COMITÉ CONTRA LA TORTURA
41º período de sesiones
ACTA RESUMIDA (PARCIAL)* DE LA 841ª SESIÓN
celebrada en el Palais Wilson, Ginebra,
el miércoles 5 de noviembre de 2008, a las 15.00 horas
Presidente: Sr. GROSSMAN
SUMARIO
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Segundo informe periódico de Lituania (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN (continuación)
Segundo informe periódico de Lituania (continuación) (CAT/C/LTU/2; CAT/C/LTU/Q/2 y Add.1; HRI/CORE/1/Add.97)
Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Lituania toman asiento como participantes a la mesa del Comité.
El PRESIDENTE invita a los miembros de la delegación a responder a las preguntas planteadas por los miembros del Comité durante la reunión anterior.
La Sra. GUSAUSKIENE (Lituania) dice que, pese a que el Código Penal no contiene ninguna definición de tortura per se, sí incluye varios artículos en virtud de los cuales puede condenarse a una persona que sea declarada culpable de cometer actos considerados como tortura. Además, se ha establecido como precedente en el Tribunal Supremo una definición detallada de tortura que es plenamente conforme con la Convención. El trato inhumano se considera una circunstancia agravante, y la legislación lituana contempla la posibilidad de negarse a obedecer órdenes procedentes de un superior que impliquen la aplicación de la tortura o de otras formas de trato inhumano. En 2005, el Ministerio del Interior registró tres delitos penales de abuso de autoridad cometidos por funcionarios de policía. En uno de esos casos se condenó y se inhabilitó al autor para desempeñar cargos en la administración pública durante dos años. En 2006 se produjeron tres delitos de esa naturaleza; en 2007 se registraron dos casos y en 2008 se ha producido hasta la fecha un caso. El artículo 29 de la Constitución prohíbe todas las formas de discriminación; además, recientemente se ha introducido una enmienda en el Código Penal por la que se incrementa la pena impuesta en caso de discriminación.
Las disposiciones constitucionales garantizan el derecho de los detenidos a obtener asesoramiento jurídico profesional desde el momento de su detención. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal incluye disposiciones similares, que especifican que los jueces y funcionarios de policía deben garantizar el derecho de defensa de los sospechosos, así como su derecho a ponerse en contacto con un familiar o con cualquier otra persona, inclusive su empleador. Al detener a un ciudadano extranjero, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben notificar ese hecho al ministerio, la embajada o la oficina consular pertinentes. El Gobierno de Lituania cumple esos requisitos y se asegura de que se apliquen las garantías procesales a todos los detenidos.
El Sr. TRUNOVAS (Lituania), refiriéndose al procedimiento de asilo, dice que las leyes de Lituania son plenamente conformes con las normas internacionales. El Departamento de Inmigración, adscrito al Ministerio del Interior, es el encargado de tomar las decisiones sobre la concesión de asilo a ciudadanos extranjeros. Los solicitantes de asilo disfrutan de un conjunto de derechos que incluyen la ubicación en un centro de inscripción, la tramitación del papeleo administrativo necesario, el acceso a un intérprete, así como apoyo educativo y financiero. El Departamento de Inmigración debe tomar una decisión sobre la concesión de asilo en el plazo de 48 horas.
El Centro de Inscripción de Extranjeros recibe a aquellas personas que han sido detenidas legítimamente con el fin de comprobar su identificación y las circunstancias de su llegada, y de devolverlas a sus países de origen. Por su parte, los centros de refugiados proporcionan refugio y servicios sociales a las personas que ostentan la condición de refugiados. El plazo para examinar una solicitud de concesión de la condición de refugiado es de tres meses, aunque puede ampliarse hasta un máximo de seis meses. Si una persona abandona un centro de refugiados y, transcurridas 24 horas o más, no ha regresado, las autoridades suspenden la ayuda financiera y de otro tipo que se le esté prestando de conformidad con la legislación vigente. En el caso de una llegada masiva de solicitantesde asilo, el Gobierno puede decidir conceder asilo temporal durante un período de un año, que puede ampliarse por un año adicional. Los refugiados se integran en la sociedad lituana y reciben apoyo público en los ámbitos de la educación, el empleo, la vivienda, la protección social y la salud.
