24° período de sesiones
Acta resumida de la 489ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 17 de enero de 2001, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad conel artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Burundi (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.15 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Burundi (continuación) (CEDAW/C/BDI /1)
Por invitación de la Presidenta, la delegación de Burundi vuelve a ocupar sus lugares en la mesa del Comité.
Artículo 10
La Sra. Shin dice que la educación es un elemento crítico para la plena participación de la mujer en la sociedad, aún cuando por sí misma no garantice la igualdad de género. Eso no significa solamente mejorar la tasa de alfabetización, es importante reducir el desnivel entre muchachas y muchachos, sino también los conocimientos sobre la legislación, por lo cual la oradora entiende una conciencia de los derechos de las muchachas y de las mujeres, y unos “conocimientos sociales básicos” mediante los cuales se enseñan a los niños los roles de género, los estereotipos y las actitudes sexuales respecto de su propio sexo y del opuesto. Corresponde a las escuelas desempeñar una importante función a ese respecto.
La oradora señala que en el informe no se ha mencionado la educación de adultos, empero esa capacitación es de importancia crítica para combatir el analfabetismo de las mujeres, así como para prever su educación más amplia. Se pregunta si en Burundi existe algún programa de educación de adultos. También tienen considerable importancia cursos más avanzados para maestros, habida cuenta de que los maestros a menudo resultan ser quienes imponen los estereotipos sexuales con mayor rigidez. En consecuencia, la oradora pregunta si se da a los maestros algún tipo de capacitación en igualdad de género, educación sexual u otra formación adicional que pudiera permitirles cambiar las actitudes de sus alumnos. Resultarían igualmente provechosos los programas destinados a los padres, a raíz de que a menudo los papeles tradicionales de género se conservan en el seno de la familia. Podría resultar útil que el Gobierno designara a algunas escuelas que introdujeran programas y planes de estudio modelo para ayudar a los maestros y a los padres a luchar contra el predominio de actitudes tradicionales.
La Sra. Goonesekere encomia la gama desusadamente alta de derechos a la educación para las muchachas con arreglo a la Constitución de Burundi y el reconocimiento de los derechos incorporados en los dos Pactos Internacionales. Es igualmente grato enterarse de que no existe discriminación contra las muchachas en el sistema de educación. Las elevadas tasas de deserción escolar y de embarazos de adolescentes, que a menudo están vinculadas puesto que las muchachas embarazadas hacen frente a la expulsión de sus escuelas, son, sin embargo, temas de honda inquietud y la oradora se pregunta si se pueden tomar medidas prácticas para invertir la tendencia. Sugiere que entre los elementos de influencia podrían incluirse una estricta legislación sobre el aborto, la posibilidad del matrimonio a temprana edad y las exigencias de las labores domésticas. Además, no existen incentivos especiales para que los padres eduquen a las niñas: en países como el suyo, Malasia, las niñas abandonan sus estudios con menos frecuencia que los muchachos como consecuencia de la provisión de educación terciaria. Por consiguiente, la oradora pregunta si en el plan nacional del país se ha incluido alguna disposición respecto de la formación terciaria en lo futuro. Por último, señala que los problemas de Burundi en materia de educación se exacerban por las elevadas tasas de fecundidad, en tanto que otros países disfrutan de mejores servicios de anticoncepción y aborto.
La Sra. Taya está de acuerdo en que es importante reducir la tasa de deserción escolar. Señala que a los embarazos de adolescentes les corresponde más de la mitad de las expulsiones de mujeres, y que, aún si no quedaran totalmente excluidas de la educación, las muchachas embarazadas tienen que asistir a una escuela distinta. Comprende que la tasa de deserción escolar ha disminuido gracias a los esfuerzos realizados por el Gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y otras instituciones por intensificar la conciencia pública al respecto. Solicita mayores detalles.
