Introducción
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en adelante “CEDAW” o “la Convención”, fue aprobada por El Salvador el día 1 de mayo de 1981, por Acuerdo Ejecutivo No. 317 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ratificada por Decreto 705 de la misma Junta el 2 de junio de 1981 y depositada ante la respectiva oficina de Naciones Unidas el 19 de agosto de ese año.
Desde la década de los 80, el país ha realizado diferentes esfuerzos a fin de labrar una sociedad justa para mujeres y hombres; pasando por una década de los 90’s en la que se sientan bases para abrir brechas respecto al reconocimiento de derechos para las mujeres y niñas: hecho que conduce hacia un despertar sobre el tema de género el cual encuentra avances más precisos en los primeros años del siglo XXI y que se concretan a partir de 2009 con cambios de acciones positivas y establecimiento de políticas públicas que propician una verdadera igualdad sustantiva, inclusión y equidad de género.
El camino continúa y el país aún enfrenta grandes retos, teniendo presente el verdadero respeto y la garantía de los derechos humanos de todas y todos. Es por ello que de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos por El Salvador, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 18 de la CEDAW, se presenta el VIII y IX Informe combinado de país; el cual ha sido preparado a través de un proceso de consulta interinstitucional coordinado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Ministerio de Relaciones Exteriores; en el que participaron un total de 46 instituciones y organizaciones tanto gubernamentales —de los tres poderes del estado—, y no gubernamentales —de organizaciones de la sociedad civil de mujeres—; cuyos aportes reportan avances comprendidos en el período de 2009 a 2014 sobre el articulado de la Convención y de las observaciones realizadas por el Comité CEDAW al país, en su última presentación verbal en el mes de octubre de 2008.
Parte I
Información General
Descripción socio-demográfica de El Salvador
La República de El Salvador posee una superficie de 21.040.79 kilómetros cuadrados, con una división política administrativa de 14 departamentos y 262 municipios; su capital es la ciudad de San Salvador. Se encuentra ubicado al sudoeste de la América Central y sobre el litoral del Océano Pacífico, siendo el único país de la región que no posee costa en el Mar Caribe.
Limita al norte y al oriente, en parte, con la República de Honduras, y con la República de Nicaragua en las aguas del Golfo de Fonseca; al poniente con la República de Guatemala y al sur con el Océano Pacífico. Cuenta con una población de 5.744.113 habitantes, 273 personas por kilómetro cuadrado según el VI Censo de Población y el V Censo de Vivienda, realizado del 12 al 27 de mayo de 2007, por la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTYC, y el Ministerio de Economía (MINEC).
Según publicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las últimas décadas El Salvador, se ha convertido en una sociedad predominantemente urbana. Las ciudades salvadoreñas fragmentadas y desiguales albergan a más de dos millones de personas, que residen en casi medio millón de hogares ubicados en áreas consideradas de precariedad por sus condiciones. Hoy en día, el 58% de la pobreza radica en las zonas urbanas, llamados Asentamientos Urbanos de Precariedad (AUP).
Parte II
Artículos de la Convención y Observaciones del Comité CEDAW
Artículos 1 y 2
En el marco de los derechos de igualdad y no discriminación contra las mujeres, la Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 3 regula que “Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de sus derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión”.
El Estado salvadoreño ha realizado importantes avances en la legislación en materia de Protección a los derechos de las mujeres con la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), en vigencia desde abril de 2011, y la Ley Especial Integral para una vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en vigencia desde enero de 2012; las cuales denotan la responsabilidad del Estado en cuanto a la tutela, protección y garantía de los derechos de las mujeres. Este nuevo marco normativo, implica un cambio del paradigma jurídico respecto al género ya que reconoce la condición humana de las personas en plena igualdad, constituyendo la primera disposición jurídica vigente en el país que define específicamente a las mujeres como sujetas de derechos.
La LIE es fundamento de la política del Estado en la materia, siendo una ley de interés social y de aplicación general que involucra a todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural del país. Tiene como objetivo, crear las bases jurídicas explícitas que orienten la ejecución de políticas públicas, que garanticen la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de discriminación en el ejercicio y goce de los derechos consagrados legalmente.
La Ley de Igualdad establece, que en cumplimiento de los compromisos regionales e internacionales contraídos por el Estado salvadoreño en materia de políticas de igualdad y erradicación de la discriminación, las instituciones estales deberán integrar los Principios de Igualdad y No discriminación en todas las políticas, normativas, procedimientos y acciones desarrolladas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
La LEIV establece que la violencia contra las mujeres es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; tanto en el ámbito público como privado. La misma tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), entró en vigencia en enero de 2011, tiene por finalidad garantizar “en observancia del principio de igualdad, no discriminación y equidad” (Art.11, LEPINA), el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y adolescente (NNA) en el país, para cuyo efecto crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
La Ley de Desarrollo y Protección Social, aprobada por Decreto Legislativo No. 647 del 3 abril de 2014, tiene por objeto establecer el marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento de los derechos de las personas. El Estado será el garante de su aplicación con un enfoque de derechos humanos, procurando que la población tenga acceso a los recursos básicos para la satisfacción y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La ley se aplicará a toda la población, en especial aquellas personas en condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación, priorizando las niñas y los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad en abandono, los pueblos indígenas y todos aquellos que no gozan plenamente de sus derechos.
El Estado salvadoreño informa que cuenta por primera vez con una la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, aprobada en abril de 2014, esta incorpora en su contenido el enfoque de género, convirtiéndose en una herramienta jurídica para “la promoción de un mayor acceso de las mujeres al desarrollo empresarial en condiciones de equidad” (Art. 1, Ley MYPE). Dicha Ley establece como su Órgano Rector al MINEC y como Órgano Ejecutor a MINEC–Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Para este mismo sector, el país también cuenta con la Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, aprobada por las autoridades de MINEC–CONAMYPE en mayo de 2013, la cual ha introducido de manera transversal el enfoque de género.
El Ministerio de Educación (MINED), en el período que se informa, ha implementado avances importantes en la normativa que rige su actuación: la Ley de la Carrera Docente y la reforma del 2008, que eleva a falta muy grave el acoso y abuso sexual de docentes de cualquier persona integrante de la comunidad educativa y sanciona con suspensión y despido al infractor. Por su parte la Ley General de Educación y su reforma del 2011, prohíbe la discriminación de cualquier tipo, la negación de matrícula o expulsión de niñas por embarazo.
El MINED por medio de la Circular N° 16-2010, insta a las y los Directores, Subdirectores, Personal Docente y Administrativo y Organismos de Administración Escolar de los Centros Educativos oficiales de educación parvularia, básica y media, a que se evite, denuncie y combata, cualquier tipo de discriminación de NNA en su derecho humano a la educación; la cual debe ser de calidad, accesible, pertinente, idónea e integral; por lo que se deben tomar en cuenta las leyes que regulan todo el quehacer educativo y los derechos y deberes de los educandos en todos los niveles educativos. Por otra parte, la LEPINA mandata al MINED a educar sobre la Educación Sexual, Género y habilidades para la vida; y la LEIV obliga al MINED a visibilizar y atender cualquier tipo de discriminación hacia la mujer en el sistema educativo, generando un espacio importante para lograr la paridad e igualdad de género.
La Asamblea Legislativa, durante la legislatura 2009-2012 conformó la tríada legislativa de género, compuesta por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), integrado por las Diputadas titulares y suplentes, provenientes de los diferentes partidos políticos y la Unidad de Género. El GPM tiene por objeto, promover iniciativas legislativas a favor de las mujeres, a través de una agenda de consenso, así como velar por el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género en la Función Legislativa y su plan de acción, con el soporte técnico de la Unidad de Género. Fue creado por Decreto Legislativo No. 852, de 29 de septiembre de 2011.
La tríada legislativa de género de la Asamblea Legislativa en el año 2013, conformó un grupo de trabajo con referentes nombradas por las siguientes instituciones: ISDEMU, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (FGR), y las asesoras y asesores de los grupos parlamentarios, que para el período legislativo 2012-2015, integrasen el pleno de la Asamblea Legislativa; con el propósito de estudiar y proponer iniciativas de armonización legislativa del marco normativo nacional vinculado con los derechos de las mujeres.
El ISDEMU en el 2011, estableció una agenda de trabajo conjunto con el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), a fin de abordar temas legislativos, presupuestarios y educativos para la eliminación de la discriminación contra las mujeres. En diciembre de 2013, se firmó el Convenio de cooperación entre el ISDEMU y la Asamblea Legislativa, que tiene como propósito el desarrollo de iniciativas para el avance de la normativa nacional bajo estándares de igualdad, equidad y no discriminación contra las mujeres a la luz del avance del derecho internacional.
Medidas en el ámbito Ejecutivo. La Secretaría de Inclusión Social (SIS) fue creada en 2009, con el objetivo de implementar un abordaje, en favor de las poblaciones en condición de exclusión, vulnerabilidad y discriminación. En ese marco, la SIS estructura las Direcciones de Personas Adultas Mayores; de Personas con Discapacidad y de Personas de la Diversidad Sexual. Cada Dirección temática, tiene por mandato, orientar y asesorar el contenido de las políticas, planes y programas emanados del Órgano Ejecutivo en favor de las poblaciones que representan.
Ciudad Mujer, es un Programa de Gobierno que forma parte por Ley, del Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social y está dirigido por la SIS, este proporciona servicios especializados para atención integral a la violencia de género, salud sexual y reproductiva, empoderamiento económico, promoción y difusión de la autonomía de las mujeres por medio del conocimiento y ejercicio de sus derechos fundamentales. Tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades básicas e intereses estratégicos. La estrategia de intervención comprende la concentración e integración de 15 instituciones del Estado, que prestan servicios especializados para mujeres.
