24° período de sesiones
Acta resumida de la 496ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 23 de enero de 2001 a las 10.30 horas.
President a :Sra. Abaka
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Burundi (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 10.45 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informe inicial de Burundi (continuación) (CEDAW/C/BDI/1)
Por invitación de la Presidenta, la Sra. Ndorimana (Burundi) toma asiento a la mesa del Comité.
La Sra. Ndorimana (Burundi), respondiendo a las preguntas de las integrantes del Comité, dice que obstan a la plena aplicación de la Convención en Burundi la inseguridad y la violencia continuas, la falta de recursos y datos estadísticos, el embargo y la persistencia de estereotipos y prejuicios tradicionales. Tanto el Gobierno de Burundi como la oradora en su carácter de Ministra de Acción Social y Adelanto de la Mujer siguen estando empeñados en mejorar la suerte de las mujeres en Burundi y les dan esperanzas el Acuerdo de Paz de Arusha y la reciente reunión del Presidente con uno de los dirigentes rebeldes.
En las zonas rurales, los programas gubernamentales han estado dirigidos a la eliminación de la violencia contra la mujer y al incremento de su participación en la vida económica y política. Entre los aspectos positivos, la mejora del acceso a fuentes de agua potable y la introducción de molinos de cereales alivió la carga de tareas domésticas de las mujeres de las zonas rurales. Las mujeres de las zonas rurales reciben instrucción en materia de alfabetización funcional, así como capacitación en gestión de microcréditos.
La difusión de la Convención tiene un lugar prominente en el programa del Gobierno para 2001. El Gobierno adoptó un nuevo enfoque en el que participan las más altas autoridades políticas del país, con el objetivo general de producir un cambio en las actitudes que contrarreste la percepción de que no se trata de un tema que atañe sólo a las mujeres. También se dará difusión al informe inicial de Burundi, así como a las recomendaciones del Comité.
Como seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing, en 1997 se puso en marcha un Plan Nacional de Acción, con el establecimiento de un comité nacional que organizó consultas y un seminario nacional para examinar su resultado junto con las asociaciones de mujeres. El entorno sociopolítico no fue propicio para la plena aplicación de los programas apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y concretamente los planes de microcrédito para las mujeres de las zonas rurales dedicadas a actividades generadoras de ingresos.
Por otra parte, una amplia campaña de sensibilización llevada a cabo en 1997 tuvo como resultado el establecimiento de comités de mujeres para la paz y el desarrollo, cuyos miembros son elegidos por las propias mujeres y las representan en las reuniones organizadas por el Ministerio en cooperación con las organizaciones de mujeres. Los centros de desarrollo de la familia establecidos en varias provincias ayudan a las mujeres a participar en los programas de desarrollo y brindan capacitación.
El Código de las Personas y la Familia ha sido traducido al idioma nacional y recibe amplia difusión. Con la ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y las organizaciones no gubernamentales, las mujeres de las zonas rurales están ahora ampliamente informadas sobre los métodos anticonceptivos, la salud reproductiva, la planificación de la familia y las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas, el VIH/SIDA. Los medios de comunicación contribuyen al adelanto de las mujeres de las zonas rurales mediante emisiones radiales semanales que dan una imagen positiva de las mujeres, difundiendo las disposiciones del Código de las Personas y la Familia y televisando los debates sobre el futuro plan de acción que actualmente se está preparando.
El aborto está prohibido en Burundi porque la práctica consuetudinaria impone que las jóvenes se abstengan de tener relaciones sexuales antes de contraer matrimonio y la liberalización del aborto sería percibida como una invitación a la inmoralidad autorizada por el gobierno. Se organizaron sesiones de información sobre la salud reproductiva, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en las escuelas y durante las vacaciones escolares. La oradora procurará que haya más información sobre el aborto, especialmente en las escuelas.
