Cabe señalar que la reducción del número de reclamaciones a la Oficina del Defensor del Pueblo en 2006 se debió a la introducción del Servicio Central para Mujeres – Número de teléfono 180, un servicio telefónico gratuito para asistir a las mujeres en situaciones de violencia.
En 2003, año en que se estableció la Oficina del Defensor del Pueblo, la mayor parte de la asistencia prestada fue personal (32,56%) y por teléfono (20,93%). La mayor parte de las solicitudes de asistencia provinieron de la región Centro-Oeste (33,72%), seguida de la región Sudeste (17,44%). La asistencia se pidió, en la mayoría de los casos, mediante solicitudes (56,98%), seguidas de denuncias (33,72%). El tema más relevante fue la reivindicación social y judicial para acceder y garantizar derechos sociales (32,56%) relacionados con procedimientos, la seguridad social, la vulnerabilidad económica y social, seguida de la violencia en general (11,63%) (física, sexual, etc.) y el empleo, en relación con el acoso moral, la legislación laboral, la colocación en el mercado de trabajo, entre otros temas; estos dos últimos se situaron en el tercer lugar entre las solicitudes de asistencia. Los casos de violencia doméstica (8,14%) y homicidio (8,14%) en general ocuparon el cuarto lugar, seguidos de la legislación (4,65%). La discriminación (3,49%) por motivos de raza, color, origen étnico, orientación sexual, etc. y la trata de personas (3,49%) se situaron en sexto lugar, mientras que las cuestiones relacionadas con la salud (2,33%) fueron menos frecuentes.
En 2004, la mayor parte de la asistencia se prestó por correo electrónico (45,09%) y teléfono (21,88%). Una vez más, la mayor parte de las solicitudes de asistencia provinieron de la región Centro-Oeste (34,38%) y la región Sudeste (29,46%). La asistencia se pidió, en la mayoría de los casos, mediante solicitudes (39,73%), seguidas de denuncias (27,23%). El tema más destacado fue el acceso y garantía de derechos sociales (25%), seguido por la violencia doméstica (9,82%) y el empleo (8,93%), que ocuparon el tercero y cuarto lugar, respectivamente, y la discriminación (8,04%) y la violencia (8,04%), que ocuparon ambas el quinto lugar.
En 2005, la mayor parte de la asistencia se prestó por correo electrónico (59,07%) y teléfono (18,41%). La mayor parte de las solicitudes de asistencia provinieron de la región Sudeste (33,72%), seguida de la región Centro-Oeste (24,45%). La asistencia se pidió, en la mayoría de los casos, mediante solicitudes (39,29%), seguidas de denuncias (22,25%). Los temas relacionados con derechos sociales (17,58%) ocuparon el segundo lugar, la discriminación (11,26%) el tercero, la violencia (10,44%) el cuarto y la violencia doméstica (7,97%) el quinto.
En 2006, la mayor parte de la asistencia se prestó por correo electrónico (60,97%) y teléfono (8,83%). La mayor parte de las solicitudes de asistencia provinieron de la región Sudeste (33,72%), seguida de la región Centro-Oeste (19,66%). La asistencia se pidió, en la mayoría de los casos, mediante solicitudes (51,85%) y denuncias (16,24%). Los derechos sociales (12,54%) fueron el segundo tema más relevante, seguido de la violencia (10,83%) y el empleo (9,40%), que se situaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente, la legislación (8,55%) y la salud (6,84%) ocuparon el quinto y sexto lugar, respectivamente, mientras que la discriminación (5,98%) y la violencia doméstica (5,70%) se situaron en séptimo y octavo lugar.
En todos estos años, como se puede ver en los cuadros del anexo 3 (cuadros anuales en los que se ilustra la demanda por región, origen, características y clasificación por tema), la categoría “Otros” ha ocupado el primer lugar. Esta categoría abarca distintos aspectos, como la persecución política, la interferencia de órganos gubernamentales, las solicitudes de publicación, la aclaración de proyectos, etc.
Cabe mencionar igualmente el servicio Número 180, que, el 17 de abril de 2007, cumplió su primer aniversario de funcionamiento durante las 24 horas, tras un período de aplicación que comenzó en noviembre de 2005. Las mujeres pueden realizar llamadas gratuitas desde cualquier teléfono del país para solicitar información sobre cuestiones jurídicas, comisarías de policía especializadas, clínicas de salud, refugios, etc.
Esta central telefónica opera de manera confidencial y registra las llamadas sobre agresiones físicas y psicológicas, violencia sexual, acoso sexual y moral, abusos deshonestos, violación y trata de mujeres con fines de explotación.
Las estadísticas revelan que Pernambuco es el estado que registra el mayor número de asesinatos de mujeres. Los informes mensuales sobre asistencia prestada se envían a las oficinas de coordinación y asesoramiento para mujeres de 15 estados y 110 municipios. En los estados donde no existe dicho organismo, el documento se envía al gobierno estatal, al Ministerio Público y a los departamentos de seguridad.
Como señaló la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (E/CN.4/2006/61), en 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la “falta de adopción de medidas efectivas por el Estado para enjuiciar y condenar a los agresores”. Sírvanse describir qué está haciendo el Estado Parte para responder a esta valoración y facilitar datos sobre el enjuiciamiento y la condena de los autores de actos de violencia contra la mujer.
Desde 1998, cuando se introdujo un presupuesto específico para la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el Plan plurianual, se han llevado a cabo acciones eficaces a tal fin. Se han aprobado proyectos para crear casas de acogida y capacitar a agentes públicos en cuestiones de género, en particular a jefes de policía de comisarías especializadas en asuntos de la mujer y defensores públicos.
Con la entrada en funciones de la nueva Administración y la creación de la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer en 2003, se han ampliado los programas de capacitación, se ha incrementado el apoyo a las casas de acogida y centros de referencia, y se ha introducido el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, quedando así las iniciativas anteriores bajo los auspicios de una única organización más amplia.
Cabe mencionar que el Estado brasileño ha adoptado medidas relacionadas con la recomendación 54/01 y la notificación sobre la causa 12051 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 16 de abril de 2001 (Causa Maria da Penha), puesto que el Gobierno brasileño ha respondido sistemáticamente a este órgano interamericano con medidas que se están aplicando para cerrar dicha causa. En una de sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pedía la promulgación de legislación destinada específicamente a disuadir los actos de violencia contra la mujer. Esta recomendación se satisfizo con la aprobación de la Ley 11340 en 2006. En vista de los avances realizados en las negociaciones entre los peticionarios, la víctima, el estado de Ceará (donde se produjo la violación) y el gobierno federal, es probable que las partes firmen un acuerdo a finales de 2007 por el que se cerrará esta causa.
