Vigésimo período de sesiones
Acta resumida de la 417ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 29 de enero de 1999, a las 10.15 horas
President a :Sra. González
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Aprobación del informe del grupo de trabajo anterior al período de sesiones
Informes periódicos segundo y tercero combinados de Tailandia
Se declara abierta la sesión a las 10.30 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención (continuación)
Aprobación del informe del Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones (CEDAW/C/1999/1/CRP.1 y Add.1 a 4)
La Sra. Corti, hablando en su calidad de Presidenta del Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones, presenta el informe del Grupo (CEDAW/C/1999/I/CRP.1) y sus adiciones, en que figuran listas de cuestiones y preguntas relacionadas con los informes periódicos de cuatro Estados partes, a saber, China (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.1), Colombia (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.2), Grecia (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.3) y Tailandia (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.4). En un breve análisis general de la situación de los cuatro Estados partes en cuestión, el Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones señaló que en la mayoría de los informes examinados se habían seguido las directrices del Comité y que los Estados Partes se habían esforzado en aplicar la Convención mediante la adopción de medidas legislativas y de otro tipo y reforzando su cooperación con organizaciones no gubernamentales. El Grupo de Trabajo señaló también que se seguía discriminando a la mujer, especialmente en el trabajo, como consecuencia de la mundialización económica. El desempleo y la pobreza entre las mujeres estaban en aumento, y las tradiciones culturales y las costumbres continuaban impidiendo la plena aplicación de la Convención. Por último, el Grupo de Trabajo señaló la persistencia de la violencia contra la mujer, y en particular su explotación sexual, entre otras cosas, debido a la trata de mujeres, que se había convertido en un fenómeno mundial. Espera que el Comité apruebe el informe por consenso.
Queda aprobado el informe del Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones (CEDAW/C/1999/I/ CRP.1/Add.1 a 4).
Informes periódicos segundo y tercero combinados de Tailandia (CEDAW/C/THA/2-3 y CEDAW/C/1991/I/CRP.1/Add.4)
Por invitación de la Presidenta, Sra. Chutikul, la Sra. Chulajata y el Sr. Vienravi (Tailandia) toman asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Chutikul (Tailandia) presenta los informes periódicos segundo y tercer combinados de Tailandia (CEDAW/C/THA/2-3) y señala que va a hacer un resumen de un borrador más detallado distribuido a los miembros del Comité, que contiene respuestas a las preguntas del Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones. Por lo que se refiere a las preguntas sobre las medidas contra la discriminación, señala que Tailandia ha retirado cinco de sus siete reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El problema más espinoso es el que plantea la reserva respecto del artículo 16 relativo a la vida familiar y el matrimonio, debido a que en Tailandia la sociedad es patriarcal y está dominada por el hombre. Las peticiones formuladas por la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer de que se modificaran las leyes sobre los esponsales y el divorcio, que discriminan en gran medida a la mujer, han sido rechazadas por el Consejo de Estado. Actualmente ese fallo está en trámite de apelación.
En relación con las preguntas 56 y 57, señala que en la Planificación y Políticas a Veinte Años para el Desarrollo de la Mujer (1992-2011) se prevé una modificación del Código Civil y Mercantil. La cohabitación, bien entre personas del mismo sexo o de sexo distinto, no está aceptada en Tailandia y los derechos de las personas que cohabitan, en particular sus derechos financieros, no se reconocen. Por lo que se refiere a la pregunta 4, se ha rechazado una propuesta de establecer una ley general contra la discriminación, por considerar que sería necesario realizar demasiadas modificaciones en las distintas leyes que contienen disposiciones relativas al género, incluidas las nuevas leyes sobre la prostitución, la nacionalidad y el trabajo. En la nueva Constitución y en la Ley de protección de los trabajadores se introduce el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y, por primera vez, se prohíbe el hostigamiento sexual. Quedan por modificar las disposiciones que prohíben a los esposos extranjeros de mujeres tailandesas solicitar la nacionalidad tailandesa, permiten al esposo violar a su mujer, establecen una definición excesivamente limitada de violación y prohíben a los extranjeros y a las mujeres tailandesas que contraen matrimonio con extranjeros tener títulos de propiedad de tierras.
El acontecimiento legislativo más destacado ha sido la promulgación de la nueva Constitución en 1998, en cuyo artículo 30 se prevé la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, los largos procesos legales están retrasando su aplicación. La Constitución prevé la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos encargada, entre otras cosas, de proponer al Gobierno modificaciones legislativas y medidas correctivas y de proporcionar asistencia a las mujeres víctimas de abusos y de explotación. Un comité nacional, del que la oradora forma parte y creado para redactar una política nacional y un plan general de acción sobre derechos humanos, está tomando en consideración los derechos de la mujer. De hecho, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño ya se han incorporado en el plan de estudios de las facultades de derecho y en los programas de estudio universitarios sobre la mujer. Las iniciativas sobre educación en materia de derechos humanos previstas en el plan general de acción tendrán especialmente en cuenta las cuestiones relacionadas con las mujeres y los niños.
