Cuadro 2

Proporción de mujeres en los principales sectores de empleo

Industria	53,1
Agricultura	49,2
Construcción	23,9
Transporte	19,1
Comunicación	59,2
Transporte de mercancías	67,9
Educación	54,9
Cultura	43,1
Sanidad	67,3

Cuadro 3

Proporción de alumnas

Escuela primaria	48,7
Secundaria superior	48,7
Enseñanza superior	34,4

22.Las mujeres también tienen los mismos derechos que los hombres en la vida familiar. El artículo 18 del Código de la Familia estipula: "El marido y la mujer tendrán los mismos derechos dentro de la familia". En virtud del Código, tanto el marido como la mujer conservan su nombre completo, eligen la ocupación que desean según sus capacidades y participan en la vida social y política. Ambos tienen el deber de mantener a su cónyuge si queda incapacitado para trabajar y son iguales en relación con los hijos.

23.El artículo 11 de la Ley de ciudadanía estipula: "La ciudadanía de la República Popular Democrática de Corea no cambiará en razón del matrimonio, el divorcio, la adopción o su disolución". En virtud de esta disposición, las mujeres no pierden la ciudadanía como consecuencia del matrimonio o del divorcio.

Artículo 4 - Restricción de los derechos humanos durante el estado de excepción

24.En la República Popular Democrática de Corea no existe ninguna legislación por la que se pueda declarar el estado de excepción y adoptar medidas de fuerza ante el caos político o económico o un desastre natural. Se trata de una de las tradiciones históricas y de las características de la administración del Estado. No obstante, se proclamará el estado de guerra siempre que estalle una guerra y amenace la existencia de la nación. El artículo 103 de la Constitución especifica que la Comisión de Defensa Nacional tiene autoridad para "proclamar el estado de guerra y movilizar al país". La decisión 10 del Presidium de la Asamblea Popular Suprema "Sobre la interpretación del párrafo 5 del artículo 103 de la Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea" dice así: "La legislación acerca de la proclamación del estado de guerra y de la orden de movilización se adoptará separadamente con arreglo a la situación real de la guerra. En este caso, sin embargo, no pueden restringirse los derechos inalienables de los ciudadanos".

25.En la República Popular Democrática de Corea únicamente se ha proclamado el estado de guerra en junio de 1950 y terminó en julio de 1953.

Artículo 5 - Prohibición de la interpretación arbitraria del Pacto

26.La República Popular Democrática de Corea considera su deber hacer todo lo posible por dar efecto a los derechos humanos reconocidos en el Pacto. El Estado se encarga de que las instituciones estatales, las organizaciones y los ciudadanos presten una gran atención a comprender profundamente la idea básica del Pacto y los requisitos fundamentales de cada una de sus disposiciones a fin de interpretarlos y aplicarlos correctamente. Además, el Estado no tolera ninguna interpretación que restrinja los derechos y libertades establecidos en él.

27.Mantiene la política de promover ininterrumpidamente los derechos humanos reconocidos o vigentes en virtud de la legislación nacional o costumbres instituidas con el desarrollo del Estado y del sistema social sin restricciones ni suspensión porque el Pacto no se refiere a este tema.

Artículo 6 - Derecho a la vida y abolición de la pena capital

Legislación relativa al derecho a la vida

28.Todas las personas tienen el derecho inherente a la vida. Este derecho está garantizado en virtud del artículo 79 de la Constitución que dispone la inviolabilidad de la persona y de las leyes penales.

29.La Ley de protección de la vida, la salud, la libertad y la honra, promulgada por el Comité Popular Provisional de Corea del Norte en enero de 1947, y las leyes penales, garantizaban ampliamente la protección del derecho a la vida. El Código Penal en vigor tipifica como delito grave todo atentado contra la vida o la salud de la persona y estipula la responsabilidad penal en los artículos 45 y 141 a 149. Estas disposiciones también se aplican sin excepción a los actos de privación arbitraria de la vida y al terrorismo.

30.El Estado controla estrictamente la utilización de armas por las fuerzas de seguridad pública con objeto de salvaguardar la vida de las personas. El artículo 35 de la Ley de seguridad pública estipula que no pueden utilizarse armas a menos que esté amenazada la vida del agente de la seguridad pública o de otra persona o que evidentemente no haya otro modo de detener a un delincuente que se ha dado a la fuga.

31.Podrá obtenerse reparación por la privación ilegal de la vida mediante procedimientos de recurso penal. El párrafo 3 de la regla 5 del Reglamento de indemnización por sanción penal ilegítima especifica: "La ejecución ilegal de la pena capital se indemnizará mediante el pago del salario completo que la persona habría percibido durante los días de detención ilegal, a lo que se sumará el monto equivalente a cinco años de percibir el mismo sueldo".

Protección del derecho a la vida ante la guerra u otras amenazas

32.La República Popular Democrática de Corea considera que una guerra de agresión, especialmente la guerra termonuclear, constituye la amenaza más grave para la vida de la humanidad y la rechaza enérgicamente. El artículo 17 de la Constitución afirma que la República Popular Democrática de Corea se opondrá a toda forma de agresión. En la actualidad, la principal dificultad para proteger el derecho a la vida consiste en eliminar el peligro de guerra de la península de Corea, asegurar la paz en el país y lograr su reunificación independiente y pacífica. El Gobierno ha hecho firmes esfuerzos de reunificación nacional mediante los tres principios que enunció: independientemente sin interferencia extranjera, pacíficamente sin recurrir a las fuerzas armadas y mediante una gran unidad nacional que vaya más allá de las diferencias de ideología y sistema social. En vista de la situación actual, que puede acarrear graves consecuencias si una de las partes trata de imponer su sistema social a la otra medio siglo después del establecimiento de los distintos sistemas en el norte y en el sur, la República Popular Democrática de Corea considera que la mejor solución para eliminar el peligro de guerra y lograr la reunificación nacional es una confederación fundada en una nación, un Estado, dos sistemas sociales y dos gobiernos. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea está haciendo todo lo posible para ejecutar este plan razonable y justo de reunificación nacional que no busca ni el predominio ni los intereses de una parte en detrimento de la otra, sino que elimina el peligro de guerra que se cierne constantemente sobre la península de Corea y contribuye así a la paz y seguridad en el mundo.

33.El Estado fomenta el mejoramiento de los aspectos materiales y culturales y del entorno para la vida de las personas basándose en la ideología juche, que considera al ser humano el amo de la naturaleza y de la sociedad y el ser más preciado del mundo y lo pone todo al servicio de la humanidad.

a)El Estado ha adoptado medidas legislativas para proteger el entorno y las está poniendo en práctica. El artículo 57 de la Constitución estipula: "El Estado adoptará medidas para dar preferencia a la protección del entorno sobre la producción, preservar y promover el entorno natural y evitar la contaminación ambiental de modo que el entorno y las condiciones de trabajo sean salubres". El artículo 7 de la Ley de protección del medio ambiente estipula: "La prohibición de la fabricación, el ensayo y la utilización de armas nucleares y químicas y la prevención de todo daño al entorno son la aspiración y voluntad unánimes de la población mundial. La República Popular Democrática de Corea combatirá la destrucción y la contaminación del medio ambiente mediante la fabricación, el ensayo y la utilización de armas nucleares y químicas en la península de Corea y en las zonas circundantes". El artículo 4 de esta ley estipula: "El Estado dirigirá y controlará las fábricas, empresas y cooperativas para que adopten medidas destinadas a evitar la contaminación ambiental antes de comenzar la producción y asegurará que modernicen continuamente sus medios materiales y técnicos de proteger el medio ambiente". En virtud de la Constitución y la Ley de protección del medio ambiente, el Estado adopta medidas de carácter práctico para evitar la contaminación del aire, el agua, el suelo y el mar y la destrucción medioambiental por medio del ruido, las vibraciones, el hundimiento del suelo y la pestilencia y para crear un mejor entorno para la vida. En la actualidad, la zona de Pyongyang registra una quinta parte de la norma internacionalmente aceptada en materia de ácido sulfuroso en estado gaseoso y está muy por debajo de la norma relativa al monóxido de carbono. El río Taedong, que atraviesa el centro de Pyongyang, tiene 8,3 mg de oxígeno por litro, lo que es mucho, 1,36 mg del oxígeno necesario desde el punto de vista bioquímico, lo que está muy por debajo de la norma internacional, y 19 tipos de compuestos orgánicos, lo que está bien.

b)El Estado ha adoptado medidas legislativas para proteger la vida humana y mejorar la salud y las aplica cabalmente. El artículo 56 de la Constitución estipula: "El Estado protegerá la vida de las personas y mejorará la salud de los trabajadores mediante la consolidación y el desarrollo del sistema de asistencia médica universal y gratuita y el mejoramiento del sistema de médicos de distrito y de medicina preventiva". El Estado ha promulgado la Ley de salud pública, la Ley de educación y crianza del niño, la Ley de atención médica, la Ley de prevención de enfermedades infecciosas, la Ley de administración de medicamentos, la Ley de saneamiento público, la Ley de cuarentena sanitaria en las fronteras y así sucesivamente. Estas leyes estipulan el sistema, método y procedimientos para que el Estado se encargue de proteger y mejorar la vida y la salud de las personas. En virtud de ellas, se han introducido el sistema de asistencia médica universal y gratuita, el sistema de médicos de distrito y la política de medicina profiláctica y se están llevando a cabo sin novedad actividades como la educación de niños por cuenta del Estado, el descubrimiento y aislamiento de las causas de epidemias y la lucha contra ellas con vacunas, exámenes médicos, tratamiento, producción, verificación, almacenamiento, suministro y utilización de medicamentos, alimentos y saneamiento público, etc. Como consecuencia, ha aumentado el promedio de la esperanza de vida y ha disminuido la tasa de mortalidad infantil.