Los extranjeros pueden permanecer detenidos por la policía durante un máximo de 48 horas, aunque este período se puede ampliar por orden judicial; los extranjeros sólo pueden permanecer detenidos en el Centro de Inscripción de Extranjeros. El tribunal puede ordenar la adopción de medidas alternativas a la detención si el individuo no representa una amenaza para la seguridad nacional. Los menores extranjeros no acompañados se rigen por una normativa especial. Lituania respeta el principio de no devolución de los solicitantes de asilo; en consecuencia, no se ha producido ningún caso en que haya devuelto una persona a un Estado en el que corriera el riesgo de ser torturada o sometida a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los casos en los que están implicadas personas que suponen una amenaza para la seguridad nacional se examinan cuidadosamente de acuerdo con criterios generales, y se estudian diversas opciones para expulsarlos a un Estado en el que no corran el riesgo de ser maltratadas.
La Sra. MILASIUTE (Lituania) dice que los miembros del Comité podrían estar interesados en saber que, en el caso de Batalov contra Lituania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que no se había violado el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la prohibición de aplicar la tortura. Se concedió al Sr. Batalov un permiso de residencia por razones humanitarias y no fue expulsado de Lituania, pese a estar considerado como una amenaza para la seguridad nacional.
El Sr. TRUNOVAS (Lituania) dice que el Centro de Inscripción de Extranjeros consta de dos edificios, que ofrecen instalaciones residenciales separadas para hombres y mujeres. Durante el día, los residentes pueden desplazarse por las instalaciones libremente, pero por la noche se activa el toque de queda y el personal de vigilancia garantiza el orden. Además, los residentes pueden solicitar asistencia en el momento en que la necesiten. El citado centro cuenta con un servicio médico, una cafetería que sirve tres comidas al día y, desde enero de 2008, un trabajador social y un psicólogo. En 2007 el centro albergaba a 143 personas; la cifra media de residentes en un momento cualquiera es de 28, y la estancia media asciende a 40 días. Actualmente hay 32 residentes en el centro.
La Sra. MILASIUTE (Lituania) dice que la Constitución protege contra la tortura a los ciudadanos de nacionalidad no lituana. De acuerdo con su artículo 18, los derechos humanos son inherentes a la persona; y, en virtud del artículo 29, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pese a que Lituania no es parte en el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, sí es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que proporcionan protección a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado parte. Lituania incorpora a la legislación nacional todos los tratados que ratifica.
La Sra. GUSAUSKIENE (Lituania) dice que, de conformidad con el artículo 20 del Código Penal, los tribunales lituanos no admiten las pruebas obtenidas mediante el uso de la violencia física o psicológica. Esa disposición se aplica por igual a los ciudadanos lituanos y a los extranjeros.
Tanto la Constitución como el Código Penal consagran el derecho de defensa, que queda garantizado desde el momento del interrogatorio. Existen dos tipos de asistencia jurídica: el primero de ellos consiste en asesoramiento jurídico y asistencia en la cumplimentación de formularios y documentos; el segundo hace referencia a la representación durante los procesos judiciales y administrativos. El Estado brinda asistencia a las personas que no disponen de medios suficientes para abonar los honorarios legales. Tal ayuda financia la totalidad de dichos honorarios cuando los ingresos anuales de la persona son de 8.000 litai o menos, y del 50% de los honorarios cuando los ingresos anuales son de 12.000 litai o inferiores. En 2007, un total de 230 personas recibieron el primer tipo de asistencia y en 2008, hasta la fecha, 150 personas han recibido asistencia de este tipo. La mayoría eran mujeres.
