Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

8 0 º período de sesiones

Acta resumida de la 2157ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 5 de marzo de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Avtonomov

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 16º a 18º de Italia (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas .

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Informes periódicos 16º a 18º de Italia (CERD/C/ITA/16-18, CERD/C/ITA/Q/16-18) (continuación)

1. Por invitación del Presidente, la delegación de Italia vuelve a tomar asiento a la Mesa del Comité.

2.El Sr. Brasioli (Italia) dice que, tras el reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa Hirsi Jamaa y otros c. Italia, en el que se declaró a Italia culpable de violar el principio de no devolución, el país ha sacado sus conclusiones y tiene la firme voluntad de adoptar medidas legislativas para aplicar los principios que se reafirman en esa decisión, a fin de evitar que se reproduzcan tales actos. El Primer Ministro de Italia viajó a Libia para reunirse con los nuevos dirigentes y establecer las bases de un incremento de la cooperación en el ámbito de la lucha contra la inmigración clandestina, a la vez que se protegen los derechos fundamentales de los migrantes. En la declaración, conocida como declaración de Trípoli, las autoridades italianas y libias se comprometieron a respetar los principios del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a velar por la protección de los derechos de los migrantes que transitan por el Mediterráneo. Italia tiene intención de proponer su colaboración a las autoridades libias para reforzar el control de las fronteras. Italia quisiera también ampliar su cooperación con los otros países de la Unión Europea afectados por el fenómeno migratorio. Coopera activamente con organizaciones internacionales, en particular con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para paliar los problemas que plantea la afluencia de migrantes, encontrar soluciones para acoger a los migrantes y luchar contra la trata de seres humanos.

3.El Sr. Bottino (Italia) dice que Italia sabe que debe elaborar medidas legislativas que permitan la integración de personas procedentes de la inmigración, que constituye el 8% de su población, a fin de ir más allá de las medidas humanitarias y de seguridad que se adoptaron de urgencia para hacer frente a la afluencia de migrantes estos últimos años. Con objeto de llegar a un equilibrio razonable entre la protección de los extranjeros y la preservación de la seguridad nacional, el país se ha dotado de un Ministerio de Cooperación Internacional e Integración. El Sr. Bottino menciona un fallo del Tribunal Constitucional de 2010 que declara que el artículo 61-11 bis del Código Penal es inconstitucional; según ese artículo, el simple hecho de que una persona en situación irregular hubiera cometido un delito constituía una circunstancia agravante. El Tribunal consideró que esta disposición era contraria al principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley que consagra el artículo 3 de la Constitución. La Ley Nº 205 de 25 de junio de 1993 (conocida como Ley Mancino), que dispone que la motivación racial de una infracción es una circunstancia agravante, se aplicó en un fallo de 14 de abril de 2011 en el asunto conocido como "de Castelvolturno", en que se declaró culpable del asesinato de seis inmigrantes africanos a una organización mafiosa. La justicia reconoció que estos asesinatos habían sido claramente motivados por el origen étnico de las víctimas.

4.Dos casos de discursos racistas en que están involucradas personalidades públicas marcaron recientemente a Italia, es decir los casos de incitación al odio racial que comprometen a los Sres. Tosi y Gentilini (véanse los párrafos 38 y 39 del informe), uno de los cuales sigue en curso. En fechas más recientes, un exdiputado fue condenado por haber publicado en 2010 en Facebook declaraciones racistas sobre los nómadas. Los magistrados se esfuerzan por defender los principios de derechos humanos consagrados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Así, por ejemplo, en agosto de 2011 el Tribunal de Trieste consideró que una ley regional que subordina la concesión de una vivienda social a un período de residencia en territorio italiano de diez años era discriminatoria. Además, el Tribunal Constitucional reconoció en 2010 la inconstitucionalidad de un decreto de 1998 que preveía una pena de prisión máxima de cinco años para los extranjeros en situación irregular que no hubieran obedecido la orden de abandonar el territorio. Es preciso reconocer que Italia tiende a despenalizar la clandestinidad, como lo demuestra la aprobación de la Ley Nº 129/2011, que incorpora al derecho interno las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y sus familiares a circular y a permanecer libremente en el territorio de los Estados miembros. Esta Ley da prioridad a la repatriación voluntaria, ya que las medidas de repatriación bajo coacción son excepcionales, y limita el internamiento de las personas en situación irregular en centros de identificación.

