Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

80º período de sesiones

Acta resumida de la 2136ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 20 de febrero de 2012, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Avtonomov

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención ( continuación )

Reunión oficiosa con organizaciones no gubernamentales

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención (continuación)

Reunión oficiosa con organizaciones no gubernamentales

Debate sobre los informes periódicos 10º a 14º de Viet Nam

1.El Sr. Kok Ksor (Montagnard Foundation, Inc.) dice que el pueblo indígena degar, también llamado montañeses, ha vivido durante miles de años en los altiplanos centrales del sur de Indochina. Las guerras primera y segunda de Indochina que se desarrollaron en su territorio ancestral provocaron mucho sufrimiento al pueblo degar. Aunque los vietnamitas han prosperado y gozan de libertad desde el fin de los combates en 1975, el pueblo degar sigue siendo perseguido. El Gobierno de Viet Nam ha aplicado políticas de opresión y depuración étnica contra ese pueblo a causa de una mentalidad intrínsecamente discriminatoria contra las personas de origen étnico diferente. Los funcionarios vietnamitas desdeñan su modo de vida tribal y los consideran como salvajes.

2.El Gobierno trata de exterminar al pueblo degar para quedarse con sus territorios ancestrales. Algunos hombres degar han sido falsamente acusados, encarcelados y torturados hasta la muerte. Las mujeres degar han sido sometidas a esterilización forzada y muchas han muerto como consecuencia de las operaciones quirúrgicas practicadas por personas sin calificación. Por ejemplo, el 28 de abril de 2008, la policía de seguridad de Viet Nam asesinó a un cristiano degar llamado Y Ben Hdok atándole una cuerda alrededor del cuello y arrastrándolo con su jeep hasta que murió. El 14 de abril de 2008 dos cristianos degar, Y Song Nie e Y Huang Nie, fueron brutalmente torturados hasta la muerte por la policía de seguridad, que indemnizó a sus familias con 66 dólares de los Estados Unidos, una bolsa de arroz, un ataúd y una sepultura.

3.Se está despojando sistemáticamente al pueblo degar de su derecho a tener medios de subsistencia sostenibles. Se le despojó de sus tierras sin explicación ni indemnización, y esas tierras se entregaron a otros vietnamitas o a personas de la etnia kinh. Su propósito al construir iglesias no es oponerse al Gobierno, sino convertirse en seres humanos mejores de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y preservar su lengua materna. Del mismo modo, no se oponen a convivir con el pueblo vietnamita en su territorio ancestral. Simplemente piden que se ponga fin a un trato inhumano y a las violaciones del derecho a usar la tierra y de otros derechos fundamentales.

4.El orador también denuncia las medidas del Gobierno contra el pueblo indígena khmer kampuchea-krom en el delta del Mekong y los indígenas Tai Dam en Dien Bien. El Gobierno y la población de Viet Nam deben cambiar de actitud para que puedan convivir en paz y prosperar como una nación.

5.El Sr. Thach Ngoc Thach (Khmers Kampuchea-Krom Federation) dice que el pueblo indígena khmer-krom del delta del Mekong es víctima de discriminación racial. El Gobierno de Viet Nam sigue destruyendo su identidad, etiquetándolos como minoría étnica khmer en lugar de khmer-krom. A los estudiantes no se les permite aprender y utilizar libremente la lengua khmer ni estudiar la verdadera historia de su pueblo en las escuelas públicas. Las aldeas, los distritos y las provincias no pueden designarse con sus topónimos khmer.

6.El pueblo khmer-krom vive atemorizado en sus tierras ancestrales y sus miembros son tratados como ciudadanos de segunda clase. Se les ignora cuando intentan utilizar el sistema legal. Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2010 un joven llamado Chau Net fue decapitado en la provincia de Tay Ninh con una espada samurai por una turba vietnamita porque les dijo que era khmer-krom. Las autoridades vietnamitas no tomaron medidas efectivas para llevar a los asesinos ante la justicia y el Gobierno advirtió a los padres de Chau Net de que dejasen de buscar justicia para su hijo.

7.Cuando los miembros de la comunidad khmer-krom tratan de ejercer sus derechos, son detenidos por cargos de motivación política y encarcelados sin un juicio justo. Por ejemplo, Tran Thi Chau, que había estado involucrado en una disputa de tierras con las autoridades locales en la provincia de Tra Vinh, fue detenido cuando se dirigía a una boda el 22 de abril de 2010 y posteriormente condenado por el tribunal de Tra Vinh a dos años y medio de prisión por el presunto delito de haber vuelto a tomar posesión de sus tierras. Chau Hen fue condenado el 13 de marzo de 2011 a dos años de prisión por el tribunal de distrito de Tri Ton, provincia de An Giang, por organizar manifestaciones pacíficas para exigir que se devolvieran tierras de labranza khmer-krom en ese distrito que habían sido confiscadas en 2007 y 2008. Fue torturado tras su detención y encarcelado y no se le permitió hablar con su esposa cuando lo visitó en la cárcel.

8.Con respecto a la libertad de religión, las autoridades vietnamitas han obligado y conseguido que la mayoría de los monjes budistas khmer-krom se unan a la Asociación Patriótica Budista Unificada. Los monjes que se negaron a unirse a ella fueron castigados. Por ejemplo, el 11 de diciembre de 2011 las autoridades vietnamitas ordenaron a Thach Houl, un monje budista khmer-krom que era el Vicepresidente de la Asociación Patriótica Budista Unificada de la provincia de Soc Trang, que apartara del sacerdocio al Venerable Ly Sol por haber intentado presuntamente violar a una mujer que podría tener la edad de su abuela en el templo de Tra Set de esa provincia, pese a las declaraciones de la autoridad espiritual y de otros monjes budistas del templo que negaban esos hechos. Las autoridades persiguen a los monjes budistas de ese templo porque se han negado a unirse a la Asociación Patriótica Budista Unificada.

9.Los khmer-krom viven en la pobreza y atemorizados como ciudadanos de segunda clase, y son víctimas de represalias y represión por defender sus derechos fundamentales. El orador pide al Comité que inste a las autoridades vietnamitas a que respeten la identidad y la cultura de los khmer-krom. Las personas deben poder referirse a sí mismas como khmer‑krom; la lengua y la historia khmer-krom deben enseñarse en las escuelas públicas; y deben restablecerse los topónimos originales de las aldeas, los distritos y las provincias khmer‑krom.