Cerca de 35.000 personas recibieron el segundo tipo de asistencia jurídica en 2007 y 25.000 personas la recibieron durante el primer semestre de 2008. Estos datos pueden parecer elevados, pero incluyen tanto a personas acusadas como en juicio, así como a las que se encuentran cumpliendo condena y a las que están a la espera del resultado de apelaciones.
El Sr. KAZLAUSKAS(Lituania) dice que los fondos públicos asignados para la asistencia jurídica hasta el momento han sido suficientes y que no hay razón para pensar que puedan surgir problemas en el futuro.
La Sra. GUSAUSKIENE (Lituania) dice que la asistencia jurídica financiada con fondos públicos está basada en los ingresos. Un problema es que actualmente las personas que cumplen condenas de prisión o permanecen detenidas deben cumplimentar por sí mismas los formularios de declaración de ingresos; ese problema quedará resuelto en breve a través de la creación de una base de datos centralizada para la declaración de los ingresos.
La detención y la prisión preventiva sólo se permiten por determinados motivos que la ley especifica claramente. La detención se permite con el fin de evitar la comisión de delitos administrativos y de garantizar una rápida instrucción de las causas. Solamente un funcionario autorizado por el Estado puede ordenar una detención. Los motivos de la detención deben quedar registrados y pueden ser objeto de recurso ante una autoridad superior. En virtud del artículo 272 del Código Administrativo, una persona que haya sido detenida a los efectos de un procedimiento judicial debe contar con la ayuda de un abogado. No obstante, en junio de 2005, el Tribunal Supremo decidió que dichas personas deben contar con asistencia jurídica desde una fase anterior del proceso; es más, en caso de no disponer de asistencia durante la instrucción de los procedimientos, se considerará inadmisible cualquier prueba que se presente.
El período máximo que puede permanecer una persona en prisión preventiva es de 30 días. Aunque la prisión preventiva puede recurrirse ante una autoridad superior, el recurso no causa la suspensión de la prisión preventiva; sin embargo, en determinadas circunstancias esta medida puede posponerse.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania) dice que debe tenerse en cuenta que actualmente se está elaborando un nuevo Código Administrativo y un nuevo Código de Procedimiento Penal.
El Sr. LAURINENAS (Lituania) dice que no es cierto que no exista ninguna ley que regule la prisión preventiva; no obstante, se ha reelaborado la Ley de prisión preventiva de 1996 y en abril de 2009 entrará en vigor una nueva versión. Pese a que la mencionada Ley de 1996 no permite el uso de la tortura ni de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante la prisión preventiva, la nueva ley prohíbe expresamente tales actos. La nueva ley concede mayores derechos a los detenidos, como la posibilidad de ponerse en contacto por teléfono con sus familiares, y prevé un mecanismo de denuncia en virtud del cual ante cualquier denuncia de maltrato los detenidos deben recibir una respuesta por escrito en el plazo de 14 días.
El orador proporciona estadísticas sobre centros penitenciarios y de detención y dice que actualmente hay un total de 950 internos en la prisión de Vilnius, de los que 215 están cumpliendo condena y 79 cumplen condena de cadena perpetua. La tasa de ocupación asciende actualmente a un 110%. En la prisión de Siauliai hay un total de 555 reclusos, con una tasa de ocupación del 125%.En 2004 se reformó la prisión de Kaunas, que cumple todas las normas europeas pertinentes. Pese a ello, sigue presentando problemas de hacinamiento, con una tasa de ocupación actual del 138%.
El hospital de la prisión recibe pacientes procedentes de diversos centros de detención y también presenta problemas de hacinamiento. En la actualidad alberga a 140 pacientes, lo que representa una tasa de ocupación del 117%.
