Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

76º período de sesiones

Acta resumida de la 1980ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el viernes 19 de febrero de 2010, a las 10.00 horas

Presidente:Sr. Kemal

Sumario

Examen de los informes, observaciones e información presentados por los Estadospartes de conformidad con el artículo 9 de la Convención

Informes periódicos 8º a 13º de Camboya (continuación)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Examen de los informes, observaciones e información presentados porlos Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención(tema 6 del programa) (continuación)

Informes periódicos 8º a 13º de Camboya (continuación) (CERD/C/KHM/8-13; HRI/CORE/1/Add.94; CERD/C/KHM/Q/8-13; CERD/C/KHM/Q/8-13/Add.1)

1. Por invitación del Presidente, los miembros de la delegación de Camboya toman asiento a la mesa del Comité.

2.El Sr. Suon (Camboya), recuerda que Camboya tuvo que reconstruirse desde cero esforzándose por superar las terribles secuelas dejadas por su trágico pasado y dice que durante la última década se han adoptado importantes medidas con el fin de restablecer y afirmar el estado de derecho en el país. Se ha aprobado un considerable número de leyes, como el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. El Gobierno ha establecido la Real Academia del Poder Judicial, organismo encargado del fortalecimiento de las capacidades de los jueces y fiscales, y sigue llevando a cabo su reforma del sistema legislativo y judicial, que tiene por objeto actualizar las disposiciones vigentes y establecer sistemas alternativos para la resolución de conflictos, en particular para los litigios sobre la tenencia de tierras habitadas por indígenas. El Gobierno de Camboya ha adoptado medidas para dar a conocer estas nuevas leyes no sólo mediante su publicación en el Diario Oficial, sino también mediante su difusión entre los ministerios y las autoridades públicas, así como en los medios de comunicación.

3.El sistema judicial de Camboya está integrado por dos niveles de jurisdicción: los tribunales municipales y provinciales de primera instancia y el Tribunal Militar, por una parte, y el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, por otra. Además, el Gobierno ha puesto en marcha un proyecto piloto por el que se han creado centros de servicios judiciales en algunos distritos, algunos de ellos habitados por minorías indígenas. Para aliviar la carga de los tribunales, los miembros de los consejos locales de algunas zonas rurales han recibido capacitación en métodos alternativos de resolución de conflictos, por lo que ahora están facultados para resolver controversias de menor gravedad, como los litigios por la tenencia de la tierra, que han aumentado considerablemente desde la reactivación económica del país.

4.En 2003, en virtud de un acuerdo celebrado entre el Gobierno de Camboya y las Naciones Unidas, se establecieron en los tribunales de Camboya salas especiales para el enjuiciamiento de los delitos cometidos durante el período de la Kampuchea Democrática. Estas salas tardaron mucho tiempo en gestarse en razón de la complejidad de la tarea, y sólo comenzaron a funcionar en 2007. Las salas especiales contribuirán no sólo a luchar contra la impunidad y a sanar las heridas del pasado, sino también a aumentar la eficacia del sistema judicial nacional. Según informes recientes, ya dictaron sentencia en la primera causa que tuvieron ante sí, la causa Nº 1. A comienzos de 2010 se inició la instrucción de la causa Nº 2 y el fiscal internacional presentó a los jueces de instrucción otros dos expedientes relativos a otros cinco sospechosos.

5.Todos los jemeres rojos son reconocidos como ciudadanos de Camboya, sin discriminación alguna. Según las estadísticas, hay en el país 82.000 jemeres rojos y 15 asociaciones u organizaciones legalmente constituidas, que llevan a cabo sus actividades sin restricción de ningún tipo y pueden participar en la vida política. La delegación de Camboya reconoce que subsisten problemas en la expedición de tarjetas de identidad a los miembros de esta minoría, pero señala que ello se debe en parte a que los jemeres rojos que viven en zonas alejadas de los centros urbanos no suelen estar familiarizados con los trámites que deben seguirse. Para obtener una tarjeta de identidad de Camboya se debe presentar uno de los siguientes documentos: un comprobante de domicilio en Camboya, un certificado de nacimiento jemer, una libreta de familia jemer, una decisión judicial, un decreto real o cualquier otro documento que certifique que al menos uno de los padres es jemer. Los extranjeros pueden obtener la nacionalidad de Camboya por matrimonio o, si no están casados con un ciudadano de Camboya, pueden obtener la naturalización a título honorífico en virtud de una disposición de la Constitución, si han hecho una contribución especial a la vida política, económica o cultural del país. Los responsables de organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que han estado activas en el país desde hace ya bastante tiempo han recibido la nacionalidad camboyana en reconocimiento de su compromiso.

