes, con miras a reducir los efectos negativos de la crisis de asistencia en la cohesión social y contribuir de manera eficaz a la igualdad entre los géneros, liberando tiempo para la mujer, en las mismas condiciones que los hombres, para su desarrollo personal y profesional, como se indica en el párrafo 112, en la sección relativa al empleo.

A principios de 2016 se preparó un Análisis de Género de las Políticas Sociales, en el que se vinculaban las estadísticas sobre el empleo del tiempo y el trabajo no remunerado de las mujeres en las actividades de cuidados, con un análisis del marco jurídico, las políticas y la estructura institucional de la protección social. El estudio ofreció asimismo un análisis de los costos y los beneficios económicos de un sistema de asistencia, y su repercusión en la economía a corto y largo plazo, describiendo las principales características del sistema. En julio de 2016, el Ministerio de Familia e Inclusión Social organizó un Diálogo sobre la Protección Social y las Políticas Sociales en Cabo Verde para examinar varias propuestas de políticas, centrándose en los componentes sociales del sistema de protección social, donde se celebraron mesas redondas sobre el tema “Economía asistencial e igualdad, programas de transferencia social, sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas y programas de protección social”. Entre los participantes figuraban direcciones encargadas de la educación, la salud, la seguridad social, el empleo, el trabajo, las finanzas, la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo rural y la agricultura, las pensiones sociales, el género, la inmigración, el CIGEF, el INE, la sociedad civil (incluidos los sindicatos) y los municipios.

Por medio de la Resolución núm. 89/2016 (de 23 de diciembre) se creó el Grupo Interministerial para el Diseño y la Supervisión del Programa de Acceso a los Ingresos, la Educación, los Cuidados y la Salud, encargado de la elaboración de dicho programa y la supervisión de su progreso. Los componentes principales de este programa son i) el apoyo a los ingresos para la inclusión, mediante transferencias directas en apoyo a las familias vulnerables, a fin de garantizar el acceso a bienes y servicios básicos; ii) el sistema de cuidados para dependientes, a través de transferencias indirectas a las familias, el establecimiento de contratos con organizaciones públicas y privadas para la prestación de servicios de atención, a saber, a niños de 0 a 3 años, ancianos y personas con discapacidad; y iii) el acceso a la educación y la salud, mediante transferencias indirectas a las familias, el establecimiento de contratos con los ayuntamientos para medicamentos en el régimen no contributivo, y el acceso de los niños de familias de bajos ingresos a los centros preescolares.

Se capacitó a los miembros del Grupo Interministerial, que prepararon el Plan Nacional de Cuidados, estructurado en torno a seis objetivos estratégicos: i) ampliar la red de apoyo a las familias que dependen de los servicios de atención, incluido un análisis de las necesidades en el plano municipal, y apoyo técnico y financiero a las iniciativas de atención (como jardines de infancia y el cuidado de dependientes); ii) establecer un marco normativo y administrativo para el sistema de cuidados; iii) elaborar un plan de capacitación en materia de cuidados, en particular el diseño de planes de estudios de mejora de la capacidad para jardines de infancia y asistentes para adultos dependientes, el establecimiento de una base de datos de profesionales por municipio y la identificación de las mujeres cuidadoras que pueden profesionalizarse; iv) establecer una red de comunicación interna y externa; v) desarrollar un sistema de gestión para el acceso, la información y los conocimientos; y vi) garantizar la financiación sostenible y solidaria del sistema. El Plan, que se finalizó en marzo de 2017, está pendiente de asignación de fecha para su debate en el Gabinete de Ministros.

Algunas de las medidas del Plan ya se están aplicando, en particular las encaminadas a la generalización del acceso a la enseñanza preescolar, en el marco del Plan Estratégico de Educación, que prevé i) la integración de la enseñanza preescolar en el sistema de educación formal (de 4 a 5 años), ii) la subvención de familias pobres para la inclusión de todos los niños de 4 a 6 años, y iii) la mejora de las condiciones de trabajo de los maestros de preescolar (escuelas públicas y privadas) y la consolidación de las perspectivas de carrera. El Ministerio de Educación está apoyando el aumento del número de establecimientos preescolares de los municipios, las ONG y las entidades religiosas; el pago de la matrícula escolar para las familias más pobres, mediante el Ministerio de Familia e Inclusión Social; el aumento del número de centros preescolares que ofrecen una comida caliente; la mejora de determinadas infraestructuras; y la concesión de becas para la formación de los maestros de preescolar.