La violencia en las prisiones y en los centros de detención sigue representando un grave problema. En 2004 se cometieron dos asesinatos, mientras en 2008, hasta la fecha, no se ha cometido ninguno. En 2004 se produjeron 142 casos de lesiones y en 2008, hasta la fecha, se ha registrado un total de 66 casos. Se llevan a cabo investigaciones penales en todos los casos de violencia registrados en los centros penitenciarios; corresponde a los funcionarios de la fiscalía y no al personal de prisiones llevar a cabo tales investigaciones. En 2008 se llevaron a cabo 36 investigaciones penales; el orador no ha recibido información sobre las medidas disciplinarias ni sancionadoras adoptadas contra las personas declaradas culpables de cometer actos de violencia.
Se ha elaborado un programa completo de lucha contra todas las formas de violencia en las prisiones, que comenzará a ejecutarse en breve. El programa se centrará en la mejora de la legislación pertinente y de las condiciones de detención, por ejemplo a través de la reducción del número de internos por celda, que pasará de 20 a un máximo de ocho. Entre otros objetivos, cabe citar la mejora de las oportunidades laborales para los prisioneros, la mejora de las habilidades profesionales del personal de prisiones y la implicación de la sociedad civil en la rehabilitación social de los reclusos.
Al 1º de octubre de 2008 había 175 prisioneros con discapacidad; no parece que este colectivo sufra problemas especiales de violencia. Los prisioneros con discapacidad disponen de mejores instalaciones y de un trato más favorable en los centros penitenciarios y de detención, por ejemplo en lo referente a la comida y de espacio. Un estudio realizado entre reclusos con discapacidad demostró que, por el momento, esos presos no desean ser ubicados en instalaciones separadas del resto.
Respondiendo a una pregunta relativa a las normas que regulan las condiciones en los centros de detención, el orador dice que tales normas están recogidas en las Normas sobre el orden interno de las instituciones penitenciarias y en las Normas sobre el orden interno de los establecimientos de detención preventiva. El Ministerio de Justicia aprobó las anteriores normas en 2003, y se introdujeron modificaciones en seis ocasiones en el período 2003-2007. Dos de esas enmiendas hacen referencia a la confidencialidad de las conversaciones telefónicas con los familiares y al derecho de los internos a recibir visitas de sus cónyuges o parejas. Las Normas referentes a los establecimientos de detención preventiva fueron aprobadas en 2001 y modificadas en dos ocasiones entre 2004 y 2007. Una de esas enmiendas suprimió la norma que prohibía a los reclusos utilizar sus camas durante el día. En 1999, el Ministerio de Sanidad aprobó unas normas especiales en materia de higiene. Los internos que están recluidos en establecimientos abiertos en los que disponen de acceso no restringido a cocinas, bibliotecas y otras instalaciones tienen asignada una superficie mínima de 3 metros cuadrados por interno. Aquellos que están confinados en sus celdas disponen de 5 metros cuadrados, y los reclusos que se encuentran internos en hospitales cuentan con 7 metros cuadrados por persona.
Existe un centro de detención preventiva para menores y un establecimiento penitenciario para menores que cumplen penas privativas de libertad. El primero de ellos tiene capacidad para 108 reclusos y actualmente cuenta con 75 internos, lo que equivale a una tasa de ocupación del 70%. En cuanto al segundo centro, tiene capacidad para 150 reclusos y actualmente está ocupado por 110 personas, lo que representa una proporción del 74%. En ciertos casos, los menores permanecen en el centro de detención preventiva para adultos de Vilnius a la espera de la decisión final sobre sus causas respectivas. En tales casos, los menores son alojados en un edificio separado, en el que una de las plantas está reservada a las mujeres internas. Las menores condenadas son recluidas en otro centro junto con las internas adultas. Dicho centro cuenta con capacidad para 408 reclusas y su ocupación media es de 250 internas, lo que representa una tasa del 60%. En la actualidad hay dos reclusas menores de edad en ese centro, y nunca ha habido más de cuatro.