5.El Estado, con el fin de fomentar la integración de los inmigrantes de segunda generación, ha iniciado un debate sobre el posible reconocimiento de la nacionalidad italiana a los hijos menores de 18 años nacidos en Italia de padres extranjeros, en virtud del principio del jus soli. Todavía no se ha adoptado una decisión sobre esta delicada cuestión, pues se trata de evitar los abusos, a la vez que se respetan los derechos del niño. El Sr. Bottino explica que la legislación sobre la migración que se aplica en las regiones autónomas está sujeta a un control institucional, con miras a garantizar su conformidad con la política y la legislación migratorias del Estado, ya que toda disposición no conforme puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional. Aunque Italia se haya dotado de numerosas leyes en materia de lucha contra la discriminación, está en estudio un proyecto de ley que modifica la Ley Nº 654 de 1975 sobre la discriminación racial y étnica con miras a incluir la orientación sexual entre los motivos prohibidos de discriminación. También se examina la posibilidad de modificar el artículo 61 del Código Penal para introducir una circunstancia agravante en caso de delito motivado por el odio debido a la orientación sexual de una persona, no susceptible de compensarse por circunstancias atenuantes. La Ley Nº 482/1999 sobre la protección de las minorías lingüísticas será sustituida por una legislación innovadora que tiene en cuenta las nuevas realidades tecnológicas, de conformidad con el Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa y su Protocolo adicional, ratificados por Italia en 2011. Teniendo en cuenta que la ciberdelincuencia transciende las fronteras, la lucha contra la divulgación de ideas racistas en Internet merece la mayor atención y supone fortalecer la cooperación entre los servicios de policía judicial europeos. La Ley Mancino se modificó en 2003 mediante un decreto legislativo por el que se incorpora la obligación de los proveedores de acceso a Internet de informar a la policía de toda actividad ilícita, con el fin de poder clausurar los sitios que incitan al odio racial.

6.El Sr . Falco (Italia) dice que la incorporación de la Directiva 2004/38/CE al derecho interno no va a suponer la supresión inmediata de los centros de acogida para migrantes y solicitantes de asilo, sino que se tratará de evitar las expulsiones en la medida de lo posible. Desde 2012, las personas que esperan una decisión de los poderes públicos y que puedan proporcionar las garantías necesarias, tienen derecho a permanecer en el territorio de Italia mediante la aplicación de una medida sustitutiva de la privación de libertad. Tras las observaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa sobre las conductas discriminatorias de la administración del Estado, se aprobó una medida administrativa con el fin de flexibilizar las condiciones de concesión de permisos de residencia. A partir de ahora, los extranjeros con permiso de residencia solo tendrán que abonar los gastos de renovación del permiso cada cuatro años, y no cada dos años como antes. Esta medida debería fomentar la reunificación familiar y la obtención de permisos de trabajo, a la vez que se reducen las formalidades administrativas, tanto para los interesados como para los servicios administrativos y la policía.

7.La crisis ha tenido efectos importantes en la lucha contra la discriminación, ya que faltan recursos en todos los sectores y los recortes presupuestarios sin duda van a afectar a algunas prestaciones sociales de los migrantes. En cambio, algunas regiones con problemas más agudos de inmigración, en particular el sur del país, se beneficiarán de un aumento de la financiación del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. Se prevé asignar 20 millones de euros a los municipios de cuatro regiones del sur del país, con el fin de aumentar el número de establecimientos de acogida para migrantes y de mejorar las prestaciones sociales para ellos.

