54º período de sesiones
Acta resumida de la 1516ª sesión (Sala B)
Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 31 de mayo de 2010, a las 1 0 .00 horas
Presidente : Sr. Zermatten (Vicepresidente)
Sumario
Examen de los informes presentados por los Estados partes (continuación)
Segundo informe periódico de Granada referido a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (tema 4 del programa) ( continuación)
Segundo informe periódico de Granada referido a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/GRD/2; CRC/C/GRD/Q/2; respuestas escritas del Estado p arte a la lista de cuestiones; documento sin signatura, distribuido en la sala, únicamente en inglés).
Por invitación del Presidente, la delegación de Granada toma asiento a la mesa del Comité.
El Sr. Quarless (Granada) dice que su país está firmemente comprometido con la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como demuestran los esfuerzos que realiza para adoptar leyes y políticas para cumplir con las obligaciones que exige ese instrumento y para promover el reconocimiento pleno de los derechos del niño. Durante el período examinado (2000 a 2007), la situación de los niños ha mejorado sensiblemente, aunque Granada sufrió los estragos de dos huracanes, Iván en 2004 y Emily en 2005, que tuvieron consecuencias catastróficas en múltiples aspectos.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) se interesa por la marcha de los proyectos de ley sobre la infancia, la protección de la infancia y la adopción, la justicia de menores y la violencia doméstica. Pregunta por qué Granada no ha ratificado los Protocolos facultativos de la Convención, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y las Convenciones de La Haya núms. 23, 24, 28, 33 y 34. Es lamentable que la Convención sobre los Derechos del Niño no se haya incorporado al ordenamiento jurídico nacional, que esté pendiente la adopción de un código de los derechos del niño y que ningún órgano parezca encargarse de coordinar la aplicación de la Convención a escala nacional.
La Relatora acoge con beneplácito la aprobación de una ley sobre las técnicas de mediación y resolución de conflictos, pero observa con inquietud que los castigos corporales siguen estando autorizados en la escuela y en el hogar. La Relatora celebra la aprobación de una ley por la que se crea el puesto de o mbudsman, pero le gustaría saber si ese puesto se ha cubierto y si está previsto instituir la figura del defensor de los derechos del niño.
Observando que los huracanes Iván y Emily han causado la pérdida de numerosas fuentes de datos, la Sra. Herczog pregunta si el Gobierno ha iniciado una campaña para compilar datos y si ha solicitado la asistencia técnica de organizaciones internacionales para recabar y analizar nuevos datos. Sería útil recibir más información sobre los presupuestos asignados a la familia, en particular al sector de la infancia.
El Sr. Filali pregunta si la Convención se puede invocar directamente ante los tribunales y, en caso afirmativo, si algún tribunal ha dictado sentencia remitiéndose expresamente a sus disposiciones. También desea saber si los jueces reciben formación sobre la Convención y si Granada está vinculada a los trabajos de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) sobre la elaboración de un proyecto de código de los derechos del niño.
La delegación podría aportar más detalles sobre el mandato del ombudsman y, en concreto, indicar si está facultado para recibir quejas de los niños. Por último, pregunta cuál es la edad mínima a efectos de responsabilidad penal en Granada.
El Sr. Koompraphant pregunta cómo coordina el Ministerio de Desarrollo Social la aplicación de la Convención con las demás entidades competentes en la materia. En vista de que el informe examinado indica que no se ha hecho nada para adoptar un código general de los derechos del niño y de que la Convención no tiene fuerza de ley en el país, sería interesante saber cómo puede cumplir Granada las obligaciones dimanantes de la Convención. Asimismo, hace falta información adicional sobre el respeto de la opinión del niño en la familia y en la escuela.
La Sra. El-Ashmawy pregunta si los profesionales que trabajan con niños reciben formación sobre la Convención.