La Secretaría Especial de Políticas para la Mujer sigue, en asociación con la Secretaría Especial de Derechos Humanos, cinco casos de violación contra mujeres brasileñas, que son actualmente objeto de examen por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero todavía no se ha llegado a una posición oficial sobre ninguno de ellos. Sea como fuere, el Gobierno brasileño y la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer están haciendo todo lo que está en su poder para intensificar las medidas destinadas a disuadir los actos de violencia contra la mujer, con el fin de evitar que se lleven nuevos casos ante los tribunales de derechos humanos.
En relación con lo que hace el Estado para responder a este problema, es decir, acerca de la aplicación de la ley, incluida la información sobre el enjuiciamiento y condena de los autores de actos violentos contra mujeres, cabe recordar que la Constitución Federal brasileña establece la separación de poderes. Por consiguiente, los delitos de violación de los derechos de la mujer son competencia de los tribunales estatales y pueden llegar, en definitiva, al Tribunal Superior de Justicia, la última instancia de la judicatura.
También cabe mencionar que, el 6 de marzo de 2007, el Consejo Nacional de Justicia aprobó la recomendación No. 9, en la que se propone instituir tribunales de justicia especializados en casos de violencia doméstica y familiar contra la mujer. La Ley 11340, la Ley Maria da Penha , contempla la creación de tribunales especializados para prestar asistencia a las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica y familiar. Esta recomendación propone igualmente que los tribunales introduzcan en sus bases de datos información estadística sobre casos de violencia doméstica, patrocinen cursos multidisciplinarios sobre derechos humanos y violencia de género para cualificar a los jueces, así como incorporar la judicatura en los demás servicios de la red de asistencia a la mujer.
Por último, cabe señalar que los estados están adoptando medidas para recopilar datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer. Un ejemplo de ello son las ediciones del Expediente de la Mujer publicadas por el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro. Esta publicación contiene artículos e información sobre delitos de violación, abusos deshonestos violentos, lesiones físicas atroces, así como homicidios y amenazas de las que las mujeres son víctimas en el estado. El primer número de Expediente de la mujer publica datos correspondientes a 2004 y 2005, mientras que el segundo publica datos relativos a 2006.
Vida política y pública
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre los proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso Nacional para modificar la Ley No. 9.504, de 30 de septiembre de 1997, por la que se estableció un sistema de cuotas (página 45).
Actualmente tiene lugar un debate sobre la introducción de modificaciones a la Ley 9504/1997 en el contexto más amplio de la reforma propuesta del sistema político brasileño. La reforma política brinda una oportunidad única para realizar cambios en los procesos políticos. En un sentido más amplio, esta reforma abarca la revisión de las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad; las normas de funcionamiento de los partidos políticos; las normas que rigen las elecciones y los procesos decisorios; e incluye el control del presupuesto público, concesiones de radio y televisión, y la estructura y el funcionamiento del poder judicial. Abre la posibilidad de mejorar y democratizar el sistema político y las formas de participación y representación políticas.
El proyecto de ley 2679/2003 (adjunto al proyecto de ley 5268/2001) recoge la propuesta de legislación que comprende el mayor número de temas y que ha sido aprobada por la Comisión Especial de Reforma Política, establecida exclusivamente para abordar esta cuestión. Asimismo, prevé la introducción de cambios en las disposiciones del Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral.
Entre los cambios contemplados se incluyen los siguientes: reservar un 30% como mínimo y un 70% como máximo de las candidaturas presentadas por cada partido político o coalición para personas de distinto sexo, respetar la cuota de género de las listas cerradas de los partidos o federaciones para asegurar que por cada tres lugares de estas listas uno corresponda a una persona de género distinto a los otros dos o una alternancia del 50%; dedicar al menos un 20% o 30% de los espacios publicitarios gratuitos para los partidos políticos en radio y televisión a la promoción y difusión de la participación política de la mujer; y dedicar al menos un 30% del 20% mínimo [de recursos] canalizado a las fundaciones o instituciones de partidos a los sectores del partido que se dedican a alentar y estimular la mayor participación de la mujer (el equivalente al 6% de los fondos de los partidos).
La reforma ofrece una gran oportunidad para propiciar la profundización de la democracia y la inclusión política de los sectores insuficientemente representados. Con el fin de intensificar este debate, la participación de la mujer ha sido señalada como uno de los principales temas que deberán examinarse en la Segunda Conferencia Nacional sobre Políticas para la Mujer, prevista para agosto de 2007.
|
Mujeres en cargos de responsabilidad en el Brasil - 2007 |
|||||
|
Poder legislativo |
Mujeres |
Hombres |
Total |
||
|
Número |
% |
Número |
% |
100% |
|
|
Senado |
10 |
12,34 |
71 |
87,66 |
81 |
|
Cámara de Diputados |
45 |
8,77 |
468 |
91,23 |
513 |
|
Asambleas estatales |
123 |
11,61 |
936 |
88,39 |
1 059 |
|
Ayuntamiento |
6 556 |
12,65 |
42 252 |
87,35 |
51 808 |
|
Mujeres en cargos de responsabilidad en el Brasil - 2007 |
|||||
|
Poder ejecutivo |
Mujeres |
Hombres |
Total |
||
|
Número |
% |
Número |
% |
100% |
|
|
Presidente de la República |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
|
Gobierno del estado y del distrito federal |
4 |
14,81 |
23 |
85,19 |
27 |
|
Gobierno municipal |
418 |
7,52 |
5 141 |
92,48 |
5 559 |
¿Cuántas candidatas han asistido a los cursos prácticos sobre creación de capacidad para mujeres candidatas organizados por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer (SPM) (página 45) y cómo han repercutido éstos en el aumento de la participación política de la mujer?
No disponemos de información acerca del número de candidatas que asistieron a los cursos prácticos sobre creación de capacidad patrocinados por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer. La propia Secretaría no organiza actividades de creación de capacidad, sino que las financia. Consideramos que, hasta la fecha, los resultados de estos cursos prácticos han sido modestos.
La Secretaría Especial de Políticas para la Mujer y el Consejo Nacional de Políticas para la Mujer creen que es necesario un debate más profundo y permanente sobre este tema, lo que les ha llevado a adoptarlo como uno de los principales lineamientos de la Segunda Conferencia Nacional sobre Políticas para la Mujer.
Según el informe (páginas 50 y 51), en los últimos años se ha producido “una ligera reducción del número de mujeres que ingresan a la carrera diplomática”, y “la mayoría de mujeres diplomáticas sólo alcanza el nivel intermedio de la carrera.” Sírvanse informar si se han adoptado medidas para lograr una participación equilibrada de la mujer en el servicio exterior, incluso al más alto nivel.
Hasta ahora, el Gobierno brasileño no ha adoptado medidas concretas para aumentar el número de mujeres en la carrera diplomática. Cabe recordar, no obstante, que la información que figura en la página 47 del sexto informe periódico presentado por el Brasil en abril de 2005, en el que se señala que se ha producido “en los últimos años: una ligera reducción del número de mujeres que ingresan a la carrera diplomática”, resulta algo vaga. El descenso proporcional del número de mujeres se dio en un examen público de admisión concreto –el de 2003– pero el porcentaje de mujeres que ingresan en la carrera diplomática se ha mantenido estable desde la década de 1980, con variaciones entre un año y otro, pero en torno a un 20%. En diciembre de 2006, las mujeres representaban un 19,99% del número total de diplomáticos brasileños.
