COMITÉ CONTRA LA TORTURA
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA 839ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el martes 4 de noviembre de 2008, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. GROSSMAN
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
Segundo informe periódico de Lituania
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN
Segundo informe periódico de Lituania (CAT/C/LTU/2; CAT/C/LTU/Q/2 y 2/Add.1;CAT/C/CR/31/5/RESP.1; HRI/CORE/1/Add.97)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Lituania toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania), presentando el segundo informe periódico de Lituania (CAT/C/LTU/2), dice que dicho informe se centra en las medidas adoptadas por el Gobierno lituano con el fin de aplicar las recomendaciones del Comité tras su examen del informe inicial de Lituania. La sección titulada: “Contestación a las preguntas y recomendaciones del Comité” contiene información, entre otras cosas, sobre la definición de tortura, el acceso a un abogado, un médico independiente o familiares, la asistencia jurídica del Estado y la indemnización de las víctimas. Según lo solicitado, se han incluido asimismo datos estadísticos.
La definición de la tortura, tal como aparece recogida en el artículo 1 de la Convención, queda reflejada en varios artículos del Código Penal lituano. La lista de delitos relacionados con la tortura es objeto de una constante labor de actualización.
La tortura y el maltrato por razones de género no están tipificados por separado, dado que los delitos cometidos por motivos de origen nacional o étnico, raza, género, religión o incitación al odio están contemplados en otros artículos del Código Penal. En 2005, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia recomendó que Lituania reconociera la motivación racista como circunstancia agravante en la administración de la justicia. En respuesta a la citada recomendación, el Gobierno preparó una enmienda al artículo 60 del Código Penal con el fin de establecer penas más severas para los autores de los delitos motivados por razones raciales. Además, ha enmendado el Código de Procedimiento Penal para recoger los cambios en la protección internacional de los derechos humanos. Se está poniendo un énfasis cada vez mayor en la cooperación internacional eficaz. Los tribunales lituanos recurren a la jurisprudencia nacional e internacional en sus esfuerzos por mejorar las garantías procesales debidas.
La cooperación internacional en la lucha contra la tortura y el maltrato ha tenido efectos positivos en Lituania. El orador señala que su Gobierno concede la máxima importancia a las recomendaciones del Comité, que se utilizan como base para la elaboración de instrumentos nacionales de prevención de la tortura. De forma similar, las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se utilizan para informar a los responsables nacionales de la formulación de políticas en el ámbito de los derechos humanos. La lucha contra la tortura y el maltrato es un proceso continuado que requiere un enfoque estratégico.
En Lituania, el Ministerio de Justicia es el organismo responsable de la aplicación de la Convención contra la Tortura. Por consiguiente, el orador ha centrado sus observaciones iniciales en aquellos aspectos de la Convención que entran directamente dentro del ámbito de actuación del citado Ministerio. No obstante, el Gobierno de Lituania es consciente de que la lucha contra la tortura es un desafío transversal que requiere la actuación de todos los Estados.
El Sr. GALLEGOS CHIRIBOGA, relator para el país, elogia al Estado informante por sus esfuerzos dirigidos a lograr que su legislación nacional relacionada con la Convención sea acorde con las normas internacionales más avanzadas. El orador recuerda a la delegación que el examen de los informes del Estado parte es un proceso cooperativo y que las observaciones del Comité tienen la finalidad de contribuir a aclarar determinados aspectos con el fin de mejorar la aplicación de la Convención en el ámbito nacional.
Aunque es encomiable que la definición de tortura, tal y como está recogida en la Convención,haya sido incorporada a diversas disposiciones legales, también debe quedar reflejada en la Constitución del país. El orador pregunta si existe prescripción en relación con la tortura, y recuerda a la delegación que el delito de tortura no prescribe. Debido a la ausencia de datos relacionados con la tortura, el Comité no ha podido establecer el alcance de este problema. Por ello, sería de utilidad que la delegación facilitase estadísticas al respecto.
La delegación debería explicar el modo en que se aplican en la práctica los derechos de los detenidos especificados en la respuesta del Estado parte a la pregunta 3 de la lista de cuestiones. Con respecto a la pregunta 4, la delegación debería responder a las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Humanos de que las normas que rigen la detención administrativa no siempre se cumplen en la práctica.
El Estado parte solamente ha respondido parcialmente a la pregunta 5; el orador desea saber si la legislación nacional dispone expresamente que no podrán invocarse circunstancias excepcionales, ni una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública, como justificación de la tortura. Pasando a la pregunta 10, el orador pide aclaraciones sobre la legislación y la práctica del Estado parte en lo tocante al asilo, especialmente por lo que respecta a la expulsión y a la no devolución.