La judicatura está abierta para las mujeres de Burundi, y, según las cifras de 1998, la cuarta parte de los miembros del Consejo Supremo de la Judicatura son mujeres, así como el 42,9% de los miembros de la Corte Constitucional, el 26,9% de los miembros de la Corte de Apelación y de la Corte Administrativa y el 26,1% de la Corte de Gran Instancia, Comercio y Trabajo. La prueba de que la lenidad entre los magistrados no está generalizada se halla en los informes de las propias mujeres, según las cuales, cuando plantean casos ante los tribunales, obtienen frecuentemente sentencias favorables, incluso en temas sobre los que no se han sancionado nuevas leyes, tales como la herencia. Sin perjuicio de ello, es urgente la sanción de nuevas leyes sobre herencia, a fin de asegurar que los magistrados no discriminen contra las mujeres, y en 1999 se estableció una comisión con arreglo al Plan de reforma y modernización del sistema judicial a fin de redactar normas legislativas en materia de matrimonio y herencia.
Igual que en otros lugares, las mujeres están expuestas a la violencia, concretamente a la violencia doméstica y la violación. Si bien tradicionalmente era raro que tales actos se hicieran públicos o se plantearan ante los tribunales, las actitudes están cambiando gradualmente. En 1999, se tramitaron 17 casos de violación en Bujumbura y hubo 11 declaraciones de culpabilidad, con condenas que van desde 3 hasta 10 años de prisión. Hay una tendencia cada vez mayor a analizar el problema y considerar estrategias para resolverlo. Las comprobaciones de la encuesta de 1999 sobre la violencia doméstica impulsaron al Ministerio de Acción Social y Adelanto de la Mujer a fortalecer sus servicios para considerar las denuncias e informar a las mujeres sobre sus derechos y los servicios de que disponen. Ese trabajo se lleva a cabo con el apoyo del servicio de asistencia jurídica creado por una asociación de mujeres juristas y la Liga de Derechos Humanos de Burundi ITEKA, que realizó la encuesta. Además, una comisión de derechos humanos del gobierno se encargó del estudio y el seguimiento de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, incluso la violencia contra la mujer.
En la legislación de Burundi no hay disposición alguna que discrimine contra las niñas en la educación. El único factor que inhibe la matriculación de las niñas en las escuelas es la tendencia de los progenitores a hacer que las niñas se queden en sus casas para encargarse de las tareas domésticas. Las medidas positivas de lucha contra la discriminación adoptadas a partir del decenio de 1970 incrementaron el nivel de asistencia de las niñas a la escuela, y en menor grado a los niveles educacionales superiores. No existe un presupuesto separado para la educación de las niñas. Como las niñas representan actualmente el 45% de la población escolar a nivel primario y un poco menos a nivel secundario, el Gobierno sigue llevando adelante sus esfuerzos por elevar el nivel de conciencia de los progenitores. Una organización no gubernamental de mujeres llevará a cabo un estudio a fondo de las causas de abandono escolar por parte de las niñas. El hecho de que una niña que queda embarazada pueda cambiar de escuela y reanudar sus estudios no es discriminatorio, sino que es una medida encaminada a protegerla, frecuentemente a su pedido, para evitar la humillación que un accidente de ese tipo sigue causando en La sociedad de Burundi.
Con la crítica situación sociopolítica existente en el país y la suspensión de la ayuda externa, la seguridad nacional sustituyó a la agricultura, la salud y la educación como objetivo prioritario de las asignaciones del presupuesto nacional. Las recientes promesas formuladas en la reunión de donantes de París se destinarán, entre otras cosas, a fines de reconstrucción, repatriación, desmovilización y promoción y protección de los derechos de las mujeres y los niños.
Las mujeres representan aproximadamente el 2% de la población carcelaria. Los principales motivos de condena de mujeres son el envenenamiento, el aborto, el infanticidio y el homicidio. En las cárceles hay celdas separadas para mujeres. Una comisión de mujeres de ITEKA procura obtener la rápida tramitación de las causas de mujeres detenidas. Los niños nacidos en la cárcel o recluidos junto con sus madres son devueltos a sus familias al cumplir tres años de edad, pero hay cierto debate acerca de si es adecuado privar a un niño del afecto de su madre a esa edad. Otros niños detenidos son los mayores de 13 años que han cometido delitos. En total son aproximadamente 100 y se les otorga clemencia cuando existen circunstancias atenuantes. Entre las medidas que actualmente se proyectan figura el nombramiento de jueces de menores y la separación de los adultos y los niños en las cárceles.
