Comité contra la Tortura

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención

Quinto informe periódico que los Estados partes debían presentar en 2012

China ** ***

[20 de junio de 2013]

Sexto informe de la República Popular China sobre su aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Parte IAplicación de la Convención por el Gobierno central

Índice

Párrafos P ágina

Prólogo1–44

1.Nuevas medidas adoptadas y avances logrados en la aplicación de la Convención5–1005

Artículo 1(Definición de tortura)55

Artículo 2(Medidas legislativas, administrativas y judiciales encaminadas a impedir la tortura) 6–335

Artículo 3(Expulsión, devolución, extradición)34–3512

Artículo 4(Normas sobre condenas y penas)36–3813

Artículo 5(Jurisdicción territorial y competencia en razón de la persona)3913

Artículo 6(Medidas adoptadas contra los torturadores)40–4513

Artículo 7(Extradiciones y acciones judiciales y trato justo)4615

Artículo 8(Tratados de extradición)4715

Artículo 9(Asistencia judicial en asuntos penales)4818

Artículo 10(Educación y capacitación)49–5523

Artículo 11(Examen de medidas y mecanismos conexos)56–6725

Artículo 12(Investigación de actos de tortura)68–7428

Artículo 13(Apelaciones y quejas)75–7829

Artículo 14(Reparación e indemnización)79–8730

Artículo 15(Inadmisibilidad de las confesiones obtenidas bajo tortura)88–9332

Artículo 16(Trato inhumano)94–10034

2.Información complementaria relacionada con las observaciones finales y las recomendaciones del Comité respecto de su examen de los informes cuarto y quintode China101–11336

Anexos*

Anexo 1.Elementos de los informes anteriores de China sobre la aplicación de la Convención que siguen siendo válidos

Anexo 2.Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, enmendada en 2012

Prólogo

1.Este documento es el sexto informe presentado por la República Popular China en virtud de las disposiciones del artículo 19 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, "la Convención").

2.El informe se divide en tres partes. La parte I fue preparada por el Gobierno central de China, y las partes II y III fueron preparadas, respectivamente, por los gobiernos de las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao (China); cada parte da cuenta de la aplicación de la Convención en sus respectivas jurisdicciones.

3.China presentó su primer informe sobre la aplicación de la Convención (CAT/C/7/Add.5) en diciembre de 1985, y en octubre de 1992 agregó un informe complementario (CAT/C/7/Add.14); presentó el segundo informe (CAT/C/20/Add.5) en noviembre de 1995; el tercero (CAT/C/3/9/Add.2), en abril de 1999; y los informes cuarto y quinto combinados (CAT/C/7CHN/4), en enero de 2006.

4.En los informes anteriores se describieron en detalle las leyes, los reglamentos, las políticas, las medidas y las prácticas específicas que China ha implementado para aplicar la Convención. Cuando el Comité contra la Tortura (en adelante, "el Comité") estaba examinando en 2008 los informes cuarto y quinto combinados, el jefe de la delegación del Gobierno chino suministró al Comité una breve reseña sobre el cumplimiento de las obligaciones que caben a China en virtud de la Convención durante el período de 2005 a 2007; la parte I del presente informe, si bien resume nuevamente la información relativa a ese período, se centra más que nada en las nuevas medidas adoptadas y los progresos alcanzados por China, desde 2008, en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la Convención. Además, dado que el Gobierno chino presentó sus "Comentarios sobre las observaciones finales y las recomendaciones del Comité contra la Tortura" (CAT/C/CHN/C0/4/Add.1) y su "Respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Tortura" (CAT/C/CHN/C0/4/Add.2) en diciembre de 2008 y en noviembre de 2009, respectivamente, que contienen información detallada vinculada a las observaciones finales del Comité sobre los informes cuarto y quinto combinados de China, en la segunda sección de la parte I del presente documento se suministra únicamente información complementaria.

1.Nuevas medidas adoptadas y avances logrados en la aplicación de la Convención

Artículo 1(Definición de tortura)

5.El párrafo 38 del primer informe de China sigue siendo válido.

Artículo 2(Medidas legislativas, administrativas y judiciales encaminadas a impedir la tortura)

6.Los párrafos 64, 65, 67, 70 y 71 del informe complementario de China, el párrafo 7 del segundo informe, y los párrafos 6 a 13, 15 y 16 de los informes cuarto y quinto combinados conservan su validez. Desde que, en 2005, presentara los informes cuarto y quinto combinados, China ha adoptado otras medidas legislativas, administrativas y judiciales para evitar que se produzcan actos de tortura.

7.La Ley de Fiscalización de Estupefacientes de la República Popular China se aprobó en la 31ª sesión del Comité Permanente del Décimo Congreso Nacional del Pueblo el 29 de diciembre de 2007. En ella se prevé la imposición de rehabilitación forzada y en aislamiento a los toxicómanos que se niegan a realizar tratamientos de rehabilitación en la comunidad, a la vez que se establece que el personal de supervisión de los centros encargados de tal rehabilitación forzada no puede someter a los adictos a castigos físicos, abusos o humillaciones, y que los centros proporcionarán a los adictos en tratamiento enfermos o con discapacidad grave la atención de enfermería y el tratamiento médico que necesiten, aplicarán las formas necesarias de aislamiento o tratamiento acordes con la ley a los adictos que padezcan enfermedades contagiosas, e impondrán las medidas de sujeción apropiadas para proteger a los adictos en tratamiento que puedan lesionarse o dañarse a sí mismos.

8.La Ley de Medidas Administrativas Obligatorias de la República Popular China se aprobó en la 21ª sesión del Comité Permanente del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo el 30 de junio de 2011. Su artículo 20 establece que, cuando una medida administrativa obligatoria que restrinja la libertad personal de un ciudadano se implemente en virtud de esta Ley, se notificará a la familia de la parte en cuestión, ya sea en el momento o inmediatamente después de aplicada, cuál es el órgano de ejecución de la medida, dónde se la ejecuta y cuál será su duración. La duración de las medidas de ese tipo no superará los plazos que fije la ley. Si los objetivos de tal medida administrativa obligatoria ya se hubieran alcanzado o las condiciones que hacían necesaria su aplicación hubieran desaparecido, la medida se levantará de inmediato. Según el artículo 8 de la Ley, los ciudadanos, las personas jurídicas u otras organizaciones tendrán derecho de presentar declaraciones o alegaciones contra las medidas obligatorias implementadas por un órgano administrativo, solicitar la reconsideración administrativa o interponer una demanda administrativa conforme a derecho, y recibir indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la aplicación de una medida administrativa obligatoria ilegal por parte de un órgano administrativo.

9.La Decisión relativa a la Enmienda de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China se aprobó en la quinta sesión del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo el 14 de marzo de 2012 (véase el anexo 2). Incorporó en esa Ley los principios constitucionales del respeto y la protección de los derechos humanos, al resguardar claramente el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, mejorar el mecanismo establecido para excluir las pruebas ilegales, fortalecer el sistema de defensa de los acusados, fijar normas sobre los procedimientos de investigación y de ejecución obligatoria, y reforzar la supervisión judicial de las fiscalías populares; desde el punto de vista institucional, impide además la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las diligencias procesales penales, defiende la imparcialidad judicial y respalda los derechos legítimos de las personas que toman parte en los procedimientos penales. El 26 de octubre de 2012, a fin de mantener la relación y la coordinación entre las disposiciones legislativas y garantizar la aplicación eficaz de la Ley de Procedimiento Penal enmendada a partir del 1 de enero de 2013, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo introdujo las modificaciones necesarias en los artículos pertinentes de la Ley de Instituciones Penitenciarias, la Ley de la Abogacía, la Ley de Protección de Menores, la Ley de Prevención de la Delincuencia Juvenil, la Ley de Sanciones por Alteración de la Seguridad Pública, la Ley de Indemnizaciones del Estado y la Ley de la Policía Popular de la República Popular China.

10.En su 160ª sesión, celebrada el 22 de junio de 2011, el Comité Permanente del Consejo de Estado aprobó el Reglamento sobre Rehabilitación de Toxicómanos, en cuyo artículo 45 se establece que el personal de supervisión de los centros de rehabilitación forzada en aislamiento que someta a los adictos en tratamiento a humillaciones, abusos o castigos físicos debe ser sancionado como lo disponga la ley; cuando esas acciones constituyan delitos, los autores serán acusados penalmente conforme a la ley.

11.En su 192ª sesión, del 15 de febrero de 2012, el Comité Permanente del Consejo de Estado aprobó el Reglamento sobre Establecimientos de Detención Administrativa, que entró en vigor el 1 de abril de 2012 y protege los siguientes derechos e intereses legítimos de los detenidos: en primer lugar, con respecto a la notificación de los derechos y las obligaciones, en esos establecimientos se informará a los detenidos, en el momento de su detención, acerca de los derechos de que gozan y de las disposiciones que deben acatar; la autoridad de detención también notificará sin demora a las familias sobre la detención. En segundo término, en cuanto a las necesidades básicas y la alimentación, en los establecimientos se proporcionará a los detenidos su sustento de acuerdo con criterios específicos y con los hábitos alimentarios de su etnia. Tercero, en relación con los cuidados médicos y sanitarios, los establecimientos dispondrán de sistemas para mantener la salud de los internos y prevenir brotes de enfermedad, prestarán la atención médica adecuada y tomarán medidas de prevención de las enfermedades. También deben ofrecer sin dilación atención médica a los detenidos que estén enfermos. En caso de que se descubra que un detenido sufre una enfermedad mental o transmisible que requiera aislamiento, o una enfermedad cuya gravedad ponga en riesgo la vida o la seguridad, el establecimiento recomendará a la autoridad pertinente que suspenda la detención. Cuarto, con referencia a las rutinas diarias, el Reglamento especifica claramente que los detenidos realizarán todos los días no menos de dos horas de actividad fuera de la celda y no podrán ser obligados a realizar trabajo productivo. Quinto, respecto del derecho a la correspondencia, los establecimientos garantizan el derecho de los detenidos a mantener correspondencia mientras dure su detención; las cartas entre los detenidos y otras personas no se revisarán ni confiscarán. Sexto, los establecimientos garantizan el derecho de los detenidos a reunirse con sus abogados mientras dure su detención. Séptimo, en relación con los derechos de las detenidas, los exámenes físicos y la supervisión directa de las detenidas estarán a cargo de agentes de sexo femenino de la policía popular.

12.En junio de 2009, el Ministerio de Seguridad Pública emitió un Aviso sobre la información de medidas como el interrogatorio ininterrumpido de personas involucradas en casos penales a las autoridades de supervisión de la Policía y creó un sistema de registro mediante el cual los órganos de seguridad pública de todo el país informan acerca de la aplicación, a dichas personas, de medidas tales como el interrogatorio ininterrumpido, las citaciones penales, las citaciones por la fuerza, la reclusión penal o el arresto domiciliario a las autoridades de supervisión de la Policía del nivel correspondiente. Cuando reciben el informe del departamento encargado del caso, las autoridades tienen varias formas de ejercer su función de supervisión; según las circunstancias, solicitan que se amplíe la información por vía telefónica o mandan recordatorios mediante mensajes de texto u otros recursos similares; usan sistemas policiales de vídeo en red para vigilar los interrogatorios o las interpelaciones, así como el estado general de los sospechosos detenidos; o envían personal para que supervise las actuaciones en el lugar. La supervisión apunta principalmente a determinar si la policía popular que maneja el caso obtuvo las confesiones mediante tortura o sometió a los sospechosos a castigos físicos o abusos.

13.En junio de 2010, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Justicia dictaron conjuntamente las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas al examen y la evaluación de las pruebas en las causas que comporten la pena capital y las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la exclusión de las pruebas ilegales en las causas penales. En el primero de estos documentos se subraya que la aplicación de la pena de muerte solo debe basarse en pruebas fácticas que no dejen ningún margen de duda sobre la culpabilidad del acusado; en el segundo se establece que las confesiones y los testimonios de testigos obtenidos a través de tortura u otros medios ilícitos no pueden utilizarse para decidir un caso. En estos dos reglamentos no solo se exponen exhaustivamente los principios básicos de las pruebas en los procedimientos penales, sino que también se aclara la práctica de las pruebas y se enuncian normas referentes a la reunión, la verificación, el examen, la evaluación y el uso de todo tipo de pruebas; en ellos se especifican además la connotación y la denotación de las pruebas ilegales, y se otorga carácter oficial a los procedimientos de examen y exclusión de pruebas ilegales, la carga de la prueba y cuestiones conexas.

14.El 31 de agosto de 2010, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública dictaron conjuntamente las Disposiciones sobre el interrogatorio de presuntos delincuentes durante la etapa de revisión de la detención; en ellas se promueve una supervisión más estricta de las investigaciones penales, ya que se detallan diversas situaciones que las fiscalías populares deberían examinar al revisar la detención de presuntos delincuentes, tales como los indicios o las pruebas que señalen la comisión de los delitos o actos ilícitos de tortura o violencia para obtener confesiones o pruebas durante la investigación de los delitos en cuestión.