En cuanto a la pregunta 17, invita a la delegación a explicar el significado de la expresión “celdas de detención preventiva”. Refiriéndose a la pregunta 21, el orador solicita datos sobre el alcance de la violencia entre los presos, puesto que tal información es fundamental para encontrar maneras de solucionar este problema. En cuanto a la pregunta 22, el orador confiesa su sorpresa al saber que, en varios casos, se han suspendido por falta de pruebas las investigaciones de denuncias de malos tratos infligidos por el personal de prisiones. La delegación debería explicar el procedimiento aplicable a los casos de presunto maltrato de las personas privadas de libertad, inclusive las personas con discapacidad en centros de detención y hospitales. Asimismo, la delegación debería explicar la aparente contradicción existente entre la supuesta falta de elementos de prueba de casos de maltrato y el hecho de que las víctimas hayan recibido una indemnización, como se describe en la respuesta a la pregunta 25. El orador desea saber si los casos en los que se concedió alguna reparación afectan a casos de maltrato infligido por personas privadas y si ha existido algún caso en el que se haya indemnizado a las víctimas por haber sufrido violencia infligida por funcionarios públicos.
Al parecer, la legislación lituana no contiene ninguna definición de violación ni contempla expresamente la violencia en el hogar como delito tipificado específicamente. Dada la ausencia de información acerca de la violencia en el hogar en el informe, el orador pide a la delegación que profundice en la cuestión de la violencia entre los géneros, que debe ser una cuestión que preocupe a cualquier sociedad.
En su informe sobre la misión que llevó a cabo en Lituania (A/HRC/7/19/Add.4), el Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia expresaba su preocupación por la grave discriminación que sufre la comunidad romaní. El Relator Especial recomendó a Lituania tomar medidas para sensibilizar a la sociedad lituana en su conjunto acerca de la historia y las tradiciones romaníes con el fin de eliminar el estigma y los estereotipos negativos con los que suele asociarse a los romaníes. El orador pregunta cómo se ha aplicado la citada recomendación.
Y elogia al Gobierno por los esfuerzos realizados para establecer unas condiciones de acogida adecuadas para los refugiados y los solicitantes de asilo, mejorar las condiciones de detención en los centros de registro de extranjeros y garantizar la identificación de las posibles víctimas de tortura entre ese colectivo.
Asimismo, acoge con beneplácito la amplia información recibida sobre la cuestión de la trata de personas y pregunta qué medidas se han adoptado para proteger a las víctimas de la trata que colaboran con la policía en la captura de los traficantes.
El Sr. KOVALEV dice que desea conocer los avances logrados en la aplicación de las recomendaciones del Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia tras la reciente visita de éste a Lituania. Su pregunta hace referencia, en particular, a las recomendaciones de desarrollar un programa completo para formar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en las disposiciones de la Convención. El orador pregunta si el citado programa de capacitación se ha llevado a cabo hasta el punto de que pueda impedir que se produzcan violaciones de los derechos de las personas detenidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El Sr. Kovalev pregunta si hay estadísticas disponibles acerca del número de casos en los que tales funcionarios hayan violado dichos derechos. Sería interesante conocer el modo en que se evalúan los programas de capacitación en el ámbito de los derechos humanos y si acuden a Lituania instructores procedentes del extranjero.Además, el orador pregunta si el personal médico respeta las directrices del Protocolo de Estambul en la valoración de las personas que denuncian haber sufrido malos tratos o tortura.
El orador agradecería que se ofrecieran detalles sobre la frecuencia con que las autoridades lituanas examinan los métodos de interrogación y quién es el responsable de llevar a cabo dichos exámenes. Asimismo, debería proporcionarse más información acerca del código ético de la policía y las normas internas de funcionamiento de las instituciones penitenciarias. El orador desea conocer el grado de ejecución del programa de mejora de las prisiones y de las condiciones de detención y pregunta cuántos metros cuadrados se asignan a cada prisionero y si las prisiones lituanas siguen presentando problemas de hacinamiento. Además, el orador pregunta si existe algún mecanismo nacional encargado de controlar las condiciones en las prisiones y el trato que se dispensa a los reclusos, y si juega la sociedad civil algún papel en el control de las cárceles. El Sr. Kovalev agradecería asimismo que se facilitase información relativa al número de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan sido sancionados por infringir las normas penitenciarias y pregunta si las personas que presentan denuncias pueden corren el riesgo de represalias. El Estado parte debería ser más concreto a la hora de explicar el modo en que se llevan a cabo las investigaciones en los centros penitenciarios.
