Comité de Derechos Humanos

128º período de sesiones

2 a 27 de marzo de 2020

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados p artes en virtud del artículo 40 del Pacto

Respuestas de Uzbekistán a la lista de cuestiones en relación con su quinto informe periódico *

[Fecha de recepción: 30 de diciembre de 2019]

Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

Párrafo 1, apartado a)

1.En virtud de la Resolución Presidencial de 10 de diciembre de 2018, el Centro Nacional de Derechos Humanos de Uzbekistán desempeña las labores siguientes:

Contribuir a la labor de los organismos públicos encaminada al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Estudiar, analizar y resumir la situación relativa al respeto de los derechos humanos y las libertades, y vigilar la aplicación de las recomendaciones formuladas por las entidades internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.

Preparar informes nacionales sobre la observancia y la protección de los derechos humanos y elaborar planes de acción nacionales (“hojas de ruta”) para la aplicación de las recomendaciones de las entidades internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.

Elaborar propuestas para perfeccionar los instrumentos jurídicos y normativos y garantizar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uzbekistán en la legislación nacional y en la práctica de los órganos encargados de hacer cumplir la ley.

Ofrecer funciones de asesoramiento y asistencia práctica a los organismos públicos, las instituciones de la sociedad civil y otras organizaciones en materia de protección y ejercicio de los derechos humanos.

Promover la educación jurídica de la población en el ámbito de los derechos humanos, organizar y llevar a cabo investigaciones científicas sobre la observancia de los derechos humanos, y fomentar actividades de publicación.

Cooperar con organizaciones y entidades internacionales y regionales e instituciones nacionales de países extranjeros en el ámbito de los derechos humanos.

2.El Centro Nacional de Derechos Humanos hace un seguimiento de las comunicaciones individuales de las entidades internacionales de protección de los derechos humanos y supervisa sistemáticamente el examen de dichas comunicaciones por parte de los organismos públicos.

Párrafo 1, apartado b)

3.Uzbekistán se adhirió al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 31 de agosto de 1995. En 2018 se recibieron 10 comunicaciones, de las cuales 9 se referían a la libertad de conciencia y 1 al trabajo forzoso en los campos de algodón.

4.Uzbekistán ha preparado comentarios sobre la aplicación del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso relativo a K. Sabirova y B. Sabirov. De acuerdo con los requisitos de la legislación uzbeka, y teniendo en cuenta que las causas administrativas contra K. Sabirova y B. Sabirov, relativas a la comisión de una infracción administrativa en virtud del artículo 1842 del Código de Responsabilidad Administrativa, se examinaron en 2012, no es posible revisar las decisiones judiciales con respecto a estas personas debido a la expiración de los plazos de apelación previstos por la ley (el plazo de apelación es de 6 meses).

5.Uzbekistán ha preparado comentarios sobre la aplicación del dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso relativo a N. Maalem. Con el fin de preservar la familia y salvaguardar los derechos del niño garantizados por la Constitución y los tratados internacionales en los que Uzbekistán es parte, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la comunicación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se propuso aclarar al Sr. Maalem su derecho de apelar la decisión del tribunal. A fin de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, la Ley de 5 de noviembre de 2019 modificó la legislación por la que se establece que la expulsión administrativa de extranjeros y apátridas del país corresponde a los tribunales administrativos.

6.Los días 5 y 6 de diciembre, el Centro Nacional de Derechos Humanos, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizó un curso de capacitación sobre el procedimiento de examen de comunicaciones individuales de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y el examen de las mejores prácticas en la aplicación de sus dictámenes (utilizando el Comité de Derechos Humanos como ejemplo).

Párrafo 2, apartado a)

7.Con miras a fortalecer la condición jurídica de la institución del Defensor de los Derechos Humanos, se aprobaron las leyes de 30 de agosto de 2017 y 14 de marzo de 2019, en virtud de las cuales el Defensor de los Derechos Humanos tiene derecho a formular preguntas al Tribunal Constitucional, presentar solicitudes y reclamaciones en interés de los ciudadanos ante los tribunales, presentar informes especiales a las cámaras del Parlamento y proponer que estos sean examinados por los representantes de las autoridades públicas y de gobierno. Se ha determinado la condición jurídica de los representantes regionales del Defensor de los Derechos Humanos. Las facultades del Defensor de los Derechos Humanos para proteger los derechos y libertades de las personas que se encuentran en lugares de detención se han ampliado mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en cuya labor participan organizaciones no gubernamentales (ONG) sin fines de lucro.

8.La ley estipula que los gastos materiales y de otro tipo relacionados con las actividades del Defensor de los Derechos Humanos se sufragan con cargo al presupuesto del Estado.

9.En virtud de la Resolución Presidencial de Medidas Adicionales para Seguir Reforzando las Garantías de los Derechos del Niño, de 22 de abril de 2019, se creó el cargo de Defensor Adjunto y Comisionado de los Derechos del Niño.

Párrafo 2, apartado b)

10.El 14 de marzo de 2019 se presentó en Taskent el informe final de los expertos del Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Asia y el Pacífico, realizado tras una evaluación de la capacidad del Defensor de los Derechos Humanos.

11.Se ha puesto en marcha un plan para preparar la entidad del Defensor de los Derechos Humanos con miras a su acreditación en la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El Defensor de los Derechos Humanos ha presentado una solicitud de acreditación y de afiliación a la Alianza, que será examinada en marzo de 2020.

Medidas de lucha contra la corrupción (arts. 2 y 25)

Párrafo 3, apartado a)

12.Se han adoptado medidas cruciales para garantizar la lucha contra la corrupción:

La ratificación de la Ley de Lucha contra la Corrupción.

La puesta en marcha del Programa Estatal de Lucha contra la Corrupción para 2017‑2018.

La aprobación de una nueva Ley de Adquisiciones Públicas y el establecimiento de un procedimiento más transparente para prevenir la corrupción en la contratación pública.

La simplificación del sistema de prestación de servicios públicos y el fomento de la transparencia de las actividades de todos los órganos de los poderes del Estado, incluidos los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

13.En virtud del Decreto Presidencial de 27 de mayo de 2019 se aprobó el Programa Estatal de Lucha contra la Corrupción para el período 2019-2020 y se renovó la composición de la Comisión Interinstitucional Republicana de Lucha contra la Corrupción. Asimismo, se han establecido comités anticorrupción en ambas cámaras del Parlamento.

14.También se han creado comisiones anticorrupción en los órganos representativos de la administración local, con la tarea de estudiar el nivel de corrupción local e informar sistemáticamente al Parlamento.

15.Desde el 1 de julio de 2019, los organismos públicos han estado llevando a cabo una evaluación periódica obligatoria de los riesgos de corrupción asociados a la implementación de las tareas y funciones asignadas.

16.El 1 de agosto de 2019 se lanzó el proyecto “Esfera sin corrupción” como un experimento que involucra a la sociedad y a expertos destacados, incluidos algunos extranjeros, en el campo de los grandes proyectos de construcción y la educación superior. A partir del 1 de abril de 2020 el proyecto se ampliará gradualmente a otros ámbitos.

17.El 1 de septiembre de 2019 se puso en marcha un conjunto de medidas en las instituciones educativas para la formación jurídica de los jóvenes en la esfera de la lucha contra la corrupción, y se reforzaron los temas relativos a la lucha contra la corrupción en los programas de estudios de la enseñanza secundaria general, la enseñanza secundaria especializada, la formación profesional y la enseñanza superior.

18.Se ha establecido una comisión especial para elaborar medidas destinadas a mejorar la eficacia de las actividades en la esfera de la lucha contra la corrupción y examinar los mecanismos de lucha contra la corrupción y la cooperación interinstitucional en esta esfera.

19.En virtud del Decreto Presidencial de 3 de octubre de 2019 se aprobó el Programa de Medidas Prioritarias para Mejorar Radicalmente la Política de Personal y el Sistema de la Administración Pública. Está previsto que se apruebe una ley de la función pública teniendo en cuenta las recomendaciones de expertos extranjeros y de la opinión pública.

20.Se ha creado un Organismo de Desarrollo de la Administración Pública, una de cuyas actividades será la prevención eficaz de la corrupción.

21.Se está elaborando una estrategia para el desarrollo de la administración pública hasta 2030, que prevé la introducción de mecanismos eficaces para crear una cultura de lucha contra la corrupción y fomentar la intolerancia a la corrupción entre los funcionarios públicos.

22.Se ha aprobado un concepto para mejorar la legislación penal y procesal penal, que prevé el perfeccionamiento del sistema de responsabilidad penal y de sanciones de conformidad con las normas internacionales.

23.La Ley de 20 de agosto de 2015 añadió al Código Penal el Capítulo XIII, “Delitos relacionados con la obstrucción, la injerencia ilegal en las actividades empresariales y otros delitos que afectan a los derechos e intereses legítimos de las entidades económicas”.

Párrafo 3, apartado b)

24.La legislación penal vigente no tipifica los elementos obligatorios de los delitos de soborno en los sectores público y privado, el tráfico de influencias de las personas jurídicas para cometer delitos de corrupción, ni el enriquecimiento ilícito.

Párrafo 3, apartado c)

25.El delito de abuso de poder o de autoridad no define el término “daños considerables”.

Párrafo 3, apartado d)

26.La Ley contra la Corrupción establece, en su artículo 27, la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de corrupción. Los artículos 210 a 214 del Código Penal tipifican como delito el soborno, incluido el relativo a personas jurídicas.

27.Con miras a estudiar las normas internacionales para establecer la responsabilidad de las entidades jurídicas por los delitos de corrupción, el 15 de octubre de 2019 la Academia de la Fiscalía General, en cooperación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, celebró una mesa redonda sobre la responsabilidad de las entidades jurídicas por los delitos de corrupción dirigida a representantes de los ministerios y departamentos competentes, así como a los miembros de los grupos de trabajo encargados de redactar una nueva versión del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Párrafo 3, apartado e)

28.La Ley de Lucha contra la Corrupción establece que los organismos públicos encargados de las labores de lucha contra corrupción son la Fiscalía General, el Servicio de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos, dependiente de la Fiscalía General.

29.Con arreglo al Decreto Presidencial de 23 de mayo de 2018 se creó el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos y la Corrupción, como parte del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General.

No discriminación (arts. 2 y 26)

Párrafo 4, apartado a)

30.La Constitución garantiza a todos los ciudadanos los mismos derechos y libertades e igualdad ante la ley sin distinción de sexo, raza, etnia, idioma, religión, origen social, convicciones o situación personal o condición social.