15.El 28 de septiembre de 2011 el Ministerio de Seguridad Pública dictó las Medidas relativas a la administración de los centros de rehabilitación de toxicómanos forzada y en aislamiento dirigidas a los órganos de seguridad pública; en ellas se profundizan las disposiciones pertinentes de la Ley de Fiscalización de Estupefacientes y el Reglamento sobre Rehabilitación de Toxicómanos vinculadas a la protección de los derechos e intereses legítimos de los adictos en tratamiento, ya que se establece que si estas personas informan o denuncian un delito, presentan una queja respecto de un delito o solicitan una revisión o un procedimiento administrativos en relación con un delito, el centro de rehabilitación registrará la presentación o solicitud y enviará la documentación probatoria a las autoridades correspondientes dentro del plazo previsto (art. 22); que los abogados pueden reunirse con los adictos en tratamiento (art. 26); que los centros redactarán y aplicarán estrictamente normas de alimentación y proporcionarán a los adictos en tratamiento una cantidad suficiente de comida caliente y saludable (art. 27); que los adictos en tratamiento que victimicen o golpeen a otros adictos internados o los sometan a otros tipos de abuso recibirán advertencias o apercibimientos, deberán declarar su arrepentimiento o sufrirán reclusión, conforme a la gravedad de su falta; cuando sus actos constituyan delitos, se investigará su responsabilidad penal con arreglo a la ley (art. 36); que los centros de rehabilitación organizarán, para los adictos en tratamiento, actividades de recreación, deportivas y de entrenamiento físico que impliquen no menos de dos horas diarias al aire libre, si las circunstancias lo permiten (art. 57); y que los centros ofrecerán a los adictos diversos programas de capacitación y rehabilitación psicológica (art. 58).

16.El 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Seguridad Pública dictó una nueva versión de las Disposiciones procesales sobre la tramitación de las causas penales por los órganos de seguridad pública; en ellas, el concepto del "respeto y la protección de los derechos humanos" se incorporó en la misión básica de los órganos de seguridad pública en relación con la aplicación de la legislación penal, y se enunciaron como principios generales que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo" y que "está estrictamente prohibido recurrir a la tortura para obtener confesiones"; los procedimientos establecidos para reunir y examinar pruebas y excluir las pruebas ilegales son ahora más rigurosos, ya que se ha estipulado que se deben excluir las declaraciones de presuntos delincuentes extraídas mediante tortura u otros medios ilegales, y las declaraciones de víctimas o testigos obtenidas a través de violencia, amenazas u otros medios ilegales; también se ha reforzado la vigilancia de las autoridades de investigación, al disponerse la obligatoriedad de grabar el sonido o las imágenes de los interrogatorios y, además, de que las grabaciones sean ininterrumpidas, a fin de mantener su integridad y evitar que se obtengan pruebas por medios ilegales. El 19 de diciembre de 2012 el Ministerio de Seguridad Pública también dictó una nueva versión de las Disposiciones procesales sobre la tramitación de las causas administrativas por los órganos de seguridad pública, donde se fijan normas rigurosas para regir la utilización de medidas administrativas coercitivas por parte de los órganos de seguridad pública y evitar el menoscabo de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos a través del uso inadecuado de la facultad de coacción administrativa; se enuncian, asimismo, normas relativas a la exclusión de pruebas ilegales de rigor similar al aplicable a las causas penales, en las que se dispone que los casos no se pueden decidir sobre la base de declaraciones de presuntos delincuentes obtenidas mediante tortura o por otros medios ilegales, o de testimonios obtenidos de las víctimas o de otros testigos a través de actos de violencia, amenazas u otros medios ilegales.

17.El 24 de diciembre de 2012, el Tribunal Supremo Popular dictó su Interpretación de la aplicación de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China. En ella se enuncian disposiciones específicas relativas a los procedimientos de exclusión de las pruebas ilegales y se establece claramente que los casos no se pueden decidir sobre la base de declaraciones de acusados obtenidas mediante tortura o por otros medios ilegales, o de testimonios obtenidos de los testigos o de las víctimas a través de actos de violencia, amenazas u otros medios ilegales. Se consigna además que los castigos físicos manifiestos o encubiertos u otros métodos destinados a infligir graves dolores o sufrimientos físicos o mentales a los acusados con el objeto de obligarlos a confesar contra su voluntad se considerarán entre los "medios ilegales, como la tortura, para obtener una confesión", según lo establece el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Penal.

18.Desde 2005, China también ha promulgado otra serie de reglamentos y documentos jurídicos orientados a prevenir efectivamente la tortura, como el Reglamento del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia sobre la asistencia letrada en los procedimientos penales (28 de septiembre de 2005, revisado el 4 de febrero de 2013), las Normas detalladas sobre detención dirigidas a la Policía Judicial de las Fiscalías Populares (22 de noviembre de 2005), diversos Dictámenes de la Fiscalía Suprema Popular sobre la aplicación de una política penal moderada por la misericordia en la labor fiscal (15 de enero de 2007), la Decisión de la Fiscalía Suprema Popular sobre el fortalecimiento y la modernización de la supervisión de los establecimientos de detención (6 de marzo de 2007), el Reglamento sobre las sanciones disciplinarias aplicables al personal de las fiscalías (14 de mayo de 2007), el Dictamen del Tribunal Supremo Popular sobre las medidas orientadas a reforzar la publicidad de los juicios en los tribunales populares (4 de junio de 2007), el Reglamento relativo a la determinación de responsabilidad de los errores cometidos por el personal de las fiscalías en la aplicación de la ley (5 de julio de 2007), las Disposiciones Provisionales de la Fiscalía Suprema Popular relativas a la labor de supervisión e inspección de los fiscales (8 de octubre de 2007), los Dictámenes de la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia sobre la creación y el perfeccionamiento de un sistema de enlace entre las delegaciones de las Fiscalías Populares y las cárceles, los centros penitenciarios y los campamentos de reeducación por el trabajo (8 de noviembre de 2007), las Medidas de supervisión fiscal de las cárceles de las Fiscalías Populares, las Medidas de supervisión fiscal de los centros penitenciarios de las Fiscalías Populares, las Medidas para la supervisión de la reeducación por el trabajo por parte de las Fiscalías Populares y las Medidas para la supervisión de las personas que cumplen su condena fuera de las cárceles por parte de las Fiscalías Populares (23 de marzo de 2008), las Directrices Básicas sobre la ética profesional de los fiscales (de aplicación experimental) (3 de septiembre de 2009), diversos Dictámenes del Tribunal Supremo Popular sobre la aplicación de una política penal moderada por la misericordia (8 de febrero de 2010), las Directrices Básicas sobre la conducta profesional de los fiscales (de aplicación experimental) (9 de octubre de 2010) y las Normas relativas a las funciones de escolta para la Policía Judicial de las Fiscalías populares (24 de octubre de 2010).

19.China ha redactado una serie de normas y reglamentos que rigen el comportamiento de los agentes del orden en las cárceles y protegen los derechos e intereses legítimos de los delincuentes, como la Sinopsis del Plan de 2006 a 2010 para promover el trabajo en equipo de la policía de las prisiones populares, el Dictamen sobre el fortalecimiento de la supervisión de la labor policial (2006), las Seis prohibiciones para la policía penitenciaria (2006), diversos reglamentos destinados a reforzar la administración de la seguridad en las cárceles (2009), la Sinopsis del Plan de desarrollo de la labor de la Policía nacional durante el período del duodécimo plan quinquenal (2011), la Sinopsis del Plan de 2011 a 2015 para promover el trabajo en equipo de la policía de las prisiones populares (2011) y el Reglamento relativo a las sanciones aplicables a la policía de las prisiones populares por transgredir la ley y las normas de disciplina (2012). Estos documentos exigen claramente a la policía de las prisiones populares que haga cumplir la ley de manera rigurosa, justa y civilizada, y con arreglo a derecho, y que vele a conciencia por que los delincuentes no sufran humillaciones personales ni vean menoscabada su seguridad personal; también exigen que no se violen los derechos legítimos de los delincuentes a la propiedad, ni los derechos de apelación, petición, denuncia o impugnación, así como ningún otro derecho que no hubiera sido limitado o del que los reclusos no hubieran sido privados conforme a la ley. También se prohíbe expresa y terminantemente golpear, castigar físicamente o maltratar de otra forma a las personas que cumplen penas de cárcel, así como la connivencia que resulte en golpizas o castigos físicos a los reclusos por terceros. Según las circunstancias, los miembros de la policía penitenciaria que quebrantan estos reglamentos son pasibles de sufrir un demérito, un demérito grave, un descenso, el despido o la destitución; cuando las transgresiones constituyen efectivamente delitos, se deriva a los policías en cuestión a las autoridades judiciales para ser enjuiciados penalmente.

20.Las autoridades administrativas y judiciales chinas de todos los niveles se hallan abocadas a fortalecer la capacidad de ejecución del sistema, están llevando a cabo diversas actividades especializadas para supervisar la aplicación de la ley y están reprimiendo y previniendo eficazmente la obtención de confesiones a través de la tortura y otros medios ilícitos.

21.En noviembre de 2005, la Fiscalía Suprema Popular dictó las Disposiciones sobre la grabación sincrónica de audio y vídeo de todo el proceso de interrogatorio de sospechosos de delitos relacionados con la función pública por las fiscalías populares (de aplicación experimental). Estas normas constituyen una importante iniciativa, que forma parte de la campaña especial de reforma que ese órgano ejecuta para regular el comportamiento y promover la imparcialidad en la aplicación de la ley. Conforme a esas disposiciones, cuando las fiscalías populares investigan directamente casos de delitos vinculados a la función pública (abuso de las prerrogativas del cargo), se deben realizar grabaciones audiovisuales continuas del interrogatorio completo de los sospechosos de esos delitos; al efectuar las grabaciones audiovisuales sincrónicas, los interrogadores y el personal de grabación deben estar separados físicamente entre sí. En diciembre de 2006, la Fiscalía Suprema Popular aprobó normativa sobre el flujo de trabajo técnico destinado a ejecutar la grabación sincrónica de audio y video de todo el proceso de interrogatorio de sospechosos de delitos relacionados con la función pública por las fiscalías populares, así como las Especificaciones para la elaboración de un sistema de ejecución de tales grabaciones (en ambos casos, de aplicación experimental), con el propósito de llevar a la práctica las disposiciones mencionadas. Las fiscalías de todos los niveles ya han implementado la grabación audiovisual sincrónica de los interrogatorios del personal sospechoso de haber cometido delitos vinculados con su función, fundamentalmente para reprimir y prevenir eficazmente la obtención de confesiones a través de la tortura y otros medios ilegales.

22.En su 94ª sesión, celebrada en febrero de 2008, el décimo Comité de la Fiscalía Suprema Popular aprobó las Medidas de supervisión fiscal de las cárceles de las Fiscalías Populares, las Medidas de supervisión fiscal de los centros penitenciarios de las Fiscalías Populares, las Medidas para la supervisión de la reeducación por el trabajo por parte de las Fiscalías Populares y las Medidas para la supervisión de las personas que cumplen su condena fuera de las cárceles por parte de las Fiscalías Populares, en las que se detallan las normas que rigen las funciones oficiales de los órganos de la Fiscalía en cuanto a su contenido y a los procedimientos de supervisión de las cárceles, los centros penitenciarios, los campamentos de reeducación por el trabajo y la ejecución de las condenas fuera de las cárceles.

23.Con arreglo a las Disposiciones sobre el asesoramiento de las Fiscalías populares (de aplicación experimental), que se dictaron y entraron en vigor en noviembre de 2009, las fiscalías populares pueden ofrecer asesoramiento a los tribunales populares, los órganos de seguridad pública y las instituciones penales en cuyos procesos de aplicación de la ley hubiera surgido alguna irregularidad o las irregularidades se hubieran transformado en tendencia.

24.Los Dictámenes de la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la supervisión legal de los centros penitenciarios por las Fiscalías populares, que entraron en vigor en octubre de 2010, disponen que las operaciones administrativas y de aplicación de la ley en los centros penitenciarios, tales como la detención, el cambio de custodia y el encarcelamiento de presuntos delincuentes o acusados estarán sometidas a la supervisión legal de los órganos de la Fiscalía, y también dan carácter oficial a los métodos, los procedimientos y las responsabilidades de supervisión legal de esas operaciones.

25.China ha establecido un amplio sistema de mecanismos de intercambio de información y reuniones periódicas entre los órganos de la Fiscalía y las autoridades de los centros penitenciarios, que permite reforzar la vigilancia de las condiciones habituales y de las tendencias que vayan surgiendo en el comportamiento de los agentes del orden, a fin de descubrir rápidamente y solucionar los casos de intimidación, castigos físicos, abusos y otras conductas ilegales en las cárceles. En noviembre de 2011, la Fiscalía Suprema Popular emitió los Dictámenes sobre la construcción de oficinas externas de la Fiscalía en lugares de detención, que dieron carácter oficial a la instalación y administración de oficinas de esta índole en cárceles y otros establecimientos de vigilancia, así como al desarrollo de operaciones y el perfeccionamiento del personal de tales oficinas.

26.A fines de 2011, los órganos de la Fiscalía china habían creado 83 delegaciones en cárceles grandes o zonas de concentración de prisiones, y habían instalado más de 3.600 oficinas externas en lugares de detención, de modo que la Fiscalía tenía presencia en más del 95% de las cárceles y los centros penitenciarios de China. En la actualidad, trabajan en esos lugares más de 12.000 miembros del personal de los órganos de la Fiscalía de todos los niveles, de los cuales unos 9.700 han sido asignados directamente a las cárceles y los centros penitenciarios. Se está perfeccionando el sistema que asegura la presencia de la Fiscalía en los lugares de detención, y las oficinas externas se han convertido en un importante recurso para encauzar la protección que los órganos de la Fiscalía de China brindan a los derechos humanos de los detenidos.