6.Como se indica en el informe (CERD/C/KHM/8-13, párrs. 27 y 28) y en las respuestas escritas a la pregunta 5 (CERD/C/KHM/Q/8-13/Add.1) tres instituciones están habilitadas para recibir denuncias de violaciones de los derechos humanos y llevar a cabo investigaciones al respecto: la Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, encargadas del examen de denuncias, y el Comité de Derechos Humanos de Camboya. En 2009, la primera de estas comisiones recibió 24 denuncias, incluidas 6 por no ejecución de resoluciones judiciales y 16 en contra de autoridades locales. Actualmente hay 7 causas que están resolviéndose amistosamente entre las partes. Durante el primer semestre de 2009, la segunda de esas instituciones recibió 126 denuncias, 87 de ellas relacionadas con litigios de tierras. En 2007, la tercera de esas comisiones recibió 810 denuncias, de las cuales 625 están siendo examinadas y 171 están siendo objeto de investigación, y envió 89 cartas de intercesión que condujeron a la resolución de 7 conflictos. Por último, el Sr. Suon señala que el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley de la lucha contra la corrupción, que fue remitido al Parlamento para su aprobación, y que Camboya firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

7.El Sr. Ke Sovann (Camboya) dice que las concesiones de tierras destinadas a explotar los recursos naturales se otorgan tras haberse seguido un procedimiento estricto: el proyecto, junto con un estudio sobre su impacto ambiental, se presenta primero al Gobierno por conducto del Consejo para el Desarrollo, integrado por representantes de todos los ministerios competentes, incluido el Ministerio de Desarrollo Rural. A continuación, en consulta con las autoridades locales y representantes de las comunidades indígenas, se examinan minuciosamente los posibles efectos negativos del proyecto. De conformidad con la política de desarrollo de las minorías indígenas, adoptada el 24 de abril de 2009, los pueblos indígenas tienen acceso a los recursos naturales y pueden cultivarlos y explotarlos de forma sostenible para procurarse sus medios de subsistencia. Sin embargo, la Constitución establece que todos los recursos naturales del territorio nacional, incluidos los bosques, pertenecen al Estado. Éste, por consiguiente, puede conceder una licencia de explotación a terceros y, en nombre del interés nacional, pedir a los pueblos indígenas que abandonen el territorio en que se encuentran esos recursos. En tal caso, deberá poner a su disposición otras tierras para su reasentamiento, indemnizarlos y, lo más importante, obtener su consentimiento, sin el cual no puede obligar a las comunidades afectadas a desplazarse. Con ese fin, celebra consultas con los consejos locales, en los que están representadas las minorías indígenas interesadas. Por lo tanto, cualquier decisión de las autoridades públicas relativa al otorgamiento de una concesión de explotación y al desplazamiento de las minorías que viven en las zonas en cuestión está precedida de un proceso transparente de examen y consulta.

8.El decreto sobre el registro de las tierras comunales indígenas aprobado el 24 de abril de 2009 proporciona una sólida base jurídica para garantizar el acceso de las minorías indígenas a la propiedad colectiva de la tierra, la protección de las tierras indígenas y el acceso de esas minorías a los recursos naturales. El decreto establece que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Ordenación de Tierras, Urbanización y Construcción, así como las autoridades locales, deben hacer todo lo posible para facilitar el acceso de las comunidades indígenas a la propiedad colectiva de la tierra.

9.La Constitución es la ley suprema del Reino de Camboya, por lo que toda la legislación subordinada, incluidos los subdecretos, debe ser compatible con ella. La legislación nacional se basa en el derecho romano y en el common law.

10.Tras las elecciones de 1993, Camboya, que había adoptado la democracia y la economía de mercado, comenzó a recibir asistencia jurídica de la comunidad internacional, interesada en que imperara el estado de derecho en el país. Su marco normativo se vio completado por decretos y subdecretos, que tienen la doble ventaja de ser mucho más detallados y más fáciles de modificar que las leyes y, al no requerir como éstas el control parlamentario, poder ser aprobados con el simple aval del Primer Ministro. Las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Asamblea Nacional y el Comité de Derechos Humanos de Camboya son una garantía de equilibrio entre los poderes públicos.

