Comité de Derechos Humanos 105 o período de sesiones

Acta resumida de la 2897 a sesiónCelebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 11 de julio de 2012, a las 10.00 horas

Presidenta :Sra. Majodina

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Lituania (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto (continuación)

Tercer informe periódico de Lituania (CCPR/C/LTU/3; CCPR/C/LTU/Q/3 y Add.1) (continuación)

1. Por invitación de la Presidenta, la delegación de Lituania vuelve a tomar asiento a la M esa del Comité.

2.La Presidenta invita a la delegación a dar respuesta a las preguntas hechas por los miembros en la sesión anterior.

3.La Sra. Urbonė (Lituania) indica que, para prevenir todo acto de violencia contra los detenidos, el Gobierno prevé distintas medidas, como someter a quienes están en espera de juicio a un reconocimiento médico por enfermeros pertenecientes a servicios sociales, que verifican su estado de salud. Se han impartido en la policía instrucciones de someter a quienes están en detención preventiva a un reconocimiento para constatar posibles lesiones físicas sufridas anteriormente y dejar constancia de ellas. Toda denuncia de que el personal de centros de detención haya cometido actos de violencia contra detenidos es objeto de una investigación y puede dar lugar a procesos penales. Cuando se denuncian malos tratos sufridos en el curso de la instrucción, el servicio administrativo que recibe la denuncia, si considera que no es competente para examinarla, la remite a un órgano competente; de no hacerlo, se abre una investigación y los responsables son sancionados. Los menores y adultos en prisión preventiva o reclusión son ubicados en celdas separadas. En los centros de detención provisional, los menores son agrupados según su edad y su estado físico y mental.

4.La Sra. Bukantaité-Kutkevičienė (Lituania) dice que el Gobierno es consciente de que los centros de detención de Lituania no están en conformidad con las normas internacionales para la detención de menores y que están superpoblados. En todo caso, el Código Penal enuncia disposiciones muy estrictas acerca de la separación de los menores detenidos de los adultos y el Estado parte no ha recibido hasta ahora queja alguna a este respecto.

5.La Sra. Vyšniauskaitė-Radinskienė (Lituania) confirma que el castigo corporal de los menores está prohibido en los centros de detención. Habida cuenta de que ningún texto general prohíbe la violencia contra los menores en otros contextos, la escuela por ejemplo, Lituania ha preparado un proyecto de ley por el cual se prohíben los castigos corporales y otros tratos crueles o que atenten contra el honor o la dignidad de los menores, que están protegidos ya por la Ley contra la violencia familiar.

6.Hay una importante presencia de mujeres en la administración pública, pues representan alrededor del 75% del funcionariado. Los dos cargos más altos del Estado, Presidente y Presidente del Parlamento, son ocupados por mujeres. Igualmente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda están a cargo de mujeres.

7.El Sr. Valentukevičius (Lituania) dice que, en caso de infracción administrativa, la ley dispone que la prisión preventiva no podrá exceder de cinco horas. Se aplican otras disposiciones para infracciones tales como el cruce ilegal de una frontera. Cuando no se puede identificar a alguien, porque no tiene documento de identidad por ejemplo, está permitido someterlo a prisión preventiva por un período máximo de 48 horas. La duración de la detención policial es también de 48 horas en el caso de una infracción penal. Una vez vencido ese plazo, el fiscal, que solo interviene en las causas penales, debe presentar una solicitud debidamente motivada al juez de instrucción para obtener una prolongación de la detención policial o la aplicación de otras medidas, como la prohibición de salir del territorio o la asignación a una residencia vigilada. Un juez puede decidir que se tomen medidas más severas. El Código de Procedimiento Penal fija un plazo para la detención en espera de juicio que va de tres a nueve meses según la gravedad de la infracción. Al vencer ese plazo, el fiscal puede pedir al Procurador General autorización para prorrogarla. Si ha transcurrido más de un mes desde el primer interrogatorio del sospechoso, la defensa puede recurrir ante los tribunales para preguntar si se va a sustanciar o no un proceso. Si considera que el trámite es demasiado lento, puede pedir la suspensión del proceso.