10.Debe permitirse al pueblo khmer-krom defenderse libremente en el sistema judicial vietnamita. El Gobierno debería dejar de acusarlo de "perturbar la sociedad vietnamita", invocando el artículo 87 del Código Penal, para encarcelar a sus miembros cuando reivindican sus derechos fundamentales.

11.Se debe permitir que los monjes budistas khmer-krom creen una organización religiosa independiente libre de las injerencias del Gobierno, y las personas deben poder practicar libremente el budismo theravada. La libertad de religión es un derecho, no un privilegio concedido por el Gobierno.

12.La Sra. Brañez (Unrepresented Nations and Peoples Organization) dice que su organización reconoce las diferencias étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas de los montañeses degar, los khmer kampuchea-krom y los pueblos hmong de Viet Nam, que han sido marginados porque el Gobierno no aplica las disposiciones de la Convención. Los tres grupos han sido privados de sus derechos y son víctimas de discriminación política, social y económica sistemática a causa de su origen étnico.

13.Viet Nam no ha ratificado ningún instrumento sobre el estatuto de los refugiados, y su sistema legal no protege a las personas que buscan refugio o asilo. La extradición y la repatriación forzosas de los miembros de pueblos indígenas y minorías étnicas que practica el Estado constituyen una grave violación de los principios de no devolución y no expulsión protegidos por el artículo 5 de la Convención. Las medidas adoptadas por las autoridades vietnamitas para detener a los miembros de pueblos indígenas y minorías étnicas que desean abandonar Viet Nam ha incluido el despliegue de unidades policiales de élite y la colaboración activa a nivel estatal con Laos y Camboya para devolver por la fuerza a quienes tratan de defender sus derechos fundamentales. Las autoridades invocan disposiciones legales de motivación política, como "oposición al Gobierno" o "atentado a la solidaridad" entre Camboya y Viet Nam. Según el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, las personas que fueron repatriadas por la fuerza a Viet Nam tenían un temor fundado a ser perseguidas por el Gobierno de Viet Nam.

14.La política del Gobierno de confiscación de tierras sin el consentimiento libre, previo e informado y sin una indemnización justa impide que los pueblos indígenas y las minorías étnicas tengan medios de vida sostenibles. Aunque la Ley vietnamita prohíbe esencialmente a todos los ciudadanos la propiedad privada de la tierra, a los pueblos indígenas y a las minorías étnicas se les asignaron las parcelas más pequeñas y menos fértiles después de que sus tierras ancestrales fuesen reasignadas a la mayoría étnica kinh. Su realojamiento forzoso se ve agravado por la falta de asistencia adecuada para el traslado a nuevas regiones, que a menudo carecen de las infraestructuras básicas y están alejadas de servicios tales como hospitales y escuelas, dando lugar a una mayor inseguridad alimentaria y pobreza.

15.Los pueblos indígenas y las minorías étnicas han informado de que el Gobierno de Viet Nam sigue prohibiendo las publicaciones independientes y restringiendo la educación en lenguas minoritarias. Los niños degar, hmong y khmer no pueden recibir la primera educación en su lengua materna y se ven enfrentados a barreras lingüísticas debido a su escasa comprensión del idioma vietnamita. Los profesores y los funcionarios también los acusan, utilizando términos raciales despectivos, de ser "incapaces de aprender" o de "tener una deficiente capacidad de aprendizaje". Aunque la educación pública gratuita es jurídicamente obligatoria, las familias indígenas y de minorías étnicas han denunciado que tienen que pagar tasas escolares prohibitivas. También se ha informado de que los funcionarios vietnamitas han utilizado las aulas para interrogar a los niños acerca de la afiliación religiosa de sus familias y han amenazado con expulsar a los estudiantes si se niegan a firmar documentos retractándose de sus creencias.

16.El Sr. Vo Van Ai (Vietnam Committee on Human Rights) dice que su organización está profundamente preocupada por las graves violaciones de los derechos de las minorías étnicas y religiosas en Viet Nam. Aunque Viet Nam ratificó la Convención hace tres decenios, hasta la fecha solo ha presentado cuatro informes periódicos.

17.En el último informe periódico (CERD/C/VNM/10-14) se describe la amplia legislación promulgada para garantizar los derechos de las minorías. Sin embargo, muchas leyes nunca se han aplicado y otras socavan gravemente los derechos de las minorías al subordinarlos al cumplimiento de las doctrinas del Partido Comunista.

18.El plan quinquenal aprobado por el Partido Comunista en Gia Lai y otras zonas minoritarias contiene directivas explícitas que requieren, por ejemplo, que se eliminen con determinación todas las religiones heréticas y se supriman las actividades que abusen de la democracia, los derechos humanos, el origen étnico y la religión para sabotear la solidaridad nacional. Lejos de proteger los derechos de las minorías, los supuestos esfuerzos de Viet Nam para combatir la discriminación racial equivalen a un intento de erradicar la pluralidad cultural, religiosa y política entre la población.

19.Viet Nam debe reformar urgentemente su sistema legal para combatir eficazmente la discriminación racial. Como señaló la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza tras su visita a Viet Nam (A/HRC/17/34/Add.1), ser parte en los tratados internacionales no es suficiente; las normas internacionales deben incorporarse a la legislación interna.

20.Las minorías étnicas y religiosas son víctimas de graves violaciones de sus derechos políticos y económicos, como la expropiación de las tierras ancestrales, el desplazamiento forzado de la población, la persecución religiosa, las detenciones arbitrarias y las desapariciones. Los estereotipos negativos que representan a las minorías étnicas como "incivilizadas" están profundamente arraigados en las políticas gubernamentales. Los programas de reducción de la pobreza incluyen a menudo campañas para erradicar la cultura, los modos de vida tradicionales, las creencias y las prácticas religiosas de las minorías para ayudarlas a "alcanzar" a la mayoría kinh.

21.En el sistema de partido único no hay medios de información privados, ni sindicatos libres, ni sociedad civil ni un poder judicial independiente. Sin esas garantías, las minorías étnicas no tienen medios para reclamar o defender sus derechos. Como resultado de la política de doi moi (liberalización económica controlada por el partido único), las disparidades de riqueza entre las minorías étnicas y la mayoría kinh han aumentado a un ritmo alarmante. Mientras que en 1990 las minorías étnicas representaban el 18% de los que vivían en la pobreza, en la actualidad representan el 56%, es decir, nueve veces más que el porcentaje registrado para los kinh. Estas desigualdades se ven exacerbadas por el sistema de permisos de registros de familias, que es la base de toda la discriminación contra las minorías étnicas y religiosas. El orador dice que su organización insta a Viet Nam a abolir de una vez por todas ese mecanismo discriminatorio.