Cuadro 4

Promedio de la esperanza de vida

Año	Promedio de la esperanza de vida
1944	38 años
1994	74,5 años

Cuadro 5

Mortalidad infantil

Año	Tasa de mortalidad infantil
1944	204
1993	14,1

c)En los últimos años se han experimentado algunas dificultades para garantizar el derecho a la vida. Debido a los sucesivos graves desastres naturales que han ocurrido desde 1995 y a factores externos, el suministro de alimentos y medicamentos es insuficiente y ha surgido la malnutrición infantil.

Cuadro 6

Tasa de mortalidad y malnutrición infantiles

Año	Tasa de mortalidad infantil	Tasa de malnutrición de menores de 7 años
1998	23,5	15,6

El Estado ha tomado medidas para superar las dificultades actuales lo antes posible haciendo un esfuerzo supremo para poner coto a las consecuencias de los desastres naturales y reactivar la economía con cooperación humanitaria internacional.

34.En la República Popular Democrática de Corea, la desaparición de personas no es un motivo de preocupación general. Las desapariciones se descubren pronto gracias a los comités populares que habitualmente controlan a la población a todos los niveles, a las actividades de los órganos de seguridad pública y a los informes de instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos y se adoptan las medidas oportunas.

Procedimiento relativos a la pena capital y abolición de esta pena

35.La pena capital se impone únicamente en casos de delitos excepcionalmente graves y en estricta conformidad con la ley. La pena capital se limita a cinco tipos de delitos sumamente graves (es decir, conspiración contra el poder del Estado, alta traición, terrorismo, traición a la patria y asesinato internacional) y a los casos particularmente graves de estos delitos. No se impone la pena de muerte por ningún otro delito.

36.Únicamente el Tribunal Central o un tribunal provincial (o municipal que esté directamente bajo la autoridad central) podrán dictar pena de muerte en nombre de la República Popular Democrática de Corea, con arreglo a los artículos 181 y 184 de la Ley de procedimiento penal. Los tribunales populares de los municipios o condados, que son las instancias judiciales inferiores, no tienen autoridad para dictar la pena de muerte.

37.El artículo 297 de la Ley de procedimiento penal dice así: "La pena de muerte puede ejecutarse únicamente con la aprobación del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea". El Tribunal Central, órgano judicial supremo, pedirá que se apruebe la condena a muerte. El Tribunal Central examina detenidamente cada condena a muerte sin excepción y en los casos en que se considera injustificada la somete al procedimiento de apelación extraordinaria con arreglo al artículo 275 de la ley. Si después del examen la sentencia de muerte se considera aceptable, el Tribunal Central la somete al Presidium de la Asamblea Popular Suprema, que es el máximo órgano de poder del Estado. El Presidium examina la propuesta y la sanciona o concede un indulto especial.

38.El condenado a muerte y su asesor letrado pueden apelar a un tribunal superior (o al Tribunal Central) si no están de acuerdo con la decisión. Este derecho está garantizado en el artículo 251 de la Ley de procedimiento penal.

39.Las leyes del Estado prohíben estrictamente la imposición de la pena de muerte a los menores y su aplicación a mujeres en estado de gravidez. El artículo 23 del Código Penal dice así: "No se podrá imponer la pena de muerte a los menores de 17 años de edad que cometan delito ni podrá aplicarse a mujeres en estado de gravidez". En realidad, no se ha condenado a muerte a este tipo de personas desde la fundación de la República Popular Democrática de Corea.

40.El país tiende hacia la abolición de la pena de muerte. El Código Penal, enmendado en febrero de 1987, reducía algunas penas de muerte a trabajos forzados y limitaba la pena capital a los cinco tipos de delito más graves y excepcionales y a los casos sumamente graves de estos delitos. Todavía existe la pena de muerte en consideración a las circunstancias especiales del país y a la necesidad de prevenir el delito.

Artículo 7 - Prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos

Disposiciones jurídicas destinadas a abolir la tortura y otros tratos o penas inhumanos

41.La República Popular Democrática de Corea reconoce que la tortura y otros tratos inhumanos constituyen violaciones flagrantes de la dignidad de la persona y los prohíbe por ley. Los artículos 4 y 6 de la Ley de procedimiento penal garantizan plenamente no sólo los derechos humanos, sino también la exactitud, objetividad y prudencia en el procesamiento y la resolución de casos penales, y diversos artículos prohíben la tortura y otros tratos inhumanos. El párrafo 1 del artículo 93 de la Ley de procedimiento penal estipula: "El juez de instrucción no obligará al indiciado a admitir que ha cometido un delito ni forzará una deposición". El Estado anula por ley toda deposición o confesión hecha por el acusado cuando ha sido sometido a torturas u otro método coercitivo de interrogatorio. El párrafo 2 del artículo 93 de la ley dice así: "La deposición de una persona objeto de instrucción que se obtenga a la fuerza no podrá utilizarse como prueba". El artículo 94 de la misma ley estipula: "Cuando el indiciado confiese su culpabilidad, el juez de instrucción deberá buscar otras pruebas que corroboren la confesión. La confesión de quien sea objeto de instrucción no basta para probar su culpabilidad". La regla 37 del Reglamento de administración de los centros de detención especifica: "Los funcionarios que dirigen los centros de detención no deben torturar, agredir ni insultar a los detenidos y deben evitar actos como acceder a sus peticiones ilegales".

42.La República Popular Democrática de Corea reconoce que la tortura y otras formas coercitivas de interrogatorio constituyen un delito contra el que debe instituirse un proceso penal. El artículo 129 del Código Penal indica: "Quien detenga o retenga ilegalmente a otros o libere contra la ley a delincuentes, fuerce deposiciones, exagere o falsifique pruebas o llegue a una decisión o dictamen injusto será internada en una institución de trabajo forzado durante un máximo de dos años. El culpable de cometer un delito grave será condenado a trabajos forzados por un máximo de cuatro años".

43.En la República Popular Democrática de Corea, las víctimas de torturas o cualquier otra forma coercitiva de interrogatorio tienen derecho a una indemnización. El párrafo 3 de la regla 5 del Reglamento de indemnización por sanción penal ilegítima dice así: "La víctima de torturas u otros tratos inhumanos que haya perdido toda o parte de su capacidad de trabajar recibirá una indemnización equivalente al salario completo que habría percibido durante el período de detención ilegal y tiene derecho a los beneficios de la seguridad social con arreglo al Reglamento de seguro y seguridad social del Estado".

44.Las leyes de la República Popular Democrática de Corea también prohíben toda pena cruel e inhumana. No existen ni el régimen de incomunicación ni el castigo físico que atente contra la dignidad de la persona.

45.Los condenados a muerte no reciben un trato excepcional. Se les trata como a los demás presos comunes y se respeta su dignidad humana.