La Planificación y Políticas a Veinte Años para el Desarrollo de la Mujer (1992-2011) y la Plataforma de Acción de Beijing se han incorporado en un plan quinquenal de desarrollo de la mujer que forma parte de una iniciativa más amplia, el Octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. La Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer, creada en 1989, se encarga de promover el adelanto de la mujer, fomentar la toma de conciencia, aumentar la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones y coordinar las actividades pertinentes entre los distintos ministerios y entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Gracias a las enmiendas legislativas introducidas, ahora las mujeres pueden ser gobernadoras, generales de las Fuerzas Armadas (aunque todavía no en las zonas de combate) y oficiales de distrito.
Por lo que respecta a la pregunta 9, dice que la Comisión Nacional está llevando a cabo la evaluación solicitada por las Naciones Unidas, que se concluirá a más tardar el 30 de abril de 1999. La Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido al tailandés y se han organizado cinco reuniones regionales para difundir su contenido y promoverla entre las comunidades. Se ha concedido especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas y la trata de mujeres y niños.
En relación con las preguntas 14 y 15, dice que persisten los estereotipos de la mujer, pero que el público ha tomado mayor conciencia del problema. La Comisión Nacional ha puesto en marcha un proyecto para evaluar los estereotipos en los libros de texto de la escuela elemental, que actualmente está revisando el Ministerio de Educación. La participación de la mujer en actividades a las que tradicionalmente se dedicaban los hombres ha aumentado; por ejemplo el número de mujeres oficiales de policía ha pasado de 15 a 23 en los dos últimos años. En los medios de comunicación persisten los estereotipos, si bien las actitudes han cambiado en cierta medida gracias a los programas y las tertulias en televisión. La Comisión Nacional ha patrocinado un proyecto de investigación sobre el uso de los medios de comunicación como instrumento para promover el adelanto de la mujer, ha organizado seminarios sobre el tema de la mujer y los medios de comunicación y ha propuesto que se incorporen los elementos relacionados con las cuestiones de género y los valores culturales en un plan nacional de desarrollo de los medios de comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones. No se dispone de estadísticas recientes sobre el número de mujeres que trabajan en los medios de comunicación; sin embargo, señala que en 1988 un 83% de los estudiantes que cursaban estudios relacionados con los medios de comunicación eran mujeres. En la actualidad, la mayoría de los editores de diarios y de los comentaristas de programas de noticias son hombres.
En relación con las preguntas 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21 y 55 acerca de los grupos que necesitan protección especial, indica que en 1998 había 140.000 personas desplazadas en 16 campamentos de refugiados de Tailandia. De esa población, un 72% procedía de Myanmar, mientras que los camboyanos, los indochinos y los estudiantes desplazados de Myanmar representaban un 26%, un 1% y un 0,5%, respectivamente. No se dispone de estadísticas sobre las mujeres y las niñas refugiadas, cuyas necesidades más acuciantes están relacionadas con los servicios de salud y educativos. Los Ministerios del Interior, Salud y Relaciones Exteriores, en colaboración con organismos de socorro, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), prestan asistencia a la población de refugiados.
Desde la presentación por Tailandia de los informes periódicos segundo y tercero combinados, se han aprobado leyes relativas a la trata de mujeres y niños. Además, en una versión revisada de la Ley de prevención y represión de la prostituciónde 1996, se han despenalizado las actividades de los trabajadores sexuales y reducido las sanciones que se les pueden aplicar. También se ha prohibido el empleo de niños menores de 18 años en actividades de comercio sexual y establecido sanciones rigurosas para quienes los atraigan o los retengan para esos fines. En cuanto a los motivos por los que no se aplican las sanciones previstas en el Código Penal, indica que de conformidad con lo establecido en él, el pago de dinero a cambo de servicios es el factor determinante para que se impongan multas de mayor cuantía a los clientes de los trabajadores sexuales que a los hombres que han tenido relaciones sexuales con menores o han cometido violaciones. En otra ley se prevén sanciones para quienes se dediquen en una forma u otra a la trata de mujeres y niños y se establecen disposiciones para prestar asistencia a las víctimas. Existe una tercera ley, la Ley por la que se modifica el Código Penal, que prevé métodos y procedimientos de investigación e interrogatorio más favorables para las mujeres y los niños.
La Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer ha preparado, en cooperación con organizaciones no gubernamentales y organismos de ejecución, una política y un plan nacionales para erradicar la explotación sexual, en los que se prevén medidas de prevención y eliminación de la explotación sexual y de asistencia, protección y rehabilitación de las víctimas. La Comisión Nacional también está preparando un plan de acción para hacer frente a la situación de Tailandia como Estado receptor, de tránsito o de origen en las actividades de trata de mujeres migrantes ilegales. En colaboración con diversos organismos, incluidos los servicios de policía e inmigración, la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer está preparando un manual sobre el trato que se ha de dar a las mujeres y los niños víctimas de la trata de personas. En 1999 está previsto el inicio de negociaciones bilaterales entre los países de la subregión del Mekong sobre la trata de personas y la asistencia a sus víctimas; hasta la fecha se han organizado dos reuniones subregionales sobre la cuestión.
Con el fin de combatir el turismo sexual, la Comisión Nacional ha distribuido folletos en los que advierte a los turistas de que tener relaciones sexuales con niños es delito, y el Gobierno está revisando las leyes relativas a los lugares de diversión. Además, se ha pedido a la Oficina de Turismo que trate de atraer a turistas que estén más interesados en la naturaleza y la cultura. Otra de las medidas que se han adoptado ha sido organizar programas educativos y actividades de capacitación destinadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
También se han distribuido folletos para luchar contra violencia en el hogar y la violencia contra la mujer. La Comisión Nacional ha colaborado con el gobierno metropolitano de Bangkok para crear centros de ayuda a las víctimas de la violencia en los seis hospitales de la ciudad, y se están creando redes locales de trabajadores de la salud, personal médico y mujeres oficiales de policía. La Comisión Nacional está preparando un plan de acción para erradicar la violencia contra los niños y las mujeres, con la participación de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos gubernamentales. También se organizan actividades de capacitación y se trata de sensibilizar el público utilizando los medios de comunicación.
Las mujeres y las niñas de las tribus montañesas, sean o no ciudadanas de Tailandia, tienen acceso a servicios de salud y educativos con la ayuda de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, como por lo general carecen de los documentos necesario, tienen dificultades para encontrar empleo, y ese problema se ve agravado por las tensiones en los países vecinos. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene previsto organizar en marzo una reunión internacional sobre el tema de la migración.
El trabajo infantil es un grave problema en Tailandia. Se calcula que un 16% de los niños en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años desempeñan algún tipo de actividad laboral. Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de organizaciones no gubernamentales se han establecido programas de créditos educativos y de formación profesional, a fin de mejorar la preparación de los niños que ya forman parte de la fuerza de trabajo. Con la Ley de protección de los trabajadores adoptada recientemente, ha mejorado la protección de los niños contra la explotación y se ha elevado la edad legal para trabajar de los 13 a los 15 años. La oradora subraya la necesidad de modificar las actitudes tradicionales con respecto a los niños y a las obligaciones de éstos hacia sus padres, que es uno de los principales factores que hace que se perpetúe el trabajo infantil.
A pesar de que el tema de la pornografía infantil no se trata en el Código Penal, en las enmiendas legislativas que se han propuesto se prevén sanciones para castigar la producción o posesión de material pornográfico en que aparezcan niños. Es sumamente difícil hacer aplicar las leyes existentes sobre la pornografía.
En respuesta a las preguntas 5 y 6 y 22 a 26 acerca de la participaciónde la mujer, señala que las mujeres representan actualmente sólo entre un 2% y un 8% de las personas que ocupan cargos políticos, pero la situación está cambiando lentamente. Las mujeres constituyen entre un 13% y un 35% de los miembros de las cooperativas agrícolas y no agrícolas y el número de magistradas en los tribunales de primera instancia y en el tribunal de apelación ha aumentado considerablemente en los 12 últimos años. Asimismo, en el deceniode 1990, se ha registrado un incremento moderado del número de mujeres fiscales y oficiales de policía.
Las mujeres representan el 35,5% de los miembros del cuerpo diplomático y ocupan aproximadamente el 5,5% de los puestos de categoría superior. Su participación en la planificación del desarrollo varía; por ejemplo, en algunos organismos de desarrollo no hay mujeres, mientras que en el Instituto de Investigaciones sobre el Desarrollo de Tailandia, el 63% de los investigadores son mujeres. En la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer, más de la mitad de los miembros son mujeres y aproximadamente una tercera parte de ellas pertenece a organizaciones no gubernamentales (aunque en Tailandia es común que funcionarios del Gobierno formen parte de organizaciones no gubernamentales).
La escasez de mujeres en el mundo profesional, en particular en puestos de decisión, se debe a la tendencia de la mujer a dedicarse a actividades tradicionales, a su renuencia a afrontar los riesgos que entraña la vida política tailandesa, a sus responsabilidades en la crianza de los hijos, a la falta de capacitación o preparación para desarrollar una carrera profesional, a la discriminación de jure y de facto y a obligaciones familiares diversas. Sería necesario aplicar medidas de discriminación positiva, las cuales están previstas en el artículo 30 de la nueva Constitución, para alcanzar el objetivo de que el 30% de los puestos de responsabilidad estén ocupados por mujeres. Sin embargo, los hombres no aceptan fácilmente ese tipo de medidas. Una organización no gubernamental, el Instituto de la Mujer en la Política, ha organizado cursos de capacitación para mujeres, que ha permitido a muchas de ellas dedicarse a la política a nivel local y nacional.