27.China está mejorando la supervisión y el seguimiento de la aplicación de la ley en las cárceles. En 2009 puso en marcha un programa nacional encaminado a eliminar los peligros ocultos de accidente y fomentar la vigilancia de la seguridad en las prisiones de todo el país; en el marco del programa se iniciaron investigaciones, se procuró detectar esos peligros y se supervisó la corrección de problemas en ámbitos tales como el saneamiento, el uso de dispositivos policiales de sujeción, la intimidación y otras cuestiones que afectan a los reclusos a lo largo del país. China lanzó una campaña tendiente a proclamar 2011 el Año de la estandarización de la administración penitenciaria; recurriendo a leyes, reglamentos y políticas se diseñaron en total 4.810 sistemas administrativos, se enmendaron 6.087 y se descartaron 3.597, lo que aumentó la normalización global de los sistemas. También en 2011 se organizaron tres importantes inspecciones de seguridad y estabilidad, y campañas orientadas a detectar y suprimir peligros, a través de las cuales se supervisó y alentó la reforma de la aplicación de la Ley de Instituciones Penitenciarias, la rectificación de los problemas de seguridad y la eliminación de los peligros en los lugares de detención.

28.A la vez que aceptan la supervisión legal de los órganos de la Fiscalía, las cárceles de China están profundizando notablemente la publicidad de sus actividades, que alcanza a los derechos y las obligaciones de los delincuentes conforme a la ley, y los derechos, las obligaciones y las medidas disciplinarias de la policía de las prisiones populares previstos en la ley. Todas las cárceles están reforzando la vigilancia pública de la ejecución de la Ley de Instituciones Penitenciarias a través de los medios de información, como los diarios, las publicaciones periódicas, la radio y la televisión; están organizando columnas sobre publicidad e instalando buzones de denuncias dentro de las prisiones; están realizando consultas sobre las operaciones de la prisión, y abriendo al público cuestiones vinculadas a la autoridad legislativa, el proceso, los resultados y la vigilancia de la prohibición de la tortura. Las cárceles de la mayoría de las provincias, las regiones autónomas y los municipios que dependen directamente del Gobierno central están impulsando la publicidad de sus actividades mediante el empleo de diversos recursos informáticos, como la plataforma para el servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en los teléfonos móviles, las líneas telefónicas exclusivas para consultas y los sistemas de preguntas a través de computadoras de pantalla táctil.

29.Los órganos de seguridad pública de todo el país están trabajando activamente para avanzar en la estandarización de la aplicación de la ley, regular el comportamiento del personal de seguridad pública y de la policía popular a la hora de hacer cumplir la ley, y evitar que se cometan actos ilícitos, entre ellos la obtención de confesiones mediante tortura y la detención por períodos más prolongados que los prescritos legalmente; a tal fin, están empleando métodos efectivos, tales como la capacitación de las fuerzas del orden y, en la esfera de la aplicación de la ley, el fortalecimiento de su supervisión, el mejoramiento de los sistemas y el uso de tecnología informática.

30.Los órganos de seguridad pública locales han iniciado una reconstrucción normalizada de sus establecimientos. Las áreas en las que se tramitan los casos están separadas físicamente de otras áreas funcionales; las oficinas se organizan de acuerdo con su función y, donde corresponde, se instalan equipos electrónicos de vigilancia y control para orientación de la policía popular. A fines de 2012, se había terminado de reconstruir según las pautas normalizadas el 90% de las comisarías de policía de todo el país.

31.Los órganos de seguridad pública están informatizando íntegramente el proceso de aplicación de la ley y la tramitación de los casos, y exigen que los casos se lleven enteramente en línea, conforme a los procedimientos que fija la ley, desde el momento en que los recibe el operador de la Policía hasta que se resuelven o se remiten para su revisión y el inicio de una acción penal; se deben incluir enlaces a cuestiones de importancia, como la administración de los bienes involucrados, y las autoridades legislativas y de supervisión deben tener acceso al caso, en todo momento, para vigilar en línea el proceso de tramitación. Por otra parte, se sigue incrementando la inversión en tecnología: se están suministrando gradualmente equipos de grabación a los agentes de la policía popular en el terreno y se están instalando equipos para la grabación audiovisual sincrónica completa de las principales etapas del proceso, como la recepción de casos por el operador, de manera de normalizar las inspecciones, los interrogatorios y otras actividades de aplicación de la ley.

32.Los órganos de seguridad pública también están aumentando sus inversiones en ciencia y tecnología forenses a fin de mejorar su capacidad para reunir pruebas. Actualmente, el Ministerio de Seguridad Pública y estos órganos a nivel provincial, municipal y nacional han creado más de 3.500 institutos de ciencias penales y tecnología forense, que emplean a casi 40.000 especialistas. Se han construido, en todo el país, unos 250 laboratorios de ADN, y la mayoría de los órganos de seguridad pública de los condados cuentan ahora con terminales remotas para la comparación de huellas dactilares.

33.Conforme a lo dispuesto en una circular de mayo de 2009 del Ministerio de Seguridad Pública, los inspectores de la policía popular pueden ingresar en cualquier momento en los lugares de detención para realizar exámenes in situ, proteger los derechos humanos de los detenidos e impedir la conculcación de estos derechos. Desde marzo de 2010 hasta fines de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública asignó a un equipo de trabajo la tarea de reunir información y rectificar los problemas vinculados con la defunción, en circunstancias anormales, de personas involucradas en casos manejados por los órganos de seguridad pública en todo el país. De esta forma, se fortalecieron el sentido de responsabilidad y la conciencia acerca de la importancia de los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad pública de la policía popular, y se produjo una indudable disminución del número de accidentes en los que entrara en juego la responsabilidad de las fuerzas del orden por la seguridad de los detenidos.

Artículo 3(Expulsión, devolución, extradición)

34.El párrafo 72 del informe complementario y los párrafos 45 a 54 y 56 a 58 de los informes cuarto y quinto combinados siguen siendo válidos.

35.Conforme a lo dispuesto en la Ley de Extradición de la República Popular China, de acuerdo con las disposiciones pertinentes relativas a las condiciones para la extradición establecidas en esa Ley y en los tratados sobre la materia concertados por China con Estados extranjeros, un tribunal popular superior convocará a un panel de tres jueces para que examine el pedido de extradición formulado por el Estado solicitante. Al estudiar el caso, el tribunal escuchará los alegatos de la persona objeto del pedido y las opiniones de sus abogados chinos, que incluirán un informe donde se indique si existe tortura en el Estado solicitante. Una vez que el tribunal haya concluido su examen y haya decidido si hace lugar a la solicitud de extradición, el Tribunal Supremo Popular revisará la decisión para determinar si se ajusta a las disposiciones de la Ley de Extradición y los tratados sobre el tema. La tortura figura entre los delitos que dan lugar a la extradición en todos los tratados de extradición que China ha concertado con Estados extranjeros.

Artículo 4(Normas sobre condenas y penas)

36.El párrafo 77 del informe complementario, los párrafos 10 a 13 y 16 del segundo informe, el párrafo 14 del tercer informe y los párrafos 60 a 66 de los informes cuarto y quinto combinados siguen siendo válidos.

37.En septiembre de 2010, el Tribunal Supremo Popular dictó los Principios rectores sobre la imposición de penas por los Tribunales populares (de aplicación experimental) y, junto con los departamentos gubernamentales pertinentes, emitió los Dictámenes sobre diversas cuestiones atinentes a la estandarización de los procedimientos de imposición de penas (de aplicación experimental). Desde octubre de 2010, los tribunales de todos los niveles de todo el país llevan a cabo reformas amplias encaminadas a tal estandarización, mediante las que se regula el arbitrio judicial en asuntos penales y se unifican las normas sobre la imposición de penas correspondientes a 15 categorías de delitos comunes, entre ellos, delitos contra la seguridad vial, lesiones intencionales, robo, hurto, delitos relacionados con drogas, violación, privación ilegal de libertad, fraude, arrebato de carteras, abuso de las prerrogativas de los cargos públicos, extorsión, injerencia en la administración pública, gresca (riña), disturbios, ocultamiento de delitos, ocultamiento del producto de un delito y beneficiarse del producto de un delito.

38.Las disposiciones pertinentes de los Principios rectores y los Dictámenes antes mencionados son aplicables a los delitos relacionados con la tortura.

Artículo 5(Jurisdicción territorial y competencia en razón de la persona)

39.Los párrafos 15 a 17 del tercer informe siguen siendo válidos.

Artículo 6(Medidas adoptadas contra los torturadores)

40.El capítulo VI de la Ley de Procedimiento Penal enmendada trata específicamente de las "medidas de cumplimiento obligatorio". Según las circunstancias del caso, un tribunal popular, una fiscalía popular o un órgano de seguridad pública pueden adoptar medidas obligatorias contra los presuntos delincuentes o los acusados, entre ellas, citaciones por la fuerza, restricciones a la circulación de quienes se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de juicio, arresto domiciliario, detención o prisión provisional. Estas medidas también son aplicables en caso de denuncias de delitos vinculados a la tortura. Al mismo tiempo, se protegen los derechos legítimos de los presuntos delincuentes o acusados.

41.Según la Constitución y las leyes de China, los órganos de la Fiscalía cuentan con departamentos encargados de combatir las conductas indebidas, que son responsables de investigar y ocuparse de los delitos que vulneran los derechos de los ciudadanos, como el uso de la tortura para obtener confesiones o de la violencia para reunir pruebas, cometidos por personal de los órganos del Estado que ha incumplido sus deberes o ha abusado de su autoridad. Hay unos 3.400 departamentos de esa índole en los órganos de la Fiscalía de todos los niveles en todo el país, cuya plantilla está compuesta por más de 16.000 personas, lo que asegura que cualquier acto de tortura pueda ser investigado con rapidez e imparcialidad.

42.El 21 de abril de 2010, el Ministerio de Supervisión, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social y el Ministerio de Seguridad Pública dictaron conjuntamente la Ordenanza sobre disciplina para la policía popular de los órganos de seguridad pública, en la que se establece que quien implemente medidas obligatorias o detenciones administrativas que contravengan la legislación, suspenda o coarte ilegalmente las libertades personales de terceros, prolongue el período de privación de libertad o ejecute una detención encubierta en violación de la ley, castigue físicamente o maltrate de otra forma, en ejercicio de sus funciones, a presuntos delincuentes, presos u otras personas, o quien obtenga o incite, soborne o coaccione a otros para obtener confesiones a través de la tortura será sancionado mediante la aplicación de deméritos, un descenso, el despido o la expulsión de la organización empleadora.

43.El artículo 202 de la Ley de Procedimiento Penal enmendada establece que, cuando entienda en una causa que le ha remitido una fiscalía popular, un tribunal popular pronunciará sentencia dentro de los dos meses, y de ningún modo después de los tres meses, a partir de la fecha en que hubiera admitido la causa a trámite. Cuando las condiciones que fija la ley requieran una prolongación del juicio, la solicitud de aprobación se cursará al tribunal popular de nivel inmediato superior o al Tribunal Supremo Popular. El artículo 232 dispone que, cuando un tribunal popular de segunda instancia admite una apelación o una contraapelación, debe concluir la causa dentro de los dos meses. Cuando sea necesario prolongar nuevamente el juicio debido a las condiciones previstas en la ley, el pedido de aprobación o de decisión se presentará ante el tribunal popular superior de la provincia, la región autónoma o el municipio administrado directamente por el Gobierno central, o ante el Tribunal Supremo Popular.

44.El artículo 115 de la Interpretación del Tribunal Supremo Popular relativa a la aplicación de la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China establece que la comparecencia obligatoria de un acusado no tendrá una duración de más de 12 horas. Si el caso es especialmente importante o complejo, o exige medidas de detención oficiales, la duración no superará las 24 horas. Los acusados no serán detenidos de hecho mediante comparecencias obligatorias consecutivas. Se satisfarán las necesidades de alimento, bebida y descanso del detenido. En el artículo 126 se dispone que, una vez impuesto arresto domiciliario a un acusado, el tribunal popular notificará a sus familiares, dentro de las 24 horas, de las razones de tal arresto y los lugares en que este se lleva a cabo. Si es efectivamente imposible realizar la notificación, este hecho se asentará en el expediente del caso. Conforme a lo dispuesto en el artículo 131, tras la detención oficial de un acusado, el tribunal popular notificará acerca del motivo y el lugar de detención a los familiares dentro de las 24 horas. Si es decididamente imposible efectuar la notificación, se dejará constancia en el expediente del caso. En el artículo 132 se establece que, cuando el tribunal popular ha decidido ordenar la detención de un acusado, este será interrogado dentro de las 24 horas. Si se descubre que el acusado no debería haber sido detenido, se modificarán las medidas obligatorias de que fue objeto o se lo liberará de inmediato. También se dispone que, si la detención reúne determinadas condiciones, el tribunal popular debe modificar las medidas obligatorias aplicadas al detenido o ponerlo en libertad. El artículo 137 estipula también que, cuando un acusado, su representante designado conforme a la ley, sus familiares o su defensor solicitan la rectificación de las medidas impuestas, deben explicar la razón. El tribunal popular se expedirá dentro de los tres días de la recepción de la solicitud. Si acepta la petición, la modificación de las medidas obligatorias se tramitará con arreglo a lo dispuesto en la Interpretación antedicha. Si la rechaza, el tribunal notificará al solicitante y le explicará sus motivos.

