Comité de Derechos Humanos

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto

Segundos informes periódicos de los Estados partes

Nepal *

[21 de febrero de 2012]

Índice

Párrafos Página

Lista de abreviaturas y siglas4

I.Introducción1–45

II.Metodología y proceso de consulta56

III.Antecedentes6–76

IV.Marco normativo e institucional para la protección y promoción delos derechos humanos8–357

A.Marco normativo9–207

B.Marco institucional nacional21–3310

C.Alcance de las obligaciones internacionales34–3513

V.Evolución con respecto a los comentarios y las observaciones finales36–8214

VI.Aplicación de artículos específicos del Pacto83–20125

Artículo 1:Derecho a la libre determinación83–8525

Artículo 2:Igual protección de derechos86–9726

Artículo 3:Derecho a la igualdad98–10728

Artículo 4:No derogación de derechos en situaciones de emergencia pública108–11130

Artículo 5:Cláusulas de salvaguardia11231

Artículo 6:Derecho a la vida113–11631

Artículo 7:Derecho a la protección contra la tortura117–12232

Artículo 8:Derecho a protección contra la esclavitud, la servidumbrey el trabajo forzoso123–12734

Artículo 9:Libertad y seguridad de la persona128–13234

Artículo 10:Trato de las personas privadas de libertad133–14035

Artículo 11:Derecho a no ser encarcelado por el solo hecho de no podercumplir una obligación contractual14138

Artículo 12:Derecho a circular libremente142–14338

Artículo 13:No expulsión de extranjeros144–14838

Artículo 14:Juicio imparcial149–15839

Artículo 15:Prohibición de las leyes retroactivas159–16141

Artículo 16:Derecho al reconocimiento por ley de la personalidad jurídica16242

Artículo 17:Protección frente a las injerencias arbitrarias en la vida privada,la familia y el domicilio16342

Artículo 18:Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión16443

Artículo 19:Derecho a la libertad de expresión165–16843

Artículo 20:Prohibición de la propaganda en favor de la guerra16944

Artículo 21:Derecho de reunión pacífica170–17244

Artículo 22:Libertad de asociación y derechos sindicales173–17645

Artículo 23:Protección de la familia177–18146

Artículo 24:Derechos del niño182–19247

Artículo 25:Derecho a la participación política193–19650

Artículo 26:Derecho a la igualdad ante la ley19750

Artículo 27:Derecho de las minorías a tener su propia vida cultural, a profesary practicar su religión, etc.198–20151

VII.Conclusión202–20651

Anexos

Anexo I.Disposiciones legislativas relativas al Pacto promulgadas o enmendadas entre 1994y 201054

Anexo II.Lista de leyes enmendadas en virtud de la Ley sobre la igualdad de género de 2006(promulgadapara modificar disposiciones relativas a las cuestiones de género en diversasleyes)56

Anexo III. Lista de medidas legislativas (enmendadas o adoptadas) aplicables en relación conla violencia contra las mujeres..57

Anexo IV. Jurisprudencia58

Lista de abreviaturas y siglas

OITOrganización Internacional del Trabajo

ODMObjetivos de Desarrollo del Milenio

ONGorganización no gubernamental/organizaciones no gubernamentales

ACNUDH/NepalOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas paralosDerechos Humanos en Nepal

SAARCAsociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional

I.Introducción

1.El 14 de mayo de 1991 Nepal se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Protocolo Facultativo del Pacto, y el 14 de marzo de 1998 se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte, sin reserva alguna en ambos casos. En 1994, Nepal presentó su informe inicial de conformidad con el Pacto. El presente informe combina los informes periódicos segundo, tercero y cuarto de Nepal, y abarca el período comprendido entre 1995 y 2010.

2.Tras la presentación de su informe inicial, Nepal sufrió un conflicto armado que se prolongó durante diez años (de 1996 a 2006) y una situación de inestabilidad política. Con motivo de dicho conflicto 16.729 personas perdieron la vida, 78.689 quedaron desplazadas y 1.327 resultaron desaparecidas, y se produjo la destrucción de infraestructuras públicas por valor de 5.000 millones de rupias aproximadamente. En abril de 2005, el Gobierno de Nepal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concertaron un acuerdo para abrir una Oficina del ACNUDH en Nepal. El 21 de noviembre de 2006 el Acuerdo General de Paz puso oficialmente fin al conflicto armado. El 8 de diciembre de 2006 se suscribió un acuerdo sobre la supervisión de la administración de armas y tropas, en presencia del Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas. El 15 de enero de 2007 se promulgó la Constitución provisional de Nepal (en adelante, la Constitución) con la finalidad de sentar las bases para un gobierno de transición y reflejar los objetivos del segundo movimiento popular, que tuvo lugar en abril de 2006. El movimiento tenía el mandato de instaurar la paz, el cambio, la estabilidad, un sistema de gobierno democrático, competitivo y multipartidista, el imperio de la ley, la promoción y protección de los derechos humanos, la plena libertad de prensa y la independencia del poder judicial, sobre la base de los valores y las normas de la democracia. Los derechos humanos continúan en el centro del proceso de paz que, a su vez, se fundamenta en los principios de la democracia, el acceso, la inclusión y la participación.

3.La Constitución derogó la Constitución del Reino de Nepal de 1990 (en adelante, la Constitución de 1990), promulgada tras el primer movimiento popular. Al amparo de la Constitución se creó una Cámara legislativa-Parlamento provisional y se formó un gobierno de transición. En virtud de la resolución 1740 (2007) del Consejo de Seguridad se estableció la Misión de las Naciones Unidas en Nepal con el mandato de prestar apoyo al proceso de paz. Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron el 10 de abril de 2008. La Asamblea Constituyente está integrada por 601 diputados, 240 de ellos elegidos mediante el sistema electoral mayoritario, 325 mediante el sistema de representación proporcional, y 26 nombrados por el Consejo de Ministros. Casi una tercera parte de sus miembros son mujeres, y también resultó elegido un número sin precedentes de dalit y personas de distintas nacionalidades, con lo que la Asamblea Constituyente es la más inclusiva y representativa de la diversidad social y pluralidad del país en toda la historia de Nepal. La decisión de la Asamblea Constituyente de poner fin a la monarquía de Nepal, que había reinado durante 239 años, y proclamar la República Democrática Federal el 28 de mayo de 2008, representa una transformación pacífica poco común en la historia contemporánea. Actualmente, el Presidente ostenta la jefatura del Estado y el Primer Ministro es el jefe del Gobierno; ambos son elegidos por la Asamblea Constituyente, que desempeña también las funciones de Cámara legislativa-Parlamento.

4.En la actualidad, Nepal se esfuerza por construir instituciones nacionales democráticas que le permitan consolidar los avances logrados, agilizar el proceso de transformación socioeconómica y llevar el proceso de paz a una conclusión satisfactoria, incluida la redacción de una constitución democrática por la Asamblea Constituyente. Y, lo que es más importante, con el proceso de transformación se establecen firmemente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población como fundamento del proceso democrático del país. Tales hechos históricos constituyen las piedras angulares de un proceso sostenible de consolidación de la paz en Nepal; así pues, el presente informe abarca numerosos acontecimientos políticos novedosos encaminados al logro del objetivo de consolidar la paz.

II.Metodología y proceso de consulta

5.El Ministerio del Interior estableció un comité, integrado por representantes de varios sectores, a fin de elaborar el presente informe tras entablar consultas con distintas partes interesadas. A lo largo de ese proceso, el comité celebró amplias consultas y diálogos con instituciones gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos - incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos - y diversos actores de la sociedad civil, entre ellos los medios de comunicación y ONG. También se deliberó sobre el contenido del informe. En líneas generales, se siguieron las directrices armonizadas para la presentación de documentos (HRI/GEN/2/Rev.6) y las directrices para el documento específico relativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que deben presentar los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (CCPR/C/2009/1). El Comité de Derechos Humanos también examinó las observaciones generales y los comentarios/observaciones finales sobre el informe inicial de Nepal.

III.Antecedentes

6.Según el censo de 2001, Nepal tenía una población de 23.151.423 personas, con una tasa de crecimiento anual del 2,25%. Los ciudadanos mayores de 60 años representaban aproximadamente el 6,5% de la población, los niños menores de 16 años el 40,93% y las mujeres el 51%. Alrededor del 25,4% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, y en 2000 esa proporción ascendía al 42%. La renta media por habitante es de 560 dólares. En 2008, la tasa de desempleo de los hombres y las mujeres mayores de 15 años se situó en el 2,2% y el 2% respectivamente. La tasa de participación (en la fuerza de trabajo) es del 77,8%. La tasa de alfabetización entre los mayores de 6 años es del 63,7%. La esperanza de vida media es de 63,3 años.

7.La diversidad étnica, cultural y lingüística representa el rasgo más característico de Nepal como nación. En el país se hablan 92 idiomas. El nepalés es el idioma oficial. Actualmente se reconocen como nacionalidades indígenas ( aadibasi janajati ) 59 grupos que representan el 37,2% de la población. Del mismo modo, la diversidad religiosa es una característica importante de Nepal. Según el censo de 2001, la mayoría de la población es hindú, y también hay budistas, musulmanes, kirat, cristianos, sij y jain. Nepal es una nación que se caracteriza fundamentalmente por ser multiétnica, multilingüe, multirreligiosa y multicultural.

IV.Marco normativo e institucional para la protección y promoción de los derechos humanos

8.Los marcos normativo e institucional para la protección y promoción de los derechos humanos en Nepal se han establecido en la Constitución, así como en las leyes, las políticas y las resoluciones judiciales pertinentes.

A.Marco normativo

La Constitución

9.La Constitución está reconocida como la ley fundamental del país, y toda ley incompatible con ella es nula. Es también la fuente principal y suprema de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las constituciones promulgadas en distintos momentos del pasado contenían, de un modo u otro, disposiciones para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, eran limitadas en su alcance o bien tenían un carácter restrictivo. Más aún que su inmediata predecesora (la Constitución de 1990, que hacía especial hincapié en la democracia), la Constitución vigente se centra principalmente en la inclusión étnica y social, el reconocimiento constructivo de la diversidad y el objetivo fundamental de lograr la justicia social mediante una reestructuración inclusiva, democrática y progresiva del Estado.

10.En la actualidad, la fuente principal de los derechos humanos es la Constitución, que incluye un catálogo completo de derechos fundamentales y disposiciones para su protección efectiva. Incorpora de forma exhaustiva casi todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Concretamente, incluye 21 derechos diferentes como derechos fundamentales, y sirve de defensa ante cualquier infracción de los derechos civiles y políticos.

11.La Constitución obliga también al Estado a desarrollar un sistema político basado, entre otras cosas, en la observancia de los derechos humanos básicos universalmente reconocidos, y garantiza derechos para todos los ciudadanos en materia de educación, salud, vivienda, empleo y seguridad alimentaria. Algunos derechos económicos, sociales y culturales se inscriben asimismo en los principios rectores y las políticas estatales, incluidas disposiciones en favor de la discriminación positiva, el establecimiento de cupos y otras formas de apoyo especial a grupos y comunidades vulnerables o marginados en relación con la educación, la salud, la vivienda, la soberanía alimentaria y el empleo, con las que se pretende velar por su empoderamiento, protección y desarrollo. La Parte IV de la Constitución contiene el compromiso explícito del Estado respecto de la promoción de los derechos humanos, lo que obliga a sus instituciones a tener en cuenta esos derechos al ejercer sus respectivas funciones. El artículo 34 de la Constitución establece como objetivo fundamental del Estado la protección y la promoción de la libertad y la igualdad, así como el establecimiento de un sistema justo en todas las esferas de la vida, incluido el progreso económico y social. En el artículo 35 se prevén políticas estatales encaminadas al aumento del nivel de vida de la población en general, por medio del desarrollo de la educación, la salud, el transporte, la vivienda y el empleo de las personas en todas las regiones, velando por una distribución equitativa de los recursos económicos con miras al desarrollo equilibrado del país.

Leyes

12.Desde el punto de vista de la protección y promoción de los derechos humanos, puede considerarse que la estructura jurídica de Nepal se compone de leyes generales y específicas. La Ley de libertades civiles, de 1954, y el Muluki Ain (Código Civil), de 1963, son dos leyes generales muy importantes. En la primera de ellas se garantizan distintos derechos civiles y políticos. El Muluki Ain es una ley de carácter general que engloba asuntos civiles y penales. En virtud de esa ley se ha abolido el sistema tradicional de castas y se ha intentado también poner fin a la discriminación basada en la casta mediante la eliminación de la intocabilidad y la jerarquía entre las castas. Mediante las enmiendas 11ª y 12ª se han introducido reformas en disposiciones vigentes, en particular con respecto a la propiedad, el matrimonio, el divorcio y el aborto, en cumplimiento de los principales instrumentos internacionales sobre los derechos de la mujer.

13.Se han promulgado leyes concretas a fin de proteger y promover otros derechos específicos, como los derechos del niño, los derechos de la mujer, el derecho a no ser objeto de tortura, los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a fundar sindicatos, el derecho a no ser víctima del trabajo infantil ni de la servidumbre por deudas, o la libertad de prensa y publicación.

14.El marco jurídico, tal como está establecido en las leyes y reglamentos elaborados o modificados para adaptarlos a los instrumentos internacionales a los que se ha adherido Nepal durante el período abarcado por el presente informe (en el anexo I figura una lista de tales leyes y reglamentos), consta básicamente de disposiciones sustantivas y mecanismos destinados a promover y proteger los derechos humanos, así como procedimientos de recurso en casos de violación de los derechos humanos.

Políticas

15.Nepal ha venido aplicando diversos programas y políticas en materia de derechos humanos, con especial atención a la integración social de los grupos o comunidades marginados o vulnerables. El Plan trienal provisional 2007/2008-2009/2010 ha servido para establecer la visión a largo plazo de Nepal en lo que respecta a los derechos humanos y la construcción de una nación inclusiva, justa y próspera sobre la base de esos derechos. El objetivo de las políticas de derechos humanos es velar por que todos puedan disfrutar de ellos mediante el establecimiento de un entorno propicio donde todos puedan vivir con dignidad, el desarrollo de una cultura de derechos humanos, la mitigación de la pobreza y la erradicación de todas las formas de discriminación, violencia y explotación. En gran medida, ese enfoque basado en los derechos subyace a las políticas de derechos humanos.

16.Entre las principales estrategias adoptadas por Nepal cabe citar la incorporación de las cuestiones de derechos humanos en todas las políticas y planes sectoriales de desarrollo, la aplicación de programas especiales orientados a promover los derechos humanos entre grupos concretos, el fomento de la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos, y la prestación de servicios sociales de manera accesible y efectiva en el marco de amplios programas sobre buen gobierno y educación para los derechos humanos.

17.En cumplimento de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, Nepal también ha elaborado periódicamente un Plan de Acción Nacional para los derechos humanos (2010-2013) en colaboración con la sociedad civil. Dicho plan abarca 12 esferas transversales, a saber: educación; salud y población; reformas jurídicas y gestión y administración judicial; pueblos indígenas y dalit; trabajo y empleo; promoción de la paz; derechos culturales; medio ambiente y desarrollo sostenible; protección de los derechos humanos en el Ejército de Nepal; derechos del niño, de la mujer y de las minorías, y justicia social; paz y seguridad, observancia de las leyes y protección de los derechos humanos; y establecimiento de instituciones. De manera significativa, el Plan ha potenciado el sentimiento de responsabilidad colectiva en relación con la promoción de los derechos humanos mediante la integración de los programas de derechos humanos en los planes de desarrollo.

Jurisprudencia nacional

Aceptación de las normas internacionales de derechos humanos

18.El compromiso de Nepal de aceptar las normas y principios internacionales de derechos humanos es evidente en el preámbulo y en el párrafo 3 de la Constitución. En el preámbulo se definen como características básicas de la Constitución el sistema democrático multipartidista y competitivo, las libertades civiles, los derechos fundamentales, los derechos humanos, el sufragio universal de adultos, las elecciones periódicas, la plena libertad de prensa, la independencia del poder judicial y el concepto de imperio de la ley.El artículo 156 de la Constitución es una disposición específica que reglamenta el proceso de adhesión a tratados.

Principios establecidos por la judicatura

19.En la Constitución se reconoce el poder judicial como uno de los tres pilares del Estado, se especifican las facultades de la judicatura, se establece un marco para su independencia y se determinan sus características básicas. El poder judicial ha desempeñado un papel predominante en la promoción y protección de los derechos humanos a través de varias sentencias históricas. Los principios y normas establecidos en esos fallos, pronunciados en relación con una amplia variedad de derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de las mujeres y los niños, constituyen la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de derechos humanos. En el ejercicio del poder judicial, el Tribunal Supremo declaró ultra vires numerosas disposiciones jurídicas relativas a las condiciones en los centros penitenciarios, la igualdad y la no discriminación. En una serie de ámbitos donde existe un vacío legal, como el derecho de la mujer en relación con la propiedad conyugal y el derecho a no ser objeto de acoso sexual ni de violación dentro del matrimonio, ha dictado órdenes en las que insta al Gobierno de Nepal a que cree las leyes necesarias o racionalice las existentes a fin de armonizarlas con los derechos garantizados en la Constitución. Esas órdenes también han dado lugar a una profunda transformación por lo que se refiere a la eliminación de diversas tradiciones y prácticas discriminatorias. Además, ha contribuido a hacer efectivo el cumplimiento de los derechos, incluidas las libertades personales y civiles, anulando en varios casos decisiones de las autoridades públicas que menoscababan las libertades personales por causa de detenciones preventivas, infracciones del derecho a la privacidad y denegación del acceso a información en poder de dichas autoridades.

20.El Tribunal Supremo también ha desarrollado un régimen avanzado para los litigios de interés público en aras de su protección y promoción, a fin de conceder reparaciones en casos de violación de los derechos humanos. Se ha generado un gran volumen de jurisprudencia en cuestiones tales como los derechos de los reclusos, el trabajo en condiciones de servidumbre, el derecho a un medio ambiente limpio y la violencia conyugal, entre otros. Ese régimen también se ha convertido en un mecanismo que consolida la participación pública en la administración de justicia.

BMarco institucional nacional

Instituciones nacionales de derechos humanos

21.Con el fin de dar cumplimiento al Pacto y a otros instrumentos internacionales pertinentes, se han establecido diversas instituciones nacionales de derechos humanos mediante leyes u órdenes ejecutivas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció en 2000 como órgano oficial independiente, de conformidad con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de 1997. La Constitución la consagra como órgano constitucional integrado por un presidente y otros cuatro miembros nombrados para un período de seis años, y su formación y mandato son plenamente conformes con los Principios de París. En el nombramiento de sus miembros se tienen en cuenta la diversidad del país y la inclusión de la mujer. La principal función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es velar por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, así como su aplicación efectiva. A tal fin, está dotada de amplias facultades en materia de investigación, supervisión, orientación y recomendación. También es importante señalar el hecho de que puede formular acusaciones por violación de derechos humanos contra cualquier funcionario u órgano que se oponga a sus recomendaciones o directrices, así como ordenar el pago de indemnizaciones a las víctimas. El Parlamento está examinando un proyecto de ley para aplicar las disposiciones constitucionales relativas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

22.La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas se estableció como órgano oficial autónomo en virtud de la Ley correspondiente, de 2002, y su objetivo principal es velar por el bienestar general de las nacionalidades indígenas. Ha desempeñado un papel primordial en el empoderamiento de las nacionalidades indígenas para la protección y promoción de sus derechos religiosos, lingüísticos, culturales y políticos. De manera similar, la Comisión Nacional de la Mujer se creó en virtud de una ley homónima, de 2007, como órgano oficial autónomo encargado de velar por la protección y promoción de los derechos e intereses de la mujer, incluida su integración efectiva en la corriente de desarrollo. Posee facultades en los ámbitos de la investigación y la elaboración de recomendaciones. Está integrada por un presidente y cuatro miembros nombrados por el Gobierno de Nepal, con inclusión de miembros de las comunidades dalit y madhesi.

23.La Comisión Nacional para los dalit se estableció en virtud de una Orden presidencial promulgada en 2002 con el objetivo principal de proteger y promover los derechos de la comunidad dalit y prestar asistencia al Gobierno en la elaboración de programas para la potenciación de ese grupo social. Hasta ahora ha realizado varias actividades importantes, incluida la preparación de medidas jurídicas y planes de trabajo y la publicación y difusión de información variada sobre los dalit, además de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Se ha ocupado de la aplicación del Plan estratégico quinquenal centrado en el empoderamiento general y la participación política de los dalit, la vigilancia cultural y las reformas jurídicas.

Oficina del Fiscal General

24.El/La Fiscal General, así como los funcionarios a él/ella subordinados, representa al Gobierno de Nepal ante los distintos tribunales y órganos, y posee facultades importantes a efectos de asegurar un trato humanitario para las personas privadas de libertad.

Comité de Derechos Humanos de la Cámara legislativa-Parlamento

25.El Comité de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Cámara legislativa-Parlamento puede facilitar al Gobierno de Nepal la orientación y las propuestas necesarias. Evalúa y supervisa las actividades del Gobierno en materia de derechos humanos. También examina y somete a debate los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Fiscal General, e informa al respecto a la Cámara legislativa-Parlamento. Tales informes indican si se han hecho los progresos adecuados, si se ha encausado a quienes han violado los derechos humanos, si la aplicación de los tratados de derechos humanos en los que Nepal es parte es satisfactoria, y qué tipo de políticas es preciso adoptar en esa esfera.

Comisión Nacional de Información

26.La Comisión Nacional de Información es un órgano oficial establecido en virtud de la Ley de derecho a la información, de 2007. Se ocupa de tramitar recursos contra decisiones adoptadas por organismos públicos en relación con peticiones de ciudadanos de acceso a la información que esos organismos poseen. Está facultada para facilitar recursos efectivos en relación con la observancia del derecho a la información, ordenando el pago de una indemnización razonable a la parte demandante y adoptando medidas departamentales contra el infractor.