31.Las disposiciones sobre la no discriminación también están consagradas en la Ley de Ciudadanía, el Código de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Familia, el Código Civil, el Código Laboral y el Código Penal.

32.El Estado proporciona prestaciones a quienes necesitan apoyo estatal y social (jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, etc.) con fines exclusivamente sociales y humanitarios. Sin embargo, el acceso a estas prestaciones no viola ni discrimina los derechos y libertades de quienes no las reciben.

33.En 2016, con el fin de mejorar el mecanismo de protección de los derechos humanos y las libertades, se pusieron en marcha las ventanillas virtuales y populares del Presidente, que ofrecen, tanto en la capital como en el resto del país, servicios de control y supervisión sistemática del examen de solicitudes y una pronta resolución de los problemas.

Párrafo 4, apartado b)

34.Los recursos judiciales y extrajudiciales de defensa de los derechos de los ciudadanos, en particular en el ámbito de la discriminación, se establecen en instrumentos legislativos como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, la Ley de Tribunales, la Ley de la Fiscalía, la Ley de Órganos de Orden Público, la Ley de Comunicaciones de Personas Físicas y Jurídicas, la Ley del Defensor de los Derechos Humanos del Oliy Majlis, la Ley del Defensor de los Derechos e Intereses Legítimos de los Empresarios adscrito a la Presidencia de la República, la Ley de la Abogacía y la Ley de Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro, entre otros.

35.Las ONG también pueden proteger los derechos de los ciudadanos, y tienen derecho a recibir y examinar comunicaciones de estos y a comparecer ante los tribunales como representantes legales.

36.En enero de 2018 se aprobó una versión del Código de Procedimiento Contencioso‑Administrativo que contempla la posibilidad de que los tribunales administrativos examinen los litigios derivados de las relaciones jurídicas públicas entre los organismos públicos y las personas en los casos en que sea necesario proteger los derechos violados o controvertidos o los intereses legalmente protegidos de los ciudadanos y las entidades jurídicas, como la igualdad de género.

37.Según la Ley de Tribunales, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo, las causas se ventilan en todos los tribunales en público. Solo podrá examinarse un caso a puerta cerrada cuando así lo contemple la legislación.

38.Los procedimientos judiciales se desarrollan en uzbeko, karakalpako o el idioma que hable la mayoría de la población de la zona en que se celebren. Las partes en el procedimiento (víctimas, testigos, expertos, peritos, etc.) que no dominen el idioma en que este se desarrolle tienen derecho a consultar todos los elementos del caso y participar en las actuaciones judiciales con ayuda de un intérprete, así como a dirigirse al tribunal en su lengua materna o en otro idioma de su libre elección.

39.A fin de detectar los casos de discriminación racial, se han mejorado los mecanismos de recepción y examen de las comunicaciones de los ciudadanos mediante el establecimiento de líneas telefónicas directas y de ayuda en todos los organismos públicos. Se están adoptando medidas legislativas y de sensibilización para prevenir la discriminación indirecta o directa por cualquier motivo.

40.Se ha reforzado la condición jurídica de la institución del Defensor de los Derechos Humanos. En 2017 se creó la figura del Defensor de los Derechos de los Empresarios, que desde el 1 de abril de 2019 está facultado para coordinar las auditorías de las empresas y controlar, mediante los organismos reguladores, la legalidad de su conducta.

41.Se han creado ventanillas del Primer Ministro a nivel central y local para examinar las comunicaciones de los empresarios. En el marco de dichas ventanillas operan los Consejos Públicos de Empresarios, que se encargan de determinar los problemas que obstaculizan el desarrollo de la pequeña empresa y la iniciativa empresarial y de hacer sugerencias para mejorar la situación en este ámbito.

42.La Ley de Mediación, de 12 de junio de 2018, establece el procedimiento para la resolución alternativa de conflictos derivados de las relaciones familiares y otras relaciones jurídicas.

43.El Comité de la Mujer de Uzbekistán, la Fundación Majallia y la Federación de Sindicatos, entre otros, también ayudan a resolver los llamamientos de los ciudadanos.

44.Entre 2014 y 2019, los sindicatos protegieron los derechos laborales de más de 10.000 trabajadores, de los cuales 3.000 fueron reintegrados en su puesto de trabajo; se recaudaron más de 10.000 millones de sum en beneficio de los trabajadores en concepto de reclamaciones; se recibieron más de 6.000 comunicaciones a través de los servicios de asistencia telefónica habilitados en los sindicatos; se enviaron más de 1.000 requerimientos a los empleadores; se presentaron más de 500 demandas en los tribunales; se prestó asistencia para recuperar 72.700 millones de sum en concepto de salarios impagados; y se recaudaron 1.560 millones de sum de empleadores y compañías de seguros en relación con accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y prestaciones de familiar supérstite.

Párrafo 5, apartado a)

45.Se están realizando esfuerzos para fomentar una cultura jurídica en la sociedad, fortalecer el estado de derecho y formar personal jurídico cualificado.

46.Se está aplicando una estrategia para mejorar la cultura jurídica de la sociedad con el fin de aumentar la concienciación y la cultura jurídica de la población e introducir métodos modernos para mejorar los conocimientos jurídicos de los ciudadanos.

47.Como parte de la aplicación de la estrategia, se prevé aumentar la concienciación y la cultura jurídica de los funcionarios públicos y fomentar la intolerancia hacia la corrupción y otros delitos; fortalecer el papel de los medios de comunicación respecto a la divulgación de información jurídica; y mejorar la educación jurídica, así como el sistema de formación, reciclaje y desarrollo profesional del personal jurídico.

48.El 15 de julio de 2019, la Cámara del Parlamento aprobó el Programa de Acción Nacional para la Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos y la hoja de ruta para su aplicación.

49.En enero de 2019 se creó un portal jurídico en Internet, “Advice.uz”, que proporciona información sobre cuestiones de derecho laboral; ciudadanía y migración; sistema de pasaportes; derecho de familia; servicios públicos domiciliarios y comunitarios; iniciativa empresarial; seguridad social; salud; y otros asuntos legales.

50.“Madad”, una ONG con sucursales en las regiones del país, proporciona asistencia jurídica gratuita.

51.En virtud de la Resolución del Gobierno de 12 de agosto de 2019, el Centro Nacional de Derechos Humanos organizó cursos de capacitación para mejorar la calificación del personal en la esfera del respeto y la protección de los derechos humanos, en los que se capacita a los representantes de organismos públicos e instituciones de la sociedad civil respecto a los procedimientos para aplicar los tratados internacionales de derechos humanos.

Párrafo 5, apartado b)

52.La cuestión de la exclusión del artículo 120 del Código Penal y la despenalización de la homosexualidad se está debatiendo en círculos de expertos como parte de la redacción de una nueva versión del Código Penal. Teniendo en cuenta las tradiciones religiosas, éticas y culturales y los fundamentos de la sociedad, la población debe debatir ampliamente acerca de estas cuestiones antes de que se adopte una decisión final al respecto.

Igualdad entre hombres y mujeres y violencia de género (arts. 2, 3, 7 y 26)

Párrafo 6, apartado a)

53.El 2 de septiembre de 2019 se aprobó la Ley de Garantía de Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres, en la que se establecen los principales ejes de la política estatal para garantizar la igualdad de género, las competencias de los órganos estatales y las formas de participación de las instituciones de la sociedad civil en esta esfera. Por primera vez se han consagrado los conceptos de discriminación directa e indirecta por razón de género.

54.Los instrumentos jurídicos y normativos han de contener obligatoriamente aspectos prácticos relativos a cuestiones especializadas de género y legislación, con miras a determinar el incumplimiento de las disposiciones de dichos instrumentos en lo tocante a los principios de la igualdad de género y los posibles riesgos de discriminación en el marco de su aplicación.

55.La legislación uzbeka determina la condición jurídica de la persona autorizada ante los organismos públicos en la esfera de la igualdad de género, lo que sirve para garantizar la observancia de los principios de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres; analizar el estado de aplicación de las medidas especiales de carácter temporal y la aplicación de la política de género y formular propuestas sobre su aplicación; y llevar a cabo actividades continuas de información en cooperación con los órganos de administración autónoma de los ciudadanos, las ONG y otras instituciones de la sociedad civil, entre otros.

Párrafo 6, apartado b)

56.Se ha creado el Centro Oila de Investigaciones Científico-Prácticas, una de cuyas principales tareas es realizar investigaciones sobre cuestiones de familia, incluidas las causas de divorcio y de matrimonio precoz y forzado. Sobre la base de los resultados de la investigación, el Centro proporciona recomendaciones con base empírica sobre la prevención de estos fenómenos negativos.

57.Se han abierto centros especializados para preparar a los jóvenes para la vida familiar, en los que se explica a las parejas jóvenes todo lo relativo a las relaciones familiares y jurídicas; la psicología de la vida familiar; la salud reproductiva; las habilidades parentales; la economía y el presupuesto familiar; y los valores espirituales y morales. La formación en los centros se imparte de forma voluntaria y gratuita. Actualmente existen 134 centros en todo el país, que han impartido formación a más de 17.000 parejas (35.904 personas).

58.Con el fin de erradicar el matrimonio precoz, se ha modificado el artículo 15 del Código de la Familia y se ha fijado la edad de matrimonio en 18 años para hombres y mujeres.

59.Como resultado de las medidas adoptadas, la proporción de matrimonios precoces ha disminuido. En 2016, la edad media de los contrayentes de un primer matrimonio era de 22,6 años entre las mujeres y de 26 años entre los hombres.

60.En el período comprendido entre 2016 y 2018 y en el primer semestre de 2019, los órganos de la fiscalía realizaron 516 controles de la aplicación de la legislación de protección de los derechos de la mujer. Como resultado de las inspecciones, se registraron 735 denuncias y 647 propuestas para corregir las infracciones de la ley y sus causas y circunstancias.

61.Las autoridades de la fiscalía recibieron 2.323 comunicaciones relativas a la salvaguardia de los derechos de la mujer, de las cuales 1.392 fueron resueltas directamente por las autoridades de la fiscalía; 305 se resolvieron favorablemente; y 276 resultaron en el restablecimiento de los derechos de la mujer.

62.La Fiscalía intervino en 14.657 casos relativos a mujeres (4.936 en 2016, 4.656 en 2017, 3.160 en 2018 y 1.905 en 2019), de los cuales 13.868 se resolvieron favorablemente (4.675 en 2016, 4.531 en 2017, 2.954 en 2018 y 1.708 en 2019). Se recurrieron 1.044 decisiones judiciales, cuyos daños ascendían a un monto de 1.862 millones de sum (276 decisiones en 2016, por valor de 749 millones de sum; 273 decisiones en 2017, por valor de 342 millones de sum; 265 decisiones en 2018, por valor de 362 millones de sum; y 230 decisiones en 2019, por valor de 409 millones de sum).

