Observaciones finales sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Ghana
Adición
Información suministrada por Ghana sobre el seguimiento de las observaciones finales *
[Fecha de recepción: 12 de noviembre de 2018]
Estereotipos y prácticas nocivas
El Comité pide al Estado parte que garantice el cierre inmediato de todos los “ campamentos de brujas ” existentes y vele por que se proporcionen a las supuestas brujas servicios adecuados de rehabilitación y una reinserción en sus comunidades en condiciones de seguridad o se les faciliten una vivienda y unos medios de vida alternativos. También deben adoptarse medidas concretas para proteger los derechos de todas las niñas que han crecido en esos campamentos, incluso velando por que se les proporcionen servicios de rehabilitación, puedan reincorporarse a sus familias y comunidades en condiciones de seguridad y se les ofrezca acceso a una enseñanza y una formación profesional de calidad (véase CEDAW/C/GHA/CO/6-7 , párr. 25).
En 2014 se creó una Comisión para la Disolución de Campamentos y la Reintegración de Supuestas Brujas dedicada a evaluar los “campamentos de brujas” con el objetivo de cerrarlos y rehabilitar a las supuestas brujas y reintegrarlas en sus comunidades. A tal fin, la Comisión colaboró con la Cámara Regional de Jefes y recibió el apoyo de esta.
La Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas perteneciente al Cuerpo de Policía de Ghana, la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa y la Comisión para la Disolución de Campamentos y la Reintegración de Supuestas Brujas prestaron apoyo y proporcionaron asistencia jurídica a seis mujeres acusadas que se reintegraron en comunidades de su elección.
El 15 de diciembre de 2014, el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, en colaboración con Action Aid Ghana, consiguió cerrar el campamento de brujas de Bonyashe, en la región Septentrional, y sus ocupantes se reintegraron en la sociedad. Al final de 2014, un total de 159 mujeres acusadas de brujería se habían reintegrado en la sociedad. En 2016 y 2017, se reincorporaron a comunidades de su elección un total de 21 mujeres acusadas de brujería procedentes del campamento de Kuluo.
En 2015, la Cámara de Jefes de la región Septentrional creó en la propia Cámara una comisión encargada de profundizar en la reinserción en la sociedad de esas mujeres en situación de vulnerabilidad.
Desde 2015, el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social ha proporcionado, a través del Programa de Fomento de los Medios de Subsistencia para Combatir la Pobreza, subvenciones bimensuales en efectivo a 751 mujeres acusadas de brujería residentes en los campamentos de brujas de Gambaga, Kukuo, Nabuli, Kpatinga, Leli-Daberi y Ngani-Yendi, a fin de mejorar sus medios de subsistencia y facilitarles el acceso al consumo.
El Ministerio de Género, Infancia y Protección Social ha elaborado una hoja de ruta para desmantelar todos los campamentos de brujas y mantiene conversaciones con líderes religiosos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas para encontrar enfoques sostenibles que permitan poner fin a esta práctica en la sociedad ghanesa.
Violencia contra la mujer
El Comité pide al Estado parte que garantice la aplicación efectiva de la Ley contra la Violencia Doméstica (2007), incluso adoptando lo antes posible instrumentos normativos que la desarrollen, e incremente los recursos humanos y financieros destinados a la aplicación de la Política nacional (véase CEDAW/C/GHA/CO/6-7 , párr. 27 a)).
En aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica (2007), el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social ha organizado programas de promoción y sensibilización en las comunidades. Estos programas, organizados en las lenguas locales de Ghana, se llevan a cabo en foros abiertos, debates de grupo, televisión y radio.
El Ministerio celebra también cada año la Campaña de 16 Días para Combatir la Violencia contra las Mujeres a fin de sensibilizar al público y prevenir esa amenaza.
El Ministerio de Finanzas sigue aumentando la asignación presupuestaria destinada al Ministerio de Género, Infancia y Protección Social para aplicar de forma eficaz y eficiente la Ley contra la Violencia Doméstica (2007) y el Marco Estratégico Nacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil.
En aplicación del Marco Estratégico para Poner Fin al Matrimonio Infantil, el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social ha trabajado con parlamentarios, jueces, funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Educación Cívica, la Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas, el Cuerpo de Policía y los Servicios de Salud y de Educación de Ghana, el Ministerio para las Jefaturas y los medios de comunicación en la definición del papel de cada uno de ellos en la erradicación del matrimonio infantil en el país.
Se han imprimido y repartido al público más de 1.000 copias de fichas descriptivas sobre la mutilación genital femenina y la Ley contra la Violencia Doméstica como parte de la campaña del Ministerio para acabar con esas prácticas.
En sus esfuerzos por fortalecer la coordinación entre los programas de protección social, el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social creó, en 2017, el Servicio de Ventanilla Única para la Protección Social de los Ciudadanos. En el marco de esta nueva iniciativa se estableció y puso en marcha un centro de llamadas (Helpline of Hope) para recibir y tramitar las denuncias de violencia doméstica y de otras amenazas sociales. Hasta la fecha, se han recibido 635 denuncias, de las cuales se ha dado respuesta a 532.
En su esfuerzo por descentralizar la Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas a fin de luchar eficazmente contra la violencia de género, el Cuerpo de Policía de Ghana ha abierto 107 oficinas de la Dependencia en las diez regiones del país. Esta Dependencia, integrada en el Cuerpo de Policía de Ghana, cuenta actualmente con una plantilla de 767 personas.
El Comité pide al Estado parte que intensifique los esfuerzos para prevenir y sancionar sistemáticamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, asegurándose de que las denuncias se investiguen de manera exhaustiva y eficaz y de que los autores de esos actos comparezcan ante la justicia (véase CEDAW/C/GHA/CO/6-7 , párr. 27 b)).
La Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas, cuya capacidad ha sido ampliada, ha intensificado continuamente sus esfuerzos para hacer comparecer ante la justicia a todos los autores de delitos de violencia de género. Se impusieron 106 condenas en 2014, 139 en 2015, 140 en 2016 y 51 en 2017.
El Comité pide al Estado parte que realice actividades sistemáticas y obligatorias de desarrollo de la capacidad para jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y trabajadores de la salud, a fin de garantizar que se trate a las víctimas de la violencia de una manera que tenga en cuenta las cuestiones de género (véase CEDAW/C/GHA/CO/6-7 , párr. 27 c)).
La Dependencia de Violencia Doméstica y Apoyo a las Víctimas ha llevado a cabo, a lo largo de los años y en colaboración con el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, una serie de programas de capacitación para fiscales, abogados y agentes de policía en los ámbitos de los derechos humanos, la mujer y la paz y la seguridad, la salud reproductiva de los adolescentes, la estructura institucional, la preparación de expedientes relacionados con violencia por razón de género, la protección de la infancia y el enjuiciamiento efectivo de los casos de violencia de género, y en relación con un protocolo intrainstitucional sobre violencia doméstica.