Comité contra la Tortura 46 º período de sesiones

Acta resumida de la 997ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 18 de mayo de 2011, a las 15.00 horas

Presidente:Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Informe inicial de Turkmenistán (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtuddel artículo 19 de la Convención ( continuación )

Informe inicial de Turkmenistán (continuación) (CAT/C/TKM/1; HRI/CORE/TKM/2009)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Turkmenistán vuelven a ocupar sus asientos a la M esa del Comité.

2.El Sr. Serdarov (Turkmenistán), contestando preguntas formuladas por el Comité sobre cómo es posible garantizar la independencia de la judicatura si los jueces son designados por el Presidente de la República, dice que los jueces son seleccionados por un tribunal colegiado integrado por magistrados del Tribunal Supremo y jueces de tribunales locales, que examinan las candidaturas judiciales y deciden qué candidatos reúnen los requisitos necesarios. El Presidente del Tribunal Supremo presenta las candidaturas al Presidente de la República para su selección. El mismo tribunal colegiado de magistrados y jueces es el órgano que decide si un juez ha de ser destituido o no en caso de actuaciones disciplinarias. Este sistema garantiza la mayor independencia posible de la judicatura y del personal judicial. Además, el Presidente de Turkmenistán presta apoyo material y financiero a la judicatura para garantizar que su labor sea lo más eficaz y eficiente posible. Las perspectivas de carrera de los jueces dependen de la calidad de su trabajo y los ascensos los decide un tribunal colegiado. Tanto en lo penal como en lo civil, la justicia la administran tribunales colegiados. Los tribunales de primera instancia están integrados por un juez profesional y dos jueces legos. Estos tres jueces tienen igual autoridad.

3.Con arreglo al artículo 6 de la Constitución, en caso de conflicto entre la legislación interna y el derecho internacional, en la forma de tratados en que Turkmenistán es parte, el derecho internacional tiene precedencia. Si bien no existen ejemplos en la práctica, se desprende de esto que la Convención puede aplicarse directamente. Actualmente se están haciendo esfuerzos por educar a la judicatura en cuanto a las disposiciones de la Convención y el Tribunal Supremo debe fallar sobre la primacía del derecho internacional.

4.Con respecto al artículo 2 de la Convención, dice que no puede invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública para justificar la tortura. Con arreglo al Código Penal, una persona que actúe siguiendo las órdenes de un superior, a sabiendas de que esas órdenes son ilegales, es penalmente responsable de sus actos. Ninguna persona que se niegue a cumplir órdenes de un superior por ser esas órdenes ilegales podrá ser castigado por desobedecerlas.

5.Refiriéndose a la cuestión de la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas, el orador dice que en el plan de estudios de las escuelas secundarias figuran la ciudadanía y los derechos, asignaturas en que los alumnos reciben instrucción sobre sus derechos y responsabilidades personales. En varias instituciones de estudios superiores se enseña el derecho constitucional, que incluye el estudio de los derechos y las libertades individuales.

6.Con arreglo a un decreto presidencial dictado en 2007, se estableció una comisión estatal para considerar las denuncias individuales relativas a la conducta del personal encargado del orden. Esta comisión está integrada por los jefes de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, organizaciones no gubernamentales (ONG), sindicatos y organizaciones juveniles. La Comisión se reúne una vez por mes y todas las denuncias se distribuyen entre sus miembros antes de cada reunión, a fin de permitir que los miembros las consideren y preparen sus respuestas antes de cada sesión.

7.Refiriéndose a las preguntas sobre si la exención por razones de conciencia constituye un delito, el orador dice que, de conformidad con la Constitución, el Estado garantiza la libertad de religión y de creencias; las organizaciones religiosas están separadas del Estado y no tienen injerencia en los asuntos del Estado. Todos los ciudadanos de sexo masculino de Turkmenistán, sin excepción, están obligados a hacer el servicio militar cuando llegan a la mayoría de edad. Por consiguiente, no es posible negarse a hacer el servicio militar por razones de conciencia. En los pocos casos planteados, los objetores de conciencia han sido castigados pero no han sido obligados a hacer el servicio militar. Desde que obtuvo la independencia en 1991, Turkmenistán no ha participado en ningún conflicto armado.

8.Refiriéndose a causas individuales, el orador dice que el Pastor Ilmurad Nurliev fue condenado por delitos concretos, y puesto que los hechos del caso no han cambiado, tampoco cambiará su sentencia. El denunciante afirmó que se lo había privado de su derecho a un intérprete. De acuerdo con la ley, las actuaciones judiciales en Turkmenistán se realizan en turcomano y toda persona sometida a juicio que no hable el turcomano tiene derecho a pedir los servicios de un intérprete. Los expedientes de la causa demuestran que el Sr. Nurliev, nacional turcomano, nacido en Turkmenistán en 1965, y residente en una zona rural de Turkmenistán donde el idioma corriente es el turcomano, no formuló ninguna solicitud de ese tipo.