Sin embargo, no cabe duda de que el hecho de que se haya mantenido este porcentaje a lo largo de los últimos 30 años es un problema. El porcentaje de mujeres en el número total de graduados en la enseñanza superior ha aumentado drásticamente en este período y en 2000 incluso superó el porcentaje de hombres. Este fenómeno se debería haber reflejado en el número de mujeres en el servicio diplomático, como ha sucedido en otras carreras, pero todavía no se ha hecho.
En relación con el ascenso de las mujeres diplomáticas, cabe destacar el elevado número de mujeres que han sido ministras de primera clase (el más alto de la carrera) en los últimos cuatro años. Como se indica en el informe, en 2003, las mujeres representaban tan sólo un 6,1% del total de ministros de primera clase. En marzo de 2007, este porcentaje había pasado al 8,7%, que, aunque sigue siendo bajo, revela un aumento significativo en los últimos tres años. A este respecto, cabe destacar el nombramiento de la Embajadora Maria Luisa Viotti como Jefa de la Delegación Permanente de Brasilia ante las Naciones Unidas.
En el informe (página 45) se señala que, “en los puestos de la más alta categoría [de los tribunales], que se ocupan a través de nombramientos, la presencia de la mujer sigue siendo bastante limitada. ¿Cuáles son las causas de esta situación y cómo prevé el Estado Parte hacerles frente? En particular, ¿qué medidas se están aplicando para asegurar que las mujeres puedan ser nombradas para dichos puestos en igualdad de condiciones con el hombre?
El hecho de que la designación de los cargos de alto nivel de la judicatura se realice por nombramiento constituye uno de los mayores obstáculos para que un mayor número de mujeres ocupen dichos cargos, ya que sigue prevaleciendo una tradición dominada por los hombres. Se han adoptado algunas iniciativas, pero no han sido suficientes para vencer la resistencia de la propia judicatura, como lo demuestra el intento de establecer cuotas de mujeres. Así pues, el acceso de las mujeres a estos cargos de alto nivel ha sido muy lento.
Sin embargo, cabe señalar que la Presidenta del Tribunal Supremo Federal es actualmente la Ministra Ellen Gracie , y que el Presidente de la República nombró recientemente a la juez Maria Elizabeth Guimarães, lo que la convirtió en la primera mujer integrante del Tribunal Militar Superior.
Número de jueces |
|||||
|
Poder judicial |
Mujeres |
Hombres |
Total |
||
|
Número |
% |
Número |
% |
100% |
|
|
Tribunal Supremo Federal |
2 |
18,18 |
9 |
81,82 |
11 |
|
Tribunal Superior de Justicia |
5 |
14,28 |
27 |
85,72 |
32 |
|
Tribunal Superior del Trabajo |
2 |
10,52 |
16 |
89,48 |
19 |
|
Tribunal Superior de Elecciones |
0 |
0 |
7 |
100 |
7 |
|
Tribunal Militar Superior |
1 |
6,66 |
15 |
93,44 |
15 |
Una iniciativa importante adoptada recientemente por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer y el Consejo Nacional de Políticas para la Mujer fue la inclusión de la participación de la mujer en cargos de responsabilidad como uno de los principales temas de la Segunda Conferencia Nacional sobre Políticas para la Mujer.
Educación
Considerando la conclusión (página 53) de que “la cultura de dominio del hombre orienta a hombres y mujeres hacia determinadas profesiones”, ¿qué medidas ha adoptado o prevé adoptar el Gobierno para corregir esta tendencia y promover la diversificación de las opciones académicas y profesionales?
Por lo que respecta a la responsabilidad del Ministro de Educación, el Plan Nacional de Políticas para la Mujer (2004) contempla como uno de sus objetivos la inclusión de directrices sobre género, raza y origen étnico en la formación profesional y tecnológica (acción 2.1.14). En 2006, el Ministerio de Educación calificó de prioritaria esta acción, precisamente en vista de las deficiencias en esta esfera.
Para aplicar esta iniciativa –exclusivamente desde una perspectiva de género (puesto que el componente étnico y racial ya se ha reflejado en las directrices nacionales previstas en la Ley 10639/2004)– el Comité Nacional de Supervisión y Coordinación del Plan Nacional de Políticas para la Mujer y la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer pusieron en marcha campañas de sensibilización en 2006. Estas acciones van dirigidas a los responsables de la Secretaría de Formación Profesional y Tecnológica del Ministerio de Educación, a fin de que tomen conciencia de la importancia de adoptar medidas relacionadas con el género.
Un evento concreto en este marco fue la exposición oral sobre el género y su relación con la capacitación de mujeres y hombres, dirigida a los administradores y profesores de formación profesional y tecnológica, que se realizó en la Conferencia Nacional sobre Educación Profesional y Tecnológica, celebrada en Brasilia del 5 al 8 de noviembre de 2006. Uno de los objetivos del evento era reflexionar sobre la directrices nacionales relativas a la formación profesional y tecnológica, alentando el diálogo entre los diversos agentes involucrados.
No obstante, hasta la fecha, el Ministerio de Educación no ha publicado directrices ni ha anunciado medidas relacionadas con los planes de estudios o las prácticas de los establecimientos de educación secundaria técnica y profesional o los centros de educación superior, destinadas a reducir la segregación de los géneros en diversas carreras profesionales y trayectorias académicas. Es importante señalar que los estados, municipios, escuelas y universidades tienen planes de estudios autónomos, con sujeción a las normas y directrices generales establecidas por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, de conformidad con la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional.
Para abordar este problema, el Ministerio de Educación ha adoptado, en asociación con la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer, una serie de iniciativas, entre las que figuran los programas “El género y la diversidad en la escuela” y “La mujer y la ciencia”.
El programa “El género y la diversidad en la escuela” tiene por objeto cualificar a los educadores de las escuelas públicas que imparten clases de 5º a 8º grado de educación básica en lo que respecta a cuestiones de género, sexualidad e igualdad étnica y racial. Este curso, de 200 horas de duración, se realizó en forma de proyecto piloto en los municipios de Porto Velho, RO; Salvador, BA; Dourados, MS; Maringá, PR; Nova Iguaçu, RJ; y Niterói, RJ; y contó con la asistencia de 1.200 profesores del sistema de educación pública.
La amplia aceptación del programa y los conocimientos adquiridos por los profesionales de la educación, así como la innovadora metodología utilizada, tuvieron repercusiones a escala nacional, y varios estados expresaron el deseo de ejecutar el proyecto en su región. Asimismo, el programa despertó el interés de Egipto, Inglaterra, Escocia, Irlanda y Chile, países en los que se ha presentado el proyecto.