El Sr. TRUNOVAS (Lituania), respondiendo a una pregunta relativa a los estados de emergencia, dice que las personas están obligadas a llevar consigo sus documentos de identidad en las circunstancias mencionadas. En caso contrario, pueden ser detenidas durante un período de hasta 24 horas a fin de comprobar su identidad y pueden ser objeto de una sanción que puede equivaler a un importe comprendido entre los 30 y los 300 euros. No obstante, Lituania no ha declarado nunca un estado de emergencia, por lo que esa disposición nunca se ha aplicado en la práctica.
El Sr. LAURINENAS (Lituania) dice que solamente existen 15 centros de detención en Lituania: 3 centros de detención preventiva, 9 centros para prisioneros condenados —incluido un centro abierto—, un centro para menores y 2 centros médicos especiales, uno para reclusos que sufren tuberculosis y el otro es un hospital general. La capacidad global de estos centros es de 9.062 internos y en la actualidad la ocupación asciende a 7.800 internos. El hacinamiento representa un problema exclusivamente en los centros de detención preventiva y en el hospital general.
El Gobierno aprobó en 2004 un programa dirigido a mejorar las condiciones de las prisiones, fundamentalmente a través de la renovación de las instalaciones. La apertura de un nuevo centro de detención preventiva en Kaunas en 2004 se tradujo en una mejora de las condiciones en los centros de detención de Vilnius y Siauliai. El número de internos en el centro de Vilnius ha disminuido y ha pasado de unos 1.200 en 2004 a un máximo de 950 en 2008. En 2004 se construyó un edificio separado para detenidos de corta estancia en el centro de Marijampole. En Vilnius, se renovó un centro de detención ubicado en un antiguo cuartel y actualmente es un centro abierto que acoge a 120 internos. Algunos internos de otros centros han sido transferidos a este último, y el anterior centro abierto se convirtió en una cárcel regular con capacidad para acoger a 430 reclusos. Existe un centro especial para los internos que cumplen penas de cadena perpetua. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha elogiado el trabajo de rehabilitación de una prisión de Vilnius que antiguamente albergaba a una comunidad religiosa. En el centro de detención preventiva de Siaulai, se han reformado 77 de las 110 celdas. El Ministerio de Justicia y el Departamento de Prisiones han diseñado una estrategia a largo plazo (2008-2030) que afecta a todos los centros y que fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2008. Durante la primera fase de esta estrategia, que se desarrolla hasta 2012, se construirá un nuevo hospital con capacidad para 350 pacientes, una nueva prisión para 400 internos y un centro de detención preventiva para 1.400 reclusos. Posteriormente se clausurarán viejos edificios que no cumplen los requisitos establecidos. Para el período siguiente se han previsto, asimismo, unos ambiciosos planes de construcción.
El Sr. TRUNOVAS (Lituania), en respuesta a una pregunta sobre la trata de personas, dice que se han adoptado medidas integrales con el fin de solucionar este problema y sus consecuencias. Se ha aprobado una estrategia nacional y ha entrado en vigor un marco jurídico básico que cumple las normas de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la INTERPOL y la Oficina Europea de Policía (Europol). En junio de 2005, se modificó el Código Penal con el fin de recoger la responsabilidad de las personas jurídicas, además de la responsabilidad de las personas físicas. En febrero de 2008, Lituania firmó el Convenio del Consejo de Europa para la acción contra la trata de seres humanos, y el Parlamento debate actualmente una ley que ofrecerá indemnización a las víctimas de la trata. En 2006, el Parlamento modificó la Ley de la condición jurídica de los extranjeros, de manera que las víctimas de la trata puedan permanecer en Lituania a fin de colaborar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y obtener toda la ayuda necesaria. Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América ha incluido a Lituania en el grupo de países que más estaban trabajando en la lucha contra la trata de personas.