9.La Sra. Berdiyeva (Turkmenistán) dice que la administración del sistema penitenciario está a cargo del Ministerio del Interior y se rige por el nuevo Código Penal, redactado con la asistencia de organizaciones internacionales y aprobado por el Parlamento a principios de 2011. El Código estipula que las condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales. Por consiguiente, se están elaborando planes para construir nuevos establecimientos penitenciarios, por un valor de 70 millones de dólares de los Estados Unidos, financiados con cargo al presupuesto del Estado. Se llevó a cabo una inspección de las condiciones en la colonia penal para mujeres, tras lo cual se decidió aprobar recursos para la renovación y reconstrucción del establecimiento. Se construyeron dos nuevas alas, para cantina y baños. Se decidió además levantar una nueva prisión para mujeres, que se construirá en consonancia con las normas internacionales, proporcionando un espacio habitable mínimo de 4 m2 por persona.

10.Se decidió mejorar la atención médica de las reclusas, haciendo un seguimiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento, y se hizo un inventario del equipo médico. Se calculó que hacía falta adquirir equipo por valor de 2,5 millones de dólares de los Estados Unidos. Se hizo un llamado a licitación y en este momento se están negociando los contratos con los ganadores para comprar equipo que debe ajustarse a las normas internacionales. Ese equipo se instalará y pondrá en uso para fines de 2011.

11.Por orden del Presidente, se establecieron comisiones regionales y municipales de seguimiento para ocuparse de las personas que están en libertad condicional o han sido puestas en libertad. Las comisiones están integradas por representantes de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, el Parlamento, sindicatos, organizaciones femeninas y juveniles y consejos religiosos. Las comisiones trabajan siguiendo un plan de acción anual aprobado por el Presidente de la República. Las principales actividades de las comisiones son: vigilar que se respete la ley en los establecimientos penitenciarios; velar por que los reclusos tengan trabajo remunerado; vigilar las condiciones de higiene y de vida de los reclusos, e impartirles enseñanza de artes y oficios. Las comisiones también asisten a los que han sido puestos en libertad a buscar empleo como parte de su reintegración en la sociedad.

12.El Código Penal prevé la reclusión separada de adultos y menores, así como de hombres y mujeres. Actualmente hay solamente tres mujeres menores de edad detenidas, a dos de las cuales es probable que el Presidente les conceda amnistía. Los presos que cumplen su primera condena están separados de los reincidentes. El personal penitenciario de las cárceles de mujeres es de sexo femenino. Los reclusos que sufren de enfermedades infecciosas, como tuberculosis, se mantienen separados de los demás reclusos. En las cárceles de mujeres, los reconocimientos médicos están a cargo de médicos mujeres. La atención médica en las prisiones está reglamentada por ley y el Ministerio de Salud emitió un decreto sobre la erradicación de la tuberculosis en las cárceles. Se aprobó un programa nacional de prevención y tratamiento de la tuberculosis para el período 2008-2015 y, en ese contexto, se dirigió una solicitud de financiación al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Como parte del programa, se proporcionará tratamiento a los presos con tuberculosis y se mejorarán las condiciones en los hospitales penitenciarios, en particular, con respecto a la ventilación de los pabellones para tuberculosos.

13.Todos los reclusos están inscritos en los registros de las prisiones, de conformidad con el reglamento interno de cada cárcel. Todas las personas detenidas y privadas de libertad son inscritas dentro de las 48 horas de efectuada la detención. Se deja constancia de cada detenido en una tarjeta de inscripción individual. En cuanto a las actividades de la policía durante la prisión preventiva, la oradora dice que la policía está autorizada a detener a las personas de las cuales se sospeche que han cometido un delito cuya pena sea la privación de libertad. El agente policial en funciones debe informar sobre la hora, fecha y condiciones de la detención, y el informe debe llevar la firma de la persona detenida. Debe informarse a la fiscalía de la detención y prisión preventiva en un plazo de 24 horas y el fiscal debe ordenar la prisión preventiva o la puesta en libertad de la persona en un plazo de 48 horas después de recibida esa información. Por consiguiente, la prisión preventiva no puede durar más de 72 horas.

14.Refiriéndose a la capacitación de los funcionarios del Ministerio del Interior, la oradora dice que se estableció un centro de formación profesional para los que quieran perfeccionarse o volver a capacitarse. Se organizan cursos y seminarios sobre las normas de derechos humanos en cooperación con organizaciones internacionales; la Organización Internacional para las Migraciones organiza seminarios sobre el problema de la trata de personas.

15.Los funcionarios del Ministerio están sujetos a sanciones disciplinarias y, si abusan de su autoridad o violan los derechos de los ciudadanos, pueden ser sometidos a juicio penal con arreglo al artículo 182 del Código Penal. Después de efectuada una investigación, si se determina que la persona es culpable, podrá ser objeto de sanciones que van desde una amonestación severa hasta la exclusión de la nómina de honor, destitución o detención.

16.Se han iniciado actuaciones penales por fraude grave contra Bazargeldy y Aydjemal Berdyev en un caso de compra de dos apartamentos nuevos. En estos momentos prosigue la investigación.

