Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes

Informes periódicos cuarto y quinto que los Estados partes debían presentar en 2012

Australia * **

[31 de julio de 2013]

Índice

P árrafos P ágina

Siglas3

Introducción1–54

Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención, en particular respecto de las recomendaciones anteriores del Comité6–3094

Artículos 1 y 46–124

Artículo 213–1115

Artículo 3112–15223

Artículos 5, 6 y 7153–15430

Artículo 10155–16230

Artículo 11163–21431

Artículos 12, 13 y 14215–24141

Artículo 15242–24545

Artículo 16246–30946

II.Otras cuestiones310–31355

III.Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, incluidas las nuevas medidas y los acontecimientos relacionados con la aplicación de la Convención314–32556

Anexos***

Siglas

ASIOOrganización de Seguridad e Inteligencia de Australia

ATSILS Servicios Jurídicos para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres

COAGConsejo de Gobiernos Australianos

EPUExamen Periódico Universal

SAPHS Servicios de Salud de los Reclusos de Australia Meridional

Introducción

1.En el presente documento se presentan al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura los informes periódicos cuarto y quinto de Australia sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

2.El tercer informe periódico se presentó al Comité en 2005 (CAT/C/67/Add.7) y abarcó el período de julio de 1997 a octubre de 2004. El Comité examinó el informe los días 29 y 30 de abril de 2008.

3.De conformidad con las nuevas directrices sobre presentación de informes, el Comité elaboró una lista de cuestiones (CAT/C/AUS/Q/5) antes de la presentación del quinto informe periódico de Australia (CAT/C/AUS/5). La lista de cuestiones fue aprobada por el Comité en su 45º período de sesiones en noviembre de 2010, con arreglo al nuevo procedimiento facultativo establecido por el Comité en su 38º período de sesiones (HRI/GEN/2/Rev.6), que consiste en preparar y aprobar las listas de cuestiones que se han de transmitir a los Estados partes antes de que presenten su correspondiente informe periódico. Las respuestas del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirán el informe que debe presentar en virtud del artículo 19 de la Convención.

4.Este documento consta de tres partes. En la parte I se ofrece información concreta sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención, incluidas las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones y conclusiones anteriores del Comité, tal como se solicita en la mencionada lista de cuestiones. La parte II contiene información sobre otras medidas adoptadas por Australia para luchar contra el terrorismo y la interacción de esas medidas con los derechos humanos. La Parte III presenta información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, incluidas las nuevas medidas y los acontecimientos relacionados con la aplicación de la Convención.

5.El Departamento de la Fiscalía General del Gobierno de Australia preparó este informe consultando con otros departamentos y organismos del Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios. La lista de cuestiones aprobada por el Comité se distribuyó a la sociedad civil, incluida la institución nacional de derechos humanos de Australia, es decir, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, y a organizaciones no gubernamentales (ONG) respetadas, a las que se solicitó presentaran sus opiniones sobre las cuestiones que deberían abordarse en el informe. Además, en octubre de 2012 se invitó al público australiano en general a que presentara sus opiniones sobre el proyecto de informe.

I.Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención, en particular respecto de las recomendaciones anteriores del Comité

Artículos 1 y 4

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 1 de la lista de cuestiones (CAT/C/AUS/Q/5)

6.La estructura de los artículos 274.2 1) y 2) del Código Penal del Commonwealth introducida por la Ley de Enmienda de la Legislación sobre Delitos (Prohibición de la Tortura y Abolición de la Pena de Muerte) de 2010 (Commonwealth) se debe a la claridad del texto. Fue necesario apartarse de los términos exactos de la Convención contra la Tortura a fin de tipificar los delitos de manera inequívoca y al mismo tiempo reflejar toda la gama de actos prohibidos.

7.Al tipificar los delitos era más claro enumerar una lista de propósitos prohibidos y luego tratar la discriminación por separado. A este respecto, la estructura de los artículos 274.2 1) y 2) refleja la formulación del artículo 1 de la Convención, que contiene una cláusula relativa a actos "con el fin de [propósitos prohibidos]" y luego una cláusula por separado en la misma oración relativa a "o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación".

8.En su conjunto, los artículos 274.2 1) y 2) aplican plenamente la obligación enunciada en el artículo 4 de la Convención de tipificar como delito los actos de tortura como se definen en el artículo 1. La inclusión de una nueva disposición en relación con actos de tortura discriminatorios no significa que estos actos sean menos graves que los cometidos por las razones enumeradas en el artículo 274.2 1). La pena máxima de prisión de 20 años se aplica a ambos párrafos.

9.El Gobierno no tiene la intención de examinar el artículo 274.3 1). El Código Penal dispone que Australia ejerce la jurisdicción universal con respecto a los delitos de tortura: el artículo 274.2 5) dispone la jurisdicción sobre los delitos cometidos en cualquier lugar por cualquier persona. El requisito de consentimiento para el enjuiciamiento que figura en el artículo 274.3 1) se aplica cuando el acto que constituye el supuesto delito se produce íntegramente en un país extranjero. Con ello se asegura que el ejercicio de jurisdicción por parte de Australia respecto de actos ocurridos en el extranjero sea apropiado, habida cuenta de los principios generales del derecho y la cortesía internacionales. Cuando el acto se produce íntegramente en un país extranjero, en primera instancia normalmente se aplican las leyes de ese país y es más práctico que los funcionarios de ese país se encarguen de hacer cumplir la ley.

10.Al examinar la posibilidad de dar su consentimiento al enjuiciamiento, el Fiscal General tendrá en cuenta las obligaciones internacionales de Australia, incluida la que contiene la Convención de extraditar o juzgar a los presuntos autores de actos de tortura que se encuentren en Australia. Puede solicitarse a los tribunales federales un examen judicial de la legalidad de una decisión sobre consentimiento de la Fiscalía General.

11.La jurisdicción geográfica ampliada dispuesta en el artículo 274.2 5) establece la jurisdicción de Australia sobre los actos de tortura en todos los casos enumerados en el artículo 5 de la Convención, incluidos aquellos en que la víctima es un ciudadano australiano, según lo recomendado anteriormente por el Comité.

12.Con respecto a la tipificación como delito de los actos a que se refiere al artículo 16 de la Convención, el Gobierno señala que la obligación enunciada en el artículo 4 no se aplica a tales actos. El Gobierno no tiene la intención de promulgar una ley del Commonwealth sobre el delito específico de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El comportamiento que determina estos actos está ampliamente cubierto por una serie de leyes del Commonwealth y de los estados y territorios (por ejemplo, las leyes relativas a agresión y lesiones).

Artículo 2

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 2 de la lista de cuestiones

13.En abril de 2010 el Gobierno anunció el Marco de Derechos Humanos de Australia, tras la realización de la consulta sobre derechos humanos más amplia de la historia de Australia. El Marco refleja las principales recomendaciones formuladas por el Comité Encargado de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos y abarca un conjunto de medidas, incluidos la educación sobre derechos humanos, un nuevo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y la consolidación de las leyes federales contra la discriminación.

14.La Ley de Derechos Humanos (Examen Parlamentario) de 2011 (Commonwealth) entró en vigor el 4 de enero de 2012 y constituye una parte esencial del Marco. La Ley exige que todos los nuevos proyectos de ley e instrumentos legislativos sujetos a rechazo deben estar acompañados de una evaluación de su compatibilidad con los derechos humanos y prevé el establecimiento de una nueva comisión parlamentaria mixta del Commonwealth dedicada exclusivamente a la vigilancia de los derechos humanos. De conformidad con la Ley, se definen los "derechos humanos" como los derechos y libertades reconocidos o declarados por los siete tratados básicos de derechos humanos ratificados por Australia, entre ellos la Convención contra la Tortura.

15.El 13 de marzo de 2012 se estableció la Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos tras una resolución conjunta de ambas cámaras del Parlamento. La Comisión tiene el mandato de examinar los proyectos de ley y los instrumentos legislativos sujetos a rechazo, así como las leyes vigentes, a fin de verificar su compatibilidad con los derechos humanos, y realizar investigaciones más amplias de toda cuestión relativa a los derechos humanos que le remita el Fiscal General.

16.El Marco no contempla una ley de derechos humanos ni una carta de derechos. Australia da cumplimiento a sus obligaciones de derechos humanos asegurando que las leyes, políticas y prácticas nacionales sean compatibles con dichas obligaciones. El enfoque preferido por el Gobierno para aumentar el reconocimiento de los derechos humanos incluye su mayor consideración por el Parlamento del Commonwealth y su incorporación en la formulación de leyes y políticas desde el inicio. El Marco facilitará el diálogo sobre derechos humanos entre el poder ejecutivo, el Parlamento y la comunidad. El Gobierno tiene la intención de que este diálogo promueva el cambio cultural a largo plazo en toda Australia.

17.Como parte de las medidas para lograr cambios eficaces y prácticos encaminadas a abordar mejor la protección de los derechos humanos, Australia ha aumentado la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos y la aplicación interna de las recomendaciones de las Naciones Unidas por medio de:

•La presentación en el Parlamento del Commonwealth de todas las observaciones finales formuladas a Australia por los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones formuladas a Australia en el examen periódico universal (EPU);

•El compromiso de establecer un proceso sistemático para el examen periódico de las reservas presentadas por Australia a los tratados internacionales de derechos humanos;

•El establecimiento de una base de datos en línea de acceso público de las recomendaciones del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidas las observaciones formuladas a Australia por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones formuladas a Australia en el EPU;

•La utilización de las recomendaciones formuladas en el EPU y aceptadas por Australia como base para la elaboración del nuevo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos de Australia.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 3 de la lista de cuestiones

18.Australia dispone de diversas medidas legislativas en vigor que protegen los derechos de los australianos indígenas, incluida legislación del Commonwealth y de los estados y territorios, como la Ley sobre Discriminación Racial de 1975 (Commonwealth) y las leyes penales que brindan protección contra la tortura y otros malos tratos.

19.El Gobierno de Australia considera que el reconocimiento de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en la Constitución de Australia es un paso importante hacia la consolidación de una nación basada en relaciones sólidas y el respeto mutuo.

20.En diciembre de 2010 el Gobierno nombró el Grupo de Expertos sobre el Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres para examinar posibles opciones encaminadas a reconocer a los australianos indígenas en la Constitución de Australia, y celebrar consultas y asesorar al Gobierno al respecto.

21.El Grupo de Expertos estuvo integrado por australianos indígenas y no indígenas, incluidos líderes comunitarios, expertos en derecho constitucional y parlamentarios. Trabajó en estrecha colaboración con organizaciones que tenían conocimientos especializados y antecedentes de compromiso con esta cuestión, incluidos la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Congreso Nacional de los Primeros Pueblos de Australia y Reconciliation Australia.

22.El Grupo de Expertos informó de sus conclusiones al Gobierno en enero de 2012 y ahora, por primera vez, Australia dispone de varias opciones sobre la manera de reconocer a los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en la Constitución.

23.El Gobierno considera que, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Expertos, la reforma constitucional debería reconocer el carácter singular de la historia y la cultura de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, reflejar la creencia fundamental de la nación en la importancia de la igualdad y la no discriminación mediante la eliminación de referencias a la raza, y reconocer que se necesitan esfuerzos adicionales para ayudar a cerrar la brecha respecto de las desventajas de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres.

24.El éxito de la reforma constitucional no se alcanzará sin el apoyo de la mayoría de los australianos. Se necesita más tiempo a fin de lograr el apoyo necesario para el éxito de un referéndum. El próximo paso importante es sensibilizar al público acerca de la reforma constitucional y obtener el apoyo de la comunidad. En febrero de 2012 el Gobierno anunció la asignación de 10 millones de dólares para ayudar a despertar la conciencia pública y recabar el apoyo de la comunidad respecto del reconocimiento de los primeros australianos en la Constitución. Reconciliation Australia está dirigiendo esta importante labor, con el apoyo de un grupo de dirigentes empresariales y comunitarios.

25.El 28 de noviembre de 2012 el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley de reconocimiento del lugar singular y especial de los primeros pueblos de Australia. La introducción del proyecto de ley de reconocimiento es un paso importante hacia el logro de cambios constitucionales destinados a reconocer a los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. El proyecto de ley incluye una declaración sobre el reconocimiento de dicho lugar singular y especial que refleja en gran medida la redacción propuesta por el Grupo de Expertos.

26.El proyecto tiene un plazo máximo de dos años. Esto permitirá que la campaña siga adquiriendo ímpetu y proporcione un impulso para que en el futuro el Parlamento reevalúe la campaña para el cambio y los plazos para un referéndum que tenga éxito. Se llevará a cabo un examen para analizar el nivel de apoyo de la comunidad a la enmienda de la Constitución y las propuestas de cambio constitucional teniendo en cuenta la importante labor realizada por el Grupo de Expertos. El examen concluirá seis meses antes del plazo máximo y se presentará al Parlamento.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 4 de la lista de cuestiones

27.Australia ha adoptado medidas en virtud del Marco de Derechos Humanos de Australia para seguir mejorando la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Gobierno espera que los funcionarios del sector público actúen en consonancia con los tratados internacionales en los que Australia es parte, incluida la Convención contra la Tortura. De conformidad con el Marco, el Gobierno ha invertido en un programa de educación y capacitación para el sector público del Commonwealth, incluida la elaboración de un conjunto de herramientas y materiales de orientación sobre derechos humanos para la formulación de políticas del sector público y la ejecución de programas gubernamentales. Además, como se indicó en la respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones, desde enero de 2012 todos los nuevos proyectos de ley y los instrumentos legislativos sujetos a rechazo deben acompañarse de una exposición acerca de su compatibilidad con los derechos humanos, incluidos los derechos establecidos en la Convención contra la Tortura.

28.Australia firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el 19 de mayo de 2009 y el Gobierno está trabajando con miras a su ratificación. Véase la respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones para más información sobre el progreso de Australia respecto de la ratificación del Protocolo Facultativo.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 5 de la lista de cuestiones

29.En noviembre de 2012 el Gobierno dio a conocer el proyecto de ley de derechos humanos y lucha contra la discriminación de 2012, una ley contra la discriminación consolidada del Commonwealth. El proyecto de ley incluye la Convención dentro de la definición de “derechos humanos, los que otorgaría a la Comisión de Derechos Humanos de Australia funciones en relación con los derechos protegidos por la Convención.

30.El Gobierno intentó realmente consultar a la comunidad sobre el proyecto de ley, remitiéndolo a una comisión parlamentaria para su investigación. El informe sobre el proyecto de ley de esta comisión recomendó enmiendas importantes de política, de definiciones y técnicas que requerirían un examen más profundo de la consolidación de cinco normativas contra la discriminación en una única ley. El Gobierno está examinando detenidamente las recomendaciones de la comisión parlamentaria y analizando los datos y las presentaciones que ha recibido dicha comisión de todas las partes interesadas antes de determinar la forma de proceder.

31.El Gobierno considera que la Comisión de Derechos Humanos de Australia está dotada de fondos suficientes para el desempeño de sus funciones. Véase la respuesta al párrafo 48 de la lista de cuestiones para más información sobre la financiación de la Comisión.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones

32.El significado de "acto de terrorismo" en el artículo 100.1 del Código Penal está claramente definido. En él se dispone que las acciones o amenazas de acción deben tener la intención de promover una causa política, religiosa o ideológica y de coaccionar o intimidar al Gobierno de Australia, a un gobierno extranjero o a la población. Incluye las acciones o amenazas de acción que entrañen daños graves a la población o a bienes; la puesta en peligro de la vida; riesgo alto para la salud o la seguridad públicas; o interferencia grave con un sistema electrónico, como el financiero, el de servicios gubernamentales esenciales y el de telecomunicaciones, los servicios públicos esenciales y los proveedores de transporte.

33.Las medidas de promoción, de protesta, de disconformidad o laborales que no tengan explícitamente por objeto causar daños graves o muertes, poner en peligro la vida o poner gravemente en peligro la salud o la seguridad de la población no constituyen un "acto terrorista", con lo cual la definición contempla adecuadamente las actividades terroristas.

34.Los principales delitos en la lucha contra el terrorismo de Australia guardan relación con "actos terroristas" y "organizaciones terroristas". El elemento intencional específico del delito garantiza que solo un acto relacionado con una motivación terrorista se use para determinar si hay delito. Todo delito requiere prueba de un vínculo entre el presunto acto y un "acto terrorista" tal como se define en el artículo 100.1 o una "organización terrorista". De esta forma se garantiza que el alcance de los delitos se limite a un acto categorizado adecuadamente como actividad terrorista.

35.Se aplican requisitos legislativos estrictos, salvaguardias amplias y mecanismos de supervisión y rendición de cuentas a la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia (ASIO). La Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia, de 1979 (Ley sobre ASIO) establece que solo podrán solicitarse órdenes de interrogatorio y órdenes de detención e interrogatorio si hay motivos razonables para creer que estas podrán contribuir sustancialmente a la reunión de información de inteligencia importante en relación con un delito de terrorismo, y si otros métodos para reunir esa información serían ineficaces.

36.Además, deben cumplirse otros requisitos en el caso de las órdenes de interrogatorio y detención. Estas solo pueden autorizar la detención o encarcelamiento de un sujeto cuando haya motivos razonables para creer que no comparecerá al interrogatorio, alertará a otra persona involucrada en el delito de terrorismo que se está investigando, o podrá destruir, dañar o cambiar el registro o artículo que se necesita obtener en virtud de la orden. Si bien hay algunas limitaciones al acceso de los abogados y a la divulgación de determinados datos, no se trata de restricciones absolutas y solo se aplican en la medida en que sea necesario para proteger la seguridad nacional.

37.La única circunstancia en que puede denegarse a una persona el acceso al abogado de su elección es si una autoridad competente (una persona independiente con experiencia judicial designada por el Fiscal General, que preside el interrogatorio) formula esa orden. La autoridad competente debe determinar, sobre la base de las circunstancias relativas a ese abogado en particular, que el acceso a ese abogado puede dar lugar a que se alerte sobre la investigación a otra persona involucrada en el delito, o que un registro o artículo que pueda solicitarse a la persona en virtud de la orden pueda ser destruido, dañado o cambiado.

38.La Ley sobre ASIO dispone expresamente que la persona objeto de la orden a la que se haya denegado acceso al primer abogado de su elección puede ponerse en contacto con otro abogado; sin embargo, también puede denegarse el contacto con ese abogado en las circunstancias descritas anteriormente. El artículo 34ZP estipula que, a fin de evitar dudas, puede interrogarse a una persona en ausencia del abogado de su elección. Sin embargo, esta disposición es meramente declarativa y no permite que se deniegue una solicitud razonable de acceso al abogado de elección de una persona. Como se señaló anteriormente, el proceso de interrogación está presidido por una autoridad competente, que está facultada para decidir que el interrogatorio no se lleve a cabo antes de que la persona tenga representación letrada. Por lo tanto, si bien hay margen para denegar a una persona el acceso al abogado de su elección, también hay suficientes garantías para que no se deniegue a una persona el acceso a un abogado.

39.Las repercusiones en los derechos humanos de la definición de "acto terrorista" y las facultades conferidas a la ASIO se analizaron cuidadosamente al preparar la enmienda de la Ley y en los exámenes posteriores de esta una vez promulgada. El Gobierno prestó mucha atención a la gran diversidad de opiniones recogidas en las presentaciones de las partes interesadas, que se expresaron sobre los aspectos positivos de las políticas y la legalidad de la legislación.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 7 de la lista de cuestiones

40.La legislación de seguridad nacional de Australia se examina periódicamente para velar por que las leyes sigan siendo apropiadas. El 12 de agosto de 2009 el Gobierno de Australia publicó para recabar opiniones del público un documento de discusión en que figuraban propuestas de reforma de la legislación sobre la seguridad nacional. Las reformas estaban concebidas para aplicar las recomendaciones de varios exámenes independientes y de comisiones parlamentarias de ambos partidos respecto de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, incluidos los siguientes:

•El examen de la legislación sobre seguridad y lucha contra el terrorismo de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Inteligencia y Seguridad (diciembre de 2006);

•El examen de las leyes sobre sedición de la Comisión de Reforma Legislativa de Australia (julio de 2006);

•La investigación de la prohibición de "organizaciones terroristas" en virtud del Código Penal de Australia de la Comisión Parlamentaria Conjunta de Inteligencia y Seguridad (septiembre de 2007);

•La investigación del caso del Dr. Mohammed Haneef del Honorable John Clarke QC (noviembre de 2008).

41.Tras un extenso proceso de consultas públicas, el Parlamento examinó y aprobó la Ley de Enmienda de la Legislación de Seguridad Nacional de 2010 y la Ley de la Comisión Parlamentaria Mixta sobre Aplicación de la Ley de 2010 para poner en práctica las reformas. Las principales modificaciones incluidas en la Ley de Enmienda de la Legislación de Seguridad Nacional son:

•Aclarar los procedimientos relativos a los delitos de traición y sedición en el Código Penal;

•Aclarar las facultades de los organismos encargados de aplicar la ley para investigar el terrorismo en virtud de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth); 

•Ampliar las funciones del Inspector General de Seguridad e Inteligencia para investigar cuestiones de seguridad e inteligencia relativos a todo departamento u organismo del Commonwealth.