Medidas prácticas para evitar la tortura y las penas o tratos inhumanos

46.Se presta la debida atención a educar y formar a los agentes del orden público para que se abstengan de practicar torturas y tratos o penas inhumanos. En las instituciones de enseñanza en que se forma a los agentes del orden público y a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se enseña a los alumnos a comprender la ilegalidad de las torturas y otros métodos coercitivos de interrogatorio, así como el daño que producen, a asegurar plenamente la exactitud, objetividad y prudencia del procesamiento de casos penales y a observar estrictamente el principio de prioridad de las pruebas al tramitar un caso. Los órganos de investigación o instrucción y las instituciones de readaptación proporcionan una formación continua a sus empleados para que no violen los procedimientos jurídicos democráticos, recurran a la tortura u otros métodos coercitivos de interrogatorio, exageren o falsifiquen pruebas ni traten a los presos con severidad. Cada año las instituciones del orden público organizan cursos interdisciplinarios para que sus empleados estén al tanto de la legislación nacional y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

47.En la República Democrática Popular de Corea se ejerce un estricto control legal para evitar las torturas y otros tratos o penas inhumanos. La supervisión y el control para evitar las torturas y otros tratos o penas inhumanos corresponden a los órganos fiscales, que son los órganos del Estado que se encargan de vigilar el cumplimiento de la ley. Con arreglo a la Ley de inspección fiscal y al Reglamento de inspección fiscal de los órganos del orden público, la fiscalía inspecciona y supervisa a los órganos de investigación o instrucción y a las instituciones de readaptación para que no apliquen torturas u otros tratos o penas inhumanos y respeten estrictamente la ley.

a)Si se denuncian torturas u otros tratos o penas inhumanos, el fiscal las examina y les da curso con arreglo a los procedimientos establecidos por ley. En virtud del artículo 162 de la Ley de procedimiento penal, la persona investigada podrá denunciar al fiscal la violación de sus derechos. El abogado defensor de la persona o el acusado también tienen derecho con arreglo al artículo 177 de la ley. El fiscal resuelve el asunto en un plazo de tres días y notifica el resultado a los interesados.

b)Hasta cuando la persona sometida a investigación o el acusado no hacen una denuncia, el fiscal, en virtud de los artículos 69 y 79 de esta misma ley, supervisa las averiguaciones o la instrucción participando en ellos, verificando el expediente en el caso o conversando con la persona investigada, para evitar que se conculquen los derechos humanos.

c)El fiscal también inspecciona las instituciones en que se cumplen las penas de trabajo forzado, adopta medidas para evitar que se apliquen torturas u otros tratos o penas inhumanos a los presos y vela por que sean tratados conforme a la ley, en virtud del artículo 296 de la Ley de procedimiento penal.

48.La República Popular Democrática de Corea considera que no es humanitario deportar a una persona a un país en que pueda ser sometida a torturas u otros tratos o penas inhumanos y prohíbe hacerlo. Considera que habrá que dictar la extradición y el castigo de los culpables de torturas.

Prohibición del trato inhumano de alumnos y pacientes en instituciones de enseñanzao asistencia médicas

49.La ley prohíbe las medidas disciplinarias u otros castigos en la enseñanza. El artículo 30 de la Ley de educación estipula: "Los educadores deberían ejercitar su inventiva para desarrollar la independencia y la creatividad de los alumnos". La regla 12 del Reglamento de las escuelas de enseñanza primaria y media superior estipula: "La educación del alumno debería llevarse a cabo mediante la explicación, persuasión y convencimiento con ejemplos positivos". Todos los centros educan a los niños y alumnos únicamente según los métodos establecidos por el Estado.

50.La legislación prohíbe formalmente el trato inhumano de los pacientes psiquiátricos. Con arreglo al Reglamento para hospitales psiquiátricos, sólo después de consultar a un médico en presencia del tutor del paciente podrá internarse a éste en un hospital psiquiátrico y está terminantemente prohibido agredir o someter a los pacientes a ningún trato inhumano en los hospitales psiquiátricos. El peritaje del estado mental de una persona en casos penales o civiles y el cuidado de los pacientes psiquiátricos se rigen por el Reglamento de examen, internación y tratamiento de enfermos mentales. El examen psiquiátrico se lleva a cabo únicamente tras consultar a tres psiquiatras calificados u hospitales psiquiátricos a petición de los órganos de investigación, instrucción o administración de justicia o de las instituciones de readaptación. Si se considera que el resultado del examen es insuficiente o si las opiniones de los médicos difieren, psiquiatras designados por el Ministerio de Salud Pública realizan un nuevo examen por separado. Los enfermos mentales condenados son mantenidos y tratados en salas aisladas. No se permite que sean tratados inhumanamente.

Prohibición de la experimentación con seres humanos

51.La República Popular Democrática de Corea, que valora al ser humano por encima de todo, considera todo experimento con seres humanos un delito inmoral e inhumano. No se permite la experimentación con seres humanos aunque el interesado dé su consentimiento.

Artículo 8 - Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso

Prohibición de la esclavitud

52.En 1946, el Comité Popular Provisional de Corea del Norte promulgó leyes democráticas como la Ley de reforma agraria, la Ley de igualdad entre el hombre y la mujer y la Ley de erradicación de los vestigios de las convenciones feudales e instituyó una reforma democrática. Como consecuencia, desaparecieron toda clase de instituciones y prácticas de sometimiento del ser humano, como la servidumbre rural por deudas, la poligamia, la venta de mujeres (como esposas o concubinas), la prostitución lícita o no y el servicio de kisaeng, que viola los derechos de la mujer.

53.La Constitución certifica los logros obtenidos en la erradicación de la dominación del hombre por el hombre. El párrafo 1 del artículo 6 de la Constitución, aprobada el 27 de diciembre de 1972, estipula: "En la República Popular Democrática de Corea han desaparecido para siempre el antagonismo entre clases y todas las formas de explotación y opresión del hombre por el hombre". El artículo 8 de la Constitución en vigor estipula: "El Estado defenderá y protegerá los intereses de los obreros, campesinos e intelectuales que trabajan y de todos los demás trabajadores que han sido liberados de la explotación y la opresión y ahora dirigen el Estado y la sociedad".

Prohibición del trabajo forzoso

54.El artículo 29 de la Constitución estipula: "El trabajo en la República Popular Democrática de Corea es el trabajo independiente y creativo de los trabajadores, sin explotación ni opresión". Está prohibido el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Los ciudadanos escogen el trabajo que desean según sus aptitudes, consiguen empleos y condiciones de trabajo seguros y rinden según su capacidad y son retribuidos de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo que hacen.

55.Aparte de las penas de trabajos forzados impuestas por sentencia judicial, ninguna disposición permite imponer el trabajo forzoso u obligatorio a quien quebrante la ley o el orden. Por consiguiente, estas formas de trabajo nunca se utilizan como medio de coerción política o de sanción social o religiosa.

56.Las leyes de la República Popular Democrática de Corea no han instituido el trabajo forzoso de personas detenidas o presas o que se encuentren en libertad condicional. Las personas detenidas en flagrante delito en virtud del artículo 65 de la Ley de procedimiento penal o presas en virtud del artículo 106 de esta ley serán privadas únicamente de la libertad personal durante el período fijado por la ley. No se les obliga a hacer ningún trabajo aunque su detención se convierta en arresto domiciliario o confinamiento en determinada zona o en su domicilio. Como el servicio militar no es obligatorio sino voluntario, no existe el servicio impuesto ni la objeción de conciencia.

Artículo 9 - Libertad y seguridad personales; condiciones de detención y prisión

Derecho a la libertad y a la seguridad

57.El artículo 79 de la Constitución estipula: "Se garantiza a los ciudadanos la inviolabilidad de la persona y del domicilio y el secreto de la correspondencia. No podrán ser sometidos a ningún control ni detenidos ni podrá registrarse su domicilio sin una orden judicial". El párrafo 1 del artículo 11 de la Ley de procedimiento penal estipula: "No es lícita la detención o prisión de una persona si no se aplican las disposiciones de la presente ley o no se siguen los procedimientos estipulados en ella". Con estas disposiciones se garantiza la inviolabilidad de todo ciudadano.

58.La persona objeto de instrucción puede ser detenida en los casos siguientes:

a)Como estipula el artículo 106 de la Ley de procedimiento penal, se procede a la detención únicamente cuando se considera que la persona objeto de instrucción por delito punible con pena de trabajo forzado por más de un año o pena de muerte podría destruir las pruebas, entorpecer las averiguaciones o eludir la instrucción o el proceso. Incluso en esos casos, las mujeres en estado de gravidez no pueden ser detenidas durante los tres meses anteriores al parto ni los siete meses posteriores a éste.

b)La persona objeto de instrucción que pueda ser condenada a trabajos forzados por menos de un año podrá ser sometida a arresto domiciliario o confinada en una zona determinada o en su domicilio en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 104 de la Ley de procedimiento penal. Incluso las personas objeto de instrucción que puedan ser condenadas a más de un año de trabajos forzados podrán ser privadas de la libertad de esta manera si se considera que no van a eludir la instrucción o el proceso. Cuando se decida confinar a una persona objeto de instrucción en su domicilio, habrá al menos dos garantes, con arreglo al artículo 109 de la Ley de procedimiento penal, y, cuando se decida confinarla en una zona determinada o en su domicilio, deberá hacer una promesa solemne por escrito.

c)La persona detenida durante la instrucción del caso podrá ser liberada en caso de necesidad para ponerla bajo arresto domiciliario o confinarla en una zona determinada o en su domicilio, modificando el fallo en virtud del artículo 111 de la Ley de procedimiento penal.

59.Se podrá detener a un delincuente en flagrante delito en los siguientes casos: el artículo 65 de la ley estipula que un delincuente o sospechoso puede ser detenido sin la aprobación del fiscal cuando se le encuentre en el lugar de los hechos o en el acto de cometer un delito o inmediatamente después de haberlo cometido; cuando la víctima o un testigo señale al culpable; cuando se encuentren pruebas del delito en el cuerpo de la persona o en el domicilio del sospechoso; cuando un sospechoso se esté dando a la fuga o sea perseguido como delincuente; o cuando no se conozca a ciencia cierta el domicilio del sospechoso.