Desde el año 2011 a 2013 entraron en operación cinco centros de atención: Colón, Usulután, Santa Ana, San Martín y San Miguel. En el 2014 inició operaciones la sede de Morazán. Desde marzo de 2011 con la apertura del primer centro Ciudad Mujer, hasta la primera semana de febrero de 2015, se han atendido a 689.438 mujeres, brindando más de 1,834,154 servicios.
Ciudad Mujer como modelo de gestión en la administración pública, marca un precedente innovador, de eficiencia, alta calidad y pertinencia cultural; que está generando elevados niveles de impacto en la vida de las mujeres que reciben los servicios, los cuales se proporcionan con una perspectiva de protección integral de los derechos de las mujeres y un enfoque de inclusión social que asegura que las mujeres, tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política.
En mayo de 2010, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 56, relacionado con las “Disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública, por razones de identidad de género y/o de orientación sexual”.
En cuanto a la existencia y funcionamiento de Unidades de Género y Políticas Institucionales de Género, hasta agosto de 2014, trece instituciones cuentan con Unidades de Género, dos instituciones cuentan con Políticas para la Igualdad, una institución cuenta con Plan de Acción para la Igualdad, tres instituciones cuentan con Mesas o Comités de Género y nueve instituciones están en proceso de instalación de la Unidad de Género.
Mediante Decreto Ejecutivo No. 74, se creó el “Comité Nacional de Implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y resoluciones subsiguientes que sean adoptadas en tema de mujeres, paz y seguridad”, orientado a proponer políticas y normas que aseguren el cumplimiento de dichas resoluciones y velar por que se aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales, e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos. El Comité Nacional está integrado por un Consejo Directivo; una Comisión Técnica y un Grupo Asesor Permanente. La presidencia de este Comité es ostentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Mecanismo del Adelanto de la Mujer (ISDEMU).
Principales motivos de preocupación
Recomendaciones 7 y 8 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Durante el período que se informa, El Salvador asume un profundo compromiso para avanzar en el proceso de cambio estructural e institucional del país, que contribuya a transformar de manera gradual las profundas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que persisten en la sociedad salvadoreña. Dicho compromiso se expresa en el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2010-2014, que establece, en una de sus estrategias: “Potenciar el desarrollo integral de las mujeres salvadoreñas en todos los espacios de la sociedad en condiciones de equidad y de igualdad con los hombres”.
La gestión del ISDEMU durante el quinquenio 2009-2014, refleja un importante proceso de transformación institucional, orientando sus esfuerzos hacia el avance de la Igualdad Sustantiva, tal como lo establece la CEDAW; al fortalecimiento y desarrollo de las autonomías de las mujeres en los ámbitos públicos y privados y al ejercicio de su rol de institución rectora de la Política Nacional de las Mujeres, y el marco normativo para la igualdad de género, como parte de los lineamientos del Gobierno de El Salvador.
Ratificación del Protocolo Facultativo
Recomendaciones 9 y 10 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
En marzo 2010, el ISDEMU remitió correspondencia oficial a la Asamblea Legislativa en la que requirió información sobre las medidas para la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW; en esa comunicación ISDEMU manifestó su preocupación e interés por conocer sobre el estado del proceso de la ratificación del instrumento, clasificado bajo expediente No. 1072-6-2001. Además solicitó se retome y renueve el estudio del expediente referido a fin de dar paso a la ratificación de tal instrumento imprescindible para la defensa de los derechos de las mujeres contra todo tipo de discriminación.
Así mismo en noviembre de 2014, ISDEMU remitió nuevamente correspondencia oficial a la Asamblea Legislativa, en la cual reiteró la solicitud de ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, (expediente No. 1072-6-2001), para su posterior entrada en vigencia, como parte del marco normativo a favor de la igualdad y no discriminación de las mujeres en El Salvador.
El Gobierno de El Salvador, reconoce los obstáculos que enfrenta por la no ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, y la reserva sobre el artículo 29, párrafo 1 de la citada Convención; y manifiesta su firme voluntad de promover el proceso de ratificación para garantizar la plena aplicación de la Convención y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
Visibilidad de la Convención
Recomendaciones 11 y 12 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado salvadoreño en cumplimiento a la recomendación de realizar programas educativos sobre la Convención y Derechos de las Mujeres para profesionales del derecho y operadoras de justicia, informa lo siguiente: la CSJ, firmó un Convenio marco de colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) para la aplicación de la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”, a través de su Mecanismo de Seguimiento “MESECVI” en colaboración con los órganos supremos de México, Argentina y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), en coordinación con otras instituciones de este sector, han diseñado e implementado una serie de cursos de formación con el objeto de fortalecer las capacidades de las y los operadores de justicia, de acuerdo al detalle que aparece en la Tabla No. 1, Anexo 1.
La Policía Nacional Civil (PNC), en el marco de la entrada en vigencia de la LIE y la LEIV, ha desarrollado un proceso de formación dirigido al personal policial operativo en el contenido de las leyes y sobre el abordaje de la violencia contra las mujeres (ver Tabla N° 2, Anexo 1). La Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) ha desarrollado diversos cursos y capacitaciones en la temática de género, durante el período 2012-2014 (ver Tabla N° 3, Anexo 1).
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Escuela de Capacitación Fiscal, durante el período 2009-2014, ha realizado diversas capacitaciones sobre Feminicidio y el Abordaje de la Violencia contra las mujeres (ver Tabla N° 4, Anexo 1).
La Escuela de Capacitación Judicial del Centro Nacional de la Judicatura (CNJ) en el período 2009-2014, ha diseñado una serie de cursos y módulos para brindar formación y capacitación a jueces y juezas, de acuerdo al detalle que aparece en la Tabla No. 5, Anexo 1.
Mecanismo Nacional para el adelanto de la mujer
Recomendaciones 15 y 16 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
ISDEMU fue creado como la Institución Nacional para el adelanto de las mujeres por medio de Decreto Legislativo No. 644, del 29 de febrero de 1996, en respuesta a los compromisos adquiridos por El Salvador, en la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995. La gestión institucional del ISDEMU durante el período que se informa, refleja un importante proceso de transformación y fortalecimiento institucional de su rol como ente rector de las políticas públicas para los derechos de las mujeres. El presupuesto de ISDEMU proviene de recursos del Presupuesto General de la Nación, el mismo se incrementó de $2.225.686 en 2008 a $5.687.245 en 2014. El personal del Instituto aumentó de 151 personas (119 mujeres y 32 hombres) en 2009 a 264 (232 mujeres y 32 hombres) en 2014 (ver Gráficos No. 1 y 2, Anexo 2).
El ámbito de actuación de ISDEMU, se rige por las disposiciones establecidas en su Ley de creación y reglamentos; la Política Nacional de las Mujeres (PNM), la LIE y la LEIV.
La PNM se actualizó en el 2010 y sus medidas se alinearon a la Plataforma de Acción de Beijing, esta Política es un conjunto coherente de medidas pertinentes y viables que constituyen un valor adicional para la igualdad de género en el país, que requieren arreglos propios para ser implementadas, y que deben ser ejecutadas por las instituciones competentes bajo el seguimiento y la rectoría del ISDEMU.
En 2011, con la aprobación de la LIE, ISDEMU facilita la formulación del Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas (PNIEMS), y su Estrategia de Transversalización 2012-2017. Dicho Plan es un instrumento técnico y político, que refleja el compromiso del Estado salvadoreño con la plena aplicación del principio constitucional de igualdad y no discriminación de mujeres y hombres. Adicionalmente en diciembre de 2013, se creó el Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva (SNIS), mecanismo de coordinación y trabajo que cuenta con la participación de instituciones de los tres órganos del Estado Salvadoreño.
En el 2012, con la entrada en vigencia de la LEIV, ISDEMU coadyuva la conformación de la Comisión Técnica Especializada (CTE), en el mes de agosto de ese año; siendo responsable de garantizar la operativización de la Política Nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y su Plan Nacional 2013-2015. La CTE está integrada por 20 instituciones de los tres órganos del Estado.
Así mismo, se han fortalecido los mecanismos de cooperación y trabajo entre el Instituto y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En el 2009 se firmó una Carta de entendimiento y coordinación Interinstitucional entre estas dos entidades el cual tuvo como fin la colaboración para el avance de las garantías de los derechos de las mujeres. En el 2014 se establecieron los parámetros para la renovación del referido Convenio con las nuevas autoridades de la PDDH.
Recolección y análisis de datos
Recomendaciones 17 y 18 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado salvadoreño informa que en el año 2013, el ISDEMU diseñó el Sistema de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad (SEMI), con el propósito de dar cumplimiento al Art. 14 de la LIE. El SEMI está constituido por tres módulos: l) Sistema Nacional de Estadísticas e Indicadores de Género; 2) Indicadores de seguimiento de la PNM y 3) Indicadores del PNIEMS.
El Estado salvadoreño a través del ISDEMU, ha diseñado la propuesta del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con lo establecido en el Art. 30 de la LIEV. Este sistema es una herramienta de gestión de la información sobre violencia contra las mujeres que permite disponer de una base de datos compartida sobre los tipos y modalidades de violencia en el país. Las instituciones que proporcionan información son las siguientes: MJSP, PGR, FGR, CSJ, MINSAL, MINEC, MINTRAB, PNC e instituciones que brindan atención a mujeres que enfrentan violencia.
El ISDEMU, durante el período que se informa, ha desarrollado informes sobre la situación y condición de las mujeres salvadoreñas a partir de los ámbitos de la PNM y ha elaborado y publicado anualmente informes sobre la situación de violencia contra las mujeres. Ha desarrollado investigaciones y diagnósticos específicos de grupos de mujeres dentro de los que se destacan: “Informe de medición y caracterización del empleo generado para mujeres desde el sector público y sector privado”, “Situación de las Mujeres Rurales Salvadoreñas en el Ámbito Económico”, “El Hilo Histórico de las Mujeres en La Participación Política Ciudadana en El Salvador” e “Informe de la Situación y Condición de las Mujeres Salvadoreñas 2009-2014”.