Artículo 11
La Sra. Corti expresa su preocupación por la afirmación que figura en el capítulo 9 de la segunda parte del informe en el sentido de que el derecho al empleo y a la seguridad social es un “objetivo idealista, ya que ningún Estado puede garantizar pleno empleo para sus ciudadanos”. Por el contrario, el derecho al trabajo es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Sin embargo, en una época de mundialización y ajuste estructural la resultante pérdida de puestos de trabajo tiene una repercusión negativa para las mujeres de todas partes. En consecuencia, la información que ha proporcionado la delegación es insuficiente, pese al loable esfuerzo de proporcionar algunas estadísticas. En cualquier evaluación, es de importancia crítica saber el porcentaje de mujeres que integran la mano de obra y en qué sectores trabajan, aparte de la agricultura que se ha mencionado; si existe un salario mínimo garantizado y qué derechos jubilatorios existen; y cuáles son las tasas de empleo y desempleo correspondientes a las mujeres en Burundi.
Con todo lo admirable que es el principio de igualdad enunciado en el artículo 35 de la Ley Constitucional de Transición, su fuerza se debilita considerablemente por una declaración más adelante en el sentido de que “los criterios subjetivos a veces entran en juego, en perjuicio de la mujer”. En ningún país reciben las mujeres igual remuneración por trabajo igual, aunque la Ley Constitucional de Burundi les concede el derecho a igualdad de pago. Preocupa a la oradora igualmente el hecho de que el Código del Trabajono concede a las trabajadoras prestaciones familiares respecto de sus hijos y de que los salarios de esas mujeres están sujetos a pago de impuestos sin hacer referencia al número de hijos que sostienen. La oradora solicita mayores detalles.
Por último, no le parece sorprendente que las mujeres no participen en forma suficiente en funciones representativasde órganos que luchan por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo: no es la práctica tradicional que las mujeres lo hagan. Sin embargo, en ese contexto, la oradora pregunta si existen sindicatos, si se definen los salarios mediante la negociación colectiva u otro método, si existen discrepancias entre los salarios en los sectores público y privado y si este último respeta la legislación sobre salarios.
La Sra. Shin dice que hay necesidad de corregir varias omisiones en el informe. En primer lugar, se debe proporcionar estadísticas generales sobre el número de mujeres empleadas y los sectores en que trabajan, inclusive la agricultura. En una economía altamente agrícola es un error no incluir en las estadísticas económicas a las mujeres que trabajan en la agricultura. En segundo lugar, la oradora duda de que las mujeres que trabajan en sectores no agrícolas no experimenten discriminación en las oportunidades de empleo o la selección de ocupación. Por consiguiente, desea saber si existe algún mecanismo que permita a las mujeres denunciar la discriminación o el acoso sexual. En caso de que no existiera, no es seguro afirmar que no haya discriminación. En tercer lugar, los servicios sociales y una red de apoyo son de importancia crítica, en particular en los países con elevadas tasas de fecundidad y escasa participación de los hombres en las labores domésticas. Por consiguiente, hay una obligación del Estado de prestar servicios sociales y promover la idea de la responsabilidad compartida. Por último, la oradora pregunta si las mujeres que tienen puestos de trabajo en zonas urbanas, sean casadas o solteras, tienen control de sus ingresos en Burundi. En las sociedades patriarcales fuertes, a menudo las mujeres tienen que entregar sus salarios a su padre o a otro pariente masculino. Es importante que se reconozca a la mujer la facultad de disponer de sus propios ingresos.
Artículo 12
La Sra. Livingstone Raday encomia el informe y los esfuerzos de Burundi por introducir legislación destinada a promover mayor igualdad, salud y planificación de la familia, habida cuenta de las trágicas circunstancias del país. Persiste, sin embargo, el hecho de que cuando los hombres toman las decisiones a menudo no se proporcionan los recursos necesarios para la salud de la mujer , en tanto que la subordinación a la autoridad patriarcal conduce a una situación en la cual ocurren muchísimos embarazos no deseados como consecuencia de la compulsión sexual, las mujeres están expuestas al virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), los hombres se oponen al uso de condones y apenas el 9% de las parejas usa anticonceptivos. No obstante, se pueden tomar medidas inclusive sin contar con recursos adicionales. Se podría incrementar la distribución gratuita de condones, aunque en ese contexto la oradora se pregunta si existen obstáculos a un procedimiento de esa índole por motivos de religión o tradición. Se podrían ampliar las campañas de concientización hasta llegar al empleo de programas audiovisuales y otro tipo de programas educativos en las escuelas y las iglesias.
