28° período de sesiones
Acta resumida de la 600ª sesión
Celebrada en la Sede, Nueva York, el martes 21 de enero de 2003, a las 15.00 horas
Presidenta:Sra. Açar
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continuación)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados e informes periódicos quinto y sexto combinados de El Salvador (continuación)
Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 18 de la Convención (continu a ción)
Informes periódicos tercero y cuarto combinados e informes periódicos quinto y sexto combinados de El Salvador (continuación) (CEDAW/C/SLV/3 a 6; CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.2 y Add.4)
Por invitación de la Presidenta, los miembros de la delegación de El Salvador toman asiento a la mesa del Comité.
Artículos 10 a 14
La Presidenta invita a la delegación de El Salvador a responder a las preguntas planteadas en la sesión anterior relativas a los artículos 10 a 14 de la Convención.
La Sra. Argueta (El Salvador) dice que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer no se dedica meramente a impartir capacitación, sino que coordina la labor de otros institutos en los siguientes campos: educación, trabajo, participación civil y política, seguridad, agricultura y pesca, legislación, violencia, familia y salud. Tal vez los informes hayan puesto demasiado énfasis en la capacitación y no hayan insistido lo suficiente en las comunicaciones.
El Instituto ha establecido un premio anual a los medios de comunicación, con el que se galardona a profesionales y colaboradores de la prensa, la televisión, la radio, las artes gráficas y los medios de comunicación dirigidos a los niños por los esfuerzos realizados para modificar los estereotipos tradicionales de la mujer, sensibilizar sobre la violencia contra la mujer y reforzar la imagen de las mujeres que trabajan. El premio es un nuevo paso para fomentar la participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad.
También se ha establecido una Comisión de Medios de Comunicación y Cultura y se ha redactado un código deontológico de las comunicaciones, con el fin de desalentar el uso de términos sexistas. Asimismo, se ha creado una sección de la mujer en los centros docentes de comunicación para uso de los estudiantes y docentes; lamentablemente, a causa de los terremotos, esos centros han sido cerrados temporalmente por reparaciones. También hay centros de documentación conectados con la Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación (REDUC), que pueden utilizar el personal de los ministerios y los estudiantes universitarios.
La Asamblea Legislativa está considerando una propuesta para aprobar una ley que establezca cuotas para la participación de la mujer en la vida cívica y política. Actualmente, no se aplican programas de discriminación positiva.
El Gobierno de El Salvador ha implantado medidas para promover la participación de las niñas y los niños en la vida pública y mejorar su comprensión y conciencia de las responsabilidades cívicas y políticas. A partir de los 12 años, los escolares participan en actividades en las que deben formar sus propios partidos políticos, elegir candidatos y participar en elecciones ficticias. Además, cada escuela tiene una comisión integrada por padres y estudiantes que asesora sobre la administración del centro; los miembros estudiantiles son elegidos por sus compañeros.
Ha disminuido el número de diputadas de la Asamblea Legislativa, y el de mujeres representantes en los foros políticos locales, a raíz de los resultados de las elecciones, no a la existencia de una política que impida la participación de la mujer en la vida pública. Las próximas elecciones locales se celebrarán en marzo de 2003 y la delegada espera que, en el próximo informe periódico, su Gobierno pueda comunicar que ha aumentado la participación femenina en la política.
A la delegada también le mortifica la escasez de embajadoras en el servicio exterior. Como supervisora inmediata de todos los embajadores de su país, se ha esforzado arduamente en alentar el nombramiento de mujeres. Se está considerando una nueva ley que profesionalizará el servicio diplomático. Como es evidente, el problema es que las mujeres, en particular las que tienen hijos, son renuentes a aceptar puestos de embajadoras. A juicio de la oradora, es necesario que haya más incentivos para alentar a las mujeres a asumir esas funciones. Aunque hay pocas embajadoras, las mujeres constituyen la mitad del personal del servicio exterior.