Asimismo, se están tomando medidas que persiguen la reintegración de las víctimas en la sociedad. El Estado financia una serie de organizaciones que prestan servicios de asistencia social a las víctimas. Durante el período 2005-2008 se ha financiado un total de 53 proyectos. Además, existe un sistema para la identificación de las víctimas de la trata con violencia. El número de víctimas de la trata ha disminuido, pasando de 8.100 en 2002 a 5.700 en 2007. Para luchar contra este problema se ha asignado una subdivisión del Departamento de Policía compuesta por personal de la Oficina del Comisario General de Policía de todo el país, además de 32 fiscales. Se han organizadocursos de capacitación dirigidos a la policía lituana, y se han celebrado seminarios internacionales sobre esta cuestión.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania) dice que las autoridades prestan una atención especial a la corrupción, por ejemplo en las aduanas y en los puestos fronterizos. El Parlamento ha aprobado un programa especial de lucha contra la corrupción y se ha creado una comisión interministerial presidida por el Ministerio del Interior.
La Sra. GUSAUSKIENE (Lituania) dice que el Código Penal no establece una distinción clara entre la violencia doméstica y la cometida fuera del hogar, inclusive por lo que respecta a la violación. En ambos casos los delitos son punibles, si bien en el caso de la violencia en el hogar se aplican medidas procesales especiales. Por ejemplo, los sospechosos están obligados a vivir separados de las víctimas con el fin de impedir que los casos de violencia se repitan. Los tribunales pueden ordenar también un trato especial o la impartición de cursos de modificación de la conducta para los agresores. El Ministerio de Justicia creó un grupo de trabajo encargado de llevar a cabo un examen completo de ese problema. Dicho grupo de trabajo examinó las causas de la violencia en el hogar, las diferentes maneras de proteger los derechos de las víctimas, la provisión de indemnizaciones y la posibilidad de crear centros de asistencia psicológica y social, así como refugios temporales. A la luz de los resultados obtenidos, el Ministerio ha elaborado enmiendas a determinados artículos del Código de Procedimiento Penal dirigidas a promover los derechos de las víctimas y ampliar las opciones legales de las que éstas disponen. Las condenas por este tipo de delitos dependen, naturalmente, de la gravedad del delito y del grado de culpa.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania), refiriéndose a los casos de violencia en el ejército, dice que el Código Penal establece la responsabilidad penal por actos de violencia cometidos contra un oficial de mando, un subordinado o un soldado de igual rango. Entre 2005 y mediados de 2008 se han iniciado investigaciones preliminares en seis casos de violencia contra oficiales de mando; en cinco de esos casos el acusado fue declarado culpable. En ese mismo período se han abierto investigaciones preliminares en nueve casos relacionados con el abuso de un subordinado; en seis de esos casos se han dictado veredictos de culpabilidad, y hay un caso todavía pendiente. Además, entre 2005 y mediados de 2008 se han iniciado 52 investigaciones preliminares sobre informes que denuncian casos de violencia entre soldados de igual rango; 26 de esos casos han finalizado con la condena de los acusados y otros 13 han sido desestimados.
Las causas judiciales en las que el ejército se ve implicado en casos de violencia generan una considerable atención por parte del público. La policía militar lleva a cabo las investigaciones preliminares, bajo la supervisión de un fiscal; no intervienen tribunales especiales. En 2008 el Parlamento aprobó una ley que establece un avance gradual hacia un ejército profesional, hecho que previsiblemente reducirá la incidencia de la violencia.
El Sr. LAURINENAS (Lituania) dice que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben capacitación inicial y formación continua en el ámbito de los derechos humanos. Además, la universidad ofrece cursos especiales en esta materia. Los funcionarios de inmigración también reciben capacitación en derechos humanos, por ejemplo, a través de los cursos regulares sobre procedimientos de asilo que organiza el Fondo Europeo para los Refugiados.