45.En julio de 2010, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ministerio de Justicia redactaron y dictaron conjuntamente varias Disposiciones sobre la intensificación de la vigilancia legal encaminada a reducir el incumplimiento de deberes de los funcionarios judiciales en los litigios (de aplicación experimental), en las que se establece que los órganos de la Fiscalía pueden investigar actos ilícitos en los litigios y mejorar el mecanismo para descubrir y ocuparse de los delitos de injusticia y conducta indebida cometidos por personal judicial. Según el artículo 3 de las Disposiciones, las fiscalías populares investigarán y verificarán si los funcionarios judiciales, en el curso de los litigios, arrancaron confesiones de presuntos delincuentes o acusados mediante tortura, obtuvieron declaraciones de testigos por medio de la violencia, recurrieron a la violencia o a amenazas para evitar que un testigo testificara, instruyeron a otras personas para que prestaran falso testimonio, o castigaron físicamente o maltrataron de otra forma a prisioneros, u ordenaron a prisioneros que golpearan, castigaran físicamente o maltrataran a otros prisioneros. Los órganos de la Fiscalía pueden llevar adelante la investigación interrogando a las personas que conozcan el caso o estén involucradas en él, o examinando las lesiones sufridas por la víctima. Una vez concluida la investigación inicial, si se determina que, según indican los hechos, se trata de un delito penal, se incoará un proceso y se proseguirá la investigación o se enviará a la autoridad competente para que inicie un proceso y continúe investigando con arreglo a la ley, y se informará al órgano pertinente que suspenda al funcionario investigado y designe a otro para que lo reemplace en los casos en los que aquel estuviera trabajando. Si la conducta indebida se confirma, pero no llega a constituir un delito, se notificará al órgano que emplea al funcionario investigado que este ha tenido un comportamiento ilícito que requiere rectificación. Si se confirma que la conducta indebida infringe la ley y reviste mayor gravedad, incluso cuando no constituya un delito, y que la continuidad del funcionario investigado en la gestión de los casos socavaría considerablemente la imparcialidad de los litigios en curso, se indicará al órgano en cuestión que reemplace a la persona o las personas que manejan los casos, si no lo hubiera hecho hasta ese momento.

Artículo 7(Extradiciones y acciones judiciales y trato justo)

46.El párrafo 90 del informe complementario y el párrafo 19 del tercer informe continúan siendo válidos.

Artículo 8(Tratados de extradición)

47.El párrafo 71 de los informes cuarto y quinto combinados sigue siendo válido. A fines de 2012, China había suscrito tratados de extradición con 35 países, de los cuales 27 habían entrado en vigor, como se observa en el cuadro siguiente:

	Nombre del país	Nombre del tratado	Fecha de firma	Fecha de entrada en vigor
1	Tailandia	Tratado de extradición entre la República Popular China y el Reino de Tailandia	26 de agosto de 1993	7 de marzo de 1999
2	Belarús	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Belarús	22 de junio de 1995	7 de mayo de 1998
3	Federación de Rusia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la Federación de Rusia	26 de junio de 1995	10 de enero de 1997
4	Bulgaria	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Bulgaria	20 de mayo de 1996	3 de julio de 1997
5	Rumania	Tratado de extradición entre la República Popular China y Rumania	1 de julio de 1996	16 de enero de 1999
6	Kazajstán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Kazajstán	5 de julio de 1996	10 de febrero de 1998
7	Mongolia	Tratado de extradición entre la República Popular China y Mongolia	19 de agosto de 1997	10 de enero de 1999
8	Kirguistán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Kirguisa	27 de abril de 1998	27 de abril de 2004
9	Ucrania	Tratado de extradición entre la República Popular China y Ucrania	10 de diciembre de 1998	13 de julio de 2000
10	Camboya	Tratado de extradición entre la República Popular China y el Reino de Camboya	9 de febrero de 1999	13 de diciembre de 2000
11	Uzbekistán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Uzbekistán	8 de noviembre de 1999	29 de septiembre de 2000
12	República de Corea	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Corea	18 de octubre de 2000	12 de abril de 2002
13	Filipinas	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Filipinas	30 de octubre de 2001	12 de marzo de 2006
14	Perú	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República del Perú	5 de noviembre de 2001	5 de abril de 2003
15	Túnez	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Túnez	19 de noviembre de 2001	29 de diciembre de 2005
16	Sudáfrica	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Sudáfrica	10 de diciembre de 2001	17 de noviembre de 2004
17	República Democrática Popular Lao	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Democrática Popular Lao	4 de febrero de 2002	13 de agosto de 2003
18	Emiratos Árabes Unidos	Tratado de extradición entre la República Popular China y los Emiratos Árabes Unidos	13 de mayo de 2002	24 de mayo de 2004
19	Lituania	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Lituania	17 de junio de 2002	21 de junio de 2003
20	Pakistán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Islámica del Pakistán	3 de noviembre de 2003	10 de enero de 2008
21	Lesotho	Tratado de extradición entre la República Popular China y el Reino de Lesotho	6 de noviembre de 2003	30 de octubre de 2005
22	Brasil	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Federativa del Brasil	12 de noviembre de 2004	–
23	Azerbaiyán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Azerbaiyán	17 de marzo de 2005	1 de diciembre de 2010
24	España	Tratado de extradición entre la República Popular China y el Reino de España	14 de noviembre de 2005	4 de abril de 2007
25	Namibia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Namibia	19 de diciembre de 2005	19 de septiembre de 2009
26	Angola	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Angola	20 de junio de 2006	–
27	Argelia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Argelina Democrática y Popular	6 de noviembre de 2006	22 de septiembre de 2009
28	Portugal	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Portuguesa	31 de enero de 2007	25 de julio de 2009
29	Francia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Francesa	20 de marzo de 2007	–
30	Australia	Tratado de extradición entre la República Popular China y Australia	6 de septiembre de 2007	–
31	México	Tratado de extradición entre la República Popular China y los Estados Unidos Mexicanos	11 de julio de 2008	7 de julio de 2012
32	Indonesia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República de Indonesia	1 de julio de 2009	–
33	Italia	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Italiana	7 de octubre de 2010	–
34	República Islámica del Irán	Tratado de extradición entre la República Popular China y la República Islámica del Irán	10 de septiembre de 2012	–
35	Bosnia y Herzegovina	Tratado de extradición entre la República Popular China y Bosnia y Herzegovina	20 de diciembre de 2012	–

Artículo 9(Asistencia judicial en asuntos penales)

48.El párrafo 100 del informe complementario mantiene su validez. A fines de 2012, China había concertado tratados de asistencia jurídica mutua en asuntos penales (o civiles y penales o civiles, comerciales y penales) con 49 países; de esos instrumentos, han entrado en vigor 46, que sientan las bases jurídicas para la cooperación en cuestiones relativas a los procedimientos penales entre los Estados partes en esos tratados. Véanse los cuadros que figuran a continuación:

Tratados de asistencia judicial mutua en asuntos penales (30 en total)

	Nombre del país	Nombre del tratado	Fecha de firma	Fecha de entrada en vigor
1	Canadá	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y el Canadá	29 de julio de 1994	1 de julio de 1995
2	Bulgaria	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Bulgaria	7 de abril 1995	27 de mayo de 1996
3	República de Corea	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Corea	12 de noviembre de 1998	24 de marzo de 2000
4	Colombia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Colombia	14 de mayo de 1999	27 de mayo de 2004
5	Túnez	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Túnez	30 de noviembre de 1999	30 de diciembre de 2000
6	Estados Unidos de América	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y los Estados Unidos de América	19 de junio de 2000	8 de marzo de 2001
7	Indonesia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Indonesia	24 de julio de 2000	28 de julio de 2006
8	Filipinas	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Filipinas	16 de octubre de 2000	17 de noviembre de 2012
9	Estonia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Estonia	12 de junio de 2002	31 de marzo de 2011
10	Sudáfrica	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Sudáfrica	20 de enero de 2003	17 de noviembre de 2004
11	Tailandia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y el Reino de Tailandia	21 de junio de 2003	20 de febrero de 2005
12	Letonia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Letonia	15 de abril de 2004	18 de septiembre de 2005
13	Brasil	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Federativa del Brasil	24 de mayo de 2004	26 de octubre de 2007
14	México	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y los Estados Unidos Mexicanos	24 de enero de 2005	30 de diciembre de 2006
15	Perú	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República del Perú	27 de enero de 2005	18 de marzo de 2009
16	Francia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Francesa	18 de abril de 2005	20 de septiembre de 2007
17	España	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y el Reino de España	21 de julio de 2005	15 de abril de 2007
18	Portugal	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Portugal	9 de diciembre de 2005	15 de mayo de 2009
19	Australia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y Australia	3 abril de 2006	28 marzo de 2007
20	Nueva Zelandia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y Nueva Zelandia	6 de abril de 2006	1 de enero de 2008
21	Namibia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Namibia	26 de mayo de 2006	19 de septiembre de 2009
22	Argelia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Argelina Democrática y Popular	6 de noviembre de 2006	22 de septiembre de 2009
23	Pakistán	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Islámica del Pakistán	17 de abril de 2007	6 de agosto de 2010
24	Japón	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y el Japón	1 de diciembre de 2007	23 de noviembre de 2008
25	Emiratos Árabes Unidos	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y los Emiratos Árabes Unidos	3 de abril de 2008	14 de mayo de 2011
26	Venezuela	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela	24 de septiembre de 2008	12 de junio de 2009
27	Malta	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República de Malta	22 de febrero de 2009	11 de enero de 2012
28	Italia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Italiana	7 de octubre de 2010	–
29	Argentina	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y la República Argentina	25 de junio de 2012	–
30	Bosnia y Herzegovina	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos penales entre la República Popular China y Bosnia y Herzegovina	8 de diciembre de 2012	–

Tratados de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales o en asuntos civiles, comerciales y penales (19 total)

	Nombre del país	Nombre del tratado	Fecha de firma	Fecha de entrada en vigor
1	Polonia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Polonia	5 de junio de 1987	13 de febrero de 1988
2	Mongolia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y Mongolia	31 de agosto de 1989	29 de octubre de 1990
3	Rumania	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y Rumania	16 de enero de 1991	22 de enero de 1993
4	Federación de Rusia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la Federación de Rusia	19 de junio de 1992	14 de noviembre de 1993
5	Turquía	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles, comerciales y penales entre la República Popular China y la República de Turquía	28 de septiembre de 1992	26 de octubre de 1995
6	Ucrania	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y Ucrania	31 de octubre de 1992	19 de enero de 1994
7	Cuba	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Cuba	24 de noviembre de 1992	26 de marzo de 1994
8	Belarús	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Belarús	11 de enero de 1993	29 de noviembre de 1993
9	Kazajstán	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Kazajstán	14 de enero de 1993	11 de julio de 1995
10	Egipto	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles, comerciales y penales entre la República Popular China y la República Árabe de Egipto	21 de abril 1994	31 de mayo de 1995
11	Grecia	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República Helénica	17 de octubre de 1994	29 de junio de 1996
12	Chipre	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles, comerciales y penales entre la República Popular China y la República de Chipre	25 de abril 1995	1 de febrero de 1996
13	Kirguistán	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República Kirguisa	4 de julio de 1996	26 de septiembre de 1997
14	Tayikistán	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Tayikistán	16 de septiembre de 1996	2 de septiembre de 1998
15	Uzbekistán	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Uzbekistán	11 de diciembre de 1997	29 de agosto de 1998
16	Viet Nam	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República Socialista de Viet Nam	19 de octubre de 1998	25 de diciembre de 1999
17	República Democrática Popular Lao	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República Democrática Popular Lao	25 de enero de 1999	15 de diciembre de 2001
18	Lituania	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y la República de Lituania	20 de marzo de 2000	19 de enero de 2002
19	República Popular Democrática de Corea	Tratado de asistencia judicial mutua en asuntos civiles y penales entre la República Popular China y República Popular Democrática de Corea	19 de noviembre de 2003	21 de enero de 2006

Artículo 10(Educación y capacitación)

49.Para China es de gran importancia educar y sensibilizar, en cuanto a la prohibición de la tortura, a los funcionarios públicos, en especial al personal de aplicación de la ley de los departamentos administrativos de los tribunales, las fiscalías y los órganos judiciales y de seguridad pública. Por ello, el país ha tomado diversas medidas al respecto.

50.A fin de ayudar a los funcionarios judiciales y al cuerpo de jueces del fuero penal a comprender y llevar a la práctica correctamente la Ley de Procedimiento Penal enmendada, el Tribunal Supremo Popular ha organizado y puesto en marcha una serie de programas de estudio y capacitación: en marzo de 2012, realizó una videoconferencia nacional sobre la aplicación de la Ley de Procedimiento Penal enmendada en las decisiones judiciales, en la que se subrayó la necesidad de reforzar los conceptos de garantías de los derechos humanos, justicia procesal y resolución judicial basada en pruebas, y de juzgar los casos con imparcialidad y estrictamente conforme a derecho. En mayo de 2012, dictó cursos sobre dicha Ley en tribunales de todo el país, dirigidos, en particular, a los vicepresidentes encargados de los juicios penales en los tribunales superiores y en algunos de los tribunales intermedios, y a los presidentes de los tribunales penales. En julio de 2012, convocó reuniones para analizar casos penales en tribunales a lo largo del país y pidió a los tribunales populares de todos los niveles que estudiaran y aplicaran a conciencia la Ley de Procedimiento Penal enmendada, lo que elevaría la calidad general de los juicios penales. También se han ejecutado programas de estudio y capacitación sobre variados temas en los tribunales de todos los niveles de todo el país.

51.Desde 2009, las autoridades de la Fiscalía implementan programas de educación y capacitación en gran escala y coordinan medidas para mejorar por amplio margen la calidad de la labor de sus integrantes; instruyen a los órganos de la Fiscalía de todo el país para que no dejen de ampliar el alcance y elevar la calidad de la formación impartida a los fiscales, al tiempo que exigen que el personal general de las fiscalías reciba no menos de 100 horas de clase al año y el personal superior, no menos de 110.