La ciudadanía salvadoreña se puede obtener por nacimiento o naturalización; las condiciones son las mismas para el hombre y la mujer. El hijo de un ciudadano salvadoreño, sea hombre o mujer, tiene derecho a la ciudadanía, sin distinción de sexo. También es posible la doble nacionalidad; la ciudadanía sólo se pierde por renuncia. En todos los aspectos, las normas jurídicas que rigen la nacionalidad son las mismas para el hombre y la mujer.
La delegación de El Salvador ha intentado explicar el sentido que da a los términos “equidad” e “igualdad”. Ha tomado nota de las observaciones del Comité relativas a la definición de esos términos y el Gobierno se esforzará por utilizarlos adecuadamente, tanto en los planes de acción como en el próximo informe periódico.
Se han organizado talleres de capacitación para un grupo de mujeres que han sido consideradas posibles candidatas a alcaldesas en 50 comunidades. En El Salvador hay 23 alcaldesas, lo que representa el 9% del total de alcaldes del país. La delegación no tiene más datos sobre el número de mujeres que trabajan en los gobiernos municipales, pero presentará esa información más adelante. Actualmente, se está realizando una encuesta centroamericana sobre empresarias; cuando concluya, el Gobierno de El Salvador podrá informar al Comité de cuántas empresarias hay en el país.
Artículos 15 y 16
La Presidenta invita a los miembros del Comité a formular preguntas acerca de los artículos 15 y 16 de la Convención.
La Sra. González Martínez pregunta las razones por las cuales es tan bajo el porcentaje de mujeres a las que se les practican exámenes de cáncer cervical y uterino, y si esa situación es similar en las zonas rurales y urbanas. Asimismo, desea saber si los programas de prevención del VIH/SIDA están también dirigidos a los hombres, ya que en los países latinoamericanos los hombres, en particular los trabajadores migrantes, a menudo se niegan a usar métodos preventivos y, en consecuencia, infectan a sus familias. Además, es preciso que las mujeres tengan información y autonomía suficientes para poder elegir la forma de protección que más les convenga.
El Estado Parte debe proporcionar más detalles sobre si ha tomado medidas de privatización de los servicios de salud, ya que es una pauta desfavorable para las poblaciones más necesitadas. Tampoco queda claro qué porcentaje de la mortalidad materna se debe a abortos. Finalmente, sería conveniente saber si el Gobierno ha establecido programas de apoyo al retorno a sus países de origen de los migrantes, en particular las mujeres.
La Sra. Ferrer Gómez pregunta qué medidas está tomando el Gobierno para eliminar el analfabetismo de las mujeres y las niñas, en particular en las zonas rurales. Debería aclararse el significado del concepto de educación a distancia. También se debería presentar más información sobre los programas piloto de las escuelas para incorporar la igualdad entre los géneros en el sistema educativo. Las tasas de deserción escolar de las niñas, en particular en las zonas rurales, son altas debido a las grandes distancias que deben recorrer para asistir a la escuela y a los casos de embarazo en la adolescencia. En el sexto informe (CEDAW/C/SLV/6) se dice que el número de adolescentes embarazadas disminuyó de 33.000 en 2001 a alrededor de 440 en 2002. La oradora desea saber si esas cifras son correctas y, en caso afirmativo, cómo fue posible lograr esos resultados. También agradecería que se presentaran datos comparativos sobre las tasas de deserción de las muchachas y los muchachos. Finalmente, el Gobierno debería indicar si ha conseguido establecer medidas para permitir que las adolescentes embarazadas continúen sus estudios.
La delegada pregunta si la oficina donde se asientan las denuncias en el Ministerio de Educación lleva estadísticas sobre los informes de malos tratos y discriminación, si se han impuesto sanciones y, en caso afirmativo, de qué tipo.
Dado que las mujeres ganan en promedio un 35% menos que los hombres, sería conveniente conocer qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno para garantizar que hombres y mujeres reciban la misma remuneración tanto en el sector público como en el privado. También se deberían presentar detalles sobre las medidas que estén tomando las fábricas de cosméticos para proteger la salud de la mujer. Asimismo, sería útil saber si el plan de acción para 2000-2004 aborda el tema de la remuneración justa y equitativa de la mujer.