No queda claro si las personas detenidas en Lituania tienen derecho a recibir asesoramientolegal desde el momento de su detención por parte de un funcionario de policía o desde el momento en que dicha detención queda registrada oficialmente en la comisaría. El orador pregunta si el Gobierno proporciona recursos financieros para sufragar la asistencia jurídica a las personas que carecen de los medios necesarios para contratar un abogado. Sería interesante saber cuántas denuncias de tortura se recibieron en 2007, cuántos funcionarios fueron sancionados en virtud de la legislación administrativa o penal, quién fue el responsable de ordenar dichas sanciones y qué tipos de reparaciones se ofrecieron a las víctimas. El orador agradecería que se ofreciesen más detalles acerca del número de casos en los que se han obtenido pruebas de los detenidos por medio del régimen de aislamiento y del uso de la coacción, tanto física como psicológica.
De acuerdo con la información que ha recibido, Lituania es un país de tránsito para la trata de mujeres y niños, y existen informes que indican que esas personas sufren maltrato y tortura. El orador desea saber si se ha promulgado alguna ley dirigida a reducir la trata de personas, particularmente de mujeres, y qué medidas está adoptando el Gobierno para proteger a las mujeres lituanas que residen en el extranjero. Además, pregunta si Lituania ha firmado y ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. La delegación debería proporcionar estadísticas relativas a ese tipo de trata, especialmente la venta de mujeres en régimen de esclavitud sexual, y el número de casos de malos tratos de mujeres que actualmente estén siendo objeto de procesos judiciales. Sería de utilidad conocer cuántas personas han sido detenidas en esos casos y si existen programas destinados a proteger y ayudar a las víctimas de la trata, inclusive mediante la provisión de asistencia financiera, jurídica y médica.
Teniendo en cuenta los numerosos informes sobre incidentes registrados en Lituania en los que la población romaní ha sido víctima de acoso, el orador pregunta qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno con el fin de solucionar el problema de la discriminación que sufre ese colectivo. Además, el orador pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para proteger a los extranjeros que se encuentran en Lituania contra el maltrato, dado que aparentemente tales ciudadanos no gozan de protección alguna en virtud de la legislación nacional lituana. Asimismo, pide una explicación completa acerca de la situación de los extranjeros que se encuentran en centros de acogida, incluidos los solicitantes de asilo. El orador desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para abordar los problemas relacionados con la no separación de hombres y mujeres solicitantes de asilo en los centros de acogida y la falta de rehabilitación en dichos centros para las víctimas de violencia psicológica y sexual. Agradecería que la delegación ofreciera más detalles en relación con los mecanismos utilizados para identificar a los solicitantes de asilo que han sido víctimas de malos tratos o tortura.
La Sra. BELMIR desea conocer las medidas que se han adoptado para abordar los problemas que plantea la posibilidad de privar de libertad durante un período superior a 24 horas a aquellas personas que no lleven consigo sus documentos de identidad durante los estados de emergencia. Teniendo en cuenta que existen numerosas razones perfectamente legítimas que justifiquen el hecho de que las personas no lleven tales documentos consigo durante un estado de emergencia, la oradora pregunta si los médicos o las enfermeras pueden garantizar que las personas permanezcan privadas de libertad solamente hasta el momento en que puedan ser identificadas.
La oradora expresa su preocupación por la continua expulsión de extranjeros considerados como amenazas para la seguridad del Estado, pese al hecho de que esos extranjeros corran el riesgo de sufrir violencia o de ver amenazada su integridad física cuando regresen a sus países de origen. La delegación debería aclarar los motivos por los que se sigue empleando dicha práctica, a pesar de los llamamientos que han realizado tanto el Comité contra la Tortura como el Comité de Derechos Humanos para su abolición. Ambos órganos creados en virtud de tratados han llamadoasimismo la atención del Estado parte hacia la necesidad de establecer salvaguardias para proteger a las personas que son objeto de detención por delitos de naturaleza administrativa, inclusive una mejor justificación para dichas detenciones o bien su abolición, puesto que incumplen las normas internacionales en materia de garantías procesales.
Resulta preocupante que, en determinados casos de prisión preventiva, existan informes que indican que los menores son encarcelados junto a los adultos. La delegación debería indicar las circunstancias excepcionales en las que puede producirse ese tipo de situaciones. La oradora agradecería una explicación sobre los motivos por los que algunas personas que fueron privadas de libertad y, a continuación, llevadas ante un juez instructor, volvieron posteriormente a ser objeto de privación de libertad.
