Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.
Examen de los informes presentados por los Estados partes (tema 4 del orden del día) (continuación)
Segundo informe periódico de Granada sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC/C/GRD/2; lista de cuestiones (CRC/C/GRD/Q/2)) ( continuación)
Por invitación del Presidente, la delegación de Granada toma asiento como participante a la mesa del Comité.
El Sr. Quarless (Granada) indica que las clínicas de maternidad promueven la presencia del padre durante el parto, excepto en los casos en que haya otra parturienta en el mismo momento. Las autoridades sanitarias alientan a las madres a amamantar a los hijos hasta los 4 meses.
El Ministerio de Educación ha puesto en práctica un programa de educación sexual basado en la abstinencia y con arreglo al cual se suministran anticonceptivos a los jóvenes de 16 y más años de edad, los adolescentes menores de 16 años que deseen obtener anticonceptivos deben contar con la autorización de sus padres. El Gobierno no tiene una política oficial en materia de salud reproductiva de los adolescentes.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) desea saber si en las clínicas de maternidad los recién nacidos pueden permanecer junto a sus madres o si se los coloca en una sala aparte, y si sería posible habilitar más salas de parto para los casos en que haya más de una parturienta al mismo tiempo. Recordando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda alimentar a los niños exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses de vida, pregunta por qué las autoridades de Granada alientan a las madres a amamantar a los hijos solo hasta los 4 meses.
El Sr. Quarless (Granada) dice que, tradicionalmente, muchas madres no desean amamantar a sus hijos durante más de dos meses, por lo que las autoridades, al tiempo que promueven la lactancia materna exclusiva durante seis meses, alientan a las madres a amamantar a los hijos por lo menos durante cuatro meses. El número de nacimientos es muy bajo, por lo que no se ha considerado necesario habilitar salas de parto separadas. No se separa a los recién nacidos de sus madres, excepto cuando estos deben ser sometidos a observación.
Se plantean numerosos problemas con las licencias de maternidad, dada la difícil situación económica del país. Alrededor del 37% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Para atenuar las consecuencias de esta pobreza, el Gobierno creó una red de protección social integrada por una serie de programas, como los de distribución de manuales escolares, asistencia pública, ayuda a los indigentes, transporte escolar y cantina escolar.
Respecto de la ayuda a los padres solteros, en particular a las madres, el Sr. Quarless indica que algunos programas de ayuda a los padres se dirigen sobre todo a las madres solteras, mientras que otros, como el programa en favor de la juventud y el programa de desbroce y mantenimiento de carreteras, que proporcionan empleo a los más pobres, priorizan a las madres solteras. Los tribunales fijan las pensiones de alimentos, y si estas no se pagan, las madres pueden recurrir a la policía.
Respecto de la ayuda que puede darse a Granada, el Sr. Quarless indica que sería bueno recibir apoyo financiero para la creación de un centro de consulta familiar y la puesta en práctica de un nuevo programa de ayuda a las víctimas de la violencia.
No existe ninguna disposición legislativa específica respecto de la homosexualidad, pero la sociedad la rechaza. Por último, en Granada no hay una política oficial sobre la anemia falciforme, si bien se prevé abordar este tema.
El Sr. Filali desea saber si existe un fondo nacional que asegure el pago de las pensiones de alimentos cuando el padre no cumple con sus obligaciones, y si este puede ser enjuiciado.
La Sra. Daniel (Granada) indica que no hay ningún fondo centralizado a esos efectos. Por lo general, los asuntos relativos a las pensiones de alimentos, la custodia de los hijos y los derechos de visita se resuelven inicialmente con la mediación de una organización no gubernamental que presta servicios de consultoría y asistencia jurídica. Este método da buenos resultados. Cuando esa mediación fracasa, en muchos casos se recurre a los tribunales. Si el padre no paga las sumas que fija el tribunal, se lo vuelve a enjuiciar, y puede recibir una sanción severa.
El Presidente pregunta si las madres reciben una asistencia jurídica que les facilite el acceso a los tribunales.
La Sra. Daniel (Granada) dice que la organización no gubernamental antes mencionada presta esa asistencia. Sin embargo, por lo general, las madres son reticentes a entablar procesos judiciales contra los padres y prefieren la vía de la mediación. El Gobierno prevé aprobar una nueva ley sobre la custodia de los hijos, los derechos de visita y las pensiones de alimentos, en la que el sistema de mediación familiar y arreglo extrajudicial de litigios sea un elemento fundamental; en la etapa inicial de un litigio habría una mediación y los tribunales no intervendrían a menos que esta fracasara.