22.La discriminación religiosa en Viet Nam es una política deliberada, orquestada en los más altos niveles del Partido Comunista y del Estado. Los cristianos hmongs y los montañeses, los miembros de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, los budistas hoa hao, los miembros de la religión cao dai y los budistas khmer-krom son sometidos a prisión, tortura, arresto domiciliario, vigilancia policial, intimidación y acoso. El líder de la Iglesia Budista Unificada de Vietnam, Thich Quang Do, ha estado durante 30 años sometido a diferentes formas de detención por su defensa pacífica de la libertad de religión. El orador dice que su organización insta a las autoridades vietnamitas a que cese la persecución religiosa y pongan en libertad a todos los miembros de las minorías étnicas y religiosas que han sido detenidos por ejercer pacíficamente los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de conciencia y de creencias. Viet Nam también debe reconocer la competencia del Comité para recibir denuncias individuales en virtud del artículo 14 de la Convención.

23.La Sra. Faulkner (Vietnam Committee on Human Rights) dice que Viet Nam no ha incorporado las disposiciones de la Convención en la legislación interna. Los miembros de las minorías étnicas son arrestados, detenidos y torturados sobre la base de lo que vagamente se define como leyes de seguridad nacional. Por ejemplo, algunas personas han sido condenadas a 20 años de prisión por "sabotear la unidad nacional". Es esencial que se emprenda una importante reforma del sistema legal para garantizar el respeto de los derechos de las minorías étnicas. El informe contiene una lista de leyes que han sido promulgadas aparentemente para garantizar los derechos de las minorías. Sin embargo, todo un arsenal de directrices emitidas por el Partido Comunista restringen severamente los derechos consagrados en la Constitución y en otras leyes.

24.El Sr. Rong Nay (Montagnard Human Rights Organization) dice que la tortura en las cárceles vietnamitas es un hecho cotidiano y que los indígenas montañeses detenidos son víctimas de una terrible discriminación. Según Human Rights Watch, más de 350 montañeses han sido condenados a largas penas de prisión desde 2001 acusados de ser una amenaza para la seguridad nacional.

25.Las tierras ancestrales de los montañeses han sido confiscadas por el Gobierno y muchas personas han perdido sus granjas. Muchas aldeas tradicionales han sido "vietnamizadas" o explotadas por el Gobierno como lugares turísticos. El Gobierno ha confiscado hasta los cementerios, de manera que las sepulturas de los montañeses han tenido que ser trasladadas a otro lugar.

26.El orador insta a los órganos de las Naciones Unidas a que investiguen los motivos de que los niveles de pobreza y de malnutrición sean mucho más altos para los pueblos indígenas de Viet Nam septentrional y los pueblos tribales montañeses de los altiplanos centrales. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales trabajan en todo Viet Nam, pero casi ninguna de ellas se ocupa de los indígenas montañeses. Las políticas gubernamentales, muchas de las cuales se basan en el racismo y la discriminación, causan dificultades a los montañeses. Restringen el desarrollo y la educación de los pueblos tribales. Por ejemplo, aunque 15.000 estudiantes vietnamitas están estudiando en los Estados Unidos de América, ningún montañés ha obtenido una beca o una oportunidad de estudio.

27.Los cristianos montañeses son perseguidos por su fe y por practicar su culto en sus casas o iglesias. Los que defienden pacíficamente su religión o sus derechos sobre la tierra son golpeados y encarcelados.

28.El orador insta al Comité a que exhorte al Gobierno de Viet Nam a poner fin a las políticas de discriminación y de depuración étnica que han dado lugar a la pobreza extrema y al enorme sufrimiento de los pueblos indígenas, a restablecer el derecho a la tierra de los pueblos montañeses y a garantizarles el acceso a las oportunidades educativas y al desarrollo. Las Naciones Unidas también deberían negociar la liberación inmediata de más de 400 presos montañeses que han sido injustamente encarcelados por su religión cristiana y por ejercer su derecho de reunión pacífica.

29.El Sr. Alles (Montagnard Human Rights Organization) dice que las políticas de discriminación étnica y de persecución que el Comité condenó hace más de diez años han empeorado en las tierras altas del centro y norte de Viet Nam. El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ha instado al Gobierno a ratificar y aplicar los principales tratados de derechos humanos, entre ellos la Convención contra la Tortura. La Experta independiente sobre cuestiones de las minorías (A/HRC/16/45/Add.2) ha expresado preocupación por la posible denegación de la libertad de religión y otras graves violaciones de los derechos civiles, y ha señalado que hubo obstáculos que le impidieron obtener opiniones distintas a las posiciones oficiales del Gobierno.

30.En un detallado informe sobre los abusos de que son víctimas los cristianos montañeses en las tierras altas centrales publicado en 2011, Human Rights Watch se refirió a una serie de medidas represivas adoptadas por el Gobierno en los últimos diez años contra las actividades políticas y religiosas. Las unidades de élite de seguridad han perseguido y detenido a activistas montañeses y cerrado la frontera con Camboya para impedir que los solicitantes de asilo abandonen el país. Según ese mismo informe, más de 350 montañeses han sido condenados a largas penas de prisión por cargos vagamente definidos como de seguridad nacional por su participación en protestas públicas o mantener en sus casas iglesias no registradas, o por tratar de buscar asilo en Camboya.

31.El orador dice que su organización insta al Gobierno de Viet Nam a que muestre compasión y justicia con los presos montañeses, que han sido víctimas de tortura, brutalidad y discriminación. Se deben aplicar inmediatamente políticas a través del Ministerio del Interior para poner fin a la práctica de la tortura en todos los niveles del sistema de seguridad.

32.El Sr. Tandara Thach (Consejo Nacional Supremo de Kampuchea-Krom) dice que kampuchea-krom fue parte del Imperio khmer hasta el final de la colonización francesa en junio de 1949. La Asamblea Nacional francesa cedió en esa fecha el territorio a Bao Dai, caudillo del sur de Viet Nam, que prosiguió el proceso de colonización.