La Sra. Belmir reitera la observación realizada por el Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia de que el Gobierno de Lituania debería adoptar una estrategia ética y cultural que aborde las raíces más profundas del racismo, la xenofobia y la intolerancia, y que esté basada en la promoción del reconocimiento recíproco de las culturas, los valores y la dinámica de las interacciones y de la convivencia entre las diferentes comunidades.
La Sra. SVEAASS pregunta qué tipo de atención de la salud se presta a los solicitantes de asilo en los centros de acogida. La oradora agradecería a la delegación que ofreciese más detalles sobre los resultados logrados por la “estrategia de salud mental” y desea conocer qué tipos de atención física y psiquiátrica tienen a su disposición las personas que denuncian haber sido torturadas, así como qué tipos de reparaciones económicas se proporciona a las víctimas.
El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro del Comité, pregunta si la condena máxima para la violencia en el hogar continúa siendo de dos años de privación de libertad. Dicha pena parece excesivamente leve para las peores formas de violencia en el hogar. El hecho de que la legislación lituana no trate la violencia en el hogar como un delito diferente del de agresión ha provocado una escasez de datos referentes a la violencia en el hogar. El orador se pregunta si el Gobierno está estudiando actualmente alguna iniciativa legislativa o de otro tipo con el fin de abordar dicha situación.
La delegación debería facilitar información adicional sobre los informes que indican que el Gobierno lituano está estudiando la adopción de leyes que son discriminatorias desde el punto de vista del género. El orador desea saber cuántas investigaciones se han llevado a cabo sobre casos de discurso de odio y vandalismo antisemita, que parecen ir en aumento en Lituania; asimismo, inquiere cuántas de estas investigaciones han llevado a la instrucción de procedimientos judiciales y cuántas de ellas se han traducido finalmente en condenas penales. El orador se pregunta los motivos por los que, en abril de 2007, la ciudad de Vilnius rechazó la expedición de un permiso para la celebración de un acto patrocinado por la Comisión Europea para fomentar la tolerancia y el respeto para las personas con discapacidad, las personas homosexuales y las personas de religionesdiferentes. Las organizaciones no gubernamentales que atienden a esos grupos han recibido negativassimilares. Al mismo tiempo, un grupo independiente organizó una concentración pública en contra de las personas homosexuales y distribuyó folletos homófobos. Resulta difícil comprender por qué, si el ayuntamiento temía que se produjera un brote de violencia, no se limitó a desplegar un número suficiente de policías para evitarlo. Sería interesante saber si, desde abril de 2007, la ciudad ha recibido alguna petición de permisos similares y, en caso afirmativo, cuál ha sido su respuesta.
De acuerdo con la información que ha recibido el orador referida al año 2004, la detención administrativa está limitada a 30 días, pero pueden imponerse períodos acumulativos de varios meses a través de prórrogas sucesivas a discreción de la policía. El orador se pregunta si se continúan aplicandodichas prórrogas al período de 30 días o si se ha tomado alguna medida para eliminar tal posibilidad.
De acuerdo con el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, las condiciones de los establecimientos penitenciarios de Lituania son inaceptables; por ejemplo, las celdas están en condiciones mugrientas y algunos presos no disponen de luz. El Presidente pregunta si tiene el Gobierno algún plan para solucionar esa situación.
El orador expresa su preocupación acerca de la situación de los solicitantes de asilo que, en virtud del artículo 113 de la Constitución, pueden ser sometidos a un período de detención ilimitado. Además, solicita información sobre los contenidos de la nueva legislación que regula la detención y que entrará en vigor en abril de 2009.
Y pide datos estadísticos sobre causas judiciales en las que las personas hayan solicitado con éxito una compensación por las violaciones de sus derechos. Asimismo, el Presidente pide datos estadísticos sobre las causas instruidas en virtud del párrafo 2 del artículo 11 del Código de Procedimiento Penal, incluidos los casos en los que se hayan declarado inadmisibles las pruebas aportadas y, sobre la base de la citada disposición, se haya investigado y enjuiciado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El Sr. MARIÑO MENÉNDEZ expresa su preocupación acerca del régimen que regula la privación de libertad y la detención en Lituania. En la práctica, parece que la prisión preventiva puede durar más de 48 horas. El orador pregunta qué medidas se aplican para controlar dicha práctica. Otra preocupación es el hecho de que la detención policial se rige actualmente por reglamentos en lugar de leyes, lo que implica unas garantías menores. El orador pregunta qué repercusiones tendrá sobre esta situación la nueva ley relativa a la prisión preventiva, cuya entrada en vigor está prevista en 2009.