Instituciones gubernamentales

27.También hay una serie de instituciones gubernamentales encargadas de dar efecto a los tratados de derechos humanos en el plano nacional. La Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Ministros constituyen el principal organismo gubernamental responsable de la promoción y coordinación de las actividades relacionadas con los derechos humanos, incluida la reforma de la gobernanza y la aplicación efectiva de los tratados pertinentes. Actúa también como institución de enlace con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros. Se encarga de la armonización y coordinación con diversos organismos gubernamentales en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. También supervisa la obligación de Nepal relativa a la presentación de informes en virtud de diversas convenciones de derechos humanos en las que el país es parte.

28.El Ministerio del Interior es básicamente responsable de hacer cumplir las leyes y mantener la paz y la seguridad. Desde 2009, pone en práctica un programa especial para hacer realidad la paz y la seguridad, el fin de la impunidad y la defensa de los derechos humanos, acompañado de un código de conducta basado en las normas de derechos humanos destinado al personal de las fuerzas de seguridad y a los empleados que participan en la ejecución del Programa. Tiene a su cargo las instituciones de la Policía de Nepal, la Policía Armada y el Departamento Nacional de Inteligencia. Tanto la Policía de Nepal como la Policía Armada cuentan con unidades de derechos humanos en sus cuarteles generales y con dependencias de derechos humanos en sus oficinas regionales y locales. Esas instituciones disponen de mecanismos para examinar las denuncias contra miembros de la policía por violación de los derechos humanos y publicar los resultados de esos exámenes.

29.El Ministerio de Defensa desempeña una función destacada en la elaboración de las políticas y leyes relacionadas con la defensa, así como la democratización del Ejército de Nepal. En 2006 se estableció una Dirección de Derechos Humanos en el seno del Ejército de Nepal con el mandato básico de difundir conocimientos acerca de los derechos humanos y las leyes humanitarias entre los miembros de las fuerzas armadas a fin de facilitar el pleno cumplimiento de los compromisos en esa esfera. Además, hay una división de derechos humanos en cada cuartel general regional, y secciones de derechos humanos en todas las brigadas, iniciativa que está previsto extender al nivel operativo.

30.De manera análoga, el Ministerio de la Paz y la Reconstrucción; el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social; el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Legislación y Justicia son otras instituciones importantes que también promueven y organizan actividades relacionadas con los derechos humanos en sus ámbitos respectivos.

Órganos de lucha contra la corrupción

31.En vista de que la corrupción es una gran amenaza para el buen gobierno y, en última instancia, para el disfrute de los derechos humanos por todas las personas sin ningún tipo de discriminación, se han establecido varios órganos de lucha contra la corrupción con mandatos complementarios. La Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad es un órgano constitucional cuyo mandato consiste en investigar y perseguir los casos de corrupción y conducta impropia. Del mismo modo, el Centro Nacional de Vigilancia, el Tribunal Especial, la Oficina del Fiscal General, el Consejo Judicial, el Departamento de Investigación de Ingresos, la Oficina Central de Recaudación de Deudas en Mora, la Oficina de Supervisión de la Contratación Pública, los comités parlamentarios y la Oficina del Auditor General desempeñan diferentes funciones en la lucha contra la corrupción.

Los medios de comunicación

32.Los medios de comunicación gozan de plena libertad de expresión. El Gobierno de Nepal cree firmemente que unos medios de comunicación responsables conforman la espina dorsal de una política democrática. Se publican un buen número de periódicos, así como revistas semanales, quincenales y mensuales en inglés. También han crecido considerablemente los canales privados de televisión por satélite, las emisoras de radio comunitarias y los medios de comunicación impresos. Los medios de comunicación participan activamente en la difusión de información sobre diversas cuestiones de importancia nacional como los derechos humanos, el desarrollo y el buen gobierno, con el objetivo principal de generar diálogo y buscar el consenso sobre esas cuestiones. Los medios de comunicación han hecho posible el derecho a la información, y su papel ha sido decisivo en las denuncias de las violaciones de los derechos humanos.

La sociedad civil

33.La sociedad civil también ha evolucionado como institución vibrante que contribuye de forma significativa al establecimiento de un sólido sistema democrático. La actuación voluntaria de los ciudadanos, especialmente en relación con los litigios de interés público, ha tenido una importancia decisiva para que el Gobierno rinda cuentas de sus acciones y para combatir las violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Esa actuación se ha visto fortalecida por las ONG y las organizaciones de base comunitaria en el marco de sus distintos programas, entre ellos los de sensibilización, generación de ingresos, acceso a la justicia, conservación del medio ambiente y participación en el proceso de desarrollo. Nepal tiene una sólida tradición de ONG y organizaciones de base comunitaria. Unas 27.000 ONG están registradas en el país. La Constitución obliga al Estado a adoptar una política específica sobre el funcionamiento y la gestión de las ONG. La Ley de registro de asociaciones y la Ley del Consejo de Bienestar Social proporcionan apoyo legislativo e institucional en lo que se refiere al funcionamiento de las ONG y las organizaciones de base comunitaria.

CAlcance de las obligaciones internacionales

34.Nepal observa escrupulosamente los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nepal también es parte en casi todos los tratados internacionales básicos de derechos humanos, 11 convenios de la OIT y muchos otros tratados relacionados con los derechos humanos, así como en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Ha ratificado la Convención de la SAARC sobre arreglos regionales para la promoción del bienestar de la infancia en el Asia meridional, de 2002, y la Convención de la SAARC sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución, de 2002.

35.Nepal se ha comprometido a colaborar para que el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el Comité de Derechos Humanos, sean mecanismos firmes y eficaces. Sigue participando de manera constructiva en las actividades del ACNUDH, que mantiene una oficina en Nepal desde 2005. El acuerdo entre el Gobierno de Nepal y el ACNUDH se revisó en junio pasado para dar cabida a los cambios democráticos acaecidos y reflejar las disposiciones constitucionales pertinentes.

V.Evolución con respecto a los comentarios y las observaciones finales

Situación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno

36.De conformidad con la Ley de tratados de Nepal, toda disposición legislativa interna que sea incompatible con un tratado ratificado por Nepal o al que Nepal se haya adherido será inválida en la medida de dicha incompatibilidad, en cuyo caso la disposición del tratado prevalece como si fuera una ley propia de Nepal. La definición operativa de derechos humanos que se ha adoptado en la legislación interna los describe como los "derechos relacionados con la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas, garantizados por la Constitución o consagrados en los tratados en los que Nepal es parte". En varias ocasiones, el Tribunal Supremo ha dictado requisitorias y órdenes ejecutivas en las que también se ha referido a diversos tratados de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha declarado la incompatibilidad de algunas leyes nacionales con tratados de derechos humanos en los que Nepal es parte.

37.Además, de conformidad con el artículo 33 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de aplicar de manera efectiva los tratados internacionales en que Nepal es parte. En el cumplimiento de esa obligación, el Plan de Acción Nacional para los derechos humanos tiene por objeto, entre otras cosas, hacer realidad el compromiso del Gobierno con los derechos humanos sobre el terreno. La adhesión de Nepal al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también ha servido para afianzar dicho compromiso. Con el Plan se asume el firme compromiso de aplicar las recomendaciones de los órganos de supervisión de tratados de las Naciones Unidas, y se ha instado a los ministerios e instituciones competentes a que adopten las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de las disposiciones de los tratados. El Plan tiene también por finalidad difundir ampliamente los procedimientos de denuncia para obtener reparaciones en casos de violación de los derechos humanos, y contempla las disposiciones de los tratados de derechos humanos a los que se ha adherido Nepal como fundamento o pilar de esas denuncias. Además, el examen y la revisión de las leyes nacionales a la luz de las obligaciones dimanantes de los tratados pertinentes, incluido el Pacto, es una de las bases del Plan.

Difusión de las disposiciones del Pacto y sus protocolos facultativos

38.Con el fin de cumplir la obligación de dar a conocer las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos, el Ministerio de Derecho y Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social se han encargado de traducir al nepalés casi todos los instrumentos y convenciones sobre derechos humanos en los que Nepal es parte para su posterior distribución gratuita. Distintas ONG nacionales e internacionales han contribuido también a la difusión del Pacto. Las versiones traducidas de esos instrumentos están asimismo disponibles en los sitios web del Ministerio de Derecho y Justicia y de la Comisión Jurídica de Nepal, a fin de que los juristas, la judicatura y las fuerzas del orden, así como el público en general, conozcan ampliamente sus disposiciones. Además, los derechos humanos se han incorporado en los planes de estudios de la educación superior en universidades e instituciones de enseñanza y capacitación.

39.Los derechos humanos figuran en los manuales de formación para los funcionarios de la policía en todos los niveles. El Ejército de Nepal ha venido incorporando elementos de derechos humanos y derecho internacional humanitario en todas sus actividades de formación (de carácter básico, de carrera y especializada). En diversos sectores de los cuarteles generales de división y de brigada se imparte periódicamente otro curso de formación en la materia. En el período comprendido entre 2006 y 2009, un total de 37.354 personas recibieron formación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo que sensibilizó a todo el personal con respecto a las normas básicas en esa esfera.

40.Mediante el Plan de Acción Nacional para los derechos humanos se ha asumido también el compromiso de velar por la incorporación de la normativa internacional de derechos humanos en los programas de capacitación profesional de los funcionarios públicos, en particular de la policía, el Ejército de Nepal y otras fuerzas del orden.

Aplicación de la legislación

41.Al Gobierno de Nepal le preocupa la aplicación efectiva de las leyes. El Ministerio del Interior se ha dedicado activamente a aplicar de manera efectiva la legislación en vigor y a proteger y promover los derechos humanos para todos, manteniendo la ley y el orden mediante la utilización óptima de los recursos humanos y materiales disponibles. El Gobierno de Nepal considera que la gestión adecuada de la situación posterior a un conflicto es un requisito previo para lograr una paz duradera y la estabilidad política, económica y social en el país. De no existir esas condiciones, la aplicación efectiva de las leyes y la salvaguarda de los derechos humanos podrían no alcanzarse.

42.Se han potenciado las unidades de derechos humanos en el Ministerio del Interior y sus oficinas subordinadas para que investiguen las violaciones de derechos humanos y recomienden las medidas necesarias en el marco de la ley. La participación de la policía y la seguridad se han reforzado a fin de asegurar que el disfrute de los derechos humanos no se vea menoscabado por actos violentos acometidos por algunos grupos armados de la región de Terai. El Gobierno de Nepal mantiene también conversaciones con esos grupos para resolver los problemas.

43.Se han creado diversas instituciones nacionales y gubernamentales y otros órganos de derechos humanos a fin de dar efecto a las leyes pertinentes. El Gobierno de Nepal ha recibido numerosas recomendaciones y peticiones de instituciones nacionales e internacionales competentes en materia de derechos humanos, incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en relación con violaciones de derechos humanos y las medidas que deben adoptarse para reparar tales infracciones. A ese respecto, está genuinamente comprometido a generar los recursos y adoptar las medidas que se precisen para la plena aplicación de dichas recomendaciones y peticiones.

44.El Ministerio de la Paz y la Reconstrucción ha apoyado iniciativas para la gestión constructiva de conflictos y el fomento de la participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de paz, así como la obtención de apoyo internacional para sostener el proceso de paz y conseguir que las víctimas del conflicto puedan acudir a la justicia de transición. El Ministerio ha reconstruido 2.068 de las 5.560 infraestructuras dañadas por el conflicto. Además, ha proporcionado asistencia financiera a los mártires del Movimiento Popular, las familias de más de 14.000 personas fallecidas, alrededor de 28.000 personas desplazadas, 1.302 familias de personas desaparecidas y 1.320 personas discapacitadas (de las cuales, 23 quedaron discapacitadas durante el Movimiento Popular y 1.297 durante el conflicto armado).

Principio de no discriminación e igualdad de derechos

45.El artículo 14 de la Constitución provisional prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por razones de casta, sexo, tribu, origen social, idioma o religión, entre otras. Con el fin de hacer cumplir esa disposición, las políticas sobre derechos humanos adoptadas por el Gobierno de Nepal se han dirigido y diseñado específicamente con miras a erradicar la discriminación, la intocabilidad, la explotación y la violencia basadas en la casta, la etnia, el sexo, la región, el idioma o la religión; promover y proteger los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todos los pueblos; y asegurar los derechos humanos básicos para los grupos y comunidades marginados o vulnerables.

46.Se han promulgado también varias leyes con el fin de prohibir la discriminación por motivo de género o pertenencia a una casta. En dichas leyes se prevén asimismo medidas de discriminación positiva, consideradas inevitables para aplicar de manera efectiva el principio de no discriminación y la igualdad de derechos. Las leyes discriminatorias de Nepal se han modificado exhaustivamente durante el período examinado en el presente informe. Dichas reformas legislativas se han acometido sobre la base de los informes remitidos por diversos comités integrados por instituciones competentes en la materia. Se han derogado o enmendado numerosas disposiciones del Código Civil y otras leyes. En 2006 se promulgó la Ley de enmienda de algunas leyes de Nepal para mantener la igualdad entre los sexos (Ley de igualdad de género). A modo de ejemplo, la igualdad de la mujer en relación con el derecho a los bienes ancestrales está ahora plenamente garantizada en el marco de la Constitución, así como en virtud de la 12ª enmienda al Código Civil. La disposición discriminatoria que figuraba en el artículo 9 de la Constitución de 1990 en relación con la ciudadanía, por la que se negaba a las madres el derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos, se ha derogado en virtud de una disposición relativa a la ciudadanía incluida en el artículo 8 de la Constitución. En 2006 se aprobó una nueva Ley de ciudadanía en consonancia con esa disposición.

Servidumbre por deudas

47.El sistema denominado kamaiya(trabajo agrícola en régimen de servidumbre) se ha abolido por completo en Nepal. La Ley de prohibición del trabajo en condiciones de servidumbre, de 2002, prohíbe la práctica del sistema kamaiya en cualquiera de sus formas. En la actualidad, la servidumbre por deudas está tipificada como delito. En los artículos 29 3) y 29 4) de la Constitución también se establece de forma explícita la abolición de cualquier forma de explotación, esclavitud y servidumbre.

48.Se ha logrado rehabilitar a la mayor parte de los trabajadores liberados de la servidumbre en el marco de un plan especial. En total, se ha rehabilitado a 4.504 familias liberadas de esa condición, y se ha distribuido una suma de 36.280.000 rupias entre 4.544 trabajadores liberados con fines de vivienda.

Trata de personas

49.El artículo 29 3) de la Constitución prohíbe la trata de seres humanos en términos absolutos. En 2007 se promulgó y comenzó a aplicarse una nueva Ley de lucha contra la trata y (control del) transporte de personas, por la que se derogó la anterior Ley de represión de la trata de personas, de 1986. En la nueva ley, la "explotación" se define como el acto de mantener a un ser humano en condiciones de esclavitud. Se ha ampliado el alcance de las denuncias, las investigaciones y los enjuiciamientos mediante nuevas disposiciones sustantivas y procesales. La nueva Ley abarca la trata transfronteriza e interna con fines de explotación sexual y otros fines, y contiene importantes disposiciones a fin de impartir justicia a las víctimas, incluidas indemnizaciones, la posibilidad de testificar en privado y la creación de un fondo para su rehabilitación. Se ha reconocido el principio de jurisdicción extraterritorial, por lo que la trata de un ciudadano nepalés por cualquier persona o la trata de cualquier persona por un ciudadano nepalés en cualquier lugar del mundo son delitos enjuiciables en Nepal. Además, en 2008 se aprobó el Reglamento de la Ley de lucha contra la trata y (control del) transporte de personas con el fin de aplicar sus disposiciones de manera efectiva. En resumen, Nepal se ha dotado de rigurosos instrumentos jurídicos que contribuyen a la disuasión, la prevención y la represión del delito de trata de seres humanos en todas sus formas. Actualmente, la trata de personas es un delito grave sancionado por el Estado, que actúa como parte en los procedimientos judiciales. Además, se ha promulgado la Ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción), de 2009, que tiene por objeto poner fin a esa lacra.

Trabajo infantil

50.En su artículo 22, la Constitución establece como derechos fundamentales una serie de derechos del niño. Entre ellos figuran el derecho a la protección contra la explotación física, psicológica o de otra índole, y el derecho de los menores de edad a que no se les obligue a trabajar o se les contrate o emplee en una fábrica, mina u otro lugar de trabajo peligroso, ni a servir en el ejército o la policía o intervenir en situaciones de conflicto.

51.El Plan trienal provisional tiene por objeto erradicar todas las formas de explotación, abuso, violencia y discriminación contra los niños mediante el fomento de un entorno propicio para su desarrollo físico, emocional, mental e intelectual. El Gobierno de Nepal ha puesto en marcha un Plan de Acción Nacional decenal (2004/2005-2014/2015) que abarca las esferas de la salud, la protección de los niños contra el abuso, la explotación y la violencia, y la lucha contra el VIH/SIDA.

52.La Ley de regulación y prohibición del trabajo infantil, de 1999, es un instrumento jurídico destinado específicamente a combatir ese problema. Prohíbe la contratación de menores de 14 años como trabajadores y prevé penas severas para ese delito. En el marco de dicha ley se han establecido también un comité y un fondo para la prevención del trabajo infantil. Esas medidas son asimismo conformes con lo dispuesto en la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999. La utilización de niños en la pornografía, la explotación sexual y la trata de niños están estrictamente prohibidas, en consonancia con los compromisos contraídos por Nepal al suscribir los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño.

53.El Gobierno de Nepal ha adoptado una estrategia de tolerancia cero en relación con el reclutamiento de niños. Se pretende proteger a los niños y asegurar que los reclutados para participar en conflictos armados tengan acceso a medidas de rehabilitación y reintegración. Se ha producido un éxodo de 4.008 combatientes no calificados, incluidos 2.973 menores, procedentes de diversos acantonamientos, y esas personas ya han sido reintegradas en la sociedad. Según datos estadísticos recientes, se ha estimado que el conflicto armado afectó a unos 19.980 niños, de los cuales el 50% fueron desplazados y el 20% perdieron a sus padres; además, 671 de ellos quedaron discapacitados. De conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo de 2000, así como los Compromisos de París y los Principios y Directrices sobre los niños vinculados a fuerzas o grupos armados, de 2007, el Gobierno de Nepal ha adoptado recientemente un Plan de acción nacional de rehabilitación y reintegración de los niños afectados por conflictos armados. Su objetivo fundamental es poner en marcha actividades de manera integrada con el fin de proteger los derechos e intereses de los niños vinculados a fuerzas o grupos armados y afectados por conflictos armados, así como rehabilitarles y reincorporarles en la sociedad. Todas las actividades se llevarán a cabo prestando especial atención al interés superior del niño. Cabe también señalar que, en 2010, el Gobierno de Nepal adoptó y puso en marcha el Reglamento sobre el (funcionamiento del) Fondo de emergencia para el rescate de la infancia, con el fin de proporcionar ayuda inmediata y rescatar y rehabilitar urgentemente a niños en situación vulnerable, incluidos los que se dedican a trabajos peligrosos y las víctimas de trabajo forzoso o torturas físicas o psicológicas, discriminación o persecución, así como los que viven con el VIH/SIDA.

Reforma penitenciaria

54. La Ley de prisiones de 1964 y el Reglamento de prisiones de 1965 aseguran el cumplimiento de unas normas mínimas en la gestión penitenciaria, habida cuenta de las obligaciones internacionales contraídas por Nepal. Recientemente se han introducido en el país los conceptos de prisión comunitaria y prisión abierta. El Gobierno de Nepal trabaja para introducir las reformas legislativas necesarias a fin de seguir institucionalizando ambos sistemas en el país. El Plan de Acción Nacional para los derechos humanos tiene como objetivo proteger los derechos humanos de los reclusos, mediante la transformación de las cárceles en correccionales y el desarrollo y ampliación de alternativas a las penas de prisión.

Discriminación contra la mujer

55.Nepal es parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo. También considera de suma importancia la aplicación de las resoluciones 1325 y 1820 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad. A tal efecto se ha elaborado y puesto en marcha un nuevo plan de acción.

56.Durante el período examinado, las instituciones del Estado han impulsado iniciativas de cambio dignas de mención mediante la adopción de una serie de medidas. En su artículo 13 2), la Constitución prohíbe la discriminación contra cualquier ciudadano en la aplicación de las leyes, entre otras, por razones de sexo. Por lo tanto, se ha prohibido cualquier forma de discriminación contra la mujer por razones de sexo o género. De manera similar, la Constitución prevé la salvaguarda de un conjunto de derechos de la mujer, definidos como derechos fundamentales, entre ellos el derecho de la mujer a no ser objeto de discriminación por motivos de sexo ni de ninguna forma de tortura, el derecho a la salud reproductiva y la igualdad en el derecho a los bienes ancestrales.

57.En su plan nacional de desarrollo, Nepal ha dado prioridad a la incorporación de la perspectiva de género, la integración y la igualdad. Las reformas legislativas y de políticas, el desarrollo de las actitudes de liderazgo, la rehabilitación social de las mujeres afectadas por el conflicto, la asistencia jurídica, la concienciación y la atención a las cuestiones de género son algunas de las importantes actividades que se llevan a cabo con ese fin. En el Plan trienal provisional se establece el objetivo de lograr una participación de la mujer en la administración general del Estado que alcance el 33%. En el marco del Programa para el desarrollo de la mujer, las mujeres se han unido contra la violencia doméstica y la trata de personas y han participado en actividades de promoción de las aptitudes empresariales y de desarrollo de las aptitudes para la generación de empleo por medio de un fondo rotatorio. Las cooperativas de mujeres se han convertido en un vehículo eficaz para unir a las mujeres que trabajan en sectores no organizados y llevar a cabo campañas en contra de diversas prácticas abusivas. Desde 2002 se viene aplicando la Iniciativa para un presupuesto sensible en materia de género.