Actualmente, el curso sobre “El género y la diversidad en la escuela” se está integrando en el programa Universidad Abierta (un proyecto innovador del Ministerio de Educación, por el que se crean centros de apoyo a la educación superior con el fin de democratizar la educación). Además, este proyecto también se ejecutará en varios estados, en asociación con el gobierno y las universidades de cada región.
El principal objetivo del programa consiste en ofrecer elementos para transformar las prácticas pedagógicas, eliminar prejuicios y romper su ciclo de reproducción en la escuela. Tras asistir a este curso, los profesionales contarán en su rutina cotidiana con herramientas para reflexionar sobre las actitudes y comportamientos en los que intervienen cuestiones de género, relaciones étnicas y raciales, y la sexualidad, y adoptar medidas al respecto.
El programa “La mujer y la ciencia” fue concebido por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer, en asociación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y el UNIFEM. Su finalidad es recalcar la importancia de la investigación y alentar la adquisición y difusión de nuevos conocimientos en la esfera de los estudios sobre las relaciones de género, la mujer y el feminismo.
En la primera edición del programa, en 2005, se incluyó la Ley No. 45/2006 sobre el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica, por la que se concedía una subvención de 1,2 millones de reales en apoyo a la investigación en la esfera de los estudios sobre cuestiones de género, la mujer y el feminismo; se creó un Primer Premio del concurso de ensayos para estudiantes de secundaria y de artículos científicos para estudiantes universitarios y de postgrado sobre el tema “Establecer la igualdad entre los géneros”; y se celebró un Encuentro Nacional de Centros y Grupos de Investigación sobre “Perspectivas de género y ciencia”.
La segunda edición del premio “Establecer la igualdad entre los géneros” tuvo lugar en 2006. En 2007, la tercera edición del programa “La mujer y la ciencia” concederá el tercer premio “Establecer la igualdad entre los géneros”, y el Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica organizará el segundo concurso público en apoyo a la investigación en la esfera de los estudios sobre cuestiones de género, la mujer y el feminismo.
El Ministerio de Trabajo y Empleo también está aplicando iniciativas, y prestó un apoyo estratégico a las políticas que promueven la diversidad y la eliminación de todas las formas de discriminación. El Sistema Público de Trabajo, Empleo e Ingresos, Economía Solidaria y Relaciones Laborales aplica estas políticas en el marco de varios programas, con el fin de supervisar el cumplimiento de las normas relativas a la protección de los trabajadores, y ampliar y mejorar la red de lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo, en el mismo orden de ideas que el programa “Brasil, género y raza”.
Este programa, paralelamente con la lucha contra otros tipos de discriminación en el lugar de trabajo, incorpora cuestiones de género y raza entre sus acciones prioritarias, como ilustran los hitos institucionales que representan las Conferencias Nacionales celebradas por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer (SPM) en 2004, la Secretaría Especial de Políticas para Promover la Igualdad Racial (SEPPIR) en 2005, y la Conferencia sobre Derechos Humanos celebrada por la Secretaría Especial de Derechos Humanos en 2004.
El objetivo consiste en cumplir las normas constitucionales que reflejan los compromisos asumidos por el Brasil en la esfera internacional, especialmente el Convenio No. 100 de la OIT, ratificado en 1957, el Convenio No. 111 de la OIT, ratificado en 1968, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada en 1984.
El programa se está ejecutando en los 27 estados de la Federación, así como en las Oficinas regionales de trabajo principal y secundaria, por Centros para la promoción de la igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación, creados por la Orden Administrativa No. 604 del Ministerio de Trabajo y Empleo, de 1 de junio de 2000.
Cabe mencionar igualmente la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades en el Trabajo sin Distinción de Género o Raza, creada por el Ministerio de Trabajo y Empleo mediante decreto con fecha de 20 de agosto de 2004, con los siguientes objetivos: debatir y presentar propuestas de políticas públicas sobre igualdad de oportunidades y trato, así como sobre la lucha contra todas las formas de discriminación por motivos de género y raza en el lugar de trabajo; impulsar la incorporación de las cuestiones raciales y de género en los programas y en la ejecución, supervisión y evaluación de las actividades que realiza el Ministerio de Trabajo y Empleo; alentar y secundar las iniciativas parlamentarias en este ámbito; y apoyar y alentar las iniciativas adoptadas por órganos y entidades, incluida la sociedad civil, así como promover la difusión de la legislación correspondiente.
En el informe (página 24) se indica que el Comité Interministerial de Políticas de Acción Afirmativa “elaboró el proyecto de ley 3.627/04, que se examina actualmente en la Cámara de Representantes, y que establece el Sistema Especial de Vacantes en las instituciones públicas federales de educación superior para alumnos graduados de las escuelas públicas, en particular para las comunidades indígenas y negras”. Sírvanse facilitar información actualizada sobre este proyecto de ley y si ya se ha aprobado. ¿Está previsto en la legislación el establecimiento de cuotas concretas para la mujer y cuál es el efecto que se espera lograr con esta legislación?
El proyecto de ley 3627/04, elaborado a partir de las propuestas formuladas por la sociedad civil a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura y presentado al Congreso Nacional el 20 de mayo de 2004, se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobado por unanimidad por su Comisión de Educación, Derechos Humanos y Minorías y la Comisión de Justicia. En el debate del proyecto de ley se ha instado a la sociedad brasileña a que reflexione sobre el racismo y la discriminación racial. La fuerte resistencia ha atrasado las deliberaciones.
Este proyecto de ley, que no prevé cuotas para las mujeres, establece que el 50% de las vacantes que deberán cubrirse mediante exámenes públicos de admisión a los centros públicos de educación superior deben reservarse a estudiantes que hayan completado la educación secundaria en escuelas públicas. Un porcentaje mínimo de estas plazas deberán ocuparlo estudiantes que se identifiquen como negros o indígenas, conforme al porcentaje de personas negras, de ascendencia africana (mulatos) e indígenas de la población del estado en que estén ubicados dichos centros. Cabe recordar que las mujeres ya representan la mayoría de las personas que ingresan y se gradúan en la universidad en el Brasil.
Por consiguiente, el efecto que se espera de esta legislación es una reducción de la desigualdad en el acceso a la educación superior por motivos de ingresos (en el Brasil, los estudiantes que asisten a las escuelas públicas secundarias proceden de las capas más pobres de la población) y de la discriminación por motivos de origen étnico o raza. Las cifras del Ministerio de Economía indican que los negros (negros y mulatos), que representan el 46,9% de la población del país, tan sólo ocupan un 24,1% de las plazas de los centros de educación superior (“Cor e Raça da Educação Superior Brasileira.” Brasil, INEP, 2005).