42.El 6 de agosto de 2012, Consejo de Gobiernos Australianos (COAG) inició un examen independiente de la legislación australiana de lucha contra el terrorismo. El examen evalúa el funcionamiento, la eficacia y las repercusiones de las principales leyes de lucha contra el terrorismo del Commonwealth y de los estados y territorios. Entre estas cabe mencionar las leyes relativas a la detención preventiva, las órdenes de control, los delitos de terrorismo y ciertas facultades de la policía. Un comité experto, presidido por el Honorable Anthony Whealy QC (un magistrado jubilado del Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur), está llevando a cabo el examen. Los miembros del comité tienen conocimientos especializados amplios y experiencia en rendición de cuentas, control del orden y enjuiciamientos. El comité debe presentar un informe dentro de los seis meses del inicio de su labor. Se prevé que el COAG publicará una versión pública del informe.

43.La Comisión Parlamentaria Conjunta de Inteligencia y Seguridad examinará las facultades de interrogatorio y detención de la ASIO antes de que estas expiren en 2016. La Comisión deberá examinar el funcionamiento, la eficacia y las repercusiones de esas facultades e informar a las cámaras del Parlamento y al Fiscal General, en su calidad de ministro responsable. Además, en julio de 2012, la Comisión comenzó a examinar una serie de cuestiones legislativas de seguridad nacional que el Fiscal General le remitió el 30 de abril de 2012. La remisión tiene por objeto asegurar que las facultades legales que se otorga a los organismos australianos de seguridad, inteligencia y control de la ley sigan siendo eficaces en los entornos actual y futuro de seguridad nacional. Estas facultades se acompañarían de mecanismos de rendición de cuentas y supervisión apropiados para salvaguardar las libertades civiles importantes, como el derecho a la intimidad. Las medidas guardan relación con la Ley de Telecomunicaciones (Interceptación y Acceso) de 1979, la Ley de Telecomunicaciones de 1997, la Ley de la Organización de Seguridad e Inteligencia de Australia de 1979 y la Ley de Servicios de Inteligencia de 2001.

44.El 21 de abril de 2011 se nombró al Sr. Bret Walker SC como primer Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional en virtud de la Ley sobre el Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional de 2010. La función del Observador es examinar anualmente el funcionamiento, la eficacia y las repercusiones de la legislación australiana de lucha contra el terrorismo y de seguridad nacional para velar por que esté funcionando de manera eficaz y adecuada. El Observador también debe tener en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos al examinar la legislación y considerar si esta contiene las salvaguardias adecuadas para proteger los derechos de las personas y que estas salvaguardias sigan siendo proporcionales y necesarias. El Observador debe presentar informes anuales al Primer Ministro, quien a su vez debe presentarlas al Parlamento. Además, debe informar de los asuntos que le remitió el Primer Ministro y tiene la facultad de iniciar investigaciones por cuenta propia sobre la legislación. El Observador presentó su primer informe anual al Primer Ministro el 16 de diciembre de 2011, que se presentó al Parlamento el 19 de marzo de 2012. El informe no contiene conclusiones ni recomendaciones, aunque incluye un programa de trabajo para futuros períodos de presentación de informes.

45.La Policía Federal Australiana es la principal responsable de investigar los delitos del Commonwealth, aunque las fuerzas de policía de los estados y territorios también pueden investigar y ayudarle. En virtud del artículo 23C 2) de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth), una persona detenida por un delito del Commonwealth (fuera del de terrorismo) podrá mantenerse recluida con el fin de determinar si ha cometido el delito. El artículo 23DB 2) de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) contiene una disposición similar respecto de la detención por ser sospechoso de un delito de terrorismo. La Parte IC de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) contiene un marco de salvaguardias importantes. Por ejemplo, antes de que una persona pueda ser interrogada, tiene derecho a comunicarse con un abogado y a que este asista a los interrogatorios. La persona también tiene derecho a informar a un familiar o amigo acerca de su paradero. Si la persona tiene dificultades con el idioma inglés, deberá proporcionarse un intérprete. Si se trata de una persona aborigen o isleña del Estrecho de Torres, los representantes especiales, que pueden ser el abogado, un familiar o el representante de una organización aborigen de asistencia letrada, deben estar presentes durante el interrogatorio. Si se trata de una persona menor de 18 años, un progenitor, abogado, tutor o pariente debe estar presente durante el interrogatorio. Si la persona no es un ciudadano australiano, debe tener la oportunidad de ponerse en contacto con el consulado de su país.

46.No hay ninguna disposición legislativa que requiera que una persona tenga acceso a un médico independiente. Sin embargo, el artículo 23Q de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) exige que una persona detenida debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad humana y no debe ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto implica que la persona debe recibir un tratamiento médico apropiado.

47.La Policía Federal Australiana tiene directrices nacionales relativas a los procedimientos y los requisitos para la gestión de las personas en su custodia y el tratamiento de las personas en custodia (incluido el tratamiento médico y el acceso a servicios médicos).

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 8 de la lista de cuestiones

48.El cuadro del anexo A describe las medidas que Australia ha adoptado para garantizar, tanto en la ley como en la práctica, la supervisión e inspección independiente de los sitios de privación de libertad.

49.El 28 de febrero de 2012, de conformidad con el ordenamiento interno de Australia, el Gobierno presentó un análisis del interés nacional en el Parlamento en que proponía que Australia ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

50.El análisis propone, tras la celebración de consultas con los estados y territorios, que varios órganos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y territorial, ejerzan la función de mecanismo nacional de prevención. El análisis observa la intención del Gobierno de hacer una declaración en el momento de la ratificación, con arreglo al artículo 24 del Protocolo Facultativo, para aplazar la aplicación de las obligaciones relativas a un mecanismo nacional de prevención. El Gobierno tiene la intención de demorar estas obligaciones debido a las importantes actividades de planificación y consulta que deben llevarse a cabo para instituir un mecanismo nacional de prevención riguroso y sólido.

51.La Comisión Mixta Permanente de Tratados de la Cámara de Representantes informó sobre el Protocolo Facultativo en junio de 2012 y recomendó que se adoptaran medidas vinculantes relativas al tratado. Se refirió a la intención del Gobierno de aplazar el cumplimiento de las obligaciones relativas a un mecanismo nacional de prevención. La Comisión recomendó que el Gobierno, conjuntamente con los estados y territorios, pusiera en práctica un mecanismo nacional de prevención lo antes posible, tras la ratificación del Protocolo Facultativo y el ejercicio de la opción enunciada en el artículo 24. En la respuesta del Gobierno al informe, presentada al Parlamento el 1 de noviembre de 2012, se acepta esta recomendación y se afirma la intención de crear un mecanismo nacional de prevención tan pronto como sea posible después de la ratificación.

52.La práctica de Australia es no ratificar un tratado hasta que la legislación y política nacional garantice el cumplimiento de sus obligaciones. Se ha creado un grupo de trabajo de funcionarios de todas las jurisdicciones para llevar adelante los arreglos para la aplicación. Actualmente, el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios están trabajando juntos para preparar la legislación que facilitará el cumplimiento del Protocolo Facultativo permitiendo las visitas de control que ha de realizar el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 9 de la lista de cuestiones

53.La ocupación excesiva en las cárceles y la demora antes de llevar a un acusado a juicio son problemas de muchas jurisdicciones, entre ellas Australia. El Gobierno presta apoyo a los estados y territorios para que emprendan iniciativas encaminadas a mejorar la eficiencia de sus sistemas de justicia penal y a aplicar estrategias de remisión para reducir el número de personas en prisión preventiva y la duración de esta.

54.La parte IC, división 2, de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) establece un plazo máximo de cuatro horas para la detención con fines de investigación de un delito del Commonwealth, después del cual la persona debe ser liberada y llevada ante un funcionario judicial. Este puede prorrogar el período de investigación hasta un máximo de 20 horas en el caso de un delito de terrorismo o hasta un máximo de 8 horas en el caso de un delito grave. Además, las leyes estatales y territoriales pertinentes sobre libertad bajo fianza, con sujeción a ciertas disposiciones de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth), rigen la concesión y las condiciones de la libertad bajo fianza de los infractores de delitos del Commonwealth.

55.La policía o un tribunal pueden conceder la libertad bajo fianza a una persona acusada de un delito y detenida en prisión preventiva. En general se niega la libertad bajo fianza en casos de delitos graves cuando la persona supone un riesgo para la comunidad o se determine que hay riesgo de fuga. Si se deniega la libertad bajo fianza, la persona puede quedar en prisión preventiva en espera de juicio. Las decisiones sobre la libertad bajo fianza pueden apelarse ante un tribunal superior. La persona a la que se niega la libertad bajo fianza debe ser llevada ante un tribunal tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta el volumen de trabajo del tribunal. El hecho de no hacerlo puede ser objeto de actuaciones para exigir que se tome esa medida. Si una persona está en detención preventiva antes de la sentencia condenatoria dictada y la pena impuesta, el período previo a la imposición de la pena es un factor que el tribunal puede tener en cuenta al dictar la sentencia.

56.La legislación de los estados y territorios no impone un período específico antes de que los detenidos deban ser llevados ante un funcionario judicial. Sin embargo, las leyes que rigen el procedimiento penal establecen salvaguardias. La legislación de los estados y territorios permite que la policía conceda la libertad bajo fianza en casos de delitos no graves y exige que los detenidos sean llevados ante un tribunal o funcionario judicial para que determine la libertad bajo fianza tan pronto como sea razonablemente posible.

57.En lo que respecta a la detención a los efectos de interrogatorio, en virtud de los artículos 139 a 141 de la Ley de Investigación Criminal de 2006 (Australia Occidental), se permite a la policía detener a un sospechoso arrestado primero por seis horas para realizar un registro, investigar el delito presuntamente cometido por el sospechoso detenido, entrevistar al sospechoso arrestado en relación con cualquier delito que se sospeche haya cometido y decidir si acusar o no al sospechoso detenido. A solicitud de un agente de policía, un oficial superior puede otorgar un nuevo período de detención de hasta seis horas para los fines descritos anteriormente, siempre que el nuevo período sea razonable teniendo en consideración los asuntos descritos en el artículo 141 de la Ley. Tras estos dos períodos de seis horas, una nueva detención adicional solo está permitida previa autorización de un juez, quien puede permitir períodos de detención adicionales de hasta ocho horas si llega a la conclusión de que se justifica.

58.En Victoria y el Territorio de la Capital Australiana los funcionarios del sector público están obligados a actuar de conformidad con el derecho a un trato humano cuando se priva de su libertad a una persona y el derecho a que esta sea llevada sin demora ante un tribunal y a juicio sin dilaciones indebidas.

59.La grabación en vídeo de los interrogatorios de los detenidos en casos de delitos no graves no es obligatoria en todas las jurisdicciones. La exigencia de grabar existe en todas las jurisdicciones en relación con los delitos más graves. El principal medio de asegurar que se realice una grabación electrónica es la legislación, que prohíbe o restringe la utilización como prueba de confesiones que no se hayan grabado electrónicamente.

60.En Nueva Gales del Sur el artículo 281 de la Ley de Procedimiento Penal de 1986 (Nueva Gales del Sur) establece que la confesión de un sospechoso, en el curso de los interrogatorios oficiales, no es admisible si no se registra electrónicamente. El artículo se aplica a todos los delitos estrictamente procesables, es decir los tipos más graves de delito, y la mayoría de los demás delitos procesables. En virtud de este artículo, las confesiones que no se registraron en formato electrónico pueden admitirse como prueba, pero solo si hay una excusa razonable para no haberlas grabado, como falla mecánica, la negativa de la persona objeto de la entrevista a que se grabe y la imposibilidad de disponer de equipo de grabación en un plazo razonable.

61.Cuando una persona es detenida por un delito procesable y la policía o un funcionario de instrucción están obligados a informarle de sus derechos o proveerle determinados datos, el artículo 464G de la Ley de Delitos de 1958 (Victoria) exige que se graben el suministro de esa información y las respuestas del detenido. El artículo 464H también dispone que una confesión o reconocimiento de culpa es inadmisible como prueba contra la persona en las actuaciones correspondientes a un delito procesable, a menos que se haya grabado o se confirme que se haya grabado. Sin embargo, en virtud del artículo 464H 2), un tribunal puede admitir pruebas si la persona que desea presentarlas convence al tribunal de que es probable que las circunstancias sean excepcionales y justifiquen la recepción de las pruebas. No hay legislación que obligue a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a grabar en vídeo los interrogatorios en casos de delitos menores (infracciones que conllevan una pena máxima de prisión de dos años o menos); sin embargo no hay nada que lo impida.

62.Queensland, Australia Occidental, Australia Meridional, Tasmania, el Territorio de la Capital Australiana y el Territorio del Norte tienen disposiciones semejantes.

63.El artículo 23v de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) establece el marco para la grabación de confesiones y reconocimientos de culpa en relación con los delitos contra el Commonwealth.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 10 de la lista de cuestiones

64.Los gobiernos de los estados y territorios son los principales responsables de la prestación de servicios de salud a la población penitenciaria. No hay prisiones federales y los reclusos federales se encuentran en centros estatales y territoriales. Los estados y territorios cuentan con procedimientos para asegurar que se someta a los reclusos a controles por los servicios y el personal de salud penitenciarios pertinentes con objeto de evaluar su estado físico, mental y emocional, y, de ser necesario, remitirles a las autoridades sanitarias adecuadas para que reciban tratamiento. Esos procedimientos figuran en diversos niveles, incluidos la legislación, las directrices y los manuales que se resumen a continuación.

65.En Nueva Gales del Sur, la Ley de Delincuencia (Administración de las Condenas) de 1999 (Nueva Gales del Sur) confiere a Justice Health, una empresa de salud de Nueva Gales del Sur establecida por ley, la función estatutaria de prestar servicios de salud a los reclusos en centros correccionales. Los pacientes reclusos también tienen derecho a contratar servicios de salud distintos de los provistos por Justice Health y acceder, a estos por su propia cuenta y con sujeción a aprobación. Además, el artículo 129 de la Ley de Represión de la Delincuencia (Poderes y Funciones) de 2002 (Nueva Gales del Sur) establece que las personas detenidas y encarceladas por la policía con fines de interrogación pueden recibir atención médica.

66.En Victoria el artículo 47 1) f) de la Ley Penitenciaria de 1986 (Victoria) proporciona a todos los reclusos de Victoria (incluidos los que están en prisión preventiva) el derecho, con la aprobación del oficial médico principal, a un médico, fisioterapeuta o quiropráctico colegiado privado elegido por el recluso. Los gastos corren por cuenta del recluso.

67.En Queensland el artículo 22 de la Ley de Servicios Penitenciarios de 2006 (Queensland) establece que un detenido en un centro penitenciario puede solicitar la aprobación del director para que lo examine o trate un médico o psicólogo designado por el detenido.

68.En Australia Meridional, Servicios de Salud de los Reclusos de Australia Meridional (SAPHS), una dependencia de South Australia Health, presta servicios de salud a los prisioneros. SAPHS y el Departamento de Servicio Penitenciarios firmaron un memorando de entendimiento para la prestación de servicios de salud a los reclusos. El Departamento tiene el deber de diligencia de proveer a los prisioneros una atención de la salud equivalente a la que está disponible fuera del sistema penitenciario. SAPHS es la primera línea de respuesta permanente para prestar atención de la salud adecuada en una situación de emergencia y proporcionar orientación sobre los programas de bienestar mediante un enfoque de prevención y un modelo de salud basado en el bienestar general. En determinadas circunstancias, por ejemplo en las actuaciones judiciales o las demandas de indemnización penal, podría concederse autorización a profesionales privados para evaluar a los reclusos. Los costos de esto corren por cuenta del recluso y el tratamiento de salud seguirá siendo responsabilidad del personal de SAPHS.

69.Con arreglo al deber de diligencia en virtud del derecho consuetudinario, las personas detenidas en celdas policiales en Australia Occidental tienen acceso efectivo a un médico independiente. La Dirección de Servicios de Salud del Departamento de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental ofrece atención de la salud en virtud de los artículos 95A y 95B de la Ley de Prisiones de 1981 (Australia Occidental). La Dirección de Servicios de Salud es un proveedor de atención de la salud acreditado a nivel nacional ante el Consejo Australiano de Normas de Atención de la Salud.

70.En Tasmania, el artículo 29 de la Ley de Servicios Penitenciarios de 1997 (Tasmania) establece que todo prisionero y detenido tiene los siguientes derechos:

•Acceso a la atención y tratamiento médico razonable necesario para mantener la salud;

•Si padece una discapacidad intelectual o una enfermedad mental, acceso razonable dentro de la prisión o, con la aprobación del director, fuera de esta a toda atención y tratamiento que el oficial médico considere necesaria o conveniente en las circunstancias del caso;

•Acceso al tratamiento odontológico necesario para la conservación de la salud dental.

71.En el Territorio del Norte el Manual Policial sobre Privación de la Libertad dispone que si un detenido en una comisaría desea ser examinado o tratado por su propio médico, el jefe del cuartel de policía debe informar al médico designado tan pronto como sea posible. El detenido debe sufragar los costos ocasionados. Del mismo modo, el artículo 70 de la Ley Penitenciaria (Instituciones Penitenciarias) de 1980 (Territorio del Norte) exige al director del centro penitenciario que proporcione acceso a un funcionario médico visitante para una consulta y tratamiento médico. Los reclusos reciben una evaluación amplia de la salud en el momento de su admisión y también reciben atención médica y de enfermería de rutina. Los presos y detenidos pueden acceder a servicios médicos y de salud externos o independientes si sufragan los costos y con la autorización del director (que depende de las necesidades operativas y de seguridad).

72.Los estados y territorios australianos prestan servicios correccionales de conformidad con las Directrices Nacionales para los Establecimientos Penitenciarios de Australia, que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las Normas Penitenciarias Europeas publicadas por el Consejo de Europa y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las Directrices constituyen un marco básico para la prestación de servicios de salud a las personas recluidas en las prisiones de Australia.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 11 de la lista de cuestiones

73.Australia es parte en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Australia ha cumplido sus obligaciones en virtud de estas convenciones mediante una combinación de políticas, directrices de procedimiento y legislación sobre ciudadanía.

74.El Gobierno está fortaleciendo las prácticas existentes y la identificación y evaluación de las personas que afirman ser apátridas. Por ejemplo, el 1 de julio de 2012, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Australia puso en práctica directrices sobre protección para los encargados de la adopción de decisiones relativas a las visas a fin de evaluar los supuestos casos de apatridia. Las directrices respaldan la formulación de conclusiones más exhaustivas sobre la apatridia en relación con las solicitudes de protección.

75.Australia reconoce que hay dificultades para devolver a los supuestos apátridas que no tienen un derecho legítimo a permanecer en Australia a menos que su país de residencia habitual o nacionalidad anterior esté dispuesto a recibirles. El Departamento de Inmigración y Ciudadanía sigue avanzando en lo que respecta a la resolución de los casos que no recaen en el ámbito de las obligaciones de Australia en materia de protección, pero en los que una persona afirma ser apátrida. Cuando el caso de una persona que afirma ser apátrida no genera obligaciones de Australia en materia de protección, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía podrá considerar la posibilidad de intervenir sobre la base de sus facultades no obligatorias en aras del interés público.

76.En el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2012, se otorgó un total de 1.360 visas de protección a personas que afirmaban ser apátridas; 19 en 2008/09, 190 en 2009/10, 498 en 2010/11 y 653 en 2011/12.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 12 de la lista de cuestiones

77.Australia tiene un marco legislativo y normativo integral para luchar contra la trata de personas en todas sus formas, incluso con fines de explotación sexual y laboral.

78.Australia ha adoptado un enfoque a nivel de todo el Gobierno de lucha contra la trata de personas desde el establecimiento de su estrategia para erradicar la trata de personas a fines de 2003, en particular la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en 2004 y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, en 2005. Además, el Gobierno del Commonwealth ha asignado más de 100 millones de dólares en apoyo de un conjunto de iniciativas nacionales, regionales e internacionales de lucha contra la trata, incluidos equipos de especialistas en la Policía Federal Australiana para investigar los delitos relativos a la trata y la esclavitud; un programa de apoyo que presta asistencia individual por caso a las víctimas de la trata elegibles; mecanismos especiales de visado para que las presuntas víctimas de la trata puedan permanecer legalmente en Australia; el traslado de funcionarios de inmigración especializados al extranjero; y actividades regionales para impedir la trata, capacitar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y ayudar a las víctimas de la trata. Los distintos estados y territorios también tienen legislación pertinente que contribuye a la eficacia de la respuesta general, como el Código Penal de 1913 (Australia Occidental).

79.En 2009, en respuesta a una recomendación de la Oficina Nacional Australiana de Auditoría, el Gobierno de Australia acordó poner en práctica una presentación de informes anuales más sistemática de los resultados de su estrategia de lucha contra la trata de personas. En junio de 2009 el entonces Ministro del Interior y Justicia, el Honorable Brendan O'Connor, Miembro del Parlamento, presentó al Parlamento el primer informe de la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Trata de Personas, que abarca el período comprendido entre enero de 2004 y el 30 de abril de 2009, después del cual se han presentado nuevos informes todos los años.

80.En noviembre de 2011 Australia recibió la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, Dra. Joy Ngozi Ezeilo (Oon), que durante dos semanas se reunió con los organismos miembros de la Comisión Interdepartamental, ONG, políticos federales y estatales y otros interesados en Canberra, Melbourne y Sydney. La visita de la Dra. Ezeilo coincidió con la cuarta Mesa Redonda Nacional sobre la Trata de Personas, que el entonces Ministro del Interior y Justicia, Honorable Brendan O'Connor, Miembro del Parlamento, organizó el 23 de noviembre de 2011. La Dra. Ezeilo presentó el informe sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2012, en el que reconoció que Australia era un líder regional en la lucha contra la trata de personas. La Dra. Ezeilo formuló 86 recomendaciones al Gobierno, la mayoría de las cuales se aceptaron total o parcialmente. Los miembros de la Comisión Interdepartamental de Lucha contra la Trata de Personas están trabajando actualmente para aplicar varias de las recomendaciones de la Relatora Especial.