17.El Sr. Serdarov (Turkmenistán) dice que en el curso del diálogo de su delegación con el Comité se presentó una carta relativa a la causa Berdyev, firmada supuestamente por el presidente del Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos. La investigación ha demostrado, no obstante, que el número de referencia de la carta es manifiestamente falso. Es evidente que el documento fue falsificado con la intención de engañar a los miembros del Comité.

18.El Sr. Aydogdyev (Turkmenistán) dice que la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) data de varios años. Consiste en visitas, reuniones y conferencias periódicas con la participación de diversos órganos del Gobierno y la sociedad civil, sobre cuestiones tales como el derecho internacional humanitario, la lucha contra la tuberculosis y la asistencia técnica para la reforma del sistema penitenciario. Se está trabajando en un memorando de cooperación con el CICR.

19.El Parlamento turcomano y varios ministerios están estudiando la cuestión de la adhesión a la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado.

20.En marzo de 2003 se concedió amnistía a Farid Tukhbatullin, que reside desde entonces en Austria, donde mantiene un sitio web en inglés y ruso. En octubre de 2010 sostuvo que el sitio inglés había sido atacado por piratas informáticos, pero no ofreció ninguna prueba y el hecho no pudo verificarse. El examen de los foros del sitio web no reveló ninguna anomalía. El Sr. Tukhbatullin sostuvo también que había sido amenazado por las autoridades turcomanas pero no consiguió convencer a nadie, incluidas las autoridades austríacas, de la veracidad de sus afirmaciones. Quizás quisiera simplemente atraer la atención, pero Turkmenistán no tiene relación alguna con las acusaciones infundadas del Sr. Tukhbatullin.

21.Los ciudadanos no pueden ser privados de su ciudadanía ni del derecho a cambiar la ciudadanía. En Turkmenistán las cuestiones relacionadas con la ciudadanía no son administradas por una sola persona sino que existe todo un mecanismo de organismos ministeriales para ello. El hecho de ser un desplazado interno no tiene ningún efecto sobre la ciudadanía. No existen desplazados internos en Turkmenistán pero, en todo caso, nadie puede ser privado de su ciudadanía por un cambio del lugar de residencia dentro del país.

22.Turkmenistán ha estrechado su cooperación con la comunidad internacional y con los órganos de derechos humanos, proporcionando información sobre casos individuales y cursando invitaciones a relatores especiales. El 7 de abril de 2011 abrió su misión permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En los últimos cuatro años, Turkmenistán ha cumplido casi por completo sus obligaciones de presentación de informes a los órganos de tratados. Los progresos de Turkmenistán en la esfera de los derechos humanos han sido posibles gracias a las reformas jurídicas, incluida una nueva versión de la Constitución, un nuevo Código de Procedimiento Penal y la creación de la Comisión Interdepartamental de Derechos Humanos.

23.El Sr. Bayramov (Turkmenistán) dice que Turkmenistán tiene tratados de asistencia jurídica con Georgia, Uzbekistán y el Irán, y tratados de extradición con la Federación de Rusia, Kazajstán, Belarús, Ucrania y Uzbekistán. También se ha adherido a la Convención de Minsk sobre asistencia jurídica y cooperación jurídica en asuntos civiles, penales y relativos a la familia. Se niega la asistencia, no obstante, si contraviene la legislación turcomana o si menoscaba la seguridad o la neutralidad nacionales.

24.De conformidad con esos tratados, Turkmenistán puede extraditar a personas de su territorio si así lo requieren las autoridades competentes de un Estado extranjero. Se aplica la extradición para delitos con penas de no menos de un año de privación de la libertad. Según el artículo 7 de la Constitución, los ciudadanos turcomanos que hayan cometido delitos en el exterior no podrán ser extraditados. Sin embargo, las peticiones de Estados extranjeros de investigar a un ciudadano turcomano por un delito cometido en el extranjero son consideradas por la Fiscalía General y, de haberse cometido un delito, podrá incoarse una acción penal contra ese ciudadano sobre la base de la información proporcionada por el Estado extranjero, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal turcomano.

25.Un ciudadano extranjero o un apátrida que se encuentre en Turkmenistán y que haya cometido un delito en el extranjero podrá ser extraditado para ser sometido a juicio penal. La solicitud será considerada por la Fiscalía General. En ciertas circunstancias puede negarse la extradición, por ejemplo, si esa persona recibió asilo en el país o si el acto imputado no constituye delito con arreglo al derecho turcomano. Turkmenistán extraditó una persona en 2009, tres en 2010, y ninguna hasta la fecha, en 2011.

26.La responsabilidad de garantizar que los lugares de detención se ajusten a las disposiciones de la ley recae en la Fiscalía General, que supervisa las condiciones en los centros de detención preventiva y correctiva, los derechos y deberes de los reclusos y la legitimidad de las medidas punitivas que no constituyen privación de la libertad. No se tiene conocimiento de ningún caso de privación ilegal de la libertad. En 2010 se realizaron por lo menos 450 verificaciones de la legalidad en centros de detención; se registraron 23 protestas, se investigó a 70 personas y se aplicaron varias sanciones.