33.El territorio fue masivamente poblado por el traslado ilegal de población durante el dominio colonial francés y fue en ese momento cuando se originó la discriminación racial. Se creó una sociedad basada en dos clases diferenciadas, en la que el khmer-krom era la desfavorecida. El Gobierno de Viet Nam sigue practicando una flagrante discriminación, con la intención de intimidar, reprimir y poner fin al desarrollo del khmer krom y otros pueblos indígenas. A la población khmer-krom se le niega el acceso a los altos cargos públicos por razones de seguridad nacional, aduciendo que "no están suficientemente educados", ya que no desempeñan altos cargos en el Partido Comunista o simplemente porque no son vietnamitas. De las decenas de miles de estudiantes vietnamitas que estudian en el extranjero, prácticamente ninguno es khmer-krom.

34.El Gobierno debe traducir a todos los idiomas indígenas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, publicar la traducción oficialmente y distribuirla en todo el país, en particular entre los propios vietnamitas. También se deben realizar actividades de sensibilización sobre la Declaración dirigidas a los indígenas. Además, el Gobierno debe empezar a aplicar algunos de los artículos de la Declaración y reconocer a todos los pueblos indígenas de Viet Nam.

35.El Sr. Saidou pregunta si los montañeses pueden utilizar sus nombres ancestrales en los documentos del estado civil.

36.El Sr. de Gouttes pregunta si alguna de las ONG presentes en la reunión ha sido consultada por el Gobierno durante la preparación de su informe periódico. Desea saber si tienen alguna información sobre los planes del Gobierno para establecer una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París. Los informes de las ONG sugieren que, en el caso de la minoría de los montañeses, la discriminación religiosa está ligada a la discriminación racial; por lo tanto, tal vez deba tenerse eso en cuenta.

37.El Sr. Huang Yong'an (Relator para el país) pregunta si es cierto que los khmer‑krom prefieren describirse a sí mismos como pueblo indígena en lugar de como minoría étnica, que es el término utilizado por el Gobierno de Viet Nam. Observando que el Consejo Nacional Supremo de Kampuchea-Krom ha declarado en su informe paralelo que el Gobierno ha planeado exterminar a los khmer-krom, pregunta si la situación es de hecho tan grave.

38.La Sra. Faulkner (Vietnam Committee on Human Rights) dice que no ha habido consultas con ONG independientes durante la redacción del informe del Estado parte, ya que esas organizaciones no existen en Viet Nam. Aunque las organizaciones de fuera del país acogerían con satisfacción la oportunidad de entablar un diálogo con el Gobierno, todas las propuestas en ese sentido han sido rechazadas. La oradora dice que se ha examinado el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, pero expresa preocupación por que, dado que no hay una prensa libre, ni una sociedad civil independiente ni libertad de expresión, esa institución estaría de hecho controlada por el Gobierno. Existe un vínculo entre la discriminación religiosa y racial en Viet Nam; los montañeses son reprimidos no solo porque son un pueblo indígena, sino también porque el Gobierno trata de impedir el desarrollo del cristianismo.

39.El Sr. Thach Ngoc Thach (Khmers Kampuchea-Krom Federation) dice que se ha obligado a los khmer krom a tomar los apellidos asignados por las autoridades vietnamitas hace más de 200 años, por lo que su origen puede ser fácilmente identificado. Se trata de una forma de genocidio cultural que continúa hoy en día. Los khmer-krom se definen a sí mismos como un pueblo indígena, ya que son los habitantes originales del país y no inmigrantes, pero el Gobierno los clasificó como minoría étnica. Refiriéndose a la declaración del Consejo Nacional Supremo de Kampuchea-Krom, dice que la destrucción de su religión, que es la piedra angular de su cultura, llevaría a la muerte de los khmer-krom como pueblo.

40.El Sr. Kok Ksor (Montagnard Foundation, Inc.) dice que el Gobierno está cometiendo actos de discriminación racial contra los montañeses, tratando de controlar su iglesia y obligándolos a profesar lealtad al partido del Gobierno.

Debate sobre los informes periódicos 19º y 20º del Canadá

41.La Sra. Teklu (African-Canadian Legal Clinic) dice que persisten los prejuicios raciales en la policía, a pesar de que en muchas ocasiones se ha instado al Gobierno a tomar medidas para combatirlos. La creación de perfiles raciales transmite a los afrocanadienses el mensaje claro de que son vistos por la sociedad como "diferentes" y como delincuentes. La negativa continua de los servicios de policía a recoger datos sobre las prácticas policiales hace que sea imposible determinar el efecto de los programas gubernamentales para combatir el fenómeno.

42.Los afrocanadienses siguen estando excesivamente representados en el sistema de justicia penal. Las cifras de 2011 revelan que, mientras que los afrocanadienses representan solo el 2,5% de la población del Canadá, suman casi el 10% de la población penitenciaria federal. Probablemente la situación no hará más que empeorar con la introducción del proyecto de ley C-10 (Ley de calles y comunidades seguras), que impone severas penas para determinados delitos y aumenta la probabilidad de que los jóvenes delincuentes sean condenados como adultos y se les impongan penas de privación libertad. En 2007, en sus observaciones finales (CERD/C/CAN/CO/18), el Comité señaló la tasa desproporcionadamente alta de encarcelamiento de los aborígenes en comparación con la población general, e instó al Canadá a que intensificara sus esfuerzos para combatir la marginación socioeconómica y los criterios discriminatorios en la aplicación de la ley e implantase un programa específico para facilitar la reintegración de los delincuentes aborígenes en la sociedad. La oradora pide al Comité que formule la misma recomendación respecto de la población afrocanadiense.

43.A los afrocanadienses se les niega el acceso real a la educación. La tasa de deserción escolar entre los estudiantes afrocanadienses es del 40%, en comparación con un promedio general del 25%. Los afrocanadienses también siguen teniendo tasas desproporcionadamente altas de suspensión y expulsión. Los informes que sugieren que el bajo rendimiento de los afrocanadienses está relacionado con el racismo sistémico en la educación han llevado a que la Junta Escolar del distrito de Toronto cree una escuela afrocéntrica. Los buenos resultados obtenidos por la escuela hacen pensar que el sistema escolar general necesita una importante revisión. Los programas escolares deben ser más inclusivos, y el personal docente más representativo racial y culturalmente.

44.El Gobierno del Canadá ha indicado en su informe que utiliza una serie de encuestas para recopilar información sobre la población canadiense que podría ser objeto de una tabulación cruzada con otros datos socioeconómicos. La oradora dice que su organización pone en duda la integridad de esos datos e insta al Comité a que pida al Gobierno que explique con más detalle las encuestas y las estadísticas a las que se refiere, en particular con respecto a la raza y el origen étnico. El Comité también debería investigar por qué el Canadá ha abolido la obligatoriedad del censo de formato largo que contenía preguntas relacionadas con la raza o el origen étnico. El Gobierno no puede hacer frente a las disparidades raciales si desconoce dónde existen.