Por último, habida cuenta de que las leyes agrícolas contienen disposiciones discriminatorias contra la mujer, el Estado Parte debería indicar qué posibilidades hay de que se apruebe el proyecto del nuevo código agrario.
La Sra. Gabr felicita al Estado Parte por la atención prestada a los servicios sociales, en particular en materia de salud y educación. La educación es esencial para que la mujer participe en el mercado laboral y en la vida política y social. Agradecería que se presentaran informaciones y aclaraciones sobre la disparidad entre la alfabetización rural y urbana. Además, el Estado Parte debe tomar medidas para que las niñas de las zonas rurales reciban educación, para lo cual podría utilizar, por ejemplo, escuelas de una sola clase, método que ha sido ensayado en otros lugares. También se deberían tomar medidas para prevenir la deserción escolar de las niñas. La Iglesia parece estar desempeñando un papel positivo en las actividades de alfabetización; los medios de comunicación también deberían participar.
No queda claro si hay coordinación entre los organismos y órganos que prestan servicios sociales y cuál es el papel que desempeña la sociedad civil en la prestación de esos servicios. La delegada también quisiera saber si se recibe asistencia internacional bilateral y multilateral y en qué medida se canaliza a los servicios sociales, como la educación y la salud.
La Sra. Kuenyehia pregunta si el Gobierno de El Salvador ha establecido programas adecuados para el cuidado de los hijos de las adolescentes embarazadas, ya que no se las expulsa de las escuelas. También sería útil saber si hay estadísticas sobre el número de adolescentes embarazadas que siguen estudiando, cuánto tiempo siguen asistiendo a la escuela después del parto y qué porcentaje de ellas vive en las zonas rurales (sexto informe, pág. 17). La fuerte disminución global de los embarazos de adolescentes registrada en 2002 y que figura en el sexto informe (pág. 18) parece un verdadero milagro.
La Sra. Šimonović dice que cuando El Salvador presentó el segundo informe periódico, el Comité ya había observado la inexistencia de estadísticas, pero que, a pesar de ello, sólo se incluyeron muy pocos datos desglosados por géneros en el sexto informe. Pregunta si el Gobierno recopila anualmente ese tipo de información.
La delegada desea saber: cuál es el porcentaje de mujeres que egresan de las escuelas primarias y secundarias y de las universidades; si en las escuelas primarias, secundarias y universidades se imparte algún tipo de enseñanza oficial sobre derechos humanos, incluidos cursos específicos sobre temas de género; y si se han tomado medidas para eliminar los estereotipos de género en los manuales escolares. A propósito del artículo 11, pregunta si también los hombres tienen derecho a licencia por nacimiento de un hijo.
La Sra. Tavares da Silva, observando que, de conformidad con lo indicado en el sexto informe (pág. 19), las mujeres ganan en promedio un 35% menos que los hombres por trabajo de igual valor, pregunta si el Gobierno ha tomado medidas para atacar las raíces culturales y sociales de este problema. También agradecería que le explicaran cuáles son las razones de los grandes desequilibrios entre sectores de la capacidad de obtención de ingresos de la mujer (quinto informe, CEDAW/C/SLV/5, pág. 25).
En relación con el uso de anticonceptivos, en el quinto informe (pág. 29) se indica que, aunque prácticamente todas las mujeres conocen al menos un método anticonceptivo, menos del 40% lo utilizan. Pero como en el sexto informe se establece que la tasa total de fecundidad ha disminuido (pág. 22) y que la planificación familiar forma parte de programas gubernamentales (pág. 24), sería preciso explicar esta incongruencia. La delegada espera que no se esté utilizando el aborto como método anticonceptivo.
La Sra. Patten insiste en la importancia de la alfabetización y del acceso de la mujer a la enseñanza escolar y no escolar, ya que es la clave de su adelanto en todos los ámbitos y porque sólo la inversión del Gobierno en educación puede garantizar el desarrollo sostenible del país. Si bien en los informes combinados tercero y cuarto (pág. 13) se exponía con algún detalle el presupuesto de la educación y los salarios de los docentes, en el sexto informe no figuran cifras; se deberían presentar estadísticas sobre la asignación actual de los fondos.