En el informe (página 57) se señala que “[l]a exclusión educacional de las mujeres de más edad y de las carentes de recursos económicos sigue siendo notoria y habría que formular políticas específicas en ese ámbito. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres analfabetas va en aumento progresivo en el grupo de las mayores de 40 años.” En el informe (página 58) se señala también que “[h]ay una subrepresentación de mujeres negras e indígenas (así como de hombres)”. Sírvanse describir si el Gobierno ha adoptado políticas concretas para incrementar la tasa de alfabetización y mejorar la educación de las mujeres de más edad y de las carentes de recursos económicos, en particular las mujeres negras e indígenas. Sírvanse indicar también si la aplicación de dichas políticas ha dado resultados.
El Ministerio de Educación, a través del programa Brasil Alfabetizado, no ha adoptado ninguna medida concreta para aumentar la tasa de alfabetización y mejorar la educación de las mujeres de más edad y de las carentes de recursos económicos, aunque un gran número de personas que se han acogido al programa son mujeres.
Las mujeres negras e indígenas, independientemente del grupo de edad al que pertenezcan, reciben asistencia indirecta a través de políticas de mejora de la educación dirigidas a los siguientes grupos y/o territorios: poblaciones indígenas / ampliación del acceso a la educación en las tierras indígenas; poblaciones quilombolas y ampliación del acceso a la educación en las tierras quilombolas restantes, ocupadas principalmente por descendientes de esclavos.
Empleo
¿Cuántas mujeres se han visto beneficiadas por el Programa para Promover la Autonomía Económica de la Mujer en la Esfera Laboral y el Programa para Combatir la Pobreza mencionados en el informe (página 65), y qué resultados han dado en lo que respecta a la prevención de la pobreza de la mujer?
El objetivo del Programa para Promover la Autonomía Económica de la Mujer en la Esfera Laboral es apoyar las iniciativas destinadas a capacitar a las mujeres y crear capacidades con vistas a promover la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, así como alentar la ejecución de proyectos dirigidos a la autonomía económica de la mujer, con el fin de establecer valores de referencia para las acciones gubernamentales en la esfera del empleo, el trabajo y los ingresos, como las incubadoras, cooperativas y asociaciones.
En 2004 se prestó apoyo a un total de 23 proyectos, lo que permitió capacitar a 6.600 mujeres en todo el país. En 2005 se prestó apoyo a otros 23 proyectos, y más de 2.000 mujeres recibieron capacitación en 8 estados. En 2006, la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer respaldó 39 proyectos, por los que se vieron beneficiados directamente 2.170 mujeres de 14 Estados. En los últimos 3 años, el programa para fomentar la capacitación de la mujer en el mercado laboral benefició directamente a 10.170 mujeres.
En cuanto al Programa de Subsidio Familiar, las estadísticas del Registro Único de la Secretaría Nacional de Renta y Ciudadanía del Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre revelan que 11,1 millones de familias de todos los municipios del país se benefician de este programa. Cabe destacar que un 95% de las prestaciones se abonan a mujeres. En el anexo 4 figura información general sobre este programa.
Se están empezando a evaluar los efectos que ha tenido el programa en la vida de las mujeres. Para ello, se ha llevado a cabo una encuesta sobre el Programa de Subsidio Familiar [Bolsa Família] titulada “La lucha contra las desigualdades de los géneros”, realizada por la ONG Ações em Gênero e Cidadania, que se presentó al Ministerio de Desarrollo Social y al Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). En el marco de esta encuesta, se recopiló información sobre el terreno en 10 municipios entre marzo y junio de 2006.
Uno de los resultados de la encuesta apunta al refuerzo de la autoridad y situación general del beneficiario en el hogar, ya que los ingresos que recibe le colocan en una situación ventajosa frente a los demás miembros de la familia, cuyos puestos de trabajo y salarios son precarios. Cabe recordar que el párrafo 14 de la Ley 10863, por la que se estableció el Programa de Subsidio Familiar [Bolsa Família], prevé que las prestaciones deben pagarse preferiblemente a mujeres, con arreglo a la reglamentación.
Asimismo, esta encuesta identifica tres tipos definidos de efectos que el Programa ha tenido en la vida de las mujeres beneficiarias. El primero consiste en su visibilidad en tanto que consumidoras. Tanto las funcionarias gubernamentales como las beneficiarias señalan que el hecho de que sean titulares de una tarjeta y reciban ingresos fijos mensuales constituye una importante ventaja, ya que su poder adquisitivo ha aumentado con ello.
El segundo efecto observado sobre el terreno es la afirmación de la autoridad de estas mujeres en la esfera doméstica. Existen claros indicios de que el poder adquisitivo que concede el Subsidio Familiar está generando cambios en la jerarquía familiar, como lo refleja el hecho de que las mujeres puedan tomar decisiones y, en particular, negociar su autoridad en el hogar.
El tercer efecto está relacionado con la percepción de las mujeres de que forman parte de la ciudadanía brasileña. Al verse obligadas a obtener determinados documentos, como partidas de nacimiento y documentos de identidad para registrarse y solicitar el Subsidio Familiar, muchas de ellas, sobre todo en las zonas rurales, se dieron cuenta de que pertenecen en cierto modo a un amplio tejido social que va más allá de su vecindario o distrito.
Según el informe (página 68), “se examinará la legislación [relativa al trabajo doméstico] para hacer extensivos todos los derechos laborales a los trabajadores domésticos”. Sírvanse proporcionar más información sobre este proceso, si la legislación ha entrado ya en vigor y cómo ha repercutido en la promoción y protección de los derechos laborales de la mujer.
Para alentar la formalización del trabajo doméstico, el gobierno federal promulgó la medida provisional 284 en marzo de 2006, que fue adoptada en agosto de 2006 en la Ley 11324. Esta Ley permite a los contribuyentes que contraten a un empleado doméstico deducir de su declaración fiscal un 12% de su cotización a la Seguridad Social en concepto de aportación patronal. Actualmente existen en el país 6,5 millones de empleadas de servicio doméstico, de las cuales 4,8 millones forman parte del mercado de trabajo no estructurado.
La nueva legislación (elaborada conjuntamente por la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Empleo y la Secretaría Especial de Políticas para Promover la Igualdad Racial ) establece que el empleador puede beneficiarse de una deducción del impuesto sobre la renta sobre un sueldo mínimo de un único empleado doméstico, empezando con la declaración de 2006.
Para informar a la población, la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer lanzó una campaña nacional radiofónica en marzo de 2006 sobre el incentivo que concede el gobierno federal para incorporar a las empleadas de servicio doméstico al mercado de trabajo estructurado y valorar su trabajo. Del 27 de marzo al 10 de abril de 2006, las 79 emisoras de radio AM y FM de mayor audiencia difundieron 2 anuncios radiofónicos de 30 segundos dirigidos a las empleadas de servicio doméstico y sus empleadores, en los que se ilustraban los beneficios de esta medida y la importancia de poseer una cartilla firmada por el trabajador.