58.Se están llevando a la práctica los planes de acción nacionales en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing, elaborados en 2004. El Gobierno de Nepal ha adoptado medidas provisionales y especiales para el pleno desarrollo y el adelanto de la mujer. Son más de 150 los instrumentos legislativos que contienen disposiciones afirmativas en favor de la mujer en las esferas de la educación, la salud y el empleo, con las que se pretende conseguir la verdadera igualdad de género. También se han promulgado varias leyes importantes con el fin de erradicar las prácticas discriminatorias contra la mujer, como la Ley de la Comisión Nacional de la Mujer, de 2007; el Código Civil (enmiendas 11ª y 12ª, de 2002); la Ley de igualdad de género de 2006; y la Ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción) de 2009. En cumplimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ya se han suprimido 65 disposiciones jurídicas consideradas discriminatorias. Un comité de examen legislativo que funciona en el marco del Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social trabaja para seguir eliminando las leyes que aún se perciban como discriminatorias.

59.Además de las garantías constitucionales, jurídicas y normativas, el Tribunal Supremo ha mostrado su activismo en causas relacionadas con prácticas tradicionales y culturales abusivas como el chaupadi, por las que se somete a la mujer a tratos inhumanos y degradantes. El Tribunal Supremo dictaminó que el chaupadi (práctica abusiva prevalente en la parte más occidental del país por la que se trata a las mujeres como si fueran intocables y se las abandona en establos durante la menstruación) era una práctica tradicional abusiva y discriminatoria que menoscababa los derechos de la mujer. También formuló una serie de directrices para que el Gobierno las pusiera en práctica. Emitió una directiva en la que se solicitaba al Ministerio de Salud y Poblaciones que estableciera un comité encargado de realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto de esa práctica en la salud de las mujeres. También se solicitó al Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social que elaborase directrices para combatir esa práctica en consonancia con la estrategia de eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Es importante mencionar que el Tribunal Supremo señaló la importancia de las ONG, habida cuenta de las campañas de sensibilización que llevan a cabo para luchar contra esa costumbre discriminatoria, inhumana y degradante. Cabe asimismo destacar que varias disposiciones legislativas discriminatorias (por ejemplo, en relación con la propiedad, el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la adopción) se han modificado a raíz de las directivas del Tribunal Supremo. Para dar cumplimiento a la directiva del Tribunal Supremo y con miras a poner fin a prácticas abusivas similares al chaupadi, que pueden observarse aún bajo distintas modalidades en algunas partes del país debido a un sistema de valores patriarcales profundamente arraigados en la sociedad, el Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social está elaborando una ley específica destinada a poner freno a esas prácticas tradicionales y culturales abusivas.

60.En reconocimiento de que la violencia de género es inmoral y constituye una violación de los derechos humanos, con costos elevados para las familias, las comunidades y la nación, se puso en marcha un programa especial destinado a conmemorar el año 2010 como año contra la violencia de género. El Gobierno de Nepal adoptó un Plan de Acción Nacional para el Año contra la Violencia de Género (2010), que constaba de un único documento normativo, y está previsto elaborar un plan a largo plazo sobre la base de las enseñanzas extraídas.El objetivo del plan era abordar y poner freno al problema de la violencia de género por medio de actividades específicas a cargo de organismos competentes en la materia. Es importante señalar que se detallaba una respuesta del sector de la salud a la violencia de género. Además, se reconocía que, para hacer frente a la violencia de género, es preciso un esfuerzo concertado en diferentes ámbitos como la salud, la educación, los derechos jurídicos, la protección y la seguridad. También es fundamental trabajar con hombres y niños varones a fin de prevenir la violencia y lograr un cambio de mentalidad masculina. Merece también la pena poner de relieve el establecimiento de una dependencia de tramitación de denuncias a nivel central, dependiente de la Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Ministros, para que se puedan adoptar medidas inmediatas en caso de que los organismos competentes se nieguen a tramitar las denuncias o no actúen con la debida diligencia.

61.Posteriormente, en 2010, se adoptó y aplicó el Reglamento (sobre el funcionamiento) del Fondo de Prevención de la Violencia de Género. En la actualidad, puede utilizarse un fondo especial para brindar rescate, asistencia jurídica, tratamiento y servicios de asesoramiento psicológico y rehabilitación a las víctimas de la violencia de género de manera inmediata. Dicho programa podía aplicarse de inmediato en todo el país por medio de mecanismos de socorro gestionados a nivel de distrito con representación de los sectores público y privado.

Adhesión al Segundo Protocolo Facultativo

62.Nepal se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 4 de marzo de 1998. Al igual que su predecesora de 1990, la Constitución vigente garantiza el derecho de toda persona a una vida digna y ha abolido la pena de muerte al prohibir la elaboración de cualesquiera leyes que la contemplen como sanción.

Independencia del poder judicial

63.Nepal reafirma la validez de la información suministrada en su informe inicial (CCPR/74/Add.2) en relación con el poder judicial. En la Constitución se prevé la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y se garantiza la plena independencia y el funcionamiento adecuado de la judicatura, al tiempo que se mantienen los principios establecidos en la Constitución de 1990 con respecto a la independencia del poder judicial. Y, lo que es más importante, la Asamblea Constituyente, en pleno proceso de elaboración de una nueva constitución, ha prestado también especial atención e importancia a esa cuestión.

64.El Consejo Constitucional propone el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, mientras que el Consejo Judicial propone el nombramiento de los demás miembros del Tribunal Supremo y asesora sobre el nombramiento, el traslado, la adopción de medidas disciplinarias y la separación de los jueces y sobre otros asuntos de los tribunales de distrito y los tribunales de apelación.

65.Desde 2004, la judicatura ha adoptado y aplicado un plan estratégico para llevar a cabo la reforma del poder judicial. La visión de la judicatura es mantener un sistema independiente y eficiente que garantice la justicia para todos mediante la promoción de los derechos humanos. Su misión consiste en impartir justicia de forma equitativa e imparcial de acuerdo con las leyes y los principios reconocidos de la justicia. La reforma judicial se centra también en otros posibles mecanismos de resolución de disputas como vehículo para la descentralización de la justicia y la participación de los ciudadanos. Además, Nepal tiene leyes sobre arbitraje y está preparando una legislación general sobre la mediación.

Formación para agentes del orden y fuerzas de seguridad (párrafo 18)

66.Nepal dispone de un completo sistema de formación de agentes del orden y fuerzas de seguridad. La Escuela Superior de Personal Administrativo, la Academia del Ejército de Nepal, la Academia de Policía de Nepal, la Escuela de Formación de la Policía Armada, la Escuela de Capacitación Judicial de Nepal, la Academia Judicial Nacional y las facultades de Derecho son las principales instituciones encargadas de impartir formación a los agentes del orden en materia de derechos humanos. Los componentes sustantivos y procesales de los derechos humanos son parte importante en los programas de formación previa a la contratación y formación en el empleo de dichas instituciones. Los derechos humanos figuran en los manuales de formación para los funcionarios de la policía en todos los niveles. El Ejército de Nepal ha venido incorporando elementos de derechos humanos y derecho internacional humanitario en todas sus actividades de formación (de carácter básico, de carrera y especializada). En diversos sectores de los cuarteles generales de división y de brigada se imparte periódicamente otro curso de formación en la materia. En el período comprendido entre 2006 y 2009, un total de 37.354 personas recibieron formación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo que sensibilizó a todo el personal con respecto a las normas básicas en esa esfera.

Esperanza de vida de las mujeres (párrafo 8)

67.En la Constitución se salvaguarda el derecho a la salud y a un medio ambiente sano como derecho fundamental que permite que cada persona viva en un entorno saludable. De conformidad con la ley, todos los ciudadanos tienen derecho a recibir del Estado servicios básicos de atención de salud de forma gratuita. El Gobierno de Nepal reconoce que el derecho a la salud es intrínseco a la dignidad del ser humano. La política nacional de salud adoptada por Nepal desde el decenio de 1990 se rige por el compromiso de proporcionar servicios esenciales de atención de salud a todos los ciudadanos. El Gobierno está aplicando el segundo plan de salud a largo plazo 1997-2017 y otras políticas relacionadas con la población y la salud.

68.El Gobierno presta gratuitamente servicios de atención de la salud en los centros de atención primaria de salud y los hospitales de distrito. La población tiene acceso gratuito a 40, 33 y 23 tipos de medicamentos según sean atendidos en hospitales de distrito, centros de atención primaria o puestos de salud. Las mujeres embarazadas reciben servicios gratuitos de maternidad en todos los hospitales públicos y en los hospitales privados que tienen concierto con el Ministerio de Salud y Población. Se prevé una prestación para el transporte de las mujeres que se trasladan a los centros sanitarios para dar a luz. Además, los pobres, los indigentes, los discapacitados y las mujeres voluntarias tienen derecho a recibir gratuitamente todos los servicios médicos. El Segundo Plan de Aplicación del Programa del Sector de la Salud de Nepal 2010-2015 tiene por objeto seguir incrementando la cobertura del programa de maternidad segura, intensificar los servicios prestados a nivel comunitario por asistentes sanitarias voluntarias de la propia comunidad, crear una mayor demanda de prestación de servicios a nivel institucional, y ampliar los programas de micronutrientes y tratamiento vermífugo disponibles para mujeres embarazadas y niños en edad preescolar.

69.El Gobierno de Nepal está desplegando esfuerzos para aumentar la tasa de vacunación de los niños desde el 83% actual hasta el 100%. Los logros en esa esfera han obtenido el reconocimiento de la comunidad internacional y los asociados para el desarrollo. Nepal se ha comprometido con el objetivo de "salud para todos" establecido en la Declaración de Alma-Ata de 1978, y con el logro de los ODM antes de 2015. Se han conseguido avances importantes en varias esferas. La tasa de mortalidad materna se ha reducido hasta 281 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa total de fertilidad a 3,1 hijos por mujer, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años a 61 y la de mortalidad neonatal a 48 por cada 100.000 nacidos vivos. Según el censo de 2001, la esperanza media de vida de las mujeres y los hombres nepaleses se situaba en 62,2 y 61,8 años respectivamente. En la actualidad, la esperanza de vida ha aumentado hasta los 63,3 años, lo que indica que la esperanza de vida de la mujer ha mejorado en los últimos años.

70.En la actualidad no hay ninguna mujer en prisión por delitos relacionados con embarazos no deseados. De conformidad con lo establecido en el artículo 28B del capítulo del Código Civil relativo a los homicidios, se permite la interrupción de un embarazo no deseado dentro de las doce primeras semanas de gestación con el consentimiento de la mujer embarazada, siempre que sea un médico registrado quien lleve a cabo la intervención. Sin embargo, está rigurosamente prohibido realizar abortos o feticidios forzados sobre la base de una amniocentesis, que son delitos penales sancionados por la ley.

Disposiciones jurídicas relativas al estado de emergencia (párrafo 15)

71.El 26 de noviembre de 2001 y el 1º de febrero de 2005 se declaró el estado de emergencia en todo el país para dar respuesta a la excepcional situación, invocando el artículo 115 de la Constitución de 1990 en ambos casos. De conformidad con la cláusula 8) de dicho artículo, se suspendieron los subapartados a), b) y d) (libertad de pensamiento y expresión; libertad de reunión pacífica y sin armas; y libertad de circulación y residencia en cualquier parte del territorio de Nepal) de la cláusula 2) del artículo 12; la cláusula 1) del artículo 13 (derecho a la libertad de prensa y publicación, por el que se prohíbe censurar noticias, artículos o cualquier otro tipo de material de lectura); el artículo 15 (derecho a no ser objeto de detención preventiva); el artículo 16 (derecho a la información); el artículo 17 (derecho a la propiedad); el artículo 22 (derecho a la intimidad); y el artículo 23 (derecho al recurso constitucional, con excepción del derecho al recurso de habeas corpus). Dichas medidas no eran incompatibles con las demás obligaciones de Nepal en el marco del derecho internacional y no entrañaban discriminación fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Se mantuvieron intactos los derechos no derogables en virtud de los artículos 6, 7, 8 (párrs. 1) y 2)), 11, 15, 16 y 18 del Pacto, garantizados en la Constitución de 1990.

72.Al igual que su predecesora, la Constitución prevé en su artículo 143 poderes de excepción para las situaciones de emergencia. En caso de que se produzca una situación de emergencia grave en relación con la soberanía o integridad de Nepal, o con la seguridad en cualquier parte de su territorio a causa de guerras, agresiones externas, rebeliones armadas o desorden económico extremo, el Presidente podrá declarar o proclamar el estado de emergencia, previa recomendación del Gobierno de Nepal. Dicha proclamación deberá someterse a votación en la Cámara legislativa-Parlamento para su aprobación en el plazo de un mes. En caso de que se apruebe por mayoría de dos tercios, el estado de emergencia podrá prorrogarse durante un período de tres meses. Cualquier orden dictada por el Presidente para dar respuesta a las exigencias de la situación tendrá fuerza de ley mientras permanezca vigente el estado de emergencia. Algunos derechos fundamentales pueden suspenderse durante el estado de emergencia. Sin embargo, una serie de derechos se reconocen como absolutos y no derogables, y no pueden suspenderse incluso durante el estado de emergencia. Entre esos derechos figuran están el derecho a la vida; la igualdad; la libertad personal; la justicia; la justicia social; el medio ambiente; la salud; la educación y la cultura; el empleo y la seguridad social; la religión; la libertad para constituir asociaciones y partidos políticos; los derechos de las mujeres y los niños; el derecho a no ser objeto de tortura, explotación, exilio, intocabilidad y discriminación racial; el derecho de la prensa y los medios de comunicación a no ser confiscados o clausurados; y el derecho a recursos constitucionales y de habeas corpus. El Tribunal Supremo cuenta con facultades extraordinarias para dictar los autos que sean necesarios y apropiados para garantizar la observancia de esos derechos o resolver cualquier controversia. Toda persona tiene derecho a recibir una indemnización razonable por los perjuicios que haya sufrido a causa de cualquier acto realizado por un funcionario en contravención de la ley o de mala fe durante el estado de emergencia.Tales disposiciones constitucionales están en conformidad con el artículo 4 del Pacto.

Presuntas prácticas ilegales y reparación a las víctimas (párrafo 16)

73.Nepal ha adoptado una serie de medidas encaminadas a prevenir ejecuciones extrajudiciales y sumarias, desapariciones forzadas o involuntarias, torturas o tratos degradantes y detenciones ilegales o arbitrarias.El Acuerdo General de Paz, que es parte integrante de la Constitución, incluye el compromiso de constituir una comisión de la verdad y la reconciliación para descubrir la verdad sobre quienes han violado los derechos humanos durante el conflicto armado, y crear un clima de reconciliación en la sociedad. Se ha adoptado también el compromiso de llevar a cabo una investigación imparcial sobre los perpetradores, poner fin a la impunidad y velar por el derecho de las víctimas y las familias de los desaparecidos a recibir ayuda. De forma similar, el artículo 33 obliga al Estado a adoptar un sistema político fundado en los derechos humanos básicos universalmente aceptados y en el buen gobierno, que al mismo tiempo ponga fin a la corrupción y la impunidad, así como a constituir una comisión de investigación sobre los desaparecidos en conflictos armados y una comisión de la verdad y la reconciliación.

74.Durante el conflicto y el estado de emergencia se movilizó a los organismos de seguridad, que pasaron a depender de un mando unificado. Se les autorizó a adoptar medidas ofensivas y defensivas contra los insurgentes, pero no se permitieron las ejecuciones arbitrarias ni las desapariciones forzadas. Con el fin de atender las denuncias sobre presuntas desapariciones y ejecuciones arbitrarias y de cumplir sus obligaciones constitucionales, el Gobierno de Nepal presentó dos proyectos de ley en junio de 2010 para la constitución de sendas comisiones de alto nivel sobre la verdad y la reconciliación y sobre las desapariciones. La Cámara legislativa-Parlamento está examinando ambos proyectos de ley, que tienen por objeto aplicar el Acuerdo General de Paz, las disposiciones constitucionales y las directivas del Tribunal Supremo, así como poner fin a la impunidad. Además, el Gobierno de Nepal, por mediación del Ministerio de la Paz y la Reconstrucción, ha proporcionado asistencia financiera a las familias de 14.064 fallecidos (de un total de 16.719), ha distribuido ayuda de socorro a 28.000 desplazados internos (de un total de 78.689) así como a las familias de 1.302 personas desaparecidas, y ha facilitado una prestación de subsistencia a 23 heridos durante el Movimiento Popular.

75.La Ley de indemnización por actos de tortura, de 1996, se promulgó con el fin de establecer indemnizaciones para compensar a las personas detenidas en el marco de una investigación o un juicio por cualquier daño o padecimiento físico o psicológico, o trato cruel, inhumano o degradante. La víctima, un familiar suyo o un abogado pueden presentar una solicitud ante el tribunal de distrito correspondiente, que deberá pronunciarse sobre ella mediante un procedimiento abreviado, es decir, en un plazo de noventa días. El Tribunal podrá ordenar el pago de una indemnización, mientras que al infractor afectado podrá exigírsele que cumpla determinadas medidas.

76.Se han adoptado distintas medidas jurídicas con el fin de asegurar una investigación pronta e imparcial de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y sumarias, desapariciones involuntarias, torturas y detenciones arbitrarias. La Ley de administración local de 1971 prevé amplias disposiciones sobre el mínimo empleo de la fuerza, según la situación, cuando se aplican las leyes. Dichas disposiciones se centran en la salvaguarda de la vida y las propiedades de las personas, así como en la mejor manera de mantener la paz y la seguridad en lugar de ordenar el uso de fuerza letal por parte del personal de seguridad. También se desalienta el empleo de la fuerza en la política organizativa de la policía y en las movilizaciones policiales. Cualquier agente de la policía que desafíe esa orden incumple ipso facto la Ley de policía y deberá someterse a las medidas que dicte un tribunal especial. Los agentes de la policía incurren también en responsabilidad legal por cualquier delito penal que cometan. Asimismo, se han constituido comisiones de investigación en numerosas ocasiones con la función de investigar distintos casos y denuncias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también está facultada para realizar investigaciones imparciales sobre presuntas desviaciones de poder por parte de la policía.

77.En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del ejército, de 2007, que penaliza la tortura y las desapariciones a cargo del personal militar, se ha formado una comisión de investigación para examinar presuntos casos de corrupción, robo, tortura y desapariciones e iniciar las correspondientes actuaciones ante el tribunal especial militar. Dicho tribunal está facultado para juzgar y resolver dichos casos, contra cuyas sentencias podrán interponerse recursos ante el Tribunal Supremo.

78.El Gobierno de Nepal está por tanto plenamente comprometido a investigar esos casos de manera sistemática con el fin de enjuiciar a los sospechosos de haberlos cometido y de asegurar la reparación a las víctimas.

Seguimiento de las conferencias internacionales

79.En los informes periódicos cuarto y quinto combinados, presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en el documento CEDAW/C/NPL/4-5, se describe detalladamente la situación de los derechos de la mujer en Nepal bajo el epígrafe "Progresos realizados en la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing".

Respuestas a las apelaciones/apelaciones mixtas

80.Los informes de Nepal en relación con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW/C/NPL/2-3), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD/C/452/Add.2), la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/65/Add.30), la Convención contra la Tortura (CAT/C/33/Add.6) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/NPL/2) proporcionan una perspectiva general sobre la situación de los derechos humanos en Nepal.

81.Por invitación del Gobierno de Nepal, varios titulares de mandatos de procedimientos especiales han visitado el país, a saber: el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, en 1996; el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en 2000; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en 2004; el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, en 2005; el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, en 2005; el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, en 2008; el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, en 2008 y 2009; y el presidente del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados, en 2010.

82.El Gobierno de Nepal trabaja con esmero para aplicar todas las recomendaciones pertinentes formuladas por los titulares de mandatos en el marco de esos procedimientos especiales, y ha respondido puntualmente a las comunicaciones (apelaciones/apelaciones mixtas) enviadas por ellos.

VI.Aplicación de artículos específicos del Pacto

Artículo 1

Derecho a la libre determinación

83.Nepal reafirma la validez del informe inicial que presentó de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/74/Add.2) y del segundo informe periódico presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/NPL/2, párrs. 96-101). El Gobierno de Nepal afirma y respeta el derecho a la libre determinación tal como se menciona en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En opinión del Gobierno, debe entenderse que la esencia de ese derecho incluye las siguientes proposiciones: a) todos los pueblos tienen el derecho a determinar libremente su condición política, sin injerencias externas, y a proveer su propio desarrollo económico, social y cultural; b) toda la población del país o de la nación en su conjunto ha de ejercer ese derecho; c) en ningún caso debe entenderse o interpretarse que el derecho a la libre determinación de un pueblo autoriza o alienta acciones que puedan conducir a la destrucción o al menoscabo total o parcial de la integridad territorial o la unidad política de un Estado soberano e independiente; y d) todos los Estados tienen el deber de respetar ese derecho de los pueblos y abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan privar a los pueblos del derecho a la libre determinación.