81.Los delitos de trata de personas se introdujeron en el Código Penal en 2005, incluidos los delitos de esclavitud, servidumbre sexual, contratación engañosa, trata de personas y servidumbre por deudas. En noviembre de 2011 el Gobierno publicó un proyecto para comentarios sobre el proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre delitos (esclavitud, condiciones análogas a la esclavitud y trata de personas) para consultar a la población. El proyecto para comentarios se preparó después de dos documentos de consulta pública divulgados en noviembre de 2010, uno sobre la respuesta de la justicia penal a la trata de personas y la esclavitud, las reparaciones y las medidas de protección de testigos vulnerables, y el otro sobre el matrimonio forzoso o servil.

82.Tras haber celebrado extensas consultas sobre el proyecto para comentarios, el proyecto de ley se presentó en el Parlamento del Commonwealth el 30 de mayo de 2012 y se aprobó y entró en vigor el 8 de marzo de 2013.

83.El proyecto de ley profundiza el compromiso del Gobierno de Australia de hacer todo lo posible para impedir la esclavitud y la trata de personas, dotar a las autoridades de los medios para investigar y enjuiciar a los responsables, y apoyar y proteger a las víctimas. Mediante enmiendas de las disposiciones sobre los delitos de esclavitud y trata de personas en las divisiones 270 y 271 de la Ley del Código Penal de 1995 (Commonwealth), el proyecto de ley tiene por objeto fortalecer y ampliar el marco jurídico existente y asegurar que Australia cumpla sus obligaciones internacionales a fin de lograr la penalización amplia de la trata de personas y los delitos conexos.

84.Las principales medidas del proyecto de ley son:

•La introducción de nuevos delitos, como el matrimonio forzoso y el ocultamiento de una víctima, y el trabajo forzoso y el tráfico de órganos como delitos en sí mismos;

•La ampliación de la definición de explotación para incluir una serie de prácticas análogas a la esclavitud;

•La ampliación de los delitos en vigor de esclavitud sexual y contratación con engaño para prestar servicios sexuales a fin de que se apliquen independientemente del sector;

•Enmiendas para garantizar que el delito de esclavitud se aplique a los actos que reducen a una persona a la esclavitud, así como los actos en que está involucrada una persona que ya es un esclavo;

•Enmiendas de las definiciones existentes para tener en cuenta formas más sutiles de coacción, incluida la opresión psicológica y el abuso de poder o la vulnerabilidad de una persona;

•Un aumento de las penas aplicables a los delitos en vigor de esclavitud por deudas a fin de asegurar que reflejen adecuadamente la gravedad del delito;

•Enmiendas de la Ley de Delitos de 1914 a fin de mejorar la disponibilidad de la reparación para las víctimas de delitos del Commonwealth, incluidas la esclavitud y la trata de personas.

85.En octubre de 2011 el Gobierno de Australia otorgó financiación a dos ONG, dos sindicatos y una asociación sectorial para llevar a cabo proyectos destinados a combatir la explotación de la mano de obra. Estos proyectos se están preparando y aplicando, y sensibilizarán a la comunidad acerca de la explotación que hay fuera de la industria del sexo.

86.La Policía Federal Australiana evaluó 41 casos de trata de personas en 2011/12, con lo cual el total desde enero de 2004 asciende a más de 350. Casi el 59% de esas investigaciones guardaba relación con la trata con fines de explotación sexual y el resto con otras formas de explotación laboral. Se condenó a 14 personas por los delitos de esclavitud y de trata del Código Penal y se registraron 10 condenas por delitos de esclavitud, 3 por servidumbre sexual y 2 por trata de personas. Al 30 de junio de 2012, había cuatro asuntos relacionadas con la trata ante los tribunales contra cinco personas, dos de los cuales se encontraban en la fase de apelación.

87.En 2011/12, el Programa de Apoyo a las Personas Víctimas de Trata, administrado por el Departamento de Familia, Vivienda, Servicios Comunitarios y Asuntos Indígenas del Gobierno de Australia, prestó asistencia a 77 beneficiarios, incluidos 9 beneficiarios nuevos, todos los cuales eran mujeres. De estos nueve, siete eran víctimas de la trata con fines de explotación en la industria del sexo y dos en otras industrias. Uno de los beneficiarios remitidos al Programa era menor de edad (menos de 18 años).

88.En virtud del Marco de Servicios de Visados para Víctimas de la Trata de Personas, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía concedió 26 visados de protección de testigos (trata) (permanente) en 2011/12, 16 a presuntas víctimas de la trata de personas y 10 a miembros de sus familias inmediatas. Esto se compara con un total de 42 visas de este tipo otorgadas en 2010/11 (28 a presuntas víctimas y 14 a miembros de sus familias inmediatas). En el período que se examina el Departamento también concedió 12 visas transitorias F (24 en 2010/11) y 17 visados de estancia en el marco de la justicia penal (29 en 2010/11).

89.Australia sigue desempeñando un papel activo en las iniciativas regionales e internacionales de lucha contra la trata de personas, incluidos el Proceso de Bali sobre el Contrabando de Personas, la Trata de Personas y la Delincuencia Transnacional Conexa y la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

90.El Gobierno de Australia colaboró con asociados internacionales en una amplia gama de actividades encaminadas a crear la capacidad regional y reducir las oportunidades de los traficantes de personas de actuar en la región. En 2011/12, Australia aportó 4.800 millones de dólares de asistencia oficial para el desarrollo a fin de ayudar a reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible, lo cual ayudará a reducir el número de personas vulnerables a la trata. El programa de asistencia también aborda la violencia contra las mujeres y los niños.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 13 de la lista de cuestiones

91.Como cuestión de derecho internacional, la violencia doméstica no recae en el ámbito de aplicación de la Convención en relación con los artículos 2 y 16, ya que no es un acto cometido o instigado por un funcionario público u otra persona actuando a título oficial, ni con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, se proveen respuestas al párrafo 13 de la lista de cuestiones en un espíritu de cooperación con el Comité y en reconocimiento del hecho de que Australia considera que la cuestión de la violencia doméstica es de suma gravedad.

92.Australia adopta un conjunto amplio de medidas para luchar contra la violencia doméstica y no la condona ni apoya en modo alguno. Australia trabaja para ayudar a prevenir la violencia contra todas las mujeres, incluidas las mujeres aborígenes o isleñas del estrecho de Torres, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales, y las mujeres de distintos orígenes culturales y lingüísticos.

93.El Programa de Servicios Jurídicos para la Prevención de la Violencia Familiar ofrece asistencia que tiene en cuenta las diferencias culturales a los sobrevivientes o víctimas de la violencia familiar y la agresión sexual mediante la prestación de asistencia letrada, apoyo judicial, tramitación de casos y asesoramiento, así como información y remisión a otros servicios. Los servicios se proveen independientemente del género, la preferencia sexual, la relación familiar, la ubicación, la discapacidad, el nivel de alfabetización o el idioma. Actualmente 14 organizaciones reciben financiación para prestar servicios en 31 regiones. Los servicios se brindan en localidades rurales y remotas de todo el país, lo que refleja la elevada incidencia de violencia en la familia en esos lugares y en reconocimiento del hecho de que en esas comunidades hay un menor número de opciones de servicio.

94.El Gobierno también proporciona fondos al Programa de Servicios Jurídicos para la Mujer y al Programa de Mujeres Indígenas, por conducto del Programa de Servicios Jurídicos Comunitarios del Commonwealth para cuestiones relacionadas con la violencia en la familia. En el marco de este último, el Programa de Mujeres Indígenas presta servicios de especialistas para atender a las necesidades específicas de las mujeres indígenas. En Australia Meridional se colaborando en la elaboración de un plan de justicia para personas con discapacidad, en respuesta a la recomendación 19 del informe sobre el plan para mejorar la vida y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad en Australia Meridional (2012-2020) titulado Strong Voices: A Blueprint to Enhance Life and Claim the Rights of People With Disability in South Australia (2012-2020). El Plan abordará las necesidades de las personas con discapacidad en situación de riesgo, en particular las víctimas, los testigos y los acusados y los condenados por un delito. El Plan asigna prioridad elevada a la vulnerabilidad de las mujeres y los niños con discapacidad.

95.La violación, incluida la violación y la agresión sexual en el matrimonio, es un delito penal en todos los estados y territorios de Australia. La legislación en vigor en estos faculta a los tribunales a emitir órdenes de alejamiento por posibles actos de violencia para proteger a las víctimas de la violencia doméstica o a las personas en situación de riesgo de esta violencia.

96.Se ha aplicado una variedad de otras medidas para hacer frente a cuestiones particulares. Por ejemplo, el Parlamento aprobó la Ley de Enmienda de la Legislación sobre el Derecho de Familia (Violencia Familiar y Otras Medidas) de 2011 (Commonwealth) (Ley de la Violencia Familiar) el 24 de noviembre de 2011. Las medidas relativas a la violencia en la familia de la Ley se comenzaron a aplicar el 7 de junio de 2012. La Ley de la Violencia Familiar responde a tres informes importantes y a otros recientes informes de investigaciones sobre la violencia en la familia, el cuidado compartido y el desarrollo infantil, que indican que en el marco del sistema de legislación sobre la familia debe hacerse más para ayudar a proteger y apoyar a las familias que han sufrido violencia o corren el riesgo de sufrir violencia. La Ley también tiene en cuenta las recomendaciones relacionadas con la definición de "violencia en la familia" que figuran en un informe conjunto de las Comisiones de Reforma Legislativa de Australia y de Nueva Gales de Sur sobre este tema, titulado Family Violence – A National Legal Response.

97.En virtud de la Ley de Violencia Familiar se enmienda la Ley sobre el Derecho de Familia de 1975 para ayudar a las familias y los profesionales del derecho de familia a comprender, divulgar y actuar en lo que se refiere a la violencia en la familia y el maltrato infantil con objeto de:

•Dar prioridad a la seguridad de los niños en los procedimientos del derecho de familia;

•Enmendar las definiciones de "maltrato" y "violencia en la familia" a fin de plasmar mejor el comportamiento pernicioso (con inclusión de ejemplos que reflejan un mayor entendimiento moderno de los tipos de conducta que son inaceptables, incluida la agresión física, la manipulación emocional, el abuso económico y el comportamiento amenazador);

•Fortalecer las obligaciones de los abogados, los profesionales de solución de controversias familiares y consultores y los consejeros en asuntos de familia para que den prioridad a la seguridad de los niños;

•Facilitar la presentación de mejores pruebas de maltrato infantil y violencia en la familia ante los tribunales;

•Permitir que las autoridades de protección de la infancia de los estados y los territorios participen en los procedimientos de derecho de familia.

98.La Ley de Violencia Familiar sigue promoviendo el derecho del niño a tener una relación significativa con ambos progenitores, pero hace hincapié en la protección y la seguridad de los niños.

99.En Victoria, la Ley de Protección en Casos de Violencia en la Familia de 2008 (Victoria) mejora la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales para hacer frente a la violencia en la familia. En particular, la Ley amplió las definiciones de "violencia en la familia" y "miembro de la familia"; ofrece un sistema basado en los tribunales de órdenes de intervención y órdenes y mandamientos de intervención provisionales; permite a la policía solicitar al Tribunal por teléfono o fax una orden provisional o una orden de detención del presunto autor fuera del horario normal de trabajo; permite a la policía emitir advertencias de seguridad sobre violencia en la familia en el acto fuera de las horas de trabajo de los tribunales para que se disponga de protección inmediata cuando la policía responde a un incidente; prohíbe que el un presunto autor interrogue directamente a un testigo protegido, como la víctima y los niños; y permite que las víctimas puedan testificar utilizando medidas alternativas, como el uso de pantallas o circuitos de televisión cerrados.

100.El Plan Nacional de Australia para Reducir la Violencia contra la Mujer y sus Hijos 2010-2022 coordina un programa nacional de prevención de la violencia en todos los estados y territorios, tanto en el sector público como en el privado. El Plan Nacional se centra en la prevención de la violencia mediante la sensibilización y la creación de relaciones basadas en el respeto. El objetivo es lograr un cambio de actitud y comportamiento a nivel cultural, institucional y personal, prestando atención especial a los jóvenes.

101.Desde 2005 la Estrategia para la Seguridad de la Mujer ha impulsado los esfuerzos de todo el Gobierno de Australia Meridional por reducir y prevenir la violencia contra la mujer. La Estrategia se actualizó en 2011 en consonancia con el mencionado Plan Nacional. La siguiente fase de la Estrategia, denominada "Derecho a la seguridad 2011-2022", se centra en poner fin a la violencia contra la mujer antes de que comience mediante un conjunto de actividades de prevención primaria. Por medio de la Estrategia se han logrado reformas importantes, incluidas iniciativas de intervención temprana y de sensibilización de la comunidad y la reforma de la legislación, como la Ley de Órdenes de Intervención (Prevención del Maltrato) de 2009. 

102.Las mujeres que huyen de la violencia doméstica y sus hijos también reciben apoyo mediante la adopción de medidas como el Acuerdo de Asociación Nacional sobre las Personas sin Hogar, que está invirtiendo 1.100 millones de dólares para reducir la falta de viviendas en todo el país. La violencia doméstica y en la familia sigue siendo un importante impulsor de la falta de viviendas entre las mujeres y los niños, y la principal razón aducida por las personas que solicitan la ayuda de servicios especializados es escapar de la violencia.

103.El Gobierno de Australia y los estados y territorios prestan apoyo a un conjunto de iniciativas que se basan en el modelo "seguras en el hogar", que tiene por objeto prestar asistencia a las mujeres para que sigan viviendo en su domicilio familiar, cuando es seguro hacerlo, expulsando al autor de la violencia. El éxito de este modelo se basa en medidas conjuntas de los tribunales, la policía local y los servicios relativos a la violencia doméstica destinadas a evaluar el riesgo de permanecer en el hogar y expulsar de allí al autor de la violencia.

104.El 1 de octubre de 2010 comenzó a funcionar el servicio nacional telefónico y en línea de crisis y asesoramiento para personas que corren riesgo de agresión sexual o violencia familiar y doméstica, y son sobrevivientes de estas (1800 RESPECT – 1800 737 732). El servicio es de fácil acceso en las zonas urbanas, regionales, rurales y remotas. Además de prestar asistencia a los sobrevivientes de la violencia y sus allegados, 1800 RESPECT proporciona supervisión profesional y asesoramiento sobre los servicios al personal de zonas remotas y aisladas.

105.En Australia los números de teléfono "1800" son gratuitos para llamadas desde teléfonos fijos. Sin embargo, las llamadas provenientes de teléfonos móviles pueden tener un cargo según el proveedor del servicio de telefonía móvil. El Gobierno de Australia está proponiendo enmiendas al Plan Australiano de Números de Teléfono para que las llamadas a 1800 RESPECT y otros números telefónicos 1800 sean gratuitas desde teléfonos móviles. Estas enmiendas tendrán pleno efecto a partir de 2015, asegurando así que la población de comunidades rurales y regionales, donde un teléfono móvil suele ser la única opción de comunicación, tenga acceso de manera equitativa a los servicios telefónicos importantes.

106.El Programa de Seguridad para las Familias Indígenas del Gobierno tiene por objeto hacer frente a las elevadas tasas de violencia en estas familias. El Programa financia iniciativas comunitarias innovadoras sobre la seguridad de las familias indígenas centradas en las esferas de acción prioritaria del Programa, incluidos una respuesta al problema del consumo excesivo de alcohol, una protección policial más eficaz, el fortalecimiento de las normas sociales contra la violencia, y la coordinación de los servicios de apoyo en casos de violencia en la familia. El Servicio Jurídico de Prevención de la Violencia en la Familia Victoriana financió el viaje de estudios de abril de 2012 por Australia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 14 de la lista de cuestiones

107.Las leyes y las cuestiones mencionadas por el Relator Especial sobre una Vivienda Adecuada son solo una parte de la variedad de políticas y leyes que afectan, o posiblemente afecten, a las personas que viven en la pobreza y carecen de vivienda. El Gobierno está abordando la cuestión por conducto de un Ministro federal directamente responsable de la cuestión de la falta de vivienda. El Gobierno se ha comprometido a promulgar nuevas leyes para garantizar que las personas que no tienen vivienda reciban servicios de calidad y apoyo adecuado, y desde 2008 ha proporcionado casi 5.000 millones de dólares como financiación adicional para abordar la cuestión de las personas sin hogar. El Gobierno cuenta con el asesoramiento del Consejo sobre las Personas sin Hogar del Primer Ministro, un órgano de expertos independientes. El Consejo proporciona asesoramiento estratégico independiente para la aplicación del Libro Blanco sobre las Personas sin Hogar de 2008 del Gobierno, titulado The Road Home, en que se reconoce que las causas del fenómeno de la falta de vivienda son muchas y variadas. Algunos factores contribuyentes son la violencia doméstica, la escasez de viviendas asequibles, el desempleo, las enfermedades mentales, la desintegración de la familia y el uso indebido de drogas y alcohol. El Libro Blanco fija la ambiciosa meta de reducir a la mitad el número de personas sin hogar para 2020 y de ofrecer alojamiento subvencionado a las personas que necesitan una vivienda.

108.El Libro Blanco aborda las causas de la falta de hogar y establece un marco para impedir que este fenómeno se produzca. Entre otras estrategias, fija un aumento del apoyo a las víctimas de la violencia doméstica para que permanezcan en su propio hogar en condiciones de seguridad; un incremento de la vivienda pública y comunitaria para personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar; una mejora de los servicios de asesoramiento y apoyo sobre la tenencia; y la introducción de una política destinada a prevenir el problema de la falta de vivienda de las personas que salen de un hospital, de servicios de salud mental y rehabilitación por uso indebido de drogas o alcohol, y de cuidado establecido por ley.

109.También se están logrando importantes adelantos por conducto de la Iniciativa para la Vivienda Social del Gobierno, que cuenta con 5.600 millones de dólares. En virtud de la Iniciativa se construirán más de 19.300 viviendas sociales con la asistencia del sector de organizaciones sin fines de lucro. Los gobiernos han acordado que al menos la mitad de esas viviendas se destinarán a personas sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar. Además, se están reparando y manteniendo alrededor de 80.000 viviendas existentes, de los cuales 12.000 no habrían sido habitables. Esta inversión en vivienda es una piedra angular del compromiso del Gobierno con la realización progresiva del derecho de todos los australianos a acceder a una vivienda adecuada.

110.El Gobierno también está trabajando con los gobiernos estatales y territoriales, las personas sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar y las organizaciones que les prestan servicios a fin de elaborar un Marco Nacional de Calidad encaminado a lograr mejores resultados para las personas sin hogar o que corren el riesgo de quedarse sin hogar, mejorando la calidad y la integración de los servicios que reciben. El Marco también incluirá mecanismos nacionales coherentes para ayudar a las personas sin hogar a presentar denuncias oficiales sobre la prestación de servicios.

111.La Estrategia de Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte es el compromiso decenal del Gobierno de Australia para ayudar a los pueblos aborígenes de ese Territorio a llevar vidas firmes e independientes, en que las comunidades, las familias y los niños tengan seguridad y salud. La Estrategia incluye una inversión a largo plazo por el Gobierno de Australia de 3.400 millones de dólares a lo largo de 10 años en los pueblos aborígenes del Territorio del Norte, donde muchos de estos siguen estando en situación muy desfavorecida. Esta financiación se suma al considerable apoyo que ya está proporcionando el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de los pueblos aborígenes. El conjunto de iniciativas de la Estrategia incluye medidas para luchar contra el consumo excesivo de alcohol y la financiación de 60 nuevos efectivos de policía y 200 nuevos docentes en las comunidades remotas

Artículo 3

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 15 de la lista de cuestiones

112.La Ley de Enmienda de la Legislación sobre Migración (Protección Complementaria) de 2011 modificó la Ley de Migración de 1958 (Commonwealth) con efecto a partir del 24 de marzo de 2012.

113.Como resultado de ello, la evaluación de las solicitudes de protección complementaria se ha incorporado en el actual marco de evaluación de la protección primaria. Esto significa que las evaluaciones de protección se examinarán en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y con los criterios de protección complementaria como parte de un único proceso integrado. Esto crea un marco legislativo para el examen de las reclamaciones sobre las obligaciones de Australia en materia de no devolución, para que el examen de esas reclamaciones ya no dependa de las facultades discrecionales del Ministro.

114.La integración de la protección complementaria en el proceso de evaluación de la protección primaria refleja el compromiso de larga data del Gobierno de proteger a las personas en situación de riesgo de las formas más graves de infracciones de los derechos humanos. Australia no devuelve una persona cuando el Ministro tiene motivos fundados para creer que, como consecuencia necesaria y previsible de la devolución de una persona que no es ciudadana australiana a un país de acogida, existe un riesgo real de que la persona sufra un daño significativo.