La Sra. Maurás Pérez, observando con satisfacción que Granada ha aumentado su gasto social, pregunta qué porcentaje del presupuesto nacional se destina a la infancia. Dado que dos tercios del gasto social están financiados por donantes de fondos internacionales, tiene dudas respecto a la viabilidad a largo plazo de esta ayuda en el contexto de la crisis económica mundial. Desea saber si los hogares donde la mujer es cabeza de familia, que representan el 50% del total, disfrutan de prestaciones sociales específicas.
La Sra. Varmah pregunta por qué el certificado de nacimiento menciona la profesión y dirección del padre y no las de la madre, y si, en el caso de un niño nacido fuera del matrimonio, el nombre del padre figura en la partida de nacimiento. La oradora observa con preocupación que, aunque los nacimientos, que en la mayoría de los casos tienen lugar en el hospital, se registran a veces sin mencionar el nombre del niño, la partida de nacimiento no se expide hasta que los padres no aporten un documento que acredite el bautismo, y esto puede llevar hasta cuatro meses.
Sería útil saber si se ha llevado a cabo algún estudio para saber por qué hay más adopciones de niñas que de niños y cómo se garantiza la vigilancia de las adopciones nacionales e internacionales, puesto que Granada no es parte en el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional y que el país registra un número elevado de adopciones internacionales.
Constatando alarmada que los castigos corporales parecen seguir siendo legales como medio de imponer disciplina en la familia, la escuela, las instituciones de acogida y los correccionales, a la Sra. Varmah le gustaría saber si desde del examen del informe anterior se han tomado medidas para prohibir los castigos en todos los ámbitos, incluido el familiar.
El Presidente lamenta que las personas que trabajan con los niños no reciban formación sistemática y exhaustiva sobre los derechos del niño y constata con preocupación que las madres adolescentes quedan excluidas del sistema escolar y que los niños en conflicto con la ley no son admitidos a la escuela mientras dura la investigación y el procedimiento judicial. Sería deseable disponer de información sobre el limitado acceso de los niños con discapacidad al sistema de enseñanza y sobre la aplicación del principio del interés superior del niño.
Haría falta saber si los textos legislativos exigen a las autoridades judiciales y administrativas que escuchen a los niños cuando toman una decisión que les afecta, si se han fijado criterios de edad y se han aplicado mecanismos al respecto.
Se suspende la sesión a las 10.55 horas y se reanuda a las 11.15 horas.
El Sr. Quarless (Granada) dice que, en colaboración con el UNICEF y en el marco del proyecto de reforma del derecho de familia emprendido por los Estados de la OECO, se han elaborado cuatro proyectos de ley sobre la familia que Granada deberá aprobar durante el año. Los proyectos de ley se refieren a la condición del niño, el cuidado y la adopción de niños, la justicia de menores y la violencia doméstica. Para facilitar este proceso, con el apoyo del UNICEF se ha contratado a un consultor cuya misión consiste en examinar los cuatro proyectos de ley y adaptarlos a las necesidades del país consultando con las partes interesadas, evaluar consultando con el Ministerio de Desarrollo Social el sistema vigente de prestación de servicios sociales para detectar sus carencias, hacer balance de la situación en el plano legislativo y en otros ámbitos que precisan reformas, formular un plan de acción para reforzar las capacidades institucionales, elaborar un plan de formación profesional para las partes interesadas y prestar asesoramiento global en la materia al Ministerio de Desarrollo Social.
Conviene destacar que, desde la presentación del informe que se examina, en 2008, se han preparado tres nuevos proyectos de ley en el marco del programa de reforma del derecho de familia de la OECO. Estos se refieren a la obligación de manutención del cónyuge, la obligación de manutención del niño y la guardia o tutela del niño.
La ley de delitos sexuales también se va a examinar de nuevo para reforzarla, en especial las disposiciones relativas al plazo de prescripción para las relaciones sexuales ilícitas y a los menores que son víctimas de delitos sexuales.