El Sr. Filali cree que la mediación puede ser muy útil cuando el padre tiene los medios para pagar la pensión de alimentos. Sin embargo, el verdadero problema se plantea cuando el padre no los tiene. Si no existe un fondo nacional, la madre no tiene a quien recurrir.
La Sra. Daniel (Granada) dice que la creación de un fondo nacional plantea numerosos problemas para un país pequeño como Granada. El Gobierno trata de ayudar a las madres en dificultades por medio de la red de protección social que ha establecido.
El Sr. Quarless (Granada), refiriéndose a la justicia de menores, dice que las autoridades intentan aplicar penas sustitutivas. El Gobierno acaba de iniciar un programa en favor de los jóvenes en situación de vulnerabilidad centrado en la autonomía funcional, la educación y el acompañamiento. Además, deberá encontrar los recursos necesarios para financiar el programa de acogida familiar que hasta ahora se financia con contribuciones de fuentes externas.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) dice que la experiencia de muchos países demuestra que la colocación en hogares de acogida es mejor que el internamiento en una institución. Teniendo en cuenta la situación económica del Estado parte, quizás sería mejor crear un sistema de hogares de acogida que seguir administrando instituciones costosas. Además, los hogares de acogida ofrecen la importante ventaja de permitir que los niños permanezcan en un entorno familiar.
La Sra. Daniel (Granada) comparte el punto de vista de la Sra. Herczog e indica que el Gobierno ha previsto iniciar dentro de dos meses una campaña de captación de familias de acogida. El Gobierno desea crear un sistema mediante el cual el menor sea internado durante un período de estabilización antes de ser confiado a una familia de acogida.
La Sra. Herczog (Relatora para Granada) dice que la experiencia demuestra que, a menudo, el internamiento temporal de los niños beneficia más a la institución en que son internados que a los niños, y que su duración es excesiva. Las transiciones siempre son dolorosas para los niños, que ya sufren el trauma de la pérdida de su entorno familiar, y es importante evitar que sufran dos veces. Algunos países hacen llamamientos urgentes en busca de familias de acogida y la Sra. Herczog insta al Estado parte a considerar esa posibilidad.
La Sra. Daniel (Granada) dice que los menores de 15 años no pueden en ningún caso obtener permisos de trabajo. En ocasiones, se otorgan permisos de trabajo a niños menores de 15 años que han completado el ciclo de la enseñanza secundaria.
El empleo de funcionarios encargados de controlar el ausentismo escolar ha permitido reducir su tasa. El problema del ausentismo afecta sobre todo a los estudiantes de secundaria y está más relacionado con cuestiones de comportamiento que con cuestiones de acceso a la educación. El Ministerio de Educación se propone revisar los programas de estudio a fin de preparar mejor a los jóvenes para la vida activa y asegurar una mayor adecuación del sistema escolar a las necesidades del mercado de trabajo. Sin embargo, esta reforma suscita la oposición de los maestros, ya que supone una extensión de la jornada escolar. Para solucionar el problema del bajo nivel escolar, las autoridades hacen hincapié, en los cursos de capacitación de los maestros, en el refuerzo de la instrucción elemental. Muchos maestros también reciben formación especializada para atender a los niños con dificultades particulares.
El Presidente desea saber si, además de los programas de enseñanza general, existen programas de formación profesional o si los jóvenes tienen la posibilidad de aprender un oficio.
La Sra. Daniel (Granada) dice que la enseñanza primaria y secundaria es muy general y no brinda a los niños una verdadera preparación profesional. Sin embargo, en el T. A. Marryshow Community College se ofrecen programas de formación profesional.
En Granada hay actualmente unos 100 niños internados en instituciones. Algunos son niños con discapacidad, otros han sido abandonados por su familia. Alrededor de 80 niños viven con familias de acogida.
En materia de protección de los niños, las autoridades granadinas carecen de recursos financieros y humanos. Granada se apresta a asumir la gestión completa del programa de hogares de acogida —creado y administrado por un órgano externo con el apoyo del Gobierno granadino— y se apresta también a fortalecerlo. El Gobierno agradecería recibir apoyo técnico en este ámbito.
Los niños que se encuentran en instituciones públicas tienen acceso a servicios de consultoría. El Gobierno desea extender este servicio a todos los hogares que acogen a niños.
Con el fin de ampliar la eficacia del sistema de protección de los niños, desde hace dos años el Gobierno trabaja en la reestructuración de la autoridad de protección de los niños.
La Sra. Herczog pregunta quién toma la decisión de internar a un niño y qué procedimiento se sigue.