11.El Sr. Theng (Camboya) afirma que las disposiciones de la Convención figuran entre las normas que han servido de fundamento a la Ley de educación, aprobada en 2007, y al lema "Educación para todos, todos por la educación". De conformidad con el artículo 23 de esa ley, la educación cívica, la educación para la paz, la educación para el desarrollo sostenible y la educación en el respeto de otras culturas y de los valores tradicionales son elementos centrales de los programas escolares. El Estado presta especial atención a garantizar a los pueblos indígenas la igualdad de oportunidades en los ámbitos de la educación y la asignación de recursos financieros, a fin de que puedan acceder a la educación secundaria y la superior y a las becas disponibles, construir internados, capacitar maestros en las zonas donde hacen falta, establecer programas de enseñanza bilingüe y publicar libros de texto bilingües. Al mismo tiempo, se han creado mecanismos para la enseñanza no escolarizada centrada en la alfabetización y la adquisición de habilidades útiles para la vida diaria o para encontrar un trabajo. Se ha desarrollado especialmente la formación profesional destinada a la mujer y al sector agrícola. En las comunidades indígenas se organizan actividades de formación de capacitadores para crear un cuerpo suficientemente amplio de instructores que hablen los idiomas indígenas.

12.El Sr. Sokhan (Camboya) señala que el Gobierno ha dado prioridad máxima a la reducción de la pobreza y ha definido sus objetivos de la siguiente forma: en primer lugar, asegurar un crecimiento económico sostenible; en segundo lugar, repartir equitativamente los beneficios de este crecimiento; y, en tercer lugar, utilizar y gestionar los recursos naturales de manera sostenible. Los pueblos indígenas, independientemente de sus culturas y tradiciones, son considerados nacionales. Sin embargo, es necesario reconocer que estos pueblos fueron objeto de especiales sufrimientos durante el régimen de Pol Pot y son particularmente vulnerables por su dependencia de los recursos naturales y subproductos forestales, resultado de su modo tradicional de vida basado en la agricultura migratoria y la caza. En consecuencia, como su nivel de vida es inferior al de los jemeres, se han adoptado dos políticas fundamentales para desarrollar las zonas donde viven y proteger sus derechos y su identidad. Se trata de la política de desarrollo de las comunidades indígenas y la política relativa al registro de la tierra de los pueblos indígenas y al derecho de éstos a su uso, en apoyo de las cuales se han aprobado además varios decretos y circulares. Todas estas políticas y su correspondiente marco jurídico fueron establecidos con la participación y las aportaciones de representantes de los pueblos indígenas y han sido objeto de una importante labor de difusión en todos los niveles del Estado.

13.Desde un punto de vista técnico, legalmente sólo hay dos tipos de tierras que pueden ser consideradas como propiedad colectiva: las propiedades de los monasterios y las tierras colectivas de las comunidades indígenas, siempre y cuando dichas comunidades estén reconocidas como comunidades o asociaciones que cumplen determinados criterios. La labor de registro de las comunidades que cumplen esos criterios se está realizando en cooperación con el Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En total, es probable que en 2010 se registren oficialmente nueve comunidades indígenas, incluidas las tres comunidades previstas en el proyecto piloto de concesión de títulos de propiedad llevado a cabo con el apoyo financiero del Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ).

14.Entre tanto, se han adoptado medidas provisionales de protección en relación con las zonas habitadas por comunidades indígenas que aún no están registradas. Se trata de órdenes por las que se prohíbe toda compra o venta de terrenos en las zonas afectadas. A falta de criterios claros, las confirmaciones dadas por las comunidades indígenas sólo tienen hasta ahora carácter oficioso. Algunas ONG temen que las comunidades indígenas pierdan sus tierras y sus medios de subsistencia. No obstante, las autoridades consideran que esas organizaciones no han tenido en cuenta el derecho fundamental de los pueblos indígenas, que también son ciudadanos de Camboya, de vivir en comunidad según la tradición o de forma independiente, y olvidan que hay oportunistas que se aprovechan de su pertenencia a una minoría indígena para acumular tierras con fines comerciales o políticos, a fin de frenar el proceso de desarrollo dirigido por el Estado. Habida cuenta de estas dificultades, es necesario llevar a cabo un examen cuidadoso y exhaustivo antes de adjudicar a cualquier terreno el estatuto de tierra comunal indígena. Las alegaciones de que se ha expropiado sin compensación a comunidades indígenas carecen de fundamento. Todo proyecto, especialmente a nivel municipal, que pueda atentar contra el derecho de propiedad colectiva o individual de los indígenas debe imperativamente ser sometido a evaluaciones de impacto y a negociaciones carentes de presión con la comunidad afectada. El Gobierno ha insistido en que se evalúe nuevamente toda concesión otorgada en el marco del programa de concesiones de tierras con fines económicos que no haya sido objeto de las evaluaciones obligatorias de impacto social y ambiental. En 2007, se declararon definitivamente nulos por ese motivo siete contratos de concesión.