8.El Sr. Monnanni (Italia) dice que la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR) no desaparecerá cuando se cree la comisión nacional independiente de derechos humanos, sino que colaborará estrechamente con esta institución, como prevén los Principios de París. Indica que las actividades de la UNAR han evolucionado considerablemente en los últimos tres años y que el número de denuncias por discriminación pasó de 373 a 1.000 en 2011. La UNAR no tramita únicamente las denuncias que se le presentan, sino que muchas veces toma la iniciativa de vigilar a los medios de comunicación y las redes sociales en lo referente, por ejemplo, a los discursos racistas y de incitación al odio racial, e interviene para poner fin a estas prácticas. Entre 2009 y 2011, la proporción de denuncias y de testimonios relacionados con la discriminación pasó del 10% al 21%. En su mayor parte fueron presentados por italianos, en especial jóvenes, que actualmente tienen más conciencia de la utilidad de denunciar los casos de discriminación, pues la Oficina ha hecho hincapié en la sensibilización de los jóvenes en la escuela y la universidad. El Sr. Monnanni reconoce que la UNAR no puede proporcionar ayuda directa a las víctimas de discriminación, pero hay otros instrumentos eficaces para ello. En materia de igualdad de trato, la UNAR se ocupa de los actos de discriminación cometidos por los órganos de la administración y ha intervenido varias veces para encontrar soluciones con ayuda de su servicio jurídico. La UNAR ha llevado a cabo acciones sobre la libertad de religión y ha intervenido contra decisiones discriminatorias que impedían a musulmanes adquirir locales para dedicarlos a lugares de culto. Corresponderá a la UNAR hacer el seguimiento de la aplicación del plan en favor de los romaníes, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2012. El primer compromiso del Gobierno consiste en lograr que se apruebe un proyecto de ley de reconocimiento de las minorías romaníes y sintis como minorías nacionales. También se ha comprometido a que los fondos destinados a resolver los problemas urgentes se transfieran a las medidas en favor de las comunidades romaní y sinti. Por último, ha previsto crear un grupo de trabajo compuesto de representantes de las comunidades romaní y sinti, así como un foro de comunidades romaní y sinti que servirá de órgano de representación.

9.El Sr. Vulpiani (Italia) dice que la UNAR trabaja desde hace muchos años en estrecha colaboración con las asociaciones de romaníes y sintis y prevé crear un departamento específico que se ocupe de esa colaboración. Los romaníes son probablemente las personas que más posibilidades tienen de ser víctimas de discriminación y, para luchar contra la estigmatización, la UNAR prevé, en particular, adoptar medidas de sensibilización de los periodistas sobre este problema en todo el territorio nacional. El plan de la UNAR en favor de los romaníes se basa en tres pilares: el trabajo, la salud y la vivienda. Para Italia, la disminución de la tasa de escolarización de los niños romaníes en el nivel secundario y superior es un importante motivo de preocupación. El objetivo, en lo que respecta a la enseñanza superior, consiste en formar estudiantes romaníes y sintis que puedan prestar asistencia a las autoridades italianas para facilitar la integración de estas dos comunidades en la sociedad. La UNAR seguirá luchando contra el abandono escolar y por mejorar el acceso de los niños desfavorecidos a la vacunación y la medicina preventiva, ya que, en algunas regiones, la tasa de mortalidad infantil sigue siendo demasiado elevada. Las medidas adoptadas en el pasado en el ámbito de la vivienda de los romaníes eran medidas de urgencia que, en la práctica, fomentaban su segregación y obstaculizaban la integración social. Italia se propone poner fin a esta política de establecimiento de campamentos de romaníes con soluciones de vivienda que respeten los derechos y las necesidades de las familias. No obstante, puesto que son numerosos los romaníes y los sintis que siguen queriendo vivir en campamentos, se prevé conservar pequeños campamentos que garanticen el mantenimiento de la unidad familiar, a la vez que impiden la segregación.

10.El Sr. Monnanni (Italia) dice que la UNAR ha consultado a unas 200 asociaciones regionales y municipales con objeto de evaluar sus actividades y definir nuevas prioridades de acción. Estas consultas han puesto de manifiesto la necesidad de intensificar las actividades locales fortaleciendo las redes de lucha contra la discriminación que la UNAR ha empezado a constituir, y de desarrollar las iniciativas que se llevan a cabo en las escuelas. Según el 52% de las asociaciones, la eficacia de la UNAR ha aumentado.

11.El Sr. Brasioli (Italia) dice que el Comité Interministerial de Derechos Humanos ha llevado a cabo iniciativas de sensibilización y de formación en derechos humanos, en particular con el apoyo de la comunidad universitaria. En marzo de 2011 organizó una conferencia que reunió a los decanos de las facultades de ciencias políticas de todas las universidades de Italia, con el fin de examinar la cuestión de la enseñanza de los derechos humanos en la universidad. También organizó una serie de encuentros en universidades romanas sobre el tema de los derechos humanos en la teoría y en la práctica, con la participación de estudiantes, profesores, altos funcionarios y representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general.