Cabo Verde está en proceso de establecer un Registro Social Unificado de los Beneficiarios de la Protección Social, a fin de propiciar el registro de las familias vulnerables y toda la gama de prestaciones que pueden recibir en diferentes situaciones de vulnerabilidad. El Registro Social será un instrumento de gestión y planificación para evaluar las lagunas y superposiciones en los programas y líneas de acción de protección social. Además, la Carta Social (en la que se describe la red de servicios y estructuras sociales del país) se actualizará y vinculará al Registro Social.

En virtud de la Ley núm. 26/VIII/2013 (de 21 de enero), por la que se aprueba el Código de Beneficios Fiscales (modificado por la Ley núm. 102/VIII/2016, de 6 de enero, y el presupuesto estatal para el año 2017), se aprobaron los incentivos fiscales para la creación de empleo para las personas con discapacidad: en situaciones de patrocinio social, a efectos fiscales, varias actividades se consideran gastos, a saber, las actividades de asistencia a las personas vulnerables (personas con discapacidad o enfermedad mental, hijos de desempleados), la creación de oportunidades de empleo y de reinserción social de las personas, las familias o los grupos socialmente excluidos, el apoyo al establecimiento de jardines de infancia y residencias de ancianos, o la asistencia a las asociaciones de personas con discapacidad o enfermedad mental, con lo que se estimulan las donaciones a esas iniciativas. También se concede la exención de derechos aduaneros a la importación de sillas de ruedas y vehículos adaptados para personas con discapacidad física.

El sistema de protección social de Cabo Verde incluye un componente no contributivo, la pensión social, administrado por el Centro Nacional de Pensiones Sociales. Su objetivo es ofrecer condiciones de vida mínimas a las personas que no están cubiertas por la seguridad social, y se divide en tres modalidades: pensión básica, pensión social motivada por incapacidad y pensión social de supervivencia. En total hay 21.198 personas cubiertas, lo que representa el 43% de la población con 60 o más años de edad. La pensión social para personas de edad cubre a 17.030 personas, la pensión por incapacidad a 3.997 personas y la pensión para supérstites del cónyuge a 171 personas. Las mujeres representan el 70,2% de los beneficiarios y los hombres el 29,8%, con un porcentaje muy considerable de las zonas rurales; las mujeres son mayoría en los tres tipos de pensión, pero especialmente en las pensiones para las personas de edad, lo que refleja la mayor vulnerabilidad de la mujer. De hecho, las mujeres constituyen la mayoría de la población de edad, y es más probable que hayan quedado fuera de la fuerza de trabajo o, si formaron parte de la fuerza de trabajo, es más probable que hayan trabajado en el sector no estructurado, lo que les habría brindado un menor acceso a la seguridad social contributiva. La OIT ha considerado recientemente a Cabo Verde como “experiencia de éxito de la ampliación de la protección social” y una de las naciones más avanzadas de África en el establecimiento de un nivel mínimo de protección social.

La Ordenanza núm. 7/2017 (de 6 de marzo) establece los procedimientos de subvención para la capacitación profesional que ofrece el Ministerio de Familia e Inclusión Social: las personas con discapacidad y procedentes de familias de bajos ingresos son los potenciales beneficiarios. Se puede financiar hasta un 80% del total de los costos de capacitación, y hasta el 100% en situaciones de extrema pobreza y discapacidad.

El marco jurídico de las viviendas de interés social tiene en cuenta las situaciones en que la mujer es la cabeza de familia. Los hogares encabezados por una mujer representan el 58% de los beneficiarios a los que se concedieron viviendas en virtud del programa Vivienda para Todos (676). El programa determina que el 5% de todas las viviendas deben adaptarse y prepararse para sillas de ruedas y tener una accesibilidad adecuada: esta norma se ha aplicado durante la fase de construcción y asignación, y esas viviendas están reservadas exclusivamente a las personas con esas necesidades.

En cuanto a la protección contra la violencia, el abuso y la explotación sexuales, el documento básico común contiene los mecanismos de apelación y reparación existentes (sección D, en particular los párrafos 168 a 178). En los párrafos 190 y 191 (documento básico común) se mencionan las medidas para promover el acceso a la justicia y los derechos. Las secciones relativas a estereotipos y prácticas nocivas y a la violencia contra la mujer recogen también otras medidas.

Mujeres con discapacidad

El documento básico común describe las medidas adoptadas para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad (párrs. 235 a 248). Además, el Decreto‑Ley núm. 27/2015 (publicado el 6 de mayo de 2015) establece normas y principios para la protección y la asistencia a las personas con movilidad reducida en el transporte aéreo, tanto para la mujer como para el hombre: el transporte no puede denegarse sobre la base de su discapacidad o movilidad reducida, salvo por razones de seguridad, tal como se prevé y justifica en la ley.