115.Los solicitantes (y los miembros de la misma unidad familiar que figuran en una solicitud) que satisfacen los criterios de protección complementaria y otros requisitos pertinentes recibirán la misma visa que la que corresponde a la persona que recibe protección en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El Gobierno colaboró estrechamente con los interesados externos por conducto del Grupo Consultivo sobre Protección Territorial, entre cuyos integrantes figura la Comisión de Derechos Humanos de Australia, en la formulación y aplicación de los criterios de protección complementaria que se integran en el marco de evaluación de la protección primaria existente. La labor con el Grupo Consultivo incluyó la preparación de información para los posibles beneficiarios y agentes de migración y de los componentes fundamentales de la capacitación necesaria para los encargados de la adopción de decisiones y agentes.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16 de la lista de cuestiones

116.El 24 de marzo de 2012 el Gobierno puso en marcha un único proceso de evaluación de la protección establecida por ley, tanto para las personas que llegan por mar en situación irregular a una zona insular extraterritorial como las que llegan a Australia por vía aérea. El marco en virtud del proceso único de evaluación de la protección incluye también el acceso de los solicitantes de asilo a un examen de su situación por conducto del Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados. Los casos de las personas que llegaron por mar en situación irregular a una zona insular extraterritorial antes del 24 de marzo de 2012 pasaron a tramitarse mediante el proceso único de evaluación de la protección, según la etapa en que se encontraba el proceso.

117.El Ministro de Inmigración y Ciudadanía levantó la suspensión de la tramitación de las solicitudes de visa de los solicitantes de asilo del Afganistán el 30 de septiembre de 2010. Todos los solicitantes de asilo afganos afectados por la suspensión obtuvieron acceso a un agente del Plan de Asistencia para el Asesoramiento y las Solicitudes en materia de Inmigración, que les ayudó a preparar sus solicitudes de reclamación. Se evaluaron caso por caso las reclamaciones de todos estos solicitantes de asilo, en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y con referencia a información actualizada del país.

118.El Plan de Asistencia para el Asesoramiento y las Solicitudes en materia de Inmigración ofrece asistencia profesional gratuita a los solicitantes de visas más vulnerables, entre ellos los solicitantes de visas de protección y los que llegaron por mar en situación irregular que solicitan asilo. El Plan ayuda en la preparación y presentación de las solicitudes de visa y las reclamaciones de protección, el enlace con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, y el asesoramiento sobre cuestiones complejas de inmigración.

119.En virtud del Acuerdo Nacional de Asociación sobre Servicios de Asistencia Jurídica, que entró en vigor el 12 de julio de 2010, las prioridades de las cuestiones de derecho civil del Commonwealth incluyen la prestación de asistencia en casos de migración cuando no se dispone de los servicios de asistencia financiados por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía. El Departamento ofrece a los beneficiaros detenidos información y medios que les permiten comunicarse con las comisiones de asistencia letrada y los centros jurídicos comunitarios de los estados y territorios. Estos determinan las directrices y condiciones para la concesión de subvenciones de ayuda y el acceso a asistencia letrada financiada con fondos públicos.

120.En virtud del proceso único de evaluación de la protección, que se puso en práctica el 24 de marzo de 2012, todas las solicitudes de asilo tramitadas en Australia están sujetas a los mismos procesos de adopción de decisiones, y de examen judicial y en cuanto al fondo, independientemente de la modalidad de su llegada al país.

121.Tras el anuncio del Gobierno del 13 de agosto de 2012 de poner en práctica mecanismos regionales de tramitación, las personas que llegaron a partir de esa fecha están sujetas a la tramitación de conformidad con el principio de "ninguna ventaja", que se ajusta a las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre Solicitantes de Asilo. Se están realizando los arreglos para el procesamiento en Australia de las personas que llegaron a partir del 13 de agosto de 2012, pero no se remitirán a un país de tramitación regional.

122.En relación con las personas transferidas a un país de tramitación regional, el cronograma exacto y la naturaleza precisa de los procesos que se utilizarán en Nauru y Papua Nueva Guinea son el tema de las deliberaciones en curso entre Australia y los gobiernos respectivos.

123.Sin embargo, en virtud de los memorandos de entendimiento con Nauru y Papua Nueva Guinea, se ha asumido el compromiso de:

•Realizar una evaluación o permitir la realización de esta, acerca de si la definición de refugiado contenida en el artículo 1A de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su forma enmendada por el Protocolo de 1967, comprende a la persona remitida;

•No enviar a la persona remitida a un país en que exista un riesgo real de que pueda ser sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la vida o la imposición de la pena de muerte.

124.Actualmente los memorandos de entendimiento con Papua Nueva Guinea están siendo objeto de examen.

125.Tanto Nauru como Papua Nueva Guinea son partes en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados por derecho propio y han declarado que los procesos de determinación de la condición de refugiado se llevarán a cabo de conformidad con su ordenamiento jurídico interno. Además, el proceso que se está elaborando en la actualidad incluirá disposiciones de asistencia a fin de preparar las reclamaciones para todos los solicitantes de asilo remitidos a esos países y una revisión en cuanto al fondo en el caso de las personas a las que no se ha concedido el estatuto de refugiado en la primera etapa del procesamiento. Australia está colaborando en este proceso.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 17 de la lista de cuestiones

126.En el período comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2012, Australia recibió 42.344 solicitudes de asilo.

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (al 30 de junio)
Solicitudes de asilo recibidas	5 762	10 565	11 511	14 415

127.En el mismo período, el número de visas de protección Final Grants (otorgamiento definitivo) ascendió a 16.973 visas de protección:

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (al 30 de junio)
Personas que llegaron por mar en situación regular	2 171	2 365	2 101	2 272
Personas que llegaron por mar en situación irregular	1 209	2 133	2 001	2 721
Total	3 380	4 498	4 102	4 993

128.En el anexo B se desglosa estos datos por edad, sexo, año, ciudadanía y condición al momento de la llegada.

129.Antes de la integración de la protección complementaria en el derecho interno de Australia el 24 de marzo de 2012, en muy pocos casos de personas que llegaron por mar en situación irregular en que se consideró que las personas no eran refugiadas se hizo referencia a las obligaciones de Australia en materia de no devolución en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención contra la Tortura. Como se determinó que esas Personas que llegaron por mar en situación irregular corrían un riesgo real de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o de la aplicación de la pena de muerte en caso de devolución a su país de origen, el Ministro intervino en virtud del artículo 195A de la Ley de Migración y les concedió la visa considerada más adecuada para sus circunstancias.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 18 de la lista de cuestiones

130.Australia no devuelve a personas que considera que no son refugiados cuando ello sería contrario a las obligaciones del país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.

131.El Gobierno ha establecido salvaguardias para garantizar que la expulsión de una persona a su país de origen no constituya incumplimiento de las obligaciones de Australia en materia de no devolución. Como medida final se lleva a cabo una verificación previa a la expulsión de si existen determinados factores de riesgo para la persona. Este proceso tiene por objeto detectar cualquier cambio en las circunstancias de la persona o del país de retorno que pueda dar lugar a cuestiones de protección, y es independiente de cualquier otro proceso iniciado por la persona. Además, en cualquier etapa la persona puede aducir razones por las cuales no debe ser expulsada de Australia, que se evalúan antes de proceder a su expulsión.

132.Australia tiene conocimiento de que en un reducido número de casos los solicitantes de asilo rechazados afirman haber sido objeto de malos tratos al regresar al país receptor. El Gobierno toma esas alegaciones muy seriamente. El Gobierno puede investigar las denuncias de esta índole cuando se presentan, y de hecho lo hace. Antes de la expulsión, todos los casos se habían evaluado exhaustivamente respecto de las obligaciones del país en materia de no devolución. Al momento de la expulsión, Australia estuvo satisfecha de que no había razones fundadas para creer que, como consecuencia necesaria y previsible de su expulsión, esas personas serían sometidas a cualquier tipo de malos tratos que recaerían en el ámbito de las obligaciones de Australia en materia de no devolución.

133.Las cifras exactas del número de personas que se remitieron para un examen ulterior respecto de las obligaciones de Australia en materia de no devolución no pueden proporcionarse ya que esto puede ocurrir en cualesquiera de las etapas y puede ser parte de un examen más amplio de las circunstancias particulares de una persona. No obstante, Australia confía en que cuenta con mecanismos adecuados para examinar las reclamaciones de una persona en los casos en que han expresado su temor de ser objeto de malos tratos a su regreso.

134.Antes del 24 de marzo de 2012, en el caso de los solicitantes de asilo en el territorio rechazados, Australia evaluó sus obligaciones en materia de no devolución en virtud de la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante el procedimiento de intervención del Ministro. En el caso de los solicitantes de asilo rechazados que estaban en el proceso de determinación de la obligación de protección, se realizó una evaluación de la protección complementaria de protección por conducto de la Evaluación de las Obligaciones en virtud de Tratados Internacionales. El 24 de marzo de 2012 entraron en vigor nuevas disposiciones de protección complementaria en virtud de la Ley de Migración de 1958. Para más información sobre estas disposiciones, véase la respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 19 de la lista de cuestiones

135.Durante el período que se examina hubo dos casos en los que se pidieron y recibieron garantías diplomáticas antes de la extradición por Australia: uno con respecto a la pena de muerte y el otro con respecto a las condiciones de reclusión. También hubo un caso de devolución voluntaria en que se obtuvo una garantía en relación con la pena de muerte. Australia tiene un tratado bilateral de extradición con esos dos países. Estos tratados no contienen disposición alguna respecto del seguimiento de los casos después de la extradición.

136.En el período comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2011 se expulsó a 247 personas en contra de su voluntad. El desglose de los datos figura en el anexo C.

137.Australia no puede proporcionar un desglose por "país de retorno", pero en cambio suministra el desglose por ciudadanía en el anexo D. En la mayoría de los casos, la persona expulsada se devolverá al país del que es ciudadana; sin embargo, es posible que se expulse a una persona a un tercer país, especialmente en el caso de personas con doble nacionalidad.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 20 de la lista de cuestiones

138.El 13 de mayo de 2011 el Gobierno suspendió los planes para establecer un centro de tramitación regional en Timor-Leste. El Gobierno considera que los arreglos de tramitación regional con Nauru y Papua Nueva Guinea funcionan de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención y otros tratados aplicables, entre otras cosas mediante salvaguardias para la protección de los derechos humanos fundamentales.

139.Para trasladar personas a un país de tramitación regional, la legislación pertinente (Ley de Enmienda de la Legislación sobre Migración (Tramitación Regional y otras Medidas) de 2012 (Commonwealth)) requiere que el Ministro de Inmigración y Ciudadanía designe a Nauru y a Papua Nueva Guinea como países de tramitación regional mediante un instrumento legislativo. Al hacerlo, el Ministro debe tener en cuenta si el país ha dado garantías en el sentido de que:

•No procederá a la expulsión o la devolución de una persona a otro país cuando se determine que su vida o su libertad corren peligro por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política;

•Evaluará, o permitirá que se evalúe, si el solicitante es un refugiado o no.

140.Los Gobiernos de Nauru y Papua Nueva Guinea han ofrecido esas garantías a Australia por conducto de memorandos de entendimiento. Además, han asegurado que no enviarán a la persona remitida a otro país en el que se determine que existe un riesgo real de que será sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la vida o a la imposición de la pena de muerte.

141.Para obtener más información sobre los mecanismos de procesamiento en los países de tramitación regional, véase la respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 16.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 21 de la lista de cuestiones

142.En lo que respecta a las decisiones relativas al carácter, en el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de septiembre de 2012, hubo 42 decisiones de cancelación y 19 de denegación en virtud del artículo 501 de la Ley de Migración. En el año 2011/12 se registraron 157 decisiones de cancelación, 89 de denegación y 897 de advertencia en virtud de ese artículo.

143.En el año 2009/10, respecto de las decisiones relativas al carácter, hubo 58 cancelaciones, 156 denegaciones y 864 advertencias en virtud del artículo 501 de la Ley de Migración, mientras que en 2010/11 se registraron 132 decisiones de cancelación y 104 de denegación de una visa. En el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 22 de junio de 2012 hubo una sola solicitud de revisión judicial por la que podría considerarse que Australia había incumplido sus obligaciones de no devolución, o que exponía a la persona al riesgo de la pena de muerte. En ese caso las actuaciones guardaron relación con un recurso de apelación contra el Ministro de Inmigración y Ciudadanía personalmente por su decisión de cancelar la visa permanente de la persona en virtud del artículo 501 de la Ley de Migración. Este inició el recurso de apelación por considerar que el Ministro había cometido un error de derecho en su examen de las obligaciones de Australia en materia de no devolución. Posteriormente, el Ministro ganó la apelación en el Tribunal Federal en mayo de 2012.

144.En el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2009 y el 30 de octubre de 2011 hubo una sola solicitud de revisión judicial por la que podría considerarse que Australia había incumplido sus obligaciones de no devolución, o que exponía a la persona al riesgo de la pena de muerte. En ese caso, se trató de un hombre liberiano de 34 años (al 30 de octubre de 2011). Las actuaciones guardaron relación con un recurso de apelación por el Ministro de Inmigración y Ciudadanía contra la decisión del Tribunal Administrativo de Apelación que había desestimado la decisión adoptada en virtud del artículo 501 de la Ley de Migración de cancelar la visa de la persona. El Ministro inició la apelación ante el Tribunal Administrativo de Apelación por considerar que este había cometido un error de derecho en su examen de las obligaciones de Australia en materia de no devolución. No obstante, el Ministro puso fin a la apelación y, en lugar de ello, canceló la visa de la persona en virtud de una disposición alternativa de la Ley de Migración (artículo 501A).

145.Como se señala en la Directriz Ministerial Nº 55, todo uso de las facultades discrecionales en virtud del artículo 501 de denegar o cancelar una visa no supone de por sí un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Australia, pues no se trata de una decisión de expulsar a una persona de Australia. Todos los casos en que se prevé expulsar a una persona de Australia (incluidas las personas a las que se ha cancelado una visa previamente en virtud del artículo 501) se basan en una evaluación de las obligaciones del país contraídas en virtud de tratados internacionales. Cuando se determina la obligación de no devolución en virtud de un tratado internacional, esta debe examinarse al determinar las opciones de gestión adecuada del caso o de expulsión de la persona. Una persona no será trasladada a un lugar donde corra un riesgo real de daño por una infracción de las obligaciones de Australia en materia de no devolución.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 22 de la lista de cuestiones

146.Cuando una solicitud de extradición se refiere a un delito sancionable con la pena de muerte, la persona cuya extradición se solicita solo podrá ser entregada si el país solicitante se ha comprometido a no juzgar a la persona por el delito o, si se juzga a la persona por el delito, no se le impondrá la pena de muerte, o si se impone la pena de muerte, no se la ejecutará, según lo dispone la Ley de Extradición de 1988 (Commonwealth).

147.Antes del 20 de septiembre de 2012, de conformidad con el párrafo 22 3) b) de la Ley de Extradición de Australia, solo podrá entregarse a una persona si el Fiscal General llega a la conclusión de que, al entregarla al país solicitante, no se la someterá a tortura. La Ley de Enmienda de la Legislación sobre Extradición y Asistencia Mutua en Asuntos Penales de 2012, que entró en vigor el 20 de septiembre de 2012, modificó el párrafo 22 3) b) para ajustar mejor la disposición a las obligaciones de Australia en materia de no devolución en virtud del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. De conformidad con la disposición revisada, el Fiscal General solo podrá entregar a una persona si no tiene razones de peso para creer que, si se la entrega al país de extradición, la persona estará en peligro de ser sometida a tortura. 

148.Las cuestiones de extradición que plantean dudas acerca de la posibilidad de tortura después de la entrega se evalúan según las circunstancias de cada caso con miras a determinar si existe riesgo real de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Al evaluar el riesgo de tortura, el Gobierno tiene en cuenta todos los aspectos pertinentes del caso, incluida la existencia en el Estado de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.

149.Australia está plenamente comprometida con el respeto de las obligaciones de no devolución que le incumben en virtud del derecho internacional. Hay procesos establecidos en el Gobierno de Australia para asegurar que cumpla sus obligaciones en materia de no devolución en virtud del artículo 3 de la Convención contra la Tortura, así como las obligaciones del país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las obligaciones conexas con arreglo a su segundo Protocolo Facultativo. En cada caso Australia examinará detenidamente la cuestión de si el país receptor cumplirá sus compromisos.

150.Toda preocupación sobre tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede abordarse en el marco de la facultad discrecional general del Fiscal General para denegar la extradición en virtud del párrafo 22 3) de la Ley de Extradición.

151.Australia no ha denegado ninguna solicitud de extradición en virtud del párrafo 22 3) b) en el período que se examina. Sin embargo, Australia se negó a aceptar una solicitud durante este período fundamentándose en que la persona cuya extradición se solicitaba se vería expuesta a un riesgo real de ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes si se la entregaba.

152.La Ley de Enmienda de la Legislación sobre Extradición y Asistencia Mutua en Asuntos Penales de 2012 (Commonwealth) modificó la Ley de Asistencia Mutua de 1987 (Commonwealth) para disponer que el Fiscal General debe rechazar una solicitud de asistencia cuando haya razones fundadas para creer que, si se concede la solicitud, la persona correrá peligro de ser objeto de tortura. Esta enmienda complementa lo dispuesto en el párrafo 8 2) e) de la Ley de Asistencia Recíproca, que contiene un motivo discrecional para denegar la asistencia si esta perjudica, o probablemente perjudique, la seguridad de la persona. Las solicitudes que plantean dudas relativas a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos pueden denegarse sobre esta base. Además, esas preocupaciones podrían también considerarse en el marco de la facultad discrecional del Fiscal General de denegar una solicitud de asistencia mutua (artículo 8, 2) g)).

Artículos 5, 6 y 7

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 23 de la lista de cuestiones

153.Australia no ha rechazado ninguna solicitud de extradición durante el período que se examina.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 24 de la lista de cuestiones

154.Australia no ha ejercido la jurisdicción universal en relación con actos de tortura durante el período que se examina.

Artículo 10

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 25 de la lista de cuestiones

155.En virtud del Marco de Derechos Humanos de Australia, el Gobierno ha asignado fondos para que la Comisión de Derechos Humanos de Australia y ONG desarrollen y ejecuten programas de educación y sensibilización sobre derechos humanos en el ámbito comunitario, incluidas las escuelas primarias y secundarias. El Gobierno también está invirtiendo en un programa de educación y capacitación del sector público del Commonwealth, que incluye la elaboración de un conjunto de herramientas y materiales de orientación sobre derechos humanos para la formulación de las políticas del sector público y la ejecución de programas gubernamentales. Estas medidas obedecen a la recomendación del Comité Encargado de la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos de que para mejorar y promover los derechos humanos en Australia se dé prioridad máxima a la educación.

156.La tortura nunca se ha tolerado en Australia. La pena de muerte no se ha impuesto en ninguna jurisdicción de Australia desde 1967. La Ley de Enmienda de la Legislación sobre Delitos (Prohibición de la Tortura y Abolición de la Pena de Muerte) de 2010 (Commonwealth) garantiza que no se vuelva a instituir la pena de muerte en ningún estado o territorio. Se mantuvieron consultas estrechas con los estados y territorios y los organismos pertinentes del Commonwealth, incluidos la Policía Federal Australiana y el Departamento de Defensa, para la redacción de esta legislación a fin de asegurar su difusión amplia.

157.Se sensibiliza a los funcionarios y el personal de prestación de servicios que trabajan en establecimientos de detención de inmigrantes acerca del hecho de que la tortura es un delito tanto a nivel nacional como internacional. El personal pertinente recibe formación sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluida la no devolución. El persona que imparte formación enseña que la tortura se condena enérgicamente; que el tratamiento en detención debe cumplir las normas de derechos humanos que figuran en los instrumentos internacionales pertinentes; que debe tratarse a los detenidos con respeto y humanidad y que no debe sometérselos a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; que no debe permitirse que las condiciones de detención sean tan severas como para convertirse en maltrato; y que tratar a los detenidos con humanidad y respeto de la dignidad inherente de la persona incluye el acceso a servicios médicos y de comunicación, a un régimen de visitas, a un alojamiento apropiado, a la recreación y a mecanismos de denuncia.

158.El ordenamiento jurídico australiano presta atención considerable a asegurar el acceso a las nuevas leyes así como al conocimiento de estas, de modo que los profesionales del derecho, como los funcionarios del poder judicial, estén bien informados y actualizados. Otros funcionarios públicos, como los agentes de policía y del servicio penitenciario, deben mantenerse al tanto de sus responsabilidades y adquirir los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. A tal fin, reciben formación y educación complementaria. Por ejemplo, se da a todos los nuevos integrantes de la Policía Federal Australiana formación sobre derechos humanos. Esta abarca todas las cuestiones relativas a los derechos de las personas, con atención especial al respeto y la dignidad de las personas que puedan estar privadas de la libertad. También se informa a los miembros de la Policía Federal Australiana de sus obligaciones respecto de los sospechosos en virtud de legislación concreta. A modo de ejemplo, todos los miembros de la Policía Federal Australiana deben observar el artículo 23Q de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth) en virtud del cual todos los detenidos o los sospechosos protegidos deben tratarse con respeto a su dignidad humana y no deben ser objeto de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

159.La formación de los reclutas también puede incluir sesiones de sensibilización cultural, trato de refugiados (incluidos los que han sido víctimas de tortura y traumas), justicia restaurativa, reuniones informativas sobre normas profesionales, procedimientos sobre obtención de pruebas y detención, y participación en actividades comunitarias. Esta formación se imparte tanto por conducto del personal de la Policía Federal Australiana como por grupos externos, como ONG.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 26 de la lista de cuestiones

160.El proveedor de servicios de salud a los detenidos tiene la obligación de velar por que su personal esté capacitado adecuadamente en relación con los riesgos y las particularidades de la prestación de atención de la salud a los detenidos. Imparte a sus empleados formación inicial y periódica sobre una amplia variedad de cuestiones relativas a la prestación de servicios de salud, incluida la tortura y los traumas.