12.El Sr. Ottaviano (Italia) dice que la UNAR y el Instituto Superior de Estudios Penitenciarios se encargan de la formación en derechos humanos del personal penitenciario. Se han establecido nueve centros en el país para impartir cursos teóricos y prácticos al nuevo personal y para la formación continua del resto del personal. Estos cursos tienen por fin hacer hincapié en las particularidades de las distintas culturas y grupos étnicos de los que proceden los reclusos y facilitar así las relaciones en las prisiones. Además, se imparten cursos sobre la islamofobia y también sobre la religión y la civilización musulmanas, con el fin de prevenir toda discriminación, aunque sea involuntaria, de los funcionarios de prisiones. También los mandos medios y superiores de la policía y de los establecimientos penitenciarios reciben formación sobre el derecho de los reclusos a que se les trate en condiciones de igualdad, con independencia de su raza o religión. En total, son varios millares de funcionarios los que han recibido formación en los últimos dos años, también en el marco de las actividades desarrolladas a nivel regional por la Escuela Europea de Policía (CEPOL). Los mediadores culturales desempeñan, asimismo, una función primordial por cuanto establecen vinculaciones entre los reclusos extranjeros y las instituciones italianas. En respuesta al Sr. Calí Tzay en relación con la joven prostituta nigeriana que había recibido una paliza en la cárcel y a la que habían fotografiado desnuda y con contusiones, el Sr. Ottaviano indica que el Director del establecimiento penitenciario en cuestión presentó su dimisión, que fue aceptada, y que está en curso una acción penal.

13.El Sr. Monnanni (Italia) dice que se han organizado numerosos actos en el marco de la campaña de lucha contra la discriminación que lleva a cabo la UNAR, entre otros una iniciativa innovadora consistente en distribuir gratuitamente, en marzo de 2012, folletos de información y bolsas de plástico con consignas contra el racismo en unos 1.200 supermercados de todo el país.

14.El Sr. Diaconu pregunta si no sería conveniente establecer un mecanismo de diálogo entre el Estado y las administraciones locales para evitar que un organismo local apruebe una ley contraria a la legislación nacional en materia de inmigración o a un instrumento internacional y que esta ley sea objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional, recursos que se suelen prolongar excesivamente. Es urgente que Italia ponga fin a los prejuicios contra los romaníes y los migrantes, lo que puede a veces dar lugar a situaciones muy graves, como el reciente incendio de un campamento de romaníes en represalia por la violación de una joven, supuestamente por un miembro de la comunidad, rumor carente de fundamento.

15.El Sr. Vulpiani (Italia) dice que los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional para resolver las controversias entre los órganos del Estado no son tan largos como los que presentan los particulares. Además, el Estado tiene competencia exclusiva en determinado número de esferas, como la inmigración, lo que evita los conflictos de normas. Los proyectos de leyes regionales potencialmente discriminatorios se suelen presentar a la UNAR incluso antes de su examen por los órganos legislativos competentes y, en ese caso, la UNAR emite un dictamen jurídico negativo para interrumpir el proceso legislativo. Ese fue el caso, en particular, del proyecto de ley presentado en el Véneto en 2011, que pretendía que únicamente los residentes en la región desde al menos diez años tendrían acceso a determinadas prestaciones sociales, lo que constituía una discriminación respecto de los migrantes y de los italianos que se hubieran establecido en la región en época más reciente, por ejemplo, por motivos profesionales. Tras el dictamen negativo de la UNAR, se retiró el proyecto de ley. En el segundo trimestre de 2010, la UNAR denunció varias situaciones en relación con el acceso a los servicios y a las viviendas sociales, así como las trabas burocráticas que afectaban a los extranjeros, que consideraba discriminatorias, y lo comunicó a los órganos de todas las prefecturas, regiones y localidades del país.