Asimismo, el Sr. Mariño Menéndez pregunta si el Estado parte ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y si la trata de personas y la desaparición forzada están tipificadas como delito en el Código Penal.
Dado que el Estado parte ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el orador pregunta si se han incorporado a la legislación penal lituana los crímenes contra la humanidad, quizás con una definición diferente. Además, pide aclaraciones sobre la definición de violación recogida en el Código Penal, que parece haber producido algunos problemas.
El orador expresa su preocupación acerca del párrafo 9 del informe que, por un lado, afirma que la legislación lituana de extranjería se ha adaptado a las normas europeas e internacionales y, por otro, indica que dichas disposiciones no serán de aplicación para aquellos extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad pública. Además, cuestiona que el Estado parte esté cumpliendo el principio de no devolución plasmado en el párrafo 1 del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y pregunta si se piden garantías diplomáticas a los terceros países a los que podrían ser expulsadas esas personas.
Asimismo, el orador pregunta cómo responde el Gobierno a la práctica de las novatadas, si se ha llevado algún caso ante los tribunales y si se ha dictado alguna sentencia al respecto. Por último, el Sr. Mariño Menéndez se pregunta si el Gobierno está estudiando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención.
La Sra. GAER dice que sus preguntas se centrarán principalmente en la información contenida en los párrafos 105 y siguientes del informe presentado por el Estado parte en respuesta a las recomendaciones del Comité. La oradora solicita más información sobre el número de médicos que trabajan en los centros de detención y sobre los procedimientos que se aplican para garantizar que los detenidos tengan acceso a los médicos, y no sólo a las enfermeras, a petición suya. Asimismo, pide estadísticas desglosadas sobre los exámenes médicos que se llevan a cabo en los centros de detención desde diciembre de 2004. Además, la delegación debería indicar qué medidas se aplican para garantizarla independencia y la imparcialidad de los médicos y de las enfermeras que trabajan en dichos centros.
La oradora pregunta si se ha aprobado alguna ley que permita a los detenidos iniciar procedimientos de apelación y qué papel desempeña en ese sentido el Defensor del Pueblo del Parlamento (Seimas). Solicita información sobre las denuncias presentadas por los detenidos y los resultados de las mismas. Asimismo, la Sra. Gaer pide información detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo acerca de las acusaciones de malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sobre los resultados de dichas investigaciones en lo que respecta a las sanciones y las indemnizaciones.
La información proporcionada en el párrafo 135 del informe referente a las causas iniciadas por el hostigamiento de reclutas no es suficiente. La oradora pide información adicional sobre el número de denuncias presentadas y de investigaciones llevadas a cabo y pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para garantizar que dichas investigaciones se encomienden a un órgano independiente y competente.
Además, solicita información detallada sobre las investigaciones relacionadas con acusaciones de tortura o de maltrato infligido por ex criminales de guerra nazis, incluida información sobre las condenas impuestas o las indemnizaciones otorgadas. La oradora se pregunta qué medidas educativas o correctivas ha tomado el Gobierno para solucionar los problemas relacionados con esos casos.
Asimismo, pide aclaraciones en lo tocante a la situación del Sr. Yitzhak Arad, ex presidente de Yad Vashem (Dirección de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto de Israel) y miembro de la comisión histórica de Lituania responsable de investigar a los ex criminales de guerra nazis. El Comité ha recibido informes contradictorios sobre la situación de los procedimientos legales iniciados contra esta persona, por lo que la oradora pide que se confirme que se han retirado los cargos presentados contra él.
El Sr. WANG Xuexian dice que existen considerables críticas acerca de la prevalencia de actitudes racistas y xenófobas en Lituania, inclusive en las propias declaraciones efectuadas por los políticos y los medios de comunicación. La discriminación que causa sufrimiento o daños psicológicos graves entra dentro de la competencia del Comité. En consecuencia, el orador pregunta si las autoridades lituanas llevan a cabo un seguimiento de las denuncias de discriminación, en especialde las relacionadas con la discriminación racial, y si se ha llevado ante los tribunales alguna denuncia de ese tipo.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania) dice que se está estudiando la cuestión de la firma del Protocolo Facultativo por parte de Lituania y es probable que el resultado sea favorable a dicha firma.
Se ha elaborado una nueva ley que regula la detención y que entrará en vigor en abril de 2009. Dicha ley garantizará el cumplimiento de las normas internacionales en la materia.
El orador responderá en detalle al resto de preguntas planteadas por el Comité y facilitará las estadísticas solicitadas en una reunión posterior.
El debate abarcado por el acta concluye a las 16.45 horas.
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