Por lo que respecta a las preguntas relativas a la educación, dice que en la nueva Constitución se prevén 12 años de educación básica gratuita para todos. Además, distintas entidades han ofrecido becas a niñas de las provincias del norte y el nordeste del país que se encuentran en situación vulnerable. La proporción de becas de estudio concedidas a niñas y mujeres pasó de un 39% en 1990 a un 63,5% en 1998. En 1997, el 50,8% de los estudiantes de las universidades públicas eran mujeres. En las universidades budistas sólo pueden matricularse monjes. La Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer está instando a las autoridades a que consideren la posibilidad de aceptar mujeres en la academia de policía.
En respuesta a las preguntas relativas al empleo, dice que la nueva Ley de protección de los trabajadores, que entró en vigor en 1998, prevé la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo. En el sector público, los hombres y las mujeres reciben una remuneración igual por un trabajo de igual valor. En cuanto al sector privado, la mayoría de las empresas ofrecen igualdad de oportunidades; sin embargo, algunas empresas pequeñas no pagan el salario mínimo establecido por la ley. En la nueva Ley también se prevén licencias por embarazo y maternidad y la imposición de multas o penas de reclusión a los empleadores que despidan a sus empleadas debido a su embarazo. Por recomendación de un médico, una mujer embarazada puede solicitar un cambio temporal de sus funciones. Tanto en el sector público como el privado están previstos 90 días de licencia de maternidad con sueldo y otros 150 días sin sueldo, si son necesarios. En los casos en que los empleadores infringen la ley, las mujeres pueden presentar denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo general, los sindicatos no se ocupan mucho de los problemas de las mujeres, a pesar de que en los diversos sindicatos y asociaciones hay unas cuantas dirigentes importantes. En virtud de la nueva Ley de protección de los trabajadores, queda prohibido el hostigamiento sexual por primera vez en Tailandia. El Consejo Nacional de Asuntos de la Mujer, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, está preparando un mecanismo para garantizar su aplicación.
Desde que se produjo el cambio desfavorable en la coyuntura económica, se ha despedido a muchos hombres y mujeres. El Ministerio de Bienestar Social ha ofrecido programas de formación en actividades profesionales modernas y de promoción de la capacidad empresarial. En 1996, el 41,5% de las personas inscritas en esos programas eran mujeres. También se proporcionan créditos a nivel nacional y local para llevar a cabo actividades generadoras de ingreso.
En respuesta a las preguntas relativas a la salud, indica que se ha propuesto que se amplíen las condiciones en que se pueden practicar abortos a los casos en que existen riesgos para el feto, a pesar de que muchas personas se oponen radicalmente a ello. Una manera de prevenir los abortos es establecer programas eficaces de planificación de la familia que permitan evitar embarazos no deseados. La planificación de la familia está fundamentalmente en manos de las mujeres, si bien después de que se han llevado a cabo campañas de información, la vasectomía masculina goza ya de cierta aceptación. Por otra parte, los preservativos se utilizan con mayor frecuencia desde la aparición de la epidemia de VIH/SIDA.
No existen estadísticas sobre los embarazos de las adolescentes. Según las estadísticas de población relativas a 1990, por término medio las mujeres contraen matrimonio por primera vez a los 20,5 años y tienen su primer hijo a los 22,4 años. El cáncer de mama y de útero es una de las principales causas de defunción entre las mujeres, por lo que se han puesto en marcha campañas para promover su detección y las revisiones periódicas. El Ministerio de Salud Pública ha señalado que las mujeres representan aproximadamente el 20% de todas las personas que han contraído el VIH/SIDA. Las campañas de prevención del SIDA destinadas a las mujeres se centran en proporcionarles información sobre la enfermedad y sobre la manera de hacerle frente. Los trabajadores de salud voluntarios de las comunidades, en su mayoría mujeres, reciben formación permanente sobre el SIDA y otros temas de salud importantes.
Los hombres y las mujeres disfrutan de los mismos derechos por lo que respecta a la herencia de propiedades. Incluso en algunas partes de las provincias nororientales son las niñas, y no los niños, quienes heredan la tierra, porque se espera que cuiden de sus padres hasta que mueran. Sin embargo, cuando una mujer tailandesa contrae matrimonio con un extranjero surgen algunos problemas. Aunque la ley no le prohíbe poseer tierras, la mujer debe prometer no dárselas a un extranjero, pues éste no tiene derecho a poseerlas en virtud del derecho tailandés. La mujer debe demostrar además que el dinero pagado por la tierra era suyo antes de contraer matrimonio; en otras palabras, no puede utilizar el dinero de su marido ni sus bienes comunes para adquirir tierras. Las mismas condiciones se aplican si no está casada legalmente con un extranjero, pero cohabita con él.