161.Dentro de las 72 horas del ingreso a un establecimiento de detención de inmigrantes, se realiza a las personas una evaluación inicial de salud, que incluye la detección de señales de tortura y traumas. El personal especializado en salud mental del proveedor de servicios utiliza el cuestionario sobre traumas de Harvard para detectar a posibles víctimas de tortura y traumas. Si se determina que una persona es una sobreviviente de tortura o traumas, o declara que lo es, se la remite a orientación especializada en estas.

162.Las organizaciones de los estados y territorios que integran el Foro de Servicios Australianos para los Supervivientes de Tortura y Traumas, y el Servicio de Salud de la Isla de Navidad prestan asesoramiento sobre cuestiones de tortura y trauma en el territorio australiano y en los Territorios del Océano Índico, respectivamente, con financiación del Gobierno de Australia. Actualmente, en los centros de tramitación regional de la isla de Manus, psicólogos y asesores empleados por el proveedor de servicios de salud contratado por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, International Health and Medical Services Pty Ltd., prestan asesoramiento sobre tortura y traumas. En la isla de Manus aún no han comenzado a prestarse servicios semejantes, aunque se han celebrado los contratos para ello.

Artículo 11

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 27 de la lista de cuestiones

163.Las directrices de la Policía Federal Australiana relativas a los centros de reclusión garantizan la protección adecuada de las personas detenidas. El personal de policial tiene el deber de diligencia respecto del cuidado de las personas detenidas y si existe alguna duda sobre el estado de salud de un recluso, la persona designada para ello debe obtener atención médica necesaria. La Orientación Nacional de la Policía Federal Australiana sobre Personas Detenidas e Instalaciones Policiales y Personas Detenidas puede consultarse públicamente por conducto del Plan de Información sobre Publicaciones de la Policía.

164.La Policía Federal Australiana también ha preparado manuales sobre la forma de entrevistar a los sospechosos. Estas guías prácticas incluyen asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de los entrevistadores y los entrevistados, la fiabilidad de las pruebas, técnicas sugeridas para realizar entrevistas y un curso sobre entrevistas de investigación.

165.La formación impartida a los reclutas de la Policía Federal Australiana incluye un módulo de comunicaciones que abarca temas como la sensibilización cultural, las entrevistas a sospechosos, el cumplimiento de la parte 1C de la Ley de Delitos y los derechos legales de las personas detenidas, incluidos los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, los menores infractores y los marcos temporales establecidos por los estatutos. Se presta atención especial a los derechos de las personas detenidas en relación con la posibilidad de establecer contacto con abogados, familiares y amigos.

166.A tenor del contrato de servicios de detención con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, el proveedor de servicios de detención de inmigrantes Serco debe elaborar un manual de políticas y procedimientos aprobados por el Departamento que describa detenidamente los diversos procedimientos, procesos y políticas, operacionales necesarios y apropiados para la prestación cotidiana de servicios a los inmigrantes detenidos. Todos los procedimientos y políticas expresamente requeridos en virtud del Plan de Trabajo deben ser coherentes con las políticas e instrucciones del Departamento de Inmigración y Ciudadanía. El Plan de Trabajo incluye las obligaciones del proveedor de servicios de detención de inmigrantes de mantener un entorno seguro en los establecimientos de detención. Entre otras cosas, el manual trata de los procedimientos de detección, uso de la fuerza y restricción. La capacitación del personal de los proveedores de servicios de detención de inmigrantes establece que los inmigrantes detenidos deben tratarse con justicia y de manera razonable, de conformidad con la ley y con los Valores de la Detención de Inmigrantes. Se prevé que el trato de las personas detenidas debe estar en consonancia con la Convención, es decir, la tortura y el maltrato son inaceptables.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 28 de la lista de cuestiones

167.El Gobierno sigue preocupado de que en Australia los indígenas tengan más probabilidades de entrar en el sistema de justicia penal a edad más temprana que los australianos no indígenas, y sean encarcelados en mayor proporción que estos. Los estados y territorios han elaborado sus propias estrategias de política que orientan sus iniciativas para eliminar esta disparidad. Por ejemplo, el Departamento de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental cuenta con un conjunto de programas de prevención y remisión destinados a reducir las tasas de encarcelamiento de indígenas jóvenes y adultos, como los Servicios Regionales de Justicia Juvenil, los Acuerdos de Supervisión Comunitaria y el Proyecto Piloto de Tribunal de Justicia Comunitario de Kalgoorlie/Boulder. La labor del Gobierno de Australia para abordar el problema de la representación desproporcionada de indígenas en el sistema de justicia penal se basa en diversas iniciativas, algunas de las cuales se describen a continuación.

Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas

168.En noviembre de 2009 todos los gobiernos de Australia aprobaron el Marco Nacional de Legislación y Justicia Indígenas 2009-2015. El Marco tiene por objeto eliminar el racismo sistémico en todos los sistemas de justicia de Australia dando una respuesta a las necesidades de justicia de los pueblos indígenas con imparcialidad y equidad. El Marco constituye un planteamiento acordado a nivel nacionalpara tratar las cuestiones de legislación y justicia indígenas. También se propone reducir la representación excesiva de indígenas en el sistema de justicia penal centrándose en la seguridad de la comunidad y disminuyendo las tasas de delitos relacionados con el alcoholismo y el consumo indebido de drogas.

169.El Marco no estipula estrategias ni medidas que deban adoptar los gobiernos o los proveedores de servicios. En cambio, tiene por objeto lograr un acuerdo nacional sobre las mejores prácticas, reconociendo que la aplicación de estrategias y medidas concretas dependerá de las necesidades de los distintos lugares. El Marco también se concibió para generar oportunidades de asociación e intercambio de información sobre iniciativas que tienen una repercusión positiva. El grado en que estos objetivos se han logrado se evaluará como parte de un examen externo del Marco, previsto para 2013/14.

170.Además, como parte del Marco, se están llevando a cabo evaluaciones de los proyectos de justicia indígenas. Estas aportarán una base de datos más detallada para la formulación de políticas, determinando los mejores planteamientos para hacer frente a las cuestiones de la delincuencia y la justicia en las comunidades indígenas. Las evaluaciones iniciales analizan los tribunales y las condenas aborígenes, el apoyo y la reintegración de los delincuentes, los programas de remisión y las patrullas nocturnas. Las evaluaciones posteriores se centrarán en los proyectos relativos al alcoholismo y el consumo indebido de drogas y su eficacia para reducir las tasas indígenas de delincuencia, encarcelamiento y reincidencia.

Programa de Justicia Indígena

171.El Programa de Justicia Indígena otorga subvenciones para la financiación de proyectos de derecho y justicia indígenas. Tiene por objeto incrementar la seguridad comunitaria de los australianos indígenas por medio de proyectos relacionados con la delincuencia, la victimización y el encarcelamiento de los indígenas. Las causas subyacentes de la delincuencia y la reincidencia de los indígenas deben abordarse para reducir el número de australianos indígenas en la cárcel o centros de detención para menores, y de víctimas indígenas de delitos. Las actividades financiadas en virtud del Programa procuran hacerlo rehabilitando a las personas encarceladas o en centros de detención para menores, o evitando que los autores de delitos sigan en contacto con el sistema de justicia penal.

172.Las Directrices del Programa se examinan anualmente y no se suministrarán subvenciones en el ejercicio 2012/13 debido a que ya se han celebrado varios acuerdos de financiación plurianuales. El Gobierno se propone celebrar una ronda de financiación para el ejercicio 2013/14.

Servicio de Intérpretes

173.Con financiación gubernamental, el Servicio de Intérpretes Aborígenes del Territorio del Norte facilita el acceso gratuito a intérpretes de los organismos legislativos, judiciales y de salud del Territorio del Norte, así como de los proveedores de servicios de asistencia jurídica. Los intérpretes del Servicio prestan asistencia a las actuaciones judiciales en el Territorio mejorando la comprensión de los pueblos indígenas de los procesos judiciales, la representación brindada por los abogados y los mandamientos o restricciones impuestas al acusado por el tribunal, como las condiciones de libertad bajo fianza. La comprensión de todas estas cuestiones reduce las posibilidades de que los indígenas sean encarcelados inadvertidamente por delitos de procedimiento y aumenta la comprensión de la comunidad de los procesos policiales y judiciales.

174.En virtud del Acuerdo Decenal Nacional de Asociación sobre un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte, el Gobierno está aportando financiación para continuar prestando apoyo al Servicio de Intérpretes Aborígenes del Territorio del Norte de modo que los pueblos aborígenes puedan tener acceso equitativo a los servicios que necesitan.

175.El Gobierno también provee financiación al Servicio de Intérpretes Aborígenes de Kimberley. Junto con los gobiernos de los estados y territorios, el Gobierno del Commonwealth está en vías de elaborar el Marco de Suministro de Intérpretes Indígenas cuya finalización está prevista en 2013, y está preparando un protocolo del Gobierno del Commonwealth para trabajar con intérpretes indígenas.

Derecho consuetudinario

176.La posición del Gobierno en relación con el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena se ha guiado por el informe preparado en 1986 por la Comisión de Reforma Legislativa de Australia sobre el reconocimiento de las leyes consuetudinarias aborígenes, The Recognition of Aboriginal Customary Laws. Los argumentos enunciados en dicho informe permiten llegar a la conclusión de que el reconocimiento de las leyes consuetudinarias aborígenes debe tener en cuenta el marco de la legislación general de Australia e inscribirse en este. La posición del Gobierno es coherente con esta conclusión.

El derecho consuetudinario en relación con la libertad bajo fianza y la condena

177.A raíz de una decisión adoptada en julio de 2006 por el Consejo de Gobiernos Australianos (COAG), el Gobierno aprobó enmiendas legislativas a efectos de establecer que el derecho consuetudinario y la práctica cultural no pueden tenerse en cuenta para reducir o aumentar la gravedad de un delito del Commonwealth o del Territorio del Norte en decisiones sobre libertad bajo fianza y condena. El Gobierno examinó las disposiciones adoptadas en 2009 y decidió hacer el seguimiento de la legislación durante otros 12 meses antes de decidir si era necesario realizar una reforma legislativa. En enero de 2011, la causa Aboriginal Areas Protection Authority c. S & R Building and Construction Pty Ltd [2011] NTSC 3 demostró la forma en que las nuevas disposiciones podrían menoscabar la legislación establecida para proteger el patrimonio cultural. En un caso relacionado con la condena de una empresa de construcción que realizó tareas en un sitio sagrado de los aborígenes, el juez del tribunal de apelación aceptó el argumento de que las disposiciones enmendadas le impedían tener en cuenta la repercusión en los propietarios originales del sitio como un elemento agravante de la seriedad del comportamiento delictivo.

178.En junio de 2012 el Gobierno promulgó legislación que permitirá que el derecho consuetudinario y la práctica cultural se tengan en cuenta en las decisiones sobre libertad bajo fianza y condena en el Commonwealth y el Territorio del Norte en casos de delito que afectan al acceso, la permanencia o los daños a los sitios que pertenecen al patrimonio cultural (incluidos los sitios sagrados), y la extracción o el daño de objetos del patrimonio cultural.

Iniciativa Cerrar la Brecha

179.Muchas de las cuestiones relacionadas con la excesiva representación indígena en el sistema de justicia penal, tanto en calidad de víctimas como de infractores, son el resultado del elevado grado de desventajas sociales y económicas con que se enfrentan los australianos indígenas. El COAG ha convenido en colaborar con todos los niveles de gobierno para reducir las diferencias de oportunidades y condiciones de vida entre los australianos indígenas y los no indígenas. La iniciativa consta de siete componentes fundamentales, cada uno de los cuales contiene varias esferas prioritarias de acción nacional. En el componente de seguridad en las comunidades, las esferas prioritarias incluyen la reducción de la delincuencia y la reincidencia y la prestación de apoyo a las víctimas, la policía de proximidad, el control de bebidas alcohólicas y la planificación de la seguridad comunitaria. Para seguir consolidando la acción nacional en estas esferas, actualmente el Grupo de Trabajo sobre Reforma de la Situación de los Aborígenes está examinando la posibilidad de adoptar metas específicamente relacionadas con la justicia.

Reinversión en la justicia

180.El 26 de noviembre de 2012 el Senado de Australia remitió la cuestión de la reinversión en la justicia en Australia a una comisión parlamentaria encomendándole que efectuara las investigaciones del caso e informara al respecto. Las investigaciones se centrarán, entre otras cosas, en:

•El exceso de representación de los grupos desfavorecidos en las cárceles de Australia, incluidos los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres y las personas con problemas de salud mental, trastornos cognoscitivos y pérdida de la audición;

•El costo, la disponibilidad y la eficacia de las alternativas a la privación de la libertad, incluidas la prevención, la intervención temprana y las medidas de remisión y rehabilitación;

•Las ventajas y dificultades de adoptar un enfoque de reinversión en la justicia en Australia;

•El alcance de las medidas del Gobierno federal que alentarían la adopción de políticas de reinversión en la justicia por los gobiernos de los estados y territorios.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 29 de la lista de cuestiones

181.Los estados y territorios de Australia han adoptado un conjunto de medidas destinadas a reducir la ocupación excesiva de las cárceles y ampliar las opciones no privativas de la libertad, como el aumento del uso de medidas de remisión y de la detención en la comunidad, y un mayor hincapié en la reducción de la reincidencia.

182.Australia Occidental ha suministrado alojamiento adicional para reclusos en dos centros de seguridad mínima y de detención previa a la excarcelación y un programa de infraestructura penitenciaria que ofrece más plazas para reclusos en todo el sistema penitenciario de Australia Occidental. También ha establecido un sistema de vigilancia electrónica para la supervisión y fiscalización de los delincuentes sujetos a disposiciones de base comunitaria o fianza condicional en la comunidad, en que se les alienta a buscar empleo y asistir a programas destinados a reducir la reincidencia o el reingreso en el sistema de justicia penal.

183.Australia Meridional sigue aplicando un programa de cambio para la mejora de la prestación de servicios en el sistema penitenciario de adultos, basado firmemente en prácticas empíricas orientadas a la seguridad pública. Entre los principales adelantos del período que se examina cabe mencionar las mejoras importantes instituidas en los programas de servicios de apoyo a los delincuentes, un modelo de tratamiento de los delincuentes en el sistema correccional comunitario basado en el riesgo y servicios mejorados de información sobre delincuentes. La vigilancia electrónica para la supervisión o fiscalización de los delincuentes dentro de la comunidad es una prioridad del sistema penitenciario de Australia Meridional. Se ha solicitado a la Cárcel de Port Augusta y a la Cárcel de Mount Gambier que den cabida a un mayor número de reclusos.

184.El proyecto Brechas en los Servicios Seguros de Australia Meridional examina las necesidades de las personas con trastornos cognoscitivos que están institucionalizadas en virtud de mandamientos de privación de la libertad supervisada y en centros forenses de salud mental. Hasta la fecha el proyecto ha establecido la necesidad de la intervención temprana y la colaboración en todo el ámbito gubernamental.

185.Por su parte Victoria ha financiado proyectos de construcción que aumentarán el número de plazas en el sistema penitenciario; ha formulado una respuesta integrada a la delincuencia y reincidencia de la mujer (Estrategia Better Pathways) destinada a reducir la reincidencia; y ha financiado la formación de 150 nuevos funcionarios de servicios correccionales comunitarios, que supervisan a los delincuentes adultos condenados por los tribunales a la prestación de servicios sociales, o que fueron puestos en libertad condicional por la Junta de Libertad Condicional para Adultos. Esto aumentará la capacidad de gestión de la comunidad sobre un mayor número de delincuentes, y tiene por objeto aumentar la confianza de los tribunales para utilizar en mayor grado las opciones de condenas de prestación de servicios comunitarios.

186.En Nueva Gales del Sur la población carcelaria total disminuyó de 10.129 reclusos al 31 de octubre de 2010 a 9.772 al 30 de octubre de 2011, una disminución superior al 3,5%. El Gobierno de Nueva Gales del Sur emplea un conjunto amplio de otras opciones de remisión para evitar el ingreso a la detención policial y el sistema de justicia penal más amplio, y diversas estrategias con miras a reducir la población carcelaria en el estado. Por ejemplo, el 1 de octubre de 2010 entraron en vigor órdenes correccionales intensivas mediante la promulgación de la Ley de Enmienda (Órdenes Correccionales Intensivas) de la Legislación sobre Delitos (Legislación sobre Condenas) de 2010 (Nueva Gales del Sur) que abolió la pena de detención temporal en un establecimiento penitenciario y la sustituyó por un sistema de órdenes correccionales intensivas de prestación de servicios comunitarios. Estas combinan las sanciones de prestación de servicios comunitarios con otras prácticas de supervisión intensivas y un conjunto de programas de rehabilitación como alternativa a la detención privativa de libertad en el caso de condenas de hasta dos años. Tras evaluar al condenado, este se somete a una vigilancia estricta y a las restricciones apropiadas.

187.En julio de 2011 el Gobierno de Queensland anunció su programa de reorganización de la red de cárceles de alta y de baja seguridad. La reorganización comprenderá la apertura de un nuevo centro penitenciario para hombres; la creación de nuevas plazas en cárceles de bajo seguridad de mujeres; y el cierre del pabellón de hombres del Centro Penitenciario de Numinbah. La reorganización permitirá utilizar mejor la capacidad carcelaria actual y nueva; tendrá una capacidad de reserva para satisfacer el futuro crecimiento de la demanda; incrementará el número de celdas con equipo de prevención de suicidio en el sistema penitenciario de Queensland (el porcentaje de celdas que actualmente están equipadas para ello, del 78%, se incrementará al 92% en 2013); y aumentará el número de plazas para mujeres en las cárceles de baja seguridad.

188.El artículo 365 de la Ley de Facultades y Responsabilidades de la Policía de 2000 (Queensland) dispone las facultades de detención de los agentes de policía del Servicio de Policía del estado de Queensland. Hay 13 criterios, uno de los cuales debe cumplirse para que la persona pueda ser detenida. De lo contrario, deberán considerarse otras posibilidades en lugar de la detención.

189.En Australia Occidental el principio de la detención como último recurso se incorporó en el artículo 128 de la Ley de Investigación Criminal de 2006 (Australia Occidental). El Territorio del Norte aplicó la iniciativa Nueva Era en Materia Correccional en 2011/12. Esto incluyó diversos elementos que tenían especialmente por objeto reducir la tasa de encarcelamiento y reincidencia y reducir la población carcelaria en el Territorio. El conjunto de reformas Nueva Era incluía:

•La construcción de un centro penitenciario antes de fines de 2014 que estará en consonancia con las normas de mejores prácticas;

•Dos nuevas opciones de condenas de base comunitaria: la orden de detención comunitaria y la orden de servicios a la comunidad, para que los delincuentes dejen el sistema penitenciario en favor de la rehabilitación y el trabajo comunitario;

•Financiación para una mejor reintegración y apoyo de los reclusos tras la liberación;

•Más opciones de rehabilitación, así como otros servicios para el tratamiento del alcoholismo y el consumo de drogas.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 30 de la lista de cuestiones

190.El Gobierno del Commonwealth sigue colaborando con los estados y territorios a fin de determinar y abordar los factores que contribuyen a la representación excesiva de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres en el sistema de justicia penal. En Australia Occidental no se han abolido las condenas obligatorias (aplicadas a ciertos delitos de robo en viviendas desde 1996) ni tampoco en el Territorio del Norte (aplicadas a ciertos delitos de agresión cometidos por adultos desde 2008). Los gobiernos y parlamentos de Australia Occidental y el Territorio del Norte consideran esta medida necesaria para el logro de resultados en materia de derecho y justicia, en particular la disuasión de daños muy graves.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 31 de la lista de cuestiones

191.La Iniciativa Nacional de Salud Mental en el Sistema de Justicia, que se puso en marcha en marzo de 2008, hace la auditoría de los informes de política, los documentos de investigación y las recomendaciones relativas a la salud mental en el sistema de justicia penal. La Iniciativa publicó un documento que contiene un conjunto de principios sobre la remisión y el apoyo de los delincuentes que padecen una enfermedad mental y el apoyo a las buenas prácticas, titulado Diversion and support of offenders with a mental illness: Guidelines for best practice.

192.La Comisión de Reforma Legislativa de Nueva Gales del Sur está llevando a cabo un examen general del derecho y el procedimiento penales aplicable a las personas que padecen trastornos cognoscitivos y de salud mental en Nueva Gales del Sur. El examen tendrá especialmente en cuenta la capacidad mental de una persona para ser juzgada, la defensa de la "enfermedad mental" y la condena.

193.En Queensland, todos los reclusos son objeto de una entrevista a su ingreso a la institución por psicólogos o asesores penitenciarios para determinar si sufren de alguna enfermedad mental o corren el riesgo de causarse lesiones intencionalmente o de suicidarse. Esta evaluación determina la necesidad de tratamiento y la institucionalización en el centro. Si dicha evaluación detecta que existe el riesgo de que el delincuente se lesione intencionalmente o se suicide, un grupo de evaluación del riesgo le examina a fin de establecer la orientación apropiada de la gestión. De ser necesario, los reclusos también pueden recibir la visita de especialistas en salud mental y recibir el tratamiento adecuado.

194.En Australia Meridional, el artículo 19C de la Ley del Derecho Penal (Condenas) de 1988 autoriza a los tribunales a retirar los cargos contra los acusados o a liberarlos si se declaran culpables de delitos menores o procesables sin una condena o pena, si estos:

•Sufren de un trastorno mental que explica y atenúa, al menos en cierta medida, su comportamiento;

•Han finalizado, o están participando, en grado satisfactorio, un programa de intervención;

•Reconocen que sufren de un trastorno mental y están haciendo intentos conscientes de superar los problemas de comportamiento conexos.