El segundo grupo de temas se refiere a las elevadas tasas de mortalidad perinatal y de mortalidad derivada de la maternidad en Burundi. Si bien el aborto está prohibido en ese país, en el artículo 357.2 del Código Legal se prevé que se debe tener en cuenta determinados requisitos sociales. Habida cuenta de la horrenda situación de la mujer en Burundi, la oradora pregunta si ese artículo podría emplearse más ampliamente a fin de eliminar en la práctica el concepto de crimen con que se califica al aborto, aún cuando no se rechacen las disposiciones legales que lo prohíben. La elevada tasa de abortos ilegales, en particular entre las adolescentes, y sus graves consecuencias para la salud, obligan a abordar esa situación. Se podría además utilizar la política ejecutiva para evitar la expulsión de las jóvenes embarazadas de las escuelas públicas. Corresponde que los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales ayuden a Burundi en ese empeño. La oradora pregunta si existen algunas barreras en la sociedad, el Gobierno o las instituciones religiosas de Burundi que obstaculicen los esfuerzos destinados a prevenir el SIDA y los abortos ilegales.
La Sra. Corti dice que el informe proporciona datos alarmantes sobre la prevalencia del VIH/SIDA. Le preocupa en particular observar que se espera que la corta esperanza de vida en el país, equivalente a 52 años, caiga a apenas 39 años hasta 2010 si no se controla la pandemia. Evidentemente no bastan el programa del país de lucha contra el SIDA y la atención prestada por las organizaciones no gubernamentales. El problema es una auténtica emergencia que debería ser una de las prioridades principales del Ministerio de Acción Social y Adelanto de la Mujer, puesto que las mujeres sufren más los efectos del SIDA. No es solamente necesario recurrir al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de las Naciones Unidas, sino también lanzar un llamamiento urgente al mundo en busca de ayuda para combatir ese flagelo.
Con referencia al aborto, la oradora señala que en muchos países desarrollados no se ha concedido el derecho al aborto para proporcionar un medio adicional de anticoncepción, sino para eliminar los abortos clandestinos. Aunque en Burundi el aborto está prohibido y penado por ley, el país debe resolver los problemas que causa la altísima tasa de fecundidad y el hecho de que muchas mujeres mueren como consecuencia de los abortos ilegales.
La Sra. Tavares da Silva dice que está claro que el Gobierno de Burundi trata de abordar algunos aspectos muy dramáticos de la situación de la salud en el país, en particular el SIDA. Las adolescentes constituyen el 45% de las mujeres hospitalizadas como consecuencia de abortos ilegales, y son además las más vulnerables al abuso sexual y al embarazo precoz.Si bien se ha indicado que la Oficina de Coordinación del Programa Nacional de Salud Reproductiva da prioridad a ese problema, no se ha proporcionado información concreta respecto de las medidas adoptadas o previstas para tratar el fenómeno, que comprende las esferas de educación, información e integración social así como la de salud. La oradora pregunta si los muchachos y los hombres, así como las muchachas, reciben educación en cuanto al comportamiento sexual responsable. No se podrá resolver el problema a menos que se subraye ese componente.
Artículo 13
La Sra. Regazzoli dice que los miembros del Comité comprenden las grandes dificultades que enfrenta Burundi para dar aplicación a la Convención como consecuencia del conflicto armado, y que sus preguntas y observaciones son un reflejo de esa inquietud por la situación de las mujeres de ese país. Con referencia al artículo 13 de la Convención, la oradora observa en el informe que las mujeres en Burundi no pueden comercializar ni administrar los bienes que producen, pese a la disposición constitucional que concede a la mujer la capacidad jurídica de administrar bienes. La oradora pregunta qué hace el Gobierno para corregir esa discrepancia.