27.La Fiscalía Militar se ocupa de las investigaciones anteriores al juicio de incidentes ocurridos en las fuerzas armadas. Si se comprueba que se ha cometido un delito, se pueden iniciar actuaciones penales contra la persona imputada. La Fiscalía Militar investigó la muerte del soldado Batyr Polupov y llegó a la conclusión de que se trataba de un suicidio y no se había cometido ningún delito. No hubo, en ese caso, ninguna tortura ni trato degradante.

28.Leonid Komarovski, nacional de Moldova y ciudadano de los Estados Unidos, fue detenido en 2002, acusado de participar en un complot para asesinar al Presidente turcomano. Mientras estuvo privado de la libertad, se entrevistó periódicamente con el Vicecónsul de los Estados Unidos en Turkmenistán y tuvo acceso a servicios jurídicos y médicos. No fue torturado ni obligado a hacer una confesión. Nunca se recibió ninguna queja del Sr. Komarovski ni del Cónsul. El 24 de abril de 2003 se lo puso en libertad y ese mismo día se fue del país.

29.El 7 de octubre de 2008 el Tribunal Supremo sentenció a Gulgeldy Annaniazov a 11 años de prisión. El imputado recibió servicios de asistencia jurídica y atención médica durante todo el juicio y nunca fue torturado ni obligado a admitir su culpa. No se presentó ninguna denuncia durante el período de privación de la libertad.

30.En enero de 2003 Annakurban Amanklychev fue condenado a cinco años de prisión por asumir una identidad falsa y aceptar sobornos. En noviembre de 2003 fue indultado por decreto presidencial. En diciembre de 2002 Sapardurdy Khajiev fue condenado por la adquisición y la venta ilícitas de drogas. También esta persona fue indultada por decreto presidencial en noviembre de 2003. En junio de 2006, el Sr. Khajiev y el Sr. Amanklychev fueron declarados culpables de venta ilegal de armas y condenados a siete años de prisión. Los dos recibieron servicios de asistencia jurídica durante las actuaciones y nunca fueron obligados a declarar contra sí mismos ni fueron sometidos a tortura. Bisengul Begdesenov, comerciante nacido en 1956, fue acusado de estafa y soborno y, declarado culpable el 13 de mayo de 2007, fue condenado a diez años de prisión.

31.El Sr. Arniyazov (Turkmenistán) dice que el derecho turcomano regula el registro de las ONG. Hay más de 200 ONG registradas y las solicitudes van en aumento, lo cual demuestra que la sociedad civil en Turkmenistán es sumamente activa.

32.Turkmenistán tiene seis colegios de abogados y varias firmas jurídicas privadas y abogados independientes. Estos últimos pueden ser ciudadanos o residentes permanentes de Turkmenistán. Para ejercer la abogacía se necesita obtener una licencia. Las licencias se expiden a las personas que hayan cursado los estudios superiores requeridos y tengan por lo menos dos años de experiencia de actividad jurídica. Ningún abogado puede trabajar para el Estado salvo en actividades de enseñanza, creadoras o de investigación. Las personas con antecedentes penales no pueden ejercer la abogacía ni tampoco las personas que hayan sido expulsadas del colegio de abogados o a quienes se les haya revocado la licencia.

33.En Turkmenistán los abogados gozan de diversos derechos. Tienen derecho a reunir información y la ley obliga a las organizaciones a suministrar a los abogados la información que solicitan. Se les garantiza la confidencialidad y no se imponen límites al número ni a la duración de las visitas a sus clientes detenidos. Pueden actuar dentro o fuera del país mientras su conducta no contravenga el derecho interno ni los tratados internacionales. Se les garantiza la libertad de movimiento y no se los puede obligar a revelar ninguna información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Los abogados y sus familiares gozan de la protección del Estado y la injerencia en sus actividades está penada por la legislación turcomana.

34.Los abogados tienen que obrar de buena fe y prestar sus servicios a los ciudadanos gratuitamente en las circunstancias que estipula la ley. Están obligados a perfeccionar sus conocimientos y calificaciones en cumplimiento de las leyes y normas éticas. Se está procurando, en colaboración con la Unión Europea, ajustar el derecho interno a las normas jurídicas internacionales; con ese fin, algunos expertos jurídicos extranjeros trabajan actualmente con personal del Ministerio de Justicia.

35.La Sra. Gaer (Primera Relatora para el país) encomia al Estado parte por sus amplias reformas jurídicas. Sin embargo, al Comité le gustaría tener mayor información concreta sobre la aplicación de las leyes nuevas o enmendadas.