45.La Sra. Preston (Canadian Friends Service Committee) dice que, a pesar de que el Canadá ha aprobado tardíamente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a su organización le preocupa que siga devaluando ese instrumento tanto en el plano nacional como internacional. Los órganos de tratados de las Naciones Unidas utilizan cada vez más la Declaración para interpretar los derechos de los indígenas y las obligaciones de los Estados en los tratados de derechos humanos existentes, pero el Canadá alega que ninguna de sus disposiciones refleja el derecho internacional consuetudinario. El Canadá debe dejar de devaluar la Declaración, asegurar que sus leyes y políticas sean coherentes con la Declaración, los derechos de los pueblos indígenas y las obligaciones que incumben al Canadá, y establecer un proceso, conjuntamente con los pueblos indígenas, para garantizar la aplicación efectiva de la Declaración en los planos nacional e internacional.

46.Hablando en nombre de Kontinónhstats – The Mohawk Language Custodians, la oradora dice que es importante que los pueblos indígenas revitalicen sus lenguas y culturas para superar la discriminación racial. En consecuencia, el Canadá debería promulgar leyes que protejan, promuevan y perpetúen las lenguas y culturas indígenas, y esas leyes deberían elaborarse en consulta y cooperación con los pueblos indígenas.

47.El Sr. Joffe (Grand Council of the Crees) dice que el Protocolo de Nagoya es un nuevo acuerdo internacional sobre el acceso y la participación en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Los recursos y los conocimientos tradicionales con ellos asociados son cruciales para los pueblos indígenas y sus culturas, salud, bienestar y medios de vida. No obstante, en el Protocolo, únicamente los derechos establecidos —no otros derechos basados en el uso consuetudinario— parecen recibir alguna protección en virtud de la legislación nacional. Además, terceras partes pueden acceder y utilizar los recursos genéticos en los territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el objetivo central de la participación justa y equitativa en los beneficios exige que se tengan en cuenta todos los derechos sobre los recursos genéticos. Sin embargo, el Canadá no ha consultado a los pueblos indígenas ni tenido en cuenta sus preocupaciones. El Canadá debe respetar plenamente los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas a los recursos genéticos, incorporar en los procesos internacionales ambientales un enfoque basado en los derechos humanos y usar la legislación nacional para apoyar los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Convención.

48.La Sra. Edwards (Native Women's Association of Canada) dice que las mujeres aborígenes en el Canadá siguen siendo víctimas de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. La marginación extrema y las desigualdades experimentadas por las mujeres aborígenes hacen que sean víctimas de la violencia racial y sexual. Es esencial que el Comité visite el Canadá para que esté plenamente informado del contexto social, histórico y geográfico en el que se producen las desapariciones y los asesinatos de mujeres y niñas aborígenes.

49.El Gobierno del Canadá debería aplicar las recomendaciones formuladas por su propio Auditor General en relación con el sistema nacional de protección de los niños aborígenes y adoptar medidas inmediatas para poner fin a las barreras jurisdiccionales y a los problemas de financiación. Del mismo modo, debería tomar medidas para remediar las deficiencias en las escuelas de las Primeras Naciones. También debe modificar las políticas y las leyes para eliminar la discriminación residual de género contra las mujeres de las Primeras Naciones y sus descendientes. Por último, la oradora expresa preocupación por la falta de acceso a la justicia y las altas tasas de encarcelamiento de aborígenes y el posible impacto a este respecto del proyecto de ley Nº C-10.

50.El Sr. Benjamin (Amnistía Internacional) dice que los pueblos indígenas del Canadá no tienen el mismo acceso a los derechos humanos fundamentales. Esas desigualdades son el resultado de la historia colonial y de las actuales políticas del Gobierno. En esferas cruciales como la seguridad de la infancia o el acceso al agua potable, los fondos asignados por el Gobierno federal y los servicios ofrecidos no se distribuyen por igual entre las comunidades indígenas y no indígenas.

51.A pesar de su reconocimiento de los niveles desproporcionadamente elevados de violencia contra las mujeres indígenas, el Gobierno no ha respondido con un plan de acción integral y coordinado. Los procedimientos existentes para resolver las controversias relacionadas con la tierra son inadecuados, y el Estado no ha proporcionado protección adecuada contra nuevas violaciones de los derechos indígenas a la tierra mientras se resuelven esas controversias. También hay graves preocupaciones relacionadas con las políticas sobre los refugiados, los migrantes y las personas a las que se dirige la legislación antiterrorista, así como con el comercio y la inversión canadiense en el extranjero.

52.El orador dice que su organización recomienda que se inste al Gobierno del Canadá a que retire la legislación propuesta sobre la trata de seres humanos, y enmiende la Ley de inmigración y protección de los refugiados con el fin de prohibir la expulsión o la extradición de personas que corren el riesgo de ser sometidas a tortura. El Canadá debería revisar todos los programas de trabajadores extranjeros para impedir la discriminación y eliminar las restricciones a los trabajadores extranjeros que viven con sus empleadores. Se le debería instar a que designe un comisionado independiente para que examine las reclamaciones de reparación por presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con cuestiones de seguridad nacional y aplique el modelo recomendado para un examen completo de los departamentos que trabajan en actividades de seguridad nacional. Debería introducir medidas para que las empresas canadienses rindan cuentas por sus actividades en o cerca de territorios indígenas de otros países, y garantizar que el cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sea uno de los criterios que se utilicen en la próxima revisión del Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y Colombia.

53.La Sra. Littlechild (International Indian Treaty Council) dice que, como se indica en el informe alternativo consolidado elaborado por varias ONG canadienses y por su organización, la discriminación contra los pueblos indígenas está arraigada en las condiciones políticas, sociales y económicas en que viven muchos de ellos. Por ejemplo, las comunidades indígenas presentan mayores tasas de maltrato infantil, violencia doméstica, enfermedad, mortalidad, suicidio, abuso de sustancias y toda una serie de enfermedades crónicas. Se les proporciona una vivienda inadecuada y un saneamiento deficiente, carecen de agua potable y de nutrición adecuada, tienen niveles más bajos de educación y empleo, y hacen frente a la pobreza y el racismo. Esta situación se describe en detalle en el informe alternativo.