8.El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y los fallos dictados por este forman parte de la jurisprudencia internacional y se tienen en cuenta en las acciones penales interpuestas contra criminales de guerra o sospechosos de crímenes de lesa humanidad. Lituania aplica el derecho internacional, en particular los Convenios de Ginebra y de La Haya. Desde que alcanzó la independencia, en 1990, se han interpuesto unas setenta acciones penales contra criminales nazis acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En tres casos, funcionarios del Gobierno durante la ocupación alemana fueron sometidos a la justicia, pero no fueron condenados a penas de presidio porque padecían enfermedades vinculadas con su avanzada edad. Los destacamentos en Lituania de las SS y la Wehrmachtno incluían ciudadanos lituanos.

9.La Presidenta da las gracias a la delegación por sus respuestas e invita a los miembros a hacer otras observaciones.

10.El Sr. Thelin da las gracias a la delegación por haber descrito claramente el lugar que ocupa el Pacto en la legislación interna. Recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de indicar claramente en el derecho interno que la definición de tortura que figura en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es la que debe aplicarse en la práctica.

11.El Sr. Thelin observa que no hay un plazo fijado para poner término a la instrucción. En cuanto al período máximo que puede transcurrir antes de que se dicte el auto de acusación, 18 meses, no sabe con certeza si es un plazo estricto o se puede prorrogar. No se ha dado respuesta a la pregunta de si el período en que se haya estado detenido en espera de juicio se deduce obligatoriamente de la pena de reclusión o si se trata de una facultad discrecional del juez. Tampoco se ha dado respuesta a la pregunta relativa a la indemnización de quienes han sido sobreseídos tras pasar un tiempo detenidos en espera de juicio. También sería útil que se dieran precisiones acerca de la proporción entre las medidas no privativas de la libertad y la detención en espera de juicio.

12.El Sr. Salvioli pregunta cómo se han de financiar los nuevos programas de lucha contra la violencia de género y la violencia en la familia. En cuanto a la interrupción no voluntaria del embarazo de las personas con discapacidad, pregunta si el Estado parte prevé tomar medidas concretas para que se tenga en cuenta la voluntad de esas personas.

13.El Sr. O' Flaherty pregunta si el Estado parte ha de reabrir la investigación sobre los lugares de detención secretos y sobre la posibilidad de colusión en el contexto del traslado ilegal de sospechosos, habida cuenta de las conclusiones a que llegaron relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Parlamento Europeo y de información recientemente comunicada por organizaciones no gubernamentales (ONG).

14.Algunos elementos de la Ley de protección de la infancia contra los efectos perjudiciales de la información pública van más allá de lo que es aceptable en el contexto del artículo 19 del Pacto. Según ciertas ONG, seguirían en vigor las disposiciones que apuntan a prohibir la promoción de las relaciones homosexuales, bisexuales y polígamas y el orador pide a la delegación que confirme si fueron suprimidas. Pregunta también si, como afirman ciertas ONG, existe efectivamente un proyecto de modificación del Código Civil que apunta a prohibir los procedimientos de cambio de sexo.

15.La importancia que se asigna en el Plan Nacional de Acción a la cultura romaní es destacable, pero habría también que dar mayor acceso a los romaníes a los distintos servicios públicos. Las cifras relativas a los delitos motivados por el odio que ha indicado la delegación demuestran que la Fiscalía del Estado se toma muy en serio este problema. En todo caso, el orador no sabe qué porcentaje de los casos han culminado en una declaración de culpabilidad. En cuanto al desfile para conmemorar la independencia que tuvo lugar en Klaipeda, en que se utilizaron afiches que representaban cruces gamadas, el orador ha visto fotos de ellos y no cabe duda alguna acerca del sentido que se da a ese símbolo. Según informaciones, la Fiscalía habría apelado contra decisiones judiciales en este asunto y, de ser así, el orador querría saber en qué estado se encuentra el procedimiento. La mayor parte de los casos de incitación al odio en Internet están dirigidos contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y el orador pregunta qué medidas adopta el Estado parte para que se respete el lugar que corresponde en la sociedad a este grupo vulnerable y amenazado.