15.En conclusión, el Gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, a la vez que fomenta el desarrollo de las zonas en que éstos viven, con el fin de garantizarles un nivel de vida mejor, evitar que sean utilizados por oportunistas y permitirles vivir en paz y solidaridad con la sociedad en su conjunto. A pesar de estos esfuerzos, es inevitable que sigan ocurriendo violaciones de sus derechos, debido a la ineficiencia de las autoridades a diferentes niveles y a la existencia de malentendidos. Por consiguiente, las autoridades de Camboya siguen necesitando que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de buena fe colaboren con ellas señalando las deficiencias que puedan observar.

16.El Sr. Suon (Camboya) reafirma la determinación de su país de establecer una institución independiente de derechos humanos que se ajuste a los Principios de París. Hace más de dos años el Gobierno manifestó su acuerdo de principio y sigue trabajando en ello en colaboración con algunas ONG.

17.En respuesta a las preguntas formuladas en relación con los subdecretos, el Sr. Suon afirma que la Constitución es la ley suprema de Camboya y tiene primacía sobre otras leyes aprobadas por el Parlamento, así como sobre los subdecretos, que son aprobados con mayor facilidad y rapidez a nivel ministerial, y sobre las órdenes del poder ejecutivo.

18.El Sr. Suon no considera discriminatorio que el budismo sea la religión del Estado. En una sociedad tolerante en que el 90% de la población practica el budismo, ello es simplemente el reflejo de una realidad e incluso un factor de armonía y cohesión social, al igual que el lema nacional "Nación, religión y rey". De la misma manera que en un país que tiene un idioma oficial pueden hablarse lenguas diferentes, los camboyanos pueden practicar libremente religiones distintas a la del Estado.

19.El Sr. Ke Sovann (Camboya) añade que toda persona, independientemente de su religión, puede acceder a los puestos de profesor de universidad. En virtud del artículo 496 del Código Penal, la incitación al odio racial es sancionada con uno a tres años de prisión y una multa de 2 a 6 millones de rieles.

20.El Sr. Theng (Camboya) dice que, a fin de ofrecer una educación de calidad a los grupos minoritarios e indígenas, se está haciendo todo lo necesario para mejorar la representación de las minorías entre el personal docente de las escuelas públicas y para contratar a maestros en las zonas rurales y remotas, y que, en consecuencia, en las escuelas públicas se contrata a menudo a maestros indígenas. Además, el Ministerio de Salud y Deportes ha establecido un programa de educación nacional titulado "Educación para todos, todos por la educación", destinado a escolarizar gratuitamente a todos los niños del país, independientemente de su origen.

21.El Sr. Sun Suon (Camboya) indica que Camboya organiza anualmente el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Con el fin de mejorar la armonía de la sociedad camboyana, el Gobierno ha adoptado medidas, en particular de índole administrativa, para promover un mejor entendimiento entre los miembros del Parlamento y el conjunto de la sociedad camboyana. Muchas organizaciones trabajan con los grupos minoritarios en el ámbito de la cultura, y el Ministerio de Desarrollo Rural cuenta con una dependencia encargada de velar por una mejor comprensión de las dificultades de los grupos minoritarios, que coopera con esos grupos cuando surgen problemas.

22.El nuevo Código Penal contiene disposiciones relativas a la prevención de la discriminación y a los procedimientos de registro de tierras. Diversos decretos y disposiciones reglamentarias se refieren a esta cuestión, y la sociedad civil y las organizaciones internacionales trabajan muy activamente en esa esfera. El Gobierno fomenta la cooperación con las organizaciones internacionales interesadas en las minorías culturales y lingüísticas y en las cuestiones de desarrollo.