36.La delegación no ha suministrado hasta ahora datos estadísticos sobre el número de reclusos en ciertas cárceles donde, según se afirma, se dan condiciones de hacinamiento. Según el Comité Noruego de Helsinki, la tasa de ocupación de la colonia penitenciaria para mujeres de Dashoguz se eleva a casi el 300% de la capacidad de la prisión. Tras describir el aumento en el porcentaje de reclusas como fenómeno poco común, pide que se proporcionen estadísticas sobre el número total de reclusas y los tipos de delitos por los cuales fueron condenadas a prisión.

37.La Primera Relatora se siente profundamente preocupada por los casos de presuntos desaparecidos y los rumores de que algunos de ellos murieron mientras estaban detenidos. El Presidente ha afirmado que el Sr. Shikhmuradov, ex-Ministro de Relaciones Exteriores, vive todavía, pero no se conoce su paradero. La Primera Relatora pregunta si se hacen autopsias cuando muere un detenido y si el informe es objeto de confirmación independiente. ¿A quién se entrega el cadáver de un pariente fallecido? ¿Y es posible disponer que se efectúe una autopsia privada?

38.Según la delegación, Gulgeldy Annaniazov fue condenado por cruzar ilegalmente la frontera y está cumpliendo una condena de 11 años de prisión. La Primera Relatora no entiende cómo puede enjuiciarse a un nacional turcomano por regresar a su país después de haber tenido el estatuto de refugiado en el extranjero. La Sra. Gaer pregunta dónde está detenido, quiénes pueden verlo y si hay alguna confirmación independiente de su paradero. ¿Están dispuestas las autoridades turcomanas a permitir que un observador independiente, por ejemplo, un relator especial de las Naciones Unidas o un representante de una ONG internacional respetada se entreviste con el Sr. Annaniazov?

39.La Relatora pide información sobre el paradero de Batyr Berdyev, ex-Embajador ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que, según se afirma, fue detenido y posteriormente desapareció, así como el paradero de Ovezgeldz Ataev, ex-Presidente del Parlamento, que habría sucedido al Presidente fallecido con arreglo a la Constitución anterior. Es sumamente sorprendente que muchas de las personas desaparecidas hayan ocupado altos cargos en otro tiempo y sean perfectamente conocidas por el público en general.

40.El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura envió una comunicación a las autoridades turcomanas en la cual se identifica a 62 personas que fueron enjuiciadas en relación con la presunta tentativa de asesinato, en 2002, del Presidente Niyazov. La Sra. Gaer pregunta si el Estado parte ha respondido a esa solicitud de información. Aun en el caso de que un acusado o condenado haya cometido un delito atroz, el artículo 2.2 de la Convención estipula que no puede invocarse ninguna circunstancia excepcional, como caso de guerra o de amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra situación de emergencia pública, para justificar la tortura.

41.La Sra. Gaer agradece la información proporcionada por la delegación sobre la jerarquía de mando para examinar las denuncias, sobre todo el hecho de que la Comisión Estatal creada por el Presidente se reúna una vez por mes para examinar las denuncias. Sin embargo, al Comité le gustaría tener datos estadísticos e información más concreta sobre el objeto de las denuncias y el tipo de medida adoptada, por ejemplo, el número de funcionarios que han sido amonestados, degradados o encarcelados. Pregunta también qué procedimiento se sigue cuando la Comisión determina que una denuncia es válida.

42.Observando que el Presidente ha concedido gran número de amnistías, la Sra. Gaer pregunta si alguna vez se concedió amnistía a un detenido que hubiera presentado denuncias. ¿Es cierto que una de las condiciones para la concesión de amnistía es que no se presenten más denuncias sobre las condiciones de detención? La Sra. Gaer pregunta si alguna vez se sobreseyó a una persona acusada porque su confesión se había obtenido mediante la tortura.

43.Pasando al caso de Bazargeldy y Aydyemal Berdyev, la Sra. Gaer dice que vio fotografías de la Sra. Berdyev, que había sufrido un aborto espontáneo mientras estaba presa. La Sra. Gaer pregunta si se hizo una investigación de las afirmaciones de la pareja de que el aborto había sido causado por la tortura y los malos tratos. Estas dos personas volvieron a ser detenidas poco antes de la llegada de una delegación del Parlamento Europeo. La Sra. Gaer pregunta si actualmente están detenidos y qué salvaguardias existen para prevenir la tortura o los malos tratos.

44.El Comité de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que la comunicación Leonid Komarovski c. Turkmenistán (Nº 1450/2006) era admisible y que se habían violado diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Sra. Gaer pregunta si las autoridades turcomanas han llevado a la práctica alguna de las recomendaciones del Comité, por ejemplo, entablar una acción penal, indemnizar al denunciante y publicar una retractación de las críticas hechas contra él en un artículo.

45.La delegación ha dado a entender que los temores de Farid Tukhbatullin son completamente injustificados. Sin embargo, al Comité le gustaría recibir seguridades firmes de la delegación de que ese defensor de los derechos humanos no será víctima de malos tratos por ningún agente del Gobierno de Turkmenistán. La Primera Relatora observa que el principal testigo contra el Pastor Ilmurad Nurliev estaba preso, en realidad, cuando tuvo lugar el presunto delito de estafa y que no se permitió prestar testimonio a varios testigos de la defensa. El Comité querría saber si se puede mandar a un observador independiente para verificar las condiciones en que se encuentra el Pastor y si se le han brindado las salvaguardias jurídicas básicas, incluido el derecho a asistencia letrada de su propia elección.