Encuestas y recolección de datos. El Estado salvadoreño informa que, la DIGESTYC ha desarrollado 3 encuestas a solicitud de ISDEMU: i) Uso del Tiempo - Levantamiento del Módulo de Uso del Tiempo (EUT), como anexo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, para los años 2005 y 2010, ii) Violencia contra las mujeres, en la cual realizaron dos pruebas pilotos, un sondeo sobre percepción de violencia contra las mujeres y una encuesta de violencia contra las mujeres y iii) encuesta independiente “Caracterización de las personas adultas mayores para el diagnóstico del programa nuestros mayores derechos”.
Organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mujeres
Recomendaciones 19 y 20 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
En el año 2011 el ISDEMU suscribió un Convenio con la Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA), con el objeto de establecer mecanismos que faciliten el diálogo y trabajo conjunto entre ambas entidades, para el desarrollo de iniciativas que fortalezcan el proceso de implementación de la normativa jurídica nacional e internacional para la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia así como facilitar su participación en los procesos de construcción de políticas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de creación del ISDEMU, dos representantes titulares y dos suplentes de las organizaciones de mujeres nacionales, participan con pleno derecho de voz y voto en la Junta Directiva de ISDEMU. Además como integrantes de la Junta Directiva, participan en la CTE y en el SNIS, el cual en su reglamento considera la participación de tres representantes de las Organizaciones de mujeres.
Estereotipos sexistas
Recomendaciones 21 y 22 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El ISDEMU en seguimiento a sus funciones rectoras establecidas en la PNM y la Ley de Igualdad, ha desarrollado diversas estrategias orientadas a la promoción de una cultura social e institucional para la igualdad. Entre ellas se destaca: generación y divulgación de documentos de análisis; campañas de sensibilización a nivel comunitario; procesos de sensibilización dirigidos a mujeres organizadas en los territorios y servidores públicos de las diferentes carteras del Estado; realización de eventos artísticos culturales que rescatan el papel de las mujeres en desarrollo del país; divulgación y asistencia en lineamientos de cultura institucional para la igualdad, orientados a la instalación de mecanismos de género en las instituciones públicas; producción del programa Radial Voz mujer; entre otros.
La UTE es responsable de coordinar la asistencia técnica, capacitación y educación pública; actividades de observación, de especialización y estudio para el Sector de Justicia. Esta Unidad ha coordinado esfuerzos que se encuentran en el Plan Estratégico Institucional, con el propósito de divulgar la nueva normativa de derechos de las mujeres.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) ha realizado modificaciones al instructivo para la elaboración de los reglamentos internos de trabajo en las empresas. A partir del 2009, se incluyeron las reformas a dicho instrumento para incorporar lenguaje inclusivo y acciones positivas; obteniendo como resultado 1.380 proyectos de reglamentos que incluyen lenguaje inclusivo.
El MINED lidera la Red interinstitucional para la prevención del acoso, abuso sexual y otras formas de violencia de género en las comunidades educativas, la cual aglutina a 26 instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales. Además cuenta con el Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en las comunidades educativas y Ruta de Atención para Víctimas de Violencia Sexual.
Artículo 3
Garantía de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales
El ISDEMU ha formulado lineamientos y guías institucionales que facilitan la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia de transversalización del principio de igualdad, estos son: (i) el PNIEMS, que constituye la principal herramienta de política pública del Estado salvadoreño en materia de igualdad para las mujeres, con un alcance nacional, sectorial y territorial y (ii) Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que encuentra su fundamento en el Art. 16 de la LEIV, y se define como el marco político-estratégico a largo plazo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través de medidas que incluyen la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.
Se destaca el hecho de que ambos instrumentos fueron formulados de manera participativa, a través de procesos de consulta a nivel nacional, por medio de talleres regionales, lo que permitió contar con la validez y compromiso, no solo de las instituciones del Estado, sino de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de las mujeres y movimientos de la sociedad civil.
Como ya se mencionó en el párrafo 32, el ISDEMU instaló en diciembre de 2013 el SNIS, el cual es un mecanismo de coordinación de instituciones del Estado responsables del cumplimiento de la normativa nacional para la igualdad, brindando seguimiento a los avances que cada una desarrolla a favor de las mujeres, promoviendo un proceso de rendición de cuentas. Con la creación de dicho mecanismo, el ISDEMU facilita un espacio de seguimiento técnico de las diferentes áreas y un espacio político de alto nivel para conocer su avance. El SNIS cuenta con mecanismos y herramientas técnicas específicas para el seguimiento y monitoreo.
En agosto de 2012, se conformó la CTE, con el objetivo de garantizar la operatividad de la LEIV y la Política Pública para el Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia; su coordinación está a cargo del ISDEMU, como institución rectora de la LEIV. La visión estratégica de la Comisión se orienta a establecer los vínculos y propuestas necesarias para articular sectorialmente la respuesta del Estado, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres.
Artículo 4
Medidas especiales de carácter temporal
Recomendaciones 13 y 14 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
La Secretaria Técnica de la Presidencia (STP) implementa políticas y programas encaminados a la disminución de las brechas de desigualdad social y de género. Diversos programas sociales incorporan acciones afirmativas para promover la mayor participación de las mujeres y para que tengan acceso a servicios y programas desarrollados por el gobierno.
Entre esos programas se encuentran: el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), que ha establecido una cuota de participación del 60,0% de mujeres, promueve la capacitación laboral de mujeres en oficios no tradicionales; el Programa Presidencial Territorios de Progreso, que establece la paridad de género en la participación en los consejos consultivos del territorio, las mujeres en promedio a nivel nacional representan el 47,0% de sus integrantes; el Programa Nuestros Mayores Derechos, que tiene acciones con especial énfasis en mujeres, el 52,3% de las personas adultas mayores que reciben la pensión Básica Universal son Mujeres; el Programa de Atención Integral a Productores en Pequeña Escala (PAIPPE), que diseñó un Capítulo de mujeres productoras, representando el 57,0%.
Algunos programas sociales coordinados por la STP, en el marco del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), incluyen entre sus estrategias acciones dirigidas a transformar los estereotipos sexistas una de ellas es el componente de Generación de Empleo en la Obra Pública, el cual promueve la conformación de micro empresas de camino, que en su mayoría están conformadas por mujeres que realizan trabajos de mantenimiento de la red vial, la cual ha sido una actividad tradicionalmente masculina. Por su parte Comunidades Solidarias Rurales en el componente de Bonos a la educación y salud, imparte capacitaciones a las familias titulares, el nuevo protocolo de capacitación, que en el año 2013 incorporó el enfoque de derechos y género, fomentando la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado de la familia y la transformación de estereotipos de género.
En el ámbito de participación política, el 14 de febrero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No 307, que contiene la reforma a la Ley de Partidos Políticos en los Artículos 37 y 88. Los artículos enunciados, son una medida de carácter temporal durante el periodo de vigencia (2013-2027), que tienen como propósito crear las condiciones necesarias para que los partidos políticos establezcan dentro de sus planillas, el porcentaje establecido (30%) o más, en la postulación de mujeres para cargos de elección popular.
En Julio 2014 se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ISDEMU y el MTPS, el cual tiene como objetivo principal desarrollar acciones positivas que erradiquen la discriminación hacia las mujeres y promueva el acceso de las mujeres a una vida libre de Violencia en el ámbito laboral.
Artículo 5
El ISDEMU ha creado la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS), y reporta que desde 2013, ha impartido procesos de formación y sensibilización a servidoras y servidores públicos sobre el marco normativo para la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Han participado en los cursos de formación 3,884 personas.
El MTPS ha diseñado el formulario de autoevaluación del cumplimiento de los derechos laborales, el cual contiene un catálogo de derechos laborales de las mujeres, teniendo como finalidad la prevención y el cumplimiento por la parte empleadora a los derechos laborales y del conocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de sus derechos. El MTPS ha realizado procesos de formación a nivel nacional, capacitando a un total de 569 empleadas y empleados sobre temas de género, la normativa nacional para la igualdad de género (LIE y LEIV), la CEDAW y derechos humanos.
El Programa Ciudad Mujer, a través del Módulo de Educación Colectiva, tiene el propósito de empoderar a las mujeres en sus derechos políticos, económicos, sociales y civiles, así como promover su dignidad y la prevención de la violencia de género; en este marco ha implementado jornadas de reflexión, cursos, talleres, actividades culturales, coloquios y conversatorios en los que han participado aproximadamente 15.000 mujeres usuarias en las sedes de Ciudad Mujer. Además, el Programa ha capacitado a aproximadamente 500 funcionarias de las diferentes instituciones que lo conforman en los temas de violencia de género, igualdad de género, género en comunicación y lenguaje y marco normativo nacional para la igualdad de género.
Artículo 6
Trata de Mujeres
Recomendaciones 25 y 26 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El 16 de octubre de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial contra la Trata de Personas, normativa que tiene como finalidad la detección, prevención, persecución y sanción del delito de trata, así como la atención, protección y restitución de los derechos de las víctimas. Con esta Ley se elimina la regulación de ese delito en el Código Penal por medio del Decreto Legislativo 824/2014 que crea la citada ley.
La LEIV establece en el Capítulo II las Disposiciones Procesales Específicas, Artículo 57, las garantías procesales de las mujeres que enfrentan hechos de violencia. En este se define que las mujeres víctimas de trata gozarán de los derechos establecidos por la ley y además se les garantizará la no aplicación de las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria, su permanencia en el país de conformidad a la legislación vigente y su derecho a contar con asesoría jurídica.