52.El Ministerio de Seguridad Pública ha dictado cursos de capacitación para los jefes principales, de sección y de equipo, y el personal jurídico de las oficinas de seguridad pública de las ciudades y los condados, así como cursos especiales sobre la estandarización de la aplicación de la ley; ha organizado importantes foros sobre la primacía del derecho, en los que ha invitado a participar a dirigentes de órganos políticos y legislativos y especialistas destacados; y ha celebrado videoconferencias para las fuerzas de seguridad pública de la policía popular de todo el país que giraron en torno a la filosofía de respetar y garantizar los derechos humanos, a la ley y a las aptitudes profesionales y técnicas. Los órganos de seguridad pública locales fortalecen continuamente esa filosofía y la educación de buena calidad, mediante una formación intensiva, foros de debate, la instrucción en línea, el estudio de casos y la observación de juicios reales.

53.En 2007, el Ministerio de Seguridad Pública organizó exámenes sobre conocimientos básicos de derecho en los órganos de seguridad pública de todo el país, en los que tomaron parte casi 8.000 comandantes y oficiales, elegidos al azar, de 64 órganos de distintos condados y 100 unidades modelo. En 2011, el Ministerio introdujo un sistema nacional de exámenes de aptitud para las distintas categorías de personal de los órganos de seguridad pública y estableció que no se permitiría manejar casos a los miembros de la policía popular que no hubieran alcanzado el nivel básico de preparación en materia de aplicación de la ley, lo que obligó a la gran mayoría de los policías a estudiar detenidamente la legislación y mejoró su capacidad para atender los casos de acuerdo con la ley. En 2012, los órganos de seguridad pública locales tomaron exámenes básicos de aptitud a 1,7 millones de agentes de la policía popular, y otros 740.000 agentes rindieron exámenes de nivel intermedio organizados por órganos de seguridad pública nacionales. El Ministerio organiza directamente exámenes de aptitud para todas las categorías desde 2013.

54.Una vez adoptada la decisión de modificar la Ley de Procedimiento Penal, el Ministerio de Seguridad Pública dictó un comunicado de implementación de normativa, mediante el cual exigió a los órganos de seguridad pública de todos los niveles que, al manejar los casos, instrumentaran de inmediato las disposiciones de la Ley relativas a los principios del respeto y la garantía de los derechos humanos y del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo. El Ministerio efectuó videoconferencias con órganos de seguridad pública locales a lo largo del país y ejecutó dos programas especializados para reforzar la instrucción, sobre la Ley mencionada, de unos 600 profesionales policiales ejemplares responsables de la aplicación de la legislación penal, y del personal de órganos de seguridad pública de todos los niveles, para que la policía popular cumpla su función de lucha contra el delito de manera correcta y oportuna y mantenga eficazmente el orden social, al tiempo que lleva a la práctica el concepto, firmemente arraigado, de respetar y garantizar los derechos humanos, adhiere a conciencia a las prohibiciones enunciadas en las leyes y rechaza todos los actos lesivos de los derechos procesales de los presuntos delincuentes; de este modo, se crea una cultura de gestión de casos civilizada y respetuosa de la ley.

55.China está reforzando la formación que imparte a la policía de las prisiones populares en cuanto a la prohibición de la tortura. Entre 2006 y 2010, sus miembros recibieron, como mínimo, un promedio de tres meses de capacitación fuera del puesto de trabajo, y los nuevos agentes, no menos de un mes antes de asumir sus funciones. El programa se centra principalmente en los conocimientos y las habilidades relacionados con la administración penitenciaria y policial. En 2009, se llevó a cabo un programa de educación y formación en tres sesiones para todos los funcionarios de prisiones del país, que incluyó, entre los temas abordados, la protección de los derechos humanos y cuestiones de derecho penal. En 2010, tuvo lugar una importante campaña de desarrollo de aptitudes profesionales y capacitación en la aplicación de la ley, en cuyo marco se dictaron 17.826 clases en toda la nación y se realizaron 923 actividades de formación, en las que participaron unos 300.000 efectivos de la policía de las prisiones populares. El año 2011 se proclamó Año de la estandarización de la administración penitenciaria; se imprimieron más de 300.000 copias de publicaciones informativas sobre el sistema carcelario y se dictaron 5.300 clases. La totalidad del cuerpo de policía de las prisiones populares asistió a las actividades de capacitación, y cada persona recibió un promedio mínimo de diez días de instrucción. Además, se ofrece tratamiento psicológico a los reclusos en todas las cárceles del país, y casi 30.000 agentes de la policía penitenciaria tienen certificados nacionales de cualificación en orientación psicológica.

Artículo 11(Examen de medidas y mecanismos conexos)

56.Los párrafos 27, 33 y 36 del segundo informe siguen siendo válidos.

57.Para impedir que se produzcan actos de tortura, China ha instrumentado numerosos mecanismos efectivos de vigilancia y salvaguardia, como los siguientes: 1) la vigilancia por parte de organizaciones comunitarias y la opinión pública, así como de las masas populares (incluidas las familias de los presos); 2) la vigilancia por las oficinas externas de la Fiscalía y a través de los buzones para denuncias y quejas colocados en cárceles y centros penitenciarios por las fiscalías populares, con el objeto de supervisar las actividades de aplicación de la ley en los lugares de detención y amparar los derechos de petición, queja y denuncia de transgresiones que, conforme a la ley, asisten a los delincuentes y otros detenidos; 3) la vigilancia y el seguimiento realizados por los departamentos de supervisión e inspección de la disciplina establecidos en los lugares de detención, que reciben y gestionan los casos vinculados con la tortura. En sus investigaciones y tareas conexas, las autoridades competentes de estos sitios procuran determinar, principalmente, si los delincuentes y otros detenidos han sufrido maltrato, castigos físicos o abusos; 4) las inspecciones no programadas de los lugares de detención que realizan los diputados de los congresos del pueblo y las conferencias consultivas políticas del pueblo de todos los niveles para verificar las condiciones en que se aplica la ley.

58.Los órganos de la Fiscalía china constituyen el órgano de supervisión legal de la nación. La Ley de Procedimiento Penal enmendada ha mejorado la naturaleza de la vigilancia de los procedimientos penales que ejercen las fiscalías populares. En primer lugar, respecto del sistema de defensa, la Ley ha intensificado la vigilancia pertinente para reducir la injerencia de los órganos judiciales y de seguridad pública y su personal en la actuación profesional de los defensores y los representantes legales que se ajuste a la ley. En segundo término, en cuanto al sistema de exclusión de pruebas ilegales, la Ley ha incrementado las facultades de supervisión de los órganos de la fiscalía respecto de la reunión ilegal de pruebas por los investigadores. Si se confirma que, en el transcurso de una investigación, se ha infringido la ley, las autoridades proponen medidas correctivas; si las infracciones constituyen delitos, inician acciones penales conforme a derecho, ya que las pruebas ilegales deben excluirse según establece la ley y no pueden servir de base para adoptar la decisión de incoar una causa penal. En tercer lugar, con respecto al sistema de medidas obligatorias, la Ley ha establecido el derecho de los órganos de la fiscalía de supervisar si la decisión de imponer arresto domiciliario y su ejecución son lícitas; en lo atinente al proceso de examen y aprobación de las detenciones, la Ley exige que el interrogatorio de los presuntos delincuentes cumpla determinadas condiciones y que se escuche la opinión del abogado de la defensa; después de la detención de un sospechoso, la fiscalía popular investigará si es necesario mantenerlo en prisión y tomará las medidas del caso. Cuarto, en relación con el proceso investigativo, la Ley ha incrementado las facultades de supervisión de los órganos de la fiscalía con respecto al embargo, la confiscación y el congelamiento de activos. Quinto, la Ley ha profundizado la intervención de los órganos de la fiscalía en el proceso de revisión de las condenas a la pena capital, al permitir que la Fiscalía Suprema Popular asesore al Tribunal Supremo Popular; asimismo, este último debe comunicar a la primera los resultados de su revisión de una condena a muerte. Sexto, la Ley ha ampliado la potestad de supervisión de los órganos de la fiscalía en la esfera de los procedimientos especiales, al establecer expresamente, por ejemplo, que, en el proceso de revisión y aprobación de la detención de un menor en una causa penal, dichos órganos deben interrogar al presunto delincuente o acusado, y deben escuchar las opiniones del abogado defensor. Séptimo, ha ampliado las atribuciones de los órganos de la fiscalía para supervisar los procedimientos médicos obligatorios.

59.En nombre de las personas recluidas en lugares de detención, los órganos de la fiscalía china llevan a cabo las notificaciones obligatorias de sus derechos a los detenidos, instalan buzones para intercambio de correspondencia con los fiscales, organizan el encuentro de los detenidos con los fiscales, fijan el horario de atención de los fiscales asignados al lugar, hablan con los detenidos y establecen mecanismos para que estos puedan entablar acciones judiciales. Para estudiar la necesidad de prolongar la reclusión, los órganos de la fiscalía de las provincias de Liaoning, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan y Shensi han instaurado sistemas en virtud de los cuales los fiscales principales pasan un día en el centro de detención y se organizan entrevistas con ellos. Las actividades mencionadas representan los principios en los que los fiscales basan su supervisión de las sentencias penales y de la privación de la libertad conforme a la ley.

60.El 10 de enero de 2011, la fiscalía popular, el tribunal popular y la oficina de seguridad pública del condado de Wuxing, en la provincia de Sichuan, introdujeron conjuntamente las Medidas sobre la ejecución de la revisión previa al juicio destinada a determinar la necesidad de mantener la reclusión de los detenidos. De acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en ellas, los fiscales investigaron sucesivamente los casos de 212 presuntos delincuentes o acusados, iniciaron procedimientos de revisión de la detención de 56 de ellos y emitieron un total de 44 dictámenes relativos a la modificación de las medidas obligatorias, todos los cuales fueron aceptados por las autoridades que gestionaban los casos. Todos los presuntos delincuentes o acusados que habían sido objeto de medidas obligatorias posteriormente modificadas pudieron entablar acciones judiciales, y ninguno de ellos volvió a sufrir reclusión penal.

61.Se han realizado en toda China intercambios sistemáticos de información y numerosas reuniones programadas entre los órganos locales de la fiscalía y los centros penitenciarios, cuyas actividades y operaciones se vigilan con frecuencia; cuando se descubren casos de intimidación, castigos físicos, abusos u otras conductas ilegales en las cárceles durante las operaciones de detención, se toman sin demora las medidas correctivas pertinentes. Los centros penitenciarios de todo el país también han creado archivos de documentación sobre la salud física de los reclusos, para llevar registro de su condición física y garantizar que los enfermos reciban prontamente atención médica.

62.El 7 de diciembre de 2009, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública dictaron conjuntamente la Circular sobre la creación de redes de vigilancia eficaces entre los centros penitenciarios y las oficinas in situ de la fiscalía, en la que se dispuso el funcionamiento en red de los principales sistemas de videovigilancia y de información sobre la aplicación de la ley de los centros penitenciarios con los sistemas de las oficinas de la fiscalía instaladas en ellos; de este modo, se facilitó a estas oficinas la tarea de supervisar plenamente los centros en tiempo real.

63.El 29 de diciembre de 2011, la Fiscalía Suprema Popular, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Asuntos Civiles dictaron conjuntamente el Reglamento relativo a los casos de muerte de reclusos en los centros penitenciarios, mediante el cual se estandarizaron los procedimientos de investigación de los casos de muerte de reclusos, se aclararon las respectivas funciones de los órganos de seguridad pública y las fiscalías populares, se señalaron los espacios de cooperación entre ellas y se estableció que las fiscalías populares supervisarían la investigación y la gestión de esos casos realizadas por tales autoridades.

64.Desde 2009, el Ministerio de Seguridad Pública promueve la apertura de los centros penitenciarios al público, pide a las autoridades de estos establecimientos que tomen en cuenta las opiniones de todos los sectores, acepten, en líneas generales, la vigilancia pública, y mejoren y actualicen continuamente su labor, convocando reuniones con los parientes y los abogados de los detenidos, invitando a representantes de los medios de comunicación y recibiendo a personas de todos los ámbitos.

65.El 21 de octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública emitió un Dictamen sobre la creación y el perfeccionamiento del sistema de funcionarios encargados de vigilar la observancia de la ley en los órganos de seguridad pública de los condados, por medio del cual se asignan o se destinan, a los organismos de seguridad pública y las comisarías de policía locales de los condados, funcionarios de tiempo completo o tiempo parcial para vigilar que las operaciones de aplicación de la ley se ajusten a derecho y reforzar la supervisión y la administración oportunas del proceso de aplicación de la ley.

66.El 13 de septiembre de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública redactó el Reglamento sobre la labor de inspección y supervisión de los supervisores especiales invitados en los centros penitenciarios; por su intermedio se creó un sistema de inspecciones por parte de supervisores especiales invitados y se estableció, en particular, que, con una identificación válida, estas personas pueden efectuar inspecciones de los centros penitenciarios durante el horario de trabajo para verificar su funcionamiento y conversar con los reclusos; de este modo, se lleva a la práctica la función de supervisión pública de esos inspectores como terceros independientes y se amparan los derechos e intereses legítimos de los detenidos.

67.Actualmente trabajan en centros penitenciarios de toda China 10.316 supervisores especiales invitados, y se han abierto al público 2.418 de esos establecimientos. En enero de 2001, 69 agregados policiales de las misiones diplomáticas y consulares de 47 países, incluidos los Estados Unidos y Gran Bretaña, visitaron los centros penitenciarios N° 1 y N° 2 de Beijing, y elogiaron la gestión civilizada y respetuosa de la ley que observaron en ellos.

Artículo 12(Investigación de actos de tortura)

68.Los párrafos 113 a 114 del informe complementario y los párrafos 96 a 106 de los informes cuarto y quinto combinados siguen siendo válidos.