54.En el informe alternativo también se describe una serie de perspectivas indígenas y se plantean varias preocupaciones relativas a la falta de aplicación por el Canadá, de buena fe y en colaboración con las comunidades indígenas, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las tierras indígenas se han explotado sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, y el Gobierno ha rechazado la aplicación en el Canadá de las normas internacionales en materia de consentimiento. Un problema conexo, el de los niños indígenas bajo el cuidado o la custodia del Estado, ha empeorado como consecuencia de, entre otras cosas, el racismo y la discriminación generalizados contra las comunidades indígenas y las desigualdades en la financiación de los servicios para los niños y las familias indígenas.

55.Las prácticas discriminatorias del Gobierno del Canadá van más allá de las fronteras nacionales y afectan a los derechos indígenas como resultado de varios tratados internacionales. Esos tratados reflejan una falta de respeto por los derechos humanos de los pueblos indígenas de otros países en los que operan las empresas canadienses.

56.La oradora subraya que la falta de seguimiento o de aplicación de las recomendaciones anteriores del Comité (CERD/C/CAN/CO/18) es un motivo de preocupación, y señala la lista de recomendaciones contenidas en el informe alternativo.

57.Hablando en nombre de la Asociación de Abogados Indígenas sobre la cuestión del racismo sistémico y la excesiva representación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia, la oradora dice que la situación se está deteriorando. Tras varias investigaciones en la década de 1990 en las que se reconoció que el racismo sistémico ha dado lugar a la excesiva representación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia, el Código Penal se ha modificado para tener en cuenta las circunstancias de los delincuentes aborígenes. La disposición pertinente, a saber, el artículo 718.2 e) del Código, ha sido posteriormente interpretada por el Tribunal Supremo en el caso Gladue como medida correctiva para reducir el encarcelamiento desproporcionado de miembros de los pueblos indígenas. Sin embargo, el Gobierno no ha aplicado efectivamente la disposición, y los miembros de los pueblos indígenas siguen teniendo más probabilidades de ser condenados a penas privativas de libertad, que de que se les niegue la libertad bajo fianza y de que se las condene a penas más largas.

58.Las mujeres indígenas, que constituyen la población carcelaria de más rápido crecimiento en el Canadá, se enfrentan a una situación aún peor, y los criterios utilizados para determinar el riesgo tienen un impacto desproporcionado en ese grupo. Además, muchos actores del sistema de justicia no entienden la necesidad de considerar alternativas a la encarcelación y no tienen en cuenta los principios Gladue ni el artículo 718.2 e) del Código Penal. No hay ningún compromiso real por parte del Gobierno federal para destinar recursos suficientes a las alternativas al encarcelamiento, o para financiar adecuadamente programas en esa esfera. Un informe de 2009 de la Oficina del investigador de asuntos penitenciarios indicó que varias de las medidas del Gobierno en ese sentido nunca se habían aplicado o su financiación era muy insuficiente.

59.A pesar de que el Gobierno ha reconocido que el racismo sistémico ha dado lugar a la excesiva representación de los pueblos indígenas en el sistema de justicia, su estrategia incluye enmiendas para aumentar el número de delitos para los que se establece una pena mínima obligatoria y penas más severas para otros delitos. Las recomendaciones de la Asociación de Abogados Indígenas incluyen la supresión de las condenas mínimas obligatorias y la introducción de programas de formación, elaborados en consulta con los pueblos indígenas y dirigidos a los jueces y los fiscales, sobre el alcance del artículo 718.2 e) del Código Penal y los principios Gladue.

60.La Sra. Carmen (International Indian Treaty Council), observando las preocupaciones y las recomendaciones anteriores del Comité en relación con el impacto de las empresas transnacionales con domicilio social en el Canadá, dice que el Canadá no ha proporcionado la información solicitada sobre las empresas canadienses ni sobre las medidas adoptadas para abordar el problema. La información actualizada presentada por los pueblos indígenas en los Estados Unidos, Guatemala y México indica que el Gobierno no ha aplicado la recomendación.

61.Varios ejemplos muestran que la situación sigue deteriorándose. La parte occidental de Shoshone en Nevada continúa sufriendo el impacto de las actividades mineras de oro realizadas por la Barrick Gold Corporation, con sede en Toronto. Los pueblos indígenas de Guatemala y Oaxaca (México) también se ven afectados por las actividades de empresas con sede en el Canadá. Estos ejemplos muestran que el Gobierno no ha aplicado las recomendaciones formuladas anteriormente por el Comité de que las empresas mineras canadienses, que operan con impunidad fuera del Canadá, rindan cuentas de las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos indígenas. La oradora insta al Comité a que pida una vez más al Canadá que facilite información sobre las medidas que haya adoptado o que tenga previsto adoptar para aplicar plenamente las recomendaciones del Comité.

62.El Sr. Lameman (International Indian Treaty Council and the Dene Nation) dice que se están produciendo violaciones flagrantes de los derechos indígenas como resultado del apoyo y la concesión de licencias del gobierno regional a las empresas que trabajan para extraer petróleo de las arenas bituminosas de Alberta. El proceso de extracción, que generalmente incluye la remoción o la actividad minera a cielo abierto, causa grandes daños ambientales. Aunque la Asamblea de Jefes de Tratado ha pedido una moratoria de la expansión de las minas, el gobierno de Alberta sigue otorgando concesiones mineras, licencias y permisos, y las autoridades federales no apoyan los tratados de las naciones indígenas, que, como resultado de las actividades de extracción, sufren mayores tasas de enfermedad y un desprecio total de su derecho a la pesca, la caza y la caza con trampas en la región. Las actividades de extracción siguen realizándose sin el consentimiento libre, previo e informado de las naciones que son partes en tratados.

63.Junto con otras Primeras Naciones, la Nación Dene ha firmado el Mother Earth Accord, que se opone a la construcción del oleoducto Keystone XL propuesto y pide una moratoria en la explotación de las arenas bituminosas, que se celebren consultas plenas de acuerdo con los principios del consentimiento libre, previo e informado y se deniegue el permiso presidencial necesario para construir el oleoducto.

64.Los documentos obtenidos recientemente por Greenpeace Canadá sugieren que, en un documento interno, el Gobierno federal considera a los pueblos indígenas y a los grupos de defensa del medio ambiente como sus "adversarios" en el asunto de la explotación de las arenas bituminosas, en violación de las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

65.Teniendo en cuenta que los ejemplos citados muestran que el Gobierno no ha aplicado las recomendaciones del Comité, el orador pide al Comité que reitere sus solicitudes anteriores.

