Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
81º período de sesiones
Acta resumid a de la primera parte (pública)* de la 2168ª sesión
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 7 de agosto de 2012, a las 10.00 horas
Presidente:Sr. Avtonomov
Sumario
Sesión oficiosa con organizaciones no gubernamentales
Información relativa al informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Tailandia
Se declara abierta la sesión a las 10.20 horas.
Sesión oficiosa con organizaciones no gubernamentales
Información relativa al informe inicial e informes periódicos segundo y tercero de Tailandia (CERD/C/THA/1-3)
1. Por invitación del Presidente, los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) toman asiento a la Mesa del Comité.
2.La Sra. Khongkachonkiet (Cross Cultural Foundation) dice que, en 2008, la Cross Cultural Foundation examinó la situación de la discriminación racial y de otra índole en Tailandia y estudió instrumentos internacionales de derechos humanos para editar un manual en tailandés que las ONG pudieran usar al preparar el informe paralelo. En Tailandia existen numerosas minorías, pero en general se han asimilado, lo que conlleva una pérdida de rasgos culturales específicos. Como a muchos países de la región, a Tailandia acuden refugiados, solicitantes de asilo y trabajadores migrantes. Por ejemplo, los refugiados shan de Myanmar están dispersos por el norte de Tailandia sin acceso a un campamento en debidas condiciones.
3.El Sr. Tam ee ( Highland Peoples' Taskforce) afirma que su organización representa a 30 grupos étnicos autóctonos de Tailandia. La apatridia preocupa cada vez más a los pueblos indígenas y nómadas, puesto que a muchos se les ha denegado la ciudadanía tailandesa, lo que les limita el acceso a servicios como la sanidad. También son el grupo social más afectado por los conflictos armados causados por los estupefacientes y por las políticas de lucha contra estos. En vista de que Tailandia ha aceptado pero no ha aplicado ninguna de las recomendaciones formuladas por varios órganos de tratados, especialmente una recomendación del Comité de los Derechos del Niño sobre los niños apátridas, pregunta cuál es la función de los órganos de tratados y cómo pueden presionar para que los países cumplan.
4.La Sra. Aleemama (Muslim Attorney Centre Foundation) pide al Comité que inste al Gobierno de Tailandia a derogar la legislación especial actualmente vigente en las provincias fronterizas meridionales, a saber, la ley marcial, el Decreto de emergencia y la Ley de seguridad interior. La ley marcial, en vigor desde 2004, ha llevado a numerosas violaciones de derechos humanos y ha perjudicado a la calidad de vida por las limitaciones que impone a los cultivos. Hace referencia a las cartas escritas por antiguos detenidos malayos musulmanes en las que describen el miedo y la inseguridad que sintieron al ser liberados y recalca que deberían tener plenas garantías sobre su seguridad personal cuando vuelvan a sus hogares en las provincias fronterizas meridionales.
5.La Sra. Khongkachonkiet (Cross Cultural Foundation) declara que, de acuerdo con la ley marcial, se puede mantener detenidas a las personas sin cargo alguno hasta siete días. A menudo, las familias de los detenidos no tienen información sobre el paradero de sus seres queridos y se les deniegan los derechos de visita. El Decreto de emergencia permite mantener detenida a una persona hasta 30 días. Aunque estas detenciones exigen una orden judicial, muchas veces se dictan sin indicios sólidos y únicamente se han solicitado en casos que implican a malayos musulmanes, grupo con el que se emplean de forma destacada los perfiles raciales. Asimismo, son frecuentes las dilaciones en el proceso judicial. De acuerdo con las estadísticas del Muslim Attorney Centre Foundation, el 80% de los juicios acaban con la absolución, lo que da a entender que se detiene y se procesa injustamente a muchas personas. Miles de exreclusos siguen obrando en los registros tras su puesta en libertad, lo que les dificulta los desplazamientos, incluso dentro del propio país.