84.La Constitución reconoce la supremacía del pueblo nepalés como uno de los valores fundamentales del sistema de gobierno. El Preámbulo y los artículos 2, 3, 63, 138, 139 y 140 de la Constitución incorporan conjuntamente el espíritu del derecho a la libre determinación, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas. En virtud del artículo 2, la soberanía y la autoridad soberana de Nepal se atribuyen al pueblo nepalés. En el artículo 3 se define al nepalés como pueblo de carácter multiétnico, multilingüe, multirreligioso y multicultural, con aspiraciones comunes y un vínculo de lealtad a la independencia, la integridad, el interés y la prosperidad de Nepal, cuyos integrantes constituyen colectivamente una nación. En el artículo 138 se expresan los compromisos de reestructurar el Estado de manera progresiva en el marco de un sistema de gobierno federal, democrático e inclusivo, así como de suprimir la estructura centralizada y unitaria del Estado. En el artículo 139, al tiempo que se reconocen el principio de descentralización y la delegación de facultades a los órganos de gobierno local, se obliga al Estado a establecer un sistema en que las responsabilidades y los ingresos se compartan entre el Gobierno central y los órganos de gobierno local de conformidad con la ley.

85.Por lo que se refiere al ejercicio del derecho a la libre determinación en Nepal, ha habido ocasiones en que los ciudadanos lo han ejercido efectivamente. El movimiento popular de 1990 puso fin al concepto de monarquía absoluta al establecer una monarquía constitucional. De manera similar, a consecuencia del levantamiento de abril de 2006 se abolió la monarquía feudal tradicional en el país. El pueblo de Nepal, mediante el ejercicio del derecho a la libre determinación, puso fin a 240 años de monarquía por medio de una resolución adoptada en la primera sesión plenaria de la Asamblea Constituyente, celebrada el 28 de mayo de 2008. Además, el pueblo nepalés está elaborando una nueva constitución democrática a través del órgano que reúne a sus representantes populares, la Asamblea Constituyente. De hecho, el pueblo de Nepal en su conjunto, por mediación de ese órgano representativo al más alto nivel, ejerce ahora en la práctica el derecho a la libre determinación en relación con los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.

Artículo 2

Igual protección de derechos

86.La legislación y las decisiones judiciales pertinentes se describen en el informe inicial en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/74/Add.2); los informes periódicos segundo y tercero combinados en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW/C/NPL/2-3); el decimosexto informe periódico en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD/C/452/Add.2); el segundo informe periódico en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/NPL/2); y los informes periódicos cuarto y quinto combinados en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW/C/NPL/4-5).

87.En la Constitución y otras leyes se han respetado y garantizado los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para todas las personas en el territorio de Nepal y sujetas a su jurisdicción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

88.Tanto en la Ley de libertades civiles de 1954 como en el artículo 13 de la Constitución se expresa el compromiso pleno de Nepal con el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El Estado y las leyes no pueden ni deben discriminar entre ciudadanos por razón de su religión, raza, sexo, casta, tribu, origen, idioma o convicción ideológica. Además, el artículo 14 ha garantizado el derecho a no ser considerado intocable y ha tipificado como delito la discriminación por motivos de casta. Ya en 1965 el Código Civil prohibió la práctica de la intocabilidad. La Ley de casos de Estado, de 1992, incluyó como delito en su Lista 1 la discriminación basada en la casta, lo que permite al Estado enjuiciar a los infractores. Asimismo, esa disposición se ha reiterado en el artículo 14 de la Constitución, que contempla además una reparación para la persona objeto de discriminación por intocabilidad. Sin embargo, esa práctica se mantiene vigente bajo distintas formas, lo que atenta contra la dignidad de las personas de la comunidad dalit. Los planes y las políticas del Gobierno muestran su preocupación por esa realidad. Además, toda discriminación por razón de sexo es igualmente inaceptable. A pesar de las medidas citadas, persisten prácticas culturales que conllevan trato discriminatorio para la mujer. Al Gobierno de Nepal le preocupa esa situación, por lo que ha modificado algunas medidas con el fin de erradicar el problema de la discriminación basada en la casta y el género.

89.Una de las medidas adoptadas para mitigar el problema es el reconocimiento de la necesidad de conceder trato especial a los grupos o segmentos de la sociedad marginados o vulnerables. En ese sentido, la Constitución prevé en su artículo 13 3) la adopción por ley de disposiciones especiales con miras a la protección, el empoderamiento y el adelanto de dichos grupos o segmentos, incluidas las mujeres, las nacionalidades indígenas, los niños y las personas mayores. Entre esas disposiciones puede incluirse la aplicación de la doctrina de la clasificación razonable, la discriminación positiva o mecanismos para indemnizar a quienes hayan sido objeto de discriminación o trato desigual en el pasado. A tal fin, el Gobierno de Nepal ha adoptado una política de adopción de nuevas leyes. Cabe mencionar la Ley de la función pública de 1993, la Ley de educación de 1971, la Ley de autonomía local de 1999, y la Ley de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente de 2007 como las principales medidas legislativas encaminadas a otorgar trato especial a las mujeres, los dalit, las nacionalidades indígenas, los habitantes de las regiones más atrasadas, los madhesi(habitantes de la región de Terai) y otras minorías, en las esferas de la función pública, la educación, el gobierno local y la representación en la Asamblea Constituyente, respectivamente.

90.La Ley de bienestar social de 1992, la Ley de la infancia de 1992, la Ley del trabajo de 1991, la Ley de igualdad de género de 2006, la Ley de ciudadanía de Nepal de 2006 y la Ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción) de 2009 son otras importantes medidas legislativas adoptadas por Nepal a fin de asegurar el cumplimiento del artículo 2 del Pacto.

91.El Tribunal Supremo también ha enunciado y reafirmado el principio de igual protección ante la ley en diversos casos, entre ellos la causa Iman Singh Gurung c. el Tribunal Militar del Ejército de Nepal y otros.Con arreglo a los principios establecidos por el Tribunal Supremo, el derecho a igual protección ante la ley es un derecho absoluto que no se puede restringir.

Personas con discapacidad

92.El 7 de mayo de 2010 Nepal ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo de 2006. El Gobierno de Nepal ha venido aplicando la política y el Plan de acción nacional sobre la discapacidad de 2006 en consonancia con el Programa de trabajo ampliado de la región de Asia y el Pacífico en favor de las personas con discapacidad para el decenio 2003-2012. El programa se centra en todo un abanico de cuestiones e intervenciones. Se están canalizando los recursos necesarios hacia los órganos de gobierno local para el desarrollo y empoderamiento de las personas con discapacidad y el fomento de su participación en los planes y programas de desarrollo de todas las regiones. El enfoque integrador y basado en los derechos es el fundamento de las políticas y planes del Gobierno de Nepal en esa esfera. Los privilegios en cuanto a la enseñanza, la salud, la formación profesional y los servicios de transporte, entre otros, son algunos ejemplos de las medidas de discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad. Existe un comité nacional de coordinación como mecanismo encargado de supervisar y coordinar las actividades desarrolladas en esa esfera. El Gobierno de Nepal también colabora con la sociedad civil y los asociados para el desarrollo.

93.Las principales políticas en la materia se centran, entre otras cosas, en las reformas legislativas necesarias para asegurar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, el fomento de la sensibilización con respecto a la prevención de la discapacidad, la educación y la atención médica gratuitas, la rehabilitación basada en la familia y la comunidad, y el empleo.

94.Habida cuenta de que la Constitución contempla la discapacidad como una de las razones que justifican la discriminación positiva, es evidente que se prohíbe todo trato discriminatorio hacia una persona discapacitada en mayor o menor medida por causa de una condición física inherente a su vida. La Ley de protección y bienestar de las personas con discapacidad, de 1983, así como su Reglamento, de 1994, son las principales medidas legislativas para aplicar la Convención. El Gobierno de Nepal trabaja para conseguir rápidamente mejoras en los regímenes normativos y jurídicos en la esfera de los derechos de las personas con discapacidad. También se han redactado códigos de edificación que exigen que los edificios públicos estén adaptados a las personas con discapacidad.

No nacionales

95.Con algunas excepciones, los derechos fundamentales enunciados en la Parte 3 de la Constitución son igualmente aplicables a los no nacionales en general. La cláusula sobre igualdad o no discriminación incluida en el artículo 13 1) es también aplicable a los no nacionales por lo que se refiere al derecho a no ser objeto de discriminación por razones de casta, ascendencia, comunidad o profesión. De manera análoga, el derecho a la privacidad y el derecho a no ser objeto de explotación gozan de la misma protección. Los no nacionales pueden ejercer además el derecho al recurso constitucional previsto en el artículo 32.

Judicatura y otras instituciones de protección y promoción de los derechos consagrados en el Pacto

96.En la sección relativa al artículo 14 (juicio imparcial) se aborda de forma más detallada la situación de la judicatura, incluidos los órganos cuasijudiciales. La investigación de delitos, el enjuiciamiento y la imposición de sentencias son responsabilidad de distintas instituciones independientes y competentes en la materia. La policía, una organización autónoma e independiente adscrita al Ministerio del Interior, se encarga de las labores de investigación, mientras que el Procurador General y sus oficinas subordinadas desempeñan funciones de fiscalía, y los tribunales ordinarios y especiales, junto con los órganos cuasijudiciales, tienen funciones decisorias. La ley sanciona igualmente a todos los infractores, independientemente de si actúan o no en el ejercicio de funciones públicas.

97.Como ya se ha mencionado, diversas instituciones nacionales de derechos humanos han desempeñado un papel fundamental en la esfera de la protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional independiente, dispone de amplias facultades al respecto. Dicho órgano puede, previa solicitud o por iniciativa propia, investigar violaciones de derechos humanos y recomendar la adopción de medidas, incluidas la interposición de acciones judiciales en los tribunales contra los infractores y la concesión de indemnizaciones a las víctimas. Puede ejercer las mismas facultades que un tribunal por lo que se refiere a citar a imputados, tomar declaraciones y efectuar registros, entre otras. De manera similar, la Comisión Nacional de la Mujer tiene también competencias para promover la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida nacional y pública. Además, como institución supervisora, puede asegurar la responsabilidad del Gobierno en caso de que se vulneren los derechos humanos de las mujeres.

Artículo 3

Derecho a la igualdad

98.El Gobierno de Nepal reitera la información facilitada en los informes periódicos segundo y tercero combinados presentados al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/NPL/2-3) y otros informes recientes en virtud de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

99.Nepal ha adoptado una serie de medidas legislativas, ejecutivas y judiciales con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad. En el artículo 13 de la Constitución se establece ese derecho como derecho fundamental. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley. No se permite la discriminación por ningún motivo entre los ciudadanos o contra ellos. En relación con las remuneraciones y la seguridad social, también se prohíbe la discriminación entre hombres y mujeres por la realización de un trabajo de igual valor. El artículo 20 de la Constitución puede considerarse un hito por lo que se refiere a los derechos de la mujer, ya que prohíbe la discriminación contra las mujeres únicamente por motivos de género, y garantiza su derecho a la salud reproductiva y a la reproducción, así como la igualdad entre hijos e hijas por lo que respecta al derecho a los bienes ancestrales. El anexo II contiene una lista de las principales medidas legislativas sobre la igualdad de género.

100.Se han promulgado o enmendado diversas leyes a fin de dar cumplimiento al artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe citar la Ley del trabajo de 1991, la Ley de inmigración de 1992 y la Ley de igualdad de género de 2006 como leyes importantes promulgadas a tal fin. El Reglamento de inmigración de 1994 se ha modificado para permitir la autorización de visados no turísticos para extranjeros varones que hayan contraído matrimonio con mujeres nepalesas. De manera análoga, la Ley de la tierra, de 1964, se ha modificado para permitir que hijas, nueras y nietas hereden los derechos de propiedad de la tierra (reservados exclusivamente a los hijos varones en el pasado). La 11ª enmienda al Código Civil, de 2002, ha incorporado importantes cambios positivos, entre los que se incluyen la igualdad de hijos e hijas en relación con la herencia de bienes ancestrales; la abolición de la restricción que impedía a las viudas obtener su parte del patrimonio del difunto esposo; y la abolición de la disposición que impedía a las hijas solteras reclamar su parte de la herencia antes de cumplir los 35 años.

101.Actualmente se están poniendo en práctica varios planes de acción nacional, entre ellos el Plan de Acción Nacional sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, de 1998; el Plan de Acción Nacional sobre la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 2003; el Plan Nacional de Acción Nacional para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 2003; y el Plan de Acción Nacional de lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral, de 2004. El Ministerio de la Mujer, la Infancia y el Bienestar Social, establecido en 1995 como institución coordinadora para aplicar, evaluar y supervisar el desarrollo de la mujer y los programas de empoderamiento, ha venido aplicando dichos planes de acción en colaboración con los interesados pertinentes. También preparó un documento estratégico sobre el género y la inclusión social en 2006, que ha sido fundamental para incorporar la perspectiva de género y promover la igualdad en las organizaciones de ámbito nacional.

102.El Tribunal Supremo, mediante una interpretación proactiva del principio de igualdad de género o la prohibición de la discriminación por motivos de género, presente en una cláusula de la Constitución de 1990, ha contribuido de manera significativa a establecer una jurisprudencia en la esfera de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La causa Lily Thapa c. el Consejo de Ministros, que data de 2005, es histórica en la medida en que el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales diversas disposiciones que restringían el disfrute de derechos de propiedad exclusiva por las mujeres.

103. Se han adoptado diversas medidas legislativas para abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres. La ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción), de 2009, es un instrumento que se ocupa específicamente de ese delito en el seno familiar. En el anexo III se incluyen las medidas legislativas aplicables en relación con la violencia contra las mujeres. El análisis detallado de la situación al respecto figura en el informe periódico presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Trata de mujeres y niños

104.La Constitución prohíbe la trata de personas, definida como un acto de explotación. Nepal ha asumido la obligación internacional de hacer frente al delito de la trata mediante su adhesión a diversos instrumentos jurídicos pertinentes, entre ellos la Convención de la SAARC sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de prostitución, de 2002; distintas convenciones relativas a la esclavitud; el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949, y su Protocolo de 1950; la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; y los convenios de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y sobre la abolición del trabajo forzoso. Nepal cuenta con leyes estrictas en esa esfera. (Para más información, véase el informe periódico de Nepal presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2009).

105.El Gobierno de Nepal ha adoptado una estrategia en tres frentes para combatir la trata de personas. Consiste en medidas para el cumplimiento de las leyes, planes de generación de ingresos y oportunidades educativas para niños pertenecientes a grupos vulnerables. En el Plan nacional de lucha contra la trata y la explotación sexual comercial de niños, adoptado en 1998, se identifican seis puntos de la lucha contra la trata que preocupan en particular. Se ha creado la Oficina del Relator nacional para la trata de mujeres y niños, dependiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con las responsabilidades de publicar informes nacionales sobre la trata de personas y supervisar los casos de trata y las actividades de lucha contra esa lacra.

Participación de la mujer en los órganos de adopción de decisiones y los servicios públicos

106.En las elecciones a la Asamblea Constituyente de 2008, un total de 373 candidatas compitieron para lograr los 240 escaños directos (mediante el sistema electoral de mayoría simple), frente a 3.648 candidatos varones, y 30 de ellas resultaron elegidas. Otras 161 mujeres fueron elegidas mediante el sistema de representación proporcional. Además, 6 de los 26 miembros de la Asamblea Constituyente nombrados por el Consejo de Ministros fueron mujeres. En total, la Asamblea Constituyente incluye a 197 mujeres, lo que representa el 32,77% de los 601 miembros que la integran. Dicha proporción constituye un logro notable en la esfera de la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones políticas.

107.Actualmente, las mujeres solo representan el 8,55% de los funcionarios públicos. En particular, representan el 2,06% de los altos funcionarios de primer nivel, el 4,07% de los de segundo nivel y el 6,57% de los de tercer nivel, y ocupan el 10,47% de los puestos ordinarios. La Policía de Nepal, la Policía Armada de Nepal y el Ejército de Nepal también emplean a mujeres. En la actualidad, la participación de las mujeres en la Policía de Nepal y la Policía Armada asciende al 5,28% y al 1,04% respectivamente. El Ejército de Nepal empezó a reclutar mujeres para tareas militares ordinarias en 2004. La participación de la mujer como personal no combatiente (por ejemplo, en labores médicas y jurídicas, o doblando paracaídas) tiene una larga historia. La representación de la mujer en el sector de la justicia también es menor en comparación. El Gobierno de Nepal es consciente de esa situación. Se espera que ese escenario cambie en el futuro gracias al espectacular incremento en las matriculaciones de mujeres en las facultades de Derecho.

Artículo 4

No derogación de derechos en situaciones de emergencia pública

108.Como ya se ha señalado, en el artículo 143 de la Constitución se prevén de manera explícita los motivos para declarar el estado de emergencia. Se prohíbe suspender el derecho al recurso constitucional previsto en el artículo 32, incluido el recurso de habeas corpus, por violaciones de los derechos consagrados en la Constitución. La no derogación de derechos durante el estado de emergencia goza de amplia protección en la Constitución.

109.El estado de emergencia se declaró dos veces en Nepal durante el periodo examinado por el presente informe. El 26 de noviembre de 2001 se declaró la primera emergencia, aprobada por la Cámara de Representantes el 21 de febrero de 2002. El 22 de febrero, el gobierno en funciones notificó la declaración del estado de emergencia al Comité de Derechos Humanos. El 26 de noviembre de 2001, paralelamente a la declaración del estado de emergencia, se aprobó la ordenanza de lucha contra las actividades terroristas y de perturbación del orden (control y sanción). Dicho instrumento establecía su propio período de vigencia, y dejó de tener efecto en 2006. El segundo estado de emergencia se declaró el 1º de febrero de 2005 y duró menos de tres meses.

110.Durante el estado de emergencia, el Tribunal Supremo recibió alrededor de 200 solicitudes de habeas corpus y, en respuesta a 60 de ellas, dicto órdenes en las que se requería a las fuerzas de seguridad y al Gobierno que liberasen a los detenidos.

111.Durante ambos períodos de vigencia del estado de emergencia se suspendió el artículo 23 de la Constitución de 1990, con la salvedad del derecho al recurso de habeas corpus, con lo que se garantizaba el derecho a un recurso constitucional que protegiera los derechos fundamentales. Sin embargo, el 29 de noviembre de 2001 una sala especial del Tribunal Constitucional, integrada por cinco magistrados, dictó una importante resolución en relación con la suspensión del artículo 23. El Tribunal sostuvo que, puesto que el artículo 23 de la Constitución de 1990 no imponía restricciones para que el Tribunal Constitucional atendiera las solicitudes de recursos constitucionales que se hubieran interpuesto con anterioridad a la declaración del estado de emergencia, no existía ningún impedimento constitucional para examinar dichas solicitudes. En otra ocasión, el Tribunal Constitucional sentó otro precedente que abrió el camino para entender de solicitudes de recursos en relación con derechos que no estaban suspendidos.

Artículo 5

Cláusulas de salvaguardia

112.No hay ninguna disposición en la Constitución ni en otras leyes de Nepal que permita la restricción o la derogación de derechos humanos fundamentales con el pretexto de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no reconoce tales derechos o los reconoce en menor medida. Los derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución y otras leyes respetan plenamente la letra y el espíritu del Pacto.

Artículo 6

Derecho a la vida

113.En el Acuerdo General de Paz se ha reconocido el derecho a la vida como un derecho básico de todas las personas. De manera similar, la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a vivir con dignidad y libertad y el derecho a no ser condenadas a pena de muerte. Guiado por el principio sólidamente establecido de la inviolabilidad del ser humano, Nepal ha abolido la pena de muerte como forma de castigo. Puesto que la pena de muerte está prohibida en el país, la cuestión relativa a su aplicación es irrelevante para cualesquiera delitos. El derecho a la vida es el fundamento de la jurisprudencia sobre derechos humanos en Nepal.

114.Al Gobierno de Nepal le preocupan mucho las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular durante el período de conflicto armado. El Gobierno de Nepal ha presentado recientemente dos importantes proyectos de ley a la Cámara legislativa-Parlamento, a saber, un proyecto de ley sobre la Comisión de la verdad y la reconciliación y un proyecto de ley sobre las desapariciones de personas. El primero de esos proyectos de ley tiene por finalidad abordar las cuestiones relativas a la justicia de transición, mientras que el segundo tiene por objeto tipificar como delito las desapariciones y prever sanciones para los perpetradores, incluidas disposiciones sobre la reparación a las víctimas por los daños causados.

115.Se ha constituido una comisión dirigida por el Secretario Adjunto del Ministerio del Interior con la responsabilidad de investigar los presuntos casos de desapariciones y de averiguar el paradero de los presuntos desaparecidos. El Ministerio de la Paz y la Reconstrucción ha puesto en marcha diversos planes destinados a brindar amparo a las familias afectadas. En cumplimiento de la decisión del Gobierno de Nepal de ofrecer ayuda las familias de las personas fallecidas durante el conflicto armado, el Ministerio va a proporcionar una suma de 100.000 rupias a cada una de las 16.719 familias afectadas.

116.Nepal ha denunciado con vehemencia las ejecuciones extrajudiciales y ha transmitido directrices estrictas a todos los organismos competentes para proteger las vidas humanas y castigar a quienes cometen o son responsables de la comisión de dichos actos. En la Ley de administración local de 1971 se prohíbe el empleo desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad con el fin de evitar que haya personas heridas o fallecidas. Se requiere además un uso adecuado y proporcionado de las porras, los gases lacrimógenos, los cañones de agua y las armas de fogueo. En rigor, solo deben utilizarse para dispersar a las multitudes. En ningún caso está permitido efectuar disparos con armas de fuego que impacten por encima de la rodilla. La ley de autorización (control) de productos básicos esenciales de 1961, en la que se autoriza también el empleo de la fuerza, incluye una disposición muy similar sobre la utilización de armas de fuego. Se ha elaborado un código de conducta para las fuerzas de seguridad. Por otra parte, en los párrafos 69 a 71 del presente informe se proporciona información sobre las tasas de natalidad, las defunciones de mujeres relacionadas con embarazos y partos y el infanticidio de niñas.