16.El Sr. Bouzid observa que, según la delegación, la Ley contra la violencia en la familia prohíbe los castigos corporales contra los menores. El Estado parte parece haber olvidado la promesa que hizo el 24 de noviembre de 2011 de aprobar una ley dedicada al bienestar del menor. El orador pregunta si ello se debe a la resistencia de la opinión pública a que se tipifiquen esas prácticas en vista del lugar que ocupan en las tradiciones del país.

17.La Sra. Urbonė (Lituania) dice que la duración máxima de la instrucción, según el artículo 127 del Código Penal, es de 18 meses para los adultos y 12 para los menores. Además, la prisión preventiva es una medida excepcional que se decreta únicamente si las demás medidas que se hayan tomado no han permitido cumplir los objetivos de la instrucción. El registro nacional de sospechosos y convictos indica que, en 2010, había 711 personas en detención en espera de juicio. Según el Código Civil, quien haya sufrido un perjuicio como resultado de un acto ilícito de un agente del Estado podrá pedir una indemnización. La duración de la detención en espera de juicio se tiene siempre en cuenta al determinar la duración de la pena de reclusión.

18.La Sra. Bukantaitė-Kutkevičienė (Lituania) querría hacer unas precisiones acerca de la posibilidad de reducir las penas de reclusión en caso de duración inusitadamente prolongada del proceso; los tribunales de Lituania aplican en la actualidad la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia y, llegado el caso, reducen las penas. El Gobierno ha presentado también un proyecto de ley destinado a modificar el Código Civil de manera que se pueda conceder una indemnización cuando la investigación policial, la instrucción o el proceso hayan sido excesivamente prolongados.

19.La Sra. Skaisgirytė Liauškienė (Lituania), en respuesta a la pregunta del Sr. Salvioli relativa a la violencia en la familia, dice que la delegación presentará por escrito los datos estadísticos que se han solicitado.

20.La Sra. Urbonė (Lituania), en respuesta a la pregunta del Sr. Salvioli relativa al consentimiento de las personas con discapacidad mental en caso de aborto u otros procedimientos médicos, explica que esas decisiones están a cargo de los tribunales, ante los cuales los interesados están representados por su tutor.

21.La Sra. Skaisgirytė Liauškienė (Lituania) en respuesta a las preguntas del Sr. O'Flaherty, señala que los proyectos de ley que se han mencionado no tienen origen en el Gobierno y que nada dice que vayan a ser adoptados en la práctica. Por tanto, es imposible dar una respuesta precisa a una pregunta hipotética. En cuanto a la existencia de centros de detención secreta, el Fiscal General y la comisión especial establecida por el Parlamento lituano no constataron hechos nuevos que justificaran reabrir la investigación.

22.En cuanto a la libertad de expresión y la utilización de símbolos que puedan interpretarse como nazis o hinduistas, según el contexto, el Gobierno de Lituania es absolutamente consciente de que se trata de una cuestión delicada. Cabe señalar que el holocausto forma parte del programa de estudios en los establecimientos escolares del país desde una decena de años solamente y que, en la era soviética, no se impartía a las generaciones de estudiantes enseñanza alguna sobre este aspecto de la Segunda Guerra Mundial; se trata, por lo tanto, de un aprendizaje progresivo para la sociedad lituana en su conjunto.

23.La Sra. Vyšniauskaitė-Radinskienė (Lituania), en respuesta a la pregunta del Sr. Bouzid relativa a los castigos corporales a los menores, dice que estos están prohibidos en los centros de detención y que la violencia contra los menores entraña sanciones penales. La legislación prohíbe la violencia en todas sus formas, en la familia por ejemplo, pero no existe en la actualidad una ley que prohíba expresamente los castigos corporales en la escuela. Esta laguna debería colmarse con la aprobación de un proyecto de ley que abarcará todas las situaciones y todos los tipos de institución.