60.En el artículo 104 de la Ley de procedimiento penal, se señalan entre las formas de privación de libertad la detención, el arresto domiciliario y el confinamiento en determinada zona o en el domicilio de la persona objeto de instrucción.

Notificación del motivo de las sospechas o la detención

61.La persona que va a ser objeto de instrucción es informada de la acusación a tiempo. El artículo 83 de la Ley de procedimiento penal estipula: "Cuando el juez de instrucción haya decidido procesar, deberá dar a conocer su decisión a quien vaya a ser objeto de instrucción en un plazo de 48 horas". La decisión de procesar deberá aclarar el por qué de las sospechas que dan lugar al proceso. Se informará a tiempo de la acusación a quien vaya a ser objeto de instrucción mediante el procedimiento de notificación de la decisión adoptada. No se produce ninguna detención antes de que se decida procesar.

62.Se informa a la persona del motivo de su detención antes de su detención o prisión. El artículo 103 de la Ley de procedimiento penal estipula: "Habría que notificar de inmediato a la persona objeto de instrucción de la decisión de privarla de la libertad". El juez de instrucción puede ordenar la detención de una persona objeto de instrucción para que no eluda ni entorpezca la instrucción o el proceso. Cuando se vaya a adoptar la decisión de proceder a la detención, habrá que especificar el artículo pertinente del Código Penal que se aplica a la persona objeto de instrucción y el motivo de su detención y someter la decisión a la aprobación del fiscal. En virtud del artículo 107 de la ley, cuando una persona objeto de instrucción sea detenida con arreglo a una orden de detención, deberán presentársele los documentos de identificación oportunos y la orden de detención aprobada por el fiscal. Mediante este procedimiento, se informa a la persona del motivo de su detención. En caso de arresto domiciliario o de confinamiento en una zona determinada o en el domicilio, también se le da a conocer el motivo con arreglo al artículo 103.

63.Cuando se detiene a una persona, se informa a su familia o a la organización a la que pertenece de la fecha, el motivo, y demás pormenores de la detención en un plazo de 48 horas en virtud del párrafo 2 del artículo 11 de la Ley de procedimiento penal.

Verificación de la licitud de la detención o del confinamiento

64.El fiscal tiene derecho a verificar la licitud de la detención o del confinamiento. El párrafo 3 del artículo 11 de la Ley de procedimiento penal dice así: "Si el fiscal descubre que una persona ha sido detenida o encarcelada ilegalmente, deberá ponerla en libertad". Cuando descubra que la persona ha sido detenida o encarcelada ilegalmente, el fiscal adoptará medidas inmediatas para ponerla en libertad:

a)Si un acusado o un abogado defensor hacen una denuncia, por ejemplo, por privación de libertad, el fiscal resuelve el asunto y da a conocer el resultado al interesado en un plazo de tres días con arreglo al párrafo 2 del artículo 162 y al párrafo 2 del artículo 177 de la Ley de procedimiento penal. Si se demuestra que la detención ha sido ilegal, la puesta en libertad es inmediata.

b)Aunque indiciado, el acusado o el abogado defensor no hayan hecho una denuncia, como parte de sus funciones de supervisión del cumplimiento de la ley, el fiscal vigila para impedir la detención o prisión ilegales.

c)Mediante el procedimiento de examen y aprobación de la decisión de privación de la libertad, el fiscal se asegura de que no se produzca ninguna detención o prisión ilegales. El artículo 102 de la Ley de procedimiento penal estipula: "La decisión de privación de la libertad puede aplicarse únicamente con la aprobación del fiscal". El fiscal examina la decisión de detención o prisión del indiciado sometida por el juez de instrucción y puede desautorizarla si la considera ilegal.

d)Mediante el procedimiento de examen de la decisión de privación de libertad, el fiscal evita que se cometan irregularidades cuando se detiene a un delincuente en flagrante delito en virtud del artículo 65 de la Ley de procedimiento penal. Para retener a un delincuente o sospechoso detenido en virtud del artículo 66, debe dictarse una orden de detención con la aprobación del fiscal en un plazo de 48 horas. El fiscal la examina y procede a la instrucción del caso o libera a la persona.

e)El fiscal, como encargado de vigilar la aplicación de la ley, inspecciona regularmente los centros de detención y, si descubre que alguien ha sido detenido ilegalmente, ordena su excarcelación inmediata.

Duración de la prisión preventiva

65.La República Popular Democrática de Corea tiene un sistema de instrucción de casos penales. Su objeto es determinar claramente el delito cometido con pruebas científicas y elucidar todo el caso con exactitud. Por este motivo, la prisión preventiva es larga en comparación con la brevedad del juicio. En virtud del artículo 108 de la Ley de procedimiento penal, la detención del indiciado a efectos de instrucción no puede durar más de dos meses y se hace justicia en un mes. Se han expresado diversas opiniones acerca de la larga duración de la prisión preventiva en comparación con lo que dispone el Pacto y la corta duración del juicio. Según algunos, la instrucción puede seguir durando lo mismo ya que el procedimiento relativo a los detenidos objeto de instrucción es equivalente al procedimiento relativo a los presos no condenados en virtud del Pacto, pero según otros el juicio debería durar más y la prisión preventiva menos. Los argumentos de unos y otros tienen sus pros y sus contras. Se considera que poco a poco se llegará a una conclusión al respecto.

Derecho a reparación

66.Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 de la regla 3 del Reglamento de indemnización por sanción penal ilegítima, la víctima de detención o prisión ilegales tiene derecho a obtener reparación cuando el fiscal ordena su libertad en la fase de investigación, instrucción o procesamiento. El párrafo 1 de la regla 5 del reglamento estipula: "La persona liberada tras una detención o prisión ilegales tendrá derecho al pago de todo el salario que habría percibido durante los días que estuvo detenida".

Artículo 10 - Trato humano de toda persona privada de libertad

67.Las personas privadas de libertad son recogidas en centros de detención e instituciones de readaptación. El centro de detención está destinado a las personas no condenadas y la institución de readaptación, a los condenados. Las personas privadas de libertad por ley son tratadas humanamente y se respeta su dignidad. El artículo 4 de la Ley de procedimiento penal estipula: "El Estado garantiza plenamente los derechos humanos en la tramitación y resolución de los casos penales". El Reglamento de administración de los centros de detención y el Reglamento de administración correccional regulan los procedimientos y métodos para tratar humanamente y respetar la dignidad inherente de las personas privadas de libertad.

68.El fiscal inspecciona regularmente los centros de detención y las instituciones de readaptación social, investiga y tramita las denuncias y adopta medidas para que las personas privadas de libertad sean tratadas en el respeto de su dignidad humana. Véase el párrafo 47 del presente informe.

Distinción entre condenados y no condenados

69.Las personas no condenadas son consideradas inocentes aunque están detenidas. La regla 5 del Reglamento de administración de los centros de detención dice así: "La institución que administra un centro de detención considerará inocentes a las personas no condenadas y las tratará como tales". Y, en virtud de la regla 6, la institución que administra un centro de detención ha de tratar a todos los detenidos por igual sin distinciones:

a)Se interna a la persona objeto de instrucción o al acusado privado de libertad en un centro de detención y no en una institución de readaptación. El centro de detención está destinado únicamente a las personas no condenadas y es diferente de una institución de readaptación social, que recoge a los condenados a trabajos forzados. La regla 3 reza: "Los centros de detención forman parte del Departamento de instrucción del Ministerio del Interior, de las oficinas provinciales, municipales o de condado de este Ministerio y de dependencias designadas por separado". En virtud de la regla 9, los centros de detención recogen a las personas detenidas por ministerio de la ley, a los sospechosos detenidos en flagrante delito, a las personas antes de cumplir una pena de trabajos forzados o antes de la ejecución de la pena de muerte y a los presos que necesitan escolta.

b)La regla 14 especifica: "El centro de detención estará provisto de dormitorios, servicios, comedores, lavabos, campos de juego, un depósito de objetos confiscados, etc. Los dormitorios dispondrán de luz natural y eléctrica, buena ventilación y calefacción". En virtud de las reglas 14 a 21, los detenidos han de tener condiciones adecuadas de alojamiento para una vida cultural sana. Su alimentación será como la del resto de la población. La institución que administra el centro de detención proporciona las comidas, agua potable, ropa de cama y artículos de aseo personal de los detenidos. Los detenidos visten su propia ropa y pueden adquirir los alimentos o artículos de aseo personal que necesitan. La institución que administra el centro de detención asegura a los detenidos la posibilidad de ducharse y cortarse el pelo regularmente y desinfecta o esteriliza periódicamente prendas de vestir, la ropa de cama y la vajilla.

c)A diferencia de las personas recluidas en instituciones de readaptación, los detenidos no tienen la obligación de trabajar. La regla 22 del Reglamento de administración de los centros de detención estipula: "Los detenidos no tendrán que trabajar. No obstante, podrán realizar labores como limpiar los dormitorios, lavar, desinfectar y demás, que guardan relación con su propia higiene y salubridad".