Artículo 7

Derecho a la protección contra la tortura

117.Nepal reafirma la validez de sus informes periódicos segundo, tercero y cuarto combinados en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT/C/33/Add.6), así como de la información adicional facilitada al Comité contra la Tortura.

Medidas constitucionales y legislativas

118.Nepal es parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En relación con el derecho a la dignidad, el Acuerdo General de Paz establece con claridad en su artículo 7.3.1 que ninguna persona privada de libertad con arreglo a la ley podrá ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De forma similar, en el artículo 26 de la Constitución se reconoce el derecho a no ser sometido a tortura como un derecho fundamental. Se prohíbe rigurosamente cualquier forma de tortura física o psicológica o de trato o pena cruel, inhumano o degradante, que podrán castigarse con arreglo a la ley. Las víctimas de la tortura tienen derecho a recibir una indemnización según establezca la ley. Ese derecho no puede suspenderse ni siquiera durante el estado de emergencia.

119.En dichos casos se aplica de manera específica la Ley de indemnización por actos de tortura, de 1996. Un familiar adulto o el abogado de la víctima pueden remitir una solicitud al tribunal de distrito si consideran que el detenido está siendo sometido a tortura durante su reclusión. El tribunal debe adoptar inmediatamente medidas que garanticen el examen médico de la víctima en un plazo de tres días. Si la víctima tiene que recibir tratamiento debido a las heridas causadas por la tortura, los gastos derivados de dicho tratamiento correrán a cargo del Estado. Del mismo modo, es obligatorio realizar un examen médico a todas las personas detenidas antes de ponerlas bajo custodia. Si se declara a un funcionario culpable de haber torturado a una persona, la víctima tiene derecho a recibir una indemnización que el tribunal determinará teniendo en cuenta distintos factores, incluida la gravedad del delito. Varios tribunales de distrito han concedido indemnizaciones a víctimas de la tortura en numerosas ocasiones. Con el fin de armonizar en mayor medida las leyes relativas a la tortura con la Convención contra la Tortura, el Gobierno de Nepal ya ha ultimado un proyecto de ley que tipifica la tortura como delito.El Gobierno también trabaja para establecer un fondo centralizado a fin de proporcionar indemnizaciones a las víctimas de manera inmediata y sin trabas, de conformidad con lo previsto en la Ley de indemnización por actos de tortura.

120.La Comisión Nacional de Derechos Humanos está también facultada para investigar todas las denuncias de presuntas torturas cometidas contra cualquier persona. Lleva a cabo las investigaciones relacionadas con esas denuncias de conformidad con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, de 1997, y el Reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (denuncias, acciones e indemnizaciones), de 2000. Cabe señalar que, si la Comisión determina que una persona ha sido sometida a tortura, también puede ordenar el pago de una indemnización.

121.De conformidad con el artículo 9 de la Ley de prueba de 1974, los tribunales no podrán aceptar como prueba ninguna declaración obtenida mediante incitación o amenaza, tortura, tentativa de tortura, o en contra de la voluntad de una persona. Tampoco se aceptará ninguna declaración extrajudicial del acusado en que confiese la autoría del delito, a menos que esté corroborada por otro testimonio independiente. De manera similar, ninguna persona acusada de un delito podrá ser obligada a declarar contra sí misma. De conformidad con la Ley de casos de Estado, de 1992, es obligatorio realizar un examen médico al detenido si alega que ha sido objeto de tortura. Una víctima sometida a tortura durante su detención puede presentar una denuncia ante el tribunal.

Medidas adoptadas por los organismos de seguridad para prevenir la tortura y castigar a los culpables

122.Los organismos de seguridad han puesto en marcha actividades de formación para su personal con el fin de prevenir la tortura. Desde 2002, el Ejército de Nepal, de conformidad con varias decisiones del Tribunal Militar, ha sancionado a 176 militares por torturas y violación de los derechos humanos y del derecho humanitario. Se ha determinado la participación de 16 funcionarios militares en graves violaciones de los derechos humanos. Los militares que hayan participado en actos de tortura no pueden destinarse a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. De manera análoga, desde 1996 la Policía de Nepal ha adoptado medidas contra 21 funcionarios por considerarles culpables de cometer tortura en casos separados. También ha tomado medidas contra 504 efectivos por otras violaciones de derechos humanos. Se ha suspendido de empleo a quienes participaron en violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, la Policía Armada de Nepal ha actuado contra 54 funcionarios por violaciones de derechos humanos. Entre 2004 y 2010, la Policía de Nepal impuso sanciones a 562 de sus funcionarios, desde agentes a inspectores generales adjuntos, incluida la destitución de 21 de ellos. Tanto la Policía como la Policía Armada de Nepal han elaborado directrices para la protección de los derechos humanos. La Policía de Nepal ha hecho extensivas las unidades de derechos humanos hasta abarcar todos los distritos del país, mientras que la Policía Armada ha establecido esas unidades en cada uno de sus comandos regionales.

Artículo 8

Derecho a protección contra la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso

123.Nepal es parte en diversos instrumentos internacionales que prohíben la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, entre ellos la Convención sobre la Esclavitud de 1926 y su Protocolo de 1953, y la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, de 1956, así como el Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973) y el Convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999).

124.La Constitución garantiza el derecho a no ser objeto de explotación como derecho fundamental, incluido el derecho de las personas a no ser explotadas en nombre de ninguna costumbre, tradición o práctica, ni sometidas a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos. Ello no obstante, y de conformidad con las leyes aplicables, los ciudadanos pueden verse obligados a prestar servicios con fines públicos.

125.En el artículo 3 del capítulo del Código Civil que aborda la trata de personas se establece que la esclavitud, la servidumbre y el trabajo en condiciones de servidumbre se considerarán delitos penales graves, y cualquier persona que cometa dichos actos podrá ser condenada a una pena de 3 a 10 años de prisión así como al pago de una indemnización a la víctima según determine el tribunal. Además, en 2002 se promulgó la Ley de prohibición del trabajo en condiciones de servidumbre para abordar de manera específica esas cuestiones.

126.Desde 1995, el Gobierno de Nepal ha aplicado el programa de medios de subsistencia para trabajadores liberados de la servidumbre. Hasta el momento, el Gobierno ha distribuido parcelas de tierra y fondos entre 21.639 de esos trabajadores en el marco del programa. Además, ha puesto en marcha un sistema de salarios mínimos con el fin de reglamentar el mercado de trabajo.

127.En Nepal, el sistema de esclavitud se abolió oficialmente hace 80 años. Como tal, la esclavitud no es una práctica institucionalizada. Sin embargo, hasta hace poco prevalecían algunas prácticas similares, especialmente en la parte occidental del país. El sistema de trabajo en régimen de servidumbre puede definirse como una práctica equivalente a la esclavitud, totalmente prohibida en la actualidad en virtud de la Constitución y de las leyes vigentes. El Gobierno de Nepal está elaborando un proyecto de ley para prohibir el sistema denominado haliya (una práctica similar al trabajo en régimen de servidumbre), que prevalece en algunos distritos de la parte más occidental del país.

Artículo 9

Libertad y seguridad de la persona

128.En la Constitución y en distintas leyes se protege el derecho de toda persona a la libertad y la seguridad. En el artículo 24 de la Constitución se salvaguarda el derecho a la justicia como derecho fundamental. En consecuencia, toda persona detenida tiene derecho a ser informada de los motivos de su detención, a consultar a un abogado y a que éste la defienda, a comparecer ante la autoridad responsable de juzgar el caso en el plazo de 24 horas desde su detención (excluido el tiempo necesario para el desplazamiento), y a que no se la mantenga en prisión preventiva sin una orden de dicha autoridad. Las personas que no puedan pagar un servicio de asistencia jurídica tienen derecho a recibirlo de forma gratuita de conformidad con lo establecido en la ley. La Ley de asistencia jurídica, de 1997, se promulgó con el fin de hacer efectiva esa disposición y de velar por el acceso de todos a la justicia, lo que constituye un elemento fundamental para la celebración de juicios imparciales.Además, la Constitución también estipula que no se podrá mantener a ninguna persona en detención preventiva si no hay razones fundadas de que existe una amenaza inmediata para la soberanía, la integridad del estado de derecho y la situación de orden público en el país. Toda persona mantenida en detención preventiva en contra de la ley y en ausencia de buena fe tendrá derecho a una reparación.

129.La Ley de libertades, de 1954, ha protegido ese derecho de manera similar. Es importante señalar que cualquier persona que haya visto vulnerado su derecho a la libertad y la seguridad según garantiza esa Ley tendrá derecho efectivo a obtener reparación. Además, el capítulo del Código Civil relativo a los procesos judiciales contiene diversas disposiciones pertinentes a la protección de ese derecho.

130.La Ley de casos de Estado dispone que un funcionario policial que al menos tenga rango de subinspector adjunto podrá efectuar un registro de un lugar o una persona sospechosa, y que deberá seguir ciertos procedimientos para detener a esa persona. Dicha persona será informada sobre los motivos de su detención y se le pedirá que se rinda. En la medida de lo posible, las detenciones de mujeres deben llevarlas a cabo policías de sexo femenino. La Ley de policía, de 1955, ha permitido llevar a cabo detenciones sin orden judicial en determinadas circunstancias, por ejemplo para arrestar a un delincuente fugitivo. En tales casos, la persona detenida debe comparecer ante la autoridad judicial en el plazo de 24 horas.

131.Cabe señalar que el derecho al recurso de habeas corpus es también uno de los derechos fundamentales, y que está debidamente protegido en la Constitución como derecho no derogable. De conformidad con su artículo 107 2), el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para interponer el recurso de habeas corpus a fin de localizar el paradero de una persona detenida ilegalmente y aprobar una orden judicial que permita liberar inmediatamente a una persona detenida o encarcelada de forma ilícita o irrazonable, o sin motivos fundados con arreglo a la ley. En resumen, cuando se vulneren los principios fundamentales del derecho a la libertad y la seguridad de una persona, la parte perjudicada podrá interponer un recurso ante los tribunales de apelación e incluso ante el Tribunal Supremo para obtener reparación.

132.El artículo 67 de la Ley del ejército, de 2007, prevé cuatro tipos diferentes de tribunales militares, a saber, el Tribunal Militar General, el Tribunal Militar General Sumario, el tribunal militar de distrito y el tribunal militar sumario de distrito. De conformidad con el artículo 68, los tribunales militares no tienen jurisdicción sobre los militares que hayan cometido delitos contra civiles. Por tanto, la jurisdicción de los tribunales militares se limita exclusivamente a los militares, y solo puede ejercerse en caso de vulneración de la disciplina militar o en relación con infracciones cometidas por militares contra otros militares. De conformidad con el artículo 119 de la Ley del ejército, podrá constituirse un tribunal militar especial para juzgar delitos de corrupción, tortura y desapariciones cometidos por personas sujetas a dicha Ley. En virtud de su artículo 101, ese tribunal especial podrá imponer al infractor una pena de prisión de hasta cadena perpetua, junto con la confiscación de todos sus bienes según establezca la ley. Sin embargo, en virtud del artículo 107 de la Constitución, las sentencias de un tribunal militar especial pueden impugnarse ante el Tribunal Supremo.

Artículo 10

Trato de las personas privadas de libertad

133.Puesto que el derecho a la libertad de la persona está garantizado constitucionalmente, no se puede suspender, abrogar o denegar la libertad de ningún sospechoso, acusado o convicto excepto en las circunstancias previstas por ley. Todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con humanidad y respeto a la dignidad inherente al ser humano. Debe señalarse que el artículo 135 de la Constitución confiere importantes facultades al Fiscal General de Nepal. En consecuencia, si se presenta una denuncia alegando que no se ha tratado a un detenido con la humanidad que requiere la Constitución, o que no se ha permitido a esa persona reunirse con un familiar o abogado, o si se recibe información al respecto de cualquier fuente, el Fiscal General puede intervenir e impartir las instrucciones necesarias a las autoridades competentes con el fin de impedir ese tipo de actuación. De manera análoga, la Oficina Principal de Distrito está obligada a inspeccionar las cárceles cada seis meses. Además, los jueces de los tribunales de apelación deben visitar e inspeccionar las cárceles que se encuentren bajo sus respectivas jurisdicciones al menos una vez al año y rendir informe al Tribunal Supremo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también puede realizar visitas a las prisiones e investigar las violaciones de los derechos de los prisioneros.

134.La Ley de prisiones de 1964, junto con su Reglamento de ese mismo año, es el instrumento que se ocupa específicamente de los derechos de los presos, el trato que deben recibir y la gestión de las cárceles. En general, todos los presos pueden ejercer sus derechos civiles con las limitaciones que les impone su condición. Todos los presos gozan del derecho a reunirse y comunicarse con sus familiares y abogados; recibir asistencia y tratamiento médicos; trabajar, estudiar, profesar una religión y observar distintas prácticas culturales; utilizar la radio y la televisión y leer periódicos; practicar deportes; y obtener todos los medios necesarios para gozar de unas condiciones dignas de sustento y habitabilidad. Está prohibido someter a los reclusos a trabajo forzoso.

135.De conformidad con el artículo 6 de la Ley de prisiones, los acusados han de permanecer separados de los convictos, salvo en circunstancias excepcionales. Normalmente, los acusados permanecen en celdas de detención policial durante un período de prisión preventiva de 25 días anterior al juicio (fase de instrucción), tras el cual se les traslada a prisiones a la espera de que comience. A los acusados menores de edad se les mantiene separado de los adultos. Ubicar a niños en las cárceles junto a los reclusos adultos es una práctica completamente abolida. Se han creado centros de rehabilitación para mantener a los acusados menores de edad separados de los reclusos adultos. Los reclusos de uno y otro sexo permanecen en edificios separados. Si no se dispone de edificios separados, permanecen en partes separadas del mismo edificio. Además, a los detenidos y convictos enfermos o que padecen trastornos mentales se les interna en lugares aparte. En la causa Abogado Chandra Kant Gnywali y otros c. el Gobierno de Nepal, una sala especial del Tribunal Supremo declaró inválida la cláusula 1) del artículo 21 del Reglamento de prisiones de 1963 debido a que no era compatible con la cláusula de igualdad incluida en la Constitución de 1990. En la sentencia se afirmaba que la disposición relativa a la clasificación de los presos en dos categorías (A y B) sobre la base de su nivel educativo, social y económico, así como la asignación de instalaciones y la diferencia en el trato a los presos según esa clasificación, contravenían lo establecido en el artículo 13 3) de la Constitución de 1990.

136.Por lo que respecta al trato de los presos, el Gobierno considera que Nepal ha logrado incrementar el grado de cumplimiento de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (1957); el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988); el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979); los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores.

137.En la actualidad, hay un total de 73 prisiones en Nepal con 9.162 reclusos (8.368 varones y 628 mujeres). Se está llevando a cabo la reconstrucción de 14 prisiones de distrito que resultaron seriamente dañadas durante el conflicto armado.

138.El Departamento de Administración Penitenciaria es responsable de la gestión general de las cárceles. En el pasado se constituyeron diversos comités, comisiones y equipos de tareas (concretamente, en 1948, 1951, 1960, 1973, 1987, 1990, 1993, 1997 y 2000) con el fin de mejorar la situación de los reclusos, incluida la protección efectiva de sus derechos. Se formularon distintas recomendaciones con miras a reformar el sistema penitenciario, entre las que se incluían planes para la reparación y renovación de los centros de detención anticuados y la construcción de nuevas prisiones. En los planes periódicos se han esbozado directrices para las políticas de mejora y reforma de la justicia penal y del sistema de administración penitenciaria en aras del buen gobierno y de los derechos humanos. En el Plan de Acción Nacional para los derechos humanos se ha incluido la administración y la reforma del sistema penitenciario como una entre doce esferas críticas de intervención. Algunas de las actividades más importantes que se han acometido al respecto son reformas jurídicas, el establecimiento de prisiones abiertas y servicios para la comunidad, el sistema de libertad vigilada y libertad condicional, la prestación de servicios jurídicos auxiliares y de asistencia letrada, la puesta en marcha de cursos de formación profesionales y otras medidas destinadas a la reintegración social de los presos y la mejora continua de las condiciones físicas de las cárceles.

139.El Departamento de Administración Penitenciaria ha puesto en marcha programas de ampliación en las cárceles de distrito de Sunsari, Parsa y Dhangadi, así como en la Prisión Central y en la de Nakhu. En la actualidad se está desarrollando un proyecto para construir una nueva cárcel que funcionará en régimen de prisión abierta. Se está elaborando un manual de reglamentación de los procedimientos para asignar servicios comunitarios a los reclusos. Con el fin de estimar y establecer prioridades en cuanto a la mejora de las infraestructuras, se está implantando un sistema electrónico que permitirá visualizar las cárceles a distancia. Se está ultimando también un manual de procedimiento para actuar con uniformidad y transparencia en los asuntos relativos a la gestión penitenciaria. El Departamento de Administración Penitencia también trabaja en la elaboración de un proyecto de ley en virtud del cual se introducirán las oportunas enmiendas a la Ley de prisiones de 1964, con miras a velar por que el sistema penitenciario de Nepal tenga en cuenta en mayor medida el objetivo fundamental de reformar y reinsertar a los presos en la sociedad y que los jóvenes infractores reciban un trato adecuado a su edad y situación jurídica.

140.Preocupan también al Gobierno de Nepal varios desafíos y problemas a ese respecto, como por ejemplo la falta de reformas y revisiones oportunas de la legislación; el estado deficiente de las infraestructuras físicas en las cárceles; la insuficiencia de servicios e instalaciones básicas para los reclusos; la escasez de programas de perfeccionamiento de las aptitudes profesionales y de generación de ingresos; la atención y protección insuficientes para los niños a cargo de los presos; o el lento desarrollo de los programas destinados a corregir el comportamiento de los reclusos como alternativa a la pena de prisión. El Gobierno está fomentando la asociación entre los sectores público, cooperativo y privado y su colaboración con los asociados para el desarrollo a fin de hacer frente a esas limitaciones de recursos.

Artículo 11

Derecho a no ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual

141.La legislación vigente no contiene disposiciones que prevean el encarcelamiento de ninguna persona por su incapacidad para cumplir una obligación contractual. En el ordenamiento jurídico de Nepal no se contemplan penas de prisión para casos relacionados con obligaciones contractuales. El Gobierno de Nepal considera que la pena de prisión no debe aplicarse en casos civiles.

Artículo 12

Derecho a circular libremente

142.En el artículo 12 3) e) de la Constitución se garantiza el derecho a circular y residir en cualquier parte del territorio de Nepal como un derecho fundamental de todos los ciudadanos.Por tanto, el derecho a la libertad de circulación está protegido por la Constitución. Tal derecho puede restringirse mediante una ley aprobada para proteger el interés público general o que imponga restricciones razonables a cualquier acción que pueda poner en peligro la armonía de las relaciones entre los miembros de diversas castas, tribus, religiones o comunidades. Los no nacionales que se encuentren legalmente en el territorio de Nepal también tienen derecho a la libertad de circulación. Sin embargo, para que los no nacionales puedan ejercer ese derecho deben solicitar un permiso a la autoridad competente que les permitirá visitar lugares designados como zonas restringidas. Además, en el artículo 31 de la Constitución se garantiza el derecho de los ciudadanos a no ser exiliados. La legislación de Nepal no incluye disposiciones para el destierro de ciudadanos.

143.En el período comprendido entre 1996 y 2006, debido a la insurgencia y a la imposición del estado de emergencia, el derecho a la libre circulación de los ciudadanos se vio restringido en cierta medida. Tras la firma del Acuerdo General de Paz y la promulgación de la Constitución, la situación ha vuelto a la normalidad y los ciudadanos gozan ahora de plena libertad de circulación.

Artículo 13

No expulsión de extranjeros

144.El Gobierno de Nepal no aplica política alguna de expulsión de personas a sus países de origen, salvo en circunstancias excepcionales. La expulsión no puede realizarse si no hay razones fundadas para considerar que la permanencia de una persona en territorio nepalés supondría un peligro para la seguridad nacional, y sin que medie una decisión al respecto de la autoridad competente conforme a la ley. La legislación específica en relación con ese procedimiento es la Ley de inmigración de 1992. Su principal objetivo es regular y controlar los movimientos (entrada, estancia y salida) de los ciudadanos extranjeros en Nepal. Para entrar a Nepal, los extranjeros deben tener un pasaporte y un visado válidos. Cualquier extranjero afectado por una decisión de expulsión dictada por la autoridad competente podrá interponer un recurso ante un tribunal de apelación.

145.Nepal ha brindado refugio a 108.344 refugiados butaneses y a unos 20.000 refugiados tibetanos por razones humanitarias. Los refugiados tibetanos están dispersos en 20 distritos de Nepal. A cada adulto se le proporciona un documento de identidad válido por un año y renovable. Los refugiados tienen también garantizados los derechos humanos básicos. Más de 44.000 refugiados butaneses han salido de Nepal para establecerse en países como los Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, el Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega y Nueva Zelandia.

146.Con miras a la repatriación de los refugiados butaneses, Nepal y Bhután acordaron crear un Comité Ministerial Conjunto en julio de 1993. Un equipo de verificación conjunta se ocupó de comprobar la identidad de los refugiados y dividirlos en categorías. Sin embargo, la repatriación de los refugiados butaneses aún no ha comenzado.

147.A nivel central, se ha creado la Dependencia Nacional para la Coordinación de Asuntos de los Refugiados en el seno del Ministerio del Interior, con objeto de planificar, coordinar y supervisar las cuestiones administrativas relacionadas con los refugiados. La Dependencia de Coordinación de los Refugiados, un organismo operacional y de ejecución, trabaja sobre el terreno en Chandragadhi (Jhapa). El ACNUR, junto con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, ha venido prestando asistencia humanitaria y socorro de emergencia a los refugiados butaneses desde 1991.