16.El Sr. Monnanni (Italia) coincide en que se debe luchar enérgicamente contra los prejuicios e indica que en el caso del incendio del campamento de romaníes en Turín, el Ministro de Cooperación e Integración fue inmediatamente al lugar de los hechos para expresar su solidaridad. Con demasiada frecuencia, en efecto, la opinión tiende a sacar conclusiones apresuradas sobre un grupo de población a partir del comportamiento delictivo de uno de sus miembros. Actualmente se lleva a cabo una campaña de sensibilización en el transporte público, y en las escuelas se distribuyen folletos sobre la historia de los romaníes y los sintis.

17.El Sr. de Gouttes pregunta cuál es la duración máxima de la detención administrativa de los migrantes indocumentados y de los solicitantes de asilo, cuáles son las medidas previstas para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención como el de Lampedusa (donde, según las organizaciones no gubernamentales, las personas retenidas son víctimas de malos tratos), si la asistencia jurídica que se presta a los solicitantes de asilo y a los clandestinos varía realmente en función de los abogados y las regiones y, por último, si el Estado parte vela por que los menores indocumentados retenidos con sus padres reciban un trato humanitario. Por último, el Sr. de Gouttes invita al Estado parte a proporcionar más información, en su próximo informe periódico, sobre la ley que prohíbe llevar el velo, así como las estadísticas completas sobre el número de denuncias presentadas, los procedimientos judiciales incoados y las penas aplicadas por racismo.

18.El Sr. Monnanni (Italia) dice que el proyecto de ley sobre el velo, presentado por un solo parlamentario, está en vía muerta. El uso del velo sigue estando permitido y no se puede prohibir por decisión de una autoridad local. La UNAR ha intervenido en varios municipios del norte para evitar que se instalen carteles que prohíben llevar el burka. Las agresiones de carácter racista constituyeron el 5,8% de los actos delictivos en 2011, frente al 6,5% en 2010. El Sr. Monnanni, que no dispone de estadísticas más precisas sobre el asunto, se compromete a facilitar al Comité información complementaria por escrito al respecto.

19.El S r. Vulpiani (Italia) dice que la detención administrativa no puede durar más de 18 meses. Recuerda que la primavera pasada, Italia tuvo que enfrentarse a una afluencia masiva de refugiados del norte de África, a los que prestó servicios de asistencia jurídica gratuita, comidas diarias y un subsidio de cinco euros al día. Estas personas, además, tenían derecho a comunicarse con su familia en el extranjero y a recibir visitas.

20.El Sr. Bottino (Italia) dice que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno ha consistido en abrir los centros de retención a los medios de comunicación. No puede responder a las preguntas sobre la situación de los menores retenidos con sus padres, pero asegura al Comité que le enviará esa información con posterioridad.

21.El Sr. Murillo Martínez pregunta qué ha pasado con la aprobación del proyecto de ley sobre el reconocimiento de las minorías romaní, sinti y nómadas como minorías nacionales. Quisiera saber si las organizaciones de la sociedad civil han realizado encuestas, con el fin de determinar la magnitud del racismo en el país y, en tal caso, cuáles han sido las conclusiones. Por último, pregunta si se han adoptado medidas para suprimir la base de datos sobre los romaníes que se había creado en 2008.

22.El S r. Monnanni (Italia) indica que una de las prioridades del plan en favor de los romaníes aprobado en 2012 es que se apruebe un proyecto de ley que conceda la condición de minoría nacional a los romaníes y los sintis. Se establecerá un comité de redacción compuesto por representantes de los distintos ministerios involucrados, entre ellos el Ministerio de Justicia y el de Interior, y el proyecto debería finalizarse en el curso de 2013. La información recopilada en 2008 a raíz del censo de los romaníes y sintis fue destruida; por lo tanto, no existen más bases de datos específicos sobre estas comunidades. En 2011, la UNAR asignó 250.000 euros a la creación de un centro de investigación sobre la discriminación por motivo de pertenencia étnica o racial. Este centro ha elaborado indicadores que permitirán medir la magnitud del fenómeno de la discriminación racial en los planos local y nacional. Los resultados de estos trabajos estarán disponibles en el correr de 2013.

23.El Sr. Thornberry pregunta si el Estado parte podría lograr que las poblaciones nómadas pudieran acceder al sistema educativo, en particular mediante la contratación de docentes que estuvieran dispuestos a trabajar allí donde viven las comunidades y a seguirlos en sus desplazamientos. Quisiera saber si los niños romaníes se benefician de una enseñanza intercultural y si las comunidades romaníes participan en la elaboración de los programas escolares. Por último, pregunta por las medidas concretas adoptadas por los poderes públicos para luchar contra la trivialización del discurso racista y los prejuicios, que una parte cada vez mayor de la población parece considerar aceptables.