El tema de la tierra es muy controvertido, y la Comisión Nacional tiene previsto proponer una enmienda de la Ley de Nacionalidad, a fin de que los niños con un progenitor tailandés puedan recibir automáticamente la nacionalidad tailandesa. En la práctica, los funcionarios de las oficinas de tierras tienen un amplio margen de maniobra y pueden incumplir las normas establecidas. La mujer no es objeto de discriminación en cuanto al acceso a los créditos bancarios y a otras formas de crédito. No existen estadísticas separadas para el sector rural y el sector urbano. Las mujeres de los centros rurales gozan de los mismos derechos que las de los centros urbanos, inclusive por lo que se refiere al acceso al sistema judicial.
Para concluir, señala que la Convención ha tenido una importante influencia en la situación de la mujer tailandesa. A pesar de que se han registrado grandes progresos, aún queda mucho por hacer. Espera que la reestructuración de la Comisión Nacional permita seguir mejorando la situación de la mujer en Tailandia.
La Sra. Chulajata (Tailandia) dice que la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer se creó con el mandato de impulsar el programa para el adelanto de la mujer en Tailandia. Sus actividades están relacionadas con cuatro esferas principales: establecimiento de políticas y planificación, en particular en materia de investigación y desarrollo; protección de los derechos de la mujer; cooperación y coordinación con organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, y realización de actividades de información y promoción.
Como dependencia normativa y centro de coordinación de las actividades de promoción de la mujer, la Comisión Nacional ha establecido un plan nacional de desarrollo de la mujer que forma parte del Octavo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. También se ha establecido una política y un plan de acción nacionales sobre el desarrollo institucional de la familia y la prevención y erradicación de la explotación sexual de los niños para fines comerciales. Recientemente, el Consejo de Ministros decidió reclasificar a la Comisión Nacional a la categoría superior de departamento. Su estructura se ha ampliado y se han establecido algunos comités especiales encargados del desarrollo de la familia, la violencia contra la mujer, la revisión de las leyes relativas al matrimonio y la familia, el trabajo de la mujer y el bienestar social. Sin embargo, debido a la actual crisis económica, los preparativos para el paso a esa nueva categoría se verán algo retrasados. Por otra parte, se ha creado una red de información para la mujer, cuyo objetivo es ayudar a los centros de estudio, los institutos de investigación, los centros de documentación y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con la mujer a reunir datos desglosados por sexo, establecer bases de datos y difundir información por medios impresos y a través de la Internet.
Se ha pedido a la Comisión Nacional que durante la crisis económica dé prioridad a la ejecución de sus planes y programas. Entre las actividades futuras está prevista la intervención en materia de políticas ante los organismos gubernamentales, a fin de que éstos ajusten sus programas a la crisis económica nacional, prestando especial atención a los problemas de género y a las mujeres en situación desfavorecida, y la integración del análisis basado en el género en el establecimiento de políticas y la planificación a nivel gubernamental.
La Sra. Kim Yung-Chung se congratula de que durante el período de que se informa los esfuerzos por suprimir la mayoría de las reservas a la Convención hayan dado frutos. Sin embargo, le sigue preocupando que las mujeres estén todavía infrarrepresentadas en la vida pública y en la política y que se esté lejos de haber alcanzado el objetivo de que un 30% de mujeres ocupen cargos de responsabilidad. Insta al Gobierno a que adopte y aplique medidas temporales especiales para remediar esa situación. Por lo que se refiere a los estereotipos, resulta alentador que existan algunos programas de estudios sobre la mujer. Quizá las actividades de investigación de la Comisión Nacional podrían ayudar al Ministerio de Educación a revisar los libros de texto. La imagen que dan esos libros y los medios de comunicación de la mujer es fundamental para eliminar los estereotipos.
Los mecanismos judiciales destinados a hacer cumplir los derechos de la mujer no son muy sólidos en el sector público y, aparentemente, en el sector privado no existen mecanismos a tal efecto. Así pues, el Gobierno debe introducir nuevas leyes contra la discriminación. Además, la trata de mujeres y el problema de los derechos de los grupos minoritarios hacen necesaria la adopción de medidas concretas. Por otra parte, es preciso que se aplique rigurosamente la nueva Ley sobre el trabajo infantil. La edad mínima legal para trabajar, que actualmente está fijada en 15 años, sigue pareciendo demasiado baja, por lo que habría que estudiar la posibilidad de elevarla.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que teniendo en cuenta la información presentada hasta ese momento, queda claro que la Convención ha tenido repercusiones en Tailandia. Alienta al Gobierno de ese país a que dé a conocer la relación existente entre la Convención y la Plataforma de Acción de Beijing, ya que la primera proporciona la base jurídica para la aplicación de los compromisos contenidos en la segunda.