24.La Sra. Bukantaitė-Kutkevičienė (Lituania) querría aclarar la política del Gobierno respecto de los procedimientos de cambio de sexo. Explica que el proyecto de ley mencionado el día anterior define el procedimiento de cambio de documentos del estado civil después de una operación de esa índole, que consiste básicamente en la presentación de un certificado de domicilio. Por lo tanto, no se trata en caso alguno de vulnerar el derecho a cambiar de sexo.

25.La Presidenta da las gracias a la delegación de Lituania por sus respuestas e invita a los miembros del Comité a hacer preguntas complementarias en relación con los párrafos 16 a 25 de la lista.

26.El Sr. O ' Flaherty da las gracias por las respuestas presentadas por escrito respecto del párrafo 16 y querría saber si existe, además de los datos proporcionados acerca del número de víctimas, presuntos autores y sentencias condenatorias, un mecanismo que permita estudiar el fenómeno de la trata de personas a fin de saber en qué medida Lituania es a la vez país de destino, de origen y de tránsito en ellas. También sería interesante saber si la trata se practica únicamente con fines de explotación sexual o también con otros, como el trabajo agrícola. Habida cuenta del escaso número de víctimas y autores mencionados, querría que se indicara si el Gobierno toma medidas para cerciorarse de que ningún caso pase desapercibido. Querría saber si las víctimas reciben apoyo en el contexto del procedimiento penal, si no quieren rendir testimonio por ejemplo. Sería útil asimismo que se indicara si se toman medidas para luchar contra la demanda, como la educación y concienciación de la población y los posibles usuarios de los servicios de la víctima de la trata.

27.El Sr. Salvioli, refiriéndose a las respuestas presentadas por escrito a la pregunta que figura en el párrafo 18, querría que se aclarara cuáles son los límites a la utilización de la videovigilancia, habida cuenta del derecho al respeto de la privacidad.

28.El orador tiene presente el doloroso pasado de Lituania a que se ha referido la Sra. Skaisgirytė Liauškienė y le preocupan las recientes manifestaciones de carácter racista y neonazi. Por más que la primera haya tomado por sorpresa a las autoridades, no se puede decir lo mismo de la siguiente. Es fácil encontrar en Internet las inquietantes consignas racistas que propagan grupos tales como el Centro Nacional de Lituania. El orador recuerda que el Estado parte tiene un deber de vigilancia y protección y que, de no tomar las medidas necesarias, se podría hacer valer su responsabilidad internacional. Además, en vista de informaciones según las cuales organizaciones que trabajan en pro de la tolerancia no recibieron autorización para hacer una manifestación, el plazo de 48 horas que les fue fijado para impugnar la decisión parece insuficiente.

29.El orador pide a la delegación que indique si se ha aprobado en Lituania un código de ética periodística, como recomendó en 2011 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Sería útil saber si existen medidas para garantizar la libertad de expresión de los miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual, que serían víctimas en la actualidad de graves atentados.

30.El Sr. Bouzid da las gracias por las respuestas relativas a la protección de los derechos de los niños y querría que se presentaran cifras acerca de la situación de los menores privados de su entorno familiar y de los recursos asignados para prestarles asistencia. En cuanto a los estudios preparados por el Defensor de los Derechos del Niño, querría saber si el estudio de 2008 dedicado a la violencia sexual contra menores en hogares de acogida y establecimientos de educación especial puso de manifiesto problemas y si dio lugar a investigaciones o condenas. Querría igualmente que se hicieran precisiones acerca de las sentencias condenatorias dictadas en causas relativas a menores y sobre los resultados del programa relativo a la justicia juvenil en el período 2009-2013.