El Presidente, observando que estos textos son leyes modelo elaboradas para toda la región de la OECO y que cada Estado miembro debe adaptarlas a su ordenamiento jurídico y a sus propias realidades nacionales, pregunta si la población y los partidos políticos están dispuestos a aceptar esas disposiciones, que ya han sido examinadas en profundidad en el plano técnico.
El Sr. Filali duda que esos cuatro proyectos de ley, que se están estudiando desde 2000, puedan ser aprobados antes de que termine 2010 y pregunta si Granada dispone de los recursos financieros necesarios para aplicar sus disposiciones.
El Sr. Quarless (Granada) dice que los partidos políticos se sumaron desde el principio a la iniciativa de reforma legislativa y que, con toda seguridad, aprobarán sus resultados. El proyecto de ley del niño y el del cuidado y la adopción tendrán que ser examinados en un plazo de dos meses.
La Sra. Daniel (Granada) afirma que las leyes que se están aprobando no aportan modificaciones importantes al marco legislativo del país y que pretenden sobre todo reforzar las leyes vigentes relativas a la protección del niño y concretar más su aplicación.
El Sr. Quarless (Granada) dice que la aprobación de la nueva legislación de Granada relativa a la protección de la infancia condiciona la ratificación de los distintos instrumentos internacionales pertinentes. El Comité de adopción de Granada ha examinado el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional y ha recomendado que se firme antes de que termine 2010; también se recomendó ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se examinarán en 2011.
La Oficina del Ombudsman se estableció en 2010. Se confió el cargo a un antiguo miembro del Gabinete, y una de sus funciones es recibir denuncias. Se recomendó crear un puesto de consejero especial para las cuestiones relativas a los niños, con intención de que preste apoyo adicional a la Oficina del Ombudsman. La Oficina apenas ha comenzado a crearse; ahora mismo está contratando personal. Es demasiado pronto para saber si contará con una sección especializada en asuntos relativos a la infancia y cuándo estará plenamente operativa.
Se ha destinado a la educación aproximadamente el 16% de los créditos con cargo al presupuesto nacional de 2010 y el Gobierno tiene intención de mantener este compromiso durante los próximos años.
El programa nacional de apoyo a la crianza de los hijos, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pretende ayudar a los padres y futuros padres a mejorar sus prácticas en materia de crianza y vida familiar. El programa consta de cinco componentes: educación para la crianza a nivel de comunidad; centros de orientación para la crianza dirigidos a futuros padres; formación sobre la crianza para estudiantes; formación para facilitadores en el ámbito de la crianza; y certificación y talleres de formación para las partes interesadas. Los siguientes puntos se tratan en una serie de entre 10 y 15 cursos y talleres comunitarios de corta duración sobre las competencias necesarias para ser padres: la comunicación, la disciplina, la gestión del estrés y de conflictos, la gestión de los ingresos y los valores morales. Hasta la fecha, han participado en esta formación 150 padres. Se ofrecen varios módulos y cursos de formación para facilitadores sobre la relación entre padres e hijos, sobre todo en colaboración con la Université des Caraïbes y el Consejo Nacional para la formación técnica y profesional de Jamaica. Todas estas iniciativas hacen hincapié en la responsabilidad que tienen los varones en la educación de sus hijos.
La Sra. Daniel (Granada) dice que, debido a la falta de recursos humanos y financieros, las personas encargadas de elaborar las políticas relativas a la infancia se ocupan también de ejecutar los programas y prestar servicios, de modo que asumen tres funciones. El Gobierno adoptó la política sobre la juventud en 2009, elaboró un proyecto de política sobre la igualdad entre los sexos, que fue presentado al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y se está reformulando, y además está elaborando una política sobre la asistencia social. Estos tres textos tienen repercusiones para la infancia.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) saluda la aplicación del programa de apoyo a la crianza de los hijos y espera que facilite una rápida evolución de la mentalidad. Pregunta cómo organiza el Gobierno la formación de las personas encargadas de asumir las tres funciones mencionadas y cómo las supervisa y les presta apoyo.