69.La Ley de Procedimiento Penal enmendada contiene disposiciones referentes a los procesos mediante los cuales las fiscalías populares investigan la reunión ilegal de pruebas y los tribunales populares investigan la exclusión de las pruebas reunidas ilegalmente durante las diligencias procesales. El artículo 55 dispone que la fiscalía popular debe investigar y verificar denuncias, acusaciones, avisos o sus propios descubrimientos de que los investigadores han utilizado medios ilegales para obtener pruebas. Cuando confirme que los medios empleados han sido ilegales, recomendará rectificar la situación; cuando la reunión ilegal de pruebas constituya un delito, los autores serán acusados penalmente conforme a la ley. El primer párrafo del artículo 171 establece que si, al revisar el caso, la fiscalía popular sospecha que las pruebas se han reunido en circunstancias ilegales, puede solicitar a los órganos de seguridad pública que aclaren la situación. De acuerdo con el artículo 56, si, en una audiencia, un juez considera que puede haber pruebas obtenidas por medios ilegales, se iniciará una investigación acerca de la legalidad de los medios utilizados. Las partes en el caso y sus defensores o representantes legales tienen derecho de solicitar al tribunal popular que excluya las pruebas reunidas ilegalmente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57, cuando un tribunal investigue la legalidad del proceso de reunión de pruebas, la fiscalía popular certificará tal legalidad. Cuando la evidencia disponible no permita certificar que las pruebas han sido reunidas legalmente, la fiscalía popular puede pedir al tribunal popular que cite a comparecer al investigador o a las demás personas involucradas para que expliquen la situación; también el tribunal popular puede pedir, con el mismo propósito, la comparecencia del investigador o las demás personas involucradas, quienes pueden, motu proprio, solicitar que se les permita presentarse para esclarecer la situación. Cuando el tribunal popular las cite, las personas involucradas deberán comparecer. Según lo dispone el artículo 58, cuando, en una audiencia judicial se determine que las pruebas han sido reunidas ilegalmente o no se pueda descartar esta posibilidad, las pruebas se excluirán como lo fija la ley.

70.De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Supervisión Administrativa de la República Popular China y de la Ley de la Policía Popular, las comisiones de inspección disciplinaria y los departamentos de supervisión de los órganos de seguridad pública pueden, conforme a la ley, investigar violaciones de los derechos personales de los involucrados en causas penales, como la obtención de confesiones mediante tortura, el abuso de las medidas obligatorias y otras infracciones de los reglamentos y la disciplina cometidas por la policía popular.

71.De conformidad con la Ley Orgánica de las Fiscalías Populares de la República Popular China, los departamentos de la fiscalía encargados de combatir internamente las conductas indebidas y la vulneración de los derechos son responsables de investigar y gestionar los delitos de abuso de las prerrogativas del cargo cometidos por personal de los órganos del Estado y de uso de la autoridad oficial para obtener confesiones a través de la tortura o reunir pruebas por medio de violencia, y otros delitos que violan los derechos personales y democráticos de los ciudadanos. Hay 3.400 departamentos de esa índole en los órganos de la fiscalía de todos los niveles en todo el país, cuya plantilla está compuesta por unas 16.000 personas, lo que asegura que cualquier acto de tortura pueda ser investigado con rapidez e imparcialidad.

72.Los órganos de la fiscalía aplican estrictamente la ley en su gestión de casos en los que miembros de la policía penitenciaria han castigado físicamente o maltratado de otra forma a detenidos o han abusado de su autoridad de tal manera que han infligido lesiones a los reclusos o les han provocado la muerte; respetan los procedimientos estándar de detención y trabajan para que no se violen los derechos e intereses legítimos de los detenidos. Desde 2008 hasta fines de 2011, los órganos de la fiscalía tramitaron 158 casos de maltrato de detenidos, en los que estuvieron involucradas 191 personas.

73.En 2008, los órganos de la fiscalía investigaron a Wang Wan'an, agente de la policía penitenciaria del Centro Penitenciario del condado de Xing'an, en la región autónoma de Guangxi Zhuang, y lo acusaron de instigar a algunos reclusos a maltratar a otro apellidado Li, que resultó muerto a raíz de los abusos. Pan Dinglong, director del Centro, fue acusado de intentar encubrir los hechos. En junio de 2009, el Tribunal Popular Intermedio Municipal de Nanning, en Guangxi, condenó a Wang a 15 años de cárcel, con arreglo a la Ley Penal, por el delito de homicidio intencional y condenó a Pan Dinglong a 6 años de cárcel por el delito de falso testimonio.

74.Los tribunales populares chinos enjuician con rapidez e imparcialidad los casos de delitos que vulneran los derechos de los ciudadanos y en los que interviene la tortura. En 2007, 50 personas fueron halladas culpables de arrancar confesiones mediante tortura; 27, de obtener pruebas por medios violentos, y 77, de maltratar a detenidos; en 2008, el número de personas encontradas culpables de esos delitos ascendió, respectivamente, a 63, 34 y 97; en 2009, a 60, 2 y 88, respectivamente; en 2010, a 60, 2 y 34, respectivamente; y en 2011, a 36, 1 y 26, respectivamente.

Artículo 13(Apelaciones y quejas)

75.Los párrafos 42 a 48 del tercer informe siguen siendo válidos.

76.El artículo 29 del Reglamento sobre establecimientos de detención administrativa dispone que, si un detenido presenta una denuncia o una acusación de maltrato, solicita una revisión administrativa, inicia actuaciones administrativas o pide un aplazamiento de la detención, el establecimiento enviará, dentro de las 24 horas, la documentación pertinente a las autoridades que corresponda y no podrá inspeccionarla ni confiscarla.

77.El 17 de septiembre de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública dictó el Reglamento sobre la aceptación de quejas elevadas por detenidos en los centros penitenciarios, que dispone la creación de un sistema mediante el cual los detenidos pueden reunirse con las máximas autoridades del centro, la policía popular y los funcionarios de la fiscalía asignados al lugar, y constituye un canal fluido para la presentación de quejas; los centros penitenciarios también instalarán, para comodidad de los detenidos, dispositivos para denuncias, buzones para comunicaciones con los órganos de la fiscalía y buzones para quejas. El Reglamento establece, asimismo, que los centros penitenciarios deben investigar a fondo el asunto planteado, tramitarlo e informar al respecto a quien haya elevado la queja.

78.El 23 de abril de 2009, el Tribunal Supremo Popular promulgó la enmienda del Reglamento sobre la información del trabajo de las fiscalías populares, por el que se uniformó la gestión de las pistas recibidas, se reforzó la protección jurídica de los intereses y los derechos personales y patrimoniales de las personas que proporcionan pistas y se habilitó la línea telefónica directa 12309, para comodidad del público que quisiera dar pistas sobre casos de delitos.

Artículo 14(Reparación e indemnización)

79.Los párrafos 45 y 46 del segundo informe siguen siendo válidos.

80.En su 14ª sesión, celebrada el 29 de abril de 2010, el Comité Permanente del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo aprobó la Decisión sobre la enmienda de la Ley de Indemnizaciones del Estado de la República Popular China, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2010. La Ley enmendada aclaró el alcance de las indemnizaciones del Estado, allanó la vía para los reclamos de indemnización, mejoró los procedimientos de tramitación de las indemnizaciones y añadió disposiciones sobre la indemnización por daños psicológicos.

81.Con respecto a la aclaración del alcance de las indemnizaciones del Estado, el artículo 3 de esa Ley establece que las víctimas tendrán derecho a ser indemnizadas si los órganos administrativos o sus funcionarios, en ejercicio de sus atribuciones y funciones administrativas, cometen alguno de los actos siguientes que vulneran los derechos personales de los ciudadanos: 1) detener ciudadanos infringiendo la ley o aplicando ilegalmente medidas administrativas de cumplimiento obligatorio para limitar su libertad personal; 2) detener arbitrariamente o privar ilegalmente de algún otro modo a los ciudadanos de sus libertades personales; 3) infligir o permitir, o inducir a propinar, golpizas o malos tratos que provoquen lesiones físicas o la muerte de ciudadanos; 4) utilizar ilegalmente armas o dispositivos policiales de sujeción que causen lesiones físicas o la muerte de ciudadanos; o 5) provocar lesiones físicas o la muerte de ciudadanos por otros medios ilegales. El artículo 17 de la Ley establece que las víctimas tendrán derecho a recibir indemnización si los órganos de investigación, de la fiscalía, judiciales o de administración penitenciaria, o los órganos administrativos de los centros penitenciarios o las cárceles y sus funcionarios, en ejercicio de sus atribuciones y funciones administrativas, cometen alguno de los actos siguientes que vulneran los derechos personales de los ciudadanos: 1) aplicar medidas de detención a los ciudadanos infringiendo las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal, o aplicar tales medidas conforme a las condiciones y los procedimientos enunciados en ella, pero excediendo el período de detención previsto en la Ley, cuando posteriormente se adopte la decisión de retirar los cargos o no entablar demanda o se dicte una sentencia absolutoria y se dé por terminado el proceso penal; 2) aplicar medidas de detención a los ciudadanos, cuando posteriormente se adopte la decisión de retirar los cargos o no entablar demanda o se dicte una sentencia absolutoria y se dé por terminado el proceso penal; 3) revocar una sentencia condenatoria y absolver al reo en un nuevo juicio realizado conforme a los procedimientos de supervisión judicial, cuando ya se hubiera ejecutado la pena impuesta por la condena penal original; 4) arrancar confesiones mediante tortura, propinar o permitir golpizas o malos tratos, o instigar a infligirlos, cuando estos castigos provoquen lesiones físicas o la muerte de ciudadanos; o 5) utilizar ilegalmente armas o dispositivos policiales de sujeción que causen lesiones físicas o la muerte de ciudadanos.

82.Con respecto a las medidas orientadas a allanar la vía para los reclamos de indemnización, esta Ley establece que, dentro de los dos meses de la fecha de la solicitud, el órgano responsable de otorgar la indemnización debe decidir si va a pagarla. En el caso de las indemnizaciones administrativas, si el órgano responsable no toma una decisión en el plazo prescrito, si el reclamante objeta el método, los detalles o el monto de la indemnización o si el órgano responsable decide no pagar indemnización, el reclamante puede iniciar acciones legales ante un tribunal popular. En el caso de las indemnizaciones penales, si el órgano responsable de otorgar la indemnización no toma una decisión en el plazo prescrito, si el reclamante objeta el método, los detalles o el monto de la indemnización o si el órgano responsable decide no pagar indemnización, el reclamante puede solicitar la reconsideración del caso a un órgano del nivel inmediatamente superior al del órgano responsable de pagar la indemnización. Si el reclamante se niega a aceptar la decisión relativa a la reconsideración o si se hubiera vencido el plazo para la adopción de esa decisión, el reclamante puede solicitar al comité de indemnizaciones de un tribunal popular que decida acerca de la indemnización. Si el reclamante o el órgano responsable opinan que la decisión del comité de indemnizaciones está equivocada, pueden apelarla ante el comité de indemnizaciones del tribunal popular del nivel inmediatamente superior al del tribunal popular de la instancia anterior.

83.En cuanto a las medidas orientadas a mejorar los procedimientos de tramitación de las indemnizaciones, la Ley establece que, al tomar la decisión referente al pago, el órgano responsable de otorgar la indemnización tendrá plenamente en cuenta las opiniones del reclamante, a quien podrá consultar acerca del método, los detalles y el monto de la indemnización. Cuando el comité de indemnizaciones de un tribunal popular tramite un reclamo de indemnización, el reclamante y el órgano responsable mencionado presentarán pruebas que corroboren sus respectivos argumentos. Si un detenido muere o queda discapacitado durante su detención, el órgano responsable presentará pruebas que indiquen si existe una relación de causa y efecto entre su actuación y la muerte o la discapacidad del detenido. El comité de indemnizaciones utilizará como método el examen por escrito. Cuando sea necesario, para investigar las circunstancias del caso y reunir pruebas podrá dirigirse a los órganos o las personas pertinentes. Si el reclamante y el órgano responsable cuestionan la relación causal o los hechos que rodearon a la lesión, el comité de indemnizaciones podrá escuchar las declaraciones y los argumentos del uno y el otro, y también interrogarlos.

84.En cuanto a mejorar las normas vinculadas a la indemnización por violar los derechos de los ciudadanos a la vida y la salud, el artículo 34 de la Ley establece que la cuantía de la indemnización por delitos que constituyan una violación de esa índole se fijará conforme a las siguientes disposiciones: a) en el caso de lesiones físicas, se pagarán los gastos médicos y una compensación por los ingresos no percibidos durante los días de trabajo perdidos; b) en el caso de pérdida parcial o total de la capacidad de trabajar, se pagarán los gastos que se hayan incrementado debido a la discapacidad, los costos de los tratamientos médicos y la atención de enfermería permanentes, una prestación por discapacidad, los gastos de rehabilitación y una indemnización por discapacidad. En caso de pérdida total de la capacidad laboral, se pagará una prestación de subsistencia a las personas que solía mantener el discapacitado y no estén en condiciones de trabajar; c) en caso de muerte, se pagará una indemnización por fallecimiento y gastos de sepelio, y se pagarán los gastos de subsistencia a las personas que solía mantener el fallecido y no estén en condiciones de trabajar. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley, en caso de enfermedad mental, según la magnitud de los efectos provocados por la violación de los derechos, se eliminarán los perjuicios ocasionados a la víctima, se limpiará su reputación y se le presentará una disculpa formal; si las consecuencias son graves, se pagará una indemnización acorde con la gravedad de los daños ocasionados.