23.En 2009, el Gobierno, a solicitud de la oficina nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con la que trabaja en estrecha colaboración, aprobó el subdecreto Nº 224, relativo a los procedimientos para determinar la condición de refugiado. Además, Camboya es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1961, y procura aplicar el acuerdo tripartito firmado en 2005 entre Camboya, Viet Nam y el ACNUR relativo a las tribus vietnamitas del grupo étnico de los montagnards que viven en el altiplano. Entre 2004 y 2009, Camboya acogió a 1.830 miembros de las comunidades de montagnards y garantizó su protección, con el apoyo del ACNUR. Según el Ministerio del Interior, 902 refugiados que vivían en las comunidades de montagnards se reasentaron en otros países y 400 de ellos regresaron a su país de origen, en su mayoría de forma voluntaria.

24.El Sr. Amir observa que las medidas descritas en el informe del Estado parte constituyen el comienzo de un proceso de incorporación en la legislación nacional de los principios contenidos en los convenios internacionales sobre derechos humanos que Camboya ha ratificado. Expresa su satisfacción por que el pueblo camboyano haya recuperado la confianza después de los difíciles hechos históricos ocurridos en el país. Refiriéndose a la declaración de la delegación de que había llegado el momento de cerrar el capítulo relativo a esos acontecimientos, señala que, en lugar de ello, lo que debe hacerse es proseguir la reflexión sobre la naturaleza de los delitos que se cometieron, y tratar igualmente en dicha reflexión el principio de la jurisdicción universal para el enjuiciamiento de los delitos de genocidio y crímenes de guerra. La competencia prevista en virtud de este principio tendría carácter extraterritorial y no tendría en cuenta la soberanía de los Estados a ese respecto. No se tendrían en cuenta los acuerdos bilaterales, las nociones de nacionalidad ni la calidad o inmunidad de los autores de estos delitos y se excluiría cualquier posibilidad de amnistía. La extradición sólo podría ser denegada a los países en los que el acusado pudiera ser sometido a la pena de muerte. De conformidad con dicho principio, los delitos a los que se aplica son imprescriptibles. Por último, los testigos de actos de genocidio que decidan guardar silencio podrían ser enjuiciados por la Corte Penal Internacional.

25.El Sr. Amir se pregunta si es posible cerrar el capítulo relativo al destino de los criminales de guerra que cometieron un delito de genocidio contra todo un pueblo. Con cierta grandeza de espíritu, el pueblo de Camboya puede mirar con humanidad a los autores de esos crímenes, pero los encargados de enjuiciar los delitos imprescriptibles cometidos contra todo un pueblo no están eximidos de la responsabilidad de hacer justicia. El Gobierno de Camboya ha adoptado gradualmente las medidas adecuadas, respaldadas por una verdadera voluntad política. En este sentido, el Sr. Amir desea saber si también se han adoptado medidas para apoyar a los niños afectados por esas desgracias y si se proporciona tratamiento psicológico a las víctimas que lo necesitan.

26.El Presidente señala que los delitos de genocidio examinados anteriormente por el Comité fueron cometidos contra minorías. Camboya constituye un caso raro de genocidio cometido por individuos contra su propio pueblo.

27.El Sr. Thornberry observa que, si bien los jemeres rojos tienen derecho a obtener la ciudadanía de Camboya, ello se dificulta en la práctica por algunas de las condiciones que se les imponen. En este sentido, considera que el problema no reside en la ley sino en su aplicación.

28.El Sr. Thornberry pregunta si las cifras proporcionadas por el Estado parte sobre el registro de tierras indígenas se refieren a registros hechos en calidad de colectividad o en calidad de persona jurídica, es decir, si para poder obtener un título legal de propiedad de la tierra los indígenas deben registrarse legalmente como personas jurídicas, como parece indicar la Ley de tierras. Desea saber en qué medida el hecho de que el Ministerio del Interior otorgue a los indígenas la condición de persona jurídica es compatible con el principio de la libre determinación de los pueblos indígenas consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

29.Observando que muchos Estados optan por preservar sus recursos naturales, en particular los bosques, integrándolos en la propiedad del Estado, el Sr. Thornberry recuerda que cuando cabe prever que las operaciones de explotación tendrán repercusiones en las comunidades indígenas, deben celebrarse consultas previas y seguirse procedimientos que garanticen que estas poblaciones reciban parte de los beneficios de dichas operaciones y sean indemnizadas por los daños que puedan derivarse.