Además, para promover el acceso al mercado de trabajo para las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley núm. 40/VIII/2013 (publicada el 17 de septiembre), el Decreto‑Ley núm. 38/2015 (publicado el 29 de julio) regula los procedimientos de selección y contratación, tanto para el ingreso en la administración pública como en los puestos de adopción de decisiones, estableciendo cuotas para las personas con discapacidad (artículo 29): para los procesos de contratación externos está prevista una cuota del 5%, con la excepción de la policía y de los empleos relacionados con el orden público y la seguridad en las prisiones. No obstante, actualmente no se dispone de datos sistemáticos sobre el número de personas con discapacidad en la administración pública.

A fin de promover la integración de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, en los centros de enseñanza en todos los niveles de la educación, el presupuesto estatal de 2017 (Ley núm. 5/IX/2016, de 30 de diciembre) establece la gratuidad de la matrícula para las personas con discapacidad y su asistencia a escuelas públicas (enseñanza preescolar, primaria, secundaria, superior y formación profesional) a partir del año lectivo 2017/2018, así como en las escuelas privadas (en las condiciones que determine el Gobierno: artículo 41).

En 2013 el Ministerio de Salud revisó el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2021‑2016 (Resolución núm. 117/2013, de 19 de noviembre) con el fin de garantizar la incorporación de la perspectiva de género y la discapacidad. Se celebró una sesión de capacitación sobre el tema “Equidad en la planificación y la acción en el sector de la salud” para asegurar que tanto el personal a cargo de la planificación central como los encargados de la adopción de decisiones a nivel descentralizado puedan analizar las necesidades de salud concretas de cada sexo a fin de garantizar mejores resultados sanitarios, especialmente en cuanto a SSR. Para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, se han construido rampas de acceso en todos los establecimientos de salud.

En 2016 se diagnosticó microcefalia a varios niños (20), la gran mayoría de los cuales habían nacido después del brote del virus del Zika (octubre de 2015): las 75 mujeres embarazadas infectadas por el virus estuvieron vigiladas de cerca por los servicios de salud, y los niños recibieron especial atención sanitaria en lo que respecta a la evaluación neurológica y psicomotora, con el establecimiento de un programa de rehabilitación y fisioterapia psicomotoras. Las familias, en particular las madres, reciben asesoramiento para garantizar una buena comprensión de la microcefalia y ayuda con estímulos en la primera infancia, así como apoyo social, incluidos una pensión social y apoyo para las necesidades inmediatas. Se emitieron anuncios de radio y televisión específicos sobre la microcefalia, apelando a los cuidados y el amor que requieren estos niños, al igual que cualquier otro. La estrategia de difusión de información sobre la prevención del virus del Zika en las comunidades también ha incorporado una perspectiva de género: las ONG que se ocupan de los derechos y la SSR de la mujer (la OMCV, la MORABI y la VERDEFAM) participaron en IEC, y se brindó apoyo a tres proyectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, la violencia por razón de género y la enfermedad del Zika (Santiago, Maio, Fogo, Sal y Boavista, principalmente en comunidades rurales). En las sesiones de información y sensibilización (69 en total, a las que asistieron 7.677 participantes, hombres y mujeres) se establecieron vínculos entre la información sobre el virus del Zika y las relaciones de género sociales (por ejemplo, los estereotipos de género que atribuyen casi exclusivamente el trabajo asistencial a las mujeres, las relaciones de poder y la adopción de decisiones en materia de salud sexual, entre otros aspectos) y, en las sesiones organizadas en las escuelas, se abordó la cuestión del embarazo en la adolescencia. Las sesiones estuvieron precedidas por seis talleres de capacitación sobre estas cuestiones, con la participación de ONG activistas locales y maestros de jardín de infancia, docentes y miembros de la APIMUD.

La APIMUD, creada en 2015, defiende y promueve los derechos e intereses de las mujeres con discapacidad, con potentes mensajes de promoción en varios foros. Tiene su sede en Praia y ha abierto delegaciones en las islas de Sal y Santo Antão. A través de una asociación con el Ayuntamiento de Praia (proporcionó un espacio) y otras entidades, estableció su sede, así como una tienda de impresión y una cafetería: pequeñas empresas que dan trabajo a dos mujeres con discapacidad. Con el apoyo del Ministerio de Familia e Inclusión Social, la APIMUD puso en marcha un proyecto para promover el autoempleo de diez mujeres con discapacidad, ofreciéndoles formación sobre confección; así, se está creando una cooperativa para comercializar productos.

Hogares encabezados por una mujer

El documento básico común presenta datos sobre los hogares encabezados por una mujer (párrs. 19 y 20). Entre las medidas para mejorar su situación figura la mencionada creación de un sistema de cuidados, ya en curso. En las secciones relativas a la mujer rural y al empleo también se hace referencia a este grupo, que se aborda ahora de forma más sistemática en las políticas públicas.