148.La ley de extradición, de 1988, permite al Gobierno extraditar a una persona que haya cometido un delito según lo estipulado en el tratado de extradición con el país extranjero en cuestión, salvo si el delito es de naturaleza política. El Gobierno de Nepal está examinando la legislación sobre extradición en vigor a fin de armonizarla con las prácticas internacionales.

Artículo 14

Juicio imparcial

149.La Constitución establece la estructura de los tribunales en una jerarquía de tres niveles, a saber, el Tribunal Supremo, los tribunales de apelación y los tribunales de distrito. El Tribunal Supremo es el tribunal de más alto nivel en la jerarquía judicial. Los demás tribunales y órganos judiciales están por debajo del Tribunal Supremo, que está facultado para inspeccionarlos y supervisarlos. El Tribunal Supremo está integrado por un Presidente y no más de 14 magistrados. Para acceder al cargo de Presidente será necesario haber ejercido como magistrado en el Tribunal Supremo. A su vez, para ser magistrado del Tribunal Supremo será necesario haber ejercido como juez de un tribunal de apelación o haber desempeñado un cargo equivalente en el servicio judicial durante un período de 7 años, o un puesto de funcionario de primer nivel en el servicio judicial durante 12 años, o haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años con la calificación de abogado licenciado en Derecho o fiscal, o tener la condición de jurista de reconocido prestigio y haber trabajado en el ámbito judicial o legal durante al menos 15 años. Los magistrados ejercen el cargo hasta la edad de 65 años. El Presidente del Tribunal Supremo nombra a los jueces de los tribunales de distrito y los tribunales de apelación previa recomendación del Consejo Judicial. Para poder optar al cargo de presidente o juez de un tribunal de apelación es necesario ser licenciado en Derecho y haber ejercido como juez de un tribunal de distrito, o haber desempeñado un puesto de primer nivel en el servicio judicial durante al menos 7 años, o haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 10 años como abogado licenciado en derecho o fiscal, o haber enseñado Derecho o realizado investigaciones en el ámbito judicial durante al menos 10 años. A su vez, un juez de un tribunal de distrito debe ser licenciado en Derecho y haber desempeñado al menos un puesto de segundo nivel en el servicio judicial durante un mínimo de 8 años, o haber ejercido la abogacía durante al menos 8 años como abogado licenciado en derecho. Los jueces ejercen su cargo hasta la edad de 63 años. La titularidad del cargo está garantizada en la Constitución, y su remuneración, las instalaciones donde trabajan y otras condiciones de servicio están previstas por ley.

150.La Constitución también prevé la posibilidad de que se establezcan y constituyan por ley otros tribunales, órganos judiciales o cortes para juzgar casos de naturaleza especial. En la actualidad existen más de 100 órganos judiciales, incluidos el Tribunal Supremo, 16 tribunales de apelación, 75 tribunales de distrito, otros 9 tribunales y cortes (el Tribunal Especial, el Tribunal Administrativo, el Tribunal de Trabajo, los tribunales de cuentas, el Tribunal de apelación para la recuperación de deudas y el Tribunal de recuperación de deudas) y una Dirección de Ejecución de Sentencias. Actualmente, un total de 256 jueces prestan servicio en los tribunales ordinarios. La Ley de los Colegios de Abogados reglamenta dichos órganos como mecanismo institucional, y protege los derechos e intereses de los abogados.

151.La Ley de administración de justicia, de 1991, dispone que todos los casos vistos por los tribunales de distrito o los órganos cuasijudiciales están bajo la jurisdicción de los respectivos tribunales de apelación. El Tribunal Supremo ejerce como tribunal de apelación para todos los casos juzgados en primera instancia por los tribunales de apelación, y puede revisar sus propias sentencias y órdenes finales a reserva de las condiciones que establezca la ley.

152.La Constitución garantiza el derecho de igualdad ante la ley, asegura que no se niegue a las personas igual protección ante la ley, y reconoce su derecho a un juicio justo por un tribunal o autoridad judicial competente. En virtud del artículo 100 de la Constitución, la facultad de impartir justicia recae en los tribunales y otras instituciones judiciales, que la ejercen de conformidad con la Constitución, las leyes y los principios reconocidos por la justicia. La incorporación de estos últimos abre la puerta a la posibilidad de aplicar los principios universalmente reconocidos de derechos humanos en Nepal. La Ley de administración de justicia de 1991, la Ley de libertades civiles de 1954, el capítulo del Código Civil relativo a los procedimientos judiciales, la Ley de casos de Estado de 1992, la Ley de policía de 1955 y la Ley de prueba de 1974 son los principales instrumentos legislativos que regulan las cuestiones relativas al juicio justo en el marco de la instrucción, la vista y la ejecución de la sentencia. La Policía de Nepal es responsable de investigar los delitos, salvo que una ley específica prevea lo contrario. La Ley de casos de Estado es un instrumento legislativo importante a ese respecto. Todas las personas son iguales ante los tribunales y las instituciones judiciales.

153.Toda persona privada de libertad tiene derecho a ser informada sin demora de los cargos contra ella y a un juicio justo por un tribunal u órgano judicial competente. Las personas sin recursos pueden beneficiarse de asistencia jurídica gratuita de conformidad con la Ley de asistencia jurídica de 1997. Cada uno de los 75 distritos del país cuenta con un comité jurídico de distrito encargado de prestar ese tipo de asistencia con anterioridad al juicio y en el transcurso del mismo. Se han adoptado diversas medidas para velar por la aplicación efectiva del derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados sin demora indebida. El número de tribunales y jueces ha aumentado, y los procedimientos judiciales se han simplificado mediante enmiendas a los reglamentos de los tribunales de distrito, los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. Además de los tribunales ordinarios, varios órganos cuasijudiciales tienen facultades para juzgar casos de naturaleza técnica mediante los procedimientos previstos por ley.

154.Es posible impugnar las decisiones de esos órganos ante los tribunales de apelación. Todos los procedimientos judiciales, salvo los que tienen lugar a puerta cerrada, están abiertos al público y a los medios de comunicación. El Tribunal Supremo ha presentado un plan estratégico quinquenal para la judicatura con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y agilizar los juicios. De conformidad con dicho plan, los tribunales han de respetar rigurosamente los plazos establecidos para dictar sentencia. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del capítulo del Código Civil relativo a los procedimientos judiciales, los casos deben resolverse en el plazo máximo de un año, o de seis meses cuando haya recurso de apelación. Los casos juzgados mediante procedimientos abreviados, de conformidad con la Ley de procedimientos abreviados, deben resolverse en un plazo de 90 días. En virtud del artículo 182 del capítulo del Código Civil relativo a los procedimientos judiciales, se permite a las partes llegar a un acuerdo en las causas civiles, y los reglamentos de los tribunales de distrito, los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo incluyen disposiciones relativas a la mediación. La Ley de arbitraje de 1999 prevé procedimientos arbitrales para la resolución de controversias de carácter civil y mercantil mediante arbitraje dentro de un plazo especificado.

155.El programa de asistencia jurídica se ha convertido en parte integrante del sistema de justicia penal de Nepal. El Gobierno de Nepal proporciona un abogado defensor a los acusados que no tengan medios para contratarlo a fin de que les represente ante los tribunales. Dos abogados remunerados prestan servicio en el Tribunal Supremo, mientras que cada tribunal de apelación y de distrito cuenta con uno.

156.De conformidad con el Código Civil, las partes en cualquier caso (con la salvedad de las causas penales) tienen la posibilidad de alcanzar un acuerdo en cualquier fase de la audiencia anterior a la sentencia definitiva. Las partes en los litigios han utilizado con frecuencia esa disposición para resolver sus controversias de forma más rápida. Los órganos locales también están facultados para resolver diferencias mediante arbitraje, en virtud de la Ley de administración local de 1999.

157.En el artículo 55 de la Ley de la infancia de 1992 se estipula que el Gobierno de Nepal podrá establecer los tribunales de menores que sean necesarios para entender de las causas en que estén implicados menores de edad. En consecuencia, todos los tribunales de distrito cuentan actualmente con una sección de menores, integrada por un juez, un abogado de menores, un psicólogo y un asistente social. Los juicios correspondientes a dicha sección se celebran a puerta cerrada.

158.El sistema de justicia penal de Nepal acepta el principio de la "presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario". La Constitución reconoce ese principio de manera explícita, estableciendo que toda persona acusada de un delito se considerará inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Del mismo modo, la Constitución dispone que nadie sea juzgado o castigado en un tribunal por el mismo delito más de una vez. Además, toda persona acusada de un delito tiene el derecho fundamental a que no se la obligue a declarar contra sí misma. No existe ningún instrumento legislativo específico en relación con la protección de los testigos. Sin embargo, se dispone de diversos mecanismos administrativos a tal fin. Con miras a acometer una amplia reforma de las normas de procedimiento penal mediante el fortalecimiento del principio de la garantía de un juicio justo durante las fases de instrucción, enjuiciamiento, audiencia y ejecución de las sentencias, el Gobierno de Nepal ha remitido a la Cámara legislativa-Parlamento proyectos de ley relativos al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y a la legislación sobre las condenas con el fin de armonizar el sistema de justicia penal de Nepal con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos pertinentes, así como con las normas internacionales conexas.

Artículo 15

Prohibición de las leyes retroactivas

159.En el artículo 24 4) de la Constitución se dispone que ninguna persona será castigada por un acto que no estuviera tipificado como delito cuando se cometió, ni será sometida a una pena mayor que las que contemplara la legislación vigente en el momento de la comisión. Por tanto, está prohibido promulgar leyes con carácter retroactivo. En Nepal, la práctica habitual es promulgar leyes penales con efectos prospectivos, y en general no se han promulgado leyes penales con efectos retroactivos. Sin embargo, una excepción fue la ley penal promulgada en 1986 para prevenir determinados actos de perturbación del orden público. Esa ley se derogó inmediatamente tras el movimiento popular de 1989.

160.A pesar de lo dicho, en las causas penales se aplican de manera retroactiva las leyes penales que son favorables a los infractores, incluso cuando existe una condena firme. Por ejemplo, si una persona cumple una sentencia y durante ese período se promulga una ley que reduce la pena correspondiente al delito cometido o que lo despenaliza, dicha persona se beneficiará inmediatamente de esa reducción de pena o despenalización del delito. Así pues, queda demostrado que la retroactividad de una ley penal puede favorecer a los infractores.

161.Es interesante señalar que una ley penal que se haya promulgado tras la comisión de un delito penal se aplicará si es más favorable para el infractor que la ley anterior correspondiente. La nueva ley se considera como ley de beneficios y, a menos que disponga lo contrario, la policía judicial o los tribunales (según proceda) la aplicarán de la manera que resulte más favorable para los infractores.

Artículo 16

Derecho al reconocimiento por ley de la personalidad jurídica

162.En los artículos 12 1), 13 1), 2) y 3) de la Constitución se protege el derecho de toda persona al reconocimiento por ley de su personalidad jurídica en todo momento y lugar. Es obligatorio inscribir a todos los niños nacidos en el territorio de Nepal en la oficina de registro civil correspondiente, de conformidad con la Ley de registro de nacimientos, defunciones y otros hechos personales.

Artículo 17

Protección frente a las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familiay el domicilio

163.El artículo 28 de la Constitución establece que, salvo disposición contraria en la legislación, son inviolables la privacidad y el domicilio de todas las personas, así como sus bienes, documentos, estadísticas y correspondencia, y los asuntos relativos a su intimidad. Todas las personas gozan de ese derecho sin excepción. En la Ley de correos de 1963 se tipifica como delito el abrir o manipular material postal antes de que llegue a su destinatario, y se prevén las sanciones correspondientes para los funcionarios u otras personas que cometan ese delito. En la Ley de telecomunicaciones, de 1997, también se prescriben diversas sanciones por interceptar comunicaciones o divulgar información a personas no autorizadas, salvo en los casos previstos por ley. Por su parte, la Ley de transacciones electrónicas, de 2008, protege la privacidad de los datos electrónicos. Cabe señalar que en la causa Annapurna Rana c. Gorakh Sumsher JB Rana, de 1999, el Tribunal Supremo sostuvo que la orden dictada por el tribunal de distrito en virtud de la cual se requería una prueba vaginal y de útero sin el consentimiento de la parte demandante constituía una violación expresa del derecho a la privacidad según se establece en la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Supremo puede utilizarse en todo caso para justificar la adopción de medidas de reparación frente a vulneraciones de los derechos de las personas.

Artículo 18

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

164.En 2006, la reinstaurada Cámara de Representantes adoptó una resolución por la que se declaraba a Nepal como Estado secular. La Constitución establece que Nepal es un Estado soberano, secular, inclusivo y plenamente democrático. En su artículo 23 se protege el derecho a la libertad de religión como derecho fundamental. En consecuencia, toda persona tiene derecho a profesar, practicar y proteger su propia religión según le haya sido transmitida históricamente, con el debido respeto a las prácticas sociales y culturales existentes; asimismo, todas las religiones tienen derecho a mantener su independencia y a gestionar y proteger su patrimonio y sus lugares de culto de conformidad con la ley. Sin embargo, nadie puede coaccionar a otra persona para que adopte una religión determinada. La Constitución establece explícitamente que nadie podrá obligar a otra persona a que cambie de religión. Además, en el artículo 1 del capítulo del Código Civil que aborda la moralidad se tipifica como delito el acto de someter a una persona a medidas coercitivas que menoscaben su libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección.

Artículo 19

Derecho a la libertad de expresión

165.La Constitución ha garantizado como derecho fundamental el derecho a la información, además de la libertad de expresión. Por consiguiente, todos los ciudadanos tienen derecho a exigir y recibir información sobre cualquier asunto de importancia pública. Sin embargo, se entiende que tal disposición no obliga a ninguna persona a difundir información sobre asuntos cuya privacidad esté protegida por la ley.

166.Además, el artículo 15 de la Constitución garantiza el derecho de publicación y difusión por radio, televisión y prensa como un derecho fundamental. Está prohibida la censura de noticias en cualquier publicación, emisión de radio o televisión o artículo de prensa, o de materiales audiovisuales, incluidos los electrónicos. Sin embargo, ese derecho está sujeto a las restricciones razonables que puedan imponerse por ley, en caso necesario, para proteger la soberanía y la integridad, el orden público, la salud pública y la moralidad; o para prevenir cualquier acto de traición, difamación, desacato a los tribunales o incitación al delito; o para mantener las relaciones armoniosas entre personas de diferentes castas, tribus o comunidades en Nepal. Además, también está prohibido cerrar o embargar periódicos y otras publicaciones por imprimir o publicar noticias o materiales determinados, así como interrumpir las emisiones de cualquier medio de comunicación salvo en los casos previstos por la ley.

167.En 1992 se elaboró un instrumento específico, la Ley de prensa y publicación, con el fin de salvaguardar la libertad de opinión y de expresión; posteriormente, con la promulgación de la Ley de derecho a la información de 2007, ese derecho se ha hecho plenamente efectivo. Se ha creado además la Comisión Nacional de Información para proteger, promover y vigilar su aplicación. Mediante esa Ley se ha fortalecido aún más el compromiso de Nepal de promover la libertad de información y el derecho a acceder a la información. Cabe señalar que durante el estado de emergencia se aprobó una ordenanza por la que se enmendaban determinadas leyes relativas a los medios de comunicación con el fin de restringir la libertad de opinión y de expresión, concretamente la Ley de radio, de 1997; la Ley de la Agencia Nacional de Noticias, de 1962; la Ley de prensa y publicación, de 1991; la Ley del Consejo de la Prensa, de 1992; la Ley nacional de radio y televisión, de 1993; y la Ley de calumnias e injurias, de 1959. No obstante, la ordenanza se derogó en mayo de 2006 por considerarse que imponía restricciones irrazonables sobre la libertad de opinión y de expresión.

168.El Gobierno de Nepal considera que ha hecho progresos sustanciales con respecto a la aplicación del derecho a la información, la publicación y la libertad de prensa durante el período examinado en el presente informe. En el período de seis años comprendido entre 2003 y 2009, el Ministerio de Información y Comunicaciones concedió licencias a 350 emisoras de radio en FM y a 30 cadenas de televisión. En 2009, la cobertura del sistema de onda media llegaba al 85% de la población. El sistema de frecuencia modulada (FM) llegaba al 40% de la población, y el de onda corta a casi el 90%. Entre 2004 y 2009 se autorizó la publicación de numerosos periódicos y revistas con distinta periodicidad, a saber, 410 diarios, 17 bisemanales, 2.047 semanales, 391 quincenales, 1.607 mensuales, 307 bimensuales, 480 trimensuales, 26 trimestrales, 69 semestrales y 82 anuales.

Artículo 20

Prohibición de la propaganda en favor de la guerra

169.Se prohíbe cualquier tipo de propaganda en favor de la guerra, así como la defensa o propaganda del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. De conformidad con el artículo 34 6) de la Constitución, el Estado debe orientar sus relaciones internacionales hacia la consecución de un país más digno en la escena internacional, mediante la preservación de la soberanía, la integridad y la independencia. De manera análoga, en virtud del artículo 35 21) y 22), el Estado debe desarrollar una política exterior basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la no alineación, los principios del Acuerdo de Panchsheel, el derecho internacional y los valores de la paz mundial, así como adoptar medidas para reforzar institucionalmente la paz en Nepal en el marco de las normas internacionales, al tiempo que se promuevan relaciones cooperativas y armoniosas en esferas como la económica o la social con los países vecinos y el resto de países del mundo, sobre la base de la igualdad. No se ha informado de ningún caso concreto de propaganda en favor de la guerra durante el período examinado por el presente informe.

Artículo 21

Derecho de reunión pacífica

170.En el artículo 12 3) b) de la Constitución se reconoce la libertad de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de ese derecho está sujeto a las limitaciones razonables que puedan imponerse por ley para la protección de la soberanía, la integridad, la paz y el orden público en Nepal. El artículo 6 de la Ley de libertades civiles, de 1954, también protege el derecho de todos los ciudadanos a reunirse pacíficamente. Durante el estado de emergencia se impusieron algunas restricciones al libre ejercicio del derecho de reunión pacífica. La Ley de administración local, de 1971, prevé determinadas circunstancias en las que se pueden imponer restricciones razonables al ejercicio de ese derecho.

171.Todos los ciudadanos tienen derecho a reunirse con otras personas con fines políticos o para adoptar decisiones sobre acciones comunes. El derecho de reunión en el marco de una democracia participativa, y la posibilidad de que cada persona pueda reunirse con otras personas de común acuerdo en un lugar determinado con el fin de lograr un objetivo concreto, constituyen un aspecto esencial de la libertad, libertad que en Nepal está protegida. No obstante, esas reuniones deben ser pacíficas.

172.En Nepal, las manifestaciones públicas son una de las formas que tienen los ciudadanos de expresar sus demandas sociales. El derecho de reunión se considera una libertad fundamental de conformidad con las leyes vigentes en Nepal. La libertad es el fundamento de la acción política ejercida en el marco de campañas electorales, así como de los movimientos cívicos y otras manifestaciones legítimas de protesta o apoyo públicos.

Artículo 22

Libertad de asociación y derechos sindicales

173.En el artículo 12 3) d) de la Constitución se garantiza el derecho a la libertad de asociación. El ejercicio de ese derecho está sujeto a las restricciones razonables que puedan imponerse por ley para la protección de la soberanía e integridad de Nepal, de las relaciones armoniosas entre personas de diferentes castas, tribus, religiones o comunidades y de la moralidad pública, así como para la prevención de actividades violentas. En Nepal, la libertad de asociación se considera una libertad fundamental del ejercicio democrático. Esa libertad se ejerce mediante la formación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones. El establecimiento de partidos políticos es una libertad básica de los ciudadanos del país, y la Constitución prevé ciertas normas básicas con respecto al establecimiento, la gestión y el funcionamiento de los partidos políticos. Para que un partido político pueda constituirse legalmente, sus objetivos no pueden ser contrarios a la esencia y el espíritu básicos del preámbulo de la Constitución. Con el fin de obtener la autorización de la Comisión Electoral para presentarse a unas elecciones, los partidos políticos deben inscribirse en el registro de la propia Comisión. Además, para ello deben cumplir determinados requisitos, por ejemplo que los estatutos y reglamentos del partido sean democráticos, prevean la elección de sus cargos al menos una vez cada cinco años en todos los niveles, y contengan una disposición de carácter inclusivo en virtud de la cual los comités ejecutivos de distintos niveles incluyan a mujeres, dalit y personas procedentes de sectores excluidos y marginados. La Comisión Electoral no permite la inscripción de ninguna organización o partido político que discrimine contra cualquier ciudadano de Nepal únicamente sobre la base de su religión, casta, tribu, idioma o sexo, o si su nombre, objetivo, insignia o estandarte son de naturaleza tal que puedan poner en peligro la unidad entre las religiones y comunidades de Nepal o fragmentar el país, o si en sus estatutos y reglamentos se incluye el objetivo de proteger y promover un sistema de partido único o sin partidos políticos.

174.En el artículo 30 se reconoce como fundamental el derecho al trabajo, incluido el derecho a desempeñar un trabajo apropiado y el derecho de todos los trabajadores a formar sindicatos y afiliarse a ellos, además de recurrir a la negociación colectiva para proteger sus intereses de conformidad con la ley. Nepal es parte en el Convenio Nº 98 de la OIT relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949. Cabe señalar que el artículo 141 de la Constitución prohíbe imponer restricciones a los partidos políticos. Las personas que se sienten identificadas con una ideología política común tienen derecho a fundar y gestionar los partidos políticos de su elección. Cualquier ley o arreglo que imponga tales restricciones o que estipule la participación de un partido único en unas elecciones, en el sistema político o en el gobierno del país, es incompatible con la Constitución y por lo tanto queda anulado de inmediato. La ley de registro de asociaciones de 1997 y la Ley de orientación nacional de 1961 también prevén el establecimiento y funcionamiento de asociaciones destinadas a actividades benéficas y sociales. En la actualidad, un gran número de organizaciones no gubernamentales y comunitarias trabajan en las esferas social, cultural y de los derechos humanos.