195.La atribución de desestimar en virtud del artículo 15 de esta Ley solo es aplicable si el tribunal considera que el delito es de importancia tan secundaria que sería inapropiado imponer una sanción y no guarda relación con el estado mental del acusado.

196.Australia Meridional también cuenta con un Programa de Intervención sobre Tratamiento, un programa judicial destinado a escuchar a personas acusadas de delitos menores o procesables relacionados con el consumo indebido de drogas, problemas de salud mental, o ambas cosas. El Programa tiene tres componentes:

•Un programa de comorbilidad (para los acusados que tienen problemas de consumo indebido de drogas y problemas de salud mental);

•Un programa judicial de seis meses sobre drogas para los acusados con problemas de consumo indebido de drogas solamente; 

•Un programa de salud o incapacidad mental para los acusados con problemas de salud mental solamente.

197.Todos los programas tienen seis meses de duración, aunque existe la posibilidad de extender este período a fin de maximizar los resultados del tratamiento.

198.Australia Occidental tiene un modelo de servicio de comorbilidad interdisciplinario que ofrece un servicio centralizado para asegurar que los delincuentes se evalúen y traten tanto por cuestiones de salud mental como de adicción. Los equipos brindan atención médica y psicosocial a los pacientes con problemas de salud mental o consumo indebido de drogas en todos los establecimientos penitenciarios del estado.

199.En Tasmania hay una Lista de Remisión a Servicios de Salud Mental que funciona en el Tribunal de Primera Instancia. No se trata de un tribunal separado sino de un servicio que utiliza una lista de especialistas y se basa en las disposiciones de la Ley de la Fianza de 1994 (Tasmania) y la Ley de Condenas de 1997 (Tasmania) para remitir a los participantes que sufren de una enfermedad mental a un tratamiento apropiado, en lugar de permanecer en el sistema de justicia penal ordinario. Este servicio ofrece un enfoque más terapéutico del sistema de justicia penal para los acusados que padecen una enfermedad mental, reduce las tasas de reincidencia de los participantes y mejora la coordinación entre los organismos de justicia penal y los proveedores de servicios de salud.

200.En relación con la inmigración, el Gobierno del Commonwealth ha aplicado políticas de salud mental para identificar cuestiones de salud mental nuevas o existentes, prestar apoyo en materia de salud mental a inmigrantes detenidos y reducir al mínimo el riesgo de lesiones autoinfligidas. Las políticas de salud mental se elaboraron en consulta con el Grupo Asesor sobre Salud del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, en relación con la Política Nacional de Salud Mental del Gobierno y las normas recomendadas por el Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas. Está en vías de formularse una política de salud mental para personas trasladadas a centros de tramitación regional en Nauru y la isla de Manus. Entretanto, se ofrece a estas personas apoyo profesional en materia de salud mental en consonancia con los servicios prestados a las personas que se encuentran en establecimientos de detención de inmigrantes en Australia.

201.Todas las personas que ingresan en establecimientos de detención de inmigrantes son objeto de un reconocimiento de salud mental a fin de determinar si hay señales de enfermedad mental o tortura y traumas dentro de las 72 horas de su llegada. Con posterioridad a ello, se realizan exámenes de su estado mental para determinar si durante su permanencia en esos locales han surgido nuevos problemas de salud. Estos exámenes se llevan a cabo a los siete días de detención y luego a intervalos de seis, 12 y 18 meses, y después cada tres meses. Se efectúan nuevas evaluaciones, por ejemplo, cuando alguna de las partes plantea una preocupación acerca del estado de salud mental de una persona. Las personas que se encuentran en establecimientos de detención de inmigrantes también tienen acceso permanente al equipo de salud mental in situ y se las puede remitir a atención más especializada de ser necesario. Los servicios de salud mental in situ se prestan por conducto del proveedor de servicios de salud e incluye enfermeros especializados en salud mental, psicólogos y psiquiatras acreditados ante las organizaciones e instituciones profesionales apropiadas.

202.Las personas trasladadas a un centro de tramitación regional reciben atención de la salud in situ de médicos generalistas, enfermeros, paramédicos, asesores y psicólogos empleados por el proveedor de servicios de salud. También pueden consultar a psiquiatras y otros especialistas visitantes, según proceda.

203.El proveedor de servicios de salud adopta las decisiones relativas al número de funcionarios médicos desplegados en la isla de Navidad, incluido el número de funcionarios de salud mental, en consulta con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Al 2 de diciembre de 2012 trabajaban en la isla de Navidad 74 profesionales de la salud (excluido el personal administrativo). Aunque el acceso a servicios psiquiátricos locales es limitado en la isla de Navidad, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el proveedor de servicios de salud han instituido un programa regular de visitas de psiquiatras a la isla de Navidad para brindar servicios especializados.

204.Las personas que se encuentran en detención por motivos de inmigración en la isla de Navidad que necesitan recurrir a servicios psiquiátricos no disponibles allí son trasladados al territorio australiano para poder acceder a estos servicios, incluidos los que no están en condiciones de aguardar a la siguiente visita programada de un psiquiatra. Las personas trasladadas a centros de tramitación regional que requieren un nivel de atención psiquiátrica que no está disponible en Nauru o la isla de Manus también son trasladadas a Australia a fin de acceder a estos servicios.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 32 de la lista de cuestiones

205.El personal que trabaja en establecimientos de detención de inmigrantes recibe capacitación sobre las obligaciones internacionales de Australia de derechos humanos, que proveen el marco para el trato de las personas detenidas. El proveedor de servicios de detención de inmigrantes, Serco Australia Pty Ltd, ha elaborado manuales de políticas y procedimientos en relación con un conjunto de esferas, como el deber de diligencia, el trabajo con menores, la interacción con personas detenidas y el bienestar de estas a fin de asegurar la dignidad inherente de las personas detenidas. La importancia asignada por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía a los derechos humanos se refleja en las nuevas políticas y prácticas de detención. En julio de 2008 se anunciaron las políticas de detención del Gobierno basadas en la evaluación de riesgos. En función de estas políticas, que se han aplicado administrativamente en el marco de la legislación nacional en vigor, se detiene a las personas llegadas al país sin autorización para gestionar los riesgos de salud, identidad y seguridad. En los casos en que las personas llegan legalmente a Australia y luego se convierten en no ciudadanos en situación irregular o solicitan asilo, se presume que permanecerán en la comunidad mientras se evalúan sus solicitudes, a menos que representen un riesgo inaceptable para la comunidad.

206.El Gobierno asumió un compromiso claro en el sentido de que no se alojará a niños en los establecimientos de detención de inmigrantes. De conformidad con este compromiso, no se aloja a niños en estos centros. En los casos en que se considera necesario detener a personas menores de 18 años, estas se destinan al tipo de alojamiento más apropiado a sus circunstancias, que podrían ser arreglos de detención comunitaria, un lugar de detención alternativa, o establecimientos de detención de inmigrantes, como residencias.

207.El 18 de octubre de 2010 el Gobierno anunció que comenzaría a trasladar a un número considerable de niños y grupos de familias vulnerables de los establecimientos de detención de inmigrantes a instalaciones de detención comunitaria mediante la ampliación del programa de detención comunitaria. Uno de los principales objetivos del contrato celebrado entre Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el proveedor de servicios de detención es garantizar una cooperación que garantice la prestación de servicios de conformidad con las políticas de detención del Gobierno que tienen en cuenta los riesgos. El trato justo y razonable de los inmigrantes detenidos también se contempla en un conjunto de leyes del Commonwealth, entre ellas la Ley de Inmigración (Tutela de Niños) de 1946, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 2011, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 1986 y las cuatro leyes nacionales de lucha contra la discriminación.

208.El proveedor de servicios de salud contratado por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, actualmente International Health and Medical Services Pty Ltd, presta (en los centros de detención) u organiza (para personas en detención comunitaria) servicios amplios de atención primaria de la salud y servicios de salud mental para todos los inmigrantes durante el período de detención. El proveedor de servicios de salud garantiza que la calidad y el nivel de atención de la salud sean equivalentes a los disponibles en general para la comunidad australiana y acordes con el marco para la prestación de servicios de salud a las personas detenidas. Además de los servicios suministrados a las personas que se encuentran en los establecimientos de detención de inmigrantes en Australia, International Health and Medical Services Pty Ltd también presta servicios de atención de la salud física y mental a las personas alojadas en los centros de tramitación regional.

209.El proveedor de servicios de salud presta asesoramiento al Departamento de Inmigración y Ciudadanía sobre el nivel apropiado de servicios y personal que se requiere en cada establecimiento de detención de inmigrantes. El proveedor de servicios de salud debe obtener la acreditación del Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas sobre cumplimiento de las Normas de los Servicios de Salud de los Centros de Detención de Inmigrantes Australianos. Actualmente el Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el proveedor de servicios de salud están trabajando para garantizar que las Normas se cumplan en los establecimientos de detención de inmigrantes. El Departamento también recurre a su órgano asesor en materia de salud para recabar orientación independiente de expertos en relación con la prestación de atención de la salud a las personas que se encuentran recluidas en alguna de las modalidades para inmigrantes.

210.En 2013 la Comisión de Derechos Humanos de Australia finalizó la labor de elaboración de normas de derechos humanos para la vigilancia de los establecimientos de detención de inmigrantes.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 33 de la lista de cuestiones

211.Los estados y territorios son los principales responsables de prestar servicios de salud a los reclusos.

212.En virtud del Plan de Prestaciones Farmacéuticas el Gobierno de Australia ha aprobado cierta forma de acceso al Programa de Drogas Altamente Especializadas a los reclusos en todos los estados y territorios a fin que puedan acceder en particular a los medicamentos utilizados para el tratamiento del VIH/SIDA y la hepatitis B y C.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 34 de la lista de cuestiones

213.El 18 de julio de 2011 la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Asuntos Públicos del Consejo Legislativo de Australia Occidental presentó su informe sobre la investigación del transporte de prisioneros, titulado Inquiry into the Transportation of Detained Persons. La respuesta del Gobierno de Australia Occidental al informe se presentó al Parlamento del estado en marzo de 2012. El informe contiene 20 recomendaciones, entre ellas algunas sobre la provisión de mejores servicios de transporte de detenidos y la utilización de enlaces de vídeo como alternativa a la comparecencia personal ante los tribunales.

214. Se han adoptado medidas para impedir que se produzcan nuevas muertes durante el transporte de personas detenidas. Así pues, el Departamento de Servicios Penitenciarios de Australia Occidental ha sustituido el parque de vehículos de transporte de prisioneros por vehículos con aire acondicionado, dotados de sistemas de control de la temperatura y refrigeración de los alimentos y el agua. También se ha establecido la posibilidad de transporte alternativo por autobús y avión. El Departamento ha formulado un nuevo conjunto de normas mínimas, que deben cumplir todos los vehículos de escolta de seguridad, y ha instituido una cláusula en el nuevo contrato de servicios de seguridad y vigilancia judicial por la cual todos los trabajadores contratados deben recibir formación a fin de obtener como mínimo un Certificado de Tercer Nivel en Prácticas de Vigilancia, y en el caso de los supervisores, un Certificado de Cuarto Nivel. La modernización de los servicios de enlaces de vídeo y audio en los juzgados, las cárceles y las comisarías de todo el estado está sujeta a la financiación gubernamental .

Artículos 12, 13 y 14

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 35 de la lista de cuestiones

215.a) Cada jurisdicción tiene sus propias directrices relativas al uso de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en consonancia con las directrices nacionales del Organismo de Asesoramiento Policial de Australia y Nueva Zelandia para la gestión de incidentes, la solución de conflictos y el uso de la fuerza. Las directrices promueven el uso mínimo de fuerza por la policía, adecuado para el desempeño seguro y eficaz de los deberes policiales, que sea proporcional al nivel de riesgo.

216.Las denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entre otras por el uso excesivo de la fuerza, suelen presentarse directamente a la fuerza de policía pertinente para su investigación en primera instancia. Dependiendo de la denuncia y los resultados de las investigaciones realizadas, las conclusiones fundamentadas contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden dar lugar a procesos penales o a sanciones departamentales, incluida la destitución.

217.Pueden presentarse denuncias contra la policía a la Comisión de Integridad de la Policía de Nueva Gales del Sur, la Oficina de Integridad de la Policía de Victoria, la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta de Queensland, la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia de Australia Occidental y el Organismo de Reclamaciones de la Policía de Australia Meridional. En Tasmania, el Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte las denuncias contra la policía pueden presentarse al Ombudsman del estado o territorio.

218.El Ombudsman del Commonwealth también es Ombudsman de las Fuerzas del Orden y puede investigar denuncias contra las acciones de los miembros de la Policía Federal Australiana y sus políticas, prácticas y procedimientos. El Ombudsman del Commonwealth tiene la responsabilidad de informar sobre el alcance y la idoneidad de la tramitación de denuncias contra la Policía Federal Australiana. Los Ombudsman de los estados y territorios tienen una función análoga en lo que respecta a las denuncias contra la policía en esas jurisdicciones. Actualmente se está trabajando en todas las jurisdicciones a fin de estudiar formas de mejorar la coherencia de las políticas de utilización de opciones de uso de la fuerza no letales.

219.Todos los niveles del Gobierno han adoptado medidas para aplicar las recomendaciones formuladas por la Comisión Real sobre la Muerte de Aborígenes en Detención en relación con la mejora de los mecanismos de denuncia contra la policía. Actualmente el Servicio Jurídico Aborigen de Nueva Gales del Sur está evaluando la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Real. El Gobierno del Commonwealth examinará esas conclusiones y toda otra medida que deba adoptarse una vez que se den a conocer las conclusiones de la evaluación.

220.b) La Oficina de Integridad de la Policía de Victoria realizó un examen exhaustivo del proceso de investigación tras una muerte ocurrida durante el contacto con la policía en 2011. El Gobierno de Victoria está considerando su respuesta al examen, que incluyó recomendaciones para adoptar una definición de trabajo de "muerte ocurrida durante el contacto con la policía" y celebrar consultas con los principales interesados respecto de un marco legislativo óptimo para la investigación y fiscalización de estas muertes en Victoria. La policía de Victoria también ha finalizado y adoptado protocolos específicos para investigar las muertes posteriores al contacto con la policía. El proceso se aprobó tras una minuciosa auditoría sobre los derechos humanos de los procesos actuales y una evaluación de los riesgos en materia de derechos humanos a fin de garantizar un alto nivel de integridad del proceso.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 36 de la lista de cuestiones

221.Entre el 1 de enero de 2007 y el de junio de 2012, la Policía Federal Australiana recibió 327 denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza o la agresión:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
85	68	61	60	24	19	327

222.Estas denuncias abarcan desde acusaciones de uso de la fuerza al tocar a una persona con las manos abiertas para efectuar una detención hasta acusaciones más graves de usar accesorios recibidos para causar lesiones. De presentarse denuncias de tortura o malos tratos, estas se incluirían en las estadísticas relacionadas con el uso excesivo de la fuerza.

223.En el mismo período, se presentaron las siguientes denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza o la agresión establecidas y concluidas (es decir, comprobadas):

2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
0	7	3	0	2	7	19

224.Entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2012, hubo 19 denuncias comprobadas de uso de la fuerza.

225.Nueve de las denuncias comprobadas guardaban relación con delitos cometidos por un miembro de la Policía Federal Australiana. Este renunció y se le declaró culpable de nueve cargos de agresión. Un miembro renunció antes de que finalizara la investigación. Cuatro denuncias guardaban relación con un miembro de la Policía. Este recibió una advertencia oficial y se le reasignó a otras funciones. Los miembros que participaron en cuatro de los incidentes recibieron asesoramiento y se adoptaron medidas correctivas. Un miembro estaba adscrito a la Policía de otro órgano estatal y finalizó su adscripción antes de la finalización de la investigación. Se informó al Comisionado de la fuerza de policía del estado pertinente de los resultados. Once de las denuncias comprobadas guardaban relación con el uso inadecuado de pulverizadores OC (gas pimienta) y las ocho denuncias comprobadas restantes estaban relacionadas con el uso excesivo de fuerza física. Dieciocho de las 19 víctimas eran hombres de 18 a 57 años. No se registró la etnicidad de los denunciantes.

226.Las denuncias relativas al uso de la fuerza se investigan exhaustivamente y se tratan caso por caso. Si bien las estadísticas indican que se han comprobado pocas denuncias relacionadas con el uso de la fuerza, esto no demuestra una falta de atención por parte de Policía Federal Australiana a esas cuestiones. La Policía sigue examinando y mejorando sus prácticas y procedimientos relacionados con incidentes de uso de la fuerza. El Ombudsman del Commonwealth también vigila de cerca las denuncias relativas al uso de la fuerza y la Policía tiene en cuenta sus recomendaciones para mejorar la capacitación en materia de uso de la fuerza y gestión de denuncias.

227.No se dispone de estos datos de las jurisdicciones de los estados y territorios desglosados según lo solicitado por el Comité.

228.Entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2011, el Ombudsman de Nueva Gales del Sur registró 4.365 denuncias de uso excesivo de la fuerza por la Policía de Nueva Gales del Sur. El número de denuncias ha disminuido durante el período que se examina:

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Denuncias de uso excesivo de la fuerza por la Policía de Nueva Gales del Sur	1 252	1 115	679	723	596

229.Entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2011, la Comisión de Delincuencia y Mala Conducta de Queensland registró 3.793 denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por el Servicio de Policía de Queensland:

	2008/09	2009/10	2010/11
Denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por el Servicio de Policía de Queensland	1 189	1 315	1 289

230.Entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2012, el Ombudsman del Territorio del Norte registró 201 denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por la Policía del Territorio del Norte y 4 denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios penitenciarios:

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por la Policía del Territorio del Norte	26	36	35	49	42	13
Denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios penitenciarios del Territorio del Norte	1	1	0	0	2	0

231.Entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2011, la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia de Australia Occidental registró 2.398 denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por la Policía de Australia Occidental y otras autoridades públicas:

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
Denuncias de agresión o uso excesivo de la fuerza por la Policía de Australia Occidental y otras autoridades públicas	375	457	488	560	518

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 37 de la lista de cuestiones

232.El Gobierno financia varias iniciativas para promover la asistencia jurídica a los aborígenes por conducto del Programa de Justicia Indígena y el Programa de Asistencia Jurídica Indígena y Reforma de Políticas.

233.El Gobierno financia ocho Servicios Jurídicos para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres (ATSILS) que prestan servicios de asistencia jurídica a los australianos indígenas. Con la excepción de una contribución del Gobierno del Territorio de la Capital de Australia, el Commonwealth es el único que provee fondos para la asistencia jurídica a los indígenas.

234.Los ATSILS reciben financiación para brindar servicios jurídicos de alta calidad, culturalmente sensibles, adecuados y accesibles a los australianos indígenas a fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos australianos. Esos servicios incluyen asesoramiento, abogados de oficio y examen de las causas en materia de derecho penal, civil y de familia. Se da prioridad a los clientes detenidos, o que corren el riesgo de ser detenidos, y en prisión preventiva; la asistencia judicial en materia penal sigue siendo la esfera de mayor demanda.

235.Los ATSILS se prestan en numerosos centros permanentes, así como en circuitos judiciales, tribunales regionales y centros de divulgación en zonas metropolitanas, regionales y remotas en todos los estados y territorios. También se prestan en tribunales indígenas especiales, incluidos los tribunales de Koori, Nunga y aborígenes.

236.Hay diferencias significativas entre la financiación de la asistencia jurídica indígena y aquella dirigida al común de la población. Los servicios de asistencia jurídica indígena se centran principalmente en el derecho penal estatal. Las comisiones de asistencia jurídica para el común de la población reciben fondos del Commonwealth únicamente para cuestiones relacionadas con el Commonwealth, y se centran en asuntos de derecho de familia. Esta diferencia puede atribuirse a la forma en que se definen las condiciones de elegibilidad y los beneficiarios prioritarios, y los distintos arreglos de financiación entre el Commonwealth, las comisiones de asistencia jurídica y los servicios de asistencia jurídica indígena. La asistencia jurídica indígena da prioridad a las personas detenidas, que corren riesgo de ser detenidas, o en prisión preventiva. Esto significa que la mayoría de los fondos del Commonwealth (más del 80%) se utilizan para prestar asistencia en asuntos de derecho penal estatal. Las organizaciones también funcionan en el marco de diferentes estructuras de gobernanza e institucionales, entornos geográficos y expectativas de la comunidad. Por ejemplo, la mayoría de las comisiones de asistencia jurídica se encuentran en centros metropolitanos y regionales, mientras que los centros de asistencia jurídica indígena están en centros regionales, rurales y remotos.

237.El Gobierno de Australia y los estados y territorios financian la asistencia jurídica para asuntos que recaen en el marco de sus leyes y jurisdicciones. La financiación de la asistencia jurídica por el Gobierno de Australia también se destina a la asistencia jurídica por medio de actividades de intervención temprana y a estrategias de prevención, como la educación jurídica de la comunidad. Esta puede guardar relación con cuestiones estatales o del Commonwealth.

238.La financiación por conducto del Programa de Justicia Indígena responde al problema urgente de la aceleración de la delincuencia y el encarcelamiento indígenas, y respalda la creación de comunidades más seguras. El objetivo del Programa es aumentar la seguridad de la comunidad para los australianos indígenas mediante la financiación de proyectos que aborden la delincuencia, la victimización y el encarcelamiento de indígenas al centrarse en las causas subyacentes de la delincuencia y la reincidencia.