La Sra. Daniel (Granada) dice que, en los casos de maltrato y violencia sexual contra un niño, si la familia apoya al niño y logra que el autor de los actos se aleje del domicilio, el niño permanece con la familia. De lo contrario, en particular en los casos de incesto, se lo interna en una institución. En general, la decisión al respecto la toman los asistentes sociales. Cabe subrayar que los niños que son víctimas de violencia sexual dudan en utilizar a la línea telefónica directa que se ha habilitado para niños víctimas de maltratos porque el país es pequeño y no puede garantizarse el anonimato, lo que puede comprometer la reputación de su familia y plantear el riesgo de que el niño sea estigmatizado y sea objeto de las burlas de los demás niños de su propia edad.
La Sra. Herczog recordando que la legislación de Granada no prevé una edad de consentimiento para las relaciones sexuales en el caso de los varones, pregunta de qué manera el Estado parte combate la explotación y la violencia sexuales cuando las víctimas son varones, y qué hace el Estado parte para combatir el fenómeno de los “sugar daddies” (hombres mayores que ofrecen regalos y dinero a jóvenes a cambio de sexo), fortalecer la capacidad de los padres para proteger a sus hijos y sensibilizar a los menores sobre los riesgos que corren.
La Sra. Daniel (Granada) dice que ese fenómeno, y el de las transacciones sexuales entre adolescentes, en que se negocian objetos como teléfonos celulares o tarjetas telefónicas, preocupan a las autoridades granadinas. Según algunos estudios realizados en los últimos años, en Granada las relaciones sexuales comienzan muy precozmente y las autoridades, así como las organizaciones no gubernamentales, realizan campañas de sensibilización para alentar la abstinencia sexual.
La cantidad de casos de violencia sexual contra los varones en su niñez está aumentando. Lamentablemente, muy pocas víctimas los denuncian por temor a ser estigmatizadas, dado que, en general, la sociedad granadina es homófoba. El Gobierno continúa ejecutando medidas de sensibilización de la población sobre este tema.
El Presidente pregunta si el Estado parte tiene una política específica para los niños con discapacidad.
La Sra. Daniel (Granada) dice que las instituciones para las personas con discapacidad no están aptas para recibir niños pequeños. Cuando es posible, los niños permanecen con sus familias, las cuales se benefician de la protección social. En el resto de los casos, los niños se envían a familias de acogida o a hogares infantiles comunes, a veces desde su nacimiento. Cuando esos niños crecen, si sus familias no desean seguir haciéndose cargo de ellos, son transferidos a una institución para personas con discapacidad.
La legislación granadina prohíbe la prostitución. En Granada no hay graves problemas de turismo sexual y se conocen muy pocos casos de trata de personas, los que han sido investigados por las fuerzas del orden.
El Sr. Koompraphant pregunta si, en virtud de la legislación, los clientes de las prostitutas y ellas mismas, ya sean mayores o menores de edad, pueden ser procesados.
La Sra. Daniel (Granada) responde que las personas que participan en la prostitución pueden ser enjuiciadas si se presenta una denuncia, lo que es muy raro. En Granada, la prostitución es, en efecto, una práctica oculta y no organizada, que obedece a la ley del silencio. Las prostitutas son adultas. No se considera que un niño víctima de violencia sexual se haya prostituido; un menor que sea obligado a prostituirse no sería tratado como un adulto.
Granada no dispone de personal capacitado para atender ni para ofrecer protección especial a los extranjeros víctimas de trata que sean llevados a territorio granadino. Dada su situación geográfica y su idioma, Granada no es un país de destino de la trata de personas ni un país de origen de ese fenómeno.
El Sr. Filali pregunta si un niño que se prostituye es considerado víctima y qué prevé la legislación al respecto.
La Sra. Daniel (Granada) dice que si un niño se prostituye y su familia no está en condiciones de ofrecerle la protección necesaria, el Estado se hace cargo de él en virtud de la ley de protección del menor.
El Sr. Koompraphant pregunta qué ayuda puede dar el Gobierno a las familias de los niños que se prostituyen.
La Sra. Daniel (Granada) dice que el hecho de que un niño se prostituya o se someta a la “protección” de un “sugar daddy” no es necesariamente consecuencia de la pobreza. Ese fenómeno también está vinculado con el cambio del estilo de vida y de los valores. El Gobierno combina las medidas de protección de los niños con medidas de formación parental.
El Presidente pregunta qué medidas ha puesto en práctica el Estado parte para prevenir la prostitución infantil y el maltrato de los niños, y para apoyar a las familias monoparentales.