63.Como resultado de las violaciones de los derechos de la mujer registradas, se incoaron procedimientos administrativos contra 112 personas; se aplicaron medidas disciplinarias a 1.016 personas; se presentaron 106 demandas ante los tribunales civiles; se iniciaron 2 causas penales por violaciones graves de la ley; y se restablecieron los derechos de 1.928 mujeres.

64.El siguiente cuadro reúne información estadística sobre el examen de causas penales por los órganos de la fiscalía y los enjuiciamientos penales.

	2016	2017	2018	Enero a septiembre de 2019
Casos examinados	Enjuiciamientos penales	Casos examinados	Enjuiciamientos penales	Casos examinados	Enjuiciamientos penales	Casos examinados	Enjuiciamientos penales
Artículo 103 (Inducción al suicidio)	51	55	30	37	28	33	18	22
Artículo 1031 (Incitación al suicidio)	–	–	1	1	–	–
Artículo 110 (Tortura)	73	87	35	44	37	48	12	22
Artículo 118 (Violación)	357	427	269	334	144	173	90	126
Artículo 121 (Coerción de una mujer para mantener relaciones sexuales)	33	38	5	11	9	11	1	3
Artículo 126 (Poligamia)	26	28	33	34	–	–
Artículo 125 1 (Violación de la legislación sobre la edad conyugal)	–	–	1	10	–	–
Artículo 126 (Poligamia)	–	–	–	–	18	18	1	1
Artículo 130 1 (Elaboración de materiales que promuevan el culto a la violencia o la crueldad, o su importación, distribución, publicidad o exhibición)	18	31	5	6	–	–	2	8
Artículo 135 (Trata de personas)	382	542	295	401	–	–	85	116
Artículo 136 (Coacción a una mujer para contraer matrimonio u obstaculización del matrimonio)	29	79	23	46	8	18	11	27
Artículo 141 (Vulneración de la igualdad de derechos de los ciudadanos)	1	2	–	–	–	–
Artículo 141 1 (Violación de la privacidad)	–	–	–	–	–	–	5	6

Párrafo 6, apartado c)

65.En Uzbekistán se presta gran atención a la protección de la familia y a los derechos y el interés superior del niño, así como a la salvaguardia de los derechos de la mujer y al aumento de su actividad social, económica, política y jurídica. Se han determinado las labores prioritarias para mejorar el papel y la condición de la mujer en la sociedad:

Velar por que las mujeres estén representadas en el Parlamento y en los órganos representativos locales y por que sus opiniones se tengan en cuenta en la preparación de los proyectos de ley y en la elaboración del presupuesto nacional.

Establecer órganos de trabajo de la Cámara Alta del Parlamento sobre cuestiones de igualdad de género.

Acelerar la aprobación de leyes sobre la igualdad de género.

Aumentar el papel de las ONG de mujeres para garantizar los derechos de las mujeres.

66.En junio de 2019, una mujer fue elegida Presidenta del Senado del Oliy Majlis. Se ha creado una Comisión para la Igualdad de Género y el Senado ha organizado un Comité sobre la Mujer y la Igualdad de Género.

67.El Código Electoral de 25 de junio de 2019 y la Ley de Garantía de Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres de 2 de septiembre de 2019 garantizan la participación de la mujer en la gestión de los asuntos públicos y estatales. Más de 20 millones de uzbekos, de los cuales unos 11 millones eran mujeres, participaron en las elecciones parlamentarias de 2019.

68.De conformidad con el artículo 70 del Código Electoral, los partidos políticos tienen derecho a presentar 150 candidatos a diputados, y el número de mujeres debe corresponder al menos al 30 % del número total de candidatos que cada uno proponga. Según la Comisión Electoral Central, cinco partidos políticos presentaron 750 candidatos a diputados de la Cámara Legislativa, de los cuales 310 (el 41,3 %) eran mujeres, un 10 % más que en las elecciones de 2014. La Cámara Legislativa y el Senado, por recomendación del Zhokargy Kenes (Parlamento) de la República de Karakalpakstán y el Consejo (Kengash) de diputados del pueblo de las provincias y de la ciudad de Taskent, eligieron a 17 miembros de la Comisión Electoral Central, de los cuales 7 eran mujeres. En las elecciones de diciembre de 2019 se eligió a 34 mujeres como diputadas de la Cámara Legislativa.

69.Se ha introducido una nueva norma que estipula que los condenados recluidos en lugares de detención por delitos que no suponen un gran peligro para la sociedad y delitos menos graves tienen derecho a participar en las elecciones.

70.Con el fin de mejorar la cultura electoral de las mujeres, y en el marco del acuerdo de cooperación entre la Comisión Electoral Central y el Comité de la Mujer de Uzbekistán, se ha impartido una serie de sesiones de capacitación para el personal de las subdivisiones territoriales, encaminadas a mejorar el conocimiento de la legislación electoral.

71.En virtud de la Ley de Garantía de Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres, las mujeres tienen la posibilidad, en igualdad de condiciones con los hombres y sin discriminación, de ocupar puestos de dirección de organismos públicos de acuerdo con sus capacidades y su formación profesional. El acceso a la función pública tiene lugar mediante concursos para cubrir puestos vacantes (art. 16). Los servicios de personal de los organismos públicos tienen la obligación de proporcionar a las comisiones de los concursos información sobre la educación y el bagaje profesional de las personas que participan en cada concurso, así como datos sobre la proporción de mujeres trabajadoras en relación con los hombres en los puestos de la administración pública pertinentes. Los servicios de personal de los organismos públicos emplean información similar al abordar las cuestiones de la certificación y la promoción de los funcionarios públicos, con el fin de que se adopten medidas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

Párrafo 7, apartado a)

72.La Ley de Protección de las Mujeres contra el Acoso y la Violencia, de 2 de septiembre de 2019, tiene por objeto crear en la sociedad un clima de intolerancia hacia cualquier forma de violencia contra la mujer. La ley determina que los responsables de luchar contra el acoso y la violencia contra la mujer no son únicamente los órganos policiales y judiciales, sino también los órganos ejecutivos de nivel central y local, los organismos de las esferas de la educación, el trabajo y la atención de la salud, las ONG de mujeres y de otro tipo, los órganos de administración autónoma de los ciudadanos y los centros especiales de asistencia a las víctimas de acoso y violencia.

73.La ley regula todo lo relativo a la protección de las mujeres contra el acoso y la violencia en el hogar, el trabajo, las instituciones educativas y otros lugares. Asimismo, ofrece una descripción clara de las nociones de acoso, violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica, víctima de acoso y violencia, y órdenes de protección, entre otros conceptos.

74.Se ha puesto en marcha un procedimiento de asistencia práctica a las víctimas de la violencia para que denuncien la violencia y se pueda emitir una orden de protección si fuera necesario. En los casos en que, durante el procedimiento de emisión de una orden de protección, se detectan indicios de un delito en virtud del Código Penal, el expediente del caso se remite al organismo judicial pertinente para que estudie si se deben exigir responsabilidades penales.

75.Tras un acto de violencia, la víctima de acoso o violencia (o su representante legal) puede solicitar alojamiento en centros especiales, que puede proporcionarse durante 30 días o un período superior. Cuando una víctima de violencia se aloja en un centro especial, se le mantiene su puesto de trabajo; en caso de estar estudiando, el tiempo que permanece en el centro no constituye una razón para ser expulsada de la institución educativa debido a las ausencias.

76.De conformidad con la ley, todo agresor está sujeto, entre otras, a las medidas siguientes: recuperación de gastos relativos a toda indemnización por el tratamiento, las consultas o el internamiento que necesite la víctima en un centro especial de asistencia, por daños materiales o por daños morales; y limitación o prohibición del derecho a poseer y llevar armas (excepto las de servicio).

77.En 2019, el Parlamento aprobó enmiendas al Código Penal que aumentaron la responsabilidad penal por incitar a las mujeres al suicidio. También se han adoptado medidas cardinales para eliminar las costumbres y tradiciones nacionales anticuadas que obstaculizan el adelanto de la mujer, y se ha enmendado el artículo 8 del Código de la Familia a fin de precisar que, cuando no exista una norma pertinente para regular las relaciones familiares, se utilizarán costumbres y tradiciones locales que no contradigan los principios de la legislación de Uzbekistán.

Párrafo 8, apartado b)

78.La Ley de Protección de las Mujeres contra el Acoso y la Violencia establece un procedimiento para la adopción de medidas destinadas a corregir el comportamiento de las personas que hayan cometido actos de violencia o propensas a cometerlos. Se han creado líneas telefónicas de emergencia para las víctimas de acoso y violencia, con un protocolo de actuación definido, y se ha introducido el concepto de centros especiales de rehabilitación, de los cuales ya se han abierto 165 en Uzbekistán. Más de 15.000 mujeres y niñas se han puesto en contacto con estos centros para tratar diversas cuestiones.

79.En virtud de la Resolución Presidencial de 2 de julio de 2018, en las provincias del país se han creado centros de rehabilitación y adaptación, en los que las víctimas de violencia doméstica reciben asistencia psicológica, jurídica y social.

80.En 2019 se creó el Centro Nacional de Rehabilitación y Adaptación, que presta asistencia metodológica y coordina las actividades de los centros regionales. Más de 1.712 mujeres han recurrido a los servicios de dicho centro, de las cuales 434 han recibido asistencia psicológica, 303 asistencia médica y 377 asistencia jurídica; 271 han encontrado empleo; y 99 han recibido préstamos. Además, se ha logrado la reconciliación de 487 familias y se ha puesto en marcha la línea telefónica directa “1146” del Comité de la Mujer de Uzbekistán, disponible para toda mujer que necesite ayuda o se encuentre en una situación difícil. Este servicio, que recibe un promedio de 180 a 200 llamadas diarias, brinda asistencia para resolver sus problemas.

81.En 2019 se creó la Comisión del Senado sobre la Mujer y la Igualdad de Género; se organizó una plataforma nacional para apoyar a la mujer y crear condiciones para su participación en todas las esferas de la sociedad a través del sitio web www.gender‑platform.uz; se inició la preparación de la Estrategia de Igualdad de Género; y se puso en marcha una amplia campaña de información para sensibilizar a la opinión pública sobre la Ley de Garantía de Igualdad de Derechos y Oportunidades para Hombres y Mujeres y la Ley de Protección de las Mujeres contra el Acoso y la Violencia.