Artículo 14
La Sra. Regazzoli pregunta si las mujeres de las zonas rurales, donde está concentrada la mayor parte de la población de Burundi, disponen de algunas nuevas tecnologías que les permitan aliviar el trabajo. Se pregunta qué leyes y políticas gubernamentales, tales como las disposiciones sobre la seguridad social o centros comunitarios, se han establecido para atender a las necesidades a las mujeres más ancianas de las zonas rurales que ya no pueden producir ni reproducir, y pregunta cómo considera la sociedad a esas mujeres.
La Sra. Kwaku dice que le preocupa observar que en función de los servicios sociales básicos las mujeres de las zonas rurales, que constituyen el 90% de las mujeres en Burundi, se encuentran en desventaja por la concentración geográfica de los servicios en las ciudades. Pregunta si el Gobierno o las organizaciones no gubernamentales disponen algún arreglo o plan para llevar esos servicios a las mujeres de las zonas rurales.
La Sra. Feng Cui dice que reconoce el hecho de que el Gobierno de Burundi ha superado grandes dificultades para preparar su informe, que se ajusta a las directrices del Comité, y que ha enviado a una delegación de alto nivel para que presente el informe al Comité. Evidentemente, el Gobierno de Burundi tiene una decidida voluntad política para aplicar la Convención.
El artículo 14 de la Convención es de particular importancia para Burundi, habida cuenta de la elevada concentración de mujeres en las zonas rurales. La oradora quisiera recibir más información sobre la condición de las mujeres en las zonas rurales en la vida económica, y más concretamente respecto de la forma en que participan en actividades que generan ingresos, cómo se las capacita y en qué forma pueden perfeccionar sus capacidades. Pide información, asímismo, sobre la política general y los objetivos del Gobierno para el adelanto de la mujer en las zonas rurales. En el informe se indica que el Gobierno fomenta el establecimiento de asociaciones de mujeres y proyectos de desarrollo para la mujer, pero no se describe el papel del Gobierno en la promoción del desarrollo rural. La oradora pregunta además si el Gobierno o el poder legislativo tienen en preparación o consideran disposiciones legislativas concretas para mejorar la situación de las mujeres de las zonas rurales en esferas tales como el derecho a la propiedad de la tierra y los derechos sucesorios. Le agradaría además recibir mayores detalles acerca del acceso de las mujeres al microcrédito. Por último, la oradora apoya el llamamiento formulado por la delegación de Burundi respecto de una mayor cooperación internacional. Dicha cooperación comenzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero se necesita una cooperación internacional ulterior para combatir la pobreza y permitir que las mujeres de las zonas rurales mejoren su condición.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que las iniciativas destinadas a mejorar la condición general de la mujer en Burundi deben comenzar con las mujeres de las zonas rurales. El informe y la .presentación oral han revelado una masiva discriminación de jure y de facto contra la mujer, que ha sido exacerbada por el conflicto armado aunque existía anteriormente como consecuencia del derecho consuetudinario y las prácticas culturales. La oradora pide más información sobre los planes concretos del Gobierno para mejorar la condición jurídica de las mujeres en las zonas rurales, su alfabetización y salud y para promover actividades que generen ingresos, así como cualquier meta numérica o plazo que se hayan fijado para esas actividades. Pregunta si esas iniciativas estarían dirigidas concretamente a regiones en las cuales la situación es más penosa, y a qué donantes internacionales o bilaterales se pediría que proporcionen financiación. La oradora señala que los programas de lucha contra la pobreza ponen de relieve a las organizaciones de mujeres que se basan en actividades que generan ingresos, y pregunta a cuántas mujeres ha seleccionado el programa y en qué forma se faculta a las mujeres para que organicen asociaciones de esa índole. Por último, la oradora acogería con agrado información respecto del proyecto de “Género y desarrollo en las zonas rurales” mencionado en el anexo del informe. Pregunta cómo se financia, qué objetivos y estrategias tiene, a qué porcentaje de mujeres de las zonas rurales afecta y qué éxitos ha alcanzado hasta el momento.