Asimismo, la Ley 11324 garantizó nuevos derechos a los empleados domésticos a resultas del intenso debate entre el Ejecutivo y el Congreso, y con las asociaciones y sindicatos de empleados domésticos. Con esta nueva ley, las empleadas de servicio doméstico adquieren el derecho de disfrutar de 30 días de vacaciones anuales, un descanso semanal remunerado en domingo y días festivos, y de conservar su puesto de trabajo desde la confirmación de su embarazo hasta 5 meses después del parto. El empleador ya no puede deducir del sueldo del empleado los gastos de alimentación, vivienda y artículos de higiene.
Como complemento de esta nueva ley, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley 7363/2006, por el que se modifica el texto del artículo 3-A de la Ley 5859, de diciembre de 1972, que regula la profesión de los empleados domésticos y establece su inclusión en el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS). Este proyecto de ley está siendo examinado por la Cámara Baja del Parlamento y ya ha sido aprobado por la Comisión sobre la Constitución, la Justicia y la Ciudadanía (CCCJ).
Por último, la Comisión de Trabajo, Administración y Función Pública aprobó en marzo de 2007 una alternativa del Senado al proyecto de ley 1652/03, patrocinada por el congresista Luiz Alberto (PT-BA), por la que se suprime la obligación de presentar un certificado de buen comportamiento del empleado doméstico. Este proyecto de ley modifica la ley que regula la profesión de los empleados domésticos (Ley 5859/72).
El proyecto de ley alternativo añade el requisito de que los empleados domésticos presenten un número de registro en la Seguridad Social. Otra novedad es el hecho de que el empleador tendrá 10 días para hacer la inscripción en la cartilla del trabajador del empleado. De no cumplir esta obligación, deberá atenerse a las sanciones previstas en la legislación laboral consolidada. Este proyecto de ley aún debe ser examinado por la Comisión sobre la Constitución, la Justicia y la Ciudadanía y someterse a votación.
Sírvanse proporcionar datos estadísticos sobre la participación de la mujer en el mercado laboral estructurado y no estructurado, desglosados por sector, y por zonas urbanas y rurales, en comparación con los hombres, e indicar las tendencias a lo largo del tiempo. Sírvanse también proporcionar información acerca del salario de las mujeres, en comparación con el de los hombres, en los distintos sectores.
En el anexo 5 figura la información solicitada, extraída del banco de datos sobre el trabajo de las mujeres de la Fundación Carlos Chagas ( http://www.fcc.org.br/mulher/index.html ). Este banco de datos sobre el trabajo de las mujeres en el Brasil recoge series históricas de 1979 en adelante, obtenidas mediante encuestas realizadas por organismos gubernamentales –como las efectuadas por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los Censos Demográficos y las Encuestas Nacionales de Hogares (PNAD); por el Ministerio de Trabajo –como la Relación Anual de Informaciones Sociales (RAIS); por el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto Nacional Anísio Teixeira de Estudios Pedagógicos (INEP), los Censos de Educación Superior y el Censo Escolar.
Salud
La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias (E/CN.4/2005/72) señaló que, pese a las actividades de gran alcance emprendidas por el Gobierno del Brasil en el ámbito de la salud, “se estima que nada menos que el 90% de las mujeres brasileñas que viven en zonas rurales no reciben atención prenatal ni se benefician de los servicios gratuitos porque no tienen medios para trasladarse a los dispensarios situados en las zonas urbanas”. ¿Qué medidas se han adoptado para remediar esta situación? ¿Tiene el Gobierno la intención de establecer dispensarios móviles para prestar servicio a las zonas rurales que carecen de instalaciones sanitarias?
Desde 1950, el Brasil ha experimentado un acelerado proceso de urbanización, hecho que se confirmó en el Censo Demográfico de 2000. El aumento en 26,8 millones de residentes urbanos hizo que la tasa de urbanización pasara del 75,59% de 1991 al 81,23% en 2000. Este incremento se debió fundamentalmente a tres factores: el crecimiento vegetativo de las zonas urbanas, la migración hacia los centros urbanos y la incorporación de zonas previamente clasificadas como zonas rurales. En el contexto mundial, el Brasil presenta un grado de urbanización similar al de Europa, Norteamérica y el Japón, con tasas superiores al 75%. Regiones como Asia y África siguen estando menos urbanizadas (con una tasa inferior al 40%).
En el Brasil, el 96% de los partos tienen lugar en hospitales, y el 83,64% de las mujeres embarazadas se someten a cuatro o más controles prenatales, como se indica en los cuadros que figuran a continuación, lo que viene a contradecir la información según la cual “hasta el 90% de las mujeres brasileñas que viven en zonas rurales no gozan de atención prenatal”. Actualmente, el Gobierno brasileño, por conducto del Ministerio de Salud, no tiene previsto crear dispensarios móviles para prestar servicios en zonas rurales.
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Total de nacimientos por lugar del parto – 2004 |
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|
Municipio |
Hospital |
Otro establecimiento sanitario |
Hogar |
Otro |
Desconocido |
Total |
|
Total |
2 928 155 |
54 792 |
40 707 |
2 661 |
233 |
3 026 548 |
|
Porcentaje |
96,76 |
1,87 |
1,35 |
0,01 |
0,01 |
100 |
Fuente: MS/SVS/DASIS – Sistema de Información de Nacidos Vivos – SINASC
Nacimientos en el hogar de la madre por año, con arreglo a los controles prenatales |
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|
Año |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Total |
% |
|
|
Ninguno |
136 143 |
112 324 |
95 314 |
83 970 |
427 751 |
3,495 |
|
|
De 1 a 3 controles |
345 848 |
322 688 |
300 382 |
283 855 |
1 252 773 |
10,24 |
|
|
De 4 a 6 controles |
1 096 903 |
1 079 806 |
1 056 680 |
1 031 142 |
4 264 531 |
34,84 |
83,64 |
|
7 controles o más |
1 419 062 |
1 463 469 |
1 516 553 |
1 573 185 |
5 972 269 |
48,79 |
Fuente: MS/SVS/DASIS – Sistema de Información de Nacidos Vivos – SINASC
El Ministerio de Salud ha invertido en atención básica, en el marco de la Estrategia de Salud Familiar, con el fin de prestar atención a la población lo más cerca posible de su hogar. Entre las familias que reciben esta atención de los equipos de salud, un 24,21% son familias de zonas rurales, como se indica en el cuadro infra:
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Familias que reciben atención por parte de equipos de salud familiar, por zona de residencia |
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|
Año |
Zonas urbanas |
% |
Zonas rurales |
% |
Total |
|
2003 |
200 351 966 |
74,95 |
66 952 185 |
25,05 |
267 304 151 |
|
2004 |
218 109 864 |
75,85 |
69 437 744 |
24,15 |
287 547 608 |
|
2005 |
224 058 987 |
75,87 |
71 278 781 |
24,13 |
295 337 768 |
|
2006 |
241 702 651 |
76,36 |
74 845 992 |
23,64 |
316 548 643 |
|
Total |
884 223 468 |
75,79 |
282 514 702 |
24,21 |
1 166 738 170 |
Fuente: Ministerio de Salud, Sistema de Información de Atención Básica (SIAB)
Como parte de la Política Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Ministerio de Salud ha prestado apoyo a la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) para la capacitación de multiplicadores en materia de género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Este proyecto prevé la incorporación de metodologías encaminadas a la adopción de un enfoque global respecto del género, los derechos sexuales y reproductivos, la generación, la raza y el origen étnico, y de la territorialidad en las políticas del Movimiento de la Unión de Trabajadores Rurales y en la Política de Salud para la Población Rural. La ejecución del proyecto dio comienzo a principios de abril de 2005, bajo la responsabilidad de la CONTAG, y tendrá una duración de tres años.