82.Se están elaborando programas y seminarios de capacitación sobre la modificación de las percepciones estereotipadas de los papeles tradicionales del hombre y la mujer.

83.Se ha reforzado el papel de las ONG de mujeres en la esfera de la lucha contra la violencia doméstica, mediante la creación de líneas telefónicas de ayuda y oficinas de servicios sociales; las consultas a domicilio de abogados y psicólogos en las zonas rurales; la apertura de refugios y de miniempresas sociales; la celebración de cursos profesionales para los segmentos de población especialmente vulnerables (como las víctimas de la violencia en el hogar acogidas en refugios temporales, las víctimas de la trata, las mujeres en libertad condicional y las mujeres en situaciones difíciles); y la creación de más de 200 escuelas innovadoras que preparan a los jóvenes para la vida familiar. Cada año, las ONG participan en la campaña “16 Días contra la Violencia”.

84.Se está mejorando la educación en materia de derechos humanos para aumentar la concienciación de los parlamentarios, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los jueces respecto a las normas internacionales relativas a los derechos de la mujer. Los programas de estudios de la Universidad Estatal de Derecho de Taskent, la Academia del Ministerio del Interior y el Centro de Formación Continua de Juristas incluyen temas centrados en los derechos de la mujer y la igualdad de género.

Estado de emergencia y medidas de lucha contra el terrorismo y el extremismo (arts. 4, 9, 14, 18 y 19)

Párrafo 8

85.En la Ley de Lucha contra el Extremismo, de 30 de julio de 2018, se definen el concepto de extremismo, los principios y las directrices fundamentales de la política estatal de lucha contra el extremismo, las medidas de prevención del extremismo, la detección y represión de los delitos en la esfera del extremismo y las directrices de la cooperación internacional en esta esfera.

86.La ley estipula las condiciones para que un tribunal pueda considerar una organización como extremista. La Fiscalía General de Uzbekistán debe presentar al Tribunal Supremo una solicitud de declaración de organización extremista. La lista de entidades jurídicas cuyas actividades se han suspendido debido a su participación en actividades extremistas puede consultarse en los sitios web oficiales del Ministerio de Justicia y del Tribunal Supremo.

87.En los últimos tres años, se ha eliminado del registro a 18.000 ciudadanos anteriormente propensos a participar en organizaciones religiosas extremistas, pero que se habían arrepentido de ello y habían vuelto a la vida normal en la sociedad. Después de su eliminación del registro, 7.000 de dichas personas recibieron un empleo, cerca de 1.000 recibieron asistencia material, a otras 319 se les ayudó a establecer un negocio y a 198 se les concedieron préstamos bancarios.

88.Con arreglo al Decreto Presidencial de 19 de septiembre de 2018, los ciudadanos que formaban parte por error de organizaciones y grupos prohibidos, incluso fuera de Uzbekistán, pero que tras tomar conciencia de la ilegalidad de sus actos habían modificado su comportamiento, pudieron regresar a su patria, a sus familias y a una vida pacífica.

89.Se llevaron a cabo dos operaciones para el retorno de 221 mujeres y niños de las zonas de conflicto armado en el Oriente Medio. Se está tratando de repatriar a 170 personas de Siria a Uzbekistán.

90.Existe un proyecto de ley sobre el estado de emergencia, que en junio de 2016 se hizo público para que fuera debatido a través del Portal Único de Servicios Estatales Interactivos.

91.El proyecto de ley establece el procedimiento para declarar el estado de excepción, la competencia de los órganos autorizados, la duración del estado de excepción, una lista específica de circunstancias en las que se puede declarar y los tipos de medidas que pueden decretarse mientras perdure.

92.Está prohibido establecer tribunales de emergencia. La administración de justicia en el territorio en el que se haya declarado un estado de excepción corresponderá únicamente a los tribunales.

93.El proyecto de ley también define las garantías de los derechos de los ciudadanos, las organizaciones y los funcionarios en un estado de emergencia.

Derecho a la vida y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (arts. 6, 7, 9, 10 y 14)

Párrafo 9

94.Los acontecimientos ocurridos en Andizhán los días 12 y 13 de mayo de 2005 estuvieron relacionados con unos atentados terroristas que causaron pérdidas humanas. A este respecto se incoaron varios procesos penales, durante cuya investigación se determinó que los atentados habían sido cometidos por miembros de una organización religiosa de carácter extremista denominada Akromiylar. El número de víctimas de los atentados se elevó a 187, incluidos 63 civiles y 31 agentes del orden y militares que fueron asesinados a manos de los terroristas. En el marco de las medidas antiterroristas se eliminó a 89 miembros de la organización religiosa de carácter extremista Akromiylar. Un total de 287 personas sufrieron daños corporales, entre ellas 91 civiles, 49 agentes del orden y 59 militares, y 76 terroristas resultaron heridos. En el curso de los atentados, sus autores tomaron como rehenes a 70 personas, de las cuales 15 fueron brutalmente asesinadas. Tras la conclusión del sumario, 362 personas involucradas en los atentados terroristas de Andizhán fueron llevadas ante la justicia. En las audiencias públicas, la culpabilidad de todos los acusados quedó plenamente demostrada con las pruebas de la causa, y se les impusieron condenas de diferente duración.

95.La Unión Europea envió una delegación a Uzbekistán en dos ocasiones, del 11 al 16 de diciembre de 2006 y del 1 al 4 de abril de 2007, para visitar lugares relacionados con los trágicos acontecimientos, entrevistarse personalmente con los testigos y consultar los elementos de la causa y del juicio.

96.La Ley de Armas de 29 de julio de 2019 establece el marco jurídico para el comercio y uso de armas. Los principios fundamentales que rigen el comercio de armas y de suministros de combate son la legalidad, la prevalencia del carácter defensivo y de la preservación de la vida y la salud humanas, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales de Uzbekistán en esta esfera, la transparencia y la accesibilidad de la información.

97.Según la ley, las armas se dividen en civiles, de servicio y de caza. Las armas civiles incluyen las destinadas a la caza, el deporte y la defensa personal.

98.La ley define que las armas de combate están destinadas a las operaciones de combate y al cumplimiento de tareas de servicio, de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad del Estado, el Servicio de Seguridad Presidencial del Estado, la Guardia Nacional, el Comité Estatal de Aduanas, las unidades militares del Ministerio de Situaciones de Emergencia y el Ministerio de Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La adquisición, el almacenamiento y el uso de armas y de suministros de combate corresponde exclusivamente a organismos y formaciones militares especiales. El procedimiento para el comercio de esta categoría de armas es establecido por el Presidente.

Párrafo 10, apartado a)

99.Uzbekistán aplica una política coherente de aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se ha establecido la responsabilidad causal por el uso de información obtenida por métodos ilegales como prueba por parte de la fiscalía. Con la aprobación de la Ley de 4 de abril de 2018, se ha armonizado el contenido del artículo 235 del Código Penal, sobre la utilización de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con las exigencias de la Convención. Las cuestiones relacionadas con la modificación del artículo 235 del Código Penal de conformidad con las recomendaciones de los órganos de tratados se están examinando como parte de la labor sobre el proyecto de nueva versión del Código Penal.

100.No existen restricciones a la aplicación de la amnistía a las personas condenadas en virtud del artículo 235 del Código Penal. Desde 2017, se han aprobado leyes de indulto (1 ley en 2017, 3 leyes en 2018 y 3 leyes en 2019) de las que se han beneficiado más de 4.000 personas condenadas. Sin embargo, las personas condenadas en virtud del artículo 235 del Código Penal no pueden acogerse a leyes de indulto.

Párrafo 10, apartado b)

101.De conformidad con la Resolución Presidencial de Medidas para Mejorar Radicalmente el Sistema de Legislación Penal y Procesal Penal, de 14 de mayo de 2018, se ha elaborado una nueva edición del Código Penal que contiene las novedades siguientes:

Levantamiento de las restricciones sobre el objeto de delito en virtud del artículo 235 de la versión actual del Código Penal.

Establecimiento de la responsabilidad por “discriminación de cualquier tipo”.

La división del delito previsto en el artículo 235 del Código Penal en las disposiciones siguientes:

“Tortura, es decir, todo acto intencional por el que se inflija dolor intenso o angustia física o mental a una persona mediante amenazas, golpes, palizas, malos tratos, tormentos u otros actos ilícitos, cometido por un funcionario de los órganos de orden público o de otros órganos estatales o por otras personas a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia, con el fin de obtener de la víctima o de una tercera persona cualquier tipo de información o la confesión de un delito o de castigarlos de forma arbitraria por un acto que hayan cometido o coaccionarlos para que cometan algún acto, o por cualquier otro motivo que implique discriminación de cualquier tipo.

Tratos o penas inhumanos o degradantes, es decir, la imposición intencional de dolor o sufrimiento físico o mental que constituya un trato o pena inhumano o degradante por un funcionario de los órganos de orden público o de otros órganos estatales o por otras personas a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia.”

El proyecto de artículo de la Parte General del Código Penal, que regula los motivos de exoneración de la responsabilidad penal personal, prevé una adición en la que se especifica que no se amnistiará a ninguna persona que haya cometido delitos relacionados con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Párrafo 11, apartado a)

102.El 22 de febrero de 2018, la Fiscalía General inició un proceso penal contra R. Kadyrov en virtud del artículo 210 del Código Penal (cohecho pasivo). La investigación del caso se llevó a cabo durante siete meses y concluyó el 13 de septiembre de 2018.

103.Los interrogatorios de las personas encausadas penalmente se realizaron de conformidad con los requisitos del Código de Procedimiento Penal, según el cual la duración total del interrogatorio durante el día no debe exceder de 8 horas, y está prohibido realizar interrogatorios entre las 22.00 horas y las 6.00 horas.

104.Durante la investigación, ni los acusados ni sus familiares cercanos presentaron quejas o declaraciones sobre ningún tipo de presión o maltrato por parte de las fuerzas del orden.

105.Hubieron de transcurrir cuatro meses desde el comienzo del juicio, hasta el 22 de abril de 2019, para que algunos de los acusados declararan por primera vez el uso de métodos de investigación no autorizados contra ellos. En su testimonio, el acusado R. Kadyrov señaló que fue sometido a maltratos psicológicos durante 10 días en un centro de detención temporal del Ministerio del Interior, donde unos 20 oficiales se turnaron para impedirle dormir.

106.Al oír dicho testimonio, el juez presidente interrumpió inmediatamente el proceso judicial y el 22 de abril de 2019 decretó el establecimiento de una comisión de examen forense respecto de R. Kadyrov y otros acusados. El informe pericial fue confiado a los expertos de la sección de la ciudad de Taskent del Centro Nacional de Investigación y Práctica Forense, junto con especialistas del Ministerio de Salud. Además, se dieron instrucciones a la Fiscalía General para que realizara un examen interno en relación con las alegaciones.