La Sra. Daniel (Granada) dice que el Gobierno, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, realiza campañas de educación y sensibilización sobre los temas del maltrato y de la violencia sexual. Estos temas también se integran en los programas de enseñanza escolar y preescolar.
La Sra. Herczog pregunta si el Estado parte no podría aplicar medidas de sensibilización de los niños, para prevenir la actividad sexual temprana y el embarazo precoz. A este respecto, también convendría sensibilizar a los padres sobre la necesidad de dialogar con sus hijos sobre el uso de anticonceptivos y la protección contra las infecciones de transmisión sexual, sobre todo el VIH/SIDA. En particular, debería alentarse la utilización de preservativos.
La Sra. Daniel (Granada) dice que este proceso de sensibilización ya está en curso, pero que lleva tiempo.
En Granada se producen alrededor de 20 adopciones de niños por año, de las que más del 80% son realizadas por familiares. En la mayoría de los casos, se trata de adopciones de niñas, puesto que se considera que estas son más dóciles, y pueden contribuir a las tareas domésticas. Granada no es signataria del Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional.
El Sr. Quarless (Granada) dice que, en materia de justicia de menores, el Gobierno privilegia las medidas sustitutivas de la privación de libertad, y está tratando de crear un sistema de familias de acogida especialmente formadas y remuneradas para hacerse cargo de niños en conflicto con la ley, y ha iniciado un programa para dotar a los menores infractores de conocimientos prácticos y ofrecerles servicios de consultoría.
La Sra. Daniel (Granada) dice que, cuando se presenta una denuncia contra un menor que ha cometido una infracción, la policía alienta al denunciante a aceptar un arreglo informal. La reclusión de menores en establecimientos penitenciarios para adultos no es una solución aceptable para el Gobierno y solo se apela a ella como último recurso, fundamentalmente en casos de reincidencia, cuando las medidas extrajudiciales han resultado ineficaces.
El Sr. Koompraphant pregunta si existe algún programa para tratar los casos de niños en conflicto con la ley sin recurrir a los tribunales.
La Sra. Dan iel (Granada) responde que acaba de emprenderse un programa de ese tipo. En colaboración con organizaciones no gubernamentales, el Gobierno ha puesto en práctica recientemente un programa para los menores en conflicto con la ley que están escolarizados, con el fin de alentarlos a asistir a la escuela y ofrecerles servicios educativos, y de seguimiento y apoyo psicológico. Los jueces generalmente acuerdan suspender el enjuiciamiento del menor infractor hasta que complete este programa. Una vez completado el programa, se presenta un informe al tribunal, que decide si mantiene la suspensión o impone una sanción. Por otra parte, el problema de los menores infractores que no están escolarizados, que en general son mayores y cometen infracciones más graves, aún no se ha resuelto y preocupa especialmente al Gobierno y a los jueces, que intentan encontrar la manera de solucionar el problema de los menores infractores recurriendo a los hogares de acogida, la formación, la educación y la ayuda psicológica.
El Presidente alienta a Granada a mejorar la situación poco satisfactoria de los menores detenidos, que no siempre permanecen separados de los adultos. Pregunta si los niños en conflicto con la ley reciben asistencia jurídica y, observando que en el sistema de Granada el Estado mismo inflige castigos corporales a esos niños, solicita información relativa a la formación que se da a los fiscales sobre este tema.
La Sra. Daniel (Granada) dice que los niños en conflicto con la ley generalmente son representados por el Ministerio de Desarrollo Social o se benefician de un sistema de asistencia jurídica. No obstante, debería brindarse una formación más amplia, no solamente a los fiscales, sino también a todas las personas que trabajan con niños, incluidos los funcionarios de los servicios sociales.
El Presidente pregunta si en Granada hay niños que viven en la calle.
El Sr. Quarless (Granada) indica que el Estado no dispone de datos al respecto, pero que no debe excluirse esa posibilidad dada la situación económica del país.
El Presidente solicita detalles sobre la explotación comercial de los niños.
La Sra. Daniel (Granada) dice que es difícil hablar de explotación de los niños dado que estos reciben el mismo salario que los adultos por el mismo trabajo, lo que significa que los niños no son discriminados cuando acceden al mercado de trabajo.
El Sr. Koompraphant destaca que la remuneración no es la única forma de explotación de los niños y que factores como las condiciones y la cantidad de horas de trabajo también deben tomarse en cuenta. Alienta al Estado parte a establecer un servicio especial encargado de proteger a los niños que trabajan.
La Sra. Daniel (Granada) dice que si Granada no posee un servicio especial de ese tipo es porque no registra un problema particular en ese ámbito, ya que, en general, los niños trabajan en las mismas condiciones que los adultos.