Cabe señalar también que, el 8 de marzo de 2004, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Lula anunció un Pacto Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna. Este Pacto se considera un modelo de movilización y diálogo sociales para promover los Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, ya que integra los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– y un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil. Con arreglo al Pacto, el Ministerio de Salud se ha comprometido a proporcionar recursos por un total de 31,17 millones de reales con miras a intensificar las iniciativas de creación de capacidad para el cuidado de mujeres y niños. Hasta la fecha, 71 municipios han presentado proyectos para reducir la mortalidad materna y neonatal.
Además, se celebraron 26 seminarios estatales (sólo se abstuvo el estado de São Paulo) para elaborar planes de acción, así como 4 reuniones de la Comisión Nacional de Vigilancia y Evaluación de la Aplicación del Pacto Nacional, a las que asistieron 34 representantes de la sociedad civil y del Gobierno.
El Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (E/CN.4/2004/9/Add.2) expresó su preocupación por la situación del aborto e indicó que sólo 44 centros de todo el país realizaban abortos, lo que obligaba a muchas mujeres a someterse en secreto a esta práctica, poniendo su vida en peligro. Ello supone denegar a la mujer el derecho a la salud. Sírvanse facilitar los datos disponibles sobre el número de mujeres que han fallecido como resultado de abortos practicados en condiciones peligrosas y las medidas previstas para hacer frente a este problema, teniendo en cuenta que el aborto está permitido en virtud de las secciones I y II del artículo 128 del Código Penal del Brasil.
La práctica ilegal del aborto en el Brasil impide que existan estadísticas fiables para formular políticas públicas más precisas y concretas que tengan en cuenta las distintas realidades regionales y los grupos de edad con mayor prevalencia de embarazos no deseados. En 2006 se practicaron 2.067 abortos legales, de conformidad con el artículo 128 del Código Penal brasileño, que trata sobre el riesgo de la vida de la madre y los embarazos resultantes de violaciones.
En el período comprendido entre 2004 y 2006, el Sistema Único de Salud registró 243.988 (2004), 241.019 (2005) y 222.135 (2006) mujeres que se habían sometido a un curetaje tras un aborto. Dicha práctica es el segundo procedimiento obstétrico más común en los hospitales y dispensarios, superado únicamente por el parto natural (eutocia). Desde el punto de vista financiero, representa aproximadamente 35 millones de reales anuales. Las tasas de mortalidad debidas al aborto son más elevadas entre las mujeres de ascendencia africana.
La mortalidad materna es un indicador fiable para evaluar las condiciones de salud de la población y refleja las perversidades existentes. La muerte de mujeres en edad de procrear como consecuencia de embarazos, abortos, partos e infecciones puerperales puede evitarse en gran medida. Una alta tasa de mortalidad materna (TMM) es indicio de unas condiciones socioeconómicas precarias, un bajo nivel de información y escolarización, una dinámica familiar asociada a la violencia doméstica y un acceso especialmente difícil a servicios de salud de calidad.
La estabilización de la tasa de mortalidad materna a partir de 2000 puede estar vinculada a la mejora de la calidad de la atención obstétrica y a la planificación familiar. Sin embargo, las cifras registradas en el Brasil –74,5 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos (con un factor de corrección de 1,4)– indican que la situación sigue siendo inaceptable, ya que la tasa de mortalidad materna en los países desarrollados oscila entre 6 y 20 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos (Fuente: Saúde Brasília 1005 – Uma análise de situação de saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, Brasil).
Entre 2002 y 2004 se produjeron 115, 152 y 156 muertes anuales provocadas por abortos, lo que hace que el aborto constituya la cuarta causa de mortalidad materna en el Brasil. A finales de 2002 existían 82 unidades hospitalarias dotadas de equipos para prestar atención a mujeres que habían sido víctimas de violaciones. Éstas se concentraban en las capitales y zonas metropolitanas del sur y sureste, y 42 de esas unidades realizaban abortos autorizados por la ley. En 2003 se fijó el objetivo de aumentar en un 30% el número de servicios para prestar atención a mujeres en situaciones de violencia. Para ello, el Ministerio de Salud invirtió 1.552 millones de reales entre 2004 y 2005 para la creación de 41 nuevas Redes de Asistencia Integral para Mujeres y Adolescentes en Situación de Violencia Doméstica y Sexual en los municipios con los peores indicadores de violencia. Actualmente funcionan 142 servicios, que cubren todas las regiones del país. Así pues, el Brasil ha superado el objetivo establecido, ya que el número de servicios ha aumentado un 48%.
Con el fin de reducir la mortalidad materna, el Ministerio de Salud ha adoptado medidas para la cualificación en la atención obstétrica, la planificación familiar y la prestación de atención a mujeres en situación de violencia. En el transcurso del gobierno actual, el Ministerio ha revisado el Manual sobre la prevención y el tratamiento de daños resultantes de la violencia contra mujeres y adolescentes, y ha preparado manuales sobre la anticoncepción de emergencia y sobre los aspectos legales de la atención a víctimas de la violencia sexual.
El Ministerio de Salud ha diseñado, en asociación con la Secretaría Especial de Políticas para la Mujer y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, una Matriz Pedagógica para la Formación de Redes, que consiste en una serie de información en torno a instrumentos teóricos y mejoras técnicas, y el perfil y la formación profesional necesarios para prestar una atención integral a las mujeres y adolescentes en situación de violencia doméstica y sexual. También ha redactado una Norma Técnica de Atención Humanizada al Aborto, además de sensibilizar a 1.787 profesionales de la salud de las principales maternidades del país.
Este año, el Ministerio de Salud ha financiado investigaciones para trazar el perfil de la atención prestada a mujeres en situación de violencia, con el fin de reunir aportaciones para formular estrategias encaminadas a mejorar la implementación de estas redes.