107.En las conclusiones de la comisión de examen médico forense núm. 66, de 8 de mayo de 2019, se afirma que “R. Kadyrov, nacido en 1952, no presentaba lesiones o marcas en el cuerpo en el momento de ser examinado, ni existía constancia de ninguna lesión en los registros médicos proporcionados”. Los resultados de las consultas y los documentos médicos no revelan ninguna secuela psicológica en R. Kadyrov ni impacto alguno en sus enfermedades crónicas.

108.Como resultado de una auditoría interna, se determinó que la reclusión de los detenidos se ajustaba a las normas establecidas, y no se encontraron violaciones de las horas de sueño ni de las pausas para el almuerzo. Durante la investigación, R. Kadyrov confesó haber engañado deliberadamente al tribunal sobre las supuestas presiones recibidas, con la intención de invalidar las pruebas del caso y mitigar el castigo.

109.Los demás acusados también confirmaron que no habían sido objeto de ninguna presión física o psicológica durante la investigación preliminar por parte de los agentes del orden, y que habían testificado y confesado voluntariamente y sin coacción.

110.R. Kadyrov fue trasladado del centro de detención temporal del Ministerio del Interior para ser ingresado en dos ocasiones en el Hospital Penitenciario Especializado núm. 23 del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio del Interior: del 5 al 29 de mayo de 2018 se sometió a un tratamiento hospitalario de 25 días; y entre el 28 de enero y el 19 de febrero de 2019 se sometió a un tratamiento hospitalario de 23 días. Al mismo tiempo, funcionarios del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos, dependiente de la Fiscalía General, ofrecieron protección las 24 horas del día.

111.Al ingresar en el Hospital Penitenciario Especializado núm. 23, el Sr. Kadyrov fue examinado por médicos del área de admisiones, que no hallaron ninguna lesión corporal. Además, durante la estancia de R. Kadyrov en el hospital especializado, no se halló ninguna prueba de que hubiera sido víctima de violencia física o coacción psicológica.

112.Así pues, durante las audiencias del tribunal, no quedó probado que R. Kadyrov hubiera sido sometido a presiones psicológicas o malos tratos físicos, por lo que no hay motivos para conceder una indemnización.

113.Todas las celdas en que se alojaron R. Kadyrov y el resto de detenidos cumplen con las normas internacionales y nacionales que rigen las condiciones sanitarias e higiénicas.

Párrafo 11, apartado b)

114.La Ley de 14 de marzo de 2019 amplió las competencias del Defensor de los Derechos Humanos para proteger los derechos de las personas detenidas e introdujo un sistema de medidas para investigar las denuncias de tortura o malos tratos.

115.El Defensor de los Derechos Humanos supervisa constantemente las instituciones penitenciarias con la participación de miembros del Parlamento, representantes del Centro Nacional de Derechos Humanos, el Comité de la Mujer, la Unión de Jóvenes, la Federación de Sindicatos y las ONG Instituto de Democracia y Derechos Humanos y Human Rights Watch.

116.Entre finales de 2016 y septiembre de 2019, el Defensor de los Derechos Humanos realizó 85 visitas de supervisión a 36 instituciones penitenciarias, 21 centros de prisión preventiva, 16 centros especializados de tratamiento y prevención para el tratamiento de pacientes con alcoholismo crónico, drogadicción o toxicomanía, y 12 centros del Ministerio del Interior para la rehabilitación de personas sin domicilio fijo.

117.Como resultado de sus visitas, en julio de 2018 se presentó a las cámaras del Parlamento un informe sobre los resultados del examen de las denuncias de los ciudadanos acerca del ejercicio de presiones físicas y psicológicas en el curso de medidas judiciales y de investigación.

118.Por iniciativa del Defensor de los Derechos Humanos, el 27 de junio de 2018, la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado del Oliy Majlis escuchó una sesión informativa del Viceministro del Interior, A. Bobokhanov, sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Durante la sesión, el Defensor de los Derechos Humanos informó de las quejas sobre el uso de medidas de presión por parte de los funcionarios de los órganos de orden público y de los resultados de su examen. Tras la audiencia, la Comisión del Senado adoptó una decisión en la que se señalaba que las medidas adoptadas por las fuerzas del orden para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes no se ajustaban a las normas internacionales en esa esfera. El documento también refleja las tareas que debía emprender el Ministerio del Interior y la Fiscalía General para eliminar las lagunas detectadas.

119.En el Decreto Presidencial de Medidas Adicionales de Consolidación de la Salvaguardia de los Derechos y Libertades de los Ciudadanos en la Fase de Instrucción Judicial, de 30 de noviembre de 2017, se establece la inadmisibilidad de utilizar como prueba en las causas penales los datos obtenidos mediante infracción de la legislación procesal u otros métodos ilícitos.

Párrafo 11, apartado c)

120.La Ley por la que se modifican algunos instrumentos legislativos de la República de Uzbekistán en relación con la adopción de medidas para reforzar las salvaguardias de los derechos y libertades de los ciudadanos en la fase de instrucción judicial, de 4 de abril de 2018, establece una responsabilidad penal de entre 5 y 7 años de prisión por toda falsificación de pruebas que dé lugar a la detención, el encarcelamiento, el enjuiciamiento, la condena o la absolución ilícitos de una persona. En los casos de delitos graves o especialmente graves, la pena asciende a una privación de libertad de entre 7 y 10 años. Además, la pena máxima por falsificación de los resultados de las operaciones de investigación de actos delictivos es de 3 a 5 años de prisión.

121.Las enmiendas también endurecen las penas por tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de modo que, en el caso de lesiones corporales graves y otras consecuencias serias, las penas son de 7 a 10 años de prisión. Anteriormente, la pena máxima en virtud de este artículo era de 5 a 8 años.

122.La pena máxima por perjurio se ha incrementado de 5 a 8 años de prisión, y la correspondiente a denuncias falsas de 8 a 10 años.

123.El abogado defensor tiene derecho a reunir y presentar pruebas en una causa penal. Se ha implantado la obligación de grabar actuaciones procesales como la inspección del lugar de un incidente y la reconstrucción de los hechos, así como de realizar transcripciones de los procesos judiciales.

Párrafo 11, apartado d)

124.De conformidad con el artículo 235 del Código Penal, en 2013 se juzgaron 2 causas penales en las que estaban implicadas 4 personas; en 2014 se juzgaron 7 causas en las que estaban implicadas 15 personas; en 2015 se juzgaron 12 causas en las que estaban implicadas 29 personas; en 2016 se juzgaron 9 causas en las que estaban implicadas 13 personas; en 2017 se juzgaron 13 causas en las que estaban implicadas 28 personas; en 2018 se juzgaron 3 causas en las que estaban implicadas 4 personas; y en 2019 se juzgó 1 causa en la que estaba implicada 1 persona.

Párrafo 11, apartado e)

125.En virtud de la legislación de procedimiento penal, un acto judicial puede ser revisado sobre la base de la apelación de un condenado o su representante, o a raíz de la objeción de un fiscal.

126.Una decisión judicial dictada sobre la base de pruebas obtenidas en violación de los requisitos del artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, así como sobre la base de pruebas inadmisibles de acuerdo con el artículo 951 del Código de Procedimiento Penal (aprobado en virtud de la Ley núm. 470, de 4 de abril de 2018), está sujeta a revocación o enmienda de conformidad con el párrafo 3 del artículo 484 del Código de Procedimiento Penal, independientemente de que tales violaciones quedaran reflejadas en la apelación o no.

127.En 2018 se otorgaron 867 absoluciones; el número de sentencias absolutorias dictadas en los primeros 11 meses de 2019 fue de 780.

Libertad y seguridad personales y trato dispensado a las personas privadas de libertad (arts. 7, 9 y 10)

Párrafo 12, apartado a)

128.El período máximo de detención de un sospechoso es de 48 horas. El tiempo transcurrido desde que el sospechoso es efectivamente aprehendido se computa como parte del período de detención o arresto domiciliario del acusado y de la duración de la sentencia impuesta por el tribunal en la proporción establecida por la ley.

129.Al examinar una solicitud de medida preventiva consistente en detención o arresto domiciliario, el tribunal determina el tiempo de detención efectiva de un sospechoso o acusado que esté privado de libertad.

130.El abogado defensor (incluido aquel que represente al Estado) puede estar presente en todas las etapas del proceso penal o, en caso de que una persona acabe de ser detenida, desde el momento en que se restrinja de forma efectiva su derecho a la libertad de circulación. Las solicitudes de adopción de medidas cautelares, como la prisión preventiva o el arresto domiciliario, se examinan en presencia del fiscal, del abogado defensor (si este participa en el caso) y del sospechoso o acusado detenido.

131.El tribunal examina las solicitudes de medidas cautelares consistentes en prisión preventiva o arresto domiciliario:

Con la participación obligatoria del sospechoso o acusado detenido, a menos que el acusado esté en busca y captura.

Con la participación del abogado defensor. Se produce una excepción cuando un sospechoso o acusado rechaza contar con la asistencia de un abogado defensor; aun así, en los casos mencionados en los apartados 1 a 4, 8 y 9 del párrafo 1 del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, la participación de un abogado defensor es obligatoria incluso si el sospechoso o acusado se niega a recibir su asistencia.

Párrafo 12, apartado b)

132.De acuerdo con las enmiendas introducidas por la Ley de 18 de abril de 2018 al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal, en casos excepcionales, el sospechoso puede ser objeto de medidas preventivas menos estrictas, como el arresto domiciliario o el pago de una fianza.

133.El Código de Procedimiento Penal define el concepto de arresto domiciliario, que puede ser aplicado por un tribunal en los casos en que la detención se considere inapropiada dada la edad, la salud, la situación familiar y otras circunstancias.

134.La resolución del juez se dicta a petición del fiscal, o del investigador o el instructor de la causa con el consentimiento del fiscal. Antes de ello se escucha a los sospechosos o acusados, a los abogados defensores y a otras personas que comparecen ante el tribunal, y se examinan los materiales presentados.

135.El período de detención o de arresto domiciliario se computa al imponer la pena.

136.El Código de Procedimiento Penal define el concepto de fianza, que puede aplicarse en todos los casos y en todas las categorías de hechos.

137.El tribunal, en la etapa de las actuaciones previas al juicio, puede solicitar una fianza en efectivo, que se acredita en la cuenta de depósito del órgano de investigación o de instrucción.