El Salvador ha establecido diversos mecanismos institucionales responsables de la dirección y coordinación de la investigación de los delitos de tráfico ilegal de personas y trata de personas, entre ellos la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Tráfico Ilegal y Trata de Personas, de la FGR; institución que además, ha creado el Sistema de Alerta Ángel Desaparecido14, para la localización de NNA desaparecidos por diversas causas, incluyendo trata y tráfico de personas en sus diferentes modalidades. Este sistema cuenta con una línea gratuita de denuncias.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a través del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, aprobó en el 2012 la Política Nacional para el abordaje integral y efectivo de la Trata de Personas, la cual promueve y orienta el diseño y ejecución de las políticas públicas que garanticen el abordaje del delito; orienta la actuación de las instituciones responsables de su ejecución; establece la formulación y ejecución de un plan nacional; y la promoción de una propuesta de Ley Integral contra la Trata de Personas, así como otras reformas y armonizaciones legales pertinentes y necesarias para su ejecución.
Acuerdos bilaterales, regionales e internacionales de cooperación. A nivel regional, en materia de trata de personas se cuentan con los siguientes acuerdos e instrumentos: (i) Memorándum de Entendimiento entre la República de El Salvador y la República de Guatemala para la protección de las víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes. (ii) Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de El Salvador para la protección de las personas, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de migrantes. (iii) Lineamientos Regionales para la Protección Especial en Casos de Repatriación de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas aprobado en la XII Conferencia Regional sobre Migración. (iv) Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad aprobado durante la XVIII Conferencia Regional sobre Migración. El Salvador, es parte activa de la Coalición Regional contra la Trata de Personas, integrada por los Estados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, Panamá y México.
Medidas de prevención. En diciembre de 2013, ISDEMU lanzó la Campaña Nacional “La trata de mujeres es un delito, levantemos nuestra voz”, la cual buscó sensibilizar y concientizar a niñas, adolescentes y mujeres sobre el delito, y la importancia de prevenir, detectar y denunciar. Para su realización se elaboró un diagnóstico comunicacional, que permitió tener un acercamiento al conocimiento, percepción y actitudes, que sobre este tema tienen las jóvenes y mujeres de diferentes zonas del país, a quienes se dirigió la campaña.
En mayo de 2013, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron la campaña regional “Los caminos de la vida no son siempre los que imaginas”, con el objetivo de informar y alertar a las y los jóvenes de Centroamérica sobre los peligros que pueden enfrentar al tratar de buscar mejores oportunidades de vida en otros países; así como también, orientarlos para que reconozcan el delito de la trata y con ello contribuir a reducir el número de víctimas.
Creación de capacidades. El Consejo Nacional contra la Trata de Personas, ha formulado los siguientes instrumentos que fortalecen los mecanismos de coordinación entre las instituciones salvadoreñas que trabajan para combatir y prevenir la trata de personas: (i) Guía para el Servicio Exterior de El Salvador sobre la Trata de Personas. (ii) Guía de Coordinación Interinstitucional para la Judicialización de los Casos de delitos de Trata de Personas. (iii) Manual de Procedimientos Salvadoreño para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas. (iv) Manual de Atención: Albergue para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en El Salvador. (v) Manual del Oficial Migratorio para la detección y atención inmediata de víctimas del delito de Trata de Personas. (vii) Guía de Atención Psicosocial para Víctima de Trata y Personas vulnerables. (vii) Protocolo de atención inicial a víctimas de Trata de Personas.
El Programa de Atención Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ISDEMU, en junio de 2013 inició una serie de capacitaciones en el tema de la trata, dirigido a todo el personal de la institución que brinda atención a usuarias, a fin de incorporar conocimientos y capacidades para poder detectar y orientar a las mujeres sobre esta problemática.
Protección de las víctimas y servicios que se prestan. ISDEMU en el 2013 habilitó el primer albergue especializado para mujeres que enfrentan trata de personas, representado un importante esfuerzo en la atención de esta problemática. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), implementa un programa de protección para niñez víctima de abuso por explotación sexual y trata de personas y además cuenta con un albergue especializado para niñas y adolescentes víctimas de trata.
Entre otras acciones, se han reforzado las medidas fronterizas para la detección y combate del delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería. También se ha elaborado el Manual del Agente Migratorio, el cual constituye una guía para detectar a personas víctimas de Trata de Personas y a los Tratantes. La PNC cuenta con un Manual de Atención a Víctimas de Trata, el cual fue auspiciado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Pese a los esfuerzos realizados por el Estado para dar respuesta a la problemática, continúa siendo una debilidad, la insuficiente investigación de los casos de trata de mujeres y niñas, así como el enjuiciamiento y sanción de los agresores. De acuerdo a información proporcionada por el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, a diciembre de 2012 se contaba con 43 condenas por este delito (ver Tablas No. 1, 2 y 3, Anexo 3).
Artículo 7
Participación en la vida política y pública
Recomendaciones 27 y 28 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El ISDEMU promovió, en marzo de 2014 la firma del “Pacto por la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres” con los Candidatos a la Presidencia de la República (2014-2019), como un compromiso para lograr la igualdad sustantiva y el fortalecimiento de la democracia en una sociedad en la que debe imperar la equidad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. Dicho pacto fue firmado por el ahora Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
En noviembre de 2013, el ISDEMU firmó un Convenio de cooperación interinstitucional con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el propósito de establecer mecanismos de trabajo para la implementación de la estrategia de transversalidad del principio de igualdad en las campañas electorales. En ese marco, se elaboró la “Guía para la Igualdad y No Discriminación en las Campañas Electorales” como una herramienta práctica, dirigida a los Partidos Políticos, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en los procesos de elección popular. Dicha guía fue difundida durante el primer semestre del 2014, con los representantes oficiales de los 10 partidos políticos inscritos ante el TSE.
A partir de las elecciones legislativas y de concejos municipales de 2012, el TSE tomó previsiones para garantizar la participación de la población de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transgénero (LGBT) en el desarrollo de procesos electorales, en especial de personas transgénero. El resultado fue medido en las elecciones de 2014, para las cuales el TSE acreditó a 30 personas de la comunidad LGBT como observadoras electorales, para garantizar el ejercicio del sufragio.
En 2013, el TSE, incluyó un eje transversal sobre la inclusión y tolerancia a la población LGBT, en el contexto de los Centros de Votación y Juntas Receptoras de Votos (JRV) y emitió una declaración pública en ambas vueltas electorales para efecto de las consideraciones pertinentes a este sector de la población.
Desde el 2013, el ISNA ejecuta programas de Promoción de Derechos, con el objetivo de que las y los adolescentes ejerzan su ciudadanía a través del fortalecimiento de las habilidades para la vida, derechos y deberes con énfasis en la participación para incidir políticamente en la transformación de su entorno personal, familiar y comunitario. El programa fomenta la participación, fortalece y empodera a las adolescentes para que participen activamente en los órganos directivos de sus centros escolares o comunitarios.
En cuanto a la participación política de las mujeres en los Concejos Municipales, se observa un leve aumento para el período 2012-2015 en los cargos de sindicatura con un 18,7%, regidoras propietarias con un 26,3% y regidoras suplentes con un 31,5% (ver Tabla No. 1, Anexo 4). En la Asamblea Legislativa, para los cargos de mujeres diputadas propietarias se reconoce un avance en su representación en el período 2012-2015 con respecto al período 2009-2012, pasando del 20,2% al 27,4% (ver Tabla No. 2, Anexo 4).
La Corte Suprema de Justicia está conformada por quince magistrados y magistradas, de los cuales seis son mujeres (40,0%), para el período 2012-2015. Las Salas están integradas de la siguiente manera: Sala de lo Constitucional, cinco hombres; Sala de lo Contencioso, tres mujeres y un hombre; Sala de lo Penal, dos mujeres y un hombre; Sala de la Civil, una mujer y dos hombres (ver Tabla No. 3, Anexo 4).
El artículo 22 de la Ley de Partidos Políticos, expresa como obligación de los éstos: “Establecer en su estatuto los procedimientos para promover la participación de mujeres y jóvenes en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargo de elección popular”. En cumplimiento a ello, el TSE elaboró el Reglamento de la Ley de Partidos Políticos (publicada en el Diario Oficial No 103, Tomo No. 403, 5 de junio de 2014).
El ISDEMU ha fortalecido el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres con la creación de 14 Consejos Consultivos y de Contraloría Social, estos son instancias de articulación territorial, orientadas a la participación ciudadana de las mujeres desde su condición y posición, para incidir y proponer en la toma de decisiones la exigencia y el cumplimiento de sus derechos. Los Consejos consultivos se han conformado por 940 mujeres lideresas representativas de cada uno de los departamentos del país y 231 consejos consultivos a nivel municipal, con la participación de 8.613 mujeres lideresas representantes de diferentes cantones, comunidades y caseríos que conforman los municipios.
En el 2013, ISDEMU realizó la Campaña nacional para fortalecer la ciudadanía en defensa de los derechos de las mujeres, con el objetivo de fortalecer el tejido social, la organización y el empoderamiento de las mujeres en los municipios y promover la organización social en defensa de los derechos de las mujeres. En la campaña participaron más de 20,000 mujeres de diferentes municipios del país.
Artículo 8
Representación en el plano internacional
En cumplimiento al Art. 8, el Estado promueve en el interior de sus instituciones la participación y representación de las mujeres de todos los niveles en reuniones internacionales, bajo los principios de igualdad y no discriminación, ejemplo de ello es su participación en diferentes comisiones de la ONU, tales como: Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés); Comisión de Desarrollo Social y Comisión de Población y Desarrollo, entre otras.