Mujeres de edad

El documento básico común presenta los datos y las medidas adoptadas para garantizar la no discriminación y la igualdad de las personas de edad (párrs. 249 a 255), mientras que la pensión social y el sistema de cuidados ya se han mencionado anteriormente. Además, se está elaborando el Plan Estratégico Nacional para los Cuidados y el Envejecimiento Activo 2017‑2021.

Mujeres inmigrantes

El documento básico común presenta datos y medidas relativas a los inmigrantes (párrs. 256 a 268); la formación de las mujeres inmigrantes en el PISI (a que se hace referencia en el párrafo 267 del documento básico común) incluye temas relacionados con los derechos humanos, los derechos y los deberes de los inmigrantes y las nociones de los derechos laborales. Las mujeres inmigrantes expresaron su preocupación en relación con las dificultades para la regularización de los inmigrantes en Cabo Verde y los obstáculos para los servicios de salud (costos, idioma y tabúes relacionados con la maternidad, la planificación familiar y las ETS), reconociendo la importancia de la utilización de servicios de SSR, especialmente para dar a luz.

De los 23 proyectos de integración a los que brinda apoyo la Dirección General de Inmigración en el marco del proyecto PISI, entre 2013 y 2017, el 46% de los beneficiarios eran mujeres, y cuatro proyectos de la sociedad civil de 2015/2016 abordaron específicamente el empoderamiento económico de las mujeres inmigrantes: la ONG African Renaissance – Association of West African Women puso en marcha un proyecto de facilitación intercultural dirigido a 30 mujeres inmigrantes, que incluía su capacitación como asistentes de cocina y peluquería; la Senegalese Association ejecutó un proyecto de promoción del autoempleo en la transformación y la conservación de productos locales, que benefició a 15 mujeres inmigrantes; la Casamance Association, que trabaja en la artesanía y la joyería, brindó asistencia a 25 mujeres inmigrantes; y la Muslim Women Association, en un proyecto de SSR, organizó sus actividades en torno a la formación profesional en la cocina y la panadería, que beneficiaron a 20 mujeres inmigrantes.

Otros grupos de mujeres

Las medidas adoptadas en relación con las mujeres seropositivas figuran en los párrafos 134 a 140.

Recomendación 15: Matrimonio y relaciones familiares

Las operaciones de catastro de tierras llevadas a cabo en las islas de Sal, Maio, São Vicente y Boavista (a las que se hace referencia en los párrafos 148 a 151) incluyeron una amplia campaña de comunicación sobre los derechos a la propiedad de la mujer y las cuestiones que se plantean en relación con el matrimonio, la unión informal de hecho, el divorcio y la viudedad, así como las disposiciones jurídicas que protegen estos derechos. La campaña iba dirigida a los titulares de los derechos, mujeres y hombres, los activistas de las OSC, los grupos culturales y deportivos, las confesiones religiosas, los líderes comunitarios, los inmigrantes y los principales empleadores de cada isla; el objetivo era asegurar una buena comprensión de los derechos a la propiedad de la mujer, así como las limitaciones existentes, que incluyen las situaciones de poligamia de facto. Se impartieron sesiones de formación en profundidad para las OSC con el objetivo de mejorar su capacidad para difundir información a sus beneficiarios y llevar a cabo actividades de promoción. Hay prevista una nueva ronda de sesiones de formación para el último trimestre de 2017.

Las medidas para apoyar a las madres solteras se presentan en la sección relativa a los grupos de mujeres desfavorecidos.

Recomendación 16: Recogida de datos

Se han logrado progresos considerables en lo que respecta a la recogida de datos desglosados, así como en su tratamiento, análisis y difusión y los indicadores específicos de género. Se estableció un coordinador de cuestiones de género en el INE y se reforzó la asociación entre el INE, el ICIEG y el CIGEF, en particular en cuanto a la labor conjunta para incorporar la perspectiva de género en las principales operaciones estadísticas.

Sobre la base del conjunto de datos del censo (2010), el INE publicó por primera vez un informe específico sobre género, titulado “Relaciones femeninas, masculinas y de género: análisis de los datos del Censo 2010”, que se publicó y difundió en 2014. El INE también publicó ese mismo año el informe relativo a la encuesta sobre el empleo del tiempo y el trabajo no remunerado (2012).