La delegada también desea saber qué tipo de educación específica sobre cuestiones de género está proporcionando el Gobierno para lograr la plena partici-pación de la mujer en la administración y la toma de decisiones. En el sexto informe se señalan algunas medidas (págs. 17 y 18), pero no hay mención alguna a la educación profesional, técnica y científica de la mujer, ni a la puesta en práctica de programas especiales para las desempleadas con el fin de ayudarles a adquirir competencias empresariales.
La Sra. Kwaku, señala que el Gobierno ha tomado medidas para promover el adelanto económico y social de la mujer, en particular a través de créditos otorgados por el Banco de Desarrollo Agropecuario y pregunta qué porcentaje de esos créditos se concede a las mujeres en general y a las mujeres de las zonas rurales en particular; además, desea saber si el Gobierno ha controlado que las mujeres hayan recibido realmente los créditos aprobados. También agradecería que se informara sobre la naturaleza de las disposiciones discriminatorias contenidas en dos de las leyes agrarias y si han sido enmendadas (quinto informe, pág. 31).
Artículos 15 y 16
La Sra. Gnacadja pregunta si desde el sexto informe se han aprobado nuevas leyes en materia de igualdad de derechos. Dado que en El Salvador la mujer tiene muy poco acceso a la tierra, también quisiera tener más información sobre el alcance de los derechos jurídicos de la mujer, independientemente de su estado civil, para adquirir, utilizar y enajenar bienes registrados a su nombre.
También debería aclararse si las mujeres encarceladas tienen en la práctica los mismos derechos y si los derechos sucesorios de la mujer son iguales a los del hombre.
No queda claro si los refugios utilizados después de los terremotos sólo fueron temporarios.
Finalmente, el Estado Parte debería explicar si todas las instituciones que reciben denuncias de violencia contra la mujer cumplen las mismas normas y siguen los mismos procedimientos para registrar, investigar y resolver los casos.
La Sra. Belmihoub-Zerdani pregunta si cuando la mujer celebra capitulaciones matrimoniales, hay algún régimen jurídico de bienes gananciales o separación de bienes; si cuando a la mujer se le concede la custodia de los hijos en una sentencia de divorcio, mantiene la residencia familiar o si recibe una asignación para vivienda y alimentos calculados con arreglo a los ingresos del padre; si durante el matrimonio ambos cónyuges tienen la patria potestad conjunta de los hijos; si el Código de Familia establece las condiciones de adopción y derechos sucesorios de los hijos adoptados; si la mujer puede solicitar una prueba de ADN para probar la paternidad de un presunto padre que no ha reconocido a un hijo natural; y si se lleva un registro oficial de todos los matrimonios y su fecha de celebración.
Se deberían tomar medidas más contundentes para aumentar el bajo porcentaje de mujeres en los puestos ministeriales más influyentes (sexto informe, pág. 13). Sería interesante saber si los partidos políticos están subvencionados por el Estado y si el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de medidas legislativas en las que se establezca, con carácter obligatorio, la paridad de géneros en las listas de candidatos mediante cupos.
La Sra. Argueta (El Salvador) da lectura al artículo 156 del Código Penal, en el que se establece que el acoso sexual es un delito que se castiga con seis meses a dos años de prisión, dependiendo de las circunstancias.
En la política gubernamental en favor de la mujer que figura en el plan de acción para 2000-2004, se incluye el objetivo estratégico de aumentar la capacidad productiva de la mujer mediante la promoción de sus derechos a la propiedad, el capital y los recursos (por ejemplo, la tierra, el crédito, la tecnología, la información y la capacitación laboral) y de su derecho a participar en los mercados y el comercio; para ello se incluirá la perspectiva de género en la normativa y se velará por que las disposiciones del Código Agrario y otras disposiciones jurídicas que rigen las cooperativas agrícolas se apliquen en forma equitativa a la mujer. Al mismo tiempo, la Comisión Jurídica del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer está examinando las leyes en la materia para recomendar que se introduzcan modificaciones relativas concretamente a cuestiones de género y armonizarlas con las leyes internacionales en materia agraria.