Otra estrategia elaborada con vistas a crear Redes de Atención Integral para Mujeres y Adolescentes en Situación de Violencia Doméstica y Sexual fue la promoción de seminarios macrorregionales, cuya finalidad consiste en identificar los avances logrados y las dificultades a las que se enfrentan los administradores y los servicios de salud que atienden los casos de violencia doméstica y las complicaciones resultantes de la violencia sexual. Esta iniciativa preveía la coordinación de administradores en los tres niveles de gobierno y el Hospital de Referencia de Atención Integral para Mujeres y Adolescentes en Situaciones de Violencia Sexual, a fin de garantizar la prestación de atención, el procesamiento y la prescripción de medicamentos antirretrovirales, vacunas y anticonceptivos de emergencia, así como los procedimientos contemplados en la legislación. El Ministerio de Salud ha regulado la Notificación Obligatoria de casos de violencia en el marco de una iniciativa innovadora.
Se ha reforzado el Programa de Humanización del Parto y el Nacimiento (PHPN) para mejorar la calidad de la atención prenatal. Entre 2003 y 2005, la adhesión de 1.123 municipios al programa elevó a 5.105 el total de municipios que se acogían a éste. En 2002 se registraron 485.023 mujeres embarazadas, de las cuales 26.346 finalizaron todos los procedimientos. En 2005, el número de mujeres embarazadas aumentó a 1.999.176, de las cuales 310.716 completaron todos los procedimientos.
Para elevar el nivel de la atención obstétrica, el Ministerio de Salud celebró 2 seminarios nacionales y 29 seminarios estatales sobre atención obstétrica y neonatal humanizada basada en pruebas científicas. A estos seminarios asistieron 1.787 profesionales, entre los que se encontraban directores y jefes de los Departamentos de Obstetricia y Neonatología y de Enfermería Obstétrica de las 439 principales maternidades de todos los estados brasileños.
Durante el primer mandato del Gobierno, el Ministerio de Salud aumentó las cantidades abonadas por el Servicio Único de Salud por un parto natural (de 205 reales en 2002 a 291,15 reales en 2004), por una cesárea (de 337 reales en 2002 a 402,83 reales en 2004) y por una mamografía (de 30,12 reales en 2002 a 36,10 reales en 2004).
El Gobierno también ha regulado la Ley sobre personas de compañía, que establece una remuneración diaria de 6 reales por una persona de compañía y fija un plazo máximo de 6 meses para que los hospitales se adapten a la ley y cumplan esta medida encaminada a humanizar la atención dispensada.
El Ministerio de Salud ha respaldado la capacitación de 370 Doulas de la comunidad, que acompañan a las parturientas y realizan actividades de apoyo durante el parto en 13 estados. También ha prestado apoyo técnico y financiero a escuelas de enfermería de todos los estados para ofrecer 34 cursos de especialización en obstetricia.
Con el fin de mejorar la calidad de la atención dispensada en los partos en el hogar, el Ministerio de Salud también ha prestado apoyo técnico y financiero a la capacitación de 85 multiplicadores profesionales de la salud para que trabajen como instructores, y de 904 comadronas tradicionales en los estados de Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Maranão, Alagoas, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso (Distrito Sanitario Indígena Xavante). Asimismo, organizó tres programas de capacitación dirigidos a preparar a comadronas para que faciliten la prevención de las ETS, el VIH/SIDA y la hepatitis vírica, así como a preparar a profesionales de la salud y comadronas tradicionales para que se ocupen de la salud sexual y reproductiva en el Alto Juruá, en el estado de Acre, y en Mamirauá y Amaná, en el estado de Amazonas.
El Ministerio de Salud también lanzó una Campaña nacional para alentar el parto natural y reducir las cesáreas innecesarias. Uno de los aspectos innovadores de esta campaña era la participación del sector privado, en el cual se practica el mayor número de cesáreas, a través de la Agencia Nacional de Salud Complementaria.
El Ministerio de Salud publicó en 2006 un estudio sobre la mortalidad de mujeres de entre 10 y 49 años de edad, en el que hacía especial énfasis en la mortalidad materna. Este estudio, que fue coordinado por el distinguido profesor Ruy Laurenti y sus colaboradores, resultó fundamental para definir las estrategias y acciones en el marco de la Política Nacional de Atención Integral para la Salud de la Mujer. El Ministerio también prestó apoyo financiero para llevar a cabo 38 estudios sobre mortalidad materna y neonatal. Aumentó la prestación de métodos anticonceptivos reversibles para satisfacer las necesidades de 5.235 municipios, lo que supuso una inversión de 27 millones de reales. En 2002 se habían gastado 7,8 millones de reales.
Entre 2003 y 2005, el Ministerio de Salud acreditó 418 nuevos servicios para la ligadura de las trompas de Falopio, lo que elevó a 686 el total de estos servicios y permitió superar así el objetivo del 50% que habría representado 129 servicios.
La Relatora Especial sobre el derecho a la educación (E/CN.4/2005/50) señaló que en el Brasil se registraban entre 50 y 100 nacimientos por cada 1.000 muchachas con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir los embarazos no deseados entre las adolescentes y los efectos de dichas medidas a lo largo del tiempo.
Todas las medidas adoptadas para alentar la organización de la planificación reproductiva en los servicios contemplan los aspectos específicos que presentan los adolescentes. Además de estas medidas, en agosto de 2003 se presentó un Programa Escolar de Salud y Prevención. Este programa fue elaborado conjuntamente por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y su propósito es reducir la vulnerabilidad de los adolescentes a las enfermedades de transmisión sexual, a la infección por el VIH y a los embarazos no deseados, haciendo hincapié en la promoción de la salud a través de acciones educativas de prevención y un mayor acceso a los anticonceptivos masculinos.
El programa pretende reforzar la creación de capacidad y la formación permanente de los profesores de educación básica y secundaria en actividades de prevención de las ETS, el VIH/SIDA y los embarazos precoces, y contempla la entrega 52 mm de anticonceptivos masculinos a adolescentes sexualmente activos con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años que estén matriculados en escuelas públicas ordinarias. En 2004, el programa fue objeto de adaptaciones y ajustes, y se reorientó hacia jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 24 años de escuelas básicas y secundarias. Cabe mencionar que el número de adolescentes embarazadas ha disminuido desde 2000.
Mujeres rurales
Según el informe (página 89), “en la página 44 del Plan Nacional de Políticas para la Mujer (PNPM), el gobierno federal anunció el objetivo de conceder 400.000 títulos de propiedad conjuntos, en los casos de tierras pertenecientes a parejas, dentro del total de las familias beneficiarias de la reforma agraria entre 2004 y 2007” . ¿Cuántos títulos de propiedad conjuntos se han concedido hasta la fecha?
En el cuadro que figura a continuación se muestran los datos sobre el Plan Nacional de Políticas para la Mujer relativos a casos de concesión de títulos de propiedad de parcelas, pertenecientes a parejas, a las familias beneficiarias de la reforma agraria entre 2004 y 2007.
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Propietarios de t í tulos asentados por sexo, 2003-2006 |
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Sexo |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
TOTAL |
|
Mujeres |
979 |
37 |
280 |
4 328 |
5 624 |
|
Hombres |
1 079 |
42 |
360 |
4 997 |
6 479 |