La Sra. Daniel (Granada) dice que el Gobierno, que cuenta con la ayuda de socios internacionales y regionales para elaborar sus políticas, afronta efectivamente dificultades de formación y también en el ámbito de la recopilación de datos, ya que, por falta de personal y de recursos, las actividades de la Oficina de Estadísticas avanzan lentamente.
La Sra. El-Ashmawy pide más información sobre la política nacional para la igualdad entre los sexos y contra la discriminación, que parece centrarse exclusivamente en la discriminación de las niñas y no de los niños.
La Sra. Daniel (Granada) dice que, en efecto, es conveniente dedicar más atención a los varones e insistir en el problema de sus malos resultados escolares, que sobre todo tienen como consecuencia que numerosas esferas de actividad que tradicionalmente se han considerado masculinas estén siendo adoptadas cada vez más por mujeres.
El Gobierno elabora las distintas políticas nacionales con los ministerios competentes y en coordinación con las organizaciones no gubernamentales, como ocurre actualmente en el caso de la política relativa a los delincuentes juveniles.
El Presidente pregunta cómo organiza el Gobierno la coordinación con la sociedad civil y si trata de utilizar para ello las competencias de forma concreta, por ejemplo en el marco del programa relativo a los delincuentes juveniles.
La Sra. Daniel (Granada) responde que el Gobierno trabaja en general coordinándose con el sector privado y la sociedad civil. Varias organizaciones no gubernamentales, como Legal Aid and Counseling Clinic, han aplicado en estos últimos meses un programa en favor de los jóvenes en conflicto con la ley que se enmarca en el programa del Gobierno. Se apela sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales o a los actores privados competentes de otros ámbitos, haciéndolos participar en todas las fases, desde el diseño.
El Ministerio de Desarrollo Social y otros órganos del Gobierno velan por que los tribunales escuchen la opinión del niño, teniendo en cuenta su edad, que es el criterio principal. Ante las jurisdicciones de primera instancia, que entienden de la mayor parte de los asuntos relativos a los niños, por lo general el menor está representado por un agente del servicio de libertad vigilada, un trabajador social o un miembro de Legal Aid and Counseling Clinic y, en ocasiones, se le escucha directamente si es capaz de expresarse por sí mismo, es decir, si tiene más de 6 años. Un procedimiento judicial se puede aplazar hasta que se cuente con la opinión del niño o de su madre, en caso de que el niño sea demasiado joven y se le haya asignado un representante. Lo mismo ocurre con los asuntos de los que entiende el Tribunal Superior, en particular en materia de adopciones: el tutor de la instancia recibe la opinión del niño y la consigna en el informe que remite a esa jurisdicción, y el juez tiene la potestad de escuchar al niño si lo considera necesario.
La legislación atribuye responsabilidad penal a partir de los 7 años, pero en la práctica, ante los tribunales de primera instancia, los niños gozan de un tratamiento especial debido a su edad, hasta que cumplen 16 años. La nueva legislación debería elevar la edad de responsabilidad penal.
El Sr. Filali observa con preocupación que la legislación no prohíbe los castigos corporales en la escuela ni en los correccionales y pregunta si hay alguna medida prevista para prohibirlos en los ámbitos familiar, escolar y judicial.
El Sr. Quarless (Granada) responde que la Ley de educación adoptada en 2002 desaconseja el uso de los castigos corporales en la escuela y dispone que puedan ser administrados solo por el director o el subdirector de la escuela o por un profesor designado por el director. Sin embargo, esta práctica está poco extendida y el proyecto de política para la crianza pretende ofrecer alternativas a los castigos corporales. Además, en todas las escuelas secundarias hay asesores encargados de las cuestiones relacionadas con el comportamiento de los niños para luchar contra el uso de los castigos corporales, que, con el tiempo, se espera llegar a eliminar por completo. Está previsto crear puestos de asesores en las escuelas primarias.