La nueva Constitución es un documento impresionante, y le complace observar que contiene cláusulas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, la discriminación positiva y la lucha contra la discriminación. Sin embargo, lamenta que no se defina en ella la discriminación como se entiende de acuerdo con el artículo 1 de la Convención. El empleo de la expresión “discriminación injusta” resulta preocupante, porque puede servir de justificación para alegar normas culturales en apoyo de algunos tipos de discriminación “justa”. Insta a la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer a que lleve adelante su propuesta de establecer una legislación general sobre la discriminación. Quizá los miembros de la familia real podrían usar su influencia para cambiar las actitudes en esa esfera.
La propuesta de clasificar a la Comisión Nacional en una categoría superior le parece alentadora, pero lamenta que se hayan recortado sus recursos debido a la crisis económica. Por último, le gustaría conocer las cifras relativas al número de mujeres que participaron en programas de reorientación profesional en 1997 y 1998, esto es, el período posterior al inicio de la crisis económica en Tailandia. Se pregunta si para participar en esos programas es necesario estar dado de alta como desempleado.
La Sra. Goonesekere dice que es importante hacer uso de los recursos constitucionales en vigor para combatir la discriminación, y que Tailandia quizá podría tener en cuenta la experiencia de otros países en la región en cuanto a la introducción progresiva de cambios normativos. Es muy importante adoptar una ley general en materia de igualdad, ya que las leyes relativas a la igualdad de remuneración no abarcan muchos aspectos de esta cuestión. El sector público debería asegurarse de que las mujeres calificadas no se vean afectadas por un “techo de cristal” que les impida ascender. Por otra parte habría que evaluar detenidamente la nueva función de la Comisión Nacional como estructura de gobierno.
No está claro si el proyecto de ley por la que se modifica la Ley sobre el nombre ha sido aprobado; esa nueva ley podría tener una repercusión importante en el acceso de la mujer al crédito y a la propiedad de la tierra. La promulgación de la Ley de prevención y represión de la prostitución constituye un importante logro, y el Gobierno debería centrarse ahora en hacerla aplicar y en formar a la policía para ello, así como en destinar recursos a tal efecto.
La Sra. Gabr pregunta qué repercusión ha tenido en la mujer el seminario sobre derechos culturales y sobre el derecho al desarrollo al que asistió poco antes en Tailandia. También pregunta de qué manera se está tratando la cuestión del trabajo infantil, ya que es un fenómeno que afecta tanto a las mujeres como a la situación económica del país en general. Es importante que Tailandia continúe haciendo esfuerzos por retirar las reservas que sigue teniendo con respecto a la Convención. También pide que se le aclare la situación jurídica de la Convención en el marco de la legislación interna, ya que considera que el párrafo 36 del informe es ambiguo. Por último, pide que se le dé una respuesta más detallada a la pregunta 13.
La Sra. Abaka señala que, de conformidad con el informe, todas las mujeres tienen acceso a servicios médicos. Sin embargo, en la práctica las de las zonas rurales son víctimas de discriminación solapada, ya que aunque prefieren con diferencia a las médicos mujeres, no hay muchas mujeres que ejerzan esa profesión. Ése es un problema grave, ya que si la mujer no goza de buena salud, toda su familia se resiente. Se pregunta qué medidas se están adoptando para animar a más mujeres a cursar estudios de ciencias biológicas. Entre tanto, habría que dar formación a los médicos hombres acerca de las normas de derechos humanos, en particular acerca de los derechos de la mujer, incluidos sus derechos reproductivos. Esa formación se podría introducir en los planes de estudio de las escuelas de medicina. Señala que en 1983 se intentó introducir disposiciones legislativas sobre la posibilidad de interrumpir los embarazos de las mujeres con problemas sicológicos. Fue una noble iniciativa que el Senado desechó por motivos religiosos; sin embargo, en el artículo 1 de la Convención se prohíbe la discriminación por motivos de religión. Por último, señala la elevada tasa de suicidios tanto entre las mujeres como entre los hombres, e indica que no tener en cuenta los problemas psicológicos de las mujeres supone atentar contra el derecho más básico de todos, esto es, el derecho a la vida.
La Sra. Ferrer dice que en un país donde la mayor parte de la población —y probablemente también las autoridades— tienen opiniones muy tradicionales, el verdadero reto consiste en cambiar las actitudes, como el concepto de que la gratitud de las hijas hacia sus padres debe expresarse con dinero. A menos que cambien las mentalidades y, en particular las de los líderes de opinión, los derechos que existen sobre el papel no tendrán valor alguno. Por lo que respecta a la prostitución, le preocupa el elevado porcentaje de niños que al parecer participan en ella. Solicita que se le proporcione más información sobre los programas gubernamentales destinados a combatir ese fenómeno y sobre la manera en que el Gobierno propone reducir el número de prostitutas y de turistas sexuales.