239.En el marco de la iniciativa Cerrar la Brecha en el Territorio del Norte, el Gobierno del Commonwealth aportó la suma de 80 millones de dólares entre 2009 y 2012 para las iniciativas encaminadas a prestar apoyo a la seguridad de las comunidades del Territorio del Norte, incluidos servicios de patrulla nocturna. Las patrullas nocturnas constituyen un mecanismo apto para mejorar la seguridad de la comunidad ayudando a las personas, especialmente las mujeres y los niños que corren el riesgo de convertirse en víctimas. Los servicios transportan a las personas a un lugar seguro donde pueden abordarse sus necesidades inmediatas, y remitirlas a otros servicios de asistencia permanente. Las patrullas también pueden reducir el número de personas que entran en contacto perjudicial innecesario con el sistema de justicia penal al intervenir en una etapa temprana, de manera culturalmente adecuada, en situaciones que pueden llegar a ser violentas o problemáticas. En el marco de la Estrategia de Consolidación del Futuro en el Territorio del Norte, el Gobierno ha asignado financiación continua para prestar apoyo a los servicios de patrulla nocturna en 80 comunidades del Territorio.

240.La mayoría de los estados y territorios han establecido tribunales indígenas especializados que tienen por objeto hacer que los procesos judiciales sean más adecuados desde una perspectiva cultural y fomentar una mayor confianza entre las comunidades indígenas y los funcionarios judiciales.

241.Un memorando de entendimiento entre los Gobiernos del Commonwealth y del Territorio del Norte ofrece servicios de interpretación a los australianos indígenas por conducto del Servicio de Intérpretes Aborígenes del Territorio del Norte. La financiación provista facilita el acceso gratuito a intérpretes de los organismos jurídicos, judiciales y de salud del Territorio del Norte, así como de los proveedores de servicios de asistencia jurídica.

Artículo 15

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 38 de la lista de cuestiones

242.La legislación sobre pruebas de Australia es una combinación de estatuto, derecho consuetudinario y normas judiciales. Los tribunales federales aplican las disposiciones de la Ley de la Práctica de la Prueba de 1995 (Commonwealth). En Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital Australiana, Tasmania, y Victoria, los tribunales estatales que ejercen la jurisdicción federal o estatal y algunos otros tribunales aplican leyes que reflejan la Ley de la Práctica de la Prueba. En el Territorio del Norte también se ha promulgado legislación a este efecto, que entró en vigor el 1 de enero de 2013.

243.El artículo 138 de la Ley de la Práctica de la Prueba estipula la facultad discrecional guiada general de excluir pruebas de un procedimiento judicial en los casos en que estas se hayan obtenido de forma indebida o ilegal (infringiendo una ley australiana) o sean el resultado de esa acción indebida o ilegal. La facultad discrecional guiada exige que el tribunal sopese la conveniencia de admitir la prueba respecto de la inconveniencia de hacerlo. Para justificar la decisión, en virtud del artículo 138 3) f) el tribunal debe tener en cuenta si el acto indebido o ilegal viola un derecho reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

244.El Gobierno confía en que en los casos en que se fundamente una denuncia de tortura, la discrecionalidad estipulada en el artículo 138 de la Ley de la Práctica de la Prueba no permite que se admitan las pruebas obtenida mediante tortura.

245.El artículo 84 de la Ley de la Práctica de la Prueba también trata de la exclusión de una confesión influenciada por la violencia u otros actos. Dispone que cuando el tribunal está convencido de que una confesión es resultado de un acto violento, opresivo, inhumano o degradante, es inadmisible como prueba. Si un tribunal declara inaceptable una confesión con arreglo al artículo 84, no será necesario examinar los argumentos relativos a otros artículos de la Ley en lo que respecta a la admisibilidad de la confesión.

Artículo 16

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 39 de la lista de cuestiones

246.El Gobierno considera que la detención por motivos de inmigración es un componente fundamental de un control fronterizo firme. La detención obligatoria, junto con fuertes medidas de seguridad fronteriza, garantiza la tramitación ordenada de la migración a Australia. En consonancia con el enfoque del Gobierno de la detención por motivos de inmigración, la detención obligatoria se aplica a los siguientes grupos de personas:

•Todas las personas que llegan sin autorización para la gestión de los riesgos relativos a la salud, la identidad y la seguridad;

•Los no ciudadanos en situación ilegal que presenten riesgos inaceptables para la comunidad;

•Los no ciudadanos en situación ilegal que se niegan reiteradamente a cumplir las condiciones de su visa.

247.La decisión de proceder a la detención se basa en una evaluación de los riesgos. En el caso de una persona que llegó a Australia de manera legal y luego pasó a ser ilegal, la decisión de proceder a la detención se basa en una evaluación del riesgo que esa persona puede representar para la comunidad australiana, o para la integridad del programa de migración debido a su negativa reiterada a cumplir las condiciones de su visa. En el caso de las personas que llegaron en situación irregular por mar y no hubo oportunidad para que el Gobierno evaluara los riesgos que representaban en materia de salud, identidad o seguridad para la comunidad, el Gobierno ha decidido que se los detendrá a los fines de la evaluación y gestión de esos riesgos.

248.El Gobierno mantiene la posición de que la detención indefinida o arbitraria de inmigrantes es inadmisible y que la duración y las condiciones de la detención deben ser objeto de un examen periódico por funcionarios de categoría superior del Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el Ombudsman del Commonwealth. En estos exámenes se considerará la legalidad e idoneidad de la detención de la persona, las instalaciones de detención y otros asuntos relacionados con su detención y la resolución del caso.

249.Además, una persona detenida por motivos de inmigración puede solicitar la revisión judicial de la legalidad de su detención. Asimismo, generalmente puede solicitar la revisión judicial o de los fundamentos de la decisión relacionada con la visa que dio lugar a que siguiera siendo o pasara a ser un no ciudadano ilegal y fuera objeto de detención, incluida la decisión de denegarle una visa transitoria una vez detenida.

250.Para garantizar que se trate a las personas con humanidad, decencia y equidad, la detención por motivos de inmigración es objeto de un minucioso examen por parte de organismos externos como la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Ombudsman del Commonwealth, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo del Ministro sobre los Solicitantes de Asilo y la Detención.

251.El proyecto de ley de migración (reforma del régimen de detención de inmigrantes) de 2009 formó parte de un conjunto de medidas de reforma que se presentó en el Senado el 25 de junio de 2009. Se remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado, que presentó su informe el 20 de agosto de 2009. Posteriormente, el proyecto de ley caducó cuando se prorrogó el Parlamento el 19 de julio de 2010 y desde entonces no se ha presentado y debatido nuevamente en el Parlamento.

252.Desde noviembre de 2011 el Ministro de Inmigración y Ciudadanía ha utilizado sus facultades de interés público en virtud de la Ley de Migración a fin de que se considere posibilidad de insertar a los solicitantes de asilo que llegan mar a Australia en la comunidad. El establecimiento de prioridades para la inserción de las personas en la comunidad se basa en la duración de la detención, cuestiones relacionadas con la salud mental y la vulnerabilidad y necesidades de tratamiento, los vínculos familiares dentro de la comunidad u otro tipo de apoyo comunitario, y cuestiones más amplias relacionadas con la gestión de los centros de detención. Las personas deberán haber completado una verificación inicial de, entre otras cosas, salud, seguridad e identidad antes de que se considere la posibilidad de concederle una visa transitoria.

253.Los titulares de visas transitorias que llegaron a Australia antes del 13 de agosto de 2012 están autorizados a trabajar y tienen acceso a servicios de salud pública. Los beneficiarios que cumplen los requisitos pueden acceder a servicios de apoyo por conducto de los programas gubernamentales existentes, como el Plan de Asistencia para Solicitantes de Asilo y el Programa de Apoyo a la Asistencia Comunitaria. El 21 de noviembre de 2012 el Ministro de Inmigración y Ciudadanía anunció que debido al gran número de personas llegadas en situación irregular por mar, desde el 13 de agosto de 2012 no todas las personas en esta situación se transferirían a Nauru o la isla de Manus. En consecuencia, se procesará a algunas de esas personas en Australia y, en los casos en que se hayan concluido satisfactoriamente la verificación de seguridad, salud e identidad, se considerará la posibilidad de su inserción en la comunidad con visas transitorias.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 40 de la lista de cuestiones

254.El Gobierno está decidido a mantener la estructura de exclusión y no tiene planes de derogar el artículo 494AA de la Ley de Migración.

255.El Gobierno mantiene un sistema de procesamiento inicial en la isla Christmas para las llegadas en situación irregular por mar. Este tiene por objeto garantizar que los procesos esenciales, como los trámites de entrada y los controles de salud, se lleven a cabo antes de que se traslade a una persona al territorio continental de Australia. Todas las personas llegadas en situación irregular por mar reciben un trato justo y humanitario en la isla de Navidad y reciben los servicios adecuados en función de su necesidad.

256.Como se señaló en respuesta al párrafo 39 de la lista de cuestiones, el 25 de noviembre de 2011 el Ministro de Inmigración y Ciudadanía anunció que el Ministro usaría sus facultades de interés público en virtud de la Ley de Migración para que se considere la posibilidad de insertar en la comunidad con visas transitorias a los solicitantes de asilo que llegaron a Australia por mar.

257.Las personas que llegan a una zona insular extraterritorial pueden impugnar la legalidad de su detención ante el Tribunal Supremo, el tribunal superior de Australia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de Australia. El artículo 494AA de la Ley de Migración no afecta a la jurisdicción del Tribunal Superior.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 41 de la lista de cuestiones

258.La detención continua no está limitada por un plazo establecido, sino que depende de factores como la gestión de los riesgos de salud, identidad y seguridad y evaluaciones permanentes de los riesgos para la comunidad y la integridad de los programas de migración de Australia. Esas evaluaciones se realizan lo más rápidamente posible. Cuando existe la preocupación de que una persona presente un riesgo inaceptable para la comunidad, esta permanecerá detenida hasta que pueda ser expulsada o se haya disipado la preocupación y reúna las condiciones para que se le conceda una visa.

259.El programa de detención comunitaria (conocido oficialmente como Programa de Determinación de la Residencia) se estableció en junio de 2005 tras las enmiendas de la Ley de Migración. En octubre de 2010 el Gobierno anunció una ampliación del programa de detención comunitaria, en virtud del cual se trasladó a un número significativo de menores no acompañados y grupos de familias vulnerables de establecimientos de detención de inmigrantes a alojamientos de base comunitaria.

260.La duración y las condiciones de la detención, incluida la idoneidad del alojamiento y los servicios provistos, deben ser objeto de un examen periódico por funcionarios de categoría superior del Departamento de Inmigración y Ciudadanía y el Ombudsman del Commonwealth. En esos exámenes se considerará la legalidad e idoneidad de la detención de la persona, las instalaciones de detención y otros asuntos relacionados con su detención y la resolución del caso.

261.El control por partes externas contribuye a garantizar que las personas en establecimientos de detención de inmigrantes reciban un trato humanitario, decente y justo. Estas partes incluyen comisiones parlamentarias, el Consejo del Ministro sobre los Solicitantes de Asilo y la Detención, el Ombudsman del Commonwealth, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, el Grupo Asesor sobre la Salud en los Centros de Detención y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

262.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía facilita las visitas periódicas de parlamentarios federales y comisiones parlamentarias a los establecimientos de detención de inmigrantes e informan sobre las condiciones de estos. El Ombudsman del Commonwealth tiene derecho legal a ingresar en estos locales para investigar denuncias y puede llevar a cabo sus propias investigaciones sobre aspectos de la detención de inmigrantes. Si bien la Comisión de Derechos Humanos de Australia no tiene facultades o derechos expresos de ingreso en los establecimientos de detención de inmigrantes, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía facilita las visitas siempre que sea posible.

Atención de la salud

263.Todas las personas en establecimientos de detención de inmigrantes tienen acceso a servicios adecuados de atención de la salud semejantes a los disponibles para la comunidad australiana en general y coherentes con el deber de diligencia respecto de las personas detenidas por motivos de inmigración. Todas las personas detenidas por motivos de inmigración se someten a una evaluación inicial de la salud dentro de las 72 horas siguientes a su llegada para identificar las condiciones a las que habrá que prestar atención y formular un plan personalizado de atención de la salud. Esta evaluación incluye la reunión de datos personales y médicos, un examen físico y un reconocimiento y evaluación de la salud mental.

264.Para las personas en centros de detención, la mayoría de los servicios de atención primaria de salud están disponibles in situ con remisiones a servicios de salud externos en la comunidad según las necesidades clínicas. En el caso de las personas en régimen de detención comunitaria y en algunas residencias de inmigrantes, proveedores de salud basados en la comunidad brindan los servicios de atención de la salud.

265.Las personas trasladadas a un centro de tramitación regional en Nauru o la isla de Manus reciben atención de la salud in situ de médicos generalistas, enfermeros, paramédicos, asesores y psicólogos empleados por el proveedor de servicios de salud. También pueden consultar a psiquiatras y otros especialistas visitantes, según proceda.

Salud mental

266.Todos los inmigrantes detenidos tienen acceso a diversos servicios de atención de la salud, incluida la salud mental. El Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha puesto en práctica políticas y programas para reducir al mínimo los factores que contribuyen al deterioro de la salud mental de los detenidos y ayudar a quienes lo necesitan, incluida la pronta remisión a un tratamiento adecuado. Además, todo el personal que trabaja con personas detenidas recibe formación para reconocer y tratar las señales de alerta y los factores de riesgo en relación con lesiones autoinfligidas y el deterioro de la salud mental.

267.El Gobierno ha puesto en práctica tres políticas de salud mental para determinar los problemas de salud mental existentes, proporcionar apoyo psicológico a los detenidos por motivos de inmigración y reducir al mínimo el riesgo de lesiones autoinfligidas. Las políticas se aplican en toda la red de establecimientos de detención de inmigrantes. Incluyen la identificación de los inmigrantes detenidos supervivientes de torturas y traumas, y el apoyo a estos; un programa de asistencia psicológica para la prevención de lesiones autoinfligidas en establecimientos de detención de inmigrantes; y la detección de problemas de salud mental para los detenidos por motivos de inmigración. Estas políticas se elaboraron en consulta con el Grupo Asesor sobre Salud del Departamento de Inmigración y Ciudadanía y en relación con la Política Nacional de Salud Mental del Gobierno y las normas recomendadas por el Real Colegio Australiano de Médicos Generalistas.

268.Está en vías de formularse una política de salud mental para personas trasladadas a centros de tramitación regional. Entretanto, se ofrece a estas personas apoyo profesional en materia de salud mental en consonancia con los servicios prestados a las personas que se encuentran en establecimientos de detención de inmigrantes en Australia.

Condiciones de detención y el ocupación excesiva

269.Las opciones de alojamiento flexible basado en instalaciones que están disponibles en la isla de Navidad ayudan a gestionar este proceso, incluido el alojamiento de familias y menores no acompañados. Si procede, y por razones operacionales, se puede trasladar a las personas llegadas en situación irregular por mar y a la tripulación al territorio continental de Australia mientras prosigue su procesamiento. Tanto las zonas metropolitanas como las regionales disponen de establecimientos de detención. Los sitios se utilizan según los requisitos operacionales y la colocación de los inmigrantes depende de las necesidades individuales de cada uno y una evaluación individual del riesgo. Se traslada a las familias, los menores no acompañados y las personas vulnerables al continente lo antes posible para facilitar su colocación mediante arreglos basados en la comunidad.

270.El Gobierno ha establecido nuevos lugares para la detención de inmigrantes en el territorio continental de Australia a fin de aumentar la capacidad y acomodar mejor a las personas en lugares de la red. Se han establecido y están en funcionamiento nuevas instalaciones en Inverbrackie en Australia Meridional y Wickham Point en el Territorio del Norte. La nueva instalación en Wickham Point se inauguró a principios de diciembre de 2011, con una capacidad inicial de 500 plazas. Las etapas finales de la instalación de Wickham Point se finalizaron en abril de 2012, con una capacidad total de 1.500 plazas. Una instalación en Pontville, Tasmania, funcionó temporalmente desde el segundo semestre de 2011 hasta marzo de 2012, mientras se establecían otros sitios. El Ministro de Inmigración anunció la reapertura de esa instalación el 21 de noviembre de 2012, y el primer grupo de solicitantes de asilo ingresó el 16 de diciembre de 2012.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 42 de la lista de cuestiones

271.En Australia, se aloja a los inmigrantes detenidos en diversas instalaciones según sus circunstancias. La red de establecimientos de detención de inmigrantes incluye:

•Centros de detención de inmigrantes, que son las instalaciones con el máximo nivel de seguridad de la red;

•Residencias de inmigrantes, que ofrecen condiciones flexibles para que las personas detenidas puedan vivir en alojamientos de tipo familiar;

•Centros temporales para inmigrantes, que ofrecen condiciones de vida semiindependientes en alojamientos semejantes a albergues a personas que presentan un bajo riesgo para la seguridad;

•Centros de detención alternativos, que son centros de baja seguridad utilizados para satisfacer las necesidades específicas de aquellos detenidos que no pueden ser enviados a otros establecimientos de detención de inmigrantes. Estos centros pueden incluir alberges, viviendas y hospitales para detenidos que requieren tratamiento médico;

•Detención comunitaria.

272.El programa de detención comunitaria (también conocido como Programa de Determinación de la Residencia) se estableció en junio de 2005. En octubre de 2010 se amplió para abarcar a los menores no acompañados, las familias y otros adultos vulnerables. La detención comunitaria es una forma de detención de inmigrantes que, de conformidad con la Ley de Migración, permite a estos residir y circular libremente en la comunidad sin necesidad de estar acompañados por un funcionario.

273.La ampliación del actual programa de detención comunitaria del Gobierno de Australia ha permitido trasladar a un número importante de menores no acompañados y de grupos familiares vulnerables de establecimientos de detención de inmigrantes a alojamientos de base comunitaria.

274.El Departamento de Inmigración y Ciudadanía adopta un enfoque basado en los riesgos para la gestión de los inmigrantes, garantizando que se lleven a cabo evaluaciones adecuadas de los riesgos en materia de identidad, salud y seguridad antes de insertarlos en la comunidad. En virtud de la Ley de Migración, antes de que una persona pase al régimen de detención comunitaria, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía debe estar convencido de que ello es favorable al interés público.

275.El régimen de detención comunitaria es voluntario. Vivir en el marco del régimen requiere cierto grado de independencia y autonomía, por lo cual es importante que los inmigrantes estén plenamente informados acerca de la detención comunitaria y acepten que se los considere para el programa. Se informa a todos ellos sobre las condiciones de la detención comunitaria en el momento de ingresar en el programa. Las condiciones incluyen el requisito obligatorio de mantener informado periódicamente al Departamento de Inmigración y Ciudadanía y/o a su proveedor de servicios y residir en la dirección especificada por el Ministro. Las condiciones también pueden incluir mecanismos de supervisión y toque de queda. Los gestores departamentales de casos gestionan estas condiciones con sensibilidad.

276.Los inmigrantes en el régimen de detención comunitaria continúan trabajando con los gestores de sus casos en la resolución de su estatuto y se los alienta a mantener una actitud abierta respecto de la gama de posibles resultados, incluida la devolución.

277.Como se señaló en la respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 39 de la lista de cuestiones, desde noviembre de 2011 el Ministro de Inmigración y Ciudadanía ha utilizado sus facultades de interés público en virtud de la Ley de Migración para que se considere la posibilidad de que los solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar puedan ingresar en el régimen de detención comunitaria.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 43 de la lista de cuestiones

278.Todas las personas que llegan a Australia sin autorización están sujetas a la detención obligatoria a fin de realizar controles de salud, identidad y seguridad. Cabe destacar que no se recluye a niños en centros de detención de inmigrantes. Los niños que llegan sin autorización son alojados inicialmente en locales de detención de baja seguridad alternativos de la red de establecimientos de detención de inmigrantes (por ejemplo, residencias de inmigrantes y centros temporales para inmigrantes). Cuando se produce la detención por motivos de inmigración, la prioridad es que los niños y, en la medida de lo posible, sus familias se incorporen sin demora al régimen de detención comunitaria, con sujeción a la finalización de los controles necesarios.

279.Como se señaló anteriormente, el Gobierno de Australia da prioridad a los niños y las familias para la detención comunitaria. En octubre de 2010 el Gobierno anunció que ampliaría su programa de detención comunitaria actual y comenzó a trasladar a un número importante de menores no acompañados y de grupos familiares vulnerables de establecimientos de detención de inmigrantes a alojamiento de base comunitaria.

280.Desde que se amplió el programa en octubre de 2010 y al 10 de diciembre de 2012, en virtud del programa ampliado de detención comunitaria, el Ministro de Inmigración y Ciudadanía aprobó pasar 5.712 casos al régimen de detención comunitaria. De ellos, 1.722 personas (1.004 adultos y 718 niños) residen en la comunidad en virtud de esas disposiciones y 3.310 han abandonado el programa tras recibir visas de protección.