46.La delegación ha proporcionado información sobre los defensores de los derechos humanos Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khajiev. La Sra. Gaer pregunta dónde los tienen presos en este momento. Ogulsapar Muradova, que fue detenida al mismo tiempo, murió dos años después. ¿Se ha hecho la autopsia y alguna investigación de las acusaciones de su familia de que la Sra. Muradova fue víctima de malos tratos y de tortura?

47.Según la delegación, no solo se está reeducando a los agentes de policía sino que se los ha sometido a un proceso de recalificación. La Sra. Gaer pregunta si en ese proceso se tiene en cuenta alguna denuncia de tortura, malos tratos o abuso de poder formulada contra ellos y, en caso afirmativo, si se los obliga a participar en un programa especial de capacitación.

48.El Presidente (Segundo Relator para el país) dice que el Comité rechaza por principio toda afirmación de que los terroristas no tienen derecho a comunicarse con nadie, especialmente cuando ha transcurrido largo tiempo desde las presuntas conspiraciones o actividades terroristas. El no informar a los familiares sobre el paradero de esas personas puede considerarse que constituye tratamiento inhumano o incluso tortura. ¿Es cierto que se desconoce el paradero de Annakurban Amanklychev y Sapardurdy Khajiev, casi seis años después de su detención? ¿Es cierto que la familia de Boris Shikhmuradov, condenado a 25 años de prisión en un juicio a puerta cerrada, en 2002, y cuya condena se prolongó posteriormente a cadena perpetua, no tiene noticias de él desde 2002?

49.Observando que el Estado parte está preparado a cooperar con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos sobre las modalidades de cumplimiento de los tratados de derechos humanos, pregunta si en esas modalidades se incluirán visitas de relatores especiales a Turkmenistán.

50.Amnistía Internacional ha informado de que algunas mujeres detenidas después de haber sido acusadas de delitos leves fueron violadas por los agentes que realizaron la detención en el Ministerio de Asuntos Interiores en Ashgabat, en 2007. ¿Ha tratado el Estado parte de establecer si esas alegaciones son justificadas?

51.La Sra. Belmir dice que, si bien agradece las respuestas de la delegación a algunas de sus preguntas sobre la estructura del sistema judicial, desea subrayar que la forma en que funciona el sistema en la práctica es de importancia cardinal. Se ha informado al Comité acerca de varias deficiencias a este respecto. La oradora preguntó también si las minorías étnicas tenían acceso a cargos en el sistema de justicia. Si bien le complace la noticia de que han mejorado las relaciones entre el Estado parte y el CICR, señala la información de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Relator Especial sobre la tortura en cuanto a la falta de acceso a las prisiones turcomanas en 2005.

52.El Sr. Bruni acoge complacido la información de que, si se considera que la orden de un superior entraña un acto de tortura debe ser rechazada categóricamente. Sin embargo, se pregunta qué medidas se han adoptado para poner en práctica ese principio. Por ejemplo, ¿puede un subordinado que se niegue a ejecutar una orden presentar una solicitud de traslado inmediato a otra dependencia o apelar a una autoridad superior? El orador expresa reservas en cuanto a la obligación de registrar las detenciones en un plazo de 48 horas, puesto que el detenido corre el riesgo de ser torturado durante ese período entre la detención y el registro. ¿Cómo se garantiza la integridad psicológica y física del detenido durante ese intervalo?

53.El Comité ha recibido copiosa información sobre graves problemas en el sistema penitenciario, como el hacinamiento, los tratos degradantes, la corrupción y la falta de supervisión pública. La delegación ha proporcionado información alentadora sobre proyectos futuros. Cabe esperar que den por resultado el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención. El orador se asocia a la Sra. Belmir para pedir que se proporcione mayor información sobre la persistente denegación de acceso del CICR, según se afirma, a los reclusos.

54.La Sra. Sveaass, acogiendo complacida la información relativa a las visitas de la Comisión a las prisiones del país, pregunta si se han publicado los informes correspondientes. La oradora pregunta si Turkmenistán está considerando la posibilidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención. También le gustaría tener más informaciones sobre las medidas adoptadas para combatir el problema de las novatadas y otras formas de violencia y malos tratos en las fuerzas armadas. La oradora pregunta asimismo sobre la muerte del conscripto Rashid R. y pide a la delegación que describa los procedimientos de asilo turcomanos. Por último, ¿existe alguna disposición para la indemnización de las víctimas de la tortura o malos tratos durante la detención?

55.El Sr. Serdarov (Turkmenistán) dice que el número de reclusos en Turkmenistán no va en aumento. En particular, no ha habido absolutamente ningún aumento en el número de reclusas. Varios actos que antes eran delitos han sido tipificados ahora como infracciones administrativas. Además, las autoridades encargadas de una investigación suelen cerrar las actuaciones penales en el caso de delitos leves. Como resultado de ello, la tendencia actual es a que cada vez haya menos personas condenadas.