138.Si no hay motivos para seguir manteniendo la fianza, o en caso de que se ponga fin a las actuaciones de la causa, el fiscal o la persona encargada de la investigación o de la instrucción (con el consentimiento del fiscal) podrá revocar la fianza o cambiarla por otra medida provisional. Dicha decisión habrá de ser notificada al tribunal que hubiera ordenado la aplicación de la medida cautelar.

Párrafo 12, apartado c)

139.El procedimiento de habeas corpus se aplica de conformidad con la legislación procesal penal de Uzbekistán. Las facultades del tribunal incluyen el examen de peticiones, quejas y protestas relativas a cuestiones relacionadas con la imposición de una medida preventiva en forma de prisión preventiva o arresto domiciliario o la prórroga del período de prisión preventiva o arresto domiciliario, con la notificación obligatoria al tribunal que hubiera ordenado la medida cautelar; y el examen de las solicitudes de destitución del acusado, de internamiento en un centro médico o de prórroga del internamiento, de exhumación de un cadáver o de incautación de la correspondencia postal y telegráfica.

140.Se han aprobado más de 50 leyes para garantizar una independencia y autonomía genuinas del poder judicial, mejorar la calidad y la transparencia de la justicia y ampliar el uso del habeas corpus.

Párrafo 12, apartado d)

141.La legislación uzbeka no persigue judicialmente las actividades de defensa de los derechos humanos. Las personas que se encuentran en los centros de detención han sido condenadas por tipos concretos de delitos que violan la legislación de Uzbekistán.

142.El número de causas penales incoadas por los órganos de la fiscalía en virtud del artículo 221 del Código Penal fue de 762 en 2016, 470 en 2017, 1 en 2018 y 0 en 2019.

Párrafo 13

143.Durante los últimos 18 años, las instituciones penales han estado operando sin descanso. El número de prisioneros recluidos en instituciones ha disminuido más de 1,5 veces. Hoy en día, Uzbekistán tiene una de las tasas de población carcelaria más bajas de los países de la Comunidad de Estados Independientes y del mundo. La tasa media de ocupación de las instituciones penitenciarias de Uzbekistán es del 63 %.

144.La reducción de la población carcelaria ha permitido reorientar los esfuerzos hacia la mejora de las condiciones de detención y la prestación de atención comunitaria y médica a los condenados.

145.Los convictos reciben tres comidas calientes al día. La administración de las instituciones da cumplimiento a todas las normas de nutrición, bajo la supervisión de las autoridades superiores.

146.Todas las instituciones penales ofrecen atención médica las 24 horas del día; para ello, cuentan con un servicio médico, equipado con el material sanitario necesario, que proporciona atención a pacientes ingresados y ambulatorios.

147.A su llegada a una institución penal, todo convicto debe someterse a un reconocimiento médico completo.

148.Con el fin de detectar y prevenir las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis entre los reclusos, se realizan exámenes preventivos dos veces al año, y todos los reclusos se someten a exámenes de radiología y fluorográficos. En caso necesario, los centros sanitarios locales y sus especialistas participan en la aclaración de diagnósticos y en la prestación de atención médica especializada o de emergencia.

149.Cuando se detecta que un condenado tiene una enfermedad infecciosa o signos de actividad infecciosa en los pulmones, se le aísla inmediatamente del contingente sano en celdas preparadas a tal efecto. La celda que hubiera ocupado hasta ese momento se desinfecta por completo, y se supervisa a las personas que hayan estado en contacto con la persona infectada. El tratamiento y la vigilancia clínica de los pacientes tuberculosos se llevan a cabo en estricta conformidad con el sistema de atención antituberculosa por etapas.

150.Los convictos que sufren de tuberculosis son enviados al Hospital Penitenciario Especializado de Taskent o a una colonia terapéutica en la provincia de Bujará, donde reciben el tratamiento ambulatorio contra la tuberculosis.

151.Desde el 11 de noviembre de 2004, en las instituciones penales uzbekas se sigue la estrategia de tratamiento de observación directa y corta duración recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Eliminación de la esclavitud y la servidumbre (art. 8)

Párrafo 14, apartado a)

152.Uzbekistán ha erradicado por completo el trabajo infantil y está aplicando medidas para eliminar el trabajo forzoso de los adultos en las labores agrícolas.

153.El 25 de abril de 2014 se firmó el Memorando de Entendimiento entre la República de Uzbekistán y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Programa de Trabajo Decente para 2014-2016, que incluye medidas para vigilar la prohibición del trabajo infantil y forzoso. El 28 de febrero de 2017, el Programa se prorrogó hasta 2020.

154.Con el fin de eliminar el trabajo forzoso, desde 2015 se han llevado a cabo anualmente dos sesiones paralelas de seguimiento del trabajo infantil y el trabajo forzoso en la producción de algodón:

El Mecanismo de Supervisión por Terceros, en el que participan expertos internacionales y defensores locales de los derechos humanos.

El Mecanismo de Supervisión Nacional, del que forman parte la Federación de Sindicatos, la Cámara de Comercio e Industria, el Comité de la Mujer, la Unión de Jóvenes y las ONG locales que así lo desean.

155.En 2015, la supervisión nacional reveló la presencia de dos niños en los campos de algodón.

156.En 2016, los equipos del Mecanismo de Supervisión Nacional registraron la presencia de 5 niños, de los cuales 3 participaron en la cosecha de algodón, así como el acceso no autorizado a campos de algodón de 79 alumnos de tercer año de escuelas de formación profesional fuera del horario escolar para ganarse unos ingresos adicionales o ayudar a sus padres. La cantidad de trabajadores de instituciones educativas y sanitarias que participaron en las cosechas fuera de su jornada laboral ascendió a 1.543 personas (el 2,9 % del total de recolectores).

157.Los resultados del seguimiento y la revisión de las denuncias recibidas en 2015‑2016 en el marco de las actividades conjuntas confirmaron la ausencia de problemas sistémicos en relación con el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

158.En 2017, los equipos del Mecanismo de Supervisión Nacional registraron la presencia en los campos de algodón de 18 niños, de los cuales 4 participaron en la cosecha de algodón. También se reveló que en la cosecha habían participado 328 empleados de organizaciones públicas, principalmente instituciones de educación y de salud (0,93 % del total de cosechadores encuestados), 312 reclutas y 400 empleados de empresas industriales. Asimismo, se registró la presencia no autorizada en los campos de algodón de 9 estudiantes de tercer año de escuelas de formación profesional fuera del horario escolar para ganarse unos ingresos adicionales o ayudar a sus padres (0,03 % del total de cosechadores).

159.En 2018, el Mecanismo de Supervisión Nacional llevó a cabo inspecciones de acuerdo con su propia metodología, que abarcó tanto la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso en la cosecha del algodón como la creación de condiciones de trabajo favorables para los cosechadores. En el marco del seguimiento se estudiaron las condiciones de trabajo, la disponibilidad de comidas calientes y de agua potable, la regularidad y el importe de la remuneración, y la existencia de convenios entre los equipos de recolectores y los consejos de agricultores.

160.En 2018, se descubrió que 33 niños menores de 18 años habían participado en la cosecha de algodón. Se registraron 39 casos de empleados de organismos públicos e instituciones de educación que participaron en la cosecha del algodón, que atrajo a más de 3.130 trabajadores (incluidos 309 estudiantes). En la cosecha de algodón también participaron 81 trabajadores de entidades comerciales, 30 de los cuales se dedicaban a recolectar durante el día libre de su ocupación principal. Como resultado de la supervisión, se devolvió a su lugar de trabajo a 96 empleados de la empresa unitaria “Central Térmica de Taskent” que participaban en la cosecha de algodón de la explotación Komidzhon Zebo (distrito de Buka).

161.Se identificaron 22 casos de pago tardío del algodón cosechado o de diversas deducciones de los ingresos de los cosechadores (en el 4,1 % de todas las explotaciones examinadas). Hubo 92 casos (en el 17,3 % de todas las explotaciones supervisadas) de falta de formalización de las relaciones laborales entre los equipos de recolectores y los consejos de agricultores.

162.Durante las inspecciones se reveló que en 81 explotaciones agrícolas (el 15,2 % de todas las supervisadas) las condiciones de trabajo y de descanso de los trabajadores eran inadecuadas (instalaciones sanitarias e higiénicas deficientes e interrupciones en el suministro de comida caliente y agua potable). Se adoptaron medidas de respuesta a todas las deficiencias identificadas.

163.Se ha elaborado una lista de los 14 ministerios, organismos y organizaciones en los que existe mayor riesgo de trabajo forzoso.

164.Con el fin de mejorar el sistema de coordinación de las actividades de los organismos públicos en la lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso, mediante el Decreto Presidencial de 30 de julio de 2019 se transformó la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas en la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso, con subdivisiones territoriales en la República de Karakalpakstán, las provincias y la ciudad de Taskent. A su vez, la Comisión formó una Subcomisión de Lucha contra el Trabajo Forzoso, dirigida por el Ministro de Empleo y Relaciones Laborales.

165.Del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2019, los equipos nacionales de supervisión realizaron 399 visitas a 731 explotaciones agrícolas, 12 escuelas de formación profesional y liceos académicos, 278 escuelas de enseñanza general, 55 centros de enseñanza preescolar, 77 entidades comerciales, 106 centros de salud, 56 jokimyatos y 35 majallias. Según los datos de los equipos de supervisión, la tasa de asistencia escolar fue del 98,2 %.

166.Durante las visitas de los equipos de supervisión también se trabajó para aclarar el contenido de los Convenios de la OIT núms. 28, 105, 138 y 182, así como las resoluciones del Gabinete de Ministros núm. 349, de 10 de mayo de 2018, y 407, de 31 de mayo de 2018.

Párrafo 14, apartado b)

167.En el marco de la aplicación gradual de las medidas sobre la creación de relaciones comerciales entre las explotaciones agrícolas y las empresas de la industria textil, a principios de 2018 se comenzaron a introducir métodos de organización conjunta de la producción de algodón y de textiles en 160.000 ha de 20 distritos del país.

168.En 2018 se aplicaron tecnologías de ahorro de agua en 3.163 ha de zonas algodoneras mediante el riego de campos con tuberías plásticas flexibles, se construyeron sistemas de drenaje y depósitos de agua, se instalaron 225 unidades de bombeo en zonas de difícil acceso a fuentes de riego, se adquirieron 1.285 unidades de diversos equipos agrícolas, se reclutó a especialistas extranjeros altamente calificados en agricultura (agrónomos, expertos en maquinaria y tecnología modernas y especialistas de instituciones científicas) y se crearon más de 4.300 nuevos empleos.