A fin de mejorar las estadísticas del sector de la justicia y la seguridad, el INE creó una dependencia para trabajar con el Ministerio del Interior, el Consejo Superior de la Fiscalía y el Consejo Superior del Poder Judicial. Como resultado de ello, se formalizaron las estadísticas del sector y se mejoró la calidad de los indicadores. Durante el Primer Seminario sobre Estadísticas de Justicia y Seguridad, que contó con la participación de todos los productores de datos, se tomó la decisión de dar prioridad a las estadísticas de género y protección de la infancia. En 2016 se publicó el informe “Cabo Verde: la justicia y la seguridad en cifras” (2015), con datos sobre los casos de violencia de género, la agresión sexual, el abuso sexual a niños y menores, el perfil de las víctimas y los autores, y la situación de los casos judiciales de violencia de género, además de otros indicadores desglosados por sexo. Desde 2011/2012 el Consejo Superior de la Fiscalía presenta la violencia por razón de género como 1 de los 2 delitos que deben ser objeto de seguimiento e incluirse en el Informe sobre la Situación de la Justicia, que se presenta anualmente a la Asamblea Nacional.

Se sigue promoviendo el desglose de datos administrativos y de encuestas por sexo, edad, medio urbano/rural o nivel de confort. La labor preparatoria para el Censo Agrícola (2015) incorporó la perspectiva de género. En julio de 2017, se revisaron los cuestionarios para la tercera Encuesta de Salud Demográfica y Reproductiva para velar por que se puedan producir indicadores clave, como aquellos sobre violencia de género, así como una variable sobre discapacidad. También se introdujeron cuestiones relativas a la propiedad de bienes (tierras o viviendas).

En lo que respecta a la difusión, en 2013 se publicó el segundo folleto de bolsillo Mujeres y hombres en Cabo Verde: hechos y cifras, en el que se reunían estadísticas de 2009 a 2012, y en 2015 se publicó un tercero, presentado el Día de la Estadística en África, que abarca el período entre 2012 y 2014. La edición de 2017 está a punto de publicarse. El PNIG (2015‑2018) incluye cuadros de indicadores clave actualizados por sector/esfera clave.

El ICIEG está colaborando con la Dirección Nacional de Planificación para garantizar que el PEDS incorpore un enfoque de género e indicadores de género en los marcos lógicos de los programas del PEDS, desglosados por sexo y género.

El análisis a fondo de la situación de grupos específicos de mujeres se ha visto limitado por las siguientes restricciones: en el caso de las mujeres del medio rural, se ha llevado a cabo el Censo Agrícola según lo previsto, pero los resultados no se han publicado, y esta demora implica que el país no disponga de información actualizada sobre las mujeres de las zonas rurales, en todas sus dimensiones. En el caso de las mujeres pobres, los datos preliminares de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (2015) se presentaron a finales de 2016 (tendencias generales en la pobreza), pero los datos detallados aún no se han publicado, lo cual limita el análisis de género en profundidad de la pobreza.

Durante el período que se examina se llevaron a cabo varios estudios con grupos específicos, como se indica en las secciones anteriores. Los avances en los sistemas de información de varios sectores, como se ha informado, aportarán un valor añadido para los datos sobre determinados grupos o cuestiones.

Recomendación 17: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

La Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing son referencias importantes a nivel nacional y forman parte del marco de supervisión para la igualdad de género: en 2014 se preparó un informe sobre su aplicación (Beijing+20) por medio de un proceso participativo e inclusivo, que permitió una amplia difusión del marco general. El proceso de examen de Beijing estaba asociado con el proceso de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y fue un momento clave de promoción: el ICIEG coordinó un grupo de trabajo para la elaboración del Informe de Progreso del Tercer ODM y un Plan de Agilización, con representantes de 11 instituciones/sectores clave. El ICIEG también formó parte de los grupos de trabajo de los ODM primero, segundo, cuarto, quinto y sexto, garantizando la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de examen. La sesión plenaria, presidida por el Ministro de Finanzas y que contó con la participación de otros ministros, incluyó una presentación y un debate sobre la igualdad de género como un tema transversal que contribuye a los resultados en todos los ODM. Bajo la dirección de la Oficina del Primer Ministro, se entabló un diálogo estratégico sobre los logros y los desafíos relacionados con la igualdad de género que vinculó el debate de los ODM a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un marco más amplio que el tercer ODM.

Recomendación 18: Difusión y aplicación

Como se indica en el documento básico común (párr. 217), el proceso de elaboración de los informes relativos a la CEDCM y la recepción de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se consideran momentos clave para la determinación de los progresos, los problemas persistentes y las prioridades que deben reflejarse en la planificación sectorial. Tales exámenes se llevan a cabo con las partes interesadas que tienen responsabilidades institucionales en la aplicación de la CEDCM y con las OSC. En 2013 las observaciones finales y las recomendaciones se tradujeron al portugués; y se celebró una sesión parlamentaria especial sobre las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la aplicación de la Ley Especial Contra la Violencia por Razón de Género, en colaboración con la RMPCV. A nivel ejecutivo, el Gabinete de Ministros celebró una reunión temática, con lo que se destacó la necesidad de que todos los sectores gubernamentales aplicaran la Convención y las recomendaciones. Las recomendaciones se compartieron con los sectores pertinentes y se publicó un folleto de bolsillo con el texto completo de la CEDCM, el informe de Cabo Verde, la lista de preguntas y respuestas, las observaciones finales y las recomendaciones recibidas. En 2014 se publicaron las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la Agenda 2014 del ICIEG.