6.El Presidente manifiesta que los órganos de tratados no son tribunales y no poseen facultades para hacer cumplir sus decisiones; por ende, no pueden obligar a los Estados partes a seguir sus recomendaciones. Sin embargo, con un enfoque persistente a la larga se pueden resolver los temas.
7.El Sr. Conte (Comisión Internacional de Juristas) dice que la CIJ ha estudiado el acceso de las mujeres a la justicia en Tailandia durante los últimos dos años y ha concluido que, a pesar de las sólidas garantías constitucionales del principio de no discriminación, existen algunos factores que socavan diariamente el acceso a la justicia por parte de las mujeres de determinadas minorías étnicas. En primer lugar, los migrantes indocumentados de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar no suelen denunciar los actos de violencia por miedo a ser detenidos o deportados y se ven obligados a soportar situaciones abusivas ante la amenaza de perder sus permisos de trabajo. En segundo lugar, los campamentos para personas desplazadas de Myanmar tienen su propio sistema judicial interno, que supuestamente complementa al ordenamiento jurídico tailandés; sin embargo, en la práctica, reina la incertidumbre al no saberse qué leyes se aplican en cada tipo de delito. En tercer lugar, en las provincias fronterizas meridionales, es la sharia, y no el Código Civil ni el Código de Comercio de Tailandia, la que rige en asuntos de matrimonio y sucesiones. Se ha propuesto actualizar la legislación sobre el derecho islámico, pero a la CIJ le preocupa la ausencia del componente de derechos humanos en el proceso de consulta. Señala a la atención al Comité las recomendaciones de la CIJ al Gobierno de Tailandia, presentadas en el informe paralelo.
8.El Presidente dice que al Comité le preocupan los casos de discriminación múltiple. De hecho, su Recomendación general Nº 25 de 2000 abordaba la dimensión de género en la discriminación racial.
9.El Sr. Huang Yong'an (Relator para el país) pregunta si alguno de los representantes de las ONG dispone de información sobre la situación de las minorías étnicas en otras partes de Tailandia que no sean el sur.
10.El Sr. de Gouttes pregunta si las ONG mantienen contacto directo y una cooperación real con el Gobierno y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resultaría útil contar con más información sobre la situación de los diferentes grupos étnicos en el norte de Tailandia, especialmente los karen, de las tribus de las montañas, víctimas al parecer de graves violaciones de derechos humanos. En vista de que muchos refugiados de Myanmar siguen en el Estado parte, también desearía tener más información sobre su situación. El Comité agradecería contar con información actualizada sobre los permisos de residencia temporal concedidos a los miembros de las minorías étnicas.
11.La Sra. Crickley pregunta a las ONG qué consideran la prioridad máxima en estos momentos en lo que a la eliminación de la discriminación racial en Tailandia se refiere. Desearía que se explicaran en más detalle los complejos temas que suscitan las guerras de estupefacientes que asolan a las comunidades indígenas del Estado parte. En vista de la inquietante información que las ONG han facilitado sobre el uso que se hace de los perfiles raciales en el sur de Tailandia, pregunta si también se recurre a perfiles raciales con otras minorías de otras partes del país y, de ser así, cuál es el alcance. A la luz de la información sobre la discriminación múltiple que sufren las mujeres de las minorías, desearía saber al respecto cuál es la prioridad en la que se centran en estos momentos las ONG. Resultaría útil tener más detalles sobre los temas concretos que afectan a las mujeres de Myanmar que viven en campamentos de refugiados en el Estado parte.
12.El Sr. Amir pregunta si los musulmanes en el Estado parte sufren discriminación de forma individual o colectiva y si viven musulmanes en todo el Estado parte o solo en zonas específicas. Resultaría de utilidad saber cuál es la condición de la CIJ en el Estado parte.
13.El Sr. Lindgren Alves agradecería que el representante de la CIJ diera algunas orientaciones sobre qué criterio puede adoptar el Comité ante la aplicación de la ley islámica en el sur de Tailandia, puesto que parece discriminar a las mujeres.