169.En 2019 se introdujeron métodos de organización conjunta de la producción de algodón y de textiles en un territorio de 655.000 ha repartido en 84 distritos del país. Se han organizado complejos textiles, de costura y tejido de punto y centros de manufactura de productos acabados de alto valor añadido. Asimismo, se han ampliado los volúmenes y tipos de productos de mayor demanda en los mercados nacionales y extranjeros.

Párrafo 14, apartado c)

170.En virtud de la Resolución del Senado del Oliy Majlis de 4 de octubre de 2017 se introdujo la institución del control parlamentario para prevenir y evitar los posibles riesgos de utilización del trabajo infantil y el trabajo forzoso en cualquiera de sus formas, lo que incluye la aplicación de un conjunto de medidas organizativas y prácticas en esa esfera.

171.A pesar de las medidas adoptadas, en la práctica se han producido algunos casos de violación de la legislación laboral en diversas actividades de jardinería y agricultura, que son achacables a los gobernadores (jokim) y afectan a todas las esferas (acceso de los trabajadores a la educación, la atención de la salud y otros organismos públicos y de otra índole, e infracciones relativas a estudiantes y alumnos de las instituciones educativas). Ha habido casos de funcionarios que han abusado de su posición oficial, han intimidado a algunos de los afectados, se han dirigido a ellos en términos inapropiados e incluso les han agredido. Como resultado de la coacción para realizar determinados trabajos, se produjeron accidentes que resultaron en lesiones y, en algunos casos, en la muerte de las personas involucradas.

172.A fin de prevenir nuevas desgracias de ese tipo, subsanar las deficiencias sistémicas de la labor de los organismos públicos y erradicar por completo los casos de trabajo forzoso en Uzbekistán, el 17 de abril de 2018 el Consejo de Ministros celebró una videoconferencia dedicada a la prevención de la coacción, en la esfera de la agricultura y la jardinería, de estudiantes, empleados de instituciones médicas y educativas y personas de otras esferas sociales. Esta actividad dio lugar a la adopción de medidas de responsabilidad personal de los administradores a todos los niveles. Por ejemplo, se formularon serias advertencias al Ministro de Educación Nacional, U. Inoyatov, al Ministro de Salud, A. Shodmonov, y al gobernador de la provincia de Yizak, E. Soliev, y se amonestó a los gobernadores de las provincias de Samarcanda y Kashkadar.

173.En la Resolución del Consejo de Ministros de Medidas Adicionales para Erradicar el Trabajo Forzoso en la República de Uzbekistán, de 10 de mayo de 2018, se encomendó al Presidente del Consejo de Ministros de la República de Karakalpakstán, a los gobernadores de Taskent y de provincias, distritos y ciudades y a los jefes de los órganos de la administración pública y económica de todos los niveles que reaccionaran con prontitud y atajaran toda forma de reclutamiento forzoso de ciudadanos, en particular los trabajadores de la educación, la atención de la salud y otros organismos públicos y de otra índole, y los estudiantes y alumnos de instituciones educativas, para realizar cualquier tipo de trabajo forzoso, incluidos los de paisajismo y acondicionamiento de terrenos de los distritos y ciudades, la recolección de chatarra y desechos de papel, el trabajo estacional en la agricultura y otros trabajos similares. También se les instó a tomar incondicionalmente medidas disciplinarias estrictas contra los funcionarios que permitan, directa o indirectamente, que los ciudadanos participen en trabajos forzosos, y a notificar sin dilaciones todo caso de trabajo forzoso a los órganos de orden público y judiciales para que se depuren las responsabilidades correspondientes.

174.Se han endurecido las medidas de rendición de cuentas, incluidas las de carácter penal, con respecto a los funcionarios culpables de reclutar ilegalmente a ciudadanos para trabajos comunitarios forzosos, o de utilizar el trabajo forzoso en cualquier otra forma.

Libertad de circulación (art. 12)

Párrafo 15

175.Con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, se han eliminado las dificultades para obtener certificados de registro y visados. Se ha suprimido la responsabilidad administrativa por el empleo de ciudadanos sin permiso de residencia temporal o permanente, así como la norma que prevé la posibilidad de negarse a emplear en la capital a personas sin permiso de residencia permanente o temporal.

176.Según la Resolución del Gobierno de 22 de octubre de 2018, toda persona puede inscribirse como residente en Taskent o en la provincia de Taskent por un período de entre cinco días y un año, sin que ello entrañe que se considere su residencia permanente. También se ha simplificado el procedimiento de registro de las personas que llegan a Taskent o a la provincia de Taskent procedentes de otras regiones para realizar trabajos de temporada (construcción, agricultura y otros).

177.De acuerdo con la Resolución, las personas que no tienen un permiso de residencia permanente en Taskent o la provincia de Taskent pueden obtener y formalizar el registro estatal de bienes inmuebles solo en edificios nuevos por medios bancarios. Las personas que no tienen un permiso de residencia permanente en la capital y su provincia, al adquirir bienes inmuebles en edificios nuevos, deben abonar una tasa estatal del 5 % del importe del contrato para poder certificar el contrato de venta (el monto de la tasa no será inferior a 10 veces el salario mínimo vital (2.027.300 sum)).

178.El 1 de enero de 2019 se anuló el requisito de expedición de una etiqueta adhesiva de autorización para viajes internacionales de los ciudadanos uzbekos y se introdujeron pasaportes biométricos para viajar al extranjero.

Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo (arts. 7, 9, 13 y 24)

Párrafo 16, apartados a) y b)

179.En virtud de un Decreto Presidencial de 29 de mayo de 2017, se aprobó el Reglamento sobre el Procedimiento de Concesión de Asilo Político, en virtud del cual se concede asilo político por decreto presidencial a las personas y los miembros de sus familias que soliciten asilo y protección contra una persecución o una amenaza real de ser perseguidos en el país de su nacionalidad o residencia permanente por sus actividades sociopolíticas, sus creencias religiosas o su origen racial o étnico, así como otros casos de violaciones de derechos humanos previstos por el derecho internacional.

180.En caso de denegación de la solicitud de asilo político, se informa a la persona de la decisión adoptada y su permanencia posterior en el país se rige por la legislación sobre la estancia de extranjeros y apátridas en Uzbekistán. Toda persona que vea denegada su solicitud de asilo político tiene derecho a volver a solicitarlo un año después de la denegación de la solicitud.

Párrafo 16, apartado c)

181.En la actualidad viven en Uzbekistán 95.857 apátridas, lo que representa el 78,5 % del total de apátridas de toda Asia Central. En los últimos tres años, 9.692 personas obtuvieron la ciudadanía uzbeka, de las cuales 5.868 lo hicieron en 2019.

Derecho a un juicio imparcial e independencia del poder judicial (art. 14)

Párrafo 17, apartado a)

182.El Consejo Supremo de la Magistratura está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, el secretario y los miembros del Consejo, que reúnen a jueces, representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de instituciones de la sociedad civil y juristas altamente cualificados (21 personas en total).

183.El Presidente del Consejo es nombrado por el Senado del Oliy Majlis a propuesta del Presidente de la República de Uzbekistán. El Vicepresidente del Consejo es ratificado en su cargo por el Presidente de la República de Uzbekistán y, a su vez, dirige la Escuela Superior de la Magistratura adscrita al Consejo Supremo de la Magistratura.

184.Once miembros del Consejo son ratificados en su cargo por el Presidente de la República de Uzbekistán de entre los jueces propuestos por el Presidente del Consejo; uno de ellos es aprobado por los jueces de los tribunales de Karakalpakstán.

185.El Secretario y otros siete miembros del Consejo son ratificados en su cargo por el Presidente de la República de Uzbekistán de entre diversos representantes de las fuerzas del orden y de las instituciones de la sociedad civil y profesionales del derecho altamente cualificados.

186.El Presidente, el Secretario y los 11 jueces miembros del Consejo desempeñan su actividad a tiempo completo, y los otros 8 miembros del Consejo, incluido el Vicepresidente, lo hacen a título voluntario.

187.Los 11 jueces miembros del Consejo que desempeñan su actividad a tiempo completo son elegidos por el Consejo a propuesta de su Presidente para integrar las distintas divisiones y el Servicio de Inspección Judicial del Consejo, entre otros cargos como directores de esos departamentos.

Párrafo 17, apartado b)

188. La Ley del Consejo Supremo de la Magistratura establece los criterios básicos de selección de jueces para nuevos mandatos y para otros cargos judiciales.

189. Al considerar a un candidato a un puesto de juez para un nuevo mandato, el Consejo tiene en cuenta la consistencia de las decisiones judiciales que ha tomado, su experiencia en la administración de justicia y la aplicación de la ley, y la opinión pública sobre su labor profesional.

190.La Ley de Tribunales establece los motivos para la adopción de medidas disciplinarias contra un juez, que solo se podrán decretar por decisión de una comisión de jueces cualificados:

Por violaciones de la ley en la administración de la justicia.

Por omisiones en la organización de la labor judicial debidas a negligencia o indisciplina, así como por la comisión de una falta que atente contra el honor y la dignidad del juez y menoscabe la autoridad del tribunal.

Por violar el código ético de los jueces.

191.El procedimiento de examen de los casos de responsabilidad disciplinaria de los jueces se establece en el Reglamento de las Comisiones de Selección de Magistrados, aprobado por la Ley de 22 de abril de 2014.

Párrafo 17, apartado c)

192.Con el fin de mejorar la seguridad material y la protección social de los jueces, el 13 de julio de 2018 se aprobó un Decreto Presidencial por el que se regulan las categorías salariales de los jueces y los funcionarios judiciales. Además, se estableció un subsidio mensual por condiciones especiales de trabajo para los jueces y funcionarios judiciales con un grado y rango de calificación del 50 %, que se incluye en el sueldo oficial como pagos de incentivos y subsidios estatutarios.

193.Se ha concedido al Presidente del Tribunal Supremo la facultad de abonar, con cargo al Fondo de Desarrollo Judicial, subsidios mensuales adicionales de hasta el 100 % de la nómina a los jueces y funcionarios del Tribunal Supremo y del Departamento de Garantía de las Actividades de los Tribunales, adscrito al Tribunal Supremo, que reúnan una alta cualificación, demuestren iniciativa y desempeñen sus funciones oficiales de manera diligente y eficaz.

194.Mediante Resoluciones del Gobierno de 27 de octubre de 2018 y 9 de enero de 2019 se aprobó el Reglamento sobre el Seguro Estatal Obligatorio de Vida y Salud de los Jueces, que regula las condiciones, las normas y el procedimiento en relación con las pensiones de los jueces y sus familiares.