d)Los detenidos tienen derecho a asistencia médica gratuita. La regla 23 especifica: "De conformidad con la Ley de atención médica gratuita, la asistencia médica de los detenidos es gratuita". En virtud de las reglas 24 a 26, se garantiza a los detenidos la posibilidad de asistencia médica. El personal médico de la institución que administra el centro de detención dispensa la atención y el tratamiento médicos y es posible pedir consulta a un médico en un hospital público. Se permite a los detenidos tomar el sol y hacer ejercicios todos los días para bien de su salud. Cuando se enferman en prisión, se suspende la pena o se transforma en otro tipo de privación de libertad con arreglo al artículo 111 de la Ley de procedimiento penal, de manera que puedan ser tratados en su casa o en un hospital. Cuando son trasladados a un hospital, tienen derecho a las mismas comidas, prendas de vestir, ropa de cama y demás que los otros pacientes.

e)Se aseguran a los detenidos oportunidades de mantener contacto con el mundo exterior. En virtud del artículo 11 de la Ley de procedimiento penal, se informa a la familia del detenido del lugar de su detención. En virtud de las reglas 28 y 29, los detenidos pueden escuchar la radio, ver la televisión, leer diarios, revistas y libros y recibir visitas de sus familiares y mantener correspondencia con ellos.

f)Está prohibido tratar a los detenidos de manera inhumana. La regla 37 estipula que el personal encargado de un centro de detención no torturará, agredirá ni insultará a los detenidos y la regla 39 estipula que no recurrirá al uso de la fuerza a menos que un detenido se dé a la fuga u oponga resistencia física. Los detenidos no pueden llevar esposas dentro de las celdas, pero sí cuando van escoltados.

70.En la República Popular Democrática de Corea, los menores delincuentes están totalmente separados de los adultos. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 11 del Código Penal, se adoptan medidas para que reciban una educación pública. En virtud del artículo 106 de la Ley de procedimiento penal, los menores delincuentes que cursan la enseñanza pública no pueden ser detenidos. Por tanto, no existen centros de detención de menores.

El sistema de readaptación social

71.El objeto de las sanciones es el arrepentimiento de los delincuentes y su reintegración en la sociedad para vivir independientemente conforme a la ley. El artículo 24 del Código Penal estipula: "Las penas de rehabilitación por el trabajo se cumplen en instituciones de readaptación social". El Estado dictó el Reglamento de administración penitenciaria y lo ha aplicado rigurosamente para rehabilitar a los delincuentes.

a)Las instituciones de rehabilitación observan estrictamente los procedimientos de inscripción de los reclusos. La regla 6 indica: "Las instituciones de rehabilitación social recogerán únicamente a los condenados a trabajos forzados. Al inscribir a un recluso, la institución hará constar la copia escrita del fallo judicial, la notificación que le da fuerza ejecutoria y los demás documentos legales y verificará la identidad del recluso". De conformidad con la regla 7, la institución los asigna por sexo, edad, delito, carácter, complicidad, conocimientos técnicos, estado de salud, etc.

b)Se proporcionan a los reclusos condiciones de alojamiento humanas y una vida cultural sana. La regla 11estipula: "Las instituciones de rehabilitación construirán con arreglo a las normas pertinentes dormitorios, lavabos, aseos, duchas, comedores, locales de trabajo, aulas, salas de lectura, zonas de esparcimiento, salas de visita, enfermerías, etc.". La regla 12 estipula que los dormitorios y demás instalaciones tendrán luz natural y eléctrica, ventilación y calefacción; las reglas 14 y 15 estipulan que se proporcionarán comidas y agua potable suficientes para conservar la salud de los reclusos, y que cada día recibirán la misma cantidad de alimentos que el resto de la población, y las reglas 16 a 19 estipulan el suministro de prendas de vestir, ropa de cama y lo necesario para la vida diaria.

c)Las instituciones proporcionan asistencia médica. La regla 20 estipula: "Todo nuevo recluso permanecerá aislado en un dormitorio durante 20 días y será examinado por un médico antes de ser asignado definitivamente" y la regla 21: "Un médico de la institución de rehabilitación examinará a los reclusos antes y después del trabajo. Los que no gocen de buena salud descansarán durante un máximo de seis días o serán hospitalizados". En este caso, el reposo o la hospitalización forman parte del cumplimiento de la pena de trabajos forzados en virtud del artículo 300 de la Ley de procedimiento penal. En caso de enfermedad grave, se suspenderá la pena hasta recuperar la salud para que el recluso pueda ser tratado en su casa o en un hospital, con arreglo al artículo 299 de la Ley de procedimiento penal y a la regla 22 del Reglamento de administración penitenciaria. El tratamiento médico es gratuito.

d)Sólo personas especialmente capacitadas podrán vigilar a los reclusos en las instituciones de rehabilitación social. La regla 28 dice así: "Sólo podrán hacerse cargo de la educación, la dirección del trabajo de producción y el tratamiento médico de los reclusos en instituciones de rehabilitación personas especialmente capacitadas", y la regla 29: "Los funcionarios penitenciarios no torturarán, agredirán ni insultarán a los reclusos, y organizarán el trabajo y el tratamiento profiláctico de forma racional para que nadie se enferme o fallezca de una enfermedad".

e)En las instituciones de rehabilitación, los reclusos tienen la obligación de trabajar. En virtud de la regla 36, la jornada laboral dura 8 horas y pueden descansar los domingos y los días de fiesta. Conforme la regla 39, los reclusos son remunerados según la cantidad y la calidad del trabajo que realizan.

f)De conformidad con las reglas 40 a 43, los reclusos tienen derecho, entre otras cosas, a leer libros, revistas y periódicos, ver películas, ver la televisión, escuchar la radio y divertirse o practicar el deporte. Con arreglo a la regla 44, pueden recibir visitas de sus familiares y mantener correspondencia con ellos.

g)De conformidad con el Reglamento de conmutación de las penas de rehabilitación por el trabajo, los reclusos genuinamente arrepentidos que observen concienzudamente las normas de la institución y superen las expectativas en el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo serán premiados con la conmutación de la pena. A los que hayan salvado a otros o bienes del Estado del fuego, de inundaciones o de otros peligros, hayan prestado un gran servicio al país con sus inventos, nuevas ideas o un trabajo intelectual de trascendencia nacional o hayan llevado una vida ejemplar en la institución se les reducirán hasta 2 años de la pena y podrán ser excarcelados tras cumplir la mitad de ésta, en virtud del artículo 40 del Código Penal.

72.El Estado y la sociedad cuidan de que al salir de la cárcel sean buenos ciudadanos. El Código Penal aprobado en 1974 estipulaba que los delincuentes que reciban un indulto especial o amnistía o que hayan cumplido toda la pena son iguales a los demás ciudadanos desde el momento que termina la pena y no están sujetos a discriminación de la ley. Así pues, el sistema de antecedentes penales fue abolido en la República Popular Democrática de Corea. Por consiguiente, la persona excarcelada goza de todos los derechos ciudadanos, hasta del derecho a ser elegido, sin restricción alguna desde el primer día de su puesta en libertad. El Estado le proporciona empleo según sus deseos y capacidades, así como las condiciones necesarias para vivir fuera de prisión. A fin de evitar que vuelvan a delinquir, talleres especializados y familias los ayudan a resolver sus problemas y a convertirse en ciudadanos honestos dispuestos a servir fielmente al Estado, a la sociedad y a sus conciudadanos.

73.Dado que los menores delincuentes deben rehabilitarse mediante la educación pública no existen instituciones correccionales, como tampoco el problema de separarlos de los adultos en una institución.

Artículo 11 - Prohibición del encarcelamiento por no cumplir una obligación contractual

74.Nadie es encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. El cumplimiento de las obligaciones contractuales es un asunto civil y, por consiguiente, no puede dar lugar a sanciones penales sino a sanciones de carácter civil como, por ejemplo, la restitución, la reparación y la indemnización por daños y perjuicios, como se dispone en los artículos 240 y 242 del Código Civil.

Artículo 12 - Libertad de circulación y residencia; derecho a salir del propio país y a entrar en él

75.Todos los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen libertad de circulación y residencia. El artículo 75 de la Constitución estipula: "Los ciudadanos tienen libertad de residencia y circulación". Esta libertad se garantiza también a los extranjeros que se encuentren en el territorio del país.