La Sra. Tavares da Silva señala que la afirmación de que se considera que las mujeres de las zonas rurales no tienen ninguna propiedad está en contradicción con el derecho legal que tienen a la administración conjunta de los bienes familiares y a la igualdad en la administración de la propiedad. Habida cuenta de que el Gobierno es consciente de esa discrepancia, se pregunta qué medidas de concientización u otra índole se han previsto para abordar el problema.
Artículo 16
La Sra. Livingstone Raday dice que, como se ha señalado con referencia al artículo 14, Burundi ha dado grandes pasos para establecer la igualdad de forma entre mujeres y hombres, aunque en la práctica las mujeres siguen totalmente sometidas a la autoridad masculina. Al recordar lo que se dijo respecto del artículo 5 de la Convención, la oradora sugiere que se podría utilizar a los medios de información para que contribuyan a expresar dichos principios jurídicos en la práctica mediante la lucha contra los estereotipos culturales.
La Sra. Goonesekere , refiriéndose al Código de la Persona y la Familia (CPF), señala que entre los derechos concedidos a la mujer con arreglo a sus disposiciones sobre la custodia de los hijos, el derecho a la administración conjunta de los bienes familiares parece estar condicionado a la ausencia o incapacidad de los hombres. En opinión de la oradora, esas condiciones representan un arraigamiento del patriarcado y una contradicción de la intención del Gobierno de eliminar la discriminación intrínseca en la condición de la mujer en Burundi.
La oradora desea saber las consecuencias que tienen las excepciones a la disposición sobre la edad mínima de matrimonio que figuran en los artículos 89 al 93 del Código, que permiten el matrimonio de mujeres menores de 18 años por motivos graves, tales como el embarazo. ¿Las excepciones de ese tipo facilitan la realización de matrimonios “forzados” o afectan a la tasa de deserción escolar de las mujeres? Hay necesidad de mayor aclaración respecto de la situación de los niños nacidos fuera de matrimonio y de la relación entre el sistema de justicia libre que se administra en las zonas rurales y la justicia que administran los tribunales. Por otra parte ¿hay pluralismo en el derecho de la familia, y se aplica el Código a todas las comunidades?
El Sr. Melander dice que sus inquietudes se centran en la situación de la Convención en relación con el derecho interno de Burundi. Se pregunta si en la práctica los tribunales tienen derecho a aplicar las disposiciones de la Convención en los casos en los cuales hay divergencia de la legislación nacional. El orador también tiene interés en saber si la Convención se ha traducido al idioma nacional, y qué medidas se han previsto para la difusión del contenido de la Convención.
La Sra. Achmad dice que aunque el compromiso del Gobierno de Burundi con la aplicación de la Convención es claro, aún quedan varios temas por resolver. La segunda parte del informe sobre las condiciones en las cuales se protegen determinados derechos describió el papel que corresponde al Ministerio de Acción Social y Adelanto de la Mujer y al Ministerio de Derechos Humanos, Reforma Institucional y Relaciones con la Asamblea Nacional como garantes del respeto a la Convención. La oradora tiene curiosidad por saber qué entraña la garantía de ese respeto, y hasta qué punto ambos ministerios y las organizaciones no gubernamentales participan en las actividades de coordinación, supervisión y evaluación.
Al poner de relieve la importancia de la gestión adecuada de los esfuerzos nacionales, la oradora reconoce igualmente que la ejecución de las disposiciones destinadas a lograr el adelanto de la mujer, inclusive las reformas jurídicas críticas, es responsabilidad de todos los ciudadanos y el Gobierno por sí sólo no las puede alcanzar. El esfuerzo por cambiar las actitudes y valores será un empeño a largo plazo que exigirá una campaña concertada de educación y de medios de información. Por consiguiente, la oradora pregunta en qué forma proyecta el Gobierno de Burundi mejorar la conciencia pública, hacer frente al reto de llegar a las mujeres de las zonas rurales y aliviar la situación de las personas internamente desplazadas.
La Sra. Ndorimana (Burundi) conviene en celebrar consultas con sus colegas a fin de aclarar los temas suscitados por los miembros del Comité.