La Sra. Myakayaka-Manzini dice que para solucionar el problema de la violencia doméstica no basta con hacer tomar conciencia de ella. Se trata de un problema público, no privado, que ha de afrontar toda la comunidad. Insta a que se adopte una ley general que abarque todos los aspectos de ese tipo de violencia, incluida la violación por los maridos. También pide que se le facilite más información acerca de los derechos de propiedad de la mujer. Le parece discriminatorio que si una mujer está casada con un extranjero no pueda ser propietaria de tierras a menos que se comprometa por escrito a no transferir esa propiedad a su esposo, mientras que ese requisito no se impone a los hombres casados con extranjeras. Por último, alienta al Gobierno a considerar la manera en que podría reforzar la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones; eso podría ayudar a resolver algunos problemas pendientes.
El Sr. Vienravi (Tailandia) asegura al Comité que se toma muy en serio los derechos de las mujeres y los niños. Tailandia se ha adherido a toda una serie de convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero los cambios sólo pueden introducirse gradualmente en el país. Por lo que respecta a la cuestión de la prostitución, señala que muchas prostitutas proceden de países vecinos. El problema es de tal magnitud que está previsto que en abril de 1999 se celebre en Tailandia un seminario sobre la migración, que se centrará en el tema de la gestión de la afluencia de migrantes y, en particular, en cómo hacer frente al problema de la trata de personas. Las mujeres y los niños que llegan a Tailandia no son delincuentes, sino víctimas. Sus gobiernos son quienes deben cobrar conciencia de que no está bien enviar a sus niñas a ejercer la prostitución. Sin embargo, la situación no mejorará mientras las perspectivas económicas de los vecinos de Tailandia sigan siendo malas. El número de personas desplazadas nunca ha sido tan elevado; desde la segunda guerra mundial, Tailandia ha dado refugio a cientos de miles de personas. Reconoce que no siempre se trata bien a las mujeres y los niños en las fronteras, pero se están haciendo esfuerzos para capacitar a los oficiales que trabajan en ellas.
La Sra. Goonesekere dice que, aunque los factores económicos contribuyen a la prostitución, a menudo las mujeres que cruzan las fronteras para prostituirse lo hacen obligadas por traficantes de personas, lo cual constituye una grave violación de sus derechos humanos. Los países de acogida deben cumplir con su obligación de garantizar un mínimo de protección a esas mujeres. La adopción en Tailandia de una nueva legislación en materia de prostitución y trata de personas constituye un paso importante, pero para aplicarla es necesario un verdadero compromiso político. También es necesario promover la toma de conciencia acerca de la responsabilidad sexual de los hombres, en particular habida cuenta del riesgo de contraer el SIDA. Acoge con satisfacción la decisión de ampliar el período de educación obligatoria de seis a nueve años. Si esa medida se aplica con éxito, contribuirá a que se cumpla la nueva Ley de protección de los trabajadores, en virtud de la cual se ha elevado la edad mínima legal para trabajar a los 15 años.
La Sra. Schöpp-Schilling dice que no tiene claro si se ha despenalizado la prostitución, ya que, de acuerdo con el informe de Tailandia, la nueva Ley de prevención y represión de la prostitución sólo prevé la reducción de las sanciones impuestas a los trabajadores sexuales (párr. 94). Le preocupa que, al parecer, la prostitución en los burdeles, que de por sí entraña explotación, no esté reconocida como tal en virtud del derecho tailandés, porque las prostitutas reciben una remuneración a cambio de sus servicios.
La Sra. Abaka desearía conocer las cifras más recientes acerca de la esperanza de vida de los hombres y las mujeres. Se pregunta si al establecer sus políticas sanitarias el Gobierno tailandés ha tomado en cuenta que por lo general las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los varones si ha introducido desgravaciones fiscales para las mujeres que trabajan y se ocupan de sus padres ancianos; también desea saber si existe algún tipo de programa para preparar a los jóvenes para la vejez.
La Presidenta, hablando a título personal, dice que le preocupa que las mujeres de las tribus montañesas no puedan obtener la nacionalidad tailandesa por no tener la documentación necesaria. Pregunta qué medidas está adoptando el Gobierno para garantizar el derecho de los niños a ser inscritos en el registro civil en el momento de su nacimiento y a adquirir la nacionalidad tailandesa
Por lo que se refiere a la prostitución transfronteriza, dice que los países de acogida tienen el deber de frenar la demanda aplicando a los clientes las sanciones previstas en la ley.