Libertad de circulación y residencia

76.Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen la libertad de ir a cualquier lugar del país en misión oficial o particular con sujeción al Reglamento sobre viajes. En virtud de la regla 4, se prohíbe circular dentro de la zona contigua a la línea de demarcación militar, la base militar, el distrito de la industria de municiones y los distritos asociados a la seguridad del Estado. De conformidad con la regla 6, se expide un certificado de viaje a quien quiera viajar. El certificado es expedido por los diversos comités populares sin restricción alguna. Los extranjeros que hayan entrado en el territorio de la República Popular Democrática de Corea deberán inscribirse en un registro al llegar a su destino, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de inmigración. De conformidad con el artículo 42 de la Ley, los extranjeros que deseen circular dentro del territorio de la República deberán solicitar un certificado de viaje a una oficina de inmigración. Los miembros de las misiones de otros países o de organizaciones internacionales en la República Popular Democrática de Corea y los extranjeros que hayan sido invitados al país no necesitan ese certificado.

77.Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea y los extranjeros tienen la libertad de elegir su residencia y de cambiar de domicilio. Para mudarse, deben seguir los procedimientos legales correspondientes. En virtud de los artículos 14 y 15 de la Ley de inscripción de los ciudadanos, todo ciudadano que quiera cambiar de domicilio hará constar su mudanza. A tal efecto, deberá presentar la solicitud de registro de la mudanza al órgano de seguridad pública de su distrito. El ciudadano que haya hecho constar su mudanza cambia de domicilio y hace constar su nueva dirección. Con arreglo al artículo 38 de la Ley de inmigración, los extranjeros podrán vivir en el territorio de la República Popular Democrática de Corea una vez que hayan obtenido la aprobación de la institución pertinente. En virtud del artículo 39, todo extranjero que quiera mudarse deberá hacer constar su mudanza y su nueva dirección en la oficina de inmigración de su nuevo domicilio.

Derecho de inmigración

78.Los ciudadanos pueden salir del país o entrar en él en misión oficial o particular en virtud del artículo 9 de la Ley de inmigración. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores o una oficina de inmigración les expiden un pasaporte o un certificado. De conformidad con el artículo 18 y la normativa de la ley, se prohibirán, la entrada en el país y la salida de éste si se demuestra que el pasaporte o el certificado son falsos, un órgano judicial reconoce que el interesado ha cometido un delito y no tiene derecho a viajar, el interesado padece de demencia o de una enfermedad infecciosa o no tiene la autorización del país al que desea viajar. De conformidad con el artículo 16 de la Ley de inmigración, los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea residentes en el extranjero pueden obtener pasaporte y visado en sus misiones diplomáticas o consulares, o visado, con su tarjeta de residencia en el extranjero, para entrar en el país o viajar a otros países.

79.De conformidad con el artículo 19 de la Ley de inmigración, para entrar en la República o salir de ella los extranjeros necesitan un visado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea o de un organismo de inmigración. Los ciudadanos de los países con los que existe acuerdo podrán entrar o salir de la República sin visado. De conformidad con el artículo 30 y la normativa de la Ley, los extranjeros no podrán salir del país cuando un organismo pertinente de la República determine que el certificado es falso, o cuando se haya prohibido la salida porque el interesado ha cometido un delito y ha sido acusado formalmente.

Deportación de los ciudadanos

80.En la República Popular Democrática de Corea no hay un régimen de deportación de sus ciudadanos y no se ha registrado ningún caso de deportación.

Artículo 13 - Prohibición de la expulsión arbitraria de extranjeros

81.Se expulsa a un extranjero únicamente si se demuestra que ha violado gravemente las normas de entrada, permanencia, residencia o circulación. En virtud de la normativa de la Ley de inmigración, podrán ser expulsados los extranjeros que hayan entrado ilegalmente en el país sin visado, que hayan permanecido más de lo debido o que hayan quebrantado el ordenamiento jurídico interno. Los miembros de las misiones de otros países o de organizaciones internacionales en el país, sus familiares y los enviados diplomáticos estarán sometidos a procedimientos diplomáticos.

82.La expulsión de un extranjero se decide con suma cautela. Desde 1985, el Estado ha ordenado la expulsión de un solo extranjero.

Artículo 14 -Derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías

Igualdad ante los tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías

83.Todas las personas son iguales ante los tribunales de justicia en la República Popular Democrática de Corea, como garantiza el artículo 65 de la Constitución.

84.Administran justicia únicamente los diversos tribunales, organizados en virtud de la Constitución y de la Ley de constitución de tribunales. El artículo 153 de la Constitución estipula: "La justicia es administrada por el Tribunal Central, el tribunal de la provincia (o municipio dependiente directamente de la autoridad central), un tribunal popular y un tribunal especial". Los tribunales especiales son la corte militar que juzga los delitos cometidos por los miembros del Ejército Popular y de las Fuerzas de Seguridad Populares de Corea o de las fuerzas de seguridad pública y el tribunal ferroviario que juzga los delitos cometidos por trabajadores del servicio de ferrocarril.

85. De conformidad con el artículo 156 de la Constitución y el artículo 31 de la Ley de constitución de tribunales, éstos están integrados por un magistrado y dos asesores populares. El Presidente del Tribunal Central es elegido por la Asamblea Popular Suprema en virtud del párrafo 12 del artículo 91 de la Constitución, y los magistrados y los asesores populares de los distintos tribunales son elegidos por el Presidium de la Asamblea y por la asamblea popular de la provincia (o municipio dependiente directamente de la autoridad central), ciudad (o distrito) y condado, en virtud del párrafo 13 del artículo 110 y del párrafo 5 del artículo 134 de la Constitución. El presidente y los magistrados de un tribunal especial son nombrados o destituidos por el Tribunal Central, y los asesores populares son elegidos por los soldados de la unidad correspondiente o por los empleados en reunión, como dispone el artículo 155 de la Constitución. El mandato de los magistrados y de los asesores populares de los distintos tribunales dura lo mismo que el de la asamblea popular pertinente. Los asesores populares de los tribunales, que son representantes del pueblo, tienen las mismas facultades que los magistrados en un proceso. Con arreglo al artículo 243 de la Ley de procedimiento penal, están presentes únicamente el magistrado y los asesores populares que hayan instruido el asunto cuando se adopta una decisión y, de conformidad con el artículo 245, la decisión es adoptada por mayoría de votos de los miembros del tribunal.

86.El artículo 160 de la Constitución estipula: "El tribunal goza de independencia para administrar justicia y los procedimientos judiciales se llevan a cabo en estricta conformidad con la ley". Los diversos tribunales conocen y resuelven los casos de forma independiente, sin interferencias ni influencia externa.

87.En principio, las vistas judiciales son públicas. El artículo 158 de la Constitución estipula: "Los asuntos judiciales son oídos públicamente y se garantiza al acusado el derecho de defensa. Las vistas podrán celebrarse a puerta cerrada si así lo dispone la ley". El artículo 16 de la Ley de procedimiento penal y el artículo 10 de la Ley de procedimiento civil estipulan que los juicios penales o civiles serán públicos, sin menoscabo de que se celebren a puerta cerrada total o parcialmente cuando exista el peligro de revelar secretos nacionales o privados o se tema que el asunto tenga repercusiones sociales negativas, y que, aunque se celebren a puerta cerrada, la sentencia y la pena deberán publicarse. La publicación de las decisiones judiciales es un medio importante para que la sociedad esté más al tanto de los procedimientos judiciales a fin de que los tribunales sean más responsables y los procesos sean justos y democráticos, y para despertar en el pueblo el espíritu de respeto de la ley para prevenir el delito.

El derecho de toda persona a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad

88.Los artículos 242 y 246 de la Ley de procedimiento penal disponen que una vez se haya descubierto toda la verdad de un asunto sobre la base de pruebas científicas examinadas a fondo, el tribunal pronunciará su fallo de conformidad con la ley. Esas disposiciones permiten que incluso los acusados de delito penal tengan derecho a que se presuma su inocencia y a que se les trate como tal mientras no se pruebe su culpabilidad. La regla 5 del Reglamento de administración de los centros de detención estipula: "La institución que administra un centro de detención deberá considerar inocentes y tratar como tales a los detenidos que no hayan sido condenados".

Derechos del acusado ante un tribunal de justicia

89El acusado tiene derecho a ser informado de la acusación contra él y de la posible pena. En virtud del artículo 198 de la Ley de procedimiento penal, tiene derecho a recibir y leer una copia del acta de acusación tres días antes del juicio.

90.La persona acusada de un delito tiene derecho a elegir un abogado defensor, consultarlo y pedirle su asistencia en cualquier instante, una vez que el juez de instrucción le haya informado de la decisión de procesarla, en virtud de los artículos 83, 169 y 174 de la Ley de procedimiento penal.

91.En virtud del artículo 189 de la Ley de procedimiento penal, una vez asignado el caso, el tribunal tendrá un mes para hacer justicia. Por consiguiente, toda persona acusada de delito será investigada o juzgada sin dilaciones indebidas.