30.Con respecto a las concesiones otorgadas a empresas multinacionales para explotar los recursos naturales y las consecuencias que ello pueda tener sobre los pueblos indígenas, el Sr. Thornberry desearía saber si es posible replantear el otorgamiento de determinadas concesiones, dada su incompatibilidad con las normas internacionales o con el derecho interno de Camboya. A ese respecto, recordó que, en su informe de 2007, el Representante Especial del Secretario General encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya había expresado su preocupación por las omisiones en la aplicación de los subdecretos relativos a las concesiones de tierras, ya que no se habían cumplido las condiciones previas necesarias para el otorgamiento de concesiones. El Sr. Thornberry pregunta si podrían volver a examinarse algunas de las situaciones que han ocasionado conflictos con los grupos indígenas.

31.El Sr. de Gouttes considera que, dado el carácter mixto de las salas especiales para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Pol Pot, su funcionamiento es un buen ejemplo de consenso entre la comunidad internacional y las autoridades nacionales. También estima que el establecimiento de tribunales penales internacionales es un inmenso paso adelante en la lucha contra la impunidad. Sea como fuere, desea saber si ese tribunal goza de un amplio apoyo entre la población de Camboya y pide mayores detalles sobre los cinco procesos entablados por el Fiscal mencionados anteriormente.

32.El Sr. de Gouttes celebra las medidas adoptadas para consolidar el estado de derecho y el sistema judicial, y para luchar contra la corrupción, y la aplicación de las disposiciones relativas a las tierras indígenas, en especial el subdecreto sobre el procedimiento de registro de esas tierras. Observa que los jemeres rojos son reconocidos como ciudadanos de Camboya pero están obligados a presentar un certificado de nacimiento en el país para poder quedar registrados legalmente, lo que parece plantear dificultades, y pide a la delegación que proporcione al Comité más información sobre esos problemas.

33.El Sr. Prosper (Relator para Camboya) desea saber por qué desde enero de 2010 las autoridades se han negado a expedir documentos de identidad a 19 jemeres rojos. Desea saber en particular si esa denegación está de alguna manera relacionada con su situación por lo que respecta a la residencia permanente; si es el Gobierno de Camboya el que adopta las decisiones en lo relativo a documentos de identidad, autorización de permanencia y registro de nacimientos; y si en el caso en cuestión no sería posible promulgar un decreto real para resolver definitivamente la cuestión.

34.El Sr. Prosper señala a continuación que convendría que el Gobierno de Camboya aprobase una ley de educación que instaurara la enseñanza bilingüe, dando así a las poblaciones indígenas de las zonas remotas los mismos derechos que al resto de la población en materia educativa.

35.El Sr. Sun Suon (Camboya) dice que Camboya ha demostrado su voluntad de enjuiciar a los autores de los crímenes cometidos bajo el régimen de los jemeres rojos estableciendo para esos efectos, en colaboración con las Naciones Unidas, salas especiales en los tribunales del país. Espera que se cierre así el capítulo más oscuro de su historia y que Camboya pueda seguir adelante. El Gobierno del Reino de Camboya reconoce la naturaleza de los delitos cometidos durante el régimen de Pol Pot y es consciente de la necesidad de luchar contra la impunidad y sancionar a los autores de las atrocidades, pero está empeñado en preservar la paz en su territorio, ofrecer a la nueva generación la esperanza de una vida mejor y un futuro próspero y garantizar el proceso democrático: no se trata de olvidar sino de perdonar. Teniendo en cuenta los sufrimientos padecidos por el pueblo camboyano en el pasado, la oportunidad de reflexionar sobre la mejor manera de preservar los derechos humanos en Camboya en el marco del diálogo con los órganos de tratados de las Naciones Unidas es una oportunidad invaluable.

36.La cuestión de los títulos de propiedad es realmente difícil de resolver porque todas las tierras fueron nacionalizadas durante el régimen de Pol Pot y, tras la caída de éste nadie quería trabajar en ellas porque sabían que estaban sembradas de minas terrestres. Sólo la introducción de la economía de mercado y la llegada del auge económico hicieron que dichas tierras comenzaran a atraer a inversores privados que, por lo demás, construyeron algunos balnearios de lujo en terrenos que habían estado sembrados de minas. Para resolver la cuestión de los títulos de propiedad, Camboya recibe asistencia de la comunidad internacional y de otras instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Entre los Estados que participan en esa asistencia cabe destacar el Japón y Francia, en la esfera de la lucha contra la corrupción, el establecimiento de prácticas de buen gobierno y la redacción del Código Civil y el Código Penal, y los Estados Unidos de América y Australia en cuestiones relacionadas con la trata de seres humanos y los refugiados.