La legislación contempla plenamente la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, con la leve excepción del párrafo 4 del artículo 123 del Código del Trabajo, que dispone que las mujeres recibirán la mitad de la remuneración durante la licencia por maternidad. Sin embargo, esa disposición sólo se aplica en el sector privado. En la práctica, la legislación laboral no siempre se aplica estrictamente, y frecuentemente prevalece la tradición de dar preferencia a los hombres en la contratación y la promoción. Como observación preliminar sobre las preguntas formuladas por los miembros, la oradora dice que mientras la situación de seguridad del país siga siendo crítica será imposible asegurar el pleno ejercicio del derecho al trabajo o proporcionar estadísticas detalladas al respecto. La oradora observa, además, que el derecho al trabajo es un ideal que no se realiza plenamente ni siquiera en los países más industrializados.
En Burundi, el salario mínimo está garantizado con arreglo al artículo 74 del Código del Trabajo, que se aplica estrictamente. No hay discriminación alguna entre hombres y mujeres en lo tocante al derecho a la seguridad social y a las prestaciones de jubilación y el Instituto Nacional de Seguridad Social vela por que la legislación se aplique correctamente tanto en el sector privado como en el público.
Los trabajadores y los empleadores tienen derecho a establecer sindicatos abiertos a hombres y mujeres para defender sus intereses. Los sindicatos tienen libertad para resolver los conflictos por medios colectivos, entre ellos, la huelga, en las condiciones estipuladas por la ley. En el sector privado, donde los hombres y las mujeres son tratados como iguales, los salarios se establecen mediante negociaciones entre empleadores y trabajadores, mientras que en el sector público es el Gobierno quien fija los salarios para sus funcionarios. Los trabajadores del sector privado tienen mejores remuneraciones que sus homólogos del sector público, pero éstos gozan frecuentemente de un mayor grado de estabilidad en el empleo. Aun cuando las disposiciones de la legislación laboral son observadas en el sector privado, el Gobierno ha designado inspectores del trabajo y establecido tribunales del trabajo en todo el país para prevenir, y en caso necesario castigar, el incumplimiento de la legislación laboral en relación con las controversias que surjan entre trabajadores y empleadores o entre los empleadores y el Gobierno.
Sólo existen guarderías y jardines de infantes en la capital y en tres o cuatro grandes ciudades. Donde esos servicios existen, empero, son pocas las mujeres que los utilizan, pues se prefiere cuidar a los niños en sus casas.
Pasando a la cuestión del control sobre los ingresos de las mujeres, la oradora señala que, mientras que las mujeres educadas manejan sus propias finanzas, los bienes de las mujeres de las zonas rurales están a veces totalmente controlados por sus maridos. Entre los fines de la Asociación de Mujeres Rurales que está estableciendo el Gobierno figura el de asegurar que las mujeres tengan pleno control de sus propios ingresos.
Si bien la prostitución no es un problema social significativo en Burundi, el Gobierno está tomando medidas jurídicas para prevenirlo y castigarlo. Existe una dependencia especial de la policía para menores cuyo objetivo es proteger a las mujeres jóvenes de los hombres inescrupulosos que quieren explotarlas. Se lleva a cabo una campaña de sensibilización por los medios de comunicación, además de los seminarios que se realizan sobre el tema. Además, el peso de la tradición constituye un importante baluarte contra la prostitución. La trata de mujeres es desconocida en Burundi.
Si bien en Burundi el matrimonio es monogámico con arreglo a la ley, se han conocido algunos casos de poligamia. Actualmente, todos los asuntos relativos al matrimonio se rigen por el Código de las Personas y la Familia, que también protege a los niños nacidos de parejas no casadas dándoles la misma condición que a los hijos legítimos.
Como la igualdad de derechos de hombres y mujeres está garantizada por la legislación, no se puede hablar de leyes que discriminen contra las mujeres como tales. Sin embargo, las disposiciones de algunas leyes todavía permiten la discriminación contra las mujeres; entre ellas figura el párrafo 4 del artículo 123 del Código del Trabajo, según el cual las mujeres perciben la mitad de la remuneración durante su licencia por maternidad. El Gobierno de Burundi está comprometido a eliminar esas disposiciones discriminatorias a la brevedad a fin de hacer que todas las leyes del país armonicen con la Convención.