El primer tema del programa de 2003 de la Comisión Jurídica fue examinar todas las leyes sobre paternidad responsable. Por ahora, el Gobierno no tiene previsto establecer la licencia por nacimiento de un hijo aplicada a los padres.
Dado que uno de cada cuatro salvadoreños emigra al extranjero, es prioritario el problema de los repatriados involuntarios. A través de su programa “Bienvenido a casa”, el Gobierno proporciona a todos los hombres y las mujeres que han sido deportados albergue inmediato, ayuda alimentaria y cursos de español si fuera necesario; además, intenta encontrarles trabajo como forma de prestar servicios a este grupo vulnerable. A menudo esos repatriados plantean problemas sanitarios, en particular porque la información sobre las enfermedades infecciosas que podrían padecer depende de las políticas de confidencialidad del país que los ha deportado, lo que constituye una cuestión controvertida. Además, los repatriados involuntarios, en particular los jóvenes, tienden a conductas antisociales, que van desde tatuarse hasta integrar pandillas, y plantean un grave problema para el mantenimiento del orden público. El Gobierno presta servicios especializados a este grupo y, junto con organizaciones no gubernamentales, intenta reinsertarlos en la sociedad y encontrarles un empleo.
En cuanto a las estadísticas disponibles, el Gobierno tiene algunos datos desglosados por género, pero no en todas las esferas. Gracias a la cooperación internacional, se está reformando por completo el centro de estadísticas y censos, con el fin de mejorar la difusión de los datos, actualizarlos y desglosarlos por género. En este momento, la delegada puede facilitar al Comité algunas estadísticas por sexo sobre acceso al crédito en las zonas rurales: en 2002, las mujeres habían recibido más de 1 millón de dólares en créditos y donaciones en capital para pequeñas empresas familiares, es decir, el 67% del total de créditos concedidos, frente al 23% otorgado a hombres.
El Sr. Avelar Bermúdez (El Salvador), hablando en calidad de Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, dice que las disposiciones constitucionales sobre derechos laborales y el propio Código de Trabajo se aplican a las mujeres que trabajan en las maquiladoras. La jornada de trabajo en ese sector es de ocho horas y la semana laboral es de 44 horas; los trabajadores y empleadores pueden acordar la realización de horas extraordinarias. Aunque los trabajadores de las maquiladoras son remunerados por hora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Trabajo se les garantiza el salario mínimo.
Siguiendo una nueva política establecida en 2002, se ha creado un centro regional centroamericano para proporcionar información sobre riesgos laborales e investigar las causas de contaminación en los centros de trabajo. Con la participación activa del Ministro de Trabajo y el Procurador General de la República, se sigue investigando un incidente reciente de contaminación sucedido en una fábrica de la zona franca. Hasta el momento, se ha determinado que la sustancia que provocó el problema no figura entre las que se utilizan normalmente para la producción en esa fábrica.
Todos los trabajadores de las maquiladoras están amparados por el régimen de seguridad social. La priva-tización de los servicios de salud pública está prohibida por ley (política que ha reafirmado un decreto legislativo de diciembre de 2002); no obstante, hay personas autorizadas a prestar servicios dentro del sistema de seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras tienen acceso a clínicas en la zona franca (el centro de la industria de las maquiladoras), en las que tienen derecho a recibir todas las prestaciones de la seguridad social, aunque, en casos aislados, ha habido empleadores que han provocado problemas al no pagar sus cotizaciones a la seguridad social.
Se espera reducir las diferencias de salario entre hombres y mujeres mediante actividades de sensibilización sobre la noción de igual remuneración por igual trabajo. Gracias a la cooperación internacional, se está haciendo todo lo posible para mejorar no solamente las estadísticas salariales por género, sino también las estadísticas desglosadas por sector.