66.El Sr. Alexis (Confederacy of Treaty Six First Nations) dice que es vital que se garantice que el Gobierno del Canadá respete los instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Tratado Nº 6 de 1876, incluidos su espíritu y propósito originales. El orador dice que no se han celebrado consultas entre el Gobierno y las Naciones que son partes en el tratado, y que la próxima reunión de su organización con la delegación del Canadá no constituye en modo alguno una consulta.

67.El informe alternativo ofrece una imagen objetiva y precisa del trato que se da a las naciones indígenas. El proceso de planificación de todas las iniciativas colectivas o individuales, así como su aplicación y sus resultados, crea importantes oportunidades para poner en práctica las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular las que afirman el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones. El mero hecho de estar presente en la sala de reuniones no equivale a una verdadera participación. Si bien el orador apoya plenamente el importante papel desempeñado por los organismos de las Naciones Unidas, dice que esa participación debe incluir a los pueblos, las naciones y las organizaciones indígenas.

68.El orador señala las importantes normas establecidas en los artículos 18 y 19 de la Declaración relativas al derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones de acuerdo con sus propios procedimientos y el requisito de que los Estados consulten a los pueblos indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de aplicar medidas que les afecten.

69.Dice que su organización recomienda respetuosamente que el Comité inste al Gobierno del Canadá a que respete la relación sagrada establecida en virtud de tratados entre las Naciones partes en el Tratado 6 y la Corona en virtud del Tratado Nº 6 de 1876, y cuestione la validez de las iniciativas legislativas del Canadá y de Alberta en relación con el agua utilizada sin el consentimiento de los pueblos indígenas. El Comité también debería instar al Canadá y a Alberta a suspender la expansión del destructivo proyecto de arenas bituminosas, y a respetar los lugares sagrados de las Naciones partes en el Tratado 6 y los lugares de inhumación de sus antepasados.

70.El Sr. Bellegarde (Treaty 4 First Nations) dice que, como representante de los 34 jefes del Tratado 4, ni él ni ninguno de los otros jefes han sido consultados por las autoridades canadienses durante la redacción del informe periódico del Estado parte. El Tratado Nº 4 se concluyó en 1874 entre la Corona y las Naciones Indígenas Nahkawe, Nakota y Plains Cree, cuando se acordó compartir 75.000 millas cuadradas de territorio tradicional hasta "la profundidad de un arado". Las Primeras Naciones del Tratado 4 todavía conservan sus derechos y sus títulos sobre la propiedad de la tierra y los recursos en todo el territorio del Tratado 4.

71.Alrededor del 52% de las reservas mundiales de potasa —un ingrediente esencial en la producción de fertilizantes, que son necesarios para el cultivo de alimentos— se encuentra en la provincia de Saskatchewan, de la que una gran parte está incluida en el territorio del Tratado 4. El gobierno de Saskatchewan sigue otorgando licencias y permisos de explotación industrial sin el consentimiento libre, previo e informado de las Naciones del Tratado 4, y sin observar los precedentes legales del Canadá que exigen que los gobiernos consulten a las Primeras Naciones sobre cuestiones específicas de la explotación de recursos y de los proyectos. Las Naciones del Tratado 4 no han sido consultadas ni han dado su consentimiento a ninguna de las minas ni de los oleoductos existentes o previstos en todo el territorio del Tratado 4.

72.Desde 1874, las Primeras Naciones y los Pueblos del Tratado 4 nunca se han beneficiado directamente de los enormes ingresos obtenidos con la venta de potasa y otros recursos naturales. Por lo tanto, deben establecerse acuerdos oficiales de distribución de los ingresos obtenidos con los recursos, que podrían aliviar la pobreza y mejorar las condiciones del tercer mundo en las que viven los miembros de las Naciones del Tratado 4. Hay una gran diferencia socioeconómica entre los miembros de las Primeras Naciones del Canadá y el resto de la sociedad canadiense, como lo demuestra el hecho de que, mientras que el Canadá ocupa el sexto puesto en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, cuando las estadísticas de las Primeras Naciones se aplican a los indígenas en el Canadá ese puesto desciende al 63º. Esa diferencia debe solucionarse mediante una participación directa y plenamente significativa con los gobiernos y la industria en todo el desarrollo de los recursos.

73.Con el fin de aplicar plenamente el Tratado 4, el Canadá debería establecer un comisionado del tratado nombrado por los pueblos indígenas y la Corona y responsable ante ellos. De esta manera, el Canadá podría aplicar el artículo 35 de la Constitución, que reconoce y afirma los derechos de los aborígenes y los que se derivan de los tratados existentes y defiende la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

74.Las Primeras Naciones del Tratado 4 han formulado varias recomendaciones en el informe alternativo, entre otras que el Comité inste a que la Corona en derecho del Canadá y las provincias garanticen que se reconozca y respete el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de la explotación propuesta de los territorios o los recursos de los pueblos indígenas. En particular, la Corona en derecho del Canadá debería asegurarse de que los gobiernos provinciales dejen de conceder licencias de explotación industrial, incluida la minería, antes de tratar de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas.

75.El Sr. Wuttke (Asamblea de las Primeras Naciones) dice que la discriminación sistemática prevalece en el sistema de justicia penal del Canadá, donde los delincuentes indígenas siguen estando excesivamente representados. Aunque los indígenas representan el 4% de la población total, ascienden a casi una cuarta parte de la población carcelaria del Canadá. Esos presos, muchos de los cuales son jóvenes, han crecido en gran medida en la pobreza, han recibido una educación deficiente y son víctimas de los efectos multigeneracionales de los internados, el desplazamiento causado por las adopciones forzadas y la marginación cultural y socioeconómica. Las estadísticas muestran que a los indígenas se les deniega con más frecuencia la libertad bajo fianza, pasan más tiempo en prisión preventiva y tienen más del doble de probabilidades de ser encarcelados que los otros delincuentes. Entre 1998 y 2008, el número de indígenas encarcelados en prisiones del Gobierno federal aumentó un 19,7% y el número de mujeres indígenas en las cárceles federales aumentó un 131%.