85.Para estandarizar los procedimientos judiciales en los casos de indemnizaciones del Estado, el Tribunal Supremo Popular promulgó la Interpretación sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la Ley de Indemnizaciones del Estado de la República Popular China (I) en febrero de 2011, que se refiere a temas como la aplicación de esta Ley antes y después de su enmienda. En marzo de 2011, el mismo Tribunal promulgó las Disposiciones sobre los procedimientos judiciales para los casos de indemnización estatal tramitados por los comités de indemnizaciones de los tribunales populares. En enero de 2012, el Tribunal Supremo Popular promulgó las Disposiciones sobre la aceptación de casos de indemnizaciones del Estado, que se refieren a las condiciones y los procedimientos establecidos para presentar estos casos ante los tribunales populares conforme a la ley. Por otra parte, todos los años el Tribunal Supremo Popular ajusta y determina los parámetros para calcular las indemnizaciones del Estado por delitos que vulneran el derecho de los ciudadanos a la libertad personal, a partir de estadísticas suministradas por la Oficina Nacional de Estadística y otros departamentos gubernamentales. Por ejemplo, en el Aviso del Tribunal Supremo Popular sobre la base de cálculo utilizada en las decisiones, dictadas en 2012, en relación con las indemnizaciones del Estado por la violación de la libertad personal de los ciudadanos, se determinó claramente una indemnización de 162,65 yuan por cada día en que un ciudadano hubiera sufrido el menoscabo de su libertad personal.

86.En septiembre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública emitió un Aviso sobre cuestiones pertinentes a la aplicación de la Ley de Indemnizaciones del Estado, en el que exige a los órganos de seguridad pública de todos los niveles que gestionen los casos en estricto cumplimiento de la ley; prohíbe expresamente obtener confesiones bajo tortura y propinar o permitir golpizas o malos tratos, o instigar a terceros a infligirlos, a personas que estuvieran recluidas o cuyas libertades personales estuvieran limitadas; y exige gestionar a conciencia los casos de indemnizaciones del Estado.

87.La Ley de Instituciones Penitenciarias prohíbe estrictamente someter a tortura a un condenado, cualquiera sea la razón que se invoque. En ordenanzas departamentales tales como las Medidas referentes a las indemnizaciones administrativas y las indemnizaciones administrativas concedidas por los órganos judiciales, promulgadas por el Ministerio de Justicia, se dispone claramente que si, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones oficiales, la policía de las prisiones populares vulnera los derechos legítimos de los condenados, estará obligada a pagar indemnización con arreglo a la legislación nacional pertinente.

Artículo 15(Inadmisibilidad de las confesiones obtenidas bajo tortura)

88.Los párrafos 121 a 122 del informe complementario siguen siendo válidos.

89.La Ley de Procedimiento Penal enmendada enuncia el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo e instaura un sistema concebido para excluir las pruebas obtenidas ilegalmente. Según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley, se excluirán las confesiones de un sospechoso o un acusado obtenidas a través de tortura y extorsión u otros medios ilegales, y los testimonios de los testigos y las declaraciones de las víctimas obtenidos mediante el uso de violencia, amenazas u otros medios ilegales. Cuando, en el transcurso de una investigación, una revisión realizada por la fiscalía o un juicio se descubran pruebas que se deben excluir, estas se excluirán como lo disponga la ley y no se usarán para fundamentar recomendaciones relativas al proceso, las decisiones de la fiscalía o el fallo.

90.Como se establece en la Ley de Procedimiento Penal, son pruebas los elementos que se pueden utilizar para demostrar los hechos de un caso, como las pruebas materiales; el testimonio de testigos; las declaraciones de las víctimas; las declaraciones y justificaciones del presunto delincuente o el acusado; los dictámenes de los peritos forenses; la documentación de observaciones, inspecciones, identificaciones, experimentos que contribuyan a la investigación y otras diligencias; materiales audiovisuales y datos electrónicos. Los jueces, los fiscales y los investigadores deben, conforme a los procedimientos que fija la ley, reunir todo tipo de pruebas que demuestren la culpabilidad o la inocencia del sospechoso o el acusado, o resulten atenuantes o agravantes. Además, las pruebas que se utilicen como base para decidir una causa se deben verificar.

91.Las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas al examen y la evaluación de las pruebas en las causas que comporten la pena capital establecen que el examen de la declaración de los testigos apuntará a determinar si se recurrió a la violencia, las amenazas, la instigación, el engaño o algún otro medio ilegal para reunir las pruebas (art. 11); que el examen del material audiovisual estará dirigido principalmente a determinar si las partes en cuestión fueron objeto, en algún momento, de amenazas, instigación u otros actos que infringieran las leyes y los reglamentos pertinentes (art. 27); que ningún testimonio obtenido a través de violencia, amenazas o cualquier otro medio ilegal se podrá usar como base para decidir una causa (art. 12); y que un acusado podrá ser condenado a partir de pruebas físicas o documentales ocultas obtenidas por confesión o identificación del acusado si tales pruebas corroboran otras que demuestran cómo sucedieron los hechos de la causa y se ha descartado la posibilidad de que la confesión fuera resultado de una colusión o se hubiera obtenido por medio de extorsión o de instigación (art. 34). Las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la exclusión de las pruebas ilegales en las causas penales establecen que las confesiones de un presunto delincuente o un acusado arrancadas bajo tortura u otros medios ilegales, así como los testimonios de los testigos y las declaraciones de las víctimas obtenidos a través de violencia, amenazas u otros medios ilegales, constituyen pruebas orales ilegales (art. 1); y que las pruebas orales cuya ilegalidad se ha confirmado quedarán excluidas y no podrán usarse como fundamento para decidir una causa (art. 2).

92.El 16 de julio de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública dictó el Aviso sobre la necesidad de estudiar y aplicar a conciencia las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas al examen y la evaluación de las pruebas en las causas que comporten la pena capital y las Disposiciones sobre diversas cuestiones relativas a la exclusión de las pruebas ilegales en las causas penales; en este documento se exigía, a los órganos de seguridad pública de todos los niveles, que estandarizaran la reunión de pruebas, que reunieran y verificaran las pruebas en estricto cumplimiento de los procedimientos y los requisitos de las leyes y los reglamentos, y que evitaran problemas tales como la conculcación de los derechos e intereses legítimos de las partes al no reunir las pruebas de acuerdo con métodos normalizados; también se les exigía que establecieran el concepto de que la reunión de pruebas debe ser exhaustiva y objetiva, para combatir con decisión la tendencia errónea a sobredimensionar las confesiones orales a expensas de otras pruebas y evitar que se haga hincapié en reunir solo pruebas de la culpabilidad de un presunto delincuente y del grado de esa culpabilidad.

93.El 8 de mayo de 1999, durante la excavación de un pozo en la aldea de Zhaolou, provincia de Henan, se descubrió un cadáver en avanzado estado de descomposición, y las autoridades de seguridad pública detuvieron como sospechoso de un delito penal a Zhao Zuohai (de sexo masculino, nacido en 1952 en la aldea de Zhaolou, distrito de Laowangji, condado de Zhecheng, ciudad de Shangqiu, provincia de Henan). Entre el 10 de mayo y el 18 de junio de 1999, Zhao confesó nueve veces su culpabilidad, pero las confesiones le habían sido arrancadas bajo tortura. El 22 de octubre de 2002, la Fiscalía Municipal de Shangqiu, provincia de Henan, acusó de homicidio intencional a Zhao Zuohai ante el Tribunal Popular Intermedio Municipal de Shangqiu. El 5 de diciembre de 2002, este Tribunal dictó su veredicto en primera instancia, condenó por homicidio intencional a Zhao Zuohai a la pena capital, en suspenso por dos años, y lo despojó de sus derechos políticos de por vida; el veredicto fue confirmado por el Tribunal Popular Superior Provincial de Henan el 13 de febrero de 2003. Sin embargo, el 30 de abril de 2010 la presunta “víctima de homicidio” de Zhao Zuohai, Zhao Zhenxiang, regresó repentinamente a la aldea de Zhaolou. El 5 de mayo de 2010, ese Tribunal Superior inició un nuevo juicio, anuló el veredicto original de culpabilidad y declaró inocente a Zhao Zuohai el 8 de mayo. El 13 de mayo de 2010, se otorgó a Zhao Zuohai una indemnización del Estado por valor de 500.000 yuan y un subsidio de 150.000 yuan por las penurias sufridas. El 27 de mayo de 2011, la Fiscalía Popular del Distrito de Longting, ciudad de Kaifeng, provincia de Henan, acusó a seis miembros del personal de seguridad pública de organizar y ejecutar los actos de tortura mediante los cuales se obtuvieron las confesiones en la causa de Zhao Zuohai. El 26 de junio de 2011, el Tribunal Popular del Distrito de Longting, ciudad de Kaifeng, provincia de Henan, declaró a los seis acusados culpables del delito de arrancar confesiones bajo tortura e impuso a cada uno de ellos la pena que le correspondía.

Artículo 16(Trato inhumano)

94.Los párrafos 57 a 61 del segundo informe y los párrafos 54 y 57 del tercer informe siguen siendo válidos.

95.El artículo 116 de la Ley de Sanciones por Alteración de la Seguridad Pública establece que los miembros de la policía popular recibirán las sanciones administrativas que fije la ley si, durante la gestión de los casos, actúan de la siguiente manera: obtienen confesiones mediante tortura; infligen castigos físicos, malos tratos o humillaciones a terceros; y exceden los períodos de limitación de la libertad permitidos para llevar a cabo interrogatorios o reunir pruebas. Cuando los actos mencionados constituyan delitos, los autores serán acusados penalmente conforme a la ley. Los oficiales superiores y otras personas directamente responsables por esos actos en los órganos de seguridad que gestionan los casos podrán ser castigados con las sanciones administrativas correspondientes.

96.Según lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento sobre Establecimientos de Detención Administrativa, estos centros garantizarán la seguridad personal y los derechos e intereses legítimos de los detenidos, y no podrán humillarlos, castigarlos físicamente o maltratarlos de otra forma ni permitir que otros lo hagan, así como tampoco instigar a terceros a hacerlo.

97.El 14 de febrero de 2008, el Ministerio de Seguridad Pública dictó las Medidas relativas al trato hacia los reclusos que cumplen condena en los centros penitenciarios; en ellas se establece que no se puede afrentar la dignidad humana de los condenados ni vulnerar su seguridad personal o sus posesiones legítimas; los condenados gozan de los derechos de defensa, apelación, querella, denuncia y cualquier otro no suspendido ni limitado por la ley (art. 5); los centros penitenciarios garantizarán los derechos e intereses legítimos de los condenados, a quienes proporcionarán las condiciones necesarias para que puedan ejercerlos (art. 6).

98.El 25 de diciembre de 2009, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud dictaron el Aviso sobre Medidas eficaces para mejorar y modernizar la atención médica y el saneamiento en los establecimientos de detención del sistema de seguridad pública, por el que exigían a los órganos de seguridad pública y los departamentos de salud de todos los niveles que promovieran activamente la construcción de unidades de atención médica en esos establecimientos. El 29 de junio de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Salud publicaron las Normas básicas para la instalación de unidades de atención médica en los centros penitenciarios, que habían redactado en forma conjunta. En ellas aclararon las normas que deben cumplir tanto esas instalaciones como la designación de su personal médico y la provisión de suministros y equipos médicos. Los centros penitenciarios y los hospitales locales han creado mecanismos de cooperación y han establecido "sendas verdes" para el tratamiento de emergencia de pacientes gravemente enfermos. Al adscribir personal médico a los propios centros penitenciarios se ha logrado elevar la calidad de la atención sanitaria que se presta en ellos.

99.El 13 de septiembre de 2011, el Ministerio de Seguridad Pública redactó las Disposiciones relativas a la información sobre derechos y obligaciones que los centros penitenciarios deben suministrar a los reclusos; en ellas se indica que estos establecimientos deben informar a los detenidos de los derechos de que gozan conforme a la ley durante su detención, así como de las vías de recurso de que disponen si ven vulnerados sus derechos, y también deben publicar esta información en carteles que se exhibirán en los muros del centro penitenciario; los detenidos tienen, entre otros, el derecho de que se les practique un examen médico para verificar su salud física al ingresar al establecimiento y de recibir prontamente atención médica cuando se enferman; disfrutan, asimismo, del derecho a cantidades suficientes de agua potable y de alimentos de calidad nutricional acorde con las normas pertinentes, y a no menos de ocho horas diarias de sueño por día y no menos de una hora diaria de actividad al aire libre por la mañana y otra por la tarde; se respetará la dignidad humana de los reclusos, quienes no deben sufrir intimidación, humillaciones, golpizas, castigos físicos u otros malos tratos a manos del personal del centro penitenciario o de otros detenidos. Los detenidos pueden denunciar la violación de sus derechos e intereses legítimos a la policía popular del centro penitenciario directamente o mediante el canal de alerta; también pueden pedir una reunión con el director del establecimiento, transmitir sus impresiones directamente al funcionario de la fiscalía adscrito al centro o reunirse con él previa cita concertada a través de la policía popular del centro penitenciario, intercambiar correspondencia con las autoridades judiciales, expresar sus opiniones a las autoridades gubernamentales pertinentes por intermedio de sus abogados o parientes, y manifestar su parecer a los supervisores especialmente invitados al establecimiento.