31.El Sr. Thelin, refiriéndose a las respuestas presentadas por escrito respecto del párrafo 17 de la lista, querría que se aclararan los dos tipos de asistencia judicial que se presta. Pide que se explique si también se proporciona esta asistencia en las causas penales y hasta qué punto los interesados pueden elegir libremente un abogado. Al parecer, los tribunales no participan en las decisiones relativas a la concesión de asistencia judicial, en circunstancias en que estarían en mejor situación que la administración judicial para determinar si es necesaria. El orador querría saber también qué número de solicitudes fueron rechazadas y los motivos para ello, a fin de poder evaluar cómo funciona el sistema de asistencia judicial que, por lo demás, parece respetar las normas habituales en la materia. En cambio, hay ONG que impugnan la información que figura en el párrafo 91 de las respuestas escritas, según la cual se tendría derecho a asistencia judicial en los procedimientos relativos a la suspensión o el reconocimiento de la capacidad jurídica porque, según ellas, se trataría de procedimientos no contenciosos que no dan lugar al derecho a ser representado por abogado. El orador, que considera que los más vulnerables deberían tener prioridad en la asistencia judicial, querría aclaraciones a este respecto.

32.En lo que respecta a los proyectos culturales para las minorías nacionales a que se hace referencia en la respuesta relativa al párrafo 24 de la lista, sería útil que se proporcionaran datos acerca de la proporción de estas minorías que se beneficiaría efectivamente de los proyectos, en el medio urbano y en el rural. También sería útil contar con información acerca de la existencia de instrumentos para evaluar los resultados de los proyectos.

33.En cuanto a la aplicación del artículo 11 del Pacto, el Sr. Thelin se pregunta si el respeto de las obligaciones contractuales no es materia del Código Civil, y no del Código Penal como se indica en las respuestas escritas. Pregunta también si quienes no pueden pagar una multa impuesta tras un procedimiento penal son privados de la libertad, práctica que se ha abolido en ciertos países.

34.En cuanto a la difusión de mensajes de odio por los medios de comunicación, sería útil que se dieran aclaraciones acerca de la aplicación del artículo 170 del Código Penal y su relación con el párrafo 4 del artículo 24 de la Constitución. Además de las estadísticas sobre las denuncias formuladas, sería útil conocer qué curso se les dio, especialmente si se sustanciaron procesos y dictaron sentencias condenatorias. En particular, el orador querría saber si existe un procedimiento de revocación de la licencia de radiodifusión en caso, por ejemplo, de infracciones reiteradas.

35.Por último, el Sr. Thelin querría aclaraciones acerca del artículo 137 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros, que autorizaría a expulsar a aquellos que se consideraran una amenaza para la seguridad nacional o para la actuación de los poderes públicos. Los criterios enunciados en la Ley parecen tan poco sólidos que su aplicación podría constituir un atentado contra el principio de no devolución. El orador pide una aclaración a este respecto.

Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.40 horas.

36.La Sra. Urbonė (Lituania) dice que, tras la ratificación por el Parlamento en junio de 2012 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, se introdujeron modificaciones en el Código Penal para hacer más estrictas las disposiciones que la reprimen. El Código Penal sanciona además la utilización de los servicios o la explotación del trabajo de las víctimas de la trata. Quienes son identificadas como víctimas de la trata participan en las investigaciones policiales y son objeto de seguimiento por asistentes sociales durante las investigaciones y después de ellas. Se reconoce que integran la categoría de víctimas de delitos graves, lo cual les confiere derechos especiales como el de mantener el anonimato para prestar testimonio en procedimientos penales y el de recibir una protección más estricta en las circunstancias previstas por la ley. También tienen derecho a la asistencia gratuita de un abogado. En el caso de menores, el Código de Procedimiento Penal establece garantías procesales complementarias, como el derecho a ser oído antes del proceso, de manera de no tener que enfrentarse con el autor del delito. La explotación sexual constituye el objetivo principal de la trata en Lituania. Es difícil determinar con precisión el alcance del problema porque las actividades vinculadas a la trata son clandestinas y las víctimas rara vez se hacen conocer. Se organizan campañas de información para que el público en general cobre conocimiento del problema de la trata y se procura facilitar el acceso de las víctimas a información sobre sus derechos. A este respecto, el sitio web de la policía de Lituania contiene información detallada, así como una dirección electrónica que pueden utilizar las víctimas, al igual que cualquier otra persona que tenga información sobre casos de trata, para alertar a la policía. La policía de Lituania, además de colaborar estrechamente con numerosas ONG sobre el terreno, coopera con los servicios policiales de otros Estados. Así, una acción conjunta de la policía de Lituania y del Reino Unido permitió recientemente detener a un grupo de traficantes que fueron sometidos a la justicia y condenados.