La gran mayoría de las actividades mencionadas en el presente informe se basan en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y este vínculo se comparte explícitamente con los diferentes participantes.

El actual proceso de presentación de informes se puso en marcha mediante un taller específico en mayo, que propició una nueva ronda de difusión de las obligaciones del país y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recibidas en 2013 entre los representantes de diferentes sectores, instituciones, OSC y asociados, muchos de los cuales también participan en el proceso de planificación nacional en curso para la elaboración del PEDS.

Recomendación 19: Ratificación de otros tratados

En relación con la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, véase el párrafo 156 del documento básico común.

Recomendación 20: Seguimiento de las observaciones finales

Una limitación en el período que se examina fue la falta de comprensión de la naturaleza del procedimiento de seguimiento establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Por lo tanto, aunque se intercambió correspondencia con el Comité, Cabo Verde no presentó información por escrito sobre las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones señaladas en los párrafos 23 y 29 c) de las observaciones finales del Comité (CEDAW/C/CPV/CO/7‑8). Este nuevo mecanismo se asimiló mejor durante la preparación del presente informe específico, que contiene la información solicitada.

A fin de mejorar el cumplimiento por parte del país de las obligaciones de presentación de informes en virtud de los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Cabo Verde, en 2017 se estableció un mecanismo específico, la Comisión Interministerial para la Elaboración de Informes Nacionales (Resolución núm. 55/2017, de 15 de junio), integrada por representantes de los departamentos gubernamentales, con la responsabilidad, entre otras, de promover el diálogo con las OSC y las instituciones nacionales de derechos humanos para la elaboración de informes.

II.Aplicación de la Convención

En la parte I del informe (sobre la aplicación de las recomendaciones) se proporciona información sobre la mayoría de los avances logrados, durante el período objeto de examen, en relación con todos los artículos sustantivos de la CEDCM. Por lo tanto, la parte II solo ofrece información adicional a la ya presentada en las recomendaciones.

Parte I. Artículos 1 a 6: Definiciones y obligaciones

Artículos 1 y 2: Medidas jurídicas para eliminar la discriminación contra la mujer

Durante el período que se examina, Cabo Verde aprobó nuevas leyes en numerosos ámbitos que contribuyen a reforzar la protección de los derechos de la mujer. Muchas de ellas ya se han mencionado en la parte I del informe, y se ofrece un cuadro resumen al respecto (anexo I).

Además, la Ordenanza núm. 25/2013, publicada el 17 de abril, relativa al cumplimiento del servicio militar de la mujer, establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres militares y se refiere específicamente a la protección de la maternidad. El proceso de selección de las mujeres que voluntariamente deseen cumplir el servicio militar debe respetar el mismo modelo que se aplica a los hombres, que puede adaptarse para tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, sin comprometer los principios de igualdad, oportunidad e imparcialidad, que son fundamentales para el proceso de selección.

El Plan de Acción para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Resolución núm. 43/2014, publicada el 2 de junio) tiene a las niñas como uno de sus principales grupos de atención especial, y contempla el trabajo no declarado, por el cual corren un riesgo especial. La Ley núm. 113/VIII/2016 aprueba la Lista Nacional de Trabajos Infantiles Peligrosos y regula su aplicación: el ICCA, la Dirección General de Trabajo y la Inspección General de Trabajo se encargan de prestar especial atención al trabajo oculto que expone a riesgos en particular a las niñas, así como a los niños con necesidades especiales.

La Resolución núm. 80/2014 (de 7 de octubre) establece los principios básicos para la gestión de las empresas públicas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia para el período 2014‑2016; entre otras cosas, el personal directivo debe ocuparse de elaborar y aplicar planes de igualdad para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, la eliminación de la discriminación y la conciliación de la vida laboral y familiar.

La Resolución núm. 135/VIII/2015, publicada el 23 de junio, aprueba la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución núm. 67/234 en abril de 2013, que incluye la responsabilidad de los Estados partes exportadores de evaluar el riesgo de que las armas se utilicen para cometer o facilitar graves actos de violencia por razón de género o violencia contra las mujeres y los niños (artículo 7).