24.El Sr. Vulpiani (Italia) dice que la política que se aplicaba en la década de 1960 en materia de educación de los niños romaníes consistía en enviar maestros a trabajar en esas comunidades. Sin embargo, se comprobó que esta estrategia contribuía a acentuar la marginación de esos niños. Por ello, con miras a la integración, las políticas prevén ahora que los niños romaníes sean escolarizados en las escuelas ordinarias. Tras la aprobación, el 20 de octubre de 2010, de la Declaración de Estrasburgo, en el marco del programa de formación de mediadores iniciado por el Consejo de Europa, se ha capacitado a varios mediadores lingüísticos y culturales. Las administraciones locales disponen así de una lista de mediadores homologados a los que pueden recurrir en caso de necesitarlo.

25.El S r. Amir (Relator para Italia) pregunta si el Estado parte tiene previsto retirar su reserva al artículo 4 de la Convención.

26.El Sr. Saidou observa en el párrafo 79 del informe que la UNAR otorga un premio que recompensa a las empresas que aplican buenas prácticas en lo referente a la integración de las minorías y pregunta si el Estado parte se cerciora de que las grandes empresas italianas respeten las disposiciones de la Convención, incluidas sus filiales en el extranjero.

27.La Sra. Crickley pregunta cuándo cree el Estado parte que podrá establecer una institución nacional de derechos humanos e iniciar su nuevo plan nacional de lucha contra todas las formas de discriminación racial y qué actividades prevé realizar en 2012 para aplicar la estrategia en favor de los romaníes. Pregunta si se ha fijado un calendario para la evacuación y la demolición de los campamentos de romaníes y si los niños que viven en esos campamentos están escolarizados en escuelas ordinarias. Por último, señala con preocupación que, a causa de los poderes discrecionales que tienen las autoridades locales en cuanto a la concesión de la nacionalidad y a retrasos importantes acumulados en el examen de las solicitudes de naturalización, los migrantes siguen siendo víctimas de discriminación. Se invita a la delegación a formular observaciones sobre el asunto.

28.El Sr. Vázquezpregunta si el Estado parte tiene intención de modificar su legislación penal, con objeto de introducir una disposición que reconozca la motivación racista de un delito como circunstancia agravante, incluidos los casos en que se conjuga con otros motivos.

29.El Sr. Brasioli (Italia) dice que transmitirá a las autoridades competentes la pregunta del Relator con respecto a la retirada de las reservas al artículo 4 de la Convención. En lo que se refiere a la creación de una institución nacional de derechos humanos, la delegación confía en que se pueda crear en esta legislatura, es decir a fines de 2013.

30.El Sr. Monnani (Italia) indica que se ha aprobado una carta sobre la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, que tiene por principal objetivo garantizar la igualdad de trato, sin importar la raza o la pertenencia étnica. Al 31 de diciembre de 2011, la habían firmado 112 empresas que tienen 6.000 empleados en total. El plan nacional de lucha contra todas las formas de discriminación racial debería poder iniciarse en septiembre de 2012, y el 31 de diciembre de 2012 se hará una evaluación de la aplicación del plan en favor de los romaníes y los sintis.

31.El Sr. Bottino (Italia) dice que el Ministro de Cooperación e Integración se ha comprometido a reducir a la mitad el tiempo necesario para obtener un permiso de residencia y a duplicar la duración de ese permiso para paliar la precariedad profesional en la que se hallan los migrantes. Por último, si bien reconoce que el Código Penal debería complementarse con una disposición que reconozca la motivación racial de un delito como circunstancia agravante, el Sr. Bottino destaca que no siempre resulta fácil determinar lo que ha llevado al autor a actuar y que algunos delitos que, a primera vista, tienen carácter racista, pueden tener otras motivaciones. Así, en el caso de los seis trabajadores clandestinos de origen africano que fueron muertos a tiros en Campania en 2008, la motivación real de los autores era alterar el orden público y aterrorizar a la población.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.