37.La Sra. Bukantaitė (Lituania) dice que la Ley de protección de los datos personales se ajusta a la normativa europea, en particular a la Directiva Nº 95/46/CE, y, por ello, no se aplica al procesamiento de datos efectuado por particulares en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. En cuanto a la videovigilancia, quien se considere víctima de un atentando contra su privacidad puede presentar una reclamación ante la Inspección Pública de Protección de los Datos. El gran número de reclamaciones que recibió la Inspección en 2009, año en que entró en vigor la normativa sobre la videovigilancia, demuestra que la población conoce bien este derecho.

38.El Sr. Velkas (Lituania) dice que no hay medidas especiales que apunten a facilitar la promoción de las ideas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual o transexual. Los medios de expresión son los mismos para todos los grupos de interés. Existe desde 1996 un código de ética periodística, pero no contiene disposiciones concretas que rijan los portales de información en Internet. Sin embargo, algunos responsables de estos portales, como Delfi (http://www.delfi.lt/), que es muy popular en el país, han emprendido la tarea de formular su propio código de conducta. Hay que distinguir entre el contenido de los artículos difundidos por estos medios y el de los comentarios de los lectores que, en el sitio de Delfi especialmente, suelen contener declaraciones racistas o de incitación al odio.

39.Ni el Código de Infracciones Administrativas ni el Código Penal reprimen las relaciones homosexuales o su apología. La Ley de protección de la infancia contra los efectos perjudiciales de la información define como información que puede tener esos efectos para los menores la que fomenta la violencia sexual contra ellos, su explotación sexual o las relaciones sexuales entre ellos o que denigra los valores familiares o el matrimonio. En ninguna parte se hace referencia a las relaciones homosexuales.

40.El Sr. Valentukevičius (Lituania) dice que la decena de personas que participaron en manifestaciones neonazis fueron procesadas en aplicación del artículo 170 del Código Penal (incitación al odio) y condenadas al pago de multas. Las autoridades más altas del Estado, como el Presidente de la República, criticaron severamente estas manifestaciones.

41.La Sra. Vyšniauskaitė (Lituania) señala que la Ley de servicios sociales, de 2006, garantiza a los menores privados del entorno familiar el acceso gratuito a los servicios necesarios para su protección y desarrollo. En 2007 había 556 personas empleadas a jornada completa en esos servicios especializados y en la actualidad hay más de 600. Las estadísticas relativas a varios años demuestran que, en promedio, cada año se registran unos 2.000 casos de violencia contra menores, de los cuales el 6% corresponde a actos de violencia sexual. No hay estadísticas detalladas que permitan conocer el número de casos registrados en establecimientos de acogida de menores. En 2009 se instituyó una línea telefónica de urgencia para los menores víctimas de actos de violencia, que les permite ponerse directamente en contacto con los servicios sociales competentes que podrían prestarles rápidamente la ayuda que necesitaran. El estudio preparado en 2008 por el Defensor de los Derechos del Niño respecto de la violencia sexual contra menores en hogares de acogida y establecimientos de educación especial se basaba en testimonios anónimos que permitieron determinar el alcance del problema, pero no constatar casos individuales a fin de someterlos a juicio. En todo caso, el Defensor está obligado por la ley a comunicar al fiscal cualquier denuncia de violencia contra menores, a fin de que este determine si procede abrir una instrucción.