14.El Sr. Vázquez solicita más información sobre los efectos que tienen las políticas del Gobierno de lucha contra el tráfico de drogas en las minorías étnicas de Tailandia. También desearía saber a qué grupos étnicos se les deniega la ciudadanía tailandesa y con qué argumentos.
15.El Sr. Kut pregunta a cuánta gente afecta el problema de la apatridia en Tailandia.
16.La Sra. Khongkachonkiet (Cross Cultural Foundation) dice que muchas ONG tailandesas disfrutan de buen nivel de cooperación con el Gobierno, especialmente con el Departamento de Protección de Derechos y Libertades del Ministerio de Justicia. Como miembro de una subcomisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2007, ha participado en visitas a centros de prisión preventiva y ha ayudado a preparar informes sobre la tortura y la difícil situación de los rohingya. Sin embargo, las ONG han tenido dificultades en el sur, especialmente al tratar con las autoridades locales y las fuerzas armadas. En las tres provincias meridionales afectadas por el conflicto están desplegados unos 66.000 efectivos de las fuerzas armadas, lo que parece algo desproporcionado para una población de 1,9 millones de personas. Los defensores locales de los derechos humanos, especialmente el personal masculino de las ONG y los estudiantes activistas, son interrogados a menudo.
17.Algunas ONG internacionales trabajan en la frontera entre Tailandia y Myanmar. El Gobierno de Tailandia ha dejado de registrar a los refugiados procedentes de Myanmar a pesar de la afluencia de refugiados en vísperas de las elecciones en Myanmar. La situación de los migrantes de Myanmar registrados y no registrados sigue siendo motivo de preocupación. Muchos de ellos se ven obligados a registrarse como trabajadores migrantes, lo que les impide acogerse a las ventajas de la protección internacional.
18.Se han registrado situaciones inequívocas en las que se han usado perfiles raciales en las provincias fronterizas meridionales, donde el conflicto se intensificó considerablemente en 2004. Hasta la fecha, han perdido la vida unas 5.000 personas y otras 10.000 han resultado heridas. Los intentos del Gobierno por acabar con la violencia mediante la ley marcial y un mayor número de tropas y campamentos de refugiados no han hecho sino agravar la situación con las consecuentes violaciones de derechos humanos.
19.El Sr. Tamee (Highland Peoples' Taskforce) afirma que muchas minorías étnicas de Tailandia sufren niveles de discriminación similares a los que viven los malayos musulmanes en las provincias fronterizas meridionales. Las minorías étnicas son consideradas una amenaza a la seguridad nacional y con frecuencia se les achacan el tráfico de drogas y la deforestación que existen en el país. La ley marcial rige en la frontera septentrional de Tailandia en detrimento de las minorías étnicas de esa zona.
20.Si bien se han concedido permisos de residencia temporal a algunos miembros de minorías étnicas, tan solo tienen validez un año desde su expedición, lo que deja a los beneficiarios en una situación precaria. Además, los beneficiarios pasan a ser apátridas desde el momento en que vence el permiso y se les deniega muchos derechos, en particular el derecho a acceder al sistema de salud de Tailandia. En la actualidad, hay cerca de 540.000 personas apátridas en Tailandia. A pesar de los intentos del Gobierno por reducir esa cifra, tan solo se ha reducido ligeramente desde 2002, cuando se situaba en 550.000. Asimismo, algunas de las enmiendas a la legislación correspondiente han conllevado en la práctica mayores obstáculos para lograr la ciudadanía, como una resolución adoptada en 2010 que excluye específicamente a 13 grupos de la ciudadanía tailandesa.
21.Los agentes del orden han hecho un uso excesivo de la fuerza en sus operaciones de lucha contra el tráfico de drogas. Han procedido a ejecuciones extrajudiciales, incluido las de seis miembros de la etnia mien.
22.El Gobierno se ha valido de la legislación sobre derechos forestales para forzar a los pueblos indígenas y grupos étnicos a abandonar las zonas que consideran su hogar. Se ha detenido a quienes se niegan a ser reubicados. La situación ha ido empeorando desde 2009, ya que se acusa a los grupos étnicos y pueblos indígenas que viven en los bosques de contribuir al calentamiento global. Se ha promulgado una legislación que pretende reducir el calentamiento global, que a su vez se ha utilizado para atribuir responsabilidades a las tribus indígenas que se han negado a abandonar los bosques.