La Sra. Padilla de Escobar (El Salvador), hablando en su calidad de Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, describe los servicios que sobre salud de la reproducción se prestan en El Salvador, cuya estructura se ajusta a las fases del embarazo, el parto y el período puerperal, tiempo en el que ocurre el 70% de las muertes maternas. De conformidad con las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las tres causas directas principales de mortalidad materna en El Salvador son: la toxemia, las hemorragias y la sepsis. El aborto es ilegal y no hay información disponible sobre esta práctica.
En El Salvador, el cáncer de cuello de útero es considerado un problema de salud pública, el bajo número de análisis que se practican se debe a prejuicios culturales, que prevalecen a pesar de toda la información y capacitación que se ofrece sobre el tema. El Ministerio de Salud subsidia el 80% de los servicios de salud reproductiva. El Gobierno ha decidido que los servicios de salud no se privatizarán en el marco de la reforma legislativa general; de hecho, en junio de 2000, el Presidente declaró que en todos los locales de salud pública se debían prestar servicios gratuitos.
El programa nacional de prevención del SIDA se encarga de controlar y tratar el VIH/SIDA. Se está realizando una campaña informativa con el objetivo de cambiar las actitudes en torno al uso de preservativos y aumentar la participación de los varones en materia de salud reproductiva.
Entre los medios para seguir la evolución de la tasa de mortalidad materna figura la Encuesta Nacional de Salud Familiar que es una organización no gubernamental realiza cada cinco años. Recientemente los esfuerzos del Ministerio de Salud para establecer un mecanismo nacional de vigilancia de la mortalidad materna se han visto retrasados por una ola de huelgas. La tasa de mortalidad materna ha disminuido a 62 por 100.000 nacidos vivos; no obstante, las autoridades consideran que el mecanismo de vigilancia a escala nacional y local todavía dista mucho de ser perfecto. El Gobierno también es plenamente consciente de que, a pesar de las actividades de promoción del programa de salud reproductiva, apenas se emplean métodos de planificación familiar en El Salvador.
La Sra. Guerra de Quintana (El Salvador), hablando en su condición de Viceministra de Educación, dice que el acceso a la educación ha aumentado tanto en las zonas rurales como urbanas gracias a medidas para integrar los programas básicos extraescolares que se imparten en los centros comunitarios de asistencia infantil, con los de enseñanza escolar y educación de adultos. Se está haciendo frente al problema de la baja matrícula escolar mediante una campaña masiva de alfabetización, organizada por el Ministerio de Educación con apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales; su objetivo es reducir el analfabetismo en un 1% anual. Hoy en día, el programa beneficia anualmente a 100.000 analfabetos y abarca en un año el equivalente a dos cursos escolares para ayudar así a los estudiantes cuyo rendimiento no concuerda con el de su grado. En alguna medida, también proporciona capacitación laboral en disciplinas no tradicionales, como electricidad y electromecánica, en particular para que los jóvenes del primer ciclo de enseñanza secundaria puedan cursar luego estudios de formación profesional de nivel superior.
En respuesta a la constatación de que a los niños salvadoreños les llevaba aproximadamente nueve años y medio llegar al nivel del sexto grado, el Gobierno cambió los métodos didácticos y reformó el sistema escolar. Dentro de esta iniciativa, se imparten cursos especiales no solamente a los niños con dificultades de aprendizaje y a los repetidores, sino también a los estudiantes con más talento y mejor dotados intelectualmente. Se eligieron los nuevos manuales y se reformó el programa de estudios.
Actualmente, el número de niñas escolarizadas es levemente superior al de los niños. No hay diferencia entre ellos en cuanto la tasa de paso de un grado a otro; sin embargo, después del sexto grado, más varones que niñas continúan estudiando. El hecho de que, en promedio, los niños de las zonas rurales cursan 5,5 años de estudio, frente a 6,5 años en las zonas urbanas, es un problema grave que debe ser solucionado.