El Sr. TRUNOVAS (Lituania), en referencia a la cuestión de la capacitación del personal de prisiones, informa al Comité de que la Universidad de Vilnius creó en 1994 una cátedra de derecho penitenciario, especializada en la formación de los altos funcionarios de prisiones. Los estudiantes pueden obtener una licenciatura o un master en Derecho; la licenciatura incluye 240 horas de clase sobre el derecho internacional pertinente.
Con la ayuda de la Administración de Instituciones Penitenciarias y Libertad Condicional de Suecia, Lituania creó en 1999 un centro de capacitación para el personal subalterno de prisiones adscrito al Departamento de Prisiones. La creación de dicho centro fue el resultado de un proyecto de 10 años de duración, que incluyó el suministro de materiales didácticos y visitas periódicas por parte de profesores suecos, y que concluyó en 2006. Lituania continúa colaborando con la Administración de Instituciones Penitenciarias y Libertad Condicional de Suecia, inclusive en la organización de programas de capacitación dirigidos a los funcionarios encargados de la libertad condicional en 2008 con la participación de profesores suecos.
La Sra. MILASIUTE (Lituania), respondiendo a las preguntas referentes a la discriminación de la comunidad romaní, dice que en 2008 se ha aprobado una nueva estrategia de tres años de duración para la integración de los romaníes. El documento que recoge dicha estrategia incluye un análisis de las cuestiones que están en juego y contiene medidas correctivas específicas en las esferas de la educación, el empleo, la atención de la salud, la vivienda y aspectos generales relacionados con la discriminación, así como la creación de capacidad organizativa y administrativa para las comunidades romaníes.
Las medidas encaminadas a educar a las comunidades romaníes sobre sus derechos humanos y las soluciones jurídicas que tienen a su disposición en caso de que se violen sus derechos revisten una importancia especial. Un buen ejemplo es el de una joven romaní a la que se denegó un empleo por motivos étnicos, y que ganó el caso en primera instancia en 2008. La joven invocó la legislación europea que prohíbe la discriminación racial y, en particular, la norma que permite trasladar la carga de la prueba al acusado. El caso se encuentra actualmente pendiente de decisión en el tribunal de apelación.
Con respecto a la amenaza de demolición de las viviendas de romaníes en Vilnius, la oradora explica que a menudo los romaníes se niegan a solicitar los permisos necesarios y que la legislación lituana establece la demolición de los edificios que no cuenten con las debidas autorizaciones. No obstante, la demolición solamente puede ordenarse mediante orden judicial y, por el momento, no se ha emitido ninguna orden de ese tipo.
El Sr. KAZLAUSKAS (Lituania) dice que desde 1991 se han investigado 226 delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en territorio lituano bajo las ocupaciones soviética y nazi; en esa cifra se incluyen más de casos relacionados con el Holocausto. En 19 de esos casos se declaró culpables a los acusados. Desde 2005 se han iniciado 36 investigaciones penales, 5 de las cuales han dado lugar a veredictos de culpabilidad. El caso del Sr. Yizthak Arad quedó cerrado.
La Sra. GUSAUSKIENE (Lituania) señala que la legislación nacional prevé la indemnización de las víctimas de tortura o de trato degradante, y se ha creado un fondo especial de indemnización a tal fin. En 2006, 76 personas presentaron solicitudes de indemnización, 26 de las cuales lograron su objetivo. En 2007 se recibieron 136 solicitudes; se concedieron indemnizaciones a 54 personas, por una suma total de 247.342 litai. Durante el primer semestre de 2008 se han recibido 72 solicitudes, de las que 33 han sido aceptadas.