23.El Sr. Conte (Comisión Internacional de Juristas) hace constar que en la página 4 del documento que la CIJ ha remitido al Comité se presenta la situación de los refugiados procedentes de Myanmar. Si bien existe un sistema judicial interno en los campamentos al que se somete una amplia variedad de casos, con arreglo al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, otros casos trascienden la jurisdicción de este sistema, lo que confunde a los residentes de los campamentos cuando desean acceder a la justicia. Asimismo, la asistencia legal que se facilita a los residentes, incluidos los servicios de interpretación y el apoyo económico, es limitada.
24.La página 2 del documento remitido aborda la cuestión de los migrantes indocumentados. Las trabajadoras migratorias no suelen buscar ni protección ni amparo, principalmente porque temen ser detenidas o deportadas. En realidad, en los pocos casos en los que han presentado denuncias, se les ha detenido y se les ha puesto en libertad solo tras pagar un soborno. Muchas veces, la legislación migratoria prevalece sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Los procedimientos de expulsión son prolongados. Cuando se deporta a una persona y el caso sigue sustanciándose en Tailandia, la persona afectada tiene dificultades para regresar al país como parte en la causa. Estos obstáculos desembocan a menudo en casos resueltos sin pleno acceso a la justicia. La CIJ ha presentado recomendaciones detalladas para mejorar el acceso a la justicia en las páginas 3 y 4 del documento remitido.
25.Volviendo a la cuestión de la condición de la CIJ en Tailandia, señala que la oficina de la CIJ en Bangkok es una oficina regional de esta ONG internacional, que se ocupa de casos relacionados con el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la independencia de jueces y abogados en varios países de la región. Sin embargo, al estar ubicada en Tailandia, la oficina mantiene contacto directo con las minorías étnicas del país.
26.La página 5 del documento presentado aborda la cuestión del papel de los valores tradicionales en las provincias meridionales y la ley islámica. Aunque los valores tradicionales resultan de gran importancia, no deben socavar en ningún caso el principio de universalidad ni su práctica de incumplir las obligaciones particulares del Estado en materia de derechos humanos. Por ende, la revisión a la que se está sometiendo actualmente la legislación correspondiente sobre la ley islámica en Tailandia debe centrarse en los derechos humanos. Un ejemplo expuesto en el documento remitido es la cuestión del divorcio. Cuando las malayas musulmanas de las provincias desean solicitar el divorcio, normalmente no lo presentan, sino que están obligadas a pedir a la familia que convenza al marido para que solicite el divorcio o pagan a sus maridos para que se divorcien, puesto que las interpretaciones preponderantes de la ley islámica conceden a los hombres en exclusiva el derecho de presentar el divorcio, mientras que las mujeres solo pueden presentarlo en casos excepcionales.
27.La Sra. Khongkachonkiet (Cross Cultural Foundation) afirma que otro obstáculo al acceso a la educación y la formación es que el Gobierno de Tailandia no promueve las lenguas indígenas. Algunas lenguas incluso han estado prohibidas anteriormente. Se ha aplicado una política de asimilación a costa de la diversidad cultural. Algunos grupos étnicos, especialmente en la parte septentrional del país, están presionando al Gobierno para que ayude a promover su cultura y su idioma en la educación.
28.La Sra. Aleemama (Muslim Attorney Centre Foundation) cuenta que en una ocasión fue detenida por oficiales del ejército mientras circulaba en motocicleta y que, al preguntarles por qué no habían detenido a otras personas, le respondieron que porque no llevaban puesto un hiyab. A pesar de los recursos disponibles, las fuerzas del orden no cuentan con personal familiarizado con las lenguas autóctonas. Además, los hospitales y demás centros sanitarios carecen de servicios de interpretación. A ella en concreto se le prohibió hablar su lengua materna mientras estudiaba en un colegio del Estado. Se castiga con una multa de cerca de 1 baht a quien pronuncie tan siquiera una palabra en esa lengua. Se debe promover la diversidad tanto en el norte como en el sur del país para fomentar así el entendimiento y prevenir los conflictos.