Asimismo, funcionarias del ISDEMU han representado al país y a la institución en espacios como: Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Funcionarias de la Cancillería han realizado la representación de país en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los casos que han sido planteados respecto de El Salvador en estas instancias. La participación y representación de las mujeres en la 131° Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas.
De igual manera, en la defensa verbal del III, IV y V Informe de País sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la delegación del país estuvo conformada sólo por mujeres. Por otra parte, se destaca el nombramiento de la salvadoreña Dra. Victoria Marina de Avilés como Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo.
Por otra parte, se informa que un gran número de mujeres se encuentran trabajando en el servicio exterior, algunas de ellas ocupando cargos de representación en las Embajadas y los Consulados del Gobierno de la República de El Salvador. Durante el 2013, el total de personas trabajando en el exterior fue de 464 personas, de las cuales el 51,1% fueron mujeres y el 48,9% fueron hombres; mientras que en el 2014 (enero-junio), trabajaban 459 personas, de las cuales el 49,9% son mujeres y el 50,1% son hombres (ver Tabla No. 4, Anexo 4).
Artículo 9. Nacionalidad
El 9 de febrero de 2015 a través de la Misión Permanente de El Salvador ante Naciones Unidas con sede en Nueva York, se realizó el depósito ante la respectiva oficina de ONU; de tres instrumentos internacionales entre ellos la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, lo cual pone de manifiesto el compromiso del país en el marco del cumplimiento de sus compromisos internacionales en esta materia.
Artículo 10. Educación
Educación. Recomendaciones 29 y 30 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado Salvadoreño, a través del Mecanismo para el Adelanto de la Mujer y el Órgano Legislativo han incorporado jurídica y políticamente el principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres, como se mencionó en el desarrollo de los artículos 2 y 3 de este informe.
Por su parte el MINED ha fortalecido los programas de alfabetización, declarando alrededor de 22 municipios libres de analfabetismo. El programa nacional de alfabetización estimula la participación ciudadana y el voluntariado con la conformación de círculos de alfabetización. Entre el 2009 y 2013 se ha alfabetizado a 172.479 mujeres, de estas 120.125 se han formado en el primer nivel de alfabetización, lo que implica el 68% del total de población atendida; y 52.354 mujeres en segundo y tercer nivel de alfabetización (sexto grado), lo que representa el 67% del total de población atendida en dichos niveles. Del total de mujeres alfabetizadas, el 75% viven en la zona rural y 25% en la zona urbana (ver Tasa de analfabetismo en Tabla No. 1, Anexo 5).
Otro aporte en este contexto lo realiza el Programa de Modalidades Flexibles de Educación, ejecutado también por MINED, el cual tiene la finalidad de garantizar la permanencia en el sistema educativo, impactando de manera positiva en las mujeres, ya que está abriendo la oportunidad de completar sus estudios secundarios y acceder a estudios superiores y/o carreras técnicas. En el período comprendido de 2011 a 2012 este programa atendió a 20.549 mujeres en la zona urbana y a 3.998 mujeres en la zona rural.
Artículo 11
Empleo. Recomendaciones 31 y 32 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7)
El MTPS cuenta con la Unidad Especial de Prevención de Actos Laborales discriminatorios de la Dirección General de Inspección, la cual recibe denuncias por actos discriminatorios y despidos improcedentes (trabajadoras embarazadas y directivos sindicales); haciendo énfasis en grupos prioritarios a saber: personas con discapacidad y población de LGBT.
El Estado informa que persiste la tendencia a que las mujeres encuentren oportunidades laborales en el sector terciario y el sector informal de la economía, en contraste con los hombres que se ocupan predominantemente dentro del sector formal de la industria y la agricultura. La tasa de participación laboral de las mujeres, que mide el grado de intervención de la población en el mercado de trabajo, ha tenido una tendencia creciente desde 2008 a 2012 siendo 47,3% en 2008 y 47,9% en 2012. Esta segmentación ocupacional que genera una participación desigual de mujeres y hombres en el sector productivo de la economía, está determinada por condicionantes de género relacionados con la división sexual del trabajo (ver Gráfica No. 1, Anexo 6).
La brecha salarial, entre mujeres y hombres, para el período 2009 al 2013, ha mostrado un comportamiento decreciente del 18,6% al 14,3%; lo que indica que las mujeres en el 2013 requerirían incrementar sus salarios en 14,3% para equipararlos con los que reciben los hombres.
Sobre la condición de desventaja de las mujeres en el mercado de trabajo, el MTPS informa el desarrollo de diferentes acciones para aumentar su participación, entre se destacan la celebración de ferias de empleo, que tienen como objetivo principal acercar la oferta y la demanda de empleo. Como parte de este mecanismo, el MTPS facilita en todas las bolsas de empleo y de forma permanente servicios de orientación sobre posibilidades de colocación, capacitación y formación laboral a quienes están en búsqueda de un empleo (ver Tabla No. 1, Anexo 6).
En cumplimiento a la Ley de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna, el MTPS, ha implementado el Plan para la verificación al Derecho de la Lactancia Materna, este tiene como objetivo principal verificar el permiso para que la mujer trabajadora lacte a su hija(o), así como el establecimiento de un lactario en los lugares de trabajo para que las mujeres trabajadoras en período de lactancia se extraigan y conserven la leche materna. En este marco se reporta que de 1.009 inspecciones realizadas, sobre el cumplimiento de la ley sobre el permiso para lactar a 993 empresas, 532 empresas cuentan con la instalación de lactarios.
En relación a la protección de los derechos laborales de las mujeres en la industria de la maquila, el MTPS a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo, ha implementado el Plan de verificación de Derechos Laborales de las Mujeres en la Industria de la Maquila (Zonas Francas y DPA), cumpliendo con los compromisos adquiridos en la agenda de derechos laborales de las mujeres trabajadoras en la industria maquiladora de Centroamérica.
El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), ha impartido capacitaciones en el PATI el cual contempla una acción afirmativa para las mujeres, al establecer un criterio de participación del 60% de mujeres jefas de hogar (para el 2012 la participación de mujeres ascendió al 72,8%). Este programa integra un componente de empleabilidad con la formación vocacional de cada participante e incorpora una acción encaminada a romper con la segregación horizontal del empleo, ya que capacita a mujeres en oficios no tradicionales. En el período 2011-2013, un total de 44.469 personas fueron capacitadas, 71,7% mujeres y el 28,3% hombres (ver Tabla No. 2, Anexo 6).
El programa Ciudad Mujer, a través del Módulo de Autonomía Económica, provee servicios orientados a facilitar que las mujeres cuenten con oportunidades para disponer de ingresos, información, bienes y servicios que favorezcan su participación en la economía nacional y les permita una vida autosuficiente. El programa está diseñado para fortalecer las capacidades productivas y empresariales de las mujeres y para facilitar su incorporación en los diferentes ámbitos productivos del país. Las diferentes sedes de Ciudad Mujer han ofrecido hasta septiembre de 2014 un total de 1.520 cursos, graduando hasta la fecha a 27.851 mujeres. Es módulo también ha ayudado a constituir diversos emprendimientos económicos de mujeres, tanto colectivos como individuales, en los rubros del sector comercio, producción de calzado, agroindustria alimentaria, textiles y confección, artesanías y manualidades, química farmacéutica, servicios, entre otros (ver Tabla No. 3 de Anexo 6).
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), reporta la creación del régimen especial para Salud y Maternidad para Trabajadores y Trabajadoras Domésticas, que fue creado por medio del Decreto Ejecutivo No. 74, emitido el 31 de mayo de 2010. El referido decreto ha permitido el acceso de este sector de la población trabajadora a la seguridad social. El Régimen beneficia a mujeres, ya que estas constituyen el 91,2% del sector del trabajo doméstico. De acuerdo con datos del ISSS, para abril de 2013, un total de 2.326 personas se encontraban inscritas, de estas el 90,5% son mujeres mientras que los hombres son el 9,5% (ver Tabla No. 4, Anexo 6).
Con respecto al proceso de adhesión al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Trabajo Decente para Trabajadoras y Trabajadores del hogar, se informa que éste se encuentra en estudio en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, en el mes de septiembre del 2014, el MTPS otorgó personalidad jurídica al Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (SIMUTHRES), el cual cuenta con 36 mujeres fundadoras.
En el país existen 455 sindicatos activos y 182 de ellos cuentan con Secretarías de la Mujer o similares. En cuanto al acceso de las mujeres trabajadoras a los sindicatos, el MTPS informa de un registro de 43.347 mujeres trabajadoras afiliadas a Sindicatos y 139.013 hombres. La participación en cargos de Dirección y Administración en juntas directivas se registra a 1.363 mujeres y 2.886 hombres.
ISDEMU informa que en el 2012, firmó el Convenio Marco de Cooperación con el Banco Central de Reserva (BCR), MINEC-DIGESTYC y CEPAL con el objetivo de establecer la Cuenta Satélite de Hogares de Trabajo no Remunerado, para la valoración económica en las cuentas nacionales de aportes de los hogares a la economía, al contabilizar el trabajo que las personas realizan para la generación de servicios necesarios, destinados a la satisfacción de sus necesidades.
Artículo 12. Salud
Recomendación 35 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Como resultado de la reforma de salud se han desarrollado una serie de medidas de política para eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera de la atención médica con la reorientación de un nuevo modelo de atención que da prioridad a la promoción y la prevención como parte de la Política Nacional de Salud.
El MINSAL ha diseñado normativas como: Lineamientos Técnicos para el abordaje en salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero; Lineamientos Técnicos de Atención Integral a todas las formas de Violencia; Lineamientos Técnicos para la promoción del Derecho Humano a la Salud; Política de Salud Sexual y Reproductiva; y Política Institucional para la Igualdad y la Equidad de Género del MINSAL, en proceso de oficialización.