76.La introducción de la Ley de calles y comunidades seguras que se ha propuesto (proyecto de ley Nº C-10), que prevé penas mínimas obligatorias, dará lugar a condenas arbitrarias e inflexibles que a veces son desproporcionadas en relación con el delito, y aumentará la representación excesiva de los indígenas en el sistema penitenciario. También debilitará el requisito previsto en el Código Penal de que se tenga en cuenta al dictar sentencia la situación específica de los delincuentes indígenas. Las enmiendas propuestas al proyecto de ley Nº C-10 tendrán consecuencias graves para los jóvenes indígenas.

77.El proyecto de ley no hace nada para aliviar el problema de la discriminación generalizada contra los pueblos indígenas. En 2007, la Asamblea de las Primeras Naciones y la Sociedad de apoyo a los niños y las familias de las Primeras Naciones presentaron una queja ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos en la que se alegaba que el hecho de que el Canadá no proporcionara fondos de capital para los niños de las Primeras Naciones era discriminatorio. El Gobierno se ha basado en argumentos de jurisdicción provincial, a pesar de que decidió ejercer jurisdicción sobre los asuntos de los pueblos indígenas a nivel federal. La queja fue desestimada, y está pendiente una revisión judicial de la decisión. Si el caso se desestima de nuevo, los miembros de las Primeras Naciones serán el único grupo de canadienses al que se le niegue la plena aplicación de la Ley canadiense de derechos humanos y se le prohíba presentar nuevas reclamaciones contra el Gobierno federal.

78.El Sr. Thornberry dice que la cuestión de la prueba del título de propiedad en los casos de reclamaciones pendientes de tierras y de recursos se ha planteado varias veces en la documentación aportada por las ONG, y que es sin duda un motivo de considerable preocupación. Aunque en el informe del Canadá se ha subrayado la importancia de la negociación, ha habido muchas quejas acerca del enfoque de confrontación por parte de las autoridades. El orador se pregunta hasta qué punto esta discrepancia podría explicarse por las diferencias en los enfoques estructurales y culturales, y cómo podrían reconciliarse. Pide al representante del Grand Council of the Crees que le explique la diferencia entre los derechos establecidos y los derechos consuetudinarios. También desea conocer las razones del elevado número de mujeres indígenas en prisión.

79.El Sr. Lindgren Alves dice que le ha sorprendido oír que los afrodescendientes y los indígenas en el Canadá hacen frente a problemas similares a los de sus homólogos en América Latina, a pesar de que el Canadá tiene uno de los índices más altos de desarrollo humano del mundo. Pregunta si las ONG estiman que las políticas multiculturales del Canadá, que se consideran un referente internacional, han sido positivas en cuanto a la integración de los indígenas.

80.El Sr. de Gouttes dice que agradecería tener más información sobre el proyecto de ley Nº C-10, por ejemplo en qué fase se encuentra, qué disposiciones penales contiene y si afectaría a los menores y, de ser así, de qué manera.

81.El Sr. Kemal (Relator para el país) pregunta por qué, a juicio de las ONG, los valiosos recursos extraídos de las tierras de los pueblos indígenas, como la potasa, no son compartidos con los pueblos indígenas. Se pregunta hasta qué punto el requisito establecido en el Código Penal de que al dictar sentencia se tenga en cuenta la situación específica de los delincuentes indígenas podría interpretarse como una discriminación contra los delincuentes no indígenas, y qué se podría hacer para evitarlo.

82.El Sr. Calí Tzay dice que agradecería disponer de más información acerca de las mujeres indígenas en el Canadá, por ejemplo si se da la condición de indígena a los niños de una mujer indígena que no esté casada con un indígena. También desea conocer la posición de las ONG con respecto a la distribución de los beneficios de la generación de energía y de la minería. Agradecería tener más información sobre la educación impartida a los indígenas por el Estado del Canadá. Asimismo, pregunta cuál es el alcance y la finalidad del proceso de reconciliación en curso con los pueblos indígenas en el Canadá, cómo se está aplicando y cuál es el grado de participación del Estado en el proceso.

83.El Sr. Saidou dice que no le queda claro si el sistema de justicia penal se aplica de la misma manera a todas las personas en el Canadá. Desea saber si el Código Penal contiene disposiciones específicamente elaboradas para criminalizar a los afrodescendientes y a los indígenas.

84.El Sr. Joffe (Grand Council of the Crees), refiriéndose a los derechos sobre los recursos genéticos, dice que hay tres categorías de derechos establecidos: los derechos basados en una decisión judicial; los derechos basados en un acuerdo o un tratado; y los derechos basados en la legislación. Por lo que respecta al uso consuetudinario de los recursos genéticos, de conformidad con el sistema legal canadiense esos derechos se basan en el uso tradicional y la ocupación. Los litigios y la negociación en el Canadá han versado en general sobre los derechos a la tierra y los recursos, y no se han centrado en los derechos sobre los recursos genéticos. Por consiguiente, aunque existen derechos evidentes, en lo que respecta a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos no son derechos establecidos. Como resultado de ello, los pueblos indígenas podrían enfrentarse a expropiaciones masivas, no sólo en el Canadá, sino en otras partes del mundo.

85.La Sra. Teklu (African-Canadian Legal Clinic) dice que uno de los problemas para determinar la situación socioeconómica de los afrodescendientes y los pueblos indígenas en el Canadá es que el Gobierno amalgama a todas las minorías en un grupo. Su difícil situación queda encubierta por la posición general que ocupa el Canadá en el Índice de Desarrollo Humano. Es necesario establecer una política de lucha contra el racismo, en lugar de la política de multiculturalismo tal como se practica en el Canadá, que equivale a poco más que un desfile de las diferentes culturas y razas y excluye a los afrocanadienses.

86.Aunque el sistema de justicia penal es fundamentalmente racista en el sentido de que penaliza a los afrocanadienses y a los indígenas en todos los niveles, el Código Penal no contiene disposiciones específicas que penalicen actos de grupos minoritarios específicos. Sin embargo, es evidente que algunas disposiciones sobre bandas y armas de fuego han sido motivadas por circunstancias específicas de la comunidad afrocanadiense.

87.El Sr. Bellegarde (Treaty 4 First Nations) dice que el problema de la prueba de la propiedad de la tierra y los recursos se debe al hecho de que los pueblos indígenas, por un lado, y las autoridades federales y provinciales, por otro, consideran que son titulares de la propiedad. Las autoridades siguen concediendo licencias y permisos sin tener en cuenta los derechos inherentes de los pueblos indígenas. Esa es la raíz del conflicto y la razón de que deba nombrarse a un comisionado del tratado.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.