La Resolución núm. 144/VII/2015, publicada el 13 de agosto, aprueba la ratificación de la Carta Africana de Transporte Marítimo, en la que se prevé la obligación de los Estados miembros de promover la igualdad entre los géneros y adoptar políticas para fomentar enérgicamente las oportunidades económicas, la contratación, la colocación, el ascenso y el adelanto de la mujer en el sector marítimo (artículo 37); y la promulgación de la legislación pertinente para acelerar el empoderamiento de la mujer en el sector marítimo, en particular el fomento de la educación específica y la formación en mentoría para las mujeres a todos los niveles.

La Resolución núm. 100/2015 (de 15 de octubre) aprueba el Plan de Acción Nacional para Energías Renovables 2015‑2020/2030, en el que se indican los riesgos para la salud de las mujeres y los niños asociados con las prácticas de cocina tradicionales en las que se utiliza leña, y la necesidad de promover el acceso a la electricidad como alternativa, lo cual también redundará en beneficio de las actividades generadoras de ingresos. El sistema de información para supervisar la energía renovable y la eficiencia energética, aún no implantado, prevé el seguimiento y el análisis de los aspectos sociales y de género.

La Resolución núm. 6/2016 (de 28 de enero) aprobó el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Estadísticas de Agricultura y del Medio Rural 2015‑2021, que tiene por uno de sus objetivos garantizar datos desglosados por sexo sobre agricultura y ganadería, en particular la zona, la productividad y el número de cabezas de ganado, que entrará en vigor con el Quinto Censo Agrícola.

El Documento Normativo de la Ciencia (2016‑2020) (Resolución núm. 47/2016, publicada el 15 de abril) considera la igualdad entre los géneros como principio para la política de ciencia, tecnología e innovación, y sus iniciativas deben promover la inclusión social, garantizando el acceso de todos, especialmente los jóvenes, las mujeres y otros grupos en riesgo de exclusión.

El Decreto‑Ley núm. 49/2016, publicado el 27 de septiembre, establece la nueva estructura, organización y normas operativas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente tiene como uno de sus objetivos velar por la incorporación de una perspectiva de género y social en la planificación estratégica ambiental.

El Decreto‑Ley núm. 48/2016 (de 27 de septiembre) establece la nueva estructura, organización y normas operativas del Ministerio de Infraestructura, Planificación Territorial y Vivienda: su Departamento de Gestión de Adquisiciones, Bienes y Recursos Humanos se encarga de promover la paridad y la igualdad profesional entre hombres y mujeres, y la igualdad de oportunidades en el acceso a puestos en el Ministerio.

La Resolución núm. 8/2016 (de 5 de febrero) estableció la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de Microempresas y Pequeñas Empresas, integrando a cuatro representantes de microempresas y pequeñas empresas gestionadas por jóvenes y mujeres, con el mandato de asegurar la coherencia entre las políticas de desarrollo económico y los planes y programas sectoriales, y proponer medidas para estimular, coordinar y evaluar las políticas de las microempresas y las pequeñas empresas.

Artículo 3: Pleno desarrollo y adelanto de la mujer

Como se indica en el párrafo 16, el Plan Nacional de Igualdad de Género (PNIG 2015‑2018) se elaboró en 2014 (aprobado mediante la Resolución núm. 40/2016, publicada el 23 de marzo). Está estructurado en torno a ocho pilares estratégicos: 1) salud, 2) derechos sexuales y reproductivos, 3) violencia por razón de género (que cuenta con un plan de acción concreto, el PNVBG), 4) educación y formación profesional, 5) economía productiva, 6) economía reproductiva, 7) participación política, adopción de decisiones y comunicación, y 8) fortalecimiento institucional para mejorar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

El programa del Gobierno es explícito en cuanto a la importancia de la igualdad entre los géneros para el desarrollo del país: 2 de los 11 “compromisos para el decenio” se ocupan específicamente de las cuestiones de género, mientras que otros se refieren a la inclusión social; hace referencia a las causas profundas de la desigualdad de género y establece la intención de Cabo Verde de ser una referencia en materia de igualdad entre los géneros e inclusión social; manifiesta el compromiso de incorporar la perspectiva de género en todas las esferas de la gobernanza, un programa para el sistema de cuidados y la formulación y aplicación de presupuestos con perspectiva de género. Proporciona orientación sobre políticas para las infraestructuras urbanas y la vivienda adaptadas a las necesidades de la mujer; la igualdad de género en la educación, la salud y el empleo; la promoción de un entorno de trabajo no discriminatorio; la discriminación positiva del desarrollo rural; la lucha contra la violencia por razón de género; y la promoción de la participación de la mujer en la vida pública. Una evaluación rápida del programa del Gobierno demuestra que está en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con el Objetivo 5.

Se está ultimando el PEDS, formulado sobre la base del programa del Gobierno, que contiene secciones específicas de género y ha incorporado un enfoque de género.