Para garantizar el acceso y gratuidad de los servicios de salud durante el embarazo, parto y el período posterior al parto, y de una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia; el MINSAL ha formulado Lineamientos Técnicos para la Atención de la Mujer en el período pre-concepcional, parto, puerperio y al recién nacido, los Lineamientos Técnicos Operativos para la Estrategia Plan de Parto; y ha construido el Hospital Nacional de la Mujer del tercer nivel atención, que cuenta con el equipo necesario y con la contratación de nuevo recurso humanos. Dicha infraestructura es en sustitución del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán”.
Sobre la prestación de servicios de salud a las personas transgénero, se ha separado la atención de mujeres trans de la atención de hombres y se han adoptado medidas para asegurar el respeto de su expresión de género al momento de su identificación en los establecimientos de salud.
El MINSAL también ha creado la Red Nacional de Laboratorios, que consta de cinco laboratorios regionales, con lo que se ha mejorado el tiempo de toma y respuesta, y se ha disminuido el gasto de la población, realizando entre otros exámenes de cáncer mamario y cervical. Con el apoyo de más recurso humano, se ha logrado ampliar la cobertura de gineco-obstetras a 24 horas, 7 días de la semana, en 20 de las 28 maternidades a nivel nacional, permitiendo el monitoreo de los indicadores relacionados con el parto, contribuyendo en la disminución de la mortalidad materna.
En agosto de 2013, con la entrada en vigencia de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, se han implementado tres Bancos de Leche Humana los cuales permiten garantizar la nutrición adecuada del recién nacido/a, aún en los casos cuando su madre no puede proporcionar este alimento. Estos bancos se ubican en los hospitales: Nacional de la Mujer, Santa Ana y San Miguel; donde se han colectado 1.411 litros de leche humana, beneficiando a 437 recién nacidos.
Se han creado 16 Hogares de Espera Materna que permite que las embarazadas puedan acceder oportunamente al parto hospitalario, con énfasis en las zonas geográficas de difícil acceso.
Las Unidades de Salud Comunitarias pasaron de 377 unidades en 2009 a 708 en el 2014, de las cuales 38 son especializadas. El MINSAL ha desarrollado 6 Equipos Comunitarios de Salud Especializados (ECOS-especializados), que están conformados de acuerdo con su capacidad instalada, demanda de atención y población adscrita, estos pertenecen al primer nivel de atención y son quienes entregan servicios de especialidad en el lugar más apropiado, preferentemente en ambientes extra hospitalarios.
Los ECOS que funcionan en las sedes de Ciudad Mujer son exclusivos para mujeres y cuentan con recurso humano especializado en las áreas de: ginecoobstetricia, medicina interna, pediatría, enfermería, psicología, odontología, educadoras para la salud, profesionales de laboratorio clínico, radiólogas, técnicas en radiología, nutricionistas, estadísticas y colaboradoras en servicios varios. Durante el período de junio 2013 a mayo 2014, se han brindado 16.571 consultas generales, 63.284 consultas especializadas y 12,683 citologías. De esas sedes se han referido a 5.799 usuarias a la Red Nacional de Hospitales, en su mayoría por patologías relacionadas con el embarazo, enfermedades pélvicas y de mama. Se han creado dos Unidades Especializadas para la atención de mujeres en situación de violencia en los Hospitales San Juan de Dios (Santa Ana) y San Rafael (La Libertad).
El Estado ha avanzado con la reforma del Sistema Nacional de Salud, logrando acercar los servicios a la población por medio de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS). La red facilita el acceso a los hospitales de tercer nivel, a través del sistema de referencia, retorno e interconsulta, desde las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) básicas. Otra estrategia es el apoyo al programa Ciudad Mujer, que ha contribuido al acceso de servicios de salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva, para las mujeres del área rural en los departamentos donde están ubicadas las sedes.
Durante el período 2009-2013, se ha logrado el incremento en la consulta y atenciones de primera vez en la población femenina en los diferentes ciclos de vida, cubriendo a aquellas mujeres que no han sido atendidas por otros prestadores de servicios de salud. Los porcentajes de cobertura en atención en salud de las mujeres ha tenido un aumento muy importante: en el 2009 fue de 76,45% y para el 2013 fue de 92,02%.
El MINSAL informa que ha mejorado el sistema de vigilancia de la salud materna que tiene por objeto identificar las causas de morbilidad obstétrica severa y los casos de mortalidad materna, contando con un registro de éstas. La reducción de la razón de mortalidad materna, ha disminuido de 56,0 x 100,000 nacidos vivos en 2009, a 38,0 x 100,000 nacidos vivos en 2013, hasta el punto de un cumplimiento anticipado del ODM 5 (ver Gráfico No. 1, Anexo 7).
El MINSAL reporta que a través de la iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, se logró aumentar la cobertura de inscripción prenatal precoz de 65,1% en el 2010, al 72,2% para el 2013; y la proporción de partos institucionales paso de 78,3% en el 2010 a 95,7% en 2013.
Recomendación 36 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Frente a la decisión legislativa impulsada en 1997 sobre la prohibición absoluta del aborto, El Salvador reconoce las limitaciones que esta situación genera para el pleno goce y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas.
No obstante la limitación legislativa, el Gobierno salvadoreño manifiesta su compromiso en garantizar los derechos humanos de las mujeres, y dentro del marco de la ley ha impulsado importantes medidas de política pública que han generado impactos significativos en la vida de las mujeres como el acceso a los servicios integrales de la salud materna, lo cual ha contribuido a la reducción de la mortalidad materna superando la meta establecida en el ODM 5 —tal como se especificó en el párrafo 120—, acercamiento y mejora en el acceso a los servicios de salud por la población y el diseño e implementación de instrumentos que rigen la actuación del funcionariado de salud frente a la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
En virtud de este compromiso y como demostración del interés del avance de los derechos de las mujeres, en el año 2010 el Estado de El Salvador levantó las reservas realizadas al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. A su vez, se han desarrollado esfuerzos para prevenir, proteger y atender a niñas, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad o violencia.
Respecto al acceso de métodos de planificación o anticonceptivos, El Salvador cuenta con diferentes políticas y documentos regulatorios promulgados por el MINSAL, entre los que se mencionan: la Guía Técnica de Atención en Planificación Familiar y la Política de Salud Sexual y Reproductiva. Dichas normativas promueven la elección libre e informada de métodos de planificación temporales como permanentes y establecen los lineamientos de actuación para brindar atención integral en planificación familiar y una sección específica de anticoncepción dirigida a la población adolescente (ver Tabla No. 1, Anexo 7, para ver atenciones en Planificación Familiar).
También se informa que en los establecimientos de salud se promueve el derecho de las adolescentes a recibir atención integral, oportuna y de calidad, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género; para lo cual se ha desarrollado la estrategia de pares “Formación de promotores juveniles en salud integral”, “Formación de Promotores Juveniles en Salud Sexual y Reproductiva”, y la estrategia de los “Círculos Educativos para adolescentes embarazadas”. Las estadísticas sobre adolescentes embarazadas se mantiene para el 2013 en un 31,63%, en relación al total de embarazos en mujeres de 20 y más años.
Con respecto a las estadísticas reportadas por MINSAL en relación con mujeres atendidas por abortos espontáneos y sépticos por año y el total de muertes por aborto se agradece consultar el Anexo 7.
Sobre la problemática del VIH, se ha fortalecido su respuesta y atención concretando la elaboración de normativas como la Guía clínica de la profilaxis post-exposición, siendo uno de sus objetivos facilitar el abordaje integral, multidisciplinario e intersectorial de las personas afectadas por violación sexual. La Estrategia Nacional de Información, Educación y Comunicación para el Cambio de Comportamiento (IEC/CC), está dirigida a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, adolescentes, trabajadores(as) sexuales, comunidad LGBTI, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, población móvil y población de uniformados, con el fin de mejorar la salud en correspondencia a las estrategias planteadas en la Política Nacional de Salud.
Entre las acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC), el MINSAL ha ejecutado cuatro campañas publicitarias sobre prevención de VIH orientadas a: 1) Realizarse la prueba del VIH la cual ha estado vigente desde el 2007 a junio de 2013, 2) Promover la “Caminata por la VIHDA” en conmemoración al Día Mundial de la Respuesta al VIH, 1 de diciembre de 2012, 3) Prevención de ITS en febrero de 2013 y 4) Contra la discriminación hacia personas con VIH en abril de 2013.
El MINED ha implementado desde el 2009 un Modelo de Prevención del VIH-SIDA en las Comunidades Educativas de El Salvador, con el objetivo de Fortalecer las acciones para el abordaje preventivo, la no discriminación del VIH y los Derechos Humanos, con docentes y estudiantes de los centros educativos. Interviniendo en 1.044 centros escolares a nivel nacional, con la formación de 19.800 docentes (12.422 mujeres y 7.378 hombres). El MINED también cuenta con las diferentes guías metodológicas para la prevención del VIH con enfoque de Derechos Humanos para docentes de 1o, 2o y 3er Ciclo de Educación Básica y Educación Media; y el Manual de Prevención del VIH para docentes.
El MINED ha diseñado los fundamentos curriculares de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) para los niveles de Educación Inicial y Parvularia, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y Educación Media; Guías Metodológicas para el desarrollo del Enriquecimiento Curricular en educación integral de la sexualidad y el Curso Básico de Educación Integral de la Sexualidad, para docentes de todos los niveles educativos. En ese contexto se han capacitado 2.433 docentes (1.752 mujeres y 681 hombres), de 760 centros educativos, quienes han trabajar con 31.000 estudiantes (16.120 mujeres y 14.880 hombres).