56.Contestando las preguntas sobre el destino de la Sra. Ataeva, dice que se la puso en libertad con arreglo al decreto de clemencia dictado por el Presidente del Estado parte en conmemoración del Día internacional de protección del niño, el 1º de junio de 2009. La Sra. Ataeva estaba cumpliendo una condena por un delito sin ninguna connotación política, que había sido objeto de un juicio imparcial. Las 62 personas condenadas en relación con la tentativa de asesinato fueron procesadas por delitos particularmente graves encaminados a provocar un cambio por la fuerza en la estructura constitucional del Estado parte y fueron condenadas en estricta conformidad con las disposiciones del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

57.Las denuncias presentadas a la Comisión Estatal abarcan una amplia gama de cuestiones, incluido el acceso a la vivienda y el desempleo, que van mucho más allá del radio de acción de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El Presidente del Tribunal Supremo también ocupa el cargo de Vicepresidente de la Comisión. Todas las denuncias se transmiten a los órganos competentes y se da seguimiento a sus respuestas. El Tribunal Supremo puede pedir que esos órganos vuelvan a examinar las denuncias si considera que el trámite inicial que se les dio fue insatisfactorio. La Comisión Estatal también puede iniciar sus propias investigaciones. Las personas que se confiesan culpables en casos sometidos a la Comisión pueden pedir clemencia. En los últimos años, el Presidente dictó 48 decretos de clemencia. Por el último de esos decretos, emitido el 17 de mayo de 2011, se puso en libertad a unas 1.500 personas. Con arreglo a las amnistías declaradas antes de 2009, los presos que se ponían en libertad debían firmar declaraciones de que, si volvían a ser condenados por otros delitos, tendrían que cumplir las nuevas sentencias además de la parte restante de las sentencias que estaban cumpliendo antes de ser puestos en libertad. Se ha puesto fin a esa práctica. Los decretos presidenciales de clemencia contienen una cláusula por la cual los órganos locales están obligados a ayudar a las personas puestas en libertad a encontrar empleo y la Comisión a veces recibe quejas de exreclusos de que no han encontrado empleo.

58.Con respecto a los errores judiciales, el orador dice que los jueces que violen deliberadamente los procedimientos, omitan notificar a una persona oportunamente de cierto procedimiento o falsifiquen los expedientes judiciales pueden ser sancionados y comprometen sus perspectivas de carrera. Con respecto a las garantías de protección de las personas que se niegan a ejecutar órdenes ilegales, el artículo 42 (párr. 4) del Código Penal estipula que la negativa de una persona a obedecer una orden ilegal exime a esa persona de toda responsabilidad penal y garantiza que dicha persona no habrá de sufrir ninguna consecuencia por esos actos de desobediencia.

59.La Sra. Berdiyeva (Turkmenistán) dice que el número de reclusas en el Estado parte es de 2.213, aunque prevé que muchas de ellas serán puestas en libertad con arreglo al último decreto de clemencia del Presidente. En todo caso, hay planes para construir una nueva colonia penitenciaria para mujeres a fin de aumentar el espacio habitable para las presas y mejorar las condiciones de su reclusión. Una vez que se habilite el nuevo edificio, se adoptará una decisión sobre el destino que se dará a los antiguos establecimientos penitenciarios.

60.El Sr. Aydogdyev (Turkmenistán), contestando a las preguntas de la Sra. Gaer, dice que el Estado parte no tuvo nada que ver con las amenazas a la vida del Sr. Tukhbatullin. El Comité consideró el caso del Sr. Komarovski en ausencia de representantes del Estado parte. Si bien el Estado parte puede no estar de acuerdo con las opiniones publicadas del Sr. Komarovski, respeta la libertad de prensa. El orador dice que proporcionará al Presidente pruebas escritas de que el Sr. Amanklychev y el Sr. Khajiev fueron visitados periódicamente por miembros de su familia desde su encarcelamiento, lo cual contradice la afirmación de que no se conoce su paradero. Valeri Pal fue condenado a prisión en marzo de 2008 y fue luego puesto en libertad con arreglo a la amnistía de octubre de ese mismo año. Valeri Pal puede moverse libremente dentro y fuera del país.

61.Con respecto a los relatores especiales, dice que se están estudiando todos los aspectos de sus mandatos. El Estado parte todavía está aprendiendo cómo funciona el Comité y otros mecanismos de derechos humanos y está dispuesto a cooperar con ellos plenamente. El Estado parte ha hecho considerables progresos en la esfera de los derechos humanos y otras esferas de la vida en los cuatro últimos años, y amplía gradualmente su cooperación con el CICR, al que ha consultado, por cierto, en cuanto a las mejores prácticas para la construcción proyectada de la nueva colonia penitenciaria para mujeres. En definitiva, el Estado parte aspira a colaborar con el CICR de conformidad con su pleno mandato. Por último, el orador afirma que no se opone ningún obstáculo a los miembros de las minorías étnicas en sus perspectivas de carrera sea en el sector público, sea en el privado.