Se ha modificado la Ley de indemnización de los daños causados por delitos violentos con el fin de mejorar la base jurídica sobre la que se sustenta el resarcimiento. Está previsto introducir enmiendas adicionales para ampliar la definición de los delitos violentos e incrementar la cuantía de la indemnización. Además, el Gobierno tiene previsto introducir mejoras en la legislación que regula los derechos de las víctimas de delitos violentos y simplificar los procedimientos de indemnización, inclusive en el caso de actos violentos cometidos por agentes públicos. El monto total pagado en concepto de indemnizaciones a las víctimas de violencia infligida por agentes públicos ascendió a más de 25.000 litai en 2004 y 18.000 litai en 2005. En 2006 se concedieron 21.748 litai a cinco solicitantes, sobre un total de 18 solicitudes. En 2007, 15 personas presentaron solicitudes de indemnización, mientras en el primer semestre de 2008 esta cifra ha aumentado a 21 casos. Sobre la base de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos humanos, entre 2004 y 2008 se concedieron indemnizaciones a 27 personas.
La Sra. MILASIUTE (Lituania), respondiendo a una pregunta anterior acerca de la prohibiciónde la ciudad de Vilnius de acoger la visita de la Unión Europea del “camión contra la discriminación”en 2007, que incluía un acto organizado por la Liga Gay de Lituania, explica que el ayuntamiento se negó a conceder la autorización para la celebración de tales actos por temor a que se produjeran violentas protestas. Dado que los organizadores optaron por no recurrir dicha decisión ante los tribunales, no es posible determinar si el tribunal hubiera levantado dicha prohibición. Podría decirse que existe margen para mejorar la ley que regula el derecho de asamblea. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha realizado un estudio sobre la homofobia y la discriminación por motivo de orientación sexual en la Unión; el Gobierno tendrá en cuenta los resultados de dicho estudio al examinar la legislación pertinente.
El Sr. GALLEGOS CHIRIBOGA, relator para el país, elogia a la delegación por sus completas respuestas a las preguntas del Comité y le recuerda que la incorporación de la definición de tortura en su Constitución es la clave para garantizar que ese tipo de delitos no prescriba.
Pese a que la delegación ha proporcionado información detallada sobre los derechos de los detenidos a contar con un abogado y a ponerse en contacto con sus familiares, es necesario disponer de información adicional acerca del derecho a contar con un médico independiente.
El orador continúa preocupado por la falta de una definición clara del delito de violación en las leyes del Estado parte. El Código Penal debería recoger la definición del delito de violación y su correspondiente pena.
Se ha avanzado en la solución del problema del hacinamiento en las prisiones y el orador confía en que durante el período que abarcará el próximo informe se continuará progresando en este ámbito, especialmente en lo tocante a los centros de detención preventiva.
Es necesario redoblar los esfuerzos dirigidos a poner fin a la violencia en las fuerzas armadas, tanto mediante la mejora de la legislación y los reglamentos internos como mediante la solución del problema de la impunidad. El Comité agradecería que se le facilitase información sobre las sanciones aplicadas en los casos de violencia entre soldados.
Aunque la delegación ha respondido verbalmente a algunas de las preguntas formuladas por el relator sobre el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones incluidas en las cartas que remitió al Estado parte con fechas de 21 de abril de 2006 y 27 de octubre de 2008, todavía no se ha aportado una respuesta formal.
El Sr. KOVALEV manifiesta sus dudas acerca de la presunta ausencia de discriminación contra ciudadanos de nacionalidad extranjera en el Estado informante y solicita información adicional sobre el asunto.
El orador pregunta si el carácter inadmisible de las pruebas obtenidas por medio de la tortura, tal como establece la ley, se aplica en la práctica. En el supuesto contrario, la delegación debería facilitar información sobre casos en los que se hayan infringido dichas disposiciones y se hayan impuesto sanciones, y debería, además, proporcionar ejemplos de casos en los que se hayan anulado sentencias dictadas sobre la base de pruebas obtenidas por tales medios.
El orador elogia al Estado parte por sus cursos de capacitación ejemplares dirigidos al personal de prisiones y por la mejora gradual de las condiciones de detención.
El debate abarcado por el acta concluye a las 17.20 horas.
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