La pobreza y el trabajo infantil son las principales causas de deserción escolar de las niñas. Las niñas tienden a ser dos o tres años mayores que la edad normal de los alumnos de un grado determinado, lo que agrava el riesgo de deserción en la escuela primaria y, a su vez, aumenta el problema de los embarazos de adolescentes. Se alienta a las madres adolescentes a llevar a sus hijos a guarderías infantiles o a que los cuiden otros miembros de la familia mientras ellas van a la escuela. Para complementar y repasar lo aprendido, se utiliza la educación a distancia, las clases en fines de semana y la tecnología aplicada a la educación (por ejemplo, se usan vídeos, aunque no siempre los hay en las zonas rurales).
Entre 1992 y 2000, la matrícula escolar aumentó del 24% al 43% en el nivel preescolar; en el primer y segundo ciclo, la matrícula escolar de 2000 (106%), reflejaba la presencia en las clases de estudiantes con edades superiores a la edad normal. Se deben tomar medidas contundentes para mejorar la matrícula actual en el tercer ciclo (53%). La educación es obligatoria y gratuita hasta el noveno grado.
Se han eliminado los estereotipos de género del contenido y las ilustraciones de los libros de texto de las asignaturas básicas que se enseñan desde el jardín de infantes hasta sexto grado; se han incorporado actividades de sensibilización sobre género en los programas de enseñanza primaria y el primer ciclo de la secundaria. El Ministerio de Educación se basó también en estudios sobre las alumnas universitarias y en sus propios estudios internos con el fin de determinar medios de mejorar la instrucción de las niñas y muchachas; recientemente, se publicó un folleto titulado “Yo también puedo”, en el que se resalta la importancia de evitar en las clases la discriminación por motivos de género. El Ministerio todavía está elaborando las estadísticas del año 2000, incluidas las desglosadas por género.
La Sra. Argueta (El Salvador) agrega que el Gobierno ha prestado asistencia a 160.000 niñas de 3 a 15 años de edad, y de las cuales aproximadamente 10.000 han recibido orientación y asistencia psicológica personalizada. Un elevado porcentaje de adolescentes (el 86%) ha rechazado las ofertas de asistencia sobre métodos anticonceptivos, ya que la inmensa mayoría prefiere la abstinencia por miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual.
La Comisión Jurídica del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que se encarga de armonizar la legislación local con las normas internacionales sobre derechos de la mujer, concluyó que no había discriminación por motivos de género en las disposicio-nes sucesorias del Código Civil, tanto respecto de los bienes de los testados como de los intestados.
Tras los terremotos de febrero de 2001, que destruyeron la tercera parte de las viviendas del país, se dio a las familias a cargo de mujeres prioridad para alojarse en los albergues de emergencia.
La Sra. López de Ortiz (El Salvador) dice que en el artículo 41 del Código de Familia de 1993, del que se eliminaron las antiguas disposiciones discriminatorias contra la mujer, se establecen tres posibles regímenes matrimoniales para la distribución del patrimonio en caso de disolución del vínculo: separación de bienes, bienes gananciales o propiedad común diferida. Al contraer matrimonio, la mujer elige uno de los tres regímenes y, por consiguiente, tiene pleno control de sus bienes. En caso de divorcio, la mujer conserva la residencia familiar para sí y sus hijos; también recibe una pensión por concepto de alimentos.
En el Registro del Estado Familiar se inscriben los matrimonios celebrados en todo el país. Ambos progenitores tienen la custodia de los hijos, aunque en caso de divorcio sólo se otorga a uno de ellos. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Familia, los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los biológicos.
En lo que se refiere a la determinación de la paternidad de los hijos naturales, en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso y que será aprobado en breve, se ha invertido la carga de la prueba y se ha establecido que el hombre debe probar que no es el padre.
La Sra. Argueta (El Salvador) agradece a los miembros del Comité sus preguntas y observaciones constructivas.
La Presidenta exhorta a la delegación a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y la enmienda al párrafo 1 del artículo 20, y a velar por que las observaciones del Comité sobre el informe reciban amplia difusión. Espera que el Estado Parte presente en la fecha fijada el séptimo informe periódico y que incluya en él más datos desglosados por género.
Se levanta la sesión a las 17.20 horas.