29.El Sr. Thornberry, refiriéndose a la cuestión de la identidad en general y observando en particular los comentarios del orador anterior sobre las lenguas maternas, recuerda que cuando impartió hace años una conferencia ante un grupo de jueces en Tailandia, no sintió que entendieran las ideas sobre la diversidad étnica o se identificaran con ellas. Sin embargo, el informe del Estado parte parece apuntar en otra dirección en lo que a la diversidad se refiere. La referencia a las multas que se imponen por hablar un determinado idioma en el colegio es poco corriente. Desea saber hasta qué punto se reconoce en Tailandia la condición de indígena. Pregunta si existe una estrategia nacional para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Le sorprenden algunos calificativos que contiene el informe del Estado parte, en concreto la referencia a las "personas no censadas" como personas con estatus ilegítimo y a las "personas desarraigadas". Desearía saber si alguna de estas categorías de personas responde a criterios étnicos. En vista de que el Estado parte ha indicado en su informe que no existe ninguna ley en Tailandia que se corresponda directamente con los artículos de la Convención, querría saber cómo repercute en la labor de sensibilización la falta de estas leyes y cómo las personas afectas pueden presentar demandas judiciales o solicitar amparo en casos de discriminación racial en Tailandia.
30.El Sr. Saidou, observando que se dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se supedita a la Asamblea Nacional bajo la supervisión de la Oficina del Presidente, pregunta si esto es cierto y cómo se nombran a los miembros de la Comisión.
31.El Sr. de Gouttes afirma que, a pesar de los esfuerzos considerables en los últimos años, persisten en Tailandia la trata de personas, la trata con fines de explotación sexual y el proxenetismo organizado. Desearía saber si estos problemas afectan en concreto a las comunidades indígenas, puesto que viven en zonas remotas o montañosas y son a menudo los grupos sociales más pobres y vulnerables.
32.El Sr. Vázquez agradecería que se aclarara la denuncia de que se usa el cambio climático como pretexto para reubicar a las poblaciones indígenas. No está claro si el argumento es que estas tribus no han participado en la deforestación o que tienen derecho a permanecer en esas tierras a pesar de que sus actividades han causado la deforestación.
33.El Sr. Ewomsan pregunta si el turismo sexual afecta a grupos étnicos determinados en Tailandia.
34.La Sra. Khongkachonkiet (Cross Cultural Foundation) señala, citando el caso concreto de dos miembros de una comunidad karen que había vivido en un pueblo durante más de 100 años, que las autoridades forestales se presentaron para detener a los miembros de la comunidad mientras cultivaban arroz en el bosque por ocupación ilegítima de la tierra, declarada protegida en virtud de la Ley forestal. Se detuvo a una joven que no podía correr por tener un bebé atado a la espalda y a un hombre mayor, que no podía correr, mientras el resto de los habitantes del pueblo logró esconderse de las autoridades. Se acusó a las dos personas detenidas y el caso se juzgó sin interpretación. Estas dos personas fueron condenadas por una falta menor e ingresaron en prisión, porque no podían pagar la multa correspondiente. Posteriormente, tuvieron que comparecer ante a un tribunal civil por daños y perjuicios. Más tarde, se desestimó un recurso interpuesto en la causa penal por falta de interpretación en el primer juicio. El caso se encuentra ahora en el Tribunal Supremo, lo que supone que los habitantes del pueblo no se han visto obligados aún a reubicarse. Sin embargo, este es solo uno de los casos, estimados entre 10.000 y 20.000 al año, que implican el uso de estos métodos por parte del Departamento de Silvicultura sin atender a la historia o las costumbres de las personas afectadas.