Si bien agradece la preocupación expresada por algunos miembros del Comité con respecto a la difusión del VIH/SIDA en su país, la delegación de Burundi desea poner de relieve que el Gobierno de su país ya ha asignado la máxima prioridad a los esfuerzos de lucha contra la enfermedad y ayudar a las personas afectadas por ella. Entre ellos figura la asignación de 100 millones de francos de Burundi por año para el sector de la salud, la eliminación de los impuestos sobre los medicamentos antivirales y el lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre el VIH/SIDA por los medios de comunicación.
En conclusión, la oradora dice que su Gobierno deplora las violaciones de los derechos del pueblo de Burundi, y especialmente de los derechos de las mujeres, como resultado de la guerra y sus devastadoras consecuencias. Reafirma el compromiso del Gobierno de restablecer la paz y la seguridad en todo el país a fin de permitir que las mujeres desarrollen plenamente su potencial, y de tal manera facilitar la aplicación de la Convención. Celebra el Acuerdo de Paz y Reconciliación en Burundi, firmado en Arusha, y hace un urgente llamamiento a la reanudación de la cooperación bilateral y multilateral en todas sus formas a fin de asegurar el éxito en la aplicación del Acuerdo, de modo de abrir el camino para que existan condiciones que permitan la plena aplicación de la Convención.
La Presidenta agradece a la delegación de Burundi para su rápida respuesta a las numerosas preguntas formuladas por el Comité y dice que éste comprende que a la delegación le resulta imposible proporcionar estadísticas desagregadas por género.
La Sra. González expresa la esperanza de que el Gobierno de Burundi siga trabajando con miras a asegurar la adecuada aplicación de la Convención, de modo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Asimismo espera que el Gobierno pueda establecer la paz en el país para estar en condiciones de seguir adelante con sus esfuerzos en pro del desarrollo.
La Sra. Livingstone Raday expresa la esperanza de que, como parte de su programa para prevenir la difusión del VIH/SIDA, el Gobierno aplique medidas técnicas, entre ellas la distribución de preservativos masculinos y femeninos, a fin de complementar los métodos de educación social.
La Presidenta, concluyendo el diálogo con Burundi, dice que el Comité concuerda con la delegación en que la guerra civil obstaculizó gravemente la aplicación de la Convención, y que también fueron importantes inconvenientes el papel inferior de las mujeres en la sociedad de Burundi y la difusión del VIH/SIDA, especialmente entre las mujeres y las niñas.
La oradora señala, sin embargo, que la legislación de Burundi todavía contiene disposiciones discriminatorias, entre ellas, el artículo 88 del Código de las Personas y la Familia, que establece una diferencia entre hombres y mujeres en lo tocante a la edad legal mínima para el matrimonio, y el artículo 122, sección 1, que dispone que el marido es el jefe de la familia. Las mujeres también son objeto de discriminación con arreglo al Código Penal, que tipifica el delito de adulterio en términos más favorables para los hombres que para las mujeres. Son causa de gran preocupación la cuestión de la violencia doméstica, inclusive la violación, y la condición de las mujeres y las niñas en los campamentos de refugiados y desplazados.
Es vital hacer que la enseñanza de los derechos humanos tenga prioridad en los esfuerzos del Gobierno por reconocer a las mujeres la igualdad con los hombres. Sin embargo, el requisito más importante es la paz. La oradora celebra el proceso de paz, reconociendo el papel que las mujeres han desempeñado para lograrla. La oradora insta a la delegación a incrementar la cantidad de mujeres que participan en el proceso de paz a fin de tender puentes en la sociedad, en particular mediante la tolerancia entre los diversos grupos étnicos. Las mujeres necesitan demostrar que el establecimiento de la paz no es un programa personal, sino una cuestión de vida o muerte. También es necesario capacitar al personal de atención de la salud para que pueda ayudar a curar a quienes han sufrido traumas como resultado de la guerra civil.
La oradora recomienda que el Gobierno continúe e incremente sus esfuerzos por luchar contra la difusión del VIH/SIDA, solicitando la asistencia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
La Sra. Ndorimana (Burundi) expresa el reconocimiento de su delegación por las recomendaciones del Comité, y señala que el Gobierno de Burundi seguirá trabajando por mejorar la situación de las mujeres en el país.