Artículo 4: Medidas especiales

Consúltese la recomendación 5 (párrafos 22 y 23 del presente informe).

Artículo 5: Estereotipos y prejuicios sobre las funciones características de cada sexo

La campaña Libres e Iguales de las Naciones Unidas, que cuenta con la participación de la renombrada cantante de Cabo Verde Mayra Andrade y la cantante brasileña Maria Gadú, se puso en marcha en el país en 2016. En los últimos años se han llevado a cabo varias campañas para aumentar la conciencia sobre la diversidad sexual y de género y promover la igualdad de derechos y el trato justo de las personas LGBTI: se prestó apoyo a la creación de una asociación LGBTI en Praia, se organizaron debates acerca del documental Txindas (sobre la vida de un célebre transgénero de Cabo Verde) en las escuelas, las universidades y los cines, se celebró un desfile del orgullo LGBTI en Praia y se emitió un programa de radio el Día Internacional contra la Homofobia que contó con la participación, entre otros, de especialistas en derechos humanos y personas LGBTI. En febrero de 2017, el ICIEG y la Asociación de Periodistas de Cabo Verde organizaron para 20 periodistas de todas las regiones del país un taller de capacitación sobre orientación sexual e identidad de género, a fin de garantizar una cobertura basada en los derechos humanos para las cuestiones LGBTI en los medios de comunicación.

Artículo 6: Prostitución

Consúltese la Recomendación 8, en particular los párrafos 59 y 72 a 76.

Parte II. Artículos 7 a 9: Vida pública y política

Los progresos realizados en la esfera de la vida pública y política (artículo 7) se presentan en la Recomendación 9 (párrs. 77 a 84).

En relación con los artículos 8 (Representación) y 9 (Nacionalidad), no hay nada nuevo que reseñar.

Parte III. Artículos 10 a 14: Derechos económicos y sociales

Artículo 10: Educación

El CIGEF está ejecutando un programa de fomento de la capacidad para el personal universitario, tanto profesores como personal administrativo, a fin de promover una mejor incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza y la investigación en la universidad y una cultura institucional que tenga en cuenta las cuestiones de género. En 2016 se capacitó a 73 estudiantes, 4 profesores y 33 miembros del personal administrativo en las tres sedes de la Universidad. Cuatro cursos de la Universidad de Cabo Verde incluyen módulos o contenido en materia de género.

Artículo 11: Empleo

La proporción de trabajadores domésticos cubiertos por la seguridad social sigue siendo baja (9,5% en 2015); por ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puso en marcha en 2017 una campaña de televisión sobre el derecho de los trabajadores domésticos a la seguridad social, una categoría profesional casi exclusivamente femenina.

Artículo 12: Salud

Consúltense los progresos de los que se informa en la Recomendación 12 (párrs. 126 a 140).

Artículo 13: Prestaciones económicas y sociales

El Ministerio de Deportes ha propuesto la introducción de la paridad de género en los órganos deportivos como criterio para la firma de contratos de programas entre el Gobierno y las federaciones deportivas nacionales, una medida para promover la igualdad de género en los puestos de adopción de decisiones del sector deportivo, que se examinará en el próximo Consejo de Deportes.

El Comité Olímpico Nacional organizó el Primer Foro Nacional sobre la Mujer en el Deporte en marzo de 2017 y un taller de capacitación sobre el liderazgo de la mujer en el deporte. El Comité estableció una comisión específica para la promoción de la mujer en el deporte y ejecuta un programa específico para ese fin a nivel nacional.

Artículo 14: La mujer rural

Consúltense los progresos de los que se informa en la Recomendación 13 (párrs. 141 a 158).

Parte IV. Artículos 15 y 16: Igualdad ante la ley y en el hogar

En relación con los artículos 15 y 16 (Derecho, Matrimonio y Vida Familiar), no hay nada nuevo que reseñar.

III.Revisión de la aplicación de los resultados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas

En relación con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, consúltese la Recomendación 17.

Los miembros del Gobierno celebraron un seminario en 2016 sobre el marco de los ODS y la manera de integrarlo en la planificación nacional, especialmente el PEDS.

A nivel interno, en 2016 se presentó y debatió el informe titulado “Aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la mujer, la paz y la seguridad: la experiencia de Cabo Verde en el sector de la defensa” en la Secretaría Permanente para Cuestiones de Defensa. Se está aplicando un plan de promoción con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a fin de alentar la aplicación de la resolución 1325 y la elaboración de un plan de acción. Se acordó establecer una misión técnica en apoyo de los esfuerzos nacionales durante el período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad en África Occidental (al que se hace referencia en el párrafo 71 del presente informe).