35.El Sr. Tamee (Highland Peoples' Taskforce) afirma que la mayoría de grupos indígenas viven en tierras del Estado. Con arreglo a la legislación forestal, se les puede detener en cualquier momento. De hecho, el número de detenciones entre las personas que viven en tierras forestales ha ido en aumento al tiempo que los bosques en sí han ido menguando. La inversión privada también está contribuyendo a la deforestación y a la degradación forestal. En la actualidad, más de 10 millones de personas viven en tierras forestales declaradas propiedad del Estado, de las cuales 900.000 pertenecen a grupos indígenas y minorías étnicas. Solo se ha detenido y reubicado a estas comunidades indefensas. La ley se usa a menudo estratégicamente contra personas concretas para sentar un precedente que se pueda aplicar a otros habitantes.
36.Las zonas recientemente declaradas protegidas en virtud la Ley de Bosques Nacionales Protegidos se han explotado para comerciar con créditos de carbono en el marco del Protocolo de Kyoto. Las zonas en cuestión se han expandido a un ritmo acelerado en los últimos cinco o seis años y es posible acusar a los miembros de las comunidades autóctonas de infringir varias leyes forestales. En las zonas montañosas solo un grupo reducido de personas ejerce la propiedad efectiva de las tierras y los bosques.
37.En relación con la aceptación del principio de autoidentificación de los pueblos indígenas por parte de las autoridades de Tailandia, el Gobierno nunca ha reconocido oficialmente la existencia de pueblos indígenas, sino que se refiere a ellos como "migrantes" que llevan muchos años viviendo en Tailandia. En realidad, los pueblos lawa o lua vivían en Tailandia antes de la llegada de los tailandeses.
38.Se define a las personas desarraigadas como aquellas sin entorno familiar que han sido acogidas por el Estado. Las personas no censadas nunca han sido registradas oficialmente en Tailandia. El Estado está dispuesto a ofrecer la ciudadanía a los miembros del primer colectivo, pero las personas no censadas tienen grandes dificultades para obtenerla.
39.Tailandia no ha promulgado una legislación de lucha contra la discriminación como la que exige la Convención y ha mantenido su reserva al artículo 4. Por ello, los mensajes discriminatorios que difunden los medios de comunicación y otras entidades no están sometidos a ningún control legal. Por ejemplo, cuando se detiene a una persona por tráfico de drogas, los medios de comunicación suelen hacer hincapié en la comunidad a la que pertenece, lo que da a entender que toda la comunidad está implicada en el tráfico de estupefacientes. Muchas noticias e imágenes transmiten estereotipos humillantes de las minorías étnicas y los pueblos indígenas. Se usan los trajes y manifestaciones tradicionales para promocionar el turismo, sin respetar las costumbres y las creencias religiosas de los grupos en cuestión. Los medios también alientan conflictos étnicos mediante los estereotipos negativos. Por ende, es esencial que Tailandia retire su reserva al artículo 4 de la Convención.
40.La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido una puntuación muy baja en un estudio de instituciones que prestan apoyo público. Algunos miembros de la Comisión han discriminado a determinados grupos étnicos. El primer grupo de miembros, elegidos por un comité de selección, fue más democrático. La situación cambió con la Constitución de 2007. Cinco jueces eligieron al segundo grupo de miembros y hubo presuntamente presiones y corrupción en el proceso. Observa que ningún miembro de la Comisión asistirá al diálogo con el Comité.
41.Una ONG tailandesa llamada Empower ayuda a las víctimas de la trata de mujeres, especialmente las pertenecientes a los grupos étnicos procedentes de Myanmar y la República Democrática Popular Lao. El Gobierno nunca ha apoyado sus iniciativas y la ONG está atravesando dificultades de financiación. Muchas mujeres analfabetas de grupos indígenas o étnicos son especialmente vulnerables. Caen en las garras de los traficantes cuando abandonan sus familias para buscar trabajo y con frecuencia se les impide volver a casa o desaparecen por completo.
42.El Presidente expresa su profundo agradecimiento a los representantes de las ONG por la información facilitada.
Se levanta la sesión pública a las 12.25 horas .