Además, el MINED ha trabajado la guía Familiar para la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), la cual se encuentra en proceso de entrega técnica al personal docente formado en EIS. Hasta el año 2014 se había sensibilizado a 14.520 madres y padres, abordados por 726 docentes.
El ISNA brinda atención en salud integral a adolescentes mujeres que se encuentran privadas de libertad en virtud de una resolución judicial de carácter penal, desarrollando el componente de salud contenido en el Programa Marco para la Atención Integral de Adolescentes Sujetos a Responsabilidad Penal Juvenil. Igualmente ejecuta desde el 2013, programas de Promoción de Derechos, entre los cuales se encuentran: “Programa Formación de Agentes Multiplicadores Voluntarios” y “Colectivos de Participación”; los cuales contienen, entre sus componentes y ejes temáticos la salud integral en sexualidad, salud sexual y reproductiva, embarazo en la adolescencia y prevención del VIH.
Artículo 13
Prestaciones familiares. Instituciones públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CSJ, el Centro Nacional de Registros y la PDDH, ofrecen como parte de las prestaciones laborales a sus empleados y empleadas: servicios especiales para el cuidado de niñas y niños. En el caso del MTPS, desde agosto de 2011, ofrece como parte de sus servicios a las personas usuarias, un espacio para el cuidado de niñas y niños. Hasta mayo de 2014, se atendieron a 1.781 niñas y niños.
Préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Durante el período que se informa, destaca la aprobación de la Ley del Sistema Financiero para Fomento al Desarrollo, la cual dio paso a la creación del Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL. El Banco administra el Programa de Garantías para mujeres emprendedoras y empresarias, atendidas en las sedes de Ciudad Mujer, el cual al 31 de agosto de 2014 ha otorgado un total de 563 créditos, con un monto promedio de $556,49 por crédito atendido.
BANDESAL realizó en el mes de octubre del 2014, el lanzamiento del Programa Banca Mujer, con el objetivo de promover el desarrollo económico e inclusión financiera de las mujeres empresarias salvadoreñas por medio de tres herramientas: líneas de financiamiento, líneas de garantías y capacitación y asistencia técnica.
El Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA) ha dado prioridad a la prestación de servicios financieros a las mujeres salvadoreñas, creando programas o líneas especiales que facilitan a las mujeres el acceso a crédito, a través de la firma de convenios con otras instituciones públicas como la SIS y el MTPS.
El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) ha impulsado el acceso a créditos para emprendimientos femeninos a nivel nacional, propiciando un marco de garantías complementarias y seguros para respaldarlas. En las líneas no agropecuarias, dirigidas en su mayoría a fortalecer pequeñas y microempresas en sectores comercio, servicio, artesanía e industria, bajo el Programa Microcréditos existe una participación mayoritaria de mujeres con respecto al número de créditos (65,7% mujeres) y los montos (58,7% se ha asignado a mujeres).
Se destaca que, sobre los créditos brindados en los diferentes sectores productivos y en el sector comercio, existe una participación mayoritaria de mujeres en los relativo al número de créditos (62% mujeres y 38% hombres) y los montos (44% del total en este sector se ha asignado a mujeres y a hombres el 51%). La oferta de crédito para vivienda para las personas trabajadoras forma parte de las competencias del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Para el período de junio 2012 a mayo 2013, el 44% de los créditos fueron otorgados a mujeres.
El MINEC a través de CONAMYPE, ha adoptado una visión de género en toda la gestión institucional incorporando como eje transversal la equidad de género dentro del marco de sus políticas y estrategias institucionales. En los últimos cinco años ha atendido a 60,544 unidades económicas de todo el país mediante diversos servicios a micro y pequeñas empresas, personas emprendedoras empresarias, artesanas y cooperativistas. De este total el 62% representan unidades económicas lideradas por mujeres.
El MINEC informa de la creación de 18 Ventanillas de Empresarialidad Femenina (VEF) para atender de manera especializada a las mujeres empresarias y emprendedoras en todo el país. En las Sedes de Ciudad Mujer, hasta abril 2014, se brindó atención a 11.900 mujeres.
Actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. La política de deporte es ejecutada a través del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). El fortalecimiento ha ido acompañado del aumento de la práctica del deporte de la población, a través de la ejecución de estrategias a nivel comunitario, escolar e inclusión social. En el 2012 se registró una participación de 51,627 personas en estos programas, donde las mujeres representaron el 55%. Hasta mayo de 2012, se contabilizan 131 atletas dentro del régimen de salud del ISSS. Atletas jóvenes y de la población adulta mayor reciben un reconocimiento económico, de acuerdo con evaluación de sus logros deportivos, denominado “Estímulo al Mérito Deportivo”.
Artículo 14. Mujer rural
Recomendaciones 37 y 38 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado salvadoreño, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desarrolla el Plan de Agricultura Familiar (PAF) del MAG, y sus programas Seguridad Alimentaria y Nutricional, Encadenamiento productivo y Paquetes Agrícolas. Las mujeres receptoras de los paquetes agrícolas registran un aumento alrededor del 35,0% entre 2010 y 2012; la capacitación, formación y asistencia técnica proporcionadas a través de las Escuelas de Campo muestran una tendencia positiva, pasando del 20,0% de mujeres participantes entre 2011-2012, a un 40,6% de mujeres participantes en el período 2012-2013.
El MAG ha establecido un acuerdo interinstitucional con el BFA para que asociaciones de mujeres tengan acceso a créditos con tasa preferencial del 4%, la cual ronda el 9%, el resto de la diferencia es absorbida por el Ministerio. Para el mes de agosto 2014, un 20% de la cartera de préstamos para granos básicos ha beneficiado a mujeres agricultoras. El otorgamiento de créditos del BFA, se orienta a fortalecer al sector agropecuario, rubro donde ha prevalecido la presencia masculina en un 80% contra el 20% de mujeres atendidas.
El programa de titularización de tierra a cargo del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ha mostrado un avance positivo para las mujeres rurales, a quienes desde junio 2009 a mayo de 2014 se benefició con la entrega de 16.937 títulos de propiedad (tabla No. 1, Anexo 8).
Por su parte Programa Presidencial Territorios de Progreso promueve la superación de la pobreza y las desigualdades sociales, primordialmente las de género. El programa establece la conformación de los Consejos del Territorio, donde alrededor del 40% de estos consejos están integrados por mujeres.
La STP a través del Programa de Atención Integral a Productores en Pequeña Escala (PAIPPE), diseñó un Capítulo de Mujeres Productoras que atiende a mujeres y grupos de mujeres en las zonas rurales del país. El 57% de la población atendida por el PAIPPE son mujeres y el 32% de los grupos atendidos corresponden a grupos solo de mujeres.
En el período que se informa se reformuló el Programa Red Solidaria y se creó el Programa Comunidades Solidarias (que tiene intervenciones en el área rural y urbana), siendo uno de los programas que forman parte del SPSU. Una de las variantes con respeto a programas anteriores, es que este incluye la promoción de la “participación activa de niñas, adolesc entes y mujeres adultas”.
El Estado también ha priorizado el mejoramiento de la infraestructura social básica. Al 2013, se ha logrado el 71,4% de cobertura de agua potable y saneamiento básico, y el 86,6% de cobertura de energía eléctrica en los municipios de Comunidades Solidarias Rurales. El resultado de este conjunto de intervenciones ha impactado positivamente en la reducción de los niveles de pobreza en la población en general, y de las mujeres en particular. Entre el período 2009-2012, en el área rural, la mujeres en condición de pobreza se redujo en 1,4 puntos porcentuales (ver Gráficos No. 1 y 2, Anexo 8).
Artículos 15 y 16
Derechos Civiles, Matrimonio y Familia
La información sobre los cambios legislativos realizados por el país en lo referido a estos artículos, ha sido reportada en el Quinto y Sexto Informe Periódico presentado por El Salvador, sin que a la fecha registren cambios en la legislación vigente en la materia.
Violencia contra las mujeres
Recomendaciones 23 y 24 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Importantes son los avances reportados en esta materia en cumplimiento con la LEIV, entre los cuales se destacan: (i) la creación de la Comisión Técnica Especializada (CTE), con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las Políticas Públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La CTE ha focalizado su trabajo en establecer los mecanismos y propuestas para articular sectorialmente la respuesta del Estado, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres. (ii) En cumplimiento de la LEIV, la Junta Directiva de ISDEMU, aprobó en octubre 2013, La Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Política Nacional ha establecido lineamientos organizados en tres ámbitos de actuación y coordinación institucional: (1) Ámbito de Prevención. (2) Ámbito de Atención. (3) Ámbito de Procuración y Administración de Justicia. La Política Nacional, es el resultado de un amplio proceso de consulta a nivel nacional, llevado a cabo en el período de enero a junio 2013, en el que participaron las instituciones que integran la Comisión Técnica Especializada, Consejos Consultivos y de Contraloría Social, organizaciones de mujeres y del movimiento feminista a nivel departamental y nacional.
ISDEMU ha formulado una serie de lineamientos y mecanismos para el impulso del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y al cumplimiento de los mandatos de la LEIV, entre los que se mencionan: (i) Lineamientos Municipales para la formulación de Planes de Igualdad, creación de Unidades Municipales de la Mujer, y Planes de Prevención de violencia contra las mujeres. (ii) Lineamientos para la Identificación de Tipos y Modalidades de Violencia contra las Mujeres. (iii) Guía de Lectura de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres con enfoque psico-social. (iv) Lineamientos para la Acreditación, Monitoreo y Evaluación de las Unidades Instituciones de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM). (v) Lineamientos para la acreditación y funcionamiento de Casas de Acogida. (vi) Protocolo del Programa de Atención Especializada para mujeres que enfrentan violencia. (vii) Campañas para prevenir distintas formas de violencia: “La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad”, “La trata de mujeres es un delito, levantemos nuestra voz”. (viii) Programa de Radio Voz Mujer. (ix) Estrategia de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, dirigida a grupos de interés específicos, focalizado en este periodo en Centros Escolares y Hospitales.