92.El acusado siempre se halla presente en el proceso y se defiende personalmente o con la asistencia de un defensor de su elección.

a)El artículo 205 de la Ley de procedimiento penal dice así: "El acusado se hallará presente en el proceso". Serán nulas las decisiones pronunciadas en su ausencia.

b)En la República Popular Democrática de Corea los letrados están organizados en el Colegio de Abogados, que tiene comités centrales, en la provincia (o municipio dependiente directamente de la autoridad central) y en otros lugares, según proceda, y oficinas o centros de asesoramiento dependientes de ellos. El acusado podrá defenderse personalmente o ser asistido de un defensor. Si no escoge un defensor, el tribunal podrá consultar al Colegio de Abogados y nombrar un defensor de oficio, gratuitamente, con arreglo al artículo 172 de la Ley de procedimiento penal, sin tener en cuenta si carece de medios para pagarlo. Si es juzgado sin la asistencia de un abogado defensor, sin haber renunciado a su derecho a ser asistido por uno, el fallo no tendrá validez.

93.El acusado podrá pedir la comparecencia de testigos de descargo e interrogarlos. El artículo 219 de la Ley de procedimiento penal garantiza este derecho.

94.Cuando no hable o no comprenda el coreano, será asistido gratuitamente por un intérprete. El artículo 159 de la Constitución dice así: "Los procedimientos judiciales se llevarán a cabo en coreano. Los extranjeros podrán hablar su propio idioma en el tribunal". De conformidad con el artículo 14 de la Ley de procedimiento penal, quien no domine el coreano será asistido por un intérprete y los extranjeros podrán escribir y someter documentos en el caso en su propio idioma. Los servicios del intérprete serán gratuitos.

95.El acusado no será obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Véase el párrafo 41 del presente informe.

Procedimientos especiales aplicables a los menores delincuentes

96.Los menores delincuentes reciben un tratamiento especial de acuerdo con su edad y futuras posibilidades. El artículo 11 del Código Penal estipula: "Sólo serán sancionados los delincuentes que tengan más de 14 años en el momento de cometer el delito. Los que tengan 14 a 16 años, podrán ser sometidos a medidas de educación pública". Según esta disposición, se adoptan medidas de educación pública con respecto a los escasos menores delincuentes, en virtud de las cuales los padres o la institución de enseñanza correspondiente corren con los gastos de educación y reforma. De conformidad con el artículo 23 del Código Penal, no podrá imponerse la pena capital a quien tenga menos de 18 años en el momento de cometer un delito.

Derecho de recurso

97.El artículo 251 de la Ley de procedimiento penal estipula que cuando el acusado y el abogado defensor no estén de acuerdo con el primer fallo condenatorio, podrán recurrir a un tribunal superior y que, si el recurso es admisible, no se cumplirá el fallo. El artículo 252 estipula que el recurso deberá presentarse en un plazo de 10 días contados desde la fecha de recepción de copia escrita del fallo condenatorio y la pena. Esta es la única restricción del derecho de recurso.

98.El tribunal superior al que se someta el recurso lo examina en el plazo de un mes contado desde la fecha de su recepción, como dispone el artículo 260 de la Ley de procedimiento penal.

99.En caso de desavenencia con la sentencia firme o la pena, podrá presentarse un recurso extraordinario al Tribunal Central, que es el órgano supremo, conforme a lo establecido en la Ley de procedimiento penal.

Derecho de indemnización

100.De conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 3 del Reglamento de indemnización por sanción penal ilegítima, será indemnizado quien haya sido detenido ilegalmente y sea declarado inocente en la primera vista, y quien haya sido detenido o condenado a trabajos forzados en la primera vista y sea declarado inocente en una segunda vista, la vista del recurso extraordinario o una nueva vista. El párrafo 2 de la regla 5 estipula: "Quien haya cumplido ilegalmente pena de trabajo forzados será indemnizado con el salario completo que habría percibido durante la detención ilegal y prisión en la institución de readaptación, menos lo que haya ganado en prisión".

Principio según el cual nadie podrá ser sancionado por un delito respecto del cual se haya pronunciado una sentencia firme

101.En virtud del párrafo 5 del artículo 12 de la Ley de procedimiento penal, nadie será juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya haya sido condenado o absuelto.

Artículo 15 ‑ Duración de la vigencia de las leyes penales

102.El artículo 8 del Código Penal estipula: "Los delincuentes serán sancionados de conformidad con las leyes penales vigentes en el momento de la comisión del delito. No obstante, el Código Penal es aplicable en los casos en que actos que se consideraban delictivos con arreglo a leyes penales anteriores ya no se consideren así en el presente Código Penal y en los casos en que éste haya reducido la pena prescrita en una ley anterior". Con arreglo a esta disposición, el principio fundamental que determina la duración de la vigencia de las disposiciones de las leyes penales es que las leyes no son retroactivas, pero pueden ser aplicables retroactivamente en algunos casos. Las leyes son aplicables retroactivamente incluso a los condenados.

Artículo 16 ‑ Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

103.El artículo 19 del Código Civil estipula: "La capacidad civil del ciudadano es innata y sólo se extingue con la muerte de la persona. Todo ciudadano tiene igual capacidad civil. A menos que lo disponga la ley, nadie podrá restringir la capacidad civil de otra persona". De conformidad con esta disposición, todas las personas tienen igual derecho, desde su nacimiento, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17 ‑ Protección de la vida privada

104.El artículo 78 de la Constitución dispone: "El Estado cuidará de consolidar la familia, unidad básica de la vida social" y el artículo 79: "Se garantiza a los ciudadanos la inviolabilidad de la persona y del domicilio y el secreto de la correspondencia". De conformidad con estas disposiciones, todos los ciudadanos tienen derecho a la protección de su familia, su domicilio, su vida privada y su correspondencia.

105.El artículo 3 del Código de la Familia dispone: "La familia es la unidad básica de la sociedad. El Estado hace hincapié en la necesidad de consolidar la familia". La familia es la unidad básica de la vida humana, en la que conviven parientes próximos como la pareja, los padres y los hermanos. La familia goza de la protección del Estado.

106.Se garantiza la inviolabilidad del domicilio, lugar de convivencia de la familia o de residencia del individuo. No será lícito registrar el domicilio a menos que así lo disponga la Ley de procedimiento penal, cuyo artículo 130 dice así: "Sólo podrá realizarse un registro cuando existan motivos suficientes para sospechar que el delincuente se ha ocultado o que allí se encuentran objetos o documentos necesarios para aclarar los hechos". Aunque existan esos motivos, el fiscal deberá autorizar el registro y la incautación, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de procedimiento penal. Sólo cuando se detenga a alguien en flagrante delito, se justificará el registro de su persona o de su domicilio sin autorización del fiscal.

107.Están prohibidas las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de los ciudadanos. No existe un sistema legal para reunir, conservar y utilizar documentos relacionados con la vida privada de los ciudadanos. También en los asuntos penales, se protege la vida privada de la persona. El artículo 137 de la Ley de procedimiento penal dice así: "En los casos en que durante el registro se descubra un secreto personal que no guarde relación alguna con el asunto penal, habrá que velar por que no se divulgue". En virtud del artículo 16 de la misma ley, un juicio podrá celebrarse total o parcialmente a puerta cerrada cuando exista el peligro de divulgación de un secreto nacional o personal.

108.El Estado garantiza plenamente el secreto de la correspondencia. El artículo 22 de la Ley de comunicaciones establece: "Las instituciones o empresas de comunicaciones regularizarán el servicio de comunicación postal y garantizarán la precisión y el refinamiento cultural de las comunicaciones, así como el secreto de la correspondencia". Nadie será objeto de injerencias en sus cartas, paquetes postales o demás correspondencia. Cuando un investigador o un juez de instrucción necesite incautarse de cartas o telegramas para dar con un delincuente o aclarar los hechos, deberán tener motivos fundados y la autorización del fiscal. En virtud del artículo 135 de la Ley de procedimiento penal, la incautación de cartas y telegramas a cargo del servicio de correos deberá realizarse en presencia de un funcionario de este servicio. También se garantiza el secreto de las telecomunicaciones.

109.Los ciudadanos pueden denunciar las injerencias en su familia, su domicilio, su vida privada y su correspondencia personal en virtud del artículo 69 de la Constitución. Las denuncias de conculcación de derechos se tramitan de conformidad con los procedimientos establecidos y dentro de los plazos prescritos en la Ley de denuncias y peticiones. En virtud del artículo 162 de la Ley de procedimiento penal, podrán denunciarse al fiscal las violaciones cometidas al tramitar casos penales como el allanamiento de morada o la incautación de correspondencia. El fiscal examinará la denuncia con prontitud y precisión, la resolverá en un plazo de tres días y notificará el resultado al denunciante.

Protección de la honra y la dignidad

110.Independientemente de los medios empleados (expresión oral o escrita, gestos, dibujos, etc.), las leyes prohíben insultar a una persona u ofender su honra. Insultar a otra persona u ofender su honor se considera delito y se castiga de conformidad con el artículo 152 del Código Penal, si es grave.