La Sra. Chutikul (Tailandia) señala, respondiendo en primer lugar a las preguntas formuladas con respecto al tema de la discriminación positiva, que ese concepto es muy nuevo en Tailandia. La Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer ha hecho campaña para que en la ley relativa al establecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se incluya una disposición que establezca que ocho de los 22 miembros de la Comisión han de ser mujeres. El Consejo de Estado está examinando actualmente esa ley. El Gobierno, también ha adoptado medidas especiales en pro del adelanto de los grupos étnicos minoritarios, que son predominantemente musulmanes y residen en cinco provincias del sur de Tailandia; entre otras cosas, se han introducido cupos para el ingreso en la universidad.
Está de acuerdo en que la iniciativa de ampliar el acceso a la educación debe ir acompañada de medidas para erradicar el trabajo infantil. En la nueva Constitución se establece que los niños deben cursar 12 años de enseñanza obligatoria. Una vez que el Gobierno lleve a la práctica esa disposición, fijará la edad mínima legal para trabajar en 18 años. Entre tanto, está colaborando con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) en proyectos destinados a promover las actividades generadoras de ingresos entre las familias de las comunidades, a fin de que no sea necesario que los niños trabajen. El Gobierno también ha introducido un sistema de becas financiadas por organizaciones no gubernamentales para garantizar que los niños permanezcan escolarizados durante los nueve años que actualmente exige la ley. Tras la introducción de la Ley de protección de los trabajadores de 1998, la mayoría de los grandes fabricantes dejó de emplear a menores de 18 años, debido a la enorme cantidad de trámites que exigen las nuevas reglamentaciones. Las empresas que continúan dando empleo a menores tienen la obligación de proporcionarles instalaciones recreativas y educativas; por otra parte, se alienta a la población a que denuncie los casos de incumplimiento de esas normas.
El empleo de la expresión “discriminación injusta” se debe a un error de traducción. No hay que inferir que en Tailandia algunos tipos de discriminación son considerados justos. De hecho, en la Constitución se prohíbe todo tipo de discriminación. Aunque los instrumentos internacionales en que el país es parte no tienen fuerza jurídica, sirven de referencia para la revisión de las leyes y reglamentos internos. Está de acuerdo en que es necesaria una ley contra la discriminación; sin embargo, dice que por el momento una medida de ese tipo cuenta con poco apoyo por parte del público. Si el proyecto de ley sobre la cuestión menos controvertida de los derechos del niño es aprobado, la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer considerará entonces la posibilidad de introducir una legislación similar sobre los derechos de la mujer, pero queda mucho por hacer para convencer al público de la necesidad de dar ese paso. A ese respecto, está de acuerdo con la recomendación de que Tailandia estudie las experiencias de otros países de la región. En cuanto a la sugerencia de que la Comisión Nacional recabe el apoyo de los miembros de la familia real, considera que el tema de los derechos de la mujer es demasiado controvertido, a pesar de que la Reina aceptó la propuesta de que el año de su 60° cumpleaños fuera declarado Año de la Mujer Tailandesa y de que se alcanzaron muchos logros para la mujer, gracias a las iniciativas puestas en marcha ese año.
Comparte la opinión de que la Comisión Nacional debería contar con más recursos financieros, así como con una mayor cooperación por parte de otros organismos gubernamentales, pero es necesario hacer sacrificios en esta época de crisis económica y la Comisión no se ha visto afectada de manera desproporcionada.
Las mujeres tienen derecho a darse de alta como desempleadas; de acuerdo con las estadísticas relativas a 1998, representaban el 42,6% de todos los desempleados y el 70% de los trabajadores estacionales. En una fecha ulterior, presentará datos sobre la participación de la mujer en los programas de capacitación y reorientación profesional.
No considera que la crisis económica haya impedido a las mujeres ejercer sus derechos culturales. El Gobierno está adoptando toda una serie de medidas para mitigar la repercusión de esa crisis en su situación económica; por ejemplo, está concediendo créditos a las familias más pobres. A ella también le preocupa que las mujeres estén siendo objeto de discriminación en lo que respecta a su acceso a esos créditos. Tanto hombres como mujeres tienen la obligación de contar con el consentimiento de su cónyuge antes de contraer un crédito, pero ese requisito no siempre se aplica a los hombres, pues no hay nada que indique que están casados. Sin embargo, en virtud de la Ley sobre el nombre, las mujeres casadas han de poner “Sra.” delante de su apellido. A ese respecto, señala que el proyecto de ley por la que se modifica la Ley sobre el nombre ha sido rechazado por el Consejo de Estado, a pesar de que lo había aprobado el Gabinete de Ministros.
Por lo que respecta a los problemas de la prostitución y la trata de personas, coincide en que debe aplicarse con mayor eficacia la legislación pertinente. A tal efecto, su Gobierno ha introducido actividades de capacitación especial para oficiales encargados de hacer cumplir la ley.
Se levanta la sesión a las 13.00 horas.