175.La Ley de sindicatos de 1992 es el instrumento legislativo específico en esa esfera. En dicha Ley se establecen tres niveles de sindicatos. El 25% de los trabajadores de una empresa que emplee al menos a diez personas pueden constituir un sindicato a nivel de la propia empresa para proteger y promover sus derechos e intereses profesionales. Cincuenta sindicatos de empresa pueden, de común acuerdo, formar una federación a nivel nacional, y diez de esas federaciones pueden constituir a su vez una federación de sindicatos.

176.Los sindicatos están reconocidos como personas jurídicas autónomas con sucesión perpetua y facultades para emprender negociaciones colectivas. Sin embargo, para organizar una huelga deben seguir los procedimientos que determina la Ley de sindicatos. En virtud de la segunda enmienda a la Ley de la función pública, de 1993, se permite también a los funcionarios formar sindicatos bajo determinadas condiciones. De conformidad con la Ley de servicios esenciales, el Gobierno de Nepal puede prohibir, previa notificación, que organizaciones públicas responsables de prestar servicios esenciales participen en una huelga.

Artículo 23

Protección de la familia

177.La sociedad y el Estado de Nepal protegen la familia como la unidad natural y fundamental de la sociedad. El matrimonio se considera una institución básica de la sociedad. Los hombres y las mujeres en edad de contraer matrimonio tienen derecho a casarse y formar una familia. A tal fin, el artículo 2 del capítulo del Código Civil relativo al matrimonio establece en 20 años la edad mínima legal para contraer matrimonio (hombres y mujeres). Sin embargo, cualquier persona puede contraer matrimonio a la edad de 18 años si cuenta con el consentimiento de sus padres. Un matrimonio celebrado sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes puede anularse, y cualquier persona que haya contribuido a facilitar dicho matrimonio puede ser condenada a pena de prisión y al pago de una multa. El matrimonio se regula en distintos capítulos del Código Civil, así como en la Ley de registro de matrimonios, de 1972, y en la Ley de registro de nacimientos, defunciones y otros hechos personales, de 1976.

178.La legislación protege debidamente la vida familiar posterior al matrimonio. En la causa Abogado Mira Dhungana c. el Ministerio de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios, el Tribunal Supremo falló que el artículo 1 del capítulo del Código Civil relativo a la violación no pretende proporcionar inmunidad al marido por una violación cometida contra su esposa. Esa sentencia ha introducido el concepto de violación conyugal en Nepal. En consecuencia, se ha enmendado dicho artículo del Código Civil de conformidad con la Ley de igualdad de género de 2006, y el mantener relaciones sexuales con la esposa sin su consentimiento se ha tipificado como delito. Los capítulos del Código Civil relativos al matrimonio y a los cónyuges incluyen disposiciones oportunas para asegurar la igualdad de derechos y responsabilidades de los esposos en relación con el matrimonio, durante éste y en caso de disolución.

179.En el artículo 1 a) del capítulo del Código Civil relativo a los cónyuges se establecen las causas de divorcio, que son igualmente aplicables a ambos sexos. Sin embargo, se han establecido algunas distinciones en relación con los trámites correspondientes. Toda esposa que desee solicitar el divorcio puede remitir directamente una solicitud al tribunal de distrito correspondiente, mientras que el marido debe dirigirse en primer lugar al órgano local competente, y luego acudir al tribunal de distrito para solicitar el divorcio con una recomendación formulada por dicho órgano. Esa disposición se impugnó en la causa Chandrakanta Gyawali c. la Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Ministros, et al. El Tribunal Supremo ha promulgado una directiva en la que se insta al Gobierno de Nepal a que introduzca los cambios legislativos adecuados al respecto.

180.En caso de disolución del matrimonio, la ley otorga prioridad a la madre en la manutención de los hijos hasta la edad de cinco años, siempre y cuando no contraiga de nuevo matrimonio. Si la madre no desea asumir esa responsabilidad, es el padre quien debe encargarse de la manutención de los hijos. Una vez disuelto el matrimonio, la mujer tiene derecho a disfrutar de los bienes de su marido en condiciones de igualdad. Durante la fase de elaboración del decreto de divorcio, el tribunal debe asimismo dictar un decreto de reparto de bienes entre los cónyuges. Sin embargo, la esposa puede elegir entre aceptar la parte de los bienes que se le ha asignado o reclamar una pensión hasta que contraiga de nuevo matrimonio.

181.Por lo que respecta a los matrimonios entre personas del mismo sexo, en la cultura nepalesa no se reconocen ese tipo de matrimonios, y se considera que el matrimonio consiste únicamente en la unión de dos personas de distinto sexo. La legislación no contiene ninguna disposición al respecto. Sin embargo, el 21 de diciembre de 2007, en la causa Blue Diamond Society c. el Gobierno del Nepal, el Tribunal Supremo dictó una orden en la que se instaba al Gobierno a enmendar las leyes que discriminasen a las minorías sexuales y de género, expedir documentos de identidad con indicación del "tercer género", y crear un comité de siete miembros con la función de llevar a cabo estudios e investigaciones sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. A fin de dar cumplimiento a esa orden, el Gobierno de Nepal ha adoptado un plan de acción, que forma parte integrante del Plan de Acción Nacional para los derechos humanos, con el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación y desigualdad basadas en la raza, el idioma, la cultura, la orientación sexual y la identidad de género y de salvaguardar los derechos humanos de las minorías sexuales y de género. Cabe señalar que el Gobierno ha comenzado a expedir documentos de identidad con indicación de la orientación sexual.

Artículo 24

Derechos del niño

182.Nepal es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos. En relación con la protección y promoción de los derechos del niño, Nepal reafirma la validez de su informe periódico en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/65/Add.30). En el Acuerdo General de Paz se ha expresado el compromiso de proteger los derechos del niño y prohibir el reclutamiento de menores de 18 años en cualesquiera fuerzas armadas. De manera similar, el artículo 22 de la Constitución protege los derechos del niño como un derecho fundamental, que abarca toda una serie de otros derechos. Por ejemplo, todos los niños tienen derecho a un nombre y una identidad. También se ha reconocido de forma explícita el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad. Además, todos los niños tienen derecho a no ser objeto de explotación física, mental o de cualquier otro tipo. Dicha explotación conlleva responsabilidad penal y la víctima tiene derecho a recibir la compensación que determine la ley. En la Constitución también se reconoce el derecho de todo niño a la alimentación, la salud básica y la seguridad social; el derecho de los niños huérfanos, sin hogar, con discapacidad mental, víctimas de conflictos, desplazados o vulnerables y los niños de la calle a recibir una atención especial del Estado; y el derecho que los niños a que no se les obligue a trabajar en una fábrica, mina u otro lugar de trabajo peligroso. El reclutamiento de menores de 18 años en el ejército y las fuerzas policiales de Nepal está también prohibido.

183.Como ya se ha señalado, la Ley de nacimientos, defunciones y otros hechos personales, de 1976, prescribe los trámites legales necesarios para registrar el nacimiento de un niño. Hay un registro local en cada Comité de Desarrollo de Aldea y municipalidad.

184.El Gobierno de Nepal ha adoptado una serie de medidas políticas, jurídicas e institucionales con miras a la plena aplicación del derecho de todo niño, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a beneficiarse de la protección que la familia, la sociedad y el Estado deben brindarle por su condición de menor de edad. El Plan trienal provisional tiene por objeto erradicar todas las formas de explotación, abuso, violencia y discriminación contra los niños mediante el fomento de un entorno propicio para su desarrollo físico, emocional, mental e intelectual y para la protección de sus derechos. El Gobierno de Nepal ha puesto en marcha un Plan de Acción Nacional decenal (2004/2005-2014/2015) que abarca las esferas de la salud, la protección de los niños frente al abuso, la explotación y la violencia, y la lucha contra el VIH/SIDA. En el año 2000, el Gobierno formuló una política destinada a luchar contra la explotación sexual comercial de mujeres y niños.

185.Nepal dispone de un amplio marco jurídico para la protección de los derechos del niño. La Ley de la infancia de 1992 y su Reglamento incorporan casi todos los derechos del niño, al que se define como toda persona menor de 16 años (según la definición que figura en la Convención sobre los Derechos del Niño), sobre la base de un enfoque de respeto hacia el niño. A la edad de 16 años, el niño alcanza la mayoría de edad en asuntos civiles y se le considera adulto a efectos penales. Sin embargo, en el nuevo proyecto de Código Penal se ha propuesto elevar la mayoría de edad hasta los 18 años. De conformidad con la legislación, la familia tiene la responsabilidad principal de velar por el interés superior del niño, lo que incluye su cuidado, salud, educación y otras necesidades básicas. Los padres, tutores legales y maestros están obligados a brindar protección y cuidado a los niños y a no someterlos a ningún tipo de tortura o trato cruel. Cabe también señalar que, en la causa Tilottam Poudel c. el Ministerio del Interior, de 2001, el Tribunal Supremo sostuvo que los niños tienen derecho a asociarse, tal como se estipula en el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Tras esa sentencia se han creado más de 1.500 clubes o grupos infantiles que promueven activamente los derechos del niño en Nepal.

186.La Ley de la infancia, así como el sistema de justicia penal de Nepal, está orientada a la rehabilitación de los jóvenes infractores en diversas instituciones, como los reformatorios para menores. En Nepal, la edad mínima de responsabilidad penal es de diez años. Conforme a lo dispuesto en dicha Ley, se considera que un niño menor de diez años no puede violar la ley ni cometer delitos. La Ley de la infancia también dispone que los niños menores de 16 años deben permanecer separados de los adultos mientras se encuentren bajo custodia policial. De manera similar, no está permitido recluir a los menores de 16 años en cárceles. Se prevé la creación de reformatorios para rehabilitar a niños afectados por conflictos, drogadictos o implicados en actividades inmorales. En la normativa conexa sobre justicia juvenil se prescriben procedimientos respetuosos con el menor para el enjuiciamiento de esos casos. El artículo 19 de la Ley de la infancia obliga a los tribunales a impedir el juicio de un menor de edad si no hay un abogado que lo defienda. El tribunal competente debe adoptar las medidas necesarias a tal fin. En la actualidad, los 75 tribunales de distrito del país cuentan con secciones de menores.

187.La Ley de regulación y prohibición del trabajo infantil, de 1999, prohíbe la contratación de menores de 14 años como trabajadores, y prevé penas severas por la comisión de ese delito. Se han establecido un comité y un fondo para la prevención del trabajo infantil de conformidad con dicha Ley. Esas medidas se ajustan también a lo dispuesto en la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, de 1999. El Gobierno ha aplicado un plan general para eliminar las peores formas de trabajo infantil a nivel nacional. Las esferas prioritarias en el marco del plan son el trabajo infantil en régimen de servidumbre; el trabajo infantil doméstico; los niños porteadores; los niños que trabajan en minas; los niños traperos; la trata de niños con fines de explotación sexual; y los niños que trabajan en las fábricas de alfombras.

188.La utilización de niños en la pornografía, la explotación sexual y la trata de niños son ilegales, en consonancia con los compromisos contraídos por Nepal en virtud de los dos protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La legislación sobre transacciones electrónicas prohíbe la publicación y exposición de materiales prohibidos por la ley o contrarios a las políticas públicas o la moralidad en medios electrónicos, incluidas las computadoras e Internet.

189.La política nacional de salud del Gobierno de Nepal refleja su compromiso de prestar servicios esenciales gratuitos para todos. Actualmente se está aplicando el segundo Plan de salud a largo plazo 1997-2017. Entre los principales servicios esenciales de atención de salud infantil se incluyen la inmunización, la gestión integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia, así como los suplementos nutritivos y la educación. Se han alcanzado logros importantes en la esfera de la salud infantil. La tasa de mortalidad infantil ha descendido hasta 48 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos, y la tasa de mortalidad neonatal (en las cuatro primeras semanas de vida) hasta 33 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad entre los niños menores de cinco años ha disminuido hasta 61 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. La tasa de inmunización (vacunas BCG, DPT + hepatitis B, antipoliomielítica y sarampión) de los seis antígenos en niños sobrepasa el 85%. Nepal ha logrado erradicar el tétanos neonatal y ha proporcionado a más de 9,5 millones de niños una segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, lo que ha permitido reducir considerablemente las muertes causadas por esa enfermedad. El Gobierno de Nepal está desplegando esfuerzos para que la tasa de inmunización de los niños llegue al 100%. El principal desafío pendiente es la mejora del estado de salud de los recién nacidos y de la situación nutricional de los niños en general.

190.La Constitución consagra el derecho a la educación como un derecho fundamental. Todas las comunidades tienen derecho a la enseñanza básica en lengua materna, y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir enseñanza gratuita hasta el nivel de secundaria según prevea la ley. La política educativa está encaminada al logro de una educación de calidad, democrática, inclusiva e igualitaria para todos. El Gobierno de Nepal ha establecido la gratuidad de la enseñanza hasta la escuela secundaria. La Cámara legislativa-Parlamento está examinando un proyecto de ley con la finalidad de que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita.

191.El Gobierno de Nepal ha puesto en marcha el Plan de reforma del sector de la enseñanza (2009-2016) mediante un enfoque coordinado y sectorial. El objetivo es reestructurar la enseñanza en la escuela desde el 1º hasta el 12º grado, y clasificar la enseñanza del 1º al 8º grado como enseñanza básica, que es un derecho fundamental de todos los niños. En el Plan de acción nacional de educación para todos (2001-2015) se han establecido los objetivos de la enseñanza infantil elemental y los programas de desarrollo sobre la base de cuatro pilares, a saber, la supervivencia, el desarrollo, la protección y la participación. La tasa de alfabetización de la población mayor de 6 años es del 63,7%. En el país hay en total 33.160 escuelas en las que estudian 7.575.880 alumnos. La tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (1º a 5º) fue del 91,9% en 2008 y del 94,5% en 2010. En la actualidad se imparte enseñanza en un total de 29.089 centros de desarrollo en la primera infancia, de los que 24.773 son de base comunitaria y el resto tiene carácter institucional.

192.Se han puesto en marcha diversos programas para velar por la integración y la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza. Entre ellos puede citarse la concesión de becas a las muchachas indigentes de Terai que deseen cursar estudios técnicos de comadrona auxiliar; la ampliación del programa de nutrición diaria hasta abarcar 35 distritos, con el fin de reducir la tasa de abandono escolar; la concesión de becas al 50% de las niñas en la enseñanza primaria y a todas las estudiantes de la zona de Karnali (una región remota del país); y la asignación de un cupo de 40.000 alumnas receptoras entre las 60.000 becas anuales que se conceden para la enseñanza secundaria.

Artículo 25

Derecho a la participación política

193.Todos los ciudadanos de Nepal tienen el derecho y la oportunidad de participar, sin distinciones ni restricciones irrazonables, en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de representantes, a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas y genuinas, y a tener acceso a la función pública del país en condiciones generales de igualdad. Ese derecho se ha garantizado a través de una serie de medidas.

194.En la actualidad, los ciudadanos de Nepal están elaborando una nueva constitución por mediación de su órgano representativo, a saber, la Asamblea Constituyente. La Constitución prevé la elección de sus miembros por sufragio universal e igual. Todos los ciudadanos de Nepal que hayan cumplido 18 años tienen derecho a votar de conformidad con la ley. Cualquier ciudadano de Nepal que haya cumplido 25 años, no haya sido condenado por ningún delito que atente contra el honor, no esté inhabilitado por ley y no se beneficie ilícitamente del ejercicio de un cargo público, tiene derecho a presentarse como candidato en las elecciones a la Asamblea Constituyente. En consecuencia, las elecciones a la Asamblea Constituyente se han celebrado mediante votación secreta y sin irregularidades. Con el fin de lograr la inclusividad y aumentar la participación de los ciudadanos en la política, el artículo 63 de la Constitución prevé dos sistemas electorales paralelos para elegir a los 601 miembros de la Asamblea Constituyente.

195.La Comisión Electoral es el órgano responsable de llevar a cabo, supervisar, dirigir y controlar las elecciones periódicas y de preparar las listas electorales a tal fin. Para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la función pública en condiciones generales de igualdad, la Constitución establece la obligación del Estado de acometer una reestructuración progresiva de la administración en el marco de un sistema de gobierno inclusivo, democrático y federal. La Asamblea Constituyente cumplirá próximamente su misión constitucional.

196.La Ley de administración local, de 1999, y la Ley de procedimiento de elección de los órganos locales, de 1992, son instrumentos legislativos que prevén la participación de los ciudadanos en el autogobierno local. Las elecciones periódicas mediante sufragio universal e igual y votación secreta son la piedra angular de dichas leyes. En la Constitución se estipula explícitamente que el establecimiento de una autoridad de autogobierno local debe basarse en la descentralización y la transferencia de competencias, a fin de promover la participación pública en el sistema de gobierno mediante la creación de una clima propicio al ejercicio de la soberanía popular, la prestación de servicios a los ciudadanos y el desarrollo de instituciones democráticas, en el nivel local e incluso por debajo del mismo. Sin embargo, el Gobierno de Nepal se enfrenta a varios problemas, como la pobreza y el analfabetismo, en su empeño por asegurar el disfrute de esos derechos.

Artículo 26

Derecho a la igualdad ante la ley

197.En el artículo 13 de la Constitución se dispone que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que a nadie se le negará la debida protección en ese marco. Al aplicar las leyes generales, no se ejercerá discriminación contra ningún ciudadano por motivos de religión, raza, sexo, casta, tribu, origen, idioma, convicciones ideológicas u otros motivos similares. El artículo 3 de la Ley de libertades civiles, de 1955, también protege el derecho a la igualdad ante la ley y a igual protección de la ley.

Artículo 27

Derecho de las minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su religión, etc.

198.En el artículo 3 de la Constitución se estipula que el pueblo nepalés, de carácter multiétnico, multilingüe, multirreligioso y multicultural, con aspiraciones comunes y un compromiso y vínculo de lealtad a la independencia, la integridad, el interés y la prosperidad de Nepal, constituye colectivamente una nación. Esa disposición constitucional refleja el espíritu fundamental de las relaciones sociales entre los integrantes del pueblo nepalés. Supone que todo grupo étnico, cultura, idioma e identidad territorial o regional debe recibir un trato igual y beneficiarse de las mismas ventajas.

199.En Nepal, todos los idiomas hablados como lenguas maternas están reconocidos por la Constitución como lenguas nacionales. El idioma nepalés, en escritura devanagari, es la lengua oficial. Por lo tanto, toda comunidad residente en Nepal tiene derecho a recibir educación básica en su propio idioma, y a preservar y promover su lengua, sistema de escritura, cultura, civilización y patrimonio cultural. De manera similar, en virtud del artículo 23 de la Constitución toda persona tiene derecho a profesar, practicar y preservar su propia religión según le haya sido transmitida históricamente, con el debido respeto a las prácticas sociales y culturales existentes. Todas las religiones tienen derecho a mantener su independencia y a gestionar y proteger su patrimonio y sus lugares de culto de conformidad con la ley. La Constitución exige explícitamente al Estado que elimine las desigualdades sociales y económicas y que mantenga y promueva la pluralidad y la diversidad cultural.

200.El Gobierno de Nepal ha adoptado recientemente una política cultural cuyo principal objetivo es proteger el patrimonio cultural material e inmaterial y promover la armonía y convivencia entre las distintas religiones y culturas, sobre la base de los conceptos de unidad nacional y secularidad. Nepal ha ratificado también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2003. Del mismo modo, se han promulgado diversas leyes a fin de cumplir ese mandato constitucional. Cabe citar la Ley de la Academia de Nepal, la Ley de la Academia de Bellas Artes de Nepal y la Ley de la Academia de Música y Danza de Nepal, todas de 2007, como ejemplos de instrumentos jurídicos adoptados con el fin de velar por la protección, la promoción y el desarrollo general de diversas disciplinas de la cultura y del patrimonio cultural del país, en consonancia con su carácter multiétnico, multilingüe, multirreligioso y multicultural.

201.La Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas y la Comisión Nacional para los Dalit han desempeñado también un papel importante para la protección y promoción de los derechos de ambos grupos. Dichas instituciones han sido fundamentales para llevar a las minorías y a los sectores vulnerables de la sociedad al primer plano de la acción de gobierno, así como para forjar la cohesión y la convivencia entre las distintas comunidades.