42.El Sr. Vidtmann (Lituania) dice que unos 120 establecimientos escolares imparten enseñanza en uno o más idiomas de las minorías nacionales. Se ofrecen a los menores, así como a los adultos pertenecientes a minorías, clases gratuitas de idioma lituano, especialmente en las regiones en que estos son numerosos. La Estrategia de política en favor de las minorías nacionales se aplica a todas las minorías reconocidas y registradas como tales en el país. En el marco de la Estrategia se ha asignado 1 millón de litas para organizaciones que representen minorías. Las autoridades se mantienen en diálogo permanente con los representantes de estas organizaciones, que participan en el Consejo de las Minorías.

43.La Sra. Bukantaitė (Lituania) dice que la asistencia judicial secundaria se refiere a los procedimientos civiles, administrativos y penales. En los procedimientos penales, la ley establece los casos en que se puede asignar esa asistencia cualquiera que sea la situación financiera de quien la pide como, por ejemplo, cuando el acusado es menor de edad o es procesado por un delito penado con presidio perpetuo. En los demás casos, la concesión de la asistencia letrada está subordinada a la condición de carecer de recursos. Según las estadísticas del Servicio de Asistencia Judicial, en 2011 se presentaron 16.833 solicitudes, de las cuales únicamente se rechazaron 283 (1,7%). La asistencia judicial está garantizada en todas las etapas de los procedimientos civiles, administrativos y penales. En los procedimientos civiles, el Servicio de Asistencia Judicial decide si se han de aceptar o no las solicitudes. En los procedimientos administrativos y penales, la decisión corresponde al fiscal y al tribunal. Tienen derecho a asistencia judicial quienes sean declarados incapaces en virtud de la ley. A este respecto, cabe señalar que Lituania ratificó en 2010 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo y que no escatima esfuerzos por cumplir las obligaciones que le imponen esos instrumentos. Interesará también al Comité saber que el Consejo de Europa ha elogiado en varias ocasiones el sistema de asistencia judicial de Lituania.

44.El Sr. Valentukevičius (Lituania) dice que, según el Código Penal, quien sea condenado al pago de una multa y no esté en condiciones de pagarla podrá pedir que sea conmutada por una pena de trabajos para la comunidad o en una pena de prisión cuya duración no excederá de 90 días. Cuando el importe de la multa es elevado, para algunos puede ser preferible pasar tres meses en prisión a costa del Estado que pagar una multa que podría poner en peligro su situación financiera a mayor o menor plazo. En materia contractual se aplica el Código Civil, que no permite conmutar una multa o una indemnización por daños y perjuicios por una pena privativa de la libertad cuando el demandado no pueda hacer el pago.

45.La Sra. Urbonė (Lituania) dice que las causales de expulsión previstas en el artículo 26 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros son limitadas y que únicamente puede decretarla un tribunal. El artículo 130 de la Ley prohíbe expulsar a un extranjero a un país en que estaría en peligro de ser sometido a tortura o a trato cruel, inhumano o degradante. Los recursos tienen efecto suspensivo. Las organizaciones internacionales y no gubernamentales pueden supervisar la ejecución de las órdenes de expulsión.

46.El Sr. Velkas (Lituania) dice que Lituania respeta la libertad de expresión, pero que este derecho no es absoluto. La Constitución, el Código Penal y la Ley de difusión de información contienen disposiciones que prohíben la incitación al odio. El Inspector de Ética Periodística, designado por el Parlamento, supervisa la aplicación de la Ley de difusión de información y de la Ley de protección de la infancia y vela por el cumplimiento de principios tales como la exactitud, la objetividad y el respeto de la dignidad y la vida privada. En caso de presunta infracción de las disposiciones de esas leyes, abre una investigación (de oficio o previa reclamación). El procedimiento de examen de las reclamaciones se rige por los principios enunciados en el párrafo 3 del artículo 19 del Pacto. El Inspector puede emitir advertencias o imponer sanciones administrativas, pero no puede ejercer censura ni exigir la divulgación de fuentes de información.