El Sr. Koompraphant insiste en que un niño no es igual que un adulto, es diferente física y psicológicamente, por lo que no puede trabajar en las mismas condiciones que un adulto.
La Sra. Daniel (Granada) aclara que los menores que trabajan tienen por lo menos 16 años de edad, y que en Granada los niños menores de 16 años no trabajan.
El Sr. Quarless (Granada) indica que los niños menores de 16 años solo trabajan en la familia, por ejemplo, ayudando a sus padres en el campo, a menudo debido a la situación económica. Además, la cuestión del ausentismo escolar ha evolucionado con el tiempo. Actualmente, entre un 90% y un 95% de los niños asiste a la escuela. En caso de ausentismo, una persona designada al efecto visita a la familia del niño para procurar que este vuelva a la escuela. Además, el Estado favorece la escolarización de los niños respondiendo a sus necesidades de útiles, comidas o transporte escolar.
La Sra. Varmah pide a la delegación que confirme la información que figura en el informe del Estado parte, según la cual los niños menores de 15 años pueden trabajar si obtienen un permiso del Ministerio de Trabajo.
La Sra. Daniel (Granada) dice que los niños menores de 16 años que trabajan son pocos, dado que la política nacional hace hincapié en la importancia de su escolarización. Para obtener un permiso de trabajo, esos niños deben probar que han completado sus estudios secundarios. Sin embargo, muy pocos niños inician sus estudios secundarios a los 10 años (en lugar de a los 11 años) y los completan antes de los 16 años. En consecuencia, el otorgamiento de un permiso de trabajo a los menores de 16 años es extremadamente raro.
El Presidente solicita detalles sobre el seguimiento dado a la encuesta de 2005 sobre el consumo de drogas, sobre todo por parte de estudiantes de secundaria, que puso de manifiesto la insuficiencia de las medidas de prevención.
La Sra. Daniel (Granada) aclara que en el Ministerio de Educación existe una Secretaría para el control de drogas, encargada del seguimiento de los estudiantes de primaria y secundaria que consumen drogas, sobre todo marihuana, y alcohol. En las escuelas se realizan campañas de sensibilización sobre el tema.
El Sr. Quarless (Granada) recuerda que en 2006 se inició el programa de educación para prevenir el consumo de drogas en las escuelas primarias y secundarias, y reconoce la necesidad de reforzar este programa y hacerlo más coherente.
El Presidente desea saber si en el país existen prácticas tradicionales nocivas, como el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina o cualquier otra práctica que pueda atentar contra la salud u otros derechos del niño.
El Sr. Quarless (Granada) dice que en Granada no existen esas prácticas. Más del 70% de las mujeres granadinas son madres solteras y las estadísticas más recientes registran solo 200 matrimonios por año. En general, los granadinos no se casan antes de los 25 años. En el territorio de Granada no se practica la mutilación genital.
El Presidente pregunta si la posición geográfica de Granada protege al país de la llegada de refugiados o de solicitantes de asilo y de la trata de personas.
La Sra. Daniel (Granada) reconoce que la situación geográfica de Granada, así como el predominio de la lengua inglesa en el país, no atraen a los refugiados, que en general hablan francés o español.
El Presidente agradece a la delegación sus respuestas a las preguntas del Comité y su voluntad de diálogo.
La Sra. Herczog indica que Granada trabaja activamente para mejorar el bienestar y la situación de los niños granadinos, así como para aplicar la Convención, a pesar de su situación económica, sus particularidades geográficas y las consecuencias de los huracanes que han asolado su territorio. Subraya que se están elaborando varios proyectos de ley, pero que, a excepción del relativo a la mediación, ninguno ha dado resultados aún. Alienta al Estado parte a ratificar los instrumentos internacionales y recuerda las dificultades, mencionadas por la delegación, que se derivan de la función doble o triple que desempeñan algunos agentes (encargados de la formulación de políticas y diversas instituciones, entre otros) debido al escaso número de profesionales que existe en algunas esferas.
El Sr. Quarless (Granada) subraya la voluntad política del Gobierno de responder a determinados desafíos, como los relacionados con las normas y prácticas culturales, el fomento de los recursos humanos, el fortalecimiento del marco institucional y el desarrollo de infraestructuras para la ejecución de programas en favor de los niños en todo el territorio. Agradece al Comité el respaldo que da a Granada en sus esfuerzos para aplicar las políticas y los programas relativos a los niños.
La delegación de Granada se retira.
Se levanta la primera parte (pública) de la sesión a las 16.45 horas.