VII.Conclusión

202.Tras su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nepal ha adoptado una serie de medidas administrativas, legislativas y judiciales encaminadas a asegurar la protección de los derechos consagrados en el Pacto. Se ha adherido a varios instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos civiles y políticos. El Gobierno de Nepal considera que, durante el período examinado en el presente informe, el país ha obtenido logros importantes en la esfera de la protección y promoción de los derechos humanos en general y de los derechos civiles y políticos en particular. En resumen, ha podido adoptar un enfoque holístico y multifacético para la protección y promoción de los derechos humanos teniendo en cuenta sus diversas características sociales y culturales, así como los imperativos de desarrollo y los efectos de un conflicto armado que ha durado más de un decenio. El enfoque basado en los derechos ha ido ganando impulso en las políticas y planes nacionales de desarrollo.Los derechos humanos son los principios rectores básicos de la gestión política y administrativa y los planes de desarrollo. Con la aprobación de la Ley de buen gobierno (administración y funcionamiento) se ha creado un marco legislativo en esa esfera. La cuestión de los derechos humanos se ha visto reflejada en la ley y en la práctica como parte integrante del sistema de gobierno del país, sobre la base de que la paz, la justicia y la democracia son indivisibles y no pueden prosperar de forma aislada. De manera análoga, pueden citarse como buenas prácticas adoptadas por Nepal en esa esfera la adopción de un enfoque equilibrado e integrador para el desarrollo, la consideración de los derechos humanos y de la justicia social como cuestiones interconectadas, la consolidación de la independencia del poder judicial como base de la justicia y de los derechos humanos, el aumento de la colaboración con la sociedad civil, y la aplicación efectiva de políticas de tolerancia cero contra la violencia de género y el reclutamiento de niños. El Gobierno de Nepal ha llevado a cabo importantes reformas legislativas. El sistema de esclavitud, las detenciones arbitrarias, la detención incomunicada, los malos tratos infligidos a prisioneros, la práctica sistemática de la tortura y toda forma de discriminación por cualquier motivo son ilegales y sancionables por ley. El Gobierno de Nepal ha presentado a la Cámara Legislativa-Parlamento los proyectos de ley sobre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, así como la Ley de condenas, cuyas disposiciones se han adaptado a las normas internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Se espera que la nueva Constitución, con sus disposiciones relativas a la estructura federal, la descentralización y la devolución de competencias, así como a la garantía de una participación proporcional de todas las personas en el gobierno y los asuntos del Estado, marque un hito en la aceleración del desarrollo socioeconómico y la consolidación de la democracia, que constituyen condiciones previas para alcanzar el nivel deseado de protección de los derechos civiles y políticos.

203.A pesar de las distintas medidas que se han adoptado, la capacidad de la población para disfrutar de los derechos humanos se ve limitada por diversos factores que guardan también relación con la gobernanza y la capacidad estructural y funcional de los órganos del Estado. Nepal atraviesa en la actualidad una etapa de transición que, por su naturaleza, da lugar a una combinación de incertidumbre e inestabilidad, además de ser delicada y difícil, y que ha supuesto también el retraso en la aplicación de las políticas adoptadas. Varios problemas económicos y sociales, como la pobreza y la degradación ambiental, persisten como amenazas cada vez mayores para el disfrute de los derechos humanos. Aproximadamente el 25,4% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y la tasa de crecimiento demográfico sigue siendo elevada. Por consiguiente, es necesario trabajar más en las esferas de la mitigación de la pobreza y la justicia social, velando por la paz, la seguridad y el desarrollo económico, entre otras cosas. Además, todavía no se ha conseguido plenamente la rehabilitación de las mujeres, las familias y los niños afectados por el conflicto armado. El Estado ha hecho frente a importantes limitaciones de recursos para cumplir su obligación de proporcionar servicios básicos a los grupos o comunidades marginados o vulnerables, y de crear instituciones nacionales que permitan llevar a buen término la transformación económica y social en un marco democrático. La existencia de algunas prácticas culturales discriminatorias que persisten en algunas comunidades y sociedades ha supuesto también un desafío para hacer efectivos los derechos a la igualdad y a no ser objeto de discriminación, entre otros.

204.El Gobierno de Nepal considera que los órganos de gobierno local son el primer punto de contacto con la población. Dichos órganos, que son el vehículo de transferencia de competencias, descentralización y buen gobierno en el plano local, han permanecido alejados del liderazgo político durante mucho tiempo. Eso ha afectado negativamente a la prestación efectiva y eficiente de servicios básicos a la población. Aunque el Gobierno de Nepal ha tomado medidas alternativas al respecto recurriendo a un equipo de funcionarios especializados, sigue considerando que nada puede sustituir a los órganos electos.

205.Los períodos de transición suelen ser delicados y difíciles. Problemas tales como hacer frente a la corrupción y a la impunidad son también frecuentes en esa etapa. El establecimiento del imperio de la ley sigue siendo una tarea de suma importancia que constituye el fundamento esencial de cualquier sociedad democrática. Nepal cree firmemente que una democracia fuerte e inclusiva puede ayudar a resolver esos problemas de manera global y duradera. En consecuencia, el Gobierno de Nepal ha adoptado, y seguirá adoptando, todo un abanico de medidas para abordar esas cuestiones, entre las que se incluyen el aumento del respeto por el imperio de la ley; la observancia más efectiva de las leyes pertinentes; el cumplimiento de los tratados de derechos humanos y de las directrices y recomendaciones del Tribunal Supremo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la reforma de las instituciones competentes y los órganos de seguridad, y su dotación con recursos suficientes; y el establecimiento de comisiones sobre los desaparecidos y sobre la verdad y la reconciliación.

206. Con el fin de abordar los problemas y limitaciones existentes, el Gobierno de Nepal ha identificado diversas actividades como prioridades clave y como un compromiso a nivel nacional, en particular la institucionalización del imperio de la ley; la conclusión satisfactoria del proceso de paz en curso; la redacción de una nueva constitución; la reestructuración democrática, federal, inclusiva y progresiva del Estado; la rehabilitación y reinserción de los combatientes maoístas; el logro de un mayor crecimiento económico para agilizar el proceso de transformación socioeconómica y el desarrollo equilibrado e inclusivo; la introducción de las necesarias reformas jurídicas y la aplicación efectiva de la legislación vigente; la aplicación efectiva del Plan de Acción para los derechos humanos; el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos; y el apoyo a las reformas de la judicatura y de las fuerzas del orden. El Gobierno de Nepal considera necesario el desarrollo de la capacidad y la asistencia técnica para llevar a cabo esas actividades, así como el fortalecimiento del compromiso respecto de los mecanismos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, que son fundamentales para asegurar la aplicación efectiva del Pacto.

Anexos

Anexo I

Disposiciones legislativas relativas al Pacto promulgadas o enmendadas entre 1994 y 2010

I.Leyes

1)Ley de indemnización por actos de tortura, 1996

2)Ley de protección del medio ambiente, 1997

3)Ley de telecomunicaciones, 1997

4)Ley relativa al transfuguismo, 1997

5)Ley de asistencia jurídica, 1997

6)Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 1997

7)Ley de protección del consumidor, 1998

8)Ley de autogobierno local, 1999

9)Ley de arbitraje, 1999

10)Ley (de producción, distribución y venta) de la sal yodada, 1999

11)Ley (de regulación y prohibición de) los transplantes de órganos humanos, 1999

12)Ley (de regulación y prohibición) del trabajo infantil, 1999

13)11ª enmienda al Código Civil, 2001

14)Ley de la Policía Armada, 2001

15)Ley de lucha contra las actividades terroristas y de perturbación del orden (control y sanción), 2002 (derogada en la actualidad)

16)Ley de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas, 2002

17)Ley de derechos de autor, 2002

18)Ley del Tribunal Especial, 2002

19)Ley de prevención de la corrupción, 2002

20)Ley relativa a los partidos políticos, 2002

21)Ley (de prohibición) del trabajo en condiciones de servidumbre, 2002

22)Ley de enmienda de algunas leyes de Nepal para mantener la igualdad entre los sexos (Ley de igualdad de género), 2006

23)Ley de las personas de la tercera edad, 2006

24)Ley de ciudadanía de Nepal, 2006

25)Ley de listas electorales, 2006

26)Ley del Fondo de Mitigación de la Pobreza, 2006

27)Ley de buen gobierno (administración y funcionamiento), 2006

28)Ley de la Comisión Electoral, 2007

29)Ley de prisiones (segunda enmienda), 2007

30)Ley electoral (delito y sanción), 2007

31)Ley de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, 2007

32)Ley del Tribunal de la Asamblea Constituyente, 2007

33)Ley de derecho a la información, 2007

34)Ley de lucha contra la trata y (control del) transporte de personas, 2007

35)Ley de trabajo en el extranjero, 2007

36)Ley del ejército, 2007

37)Ley sobre el notariado, 2007

38)Ley del Tribunal Especial (primera enmienda), 2007

39)Ley de la Academia de Música y Danza de Nepal, 2007

40)Ley de armas y municiones (segunda enmienda), 2007

41)12ª enmienda al Código Civil (Muluki Ain), 2007

42)Ley de la Comisión Nacional de la Mujer, 2007

43)Ley de la Comisión Jurídica de Nepal, 2007

44)Ley de nepaleses no residentes, 2008

45)Ley de transacciones electrónicas, 2008

46)Ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción), 2009

47)Ley relativa a la protección de los trabajadores e instituciones del sector de la salud, 2009

II.Algunas leyes relativas al derecho a no ser objeto de tortura

1)Ley de policía, 1955

2)Ley de prisiones, 1964

3)Ley relativa a algunos delitos públicos y las correspondientes sanciones, 1969

4)Ley de procedimientos abreviados, 1972

5)Ley de prueba, 1974 (artículos 8 y 9)

6)Ley de seguridad pública, 1989

7)Ley de tratados de Nepal, 1990

8)Ley de la infancia, 1992

9)Ley de casos de Estado, 1992

9)Ley de indemnización por actos de tortura, 1996

10)Ley de la Comisión de Derechos Humanos, 1997

Anexo II

Lista de leyes enmendadas en virtud de la Ley sobre la igualdad de género de 2006 (promulgada para modificar disposiciones relativas a las cuestiones de género en diversas leyes)

1)Ley de disposiciones generales, 1954

2)Ley de registro de empresas privadas, 1958

3)Ley del Fondo de Mitigación de la Pobreza, 1962

4)Ley de la tierra, 1964

5)Ley relativa a la remuneración, las instalaciones de trabajo y otras condiciones de servicio de los magistrados del Tribunal Supremo, 1969

6)Ley de registro de matrimonios, 1971

7)Ley de primas, 1974

8)Ley (de registro) de nacimientos, defunciones y otros hechos personales, 1976

9)Ley del Fondo de Pensiones, 1989

10)Ley relativa a la remuneración, las condiciones de servicio y las instalaciones de trabajo de los jueces de los tribunales de apelación y de distrito, 1992

11)Ley de seguros, 1992

12)Ley sobre periodistas en activo, 1993

13)Ley relativa a la remuneración, las condiciones de servicio y las instalaciones de trabajo del Fiscal General, 1996

14)Ley relativa a la remuneración, las condiciones de servicio y las instalaciones de trabajo de las personas que ocupan cargos en los órganos constitucionales, 1997

15)Ley relativa a la remuneración e instalaciones de trabajo de los miembros y otros cargos del Parlamento, 1998

16)Ley de la Fundación Nacional para el Desarrollo de las Nacionalidades Indígenas, 2002

Anexo III

Lista de medidas legislativas (enmendadas o adoptadas) aplicables en relación con la violencia contra las mujeres

1)Capítulo del Código Civil relativo a los procedimientos judiciales, 1963 (enmienda). Establece procedimientos relativos a la investigación, el enjuiciamiento y la sanción de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

2)Capítulos del Código Civil relativos a la violación, el matrimonio, los cónyuges, el incesto y los homicidios, 1963 (enmienda).

3)Ley de casos de Estado, 1992 (nueva promulgación). Convierte los delitos de violación, tentativa de violación, incesto, poligamia, trata de personas y homicidio en delitos penales perseguidos por el Estado.

4)Ley de procedimientos abreviados, 1972 (enmienda). Prevé un procedimiento rápido y abreviado en causas tales como divorcios, casos de poligamia y agresiones físicas.

5)Ley sobre algunos delitos públicos y sanciones, 1969. Brinda protección especial a las mujeres contra el vandalismo, el acoso sexual en lugares públicos y el abuso sexual.

6)Ley de calumnias e injurias, 1959. Contempla reparaciones por insultos y actos difamatorios intimidantes realizados en forma verbal o escrita.

7)Ley de asistencia jurídica, 1997 (nueva promulgación). Garantiza asistencia jurídica gratuita a víctimas de la violencia que carezcan de medios económicos.

8)Reglamento de los tribunales de distrito, 2002 (nueva promulgación). Prevé la audiencia a puerta cerrada para casos de violación y trata de personas, entre otros delitos.

9)Ley de represión de la violencia doméstica (delito y sanción), 2009 (nueva promulgación). Se ha promulgado como instrumento específico para controlar y sancionar los actos de violencia doméstica.

Anexo IV

Jurisprudencia

Breve descripción de las sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con la igual protección de la ley

a)En la causa Dr. Chanda Bajracharya c. HMG/N y otros, se impugnaron diversos artículos del Código Civil de 1964 (en concreto, el artículo 12 del capítulo relativo a los repartos; el artículo 2 del capítulo relativo a la herencia; los artículos 5 y 9 A) del capítulo relativo a la adopción; el artículo 4 del capítulo relativo al adulterio; el artículo 9 del capítulo relativo al matrimonio; el artículo 2 del capítulo relativo a los cónyuges; y el artículo 2 del capitulo relativo al bestialismo) por considerarlos incompatibles con el artículo 11 de la Constitución de 1990 y discriminatorios. El 18 de julio de 1996, una sección especial del Tribunal integrada por cinco miembros instó al Gobierno a que presentara, en el plazo de dos años, un proyecto de ley apropiado sobre la cuestión planteada por la parte demandante en relación con la cláusula de igualdad contenida en la Constitución. La mencionada Ley de igualdad de género es uno de los resultados de esa intervención judicial.

b)La causa Rina Bajracharya y otros c. RNAC y otros es una de las más importantes en las que se ha abordado la cuestión fundamental de la igualdad de género. Veintiocho azafatas de la Royal Nepal Airlines Corporation (RNAC) impugnaron la cláusula 16.1.3 del Reglamento de servicio de los empleados de la aerolínea, de 1974, por considerarla discriminatoria y contraria al derecho a la igualdad. En relación con el cese en el servicio de los empleados, el Reglamento establecía la edad de jubilación en 60 años para quienes no formaran parte de la tripulación, y en 55 para los miembros de la tripulación. Sin embargo, en la cláusula 16.1.3 se estipulaba que las azafatas dejaran de prestar servicio a la edad de 30 años o una vez transcurridos diez años en el puesto de trabajo, si esto sucedía antes. El 8 de junio de 2000, una sección especial del Tribunal Supremo sostuvo, entre otras cosas, que los miembros masculinos de la tripulación y las azafatas eran empleados con los mismos derechos, por lo que merecían el mismo trato en relación con el horario de trabajo, la remuneración y otras condiciones, lo que demostraba que la cláusula 16.1.3 era discriminatoria con respecto a la igualdad de género y contravenía las disposiciones constitucionales.

c)En la causa Abogado Sapana Pradhan Malla c. HMG/N y otros, sobre cuestiones relativas a la violación de prostitutas, la parte demandante impugnó la constitucionalidad del artículo 7 del capítulo del Código Civil relativo a la violación. En el artículo impugnado se establecía que violar a una prostituta era sancionable con el pago de una multa de hasta 500 rupias o pena de prisión de hasta un año de prisión, mientras que el artículo 3 del capítulo relativo a la violación preveía una sanción más severa para los delitos de violaciones de mujeres que no fueran prostitutas, concretamente una pena de 6 a 10 años de prisión en caso de víctimas menores de 14 años, o de 3 a 5 años de prisión para las mayores de 14 años. Una sección especial del Tribunal Supremo declaró nulo el artículo 7 del capítulo del Código Civil relativo a la violación.

d)En la causa Sita Sing Poudel c. la Comisión de Administración Pública y otros, el Tribunal Supremo, en referencia a las obligaciones del Estado de conformidad con los artículos 3 y 4 1) y 2) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como el artículo 11 3) de la Constitución de 1990, sostuvo que la segunda enmienda a la Ley de la función pública, por la que se reducía el período de prueba de las funcionarias de un año a seis meses, era una medida de discriminación positiva adoptada en consonancia con las disposiciones constitucionales y, mediante esa interpretación, el Tribunal falló que la disposición sobre el período de prueba contenida en el artículo 18 de la Ley del Servicio de Salud de Nepal era aplicable únicamente a las mujeres.

e)En la causa Andrews Swarjman c. el Departamento de Inmigración y otros, se impugnó la validez del artículo 14 4) del Reglamento de extranjería de 1975 por considerar que contravenía lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución de 1990. Con arreglo a ese artículo, el tipo y el período de validez de los visados concedidos a nacionales de otros países casados con personas nepalesas eran distintos si el cónyuge nepalés era hombre o mujer. El Tribunal Supremo sostuvo que, al conceder más facilidades para obtener el visado a las nacionales extranjeras casadas con nepaleses que a los nacionales extranjeros varones casados con nepalesas, la ley parecía haber adoptado un trato discriminatorio basado únicamente en el género. Por consiguiente, la disposición impugnada contenida en la cláusula 4) del artículo 14 se consideró discriminatoria y contraria a lo dispuesto en el artículo 11 1) de la Constitución de 1990.

f)La causa Abogado Chandra Kant Gyawali y otros c. HMG/N y otros es un caso histórico en que el Tribunal Supremo utilizó el recurso de habeas corpus para declarar inválido un trato discriminatorio en el régimen de detención. Una sección especial del Tribunal dictó el fallo por el que se invalidaba la cláusula 1) del artículo 21 del Reglamento de prisiones de 1964. En ese artículo se preveía la clasificación de los presos en dos categorías (A y B) sobre la base de su nivel educativo y su situación social y económica. Había una gran diferencia respecto de las prestaciones diarias y otros servicios que recibían los presos de uno y otro grupo. El Tribunal observó que, puesto que la ley no determina la severidad de las penas sobre la base del nivel de educación del acusado, sino que más bien lo hace teniendo en cuenta la gravedad del delito, no debía clasificarse a los presos en distintos grupos atendiendo a consideraciones tales como su nivel de estudios o su posición social. Todas las personas condenadas por ley conforme a la naturaleza y gravedad del delito cometido deben someterse al mismo nivel de castigo. Una educación o un nivel de vida superior no pueden justificar un trato privilegiado por parte de la ley. Los magistrados observaron además que la Constitución de 1990 no preveía tales exenciones, relajaciones o privilegios especiales en el trato dispensado a las personas de elevada condición social.

g)En la causa Iman Singh Gurung c. HMG/N y otros, el Tribunal Supremo declaró nula la cláusula d) del artículo 3 1) de la Ley del ejército de 1959 a partir de la fecha de la sentencia, por considerarla contraria a lo establecido en el artículo 11 1) de la Constitución de 1990. El Tribunal Supremo sostuvo que, si bien la Constitución le imponía restricciones en cuanto a sus facultades para interferir en los procedimientos y las decisiones del Tribunal Militar, ello no suponía que éste pudiera hacer y deshacer a su antojo. Los jueces podían someter a escrutinio las medidas y decisiones adoptadas por el Tribunal Militar si consideraba que eran incompatibles con lo establecido en la Constitución. El Tribunal Supremo también observó que no era razonable declarar una ley ultra vires desde el principio, siempre que existiera la posibilidad de no hacerlo. En esa sentencia del Tribunal Supremo se ha aceptado que el Parlamento es el máximo órgano legislativo y que la función del Tribunal es simplemente interpretar las leyes y no enmendarlas ni promulgarlas.

h)En la causa Chandrakanta Gyawali c. la Oficina del Primer Ministro y el Consejo de Ministros, et al., el Tribunal Supremo publicó una directiva en la que instaba al Gobierno a que formulase leyes adecuadas teniendo en cuenta las normas y los valores sociales. La parte demandante sostuvo que el artículo 9 del capítulo del Código Civil relativo al matrimonio, que permitía la poligamia si la esposa era discapacitada física o mental, era contrario a lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Constitución de 1990.

i)En marzo de 2005, en la causa Dambar Singh Dagal c. la Municipalidad de Ilam et al., el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que consideraba que la población puede ejercer los derechos fundamentales no suspendidos incluso durante el estado de emergencia. Además, en dicha sentencia afirmaba que "debe entenderse que el recurso constitucional previsto en el artículo 23 no puede concederse únicamente en el caso de los derechos fundamentales suspendidos. Por consiguiente, sería ilógico y contrario a la Constitución de 1990 denegar el recurso constitucional para los derechos no suspendidos". Tal precedente abrió el camino para atender las solicitudes presentadas de conformidad con el artículo 88 durante el estado de emergencia. Por consiguiente, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia al aclarar que el estado de emergencia no podía afectar al derecho de los ciudadanos al recurso constitucional en relación con las solicitudes presentadas antes de declararse o que no hubieran quedado suspendidas en consecuencia.

j)En la causa Federación de ONG dalit c. HMG/N (2 de mayo de 2005), el Tribunal Supremo publicó una directiva en la que instaba al Gobierno a que declarase el chaupadi como práctica social nociva, y a que creara un comité de estudio integrado por trabajadores del sector de la salud y niños con el fin de trabajar para sensibilizar al público y, en caso necesario, formular leyes. En la causa Abogado Ramesh Thapa c. la Secretaría del Gabinete (decisión del Tribunal Supremo no publicada), el Tribunal Supremo ha dictado una orden en nombre del Gobierno, la Secretaría del Gabinete y el Ministerio de Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios para que se formule de inmediato una ley que ponga fin al delito de acusar a las mujeres de brujería.

k)En la causa Kamanand Ram y otros c. HMG/N y otros (2002), el Tribunal Supremo volvió a interpretar la cláusula sobre igualdad. Los demandantes presentaron una denuncia por el trato que habían recibido de manos de algunas de las denominadas personas de casta superior, que les habían obligado a realizar tareas de escasa cualificación con animales muertos. Cuando se negaron a llevarlas a cabo, se les sometió a una suerte de boicot social y financiero y a una segregación absoluta del resto de la sociedad. Los demandantes arguyeron que el Estado, al no haber podido prestarles el apoyo administrativo necesario para ayudarles, había fracasado en su deber de eliminar la práctica de la intocabilidad. El Tribunal Supremo apoyó la denuncia e instó a los funcionarios competentes y al Estado a que cumplieran de inmediato con su obligación legal de poner fin a ese trato discriminatorio.