El Sr. Filali deplora que la ley siga autorizando el uso del látigo para castigar a los niños en el ámbito judicial.
La Sra. Herczog añade que la legislación sirve como instrumento de orientación y que, por tanto, tiene una gran influencia en la sociedad.
La Sra. Daniel (Granada) dice, en relación con el estado civil, que casi todos los nacimientos tienen lugar en el hospital y, por tanto, son registrados por el personal médico. En general, los padres ponen nombre a sus hijos desde el nacimiento pero, de no ser así, el nombre se pone en el bautizo, en torno a la edad de 3 meses. Dado que la vacunación es obligatoria para estar escolarizado y requiere la presentación de la partida de nacimiento, es muy raro que los niños no estén registrados.
Para que el apellido del padre figure en la partida de nacimiento, debe presentarse junto con la madre en el servicio de registro civil, lo cual explica por qué en más del 50% de los casos el apellido del padre no figura en la partida de nacimiento. Además, más del 70% de los niños nace fuera del matrimonio. La nueva ley del niño introducirá numerosos cambios en las disposiciones vigentes y está previsto organizar campañas de educación pública y de sensibilización. No obstante, las prácticas culturales en este terreno están muy arraigadas y más del 50% de los hogares tiene a una mujer como cabeza de familia. La función de los hombres en la educación de los niños sigue siendo una dificultad real.
El Presidente pide aclaraciones sobre el problema de la discriminación, sobre todo de los niños nacidos fuera de matrimonio y de los niños con discapacidad, así como sobre la educación de las madres adolescentes y sobre los varones menores de edad que han cometido delitos.
La Sra. Daniel (Granada) dice que la protección social otorga a la mayoría de las personas con discapacidad al menos un tipo de ayuda pública, por ejemplo una subvención al transporte, en función de sus necesidades. Los niños con discapacidad se incorporan, en la medida de lo posible, en centros de enseñanza ordinaria; los niños ciegos, siempre. Hay instituciones especiales para los niños con discapacidad que tienen necesidades que la escuela ordinaria no puede satisfacer.
El Ministerio de Educación alienta a las madres adolescentes a retomar sus estudios después del parto y para ello ha creado un programa de educación que, no obstante, convendría desarrollar, ya que por ahora solo participa en él un número muy reducido de chicas. Esta política encuentra una fuerte resistencia en la población general y en las escuelas religiosas en particular. La mayoría de los embarazos de adolescentes se producen hacia el final de la educación secundaria y los pocos trimestres que les faltan a las madres para terminar los estudios se pueden recuperar fácilmente haciendo cursos de tarde.
Los niños nacidos fuera del matrimonio no sufren discriminación alguna y no se puede hablar de minoría puesto que, de hecho, son más numerosos que los niños nacidos de parejas casadas.
La Sra. Varmah se pregunta por la igualdad de derechos de los niños nacidos fuera del matrimonio en materia de sucesiones.
La Sra. Daniel (Granada) dice que la ley les otorga los mismos derechos en cuestión de herencia, pero que, en la práctica, culturalmente se admite que una persona a la que su padre no mantuvo mientras vivía, no puede esperar nada cuando este muere.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) desearía saber más sobre la educación sexual y el acceso a la información sobre los métodos anticonceptivos, así como sobre las medidas adoptadas para prevenir la violencia sexual, que parece estar muy extendida. Sin embargo, el número de llamadas recibidas por las dos líneas telefónicas de emergencia parece muy bajo, por lo que hay que plantearse si los niños y los jóvenes están informados de que existen tales líneas.
La discriminación hacia los homosexuales es otro motivo de preocupación que requiere medidas, sobre todo en cuanto a sensibilización del gran público.