47.Preocupan al Sr. O ' Flaherty las disposiciones del artículo 16 de la Ley de protección de la infancia contra los efectos perjudiciales de la información pública, que parecen excesivamente restrictivas en comparación con el artículo 19 del Pacto. Toma nota de la observación de la Sra. Skaisgirytė Liauškienė de que el Estado no puede prohibir la celebración de reuniones, aunque obedezcan a un extremo propósito de odio, pero recuerda que la libertad de reunión no es un derecho absoluto y que, en algunos casos, el Estado tiene la obligación de tomar medidas restrictivas, especialmente cuando existe el peligro de que se vulneren derechos humanos. El orador menciona la situación, sumamente preocupante, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Lituania y le invita a adoptar un plan de acción nacional para promover los derechos de estas personas, inspirándose en particular en el ejemplo del Brasil.

48.El Sr. Salvioli comprende perfectamente que el Estado no pueda controlar a todos los que tengan una cámara fotográfica o de vídeo, pero le sigue preocupando el hecho de que los servicios de inspección no estén autorizados para recibir denuncias contra la utilización de grabaciones de vídeo que puedan atentar contra la vida privada. No está de acuerdo con la respuesta de la delegación de Lituania con respecto a la libertad de reunión y el derecho a manifestarse. El Comité es muy prudente con respecto a la libertad de expresión, pero esta libertad tiene límites, especialmente los enunciados en el artículo 19 del Pacto. El orador deplora que la delegación haya declarado que no hay un mecanismo jurídico para prohibir las manifestaciones con fines de incitación al odio, en circunstancias en que los artículos 11 y 12 de la ley correspondiente prohíben las manifestaciones que puedan constituir un peligro para la salud, la seguridad pública, la salud, la moral o los derechos o libertades de la población. En esas circunstancias, se pregunta por qué la autoridad competente autoriza desde 2009 manifestaciones que son claramente neonazis y hace caso omiso de que constituyen un atentado contra derechos y libertades de la población.

49.El Sr. Thelin observa que las disposiciones del párrafo 3 del artículo 137 de la Ley de la condición jurídica de los extranjeros parecen limitar la aplicación del principio de no devolución de un extranjero al país en que correría el riesgo de sufrir actos de tortura o ser sometido a una pena o un trato cruel, inhumano o degradante. De hecho, el texto anterior precisaba que el principio de no devolución no era aplicable respecto del extranjero que, por razones sustanciales, constituyera una amenaza para la seguridad nacional; en el nuevo texto no se encuentra la expresión "razones sustanciales". El orador pregunta si ya se ha modificado la Ley o si se trata de un proyecto y se pregunta si estas nuevas disposiciones son compatibles con el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y con las disposiciones del Pacto.

50.La Sra. Vyšniaukaitė-Radinskienė (Lituania) dice que el Programa nacional de lucha contra la discriminación se aplica también a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y apunta a promover la tolerancia y el respeto y a informar a la población de los efectos nefastos de la discriminación no solo en las víctimas sino también en la sociedad en su conjunto. Tras un concurso en que participaron diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la organización lituana de defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales consiguió recursos financieros para la ejecución de este programa, que ya ha sido prorrogado para el período 2012-2014.

51.La Sra. Bukantaitė-Kutkevičienė (Lituania) dice que la Ley de protección de los datos personales establece que quien sea víctima de una utilización ilícita de esos datos puede reclamar una indemnización pecuniaria u otra forma de reparación. En consecuencia, incluso quien utilice la videovigilancia para su uso personal es legalmente responsable en caso de infracción de la Ley.

52.La Sra. Skaisgirytė Liauškienė (Lituania) dice que la delegación de Lituania se compromete a presentar posteriormente por escrito las respuestas a las preguntas que han quedado pendientes. Toma nota con mucho interés de las observaciones y recomendaciones formuladas por los miembros del Comité y pondrá en conocimiento de las autoridades lituanas competentes las lagunas que se han puesto de manifiesto. Lituania se propone mantener un diálogo estrecho y constructivo con el Comité.

53.La Presidenta declara que el Comité ha concluido así el examen del tercer informe periódico de Lituania.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.