195.La Resolución del Gobierno de 20 de diciembre de 2018 estableció medidas adicionales de apoyo social a los jueces, como la concesión de préstamos preferenciales para la compra de automóviles a bajo costo. La Resolución del Gobierno de 5 de noviembre de 2018 también prevé la concesión a los jueces de préstamos hipotecarios a largo plazo para la compra de viviendas, así como una compensación monetaria mensual por el alquiler de bienes inmuebles residenciales.

Párrafo 17, apartado d)

196.La Resolución del Pleno del Tribunal Supremo sobre la práctica judicial de examen de las causas penales mediante el procedimiento de revisión, de 24 de mayo de 2019, establece que el derecho a apelar contra una decisión judicial ejecutiva se concede a las partes en el procedimiento, tanto de la acusación (el fiscal, la víctima o su representante, el demandante civil o su representante) como de la defensa (la persona respecto a la que se ha puesto fin a la causa sin una decisión sobre la culpabilidad, la persona condenada o absuelta, su abogado o su representante legal, el demandante civil o su representante) y otras personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por las decisiones (por ejemplo, el deudor hipotecario o una persona cuya propiedad se haya incautado como garantía en una demanda o para la ejecución de una pena).

197.El demandante civil, el demandado civil y sus representantes tienen derecho a apelar contra los actos del tribunal solo en la medida en que estén relacionados con la demanda civil.

198.La persona absuelta, su abogado defensor y su representante legal tienen derecho a apelar un veredicto en lo que respecta a los motivos y las razones de la absolución. La ley no da derecho a otras personas a apelar los actos judiciales en el marco del procedimiento de revisión.

Párrafo 17, apartado e)

199.El Decreto Presidencial de 15 de marzo de 2019 determinó una serie de tareas y funciones no relacionadas con la Fiscalía y las excluyó de sus facultades. La Fiscalía y el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos, dependiente de la Fiscalía General, han eliminado algunas unidades y puestos estructurales y han suprimido 1.198 puestos de funcionario. La Inspección de Control de Complejos Agroindustriales y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Fiscalía General, ha sido transferida al Gabinete de Ministros.

200.Se está elaborando un reglamento sobre el procedimiento para prestar servicios en la Fiscalía, que prevé la introducción de un mecanismo radicalmente nuevo para la selección competitiva y transparente del personal, proporcionando un entorno competitivo para la selección de los empleados más cualificados, con conocimientos profesionales profundos y altas cualidades intelectuales y morales, y que sean capaces de desempeñar sus funciones oficiales a un alto nivel profesional.

Párrafo 18

201.La Ley de 11 de octubre de 2018 modificó la Ley de la Abogacía, según la cual los abogados tienen derecho a reunir y presentar pruebas en un caso penal. Se ha ampliado la lista de acciones que se consideran un obstáculo para la actividad profesional de un abogado y que conllevan la responsabilidad administrativa del culpable.

202.El Presidente de la Cámara de Abogados tiene derecho a participar en las reuniones de la Cámara Legislativa del Oliy Majlis para debatir los proyectos de ley y expresar sus opiniones al respecto.

203.Se ha eliminado el requisito de la participación obligatoria de los funcionarios de justicia en las comisiones de selección. Varias facultades de las autoridades de justicia, en su calidad de organismos de acreditación, se han transferido a las comisiones de selección.

204.Se ha introducido un procedimiento judicial para la revocación de las licencias de abogacía.

Párrafo 19

205.A fin de aumentar la eficacia de las medidas de prevención y represión de los delitos, especialmente entre los menores y los jóvenes, la Resolución Presidencial de 14 de marzo de 2017 estableció la conversión de la Comisión de Asuntos de Menores (dependiente del Consejo de Ministros) y sus comisiones territoriales en la Comisión Nacional Interinstitucional de Asuntos de Menores y comisiones interinstitucionales territoriales.

Libertad de conciencia y de creencias religiosas (art. 18)

Párrafo 20, apartado a)

206.Teniendo en cuenta las propuestas para seguir optimizando y simplificando el procedimiento de registro estatal, reinscripción y liquidación de organizaciones religiosas, se han adoptado las medidas siguientes:

Se ha reducido cinco veces la cuantía de la tasa estatal de registro de organizaciones religiosas, que ha pasado de 100 a 20 salarios mínimos para sus órganos centrales y de 50 a 10 salarios mínimos para las propias organizaciones religiosas.

Se ha simplificado el procedimiento de declaración de organizaciones religiosas ante la autoridad de registro.

Se ha eliminado la facultad de la autoridad de registro de liquidar las organizaciones religiosas y se ha establecido un procedimiento judicial para poner fin a sus actividades.

207.Se ha preparado una nueva versión del proyecto de ley de libertad de conciencia y organizaciones religiosas, que incluye:

La aplicación del mecanismo de acción directa de la ley mediante la combinación de las normas de los estatutos en una sola ley.

La simplificación del procedimiento de registro, reinscripción y liquidación de una organización religiosa, reduciendo de 100 a 50 el número de seguidores iniciales necesarios para registrar una organización religiosa.

La creación de instituciones de enseñanza religiosa superior.

La definición de los objetivos y la lista de motivos para denegar la inscripción estatal de una organización religiosa.

El establecimiento de un procedimiento judicial para liquidar una organización religiosa.

Párrafo 20, apartado b)

208.Los promotores de la organización religiosa “Testigos de Jehová” no presentaron a la autoridad de registro los documentos necesarios que figuran en la lista establecida por la Resolución del Gobierno de 31 de mayo de 2018.

209.En 2019 se registraron más de 10 organizaciones religiosas, incluidas 7 no islámicas.

210.Uzbekistán es un estado laico. Los estatutos de las instituciones educativas determinan la forma de vestir de los estudiantes, lo que no debe implicar ninguna distinción discriminatoria.

Libertad de expresión y de reunión pacífica (arts. 19 y 21)

Párrafo 21, apartados a) y c)

211.El Código Penal tipifica como delito la difamación de un competidor, así como las calumnias e injurias en los medios de comunicación.

212.Un periodista no es responsable de la distribución en los medios de comunicación de información que no corresponda a la realidad en los casos en que dicha información: se tome de informes oficiales, reglamentos o datos de informes estadísticos oficiales o se reciba a través de agencias de noticias o servicios de prensa de los organismos públicos (incluidos los sitios web oficiales); figure en las declaraciones de su autor; haya sido difundida sin grabación previa; o sea una reproducción literal (escrita, sonora o en vídeo) de una declaración.

213.A fin de crear condiciones favorables para los medios de comunicación y aumentar la transparencia de las actividades de los órganos estatales, el 27 de junio de 2019 se aprobó la Resolución Presidencial sobre nuevas medidas para garantizar la independencia de los medios de comunicación y fomentar las actividades de los servicios de prensa de los órganos y organizaciones estatales.

214.Con miras a estimular el periodismo ciudadano y elevar la condición de los periodistas y el nivel de apertura de los organismos públicos, se ha comenzado a trabajar en proyectos de ley sobre la radiodifusión y la televisión y en enmiendas y adiciones a la Ley de Medios de Comunicación, que prevén la libertad de las actividades de los medios de comunicación y el uso de la información, el fortalecimiento de las garantías de protección contra los actos y decisiones de carácter ilícito de los órganos y funcionarios estatales y la definición de las obligaciones profesionales de los periodistas. Asimismo, se han llevado a cabo labores para dejar sin efecto la responsabilidad penal en relación con las calumnias e injurias.

Párrafo 21, apartado b)

215.La Resolución del Gobierno de 5 de septiembre de 2018 sobre medidas para mejorar la seguridad de la información en Internet estableció un mecanismo para restringir el acceso a los sitios y páginas de Internet que alberguen contenidos cuya distribución esté prohibida por la legislación de Uzbekistán.

216.El Centro de Comunicaciones por Medios Masivos del Organismo de Información y Comunicaciones por Medios Masivos se estableció para poner en marcha y mantener el Registro de Recursos de Información de la Red Mundial de Información de Internet, que recopila los contenidos cuya distribución esté prohibida por la legislación de la República de Uzbekistán. Hasta la fecha, se han incluido en el Registro 2.209 fuentes de información.

Párrafo 22

217.El Ministerio del Interior ha preparado un proyecto de ley sobre reuniones, asambleas y manifestaciones civiles, que se ha publicado en el Portal Único de Servicios Estatales Interactivos para su debate público. En la actualidad, se están examinando los aspectos jurídicos del proyecto de ley con arreglo a las normas internacionales.

Libertad de asociación (art. 22)

Párrafo 23

218.Se ha establecido un procedimiento por el cual los resultados de los debates públicos celebrados acerca de los proyectos de reglamento publicados en el Portal Único de Servicios Estatales Interactivos se presentan al Ministerio de Justicia (para su análisis jurídico) y al Gabinete de Ministros (para su examen). Se ha comenzado a trabajar en la introducción de enmiendas y adiciones a la Ley de Control Público, que prevé la adopción de formas eficientes de control público ampliamente difundidas en la práctica internacional, así como de cuestiones relativas a la actividad de los consejos públicos de las entidades y organizaciones estatales.

219.El 1 de enero de 2020, las tasas estatales que se cobran por el registro estatal de las ONG nacionales e interprovinciales se redujeron de 4 unidades de cálculo básico a 3; para las ONG provinciales, la tasa pasó de 2 unidades de cálculo básico a 1.

220.Se ha comenzado a redactar un proyecto de código sobre las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales.

Participación en los asuntos públicos (art. 25)

Párrafo 24

221.Con el fin de mejorar la legislación electoral, eliminar las ambigüedades y armonizar las normas jurídicas, en junio de 2019 se aprobó el Código Electoral.

222.Los candidatos a diputados no pueden inscribirse como tales si no han residido permanentemente en Uzbekistán durante los cinco años anteriores al día de las elecciones.

223.Se han eliminado las restricciones a la participación en las elecciones de las personas que se encuentran en lugares de detención por delitos que no suponen un gran peligro público o delitos menos graves.

224.Los ciudadanos detenidos y encarcelados en centros de prisión preventiva o en lugares de privación de libertad sobre la base de una sentencia judicial por delitos cometidos que no suponen un gran peligro para la sociedad o por delitos menos graves tienen derecho a votar.

225.Los observadores internacionales y los representantes de los medios de comunicación que estén acreditados tienen derecho a observar el proceso electoral en los lugares de detención y encarcelamiento.

226.Los partidos políticos tienen derecho a recibir donaciones exclusivamente de personas jurídicas y ciudadanos de Uzbekistán para el desempeño de sus actividades estatutarias.