37.Camboya no escatima esfuerzos para establecer un régimen democrático y procura fortalecer su capacidad en este ámbito y en el de los derechos humanos. Es consciente de la necesidad de respetar el medio ambiente y se ha fijado como objetivo prioritario atender a las preocupaciones de los ciudadanos. Cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la ejecución de proyectos destinados a promover el desarrollo económico rural preservando a la vez los derechos fundamentales de las poblaciones rurales e indígenas.

38.El Sr. Ke Sovann (Camboya) dice que las empresas que deseen obtener una concesión de tierras tienen que contraer ciertos compromisos, en particular el de garantizar que su proyecto económico no sea perjudicial para el medio ambiente ni para los intereses de los pueblos indígenas, y comprometerse a crear empleos para la población local.

39.En cuanto a los jemeres rojos, el Sr. Ke Sovann dice que, efectivamente, la población quiere que se haga justicia en relación con las atrocidades cometidas en el pasado, pero señala que, cuando ocurrieron esos hechos, el pueblo camboyano y muchos funcionarios como él imploraron la ayuda de la comunidad internacional y no fueron escuchados, pese a que todas las grandes potencias del momento sabían exactamente lo que estaba pasando en Camboya.

40.Muchos ciudadanos camboyanos que huyeron del régimen de Pol Pot poseen ahora un segundo pasaporte, expedido en general por Francia o los Estados Unidos de América, y se ha previsto aprobar una ley al respecto. La cuestión de los jemeres rojos es, por razones históricas, mucho más compleja y problemática y, por lo tanto, deberá ser examinada en cooperación con las autoridades de Viet Nam.

41.El Presidente dice que el Comité es consciente de que, en efecto, la comunidad internacional apenas si se movilizó ante la mayoría de los genocidios del siglo XX. Precisamente por esta razón, para evitar tal falta de acción en el futuro, el Comité ha señalado este hecho a la atención de la comunidad internacional.

42.El Sr. Prosper (Relator para Camboya) expresa su satisfacción por el diálogo cordial y amistoso sostenido entre el Comité y la delegación de Camboya. En efecto, es importante que el Gobierno del país haga prevalecer la justicia a la vez que trabaja por la paz. El éxito de este proceso dependerá ahora de la medida en que Camboya logre hacer respetar el estado de derecho y las normas internacionales que ha adoptado.

43.El Sr. Prosper dice que, en sus observaciones finales, el Comité podrá señalar con satisfacción que, a pesar de las dificultades del contexto, Camboya ha logrado instaurar el estado de derecho y la democracia y reconstruir el país en un lapso de unos treinta años, en parte porque accedió a cooperar con la comunidad internacional, las Naciones Unidas y los organismos financieros internacionales. El Comité instará sin duda al Gobierno de Camboya a garantizar la independencia de la justicia, combatir la corrupción y aplicar sistemáticamente la ley en materia de asilo y de estatuto de refugiado a todos los grupos de población. Lo instará además a incluir en su Código Penal una definición de discriminación y a sensibilizar a la población no sólo sobre las conductas que debe evitar, sino también sobre las garantías a las que tiene derecho. También podrá alentarlo a que mejore su sistema de reunión de datos a fin de obtener una idea más clara de los derechos de todos en los ámbitos económico, social o de propiedad de la tierra; a que vele por que se apliquen mejor las leyes relativas a la propiedad de la tierra y por que, en consecuencia, los propietarios estén debidamente protegidos; a que examine la cuestión de la concesión de la ciudadanía de Camboya a los jemeres rojos, lo que les permitiría disfrutar de los mismos derechos que el resto de población en materia de salud, educación y vivienda, entre otras cosas; y, por último, a que asigne mayores recursos a los estratos más pobres de la población. El Comité podrá expresar su preocupación por la falta de aplicación de la ley destinada a proteger a los pueblos indígenas contra toda forma de despojo de sus tierras. También podrá invitar al Estado parte a hacer todo lo posible por establecer la verdad sobre los actos cometidos en su territorio bajo el régimen de los jemeres rojos.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.