100.El artículo 54 de la Ley de Instituciones Penitenciarias establece que las cárceles deben contar con unidades médicas, sectores de alojamiento e instalaciones sanitarias; la atención médica y sanitaria de los reclusos estará incluida en el programa de salud pública y prevención epidemiológica de la zona en que esté situada la cárcel. En las Medidas administrativas relacionadas con las condiciones de vida y saneamiento de los internos de las instituciones penitenciarias, redactadas en 2010, se enuncian las normas de saneamiento, atención de salud y asistencia médica de los reclusos. En primer lugar, con respecto a las funciones institucionales, las oficinas de administración penitenciaria y todas las cárceles de cada provincia, región autónoma y municipio crearán órganos administrativos que se ocupen de las condiciones de vida y de salud, para brindar orientación y prestar servicios de prevención de enfermedades y asistencia médica a los reclusos, establecer sistemas y disposiciones, y organizar e impartir capacitación eficaz para el personal de los sectores pertinentes. Las cárceles han instalado unidades médicas y las han dotado de personal médico calificado. En segundo término, con relación a la gestión de la vida de los reclusos, las instituciones penitenciarias suministran servicios de comidas acordes con estándares de cantidad y agua potable que se ajusta a las normas nacionales de calidad; en cuanto a los alimentos, se están instalando sistemas de compra, recepción y prueba para mejorar la gestión de su adquisición, almacenamiento, producción y distribución, y evitar que se produzcan brotes de enfermedades contagiosas o intoxicaciones alimentarias; la ropa de cama y de uso personal también se distribuye entre los internos según estándares de cantidad. En tercer lugar, con respecto al saneamiento, la prevención de enfermedades y la atención médica, las cárceles disponen lo necesario para el baño y los cortes de cabello periódicos de los reclusos, el lavado y el secado de sus prendas de vestir, y la higiene de los utensilios de mesa; los sectores de alojamiento y de trabajo de los internos se barren, limpian y desinfectan periódicamente para mantener la limpieza, en especial de las celdas. Se realizan regularmente campañas de difusión y sensibilización sobre la prevención de enfermedades para despertar en los reclusos conciencia acerca de la importancia de la prevención. Se está implementando un sistema de visitas de inspección rotativas, dirigidas específicamente a practicar a los internos exámenes de salud y proporcionarles tratamientos y servicios médicos básicos. Se presta puntualmente atención médica a los reclusos cuando se enferman, y se aísla y trata de inmediato a los que sufren enfermedades contagiosas. Los internos que padecen VIH/SIDA, tuberculosis y otras enfermedades contagiosas graves están incluidos en el programa nacional de servicios médicos gratuitos; a los que recién ingresan se los somete a exámenes de la salud física, y a todos se les efectúan controles físicos periódicos. También se abren y se actualizan las historias clínicas de los internos, y se mantiene un cuidadoso registro de sus exámenes físicos.

2.Información complementaria relacionada con las observaciones finales y las recomendaciones del Comité respecto de su examen de los informes cuarto y quinto de China

En relación con los párrafos 11 y 16 de las observaciones finales

101.Con la Ley de Procedimiento Penal enmendada se han mejorado los procedimientos vinculados a las medidas obligatorias y de investigación. Además del material antes citado en relación con estos temas, el artículo 116 de la Ley enmendada establece que, cuando los investigadores interrogan a un presunto delincuente que ha sido entregado a un centro penitenciario, el interrogatorio tendrá lugar en este establecimiento. Según lo dispuesto en el artículo 121, cuando los investigadores interrogan a un presunto delincuente, pueden grabar el sonido o las imágenes del procedimiento; cuando se trata de delitos punibles con cadena perpetua o pena capital, o de otros delitos graves, es obligatorio grabar el audio o el vídeo del proceso completo del interrogatorio y proteger su integridad.

102.Las disposiciones de Ley de Procedimiento Penal enmendada han mejorado los procedimientos de designación de defensores para los presuntos delincuentes y los acusados. En el artículo 33 se establece que un sospechoso tiene derecho a nombrar un defensor desde la fecha en que el órgano de investigación lo interroga por primera vez o en que es objeto de una medida obligatoria; durante el período de investigación, solo un abogado puede ser designado defensor. Un acusado tiene el derecho de nombrar un defensor en cualquier momento. Si un presunto delincuente o un acusado solicitan un defensor mientras están detenidos, el tribunal popular, la fiscalía popular o el órgano de seguridad pública transmitirán sin demora la solicitud. Cuando un presunto delincuente o un acusado estén detenidos, también pueden designar un defensor en nombre de estos el carcelero o un pariente cercano.

103.En el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Penal se aclaran los procedimientos que deben seguir los abogados defensores para reunirse con los presuntos delincuentes o los acusados detenidos; según lo dispuesto, cuando un abogado defensor presente un comprobante de su matrícula profesional, un certificado de un bufete y una carta de nombramiento o una carta oficial que lo acredite como asesor jurídico, y pida reunirse con un presunto delincuente o un acusado detenidos, el centro penitenciario organizará la reunión con prontitud o, a lo sumo, dentro de las 48 horas. Un abogado defensor que desee reunirse, durante la etapa de investigación, con un sospechoso detenido en una causa que involucre delitos de terrorismo o delitos que pongan en peligro la seguridad del Estado o impliquen sobornos especialmente graves, tendrá que pedir la venia del órgano de investigación. Al reunirse con el detenido, el abogado defensor puede, por ejemplo, recabar información sobre los pormenores del caso y ofrecer asesoramiento jurídico; puede verificar las pruebas pertinentes en nombre del sospechoso o el acusado desde la fecha en que la causa hubiera sido remitida para su revisión y el inicio de la acción penal. Las reuniones entre el abogado defensor y el sospechoso o acusado no serán objeto de vigilancia.

En relación con los párrafos 18 y 19 de las observaciones finales

104.El artículo 42 de la Ley de Procedimiento Penal enmendada establece que, cuando se sospecha que un defensor ha cometido un delito, el caso será tramitado por un órgano de investigación distinto de aquel que tramita el caso del cual el defensor es responsable. Cuando el defensor sea un abogado, el hecho se notificará de inmediato al bufete para el cual el profesional trabaja o al colegio de abogados al que pertenece. El artículo 47 de la Ley enmendada establece que un defensor o agente ad litem tendrá derecho a presentar una demanda o elevar una queja ante la fiscalía popular en la misma instancia, o en la instancia inmediatamente superior, si dicho defensor o defensora considera que un órgano público, fiscalía popular o tribunal popular, o cualquiera de los miembros de su personal, ha menoscabado su ejercicio legítimo del derecho a recurrir ante los tribunales. La mencionada fiscalía examinará la demanda o la queja oportunamente e instruirá a las autoridades pertinentes para que adopten medidas si se establece que la demanda o la queja estaban fundamentadas.

En relación con el párrafo 20 de las observaciones finales

105.El artículo 55 de la Ley de Procedimiento Penal enmendada establece que, cuando reciba denuncias, acusaciones o avisos de que los investigadores han reunido pruebas ilegalmente o descubra este hecho por sí misma, la fiscalía popular investigará y verificará la situación. Cuando confirme que los medios empleados para reunir las pruebas han sido ilegales, recomendará rectificar la situación; cuando la reunión ilegal de pruebas constituya un delito, los autores serán acusados penalmente conforme a la ley.

En relación con el párrafo 23 de las observaciones finales

106.Genden Choekyi Nyima es un ciudadano chino común que lleva una vida normal desde hace años y ha recibido una buena educación. Actualmente goza de buena salud y sus parientes viven con normalidad en el Tíbet. China es un Estado de derecho, cuyas leyes nacionales protegen los derechos legítimos de sus ciudadanos. Las denuncias de la desaparición de Choekyi Nyima son infundadas.

En relación con el párrafo 24 de las observaciones finales

107.Según las estadísticas, a fines de 2011 había más de 136.000 miembros de la policía popular pertenecientes a minorías étnicas que trabajaban en órganos de seguridad pública de todos los niveles a lo largo del país; en los tribunales locales de toda China se desempeñan unos 33.000 funcionarios y policías de grupos étnicos minoritarios, cifra que representa más del 10% del total del personal.

En relación con los párrafos 27 y 28 de las observaciones finales

108.La información referente a la prohibición de la violencia contra la mujer figura en los informes séptimo y octavo combinados relativos a la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que China presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en enero de 2012.

En relación con el párrafo 34 de las observaciones finales

109.El Gobierno chino controla rigurosamente y aplica con prudencia la pena capital; el examen y la evaluación de las pruebas en las causas que comportan esa pena se realizan conforme a las normas más estrictas. La Enmienda (VIII) de la Ley Penal de la República Popular China, aprobada en la 19ª sesión del Comité Permanente del Undécimo Congreso Nacional del Pueblo el 25 de febrero de 2011, abolió la pena de muerte para 13 delitos que la conllevaban. En el artículo 50 se establece que, si un condenado a muerte con dos años de suspensión de la ejecución de la pena no comete intencionalmente un delito durante esos dos años, al cabo de este período la pena se conmutará por cadena perpetua; si su comportamiento es digno de mérito, la pena se conmutará por una condena a 25 años de cárcel al vencimiento del período de dos años; o, si se comprueba que el condenado ha cometido un delito intencional, se ejecutará la pena de muerte con la aprobación del Tribunal Supremo Popular. En el artículo 29 del documento titulado Algunos dictámenes sobre la aplicación de una política penal moderada por la misericordia, publicado por el Tribunal Supremo Popular en febrero de 2010, se señala la necesidad de comprender correctamente y ejecutar con rigurosidad la política de conservar la pena capital, y, al mismo tiempo, controlar estrictamente e imponer con prudencia esta pena. La aplicación de la pena de muerte se debe someter al control estricto que fija la ley; es preciso uniformar los criterios que orientan los fallos en los casos de pena capital, castigo que se impone solo a una ínfima minoría de delincuentes que han cometido los delitos más graves. Las pruebas que se utilicen para dictar fallos condenatorios o para imponer la pena de muerte en las causas donde efectivamente se la solicite deben ser confiables y suficientes, y no deben prestarse a múltiples interpretaciones. Incluso en los delitos más graves, si es posible demorarla con arreglo a la ley, la pena capital no se aplicará de inmediato.

110.En los casos de pena capital, los tribunales populares mantienen un sistema de audiencias públicas de los recursos de apelación y protegen todos los derechos procesales de los condenados a muerte. El artículo 223 de la Ley de Procedimiento Penal enmendada señala que el tribunal popular de segunda instancia formará un panel judicial para celebrar una audiencia de apelación cuando el acusado haya sido condenado a muerte; el artículo 240 establece que, cuando el Tribunal Supremo Popular revise un caso de pena capital, examinará al acusado; si el abogado defensor así lo solicita, el tribunal escuchará la opinión de este profesional. Durante la revisión de los casos de pena de muerte, la Fiscalía Suprema Popular puede dar su opinión al Tribunal Supremo Popular, que notificará a esa Fiscalía del resultado de la revisión.

111.En septiembre de 2006, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular dictaron conjuntamente las Disposiciones sobre algunas cuestiones relativas a los procedimientos de apelación en segunda instancia contra las condenas a la pena capital; en ese documento se aclara que todas las apelaciones interpuestas por los acusados o las contraapelaciones presentadas por las fiscalías populares en los casos de pena de muerte se deben ventilar en audiencia pública, y se consignan disposiciones detalladas sobre la designación de defensores para los acusados y las notificaciones dirigidas a testigos, peritos y víctimas para que comparezcan ante el tribunal.

112.La enmienda (VIII) de la Ley Penal añade disposiciones según las cuales quien organice a terceros para vender órganos humanos será condenado a prisión por el término máximo de cinco años y al pago de una multa; si las circunstancias son serias, la pena consistirá en cinco años de cárcel, como mínimo, y el pago de una multa, o en la confiscación de sus bienes. Quien extraiga órganos de otra persona sin el consentimiento de esta, extraiga algún órgano de una persona menor de 18 años de edad u obligue o engañe a otra para que done alguno de sus órganos será condenado y castigado conforme a las disposiciones de esa Ley por infligir intencionalmente lesiones físicas o cometer homicidio intencional. Quien extraiga algún órgano de una persona fallecida cuando tal ablación fuera contraria a la voluntad manifestada en vida por el difunto o a la voluntad de los parientes cercanos será castigado con las sanciones que esa Ley impone en los casos de robo o profanación de cadáveres. En cuanto a la ablación involuntaria o por error de órganos de delincuentes ejecutados, cuando tal acto constituya un delito, los autores serán acusados penalmente conforme a las Disposiciones mencionadas.

En relación con el párrafo 35 de las observaciones finales

113.La Ley de Procedimiento Penal enmendada incluye disposiciones referentes a los procedimientos médicos obligatorios para enfermos mentales exentos de responsabilidad penal según la ley, según las cuales, si un enfermo mental ejecuta actos violentos que ponen en peligro la seguridad pública o ponen en peligro grave la seguridad personal de los ciudadanos, y, habiendo sido declarado exento de responsabilidad penal mediante los procedimientos legales pertinentes, representa un riesgo para el público, puede ser sometido a tratamiento médico obligatorio. La fiscalía popular es la encargada de presentar el pedido de tratamiento al tribunal popular, que decide al respecto. Cuando un tribunal popular examine un caso de tratamiento médico obligatorio, notificará al representante legal de la persona objeto del pedido o del acusado para que comparezca ante el tribunal. Si la persona objeto del pedido o el acusado no han designado representante, el tribunal popular solicitará al organismo de asistencia letrada que nombre un abogado para que preste asistencia. Cuando la persona sometida a tratamiento médico obligatorio, la víctima, el representante legal de la víctima o los parientes cercanos de la víctima no están conformes con la decisión relativa al tratamiento, pueden solicitar su reconsideración ante el tribunal popular de nivel inmediato superior. La institución que preste el tratamiento evaluará periódicamente la condición del paciente. Cuando no medien riesgos para la seguridad personal y el tratamiento ya no sea necesario, la institución recomendará de inmediato el alta del paciente y solicitará la aprobación del alta al tribunal popular que hubiera indicado el tratamiento. La persona que reciba un tratamiento médico obligatorio y sus parientes cercanos tienen el derecho de pedir su interrupción. La fiscalía popular supervisará la decisión acerca del tratamiento médico obligatorio y su aplicación.