281.A pesar de que no se recluye a niños en centros de detención de inmigrantes, al 10 de diciembre de 2012 había 1.185 menores llegados en situación irregular por mar en centros alternativos de detención de baja seguridad. Estos niños tienen la posibilidad de impugnar la legalidad de su detención ante el Tribunal Supremo de Australia. Además, la duración y las condiciones de la detención, incluida la idoneidad del alojamiento y los servicios prestados, son objeto de exámenes periódicos. Estos se llevan a cabo cada tres meses y se alterna entre los exámenes realizados por funcionarios de categoría superior del Departamento de Inmigración y Ciudadanía y los realizados por el Ombudsman del Commonwealth. En estos exámenes se analiza la legalidad e idoneidad de la detención de la persona, sus condiciones de detención y otros asuntos relacionados con su detención y la resolución de su caso.

282.La Ley de Migración (Tutela de los Niños) de 1946 estipula que el Ministro de Inmigración y Ciudadanía es el tutor de ciertos menores de edad no acompañados y no ciudadanos que llegan a Australia sin un progenitor o pariente mayor de 21 años con la intención de convertirse en residentes permanentes.

283.En virtud de esta Ley, el Ministro puede delegar sus facultades a cualquier funcionario o autoridad del Commonwealth o de un estado o territorio. Los funcionarios departamentales son los tutores delegados de los menores no acompañados en establecimientos de detención de inmigrantes y en detención comunitaria. En el caso de los menores no acompañados que tienen un visado en virtud del programa humanitario y viven en la comunidad, la tutela del Ministro se ha delegado a los organismos de bienestar infantil de los estados o territorios, aunque no todos estos han aceptado esta delegación. En los casos en que un organismo de bienestar infantil de un estado o territorio no acepta la delegación, se nombra tutor delegado a un funcionario del Departamento. El Ministro puede delegar las facultades de tutela, pero no la función de tutor.

284.El Ministro tiene un deber de diligencia respecto de todas las personas detenidas, incluidos los niños. En particular, el Ministro tiene el deber de diligencia respecto de todos los menores no acompañados de los que el Ministro es tutor, y está obligado a adoptar decisiones en el interés de estos.

285.Además de su función de tutores delegados, los observadores independientes de la organización Life Without Barriers están disponibles en todo momento en la isla Navidad y otros establecimientos de detención de inmigrantes a fin de prestar apoyo a los menores no acompañados y asistir a interrogatorios y otras reuniones, según proceda.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 44 de la lista de cuestiones

286.Cada jurisdicción tiene sus propias directrices relativas al uso de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Estas son conforme a las directrices nacionales del Organismo de Asesoramiento Policial de Australia y Nueva Zelandia para la gestión de incidentes, la solución de conflictos y el uso de la fuerza. En consonancia con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, las directrices promueven la utilización por la policía de la fuerza mínima adecuada para el desempeño seguro y eficaz de sus deberes, que sea proporcional al nivel de riesgo que supone.

287.La Policía Federal Australiana entrega armas de descarga eléctrica a los integrantes de su equipo de capacidad táctica altamente especializado, así como a los supervisores de primera línea de su división de policía de proximidad en el Territorio de la Capital de Australia. La Policía tiene la intención de ampliar la utilización de las armas de descarga eléctrica a fin de incluir a los supervisores de primera línea que desempeñan funciones de vigilancia comunitaria en los principales aeropuertos de Australia.

288.El uso de las armas de descarga eléctrica por miembros de la Policía Federal Australiana se rige por la Orden del Comisionado de la Policía Federal Australiana sobre Seguridad Operacional y es supervisado estrechamente por el Comité de Seguridad Operacional de la organización y el conjunto de normas profesionales.

289.Las armas de descarga eléctrica solo deben emplearse por funcionarios cualificados de conformidad con la capacitación aprobada por la Policía Federal Australiana, y solo pueden utilizarse contra otra persona cuando se tienen motivos razonables para creer que su uso es necesario para:

•Defenderse o defender a otros de una amenaza inminente de lesión física en los casos en que no se puede recurrir a una protección menos contundente;

•Resolver un incidente en que una persona actúa de forma tal que pueda herirse a sí misma y el incidente no pueda resolverse de forma menos contundente;

•Disuadir ataques de animales.

290.La policía de Nueva Gales del Sur solo debe utilizar armas de descarga eléctrica para proteger la vida humana y evitar enfrentamientos violentos. No debe utilizarse un arma de descarga eléctrica en personas que ya han cumplido una orden o estén en situación pasiva. El personal directivo superior examina los incidentes relacionados con armas de descarga eléctrica y el Comando de Normas Profesionales pueden investigarlos.

291.En Victoria la Policía ha estado probando de forma limitada el uso de armas de descarga eléctrica desde 2004. Estas solo pueden utilizarse como alternativa a las armas de fuego y cuando su uso sea seguro. Todos los casos de uso de armas de descarga eléctrica están sujetos a un examen por el personal directivo y pueden ser investigados por la Oficina de Integridad de la Policía. Antes de poner a prueba el uso de estas armas, se efectuó una evaluación integral del impacto sobre los derechos humanos y se impartió capacitación sobre derechos humanos a todo el personal asociado, incluidas sus obligaciones en virtud de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

292.En 2010, la Policía de Australia Occidental puso en práctica un nuevo régimen de presentación de informes y vigilancia, y todos los informes sobre el uso de la fuerza son examinados por el Coordinador Institucional sobre el Uso de la Fuerza. El uso de la fuerza por la policía de Australia Occidental también está sujeto al examen independiente por la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Delincuencia de Australia Occidental.

293.En Australia Meridional solo se entregan armas de descarga eléctrica al personal operativo policial capacitado como opción táctica adicional, además de las otras armas que llevan. Solo pueden utilizarse en los casos en que una persona esté armada y su uso sea necesario para evitar lesiones graves o la muerte de una persona.

294.En Tasmania la entrega de armas de descarga eléctrica se limita a agentes especializados que integran el Grupo de Operaciones Especiales para que las utilicen únicamente en respuesta a incidentes determinados.

295.En el Territorio del Norte la Policía solo puede utilizar armas de descarga eléctrica cuando hay riesgo inminente de daños o lesiones graves. El uso de armas de descarga eléctrica en el Territorio es vigilado por el Comité de Examen relativo a las Armas Táser y el examen de los registros de casos de uso de la fuerza.

296.Las jurisdicciones también están estudiando opciones para mejorar la coherencia de las políticas destinadas al despliegue de opciones para el uso no letal de la fuerza, como las armas de descarga eléctrica por la policía.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 45 de la lista de cuestiones

297.El derecho penal del Commonwealth establece la edad de responsabilidad penal en 10 años.

298.Con arreglo al derecho penal del Commonwealth, se presupone que un niño entre los 10 y los 14 años es incapaz de cometer un agravio. Corresponde a la fiscalía demostrar que el niño era consciente de que su conducta constituía un acto incorrecto grave.

299.Australia utiliza varias estrategias para reducir el número de menores detenidos. Por conducto de sus ministros de policía, los gobiernos de Australia han elaborado un Modelo Nacional de Vigilancia Policial de la Juventud. El Modelo contiene seis estrategias para reducir, prevenir y abordar la violencia juvenil y el comportamiento antisocial. El Modelo también apoya y mejora programas eficaces que ya se han puesto en práctica. En virtud del Modelo, las jurisdicciones tienen la flexibilidad necesaria para adaptar las respuestas a las cuestiones relacionadas con la vigilancia policial de los jóvenes a los entornos locales. El grupo de edad al que se dirige el Modelo (jóvenes australianos de 12 a 24 años) aborda varios ámbitos problemáticos para los menores y jóvenes adultos, como la violencia vinculada con el alcohol y los comportamientos riesgosos al conducir. El Modelo también promueve la participación de la policía en las estrategias de prevención y remisión, como programas de educación y sensibilización, y mediante la colaboración con la comunidad en general y otros sectores.

300.En Australia, la responsabilidad de la justicia de menores corresponde a los estados y territorios, con la participación de los organismos de justicia juvenil y otros organismos de justicia, como la policía y los tribunales. Una característica importante del sistema de justicia juvenil de Australia es la remisión, y la policía puede desviar a los jóvenes de un mayor contacto con el sistema de justicia de menores mediante el uso de advertencias, amonestaciones oficiosas y oficiales, y otras medidas. Si no se logra desviar al menor, el asunto pasa a los tribunales. A la espera de su primera comparecencia ante el tribunal, el joven puede quedar en la comunidad sin supervisión, detenido por la policía o bajo la supervisión del organismo de justicia juvenil en la comunidad o en un centro de detención.

301.Tras la comparecencia inicial ante el tribunal, este ordenará la detención preventiva del menor hasta la próxima comparecencia ante el tribunal o lo pondrá en libertad en la comunidad, ya sea sin supervisión o bajo la supervisión del organismo de justicia juvenil. Una vez concluido el juicio, si el tribunal ha considerado culpable al joven, puede sentenciarlo a un período de detención o a supervisión basada en la comunidad (como la libertad condicional, el servicio comunitario o la suspensión de la orden de detención) o recibir una orden sin supervisión, como una multa o una fianza por buena conducta. Los jóvenes condenados a un período de detención también pueden ser puestos en libertad condicional o libertad vigilada antes del fin de sus condenas.

302.Así pues, hay distintos mecanismos u órdenes jurídicos que pueden aplicarse mientras un joven espera su comparecencia inicial ante el tribunal, la vista judicial o el resultado, o cumple una condena. Algunas de estas órdenes no exigen que se supervise a los jóvenes, algunas exigen que los jóvenes sean objeto de supervisión por el organismo de justicia de menores pertinente, mientras que otras requieren supervisión por otro organismo, como la policía.

303.El 24 de noviembre de 2011 el Gobierno presentó su respuesta al informe de una comisión parlamentaria federal sobre los jóvenes indígenas en el sistema de justicia penal, titulado Doing Time: Time for Doing (Cumplir una condena; momento de actuar). En su respuesta al informe, el Gobierno de Australia aceptó (en su totalidad o en principio) la gran mayoría de las recomendaciones formuladas. La respuesta del Gobierno expone las medidas tomadas en relación con recomendaciones concretas en algunos ámbitos y describe la forma en que el Gobierno aplicará otras. Por ejemplo, el Gobierno se ha comprometido a trabajar con los gobiernos de los estados y territorios a fin de reducir la tasa de jóvenes en prisión preventiva. En particular, el Gobierno propone que las jurisdicciones traten de comprender y reducir los factores que llevan a los jóvenes a ser recluidos en detención preventiva, incluida toda consecuencia no deseada de la legislación, la idoneidad de las condiciones de fianza, el papel los organismos de policía y de servicios comunitarios en los resultados de la libertad bajo fianza y la prisión preventiva, y el aumento de la disponibilidad de opciones de alojamiento adecuado para los jóvenes a los que se concede la libertad bajo fianza.

304.Australia considera el encarcelamiento como una condena de último recurso que debe ser adecuada en todas las circunstancias. Al dictar sentencia, los tribunales disponen de diversas opciones alternativas a la prisión, incluidas órdenes de arresto domiciliario, órdenes de servicio comunitario, órdenes correccionales intensivas, condenas condicionales y puesta en libertad sujeta a una fianza de buena conducta. También disponen de advertencias, consultas y otros programas de remisión en las circunstancias apropiadas. Todos los estados y territorios han establecido tribunales de menores para hacer frente a los asuntos penales en que intervienen infractores menores de edad.

305.El Gobierno de Tasmania está por iniciar un examen de toda la gama de servicios relativos a los jóvenes infractores. Este se centrará no solo en los servicios de justicia de menores, sino que en todos los servicios primarios, secundarios y terciarios que funcionan en el sistema más amplio de servicios para niños y jóvenes. Analizará alternativas a la detención, incluidas la fianza y opciones de detención preventiva y otras opciones restaurativas, preventivas y de intervención temprana basadas en la comunidad.

306.De conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena, Australia revisa periódicamente su posición, con miras a retirar sus reservas en la medida de lo posible. Australia también se ha comprometido a la revisión periódica de todas sus reservas a tratados de derechos humanos.

307.No siempre es conveniente separar a los menores de otros delincuentes, por ejemplo, en los casos en que la segregación podría ser equivalente a un régimen de aislamiento o entrañar condiciones peores que las de la población penitenciaria general. Esto podría ser aún más grave debido a la baja densidad de la población de las zonas habitadas de Australia. En la práctica, en los casos en que los estados y territorios no disponen de instalaciones separadas para alojar a delincuentes juveniles, generalmente se les separa de los adultos dentro de la instalación.

308.De conformidad con el derecho penal del Commonwealth, las penas de privación de la libertad mínimas obligatorias se aplican a un número muy limitado de delitos graves y agravados de tráfico ilícito de personas en virtud de la Ley de Migración de 1958.

309.No se aplican sanciones obligatorias a las personas consideradas niños en virtud de las leyes federales. No se aplican sanciones obligatorias a los niños en virtud de las leyes del Territorio del Norte. La respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones contiene más información sobre las condenas obligatorias en Australia Occidental.

II.Otras cuestiones

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 46 de la lista de cuestiones

310.Uno de los principios fundamentales de la estrategia de lucha contra el terrorismo de Australia es actuar dentro de los marcos jurídicos legítimos y respetar el estado de derecho. La legislación de lucha contra el terrorismo de Australia otorga facultades especiales a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de seguridad para hacer frente a la amenaza del terrorismo. Estas facultades dotan a dichos organismos de instrumentos que tienen por objeto prevenir los actos de terrorismo y proteger a la comunidad del terrorismo. La necesidad de estas facultades se equilibra mediante salvaguardias legislativas que garantizan que las facultades se utilicen de forma apropiada y en circunstancias determinadas.

311.El marco de seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo en Australia incorpora mecanismos de examen que garantizan que las leyes sigan siendo necesarias y eficaces. Recientemente Australia también puso en práctica medidas para lograr una mayor rendición de cuentas y transparencia, en particular:

•El nombramiento de un Observador Independiente de la Legislación de Seguridad Nacional;

•La enmienda de la Ley sobre el Inspector General de Seguridad e Inteligencia de 1986 a fin de permitir que las investigaciones de este se extiendan a los organismos del Commonwealth que no son miembros de la comunidad australiana de inteligencia;

•El establecimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta sobre Aplicación de la Ley para supervisar a la Policía Federal Australiana y a la Comisión Penal de Australia.

312.La capacitación de los nuevos agentes de la Policía Federal Australiana incluye las obligaciones contenidas en el Parte IC de la Ley de Delitos de 1914 (Commonwealth). El Departamento Jurídico de la Policía imparte capacitación más amplia sobre estas cuestiones a sus investigadores en materia de lucha contra el terrorismo. El conjunto de actividades de aprendizaje y perfeccionamiento de la Policía ofrece varios programas de capacitación a sus miembros que trabajan (o se proponen trabajar) en relación con actividades de lucha contra el terrorismo, así como a los que prestan apoyo operacional en estos ámbitos con carácter permanente. Estos programas de capacitación tienen por objeto asegurar que:

•La Policía pueda cumplir sus obligaciones legislativas en la esfera de la realización de investigaciones de lucha contra el terrorismo;

•Los miembros de la Policía que trabajan en el ámbito de la lucha contra el terrorismo sean plenamente conscientes de sus obligaciones y derechos en materia de derechos humanos;

•Los sospechosos reciban un trato humano y digno;

•La Policía pueda efectivamente reunir pruebas e información para prevenir, desbaratar o investigar actividades terroristas.

313.El marco jurídico de Australia cumple una importante función al prevenir el terrorismo y llevar ante la justicia a los responsables de este. A la vanguardia del marco legislativo contra el terrorismo se encuentran los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal del Commonwealth de 1995. Se ha enjuiciado a 35 personas y condenado a 22 por estos delitos.

III.Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, incluidas las nuevas medidas y los acontecimientos relacionados con la aplicación de la Convención

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 47 de la lista de cuestiones

314.Australia se enorgullece de su papel histórico en la redacción y evolución de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las iniciativas gubernamentales ejecutadas desde 2007 demuestran su compromiso de colaborar con las Naciones Unidas y afirman el compromiso de larga data de Australia con la protección internacional de los derechos humanos.

315.Australia pasó a ser parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en julio de 2008 y en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en septiembre de 2009.

316.El Gobierno de Australia anunció su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 3 de abril de 2009. En esta se enuncia un conjunto de importantes principios que tienen por objeto mejorar la forma en que el Gobierno y los pueblos indígenas pueden trabajar juntos en el proyecto común para poner fin a las desventajas que afectan a dichos pueblos.

317.Australia reconoce los principios de la Declaración como las normas rectoras que han de seguirse con espíritu de colaboración y respeto mutuo. Los principios de la Declaración, en particular los relativos a la participación, el desarrollo económico y social, y los derechos, están en consonancia con la estrategia general del Gobierno de Australia de cerrar la brecha de desventajas entre los australianos indígenas y no indígenas. En 2007 el Gobierno instituyó una estrategia destinada a abordar, por conducto del Consejo de Gobiernos Australianos (COAG), las desventajas y condiciones de vida deficientes con que se enfrentan demasiados australianos indígenas. Esta iniciativa cuenta con una inversión sin precedentes de 5.200 millones de dólares destinados al empleo, la educación, los servicios de salud y el desarrollo y la seguridad comunitarios. Se trata de esferas a las que se presta atención especial en la Declaración. En mayo de 2009 Australia firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y está en vías de ratificarlo.

318.En abril de 2010 el Gobierno anunció el Marco de Derechos Humanos de Australia, en el que se enuncia un conjunto de medidas fundamentales para promover y proteger los derechos humanos en Australia. Estas medidas incluyen una serie completa de iniciativas educacionales para promover una mayor comprensión de los derechos humanos en toda la comunidad; el establecimiento de una nueva Comisión Parlamentaria Mixta de Derechos Humanos encargada de controlar más estrechamente la legislación destinada a dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos de Australia; la exigencia de que todos los proyectos de ley que se presenten al Parlamento estén acompañados de una declaración de compatibilidad con las obligaciones internacionales de Australia en materia de derechos humanos; la consolidación de las leyes federales de lucha contra la discriminación en una sola ley para eliminar superposiciones reglamentarias innecesarias y facilitar su aplicación; y la celebración de un foro anual de derechos humanos de ONG para lograr un compromiso amplio con estas organizaciones en asuntos de derechos humanos.

319.Además, como parte del Marco, el Gobierno está en vías de establecer un nuevo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos. Aunque Australia ha elaborado planes de acción anteriores, el nuevo Plan de Acción se ha fundamentado en la elaboración de un Estudio de Referencia que dispone una evaluación profunda de importantes cuestiones de derechos humanos para Australia y las medidas existentes para abordarlas. El 9 de diciembre de 2011 se pusieron en marcha el Estudio de Referencia definitivo y un proyecto de Plan de Acción. En 2012, una vez que se haya ultimado el Plan de Acción, se presentará al Parlamento de Australia y a las Naciones Unidas.

320.Entre las medidas pertinentes que contiene el proyecto de Plan de Acción que se adoptarán para mejorar los derechos humanos en virtud de la Convención cabe destacar la investigación de formas en que el sistema de justicia puede abordar mejor las enfermedades mentales y los trastornos cognoscitivos; la investigación de las tasas de encarcelamiento con atención especial en los grupos vulnerables y otras opciones de condena; y la colaboración con los estados y territorios sobre el régimen que reglamenta la esterilización de mujeres y niñas con discapacidad.

321.Se reconoce en todos los niveles de gobierno la necesidad de una respuesta más eficaz para las personas con discapacidad que han ingresado en el sistema de justicia penal. Esto incluye la Estrategia Nacional de Justicia para las Personas con Discapacidad, Esfera Prioritaria Dos, que se centra especialmente en la protección de los derechos, la justicia y la legislación. Australia Meridional contribuye a la labor emprendida por el Grupo de Trabajo de Investigación sobre Políticas de Discapacidad en relación con los trastornos cognoscitivos en el sistema de justicia penal.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 48 de la lista de cuestiones

322.Australia está siempre dispuesta a colaborar en forma positiva con la comunidad internacional en relación con la aplicación de sus obligaciones de derechos humanos. En agosto de 2008 el Gobierno extendió una invitación permanente a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que visitaran Australia. Desde la emisión de la invitación permanente, Australia ha recibido la visita del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas (agosto de 2009) y el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud (noviembre y diciembre de 2009).

323.El Gobierno ha fortalecido el papel de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, la institución nacional de derechos humanos del país, mediante la aportación de 6,6 millones de dólares de nueva financiación durante cuatro años. El Gobierno también ha restablecido el papel del Comisionado contra la Discriminación Racial autónomo y ha establecido como cargo aparte, un Comisionado contra la Discriminación por Edad en la Comisión. Además, el 29 de abril de 2012 el Gobierno anunció la creación de un cargo de Comisionado de la Infancia dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Australia que se centrará en el bienestar y el desarrollo de los niños y los jóvenes en Australia.

324.El 16 de febrero de 2011 se puso en marcha la Política Multicultural Australiana: Pueblo de Australia, en la que se reafirma la importancia de una nación caracterizada por la diversidad cultural y la cohesión social. La Política dispone la creación y aplicación de una Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo. Se ha asignado financiación por 1,7 millones de dólares durante cuatro años (2012-2015) para la Estrategia, a fin de combatir el racismo educando a la comunidad australiana para que detecte el prejuicio racial cuando ocurra. Se puede consultar información adicional en http://itstopswithme.humanrights.gov.au/.

Respuesta a las cuestiones planteadas en el párrafo 49 de la lista de cuestiones

325. El Gobierno abolió la pena de muerte en Australia en 1973, también en los territorios. Todos los estados abolieron la pena de muerte en 1985. En marzo de 2010 el Parlamento del Commonwealth promulgó legislación para asegurar que la pena de muerte no vuelva a implantarse en ningún lugar de Australia .