ISDEMU además ha desarrollado un marco institucional de atención a la violencia contra las mujeres, que contiene lineamientos institucionales que regulan la actuación de los servicios que se prestan, este marco retoma el principio de la intersectorialidad basado en la articulación de programas, acciones y recursos para la atención, protección, sanción y reparación del daño a las víctimas para garantizar una atención integral.
ISDEMU cuenta con un equipo conformado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que brindan atención 24 horas los 365 días del año. Existen varias modalidades o vías de entrada para que las mujeres soliciten información y orientación sobre casos de violencia de género: (1) Servicios informativos y de orientación de urgencias a través del Centro de Llamadas 126. (2) Centro de Atención integral para una Vida Libre de Violencia. (3) Unidades de Atención Especializada ubicadas en Sedes de Ciudad Mujer. (4) Unidades de Atención Permanentes en cada Departamento. (5) Unidades Móviles de Detección y Referencia. (6) Servicios de Protección y albergue temporal para mujeres en extremo peligro con servicios de atención interdisciplinaria.
Las Unidades Institucionales de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), que mandata el Art. 25 de la LEIV, que se han instalado y se encuentran funcionando son las siguientes: (i) El Órgano Judicial cuenta con tres Unidades de Atención a víctimas de violencia intrafamiliar y abuso sexual. (ii) PNC cuenta con nueve Unidades Especializadas de la Denuncia y Atención Ciudadana UNIMUJER-ODAC. (iii); la PGR cuenta con 13 UIAEM creadas en las Procuradurías Auxiliares a Nivel Nacional. (iv) el MINSAL ha creado dos Unidades Especializadas de la Dirección de Atención a Víctimas en los Hospitales San Juan de Dios y San Rafael.
En junio de 2012, la FGR aprobó el Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio, el cual tiene como finalidad orientar a fiscales, investigadores policiales y médicos forenses, sobre el procesamiento de escenas del delito que correspondan a homicidios de mujeres, que puedan tratarse de feminicidios. Además, a través de la Escuela de Capacitación Fiscal se forma a Fiscales Auxiliares sobre el acceso a los servicios de justicia para las mujeres, los tipos penales caracterizados por criterios de género y la investigación especial sobre los mismos, incluyendo el ya citado Protocolo de Actuación para la Investigación del Feminicidio.
Estado y situación de la violencia contra las mujeres. Partiendo del hecho que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, la información sobre la muerte violenta de mujeres constituye uno de los principales indicadores para evaluar la situación de violencia contra las mujeres en El Salvador. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Medicina Legal (IML), se reporta una importante disminución de las muertes violentas de mujeres, para el periodo comprendido entre el 2009 y 2013, tal y como se presenta en la Tabla No. 1, Anexo 9.
Pese a la reducción presentada, el Estado salvadoreño aún enfrenta el gran desafío de mejorar su capacidad para garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia, con especial énfasis en la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres; dado que la cantidad de casos que ingresan al sistema judicial son aún pocos: en 2012 se judicializaron 150 casos (144 calificados preliminarmente como homicidios y 6 como feminicidio) (ver Tabla No. 2, Anexo 9).
A partir de esta realidad, el Estado Salvadoreño considera que la procuración de justicia para las mujeres sigue siendo uno de los más grandes desafíos que enfrenta el país. En el mes de noviembre 2014, la CSJ y la Asamblea Legislativa firmaron un Convenio de Cooperación con el propósito de crear una jurisdicción especializada para delitos contra las mujeres
Trabajo Infantil
Recomendaciones 33 y 34 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado salvadoreño a través del MTPS, instaló en el 2012 un Sistema Nacional de Información sobre Trabajo Infantil, el cual está bajo la coordinación del MINEC, a fin de contar con un registro y observatorio para monitorear el avance del país en la erradicación y prevención del trabajo infantil.
Entre el período 2012 y 2013, el trabajo infantil disminuyó de 191.599 a 187.428 niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajando. Sin embargo, al desagregarlo por sexo, las niñas experimentaron un crecimiento, aunque el trabajo infantil continúa siendo mayoritariamente masculino (ver Gráfico No.1, Anexo 6). El MTPS también ha impulsado nuevos programas para la erradicación del trabajo infantil como: la “Hoja de Ruta para hacer de El Salvador un país libre de Trabajo Infantil y sus peores formas”.
La Constitución de la República, establece que en el país la edad mínima para trabajar es de 14 años. Está norma forma parte de la LEPINA, Artículo 59, y contempla una serie de disposiciones para la protección de la persona adolescente trabajadora como parte de su protección integral.
En cumplimiento de las competencias que el Artículo 57 de la LEPINA otorga al MTPS, esta cartera de Estado desarrolla una labor de verificación del buen uso de los permisos de trabajo, además brinda servicios de orientación e intermediación laboral, y acciones de sensibilización permanente a las y los empleadores para la no contratación de menores de 18 años sin el permiso correspondiente. Entre el 2009 y 2013 los permisos otorgados por el MTPS se redujeron en más de la mitad (ver Tabla No. 5, Anexo 6).
El MTPS cuenta con un “Protocolo Interinstitucional para el retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, incluyendo mecanismos de referencia y coordinación entre esa entidad y otros actores clave”; que define los límites de actuación de las instituciones que trabajan en pro de la erradicación del trabajo infantil.
En materia de Educación, el Estado salvadoreño promueve medidas para erradicar el trabajo infantil a través del Plan Social Educativo Vamos a la Escuela y sus programas Escuelas Inclusiva de Tiempo Pleno y Atención Integral a la Primera Infancia.
El Programa de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares y de Alimentación Escolar, permite mantener la matrícula y la disminución de la deserción. Los bonos de educación y salud implementados en el marco del Programa Comunidades Solidarias también han impactado en la mejora del acceso a la educación básica y atención en salud para niños y niñas. Para el 2012, la tasa de asistencia escolar a nivel nacional fue de 34,0% para hombres y de 29,5% para mujeres, que en total representó 1.847.763 personas que asistieron a un centro educativo formal.
Declaración y Plataforma de acción de Beijing
Recomendación 39 del documento CEDAW/C/SLV/CO/7
En el 2014 se realizó el examen nacional de Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000), en el cual se reflejan los avances en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Entre los logros más significativos se encuentran la aprobación y entrada en vigencia de la Normativa Nacional para la Igualdad Sustantiva, la creación y funcionamiento de los mecanismos de coordinación para el seguimiento del Sistema Nacional de Igualdad Sustantiva, la puesta en marcha de un modelo de atención de servicios integrados e integrales para las mujeres. Lo anterior fue posible debido a la incidencia de las organizaciones de mujeres feministas, el ejercicio de la rectoría del ISDEMU, el liderazgo de mujeres en Políticas Públicas y la transversalización de la igualdad en las Políticas de Desarrollo.
En cuanto a las 12 esferas de preocupación establecidas en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se han adoptado programas, políticas y acciones en beneficio y promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Los avances logrados se han realizado con base en la Plataforma de Acción de Beijing y contribuyen al cumplimiento de las obligaciones contraídas por la CEDAW. Asimismo, la LEIV y la PNM tiene como uno de sus fundamentos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual describe a la violencia ejercida contra las mujeres como uno de los principales impedimentos para el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz así como para el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Recomendación 40 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Se informa que el Gobierno hace suyo el compromiso de los ODM y lo expresa en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 que plantea como una de sus apuestas estratégicas “contar con una población sana, educada y productiva, que tenga la capacidad y las oportunidades adecuadas para desarrollar plenamente sus potencialidades y para convertirse en la base principal de nuestro desarrollo”.
La STP en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y el PNUD, impulsó un proceso de evaluación del avance de los ODM hasta el 2012, así como un análisis de los desafíos pendientes para alcanzar estas metas; estos resultados se presentan en el “3 er . Informe de avance de los Obj etivos del Milenio El Salvador”.
Recomendación 41 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
El Estado Salvadoreño informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores, sometió a la Asamblea Legislativa, el 21 de abril de 2013, una solicitud para la ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas. A la fecha se está a la espera que esta Convención sea ratificada, ya que dicho instrumento aún se encuentra en estudio de la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 827-4-2013-1.
Recomendación 42 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
ISDEMU realizó en diciembre de 2009, el evento “El Salvador: 30 años después de la CEDAW”, donde participaron diversas instituciones del Gobierno y organizaciones del país. Además, elaboró diversos materiales de impresión (afiches, trípticos) de promoción del conocimiento sobre derechos de las mujeres, entre ellos: la Convención CEDAW, material que ha sido divulgado y distribuido ampliamente entre las instituciones del Estado y mujeres de los territorios. En marzo de 2009, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó la publicación “Convención CEDAW y Observaciones Finales del Comité CEDAW del 7 de noviembre de 2008”, la cual fue posible con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Recomendación 44 del Comité CEDAW/C/SLV/CO/7
Con relación a la observación en la que el Comité pide al Estado que le proporcione información por escrito, sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de los párrafos 24 y 28, se reporta que en enero de 2011 se presentó un Informe de Seguimiento al Comité CEDAW, en relación a la recomendación No. 24 (referida a la violencia contra la mujer) y a la recomendación No. 28 (referida a la participación política de la mujer). El informe fue preparado por ISDEMU, contando con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Así como con los insumos brindados por las diferentes instituciones involucradas y con la participación de representantes de organizaciones de la Sociedad Civil, quienes a través de talleres dieron sus aportes y recomendaciones al documento.