62.El Sr. Serdarov (Turkmenistán) subraya que los miembros de las minorías tienen igual acceso a las oportunidades de empleo. Como todo el mundo, tienen que reunir los requisitos profesionales pertinentes y no hay nada que impida que lleguen a jueces, por ejemplo, si reúnen los requisitos apropiados.

63.El Sr. Hudaynazarov (Turkmenistán) dice que, como resultado de las políticas del Presidente del Estado parte, se está incorporando el derecho internacional al derecho interno. Con respecto a la penalización de la tortura, dice que el artículo 23 de la Constitución garantiza que nadie será sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La legislación del Estado parte a ese respecto es ejemplar porque las normas internacionales pertinentes han sido consagradas en la Constitución. Sin embargo, se presentará un proyecto de ley al Parlamento en 2011 para enmendar el Código Penal agregando una disposición que tipifique la tortura como delito, de conformidad con el artículo 1 de la Convención. La enmienda respetará las normas de derecho internacional y se basará en los ejemplos de otros países.

64.Además, en julio de 2011 entrará en vigor un nuevo código de ejecución penal, cuyas disposiciones sobre la admisibilidad de la tortura u otras formas de malos tratos con respecto a los reclusos están en consonancia con las normas internacionales. Los reglamentos departamentales se están ajustando al nuevo código y se está impartiendo la instrucción apropiada al personal. El código va más allá de las disposiciones de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y garantiza la protección de los presos y detenidos contra la tortura, la violencia o cualquier otro trato cruel o degradante. La discriminación por motivos de raza, color, idioma, credo, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o social, o condición social, contra las personas condenadas es inadmisible.

65.Las personas privadas de libertad tienen derecho a atención médica mediante servicios hospitalarios o externos, según el lugar de detención. También tienen derecho a ser objeto de reconocimientos médicos. El derecho de los reclusos a representación letrada y a entrevistarse en privado con los abogados u otros profesionales jurídicos de su elección está garantizado por el artículo 8 del nuevo código de ejecución penal. Los detenidos pueden pedir la presencia de asesor letrado desde el momento en que son acusados y en cualquier otro momento durante todo el período de su privación de libertad.

66.Con respecto a la colocación de distintas categorías de reclusos en establecimientos separados, el artículo 51 del Código Penal estipula que los reclusos de sexo masculino y sexo femenino deben estar en establecimientos separados. De igual modo, los menores están separados de los adultos y los reclusos primarios de los reincidentes múltiples. Los reincidentes peligrosos se mantienen aparte de todos los demás reclusos. También existen instalaciones separadas para los delincuentes militares y los reclusos con enfermedades infecciosas. Las prisiones para mujeres son supervisadas por alcaides mujeres. Los menores son enviados a instituciones de rehabilitación especiales en que no corren ningún riesgo de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco son sometidos a cacheos o investigaciones que puedan afectar adversamente su salud física o mental.

67.El Sr. Nazarov (Turkmenistán) dice que la preparación del informe periódico inicial del Estado parte fue una ardua tarea. Se estableció una comisión interdepartamental con ese fin en 2007 y se abriga la esperanza de que no haya más demoras en la presentación de los informes futuros. El Estado parte se ha adherido a más de 120 tratados internacionales, 40 de ellos en la esfera de los derechos humanos. El proceso de adhesión es complejo y lleva tiempo, pero la actual reunión con el Comité proporcionará sin duda un estímulo adicional para que el Estado parte considere la posibilidad de aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Con respecto a la posibilidad de que el Estado parte acepte visitas del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dice que se están haciendo progresos pero que Turkmenistán es un Estado joven, que necesita más tiempo. La delegación abriga la esperanza de que el Comité dé muestras de comprensión a este respecto. Se proyecta una visita del Relator Especial sobre el derecho a la educación, en tanto que el Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias ya ha sido recibido por el Estado parte. Una delegación de miembros del Parlamento Europeo también visitó Turkmenistán, al igual que un ex-Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

68.El Sr. Annamuradov (Turkmenistán) dice que los derechos de las personas con discapacidad están plenamente garantizados en la Constitución. La Comisión Estatal está en vías de redactar un informe sobre la aplicación por el Estado parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en leyes y reglamentos, y el Gobierno colabora con la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la metodología para preparar su informe inicial al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

69.El Presidente (Segundo Relator para el país) da las gracias a la delegación por la información suministrada acerca del Sr. Amanklychev y el Sr. Khajiev pero lamenta que no se haya proporcionado información similar sobre el paradero del Sr. Shikhmuradov, el Sr. Berdyev o el Sr. Akmuradov.

70.El Sr. Serdarov (Turkmenistán) da las gracias al Comité por su apoyo a las reformas en el Estado parte y dice que las recomendaciones del Comité proporcionarán impulso adicional para la aplicación de la Convención en Turkmenistán.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.