Observando que la licencia de maternidad dura solo 12 semanas, o incluso 8 en función del sector de actividad, pregunta hasta qué punto pueden las mujeres amamantar a sus hijos y a quién se los confían cuando se reincorporan al trabajo.
A la oradora le sorprende la escasez de centros de atención preescolar y toma nota de lo poco desarrollado que está el dispositivo de acogimiento de los niños privados de un medio familiar en hogares de acogida, dando prioridad al ingreso en instituciones, sobre lo cual se pueden formular observaciones.
El Sr. Koompraphant pregunta qué se hace para ayudar a las madres solteras, puesto que, al margen de la indulgencia con la que la sociedad trate a los padres, el Estado parte sigue estando obligado a asegurar el pago de la pensión alimenticia para los niños nacidos fuera del matrimonio, al igual que para los otros.
El orador pide a la delegación que explique por qué el Estado parte no cuenta con suficientes trabajadores sociales y si tiene intención de revisar sus asignaciones presupuestarias a la luz de esta inquietante escasez de medios, y también le pide que indique cómo podría ayudarle la comunidad internacional a dotarse de medios más adecuados.
La delegación podría indicar también qué hace el Estado parte para proteger a los niños expuestos al riesgo del abuso y la explotación sexuales, si ha aprobado una ley contra la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y, en caso de no haberlo hecho, cómo aplica los artículos 34 a 36 de la Convención.
La Sra. El-Ashmawy pregunta si se ha puesto en marcha un dispositivo para la detección temprana en el marco de las revisiones prematrimoniales por un problema de anemia de origen genético que asola el país, y si se han realizado estudios para evaluar la salud de los adolescentes, incluida la incidencia del VIH/SIDA y el acceso a los servicios de salud reproductiva.
Teniendo en cuenta las medidas adoptadas en vista de la ratificación del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la oradora lamenta que el Estado parte no cuente todavía con una ley exhaustiva en la materia y lo insta a comprometerse, en particular, a prevenir el turismo sexual.
La oradora observa con satisfacción que la enseñanza primaria es gratuita, pero lamenta que la secundaria no lo sea, y pregunta si el Estado parte se ha planteado instaurar un sistema de préstamo de manuales escolares u otros medios de rebajar los gastos que deben sufragar las familias.
El Sr. Filali considera muy bajo el umbral de responsabilidad penal, fijado en los 7 años de edad. Se está tramitando la aprobación del proyecto de ley de justicia de menores, pero habrá que saber cómo se tratarán los casos en adelante, sobre todo si se han tomado disposiciones transitorias, y si ese texto prevé desarrollar las alternativas a la privación de libertad, recluir a los menores separados de los adultos y suprimir las penas de flagelación y cualquier otro castigo corporal.
La delegación deberá explicar también cómo funciona el sistema de autorizaciones de trabajo que otorga el Ministerio de Trabajo a menores de 15 años.
La Sra. Maurás Pérez observa que la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los tres meses sigue siendo muy baja y subraya que la promoción de la lactancia materna debería ser un objetivo de salud pública. Insta al Estado parte a alentar o incluso a obligar legalmente a las empresas a conceder a las madres recientes el tiempo necesario para la lactancia; también le gustaría saber si este aspecto de la vida de las mujeres se tiene en cuenta en la política de la mujer que se halla en fase de revisión.
El Sr. Krappmann dice que la elevada tasa de abandono escolar podría ser achacable en parte a que la escuela no se adapta a las necesidades de la población. Reconoce el mérito de la introducción de elementos de formación profesional, pero con eso no basta. Las clases deberían ser más interactivas, lo que supone formar mejor a los profesores, sobre todo impartiendo capacitación en el empleo, y es imperativo terminar con los castigos corporales y el acoso sexual en la escuela.
El orador desearía recibir más información sobre la Ley de educación de 2002, en concreto quisiera saber si se ha emprendido una reforma de los programas y si han aumentado las posibilidades de asesoramiento y orientación.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.