Artículo 18 ‑ Libertad de religión

111.El artículo 68 de la Constitución dice así: "Los ciudadanos gozarán de la libertad de religión. Este derecho se garantiza mediante la autorización de construir edificios de carácter religioso y la posibilidad de adoptar las creencias que se deseen". Por consiguiente, los ciudadanos gozan de la libertad de tener las creencias de su elección, de construir edificios o estructuras religiosos, de celebrar o no ceremonias religiosas individual o colectivamente, tanto en público como en privado, de organizar asociaciones religiosas y realizar actividades y de enseñar la religión, entre otras cosas.

112.No existe limitación alguna de la organización de asociaciones religiosas ni la realización de actividades religiosas en virtud del párrafo 2 del artículo 67 de la Constitución, que dispone que los partidos políticos democráticos y las organizaciones públicas tienen la libertad de realizar actividades. Actualmente en la República Popular Democrática de Corea existen la Federación de Cristianos de Corea, la Federación de Budistas de Corea, la Asociación Coreana de Católicos Romanos, el Comité Directivo Central de los Seguidores del Chondogyo de Corea y la Asociación de Creyentes de Corea.

113.Las organizaciones religiosas de la República Popular Democrática de Corea publican sus doctrinas y preceptos. Recientemente se han publicado entre otros libros, "Las Escrituras del Chondogyo", "Revista del Chondogyo", "El Budismo en la República Popular Democrática de Corea", "El Nuevo Testamento", "El Antiguo Testamento", "Himnos", "Elección y Práctica", "Estudiemos el Catolicismo", "la Vida Religiosa" y "El Libro Católico de Oración".

114.El Estado respeta la vida y las ceremonias religiosas. Los creyentes son libres de construir edificios o centros religiosos y practicar la religión y el culto que les dicte su fe.

115.En la República Popular Democrática de Corea, la religión es totalmente independiente del Estado y todas las religiones son iguales. No se interfiere en los asuntos de ninguna creencia ni son discriminadas y los ciudadanos tienen la libertad de adoptar la religión de su elección.

116.Las organizaciones religiosas administran instituciones de formación religiosa. El Comité Central de la Federación de Cristianos de Corea dirige la Escuela de Teología de Pyongyang; el Comité Central de la Federación de Budistas de Corea, la Escuela de Budismo y el Comité Directivo Central de los Seguidores del Chondogyo de Corea, la Escuela Secundaria de Chondogyo; el Comité Central de la Asociación Coreana de Católicos Romanos también instruye a los alumnos. En 1989, el Estado estableció el Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad Kim Il Sung, en atención al deseo de algunos padres de familia.

Artículo 19 ‑ Libertad de expresión y de prensa

117.Todos los ciudadanos gozan de la libertad de opinión y de expresión. El artículo 67 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley de la prensa garantizan esta libertad. El artículo 67 de la Constitución estipula "Se garantizará a los ciudadanos la libertad de expresión, de prensa…" y el artículo 6 de la Ley de la prensa estipula "Los ciudadanos tendrán la libertad de participar en actividades creativas o de redacción".

118.De conformidad con el artículo 48 de la Ley de la prensa y su normativa y con los artículos 46 y 152 del Código Penal, está prohibido la expresión de ideas cuyo objeto sea, por ejemplo, animar a otros a que intenten derrocar, desestabilizar o destruir al Estado, revelar secretos de Estado con el fin de perjudicar gravemente la seguridad del Estado y el orden público, o insultar a otros o mancillar su honor.

119.En la República Popular Democrática de Corea funcionan diversos organismos de información y prensa. Entre los organismos de información figuran las oficinas de periódicos nacionales y locales como el Rodong Sinmun, la Agencia Central de Información de Corea y el Comité de Radio y Televisión de Corea. Además, entre los órganos de prensa hay decenas de editoriales, entre las que cabe citar la Editorial del Partido de los Trabajadores de Corea, el Grupo de Edición Extranjera, la Editorial Juvenil Kumsong, el Grupo de Edición Científica y Enciclopédica, la Editorial Industrial, la Agencia de Información Científica y Tecnológica, la Editorial de las Organizaciones de los Trabajadores, la Editorial de Literatura y Arte, la Editorial Agrícola, la Editorial del Ferrocarril, la Editorial de la Enseñanza Superior, la Editorial de Libros de Texto y la Editorial de Libros en Lengua Extranjera. También hay centenares de revistas como "Kunroja", "Chollima", "Juventud", "El Estudiante", "Nueva Generación", "Cinematografía Coreana" o "Ciencia de la Historia". Todos los años aparecen miles de publicaciones de diversos tipos, que ascienden a un total de mil millones de copias. Cada año, decenas de millones de copias de más de 400 publicaciones se dedican a los jóvenes y los estudiantes.

120.El Estado ofrece a los periodistas las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo. El artículo 23 de la Ley de la prensa estipula: "La institución, empresa u organización interesada ofrecerá a los periodistas y editores las condiciones necesarias para buscar noticias". Los periodistas viajan por todo el territorio de la República para entrevistar a quien sea necesario para informar al público. Los periodistas extranjeros también tienen la libertad de buscar y difundir informaciones de conformidad con el Reglamento sobre las actividades de los periodistas extranjeros en la República Popular Democrática de Corea.

121.El uso de publicaciones extranjeras está muy extendido. Los órganos del Estado, en particular el Órgano de Gestión de la Ciencia y la Tecnología y la Corporación de Exportación e Importación de Publicaciones, así como empresas u organizaciones, importan el material impreso que necesitan para realizar sus actividades. Asimismo, se presta mucha atención a la traducción y distribución de publicaciones extranjeras. Cada año las editoriales traducen un gran número de obras de autores de fama mundial. En los últimos años, se han publicado decenas de millones de copias de obras selectas de la literatura universal y de literatura infantil, así como de las obras de escritores y poetas de distintos países y de libros infantiles como las colecciones de historietas o cuentos de hadas y libros ilustrados.

122.El Estado no tolera la expresión de ideas que vulneren gravemente la honra y la dignidad ajenas o la seguridad del Estado y el orden público. En virtud del artículo 48 de la Ley de la prensa y su normativa, se interrumpirá la producción, publicación, difusión, exportación e importación de todo material impreso que pueda atentar contra el honor o la dignidad de otros o contra la seguridad del Estado y el orden público.

Artículo 20 ‑ Prohibición de la propaganda en favor de la guerra

123.La propaganda destinada a fomentar la guerra de agresión está prohibida por ley en la República Popular Democrática de Corea. En virtud del artículo 17 de la Constitución, el Gobierno se opone a toda guerra de agresión. En ningún caso es lícito propugnar una guerra de agresión.

124.Se prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Todos los ciudadanos y los extranjeros que residen o permanecen legalmente en el país disfrutan de iguales derechos sin tener en cuenta su nacionalidad, raza o religión. Se considera una usurpación del derecho a la igualdad la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia atizando los prejuicios nacionales, raciales o religiosos.

Artículo 21 ‑ Derecho de reunión pacífica

125.De conformidad con el artículo 67 de la Constitución, los ciudadanos tienen la libertad de reunirse y de manifestarse. Quien desee organizar una reunión o manifestación deberá notificar al comité popular y al órgano de seguridad pública del distrito que corresponda con tres días de antelación, con arreglo al Reglamento sobre las garantías de reunión y manifestación pública. En la notificación deberán especificar por escrito el objetivo, la fecha, la hora, el lugar, los organizadores y la magnitud de la reunión o manifestación.

126.El comité popular y el órgano de seguridad pública notificados dispondrán las condiciones para que tenga lugar la reunión o la manifestación y contribuirán a mantener el orden. Si una reunión o manifestación impide mantener la seguridad del Estado y el orden público, podrá ser reprimida mediante los procedimientos y métodos establecidos en la Ley de seguridad pública.

Artículo 22 ‑ Libertad de asociación

127.El artículo 67 de la Constitución dispone que los ciudadanos tienen la libertad de asociarse y que el Estado garantizará las condiciones necesarias para la realización de las actividades de los partidos políticos democráticos y de las organizaciones públicas.

128.Quien desee organizar una asociación pública democrática deberá inscribirla en el registro del Gabinete con 30 días de antelación. En el documento de solicitud de inscripción deben constar el objetivo, el número de miembros, el organigrama, la fecha de fundación y el nombre del presidente, entre otras cosas, y deberá adjuntarse el texto completo del reglamento. La disolución deberá notificarse por escrito al Gabinete a fin de que quede inscrita. En la notificación deben constar el motivo y la fecha de la disolución y las disposiciones que se hayan adoptado con respecto al capital y los bienes de la organización, y así sucesivamente. El objeto de estos procedimientos no es entorpecer ni restringir la libertad de fundar organizaciones públicas democráticas, sino simplemente conocer las circunstancias y prestar la asistencia estatal necesaria. Existen decenas de organizaciones públicas democráticas, entre las que figuran los diversos sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, la Federación de la Juventud, la Federación de Mujeres, la Federación General de Sindicatos de Literatura y Arte, la Asociación Democrática de Letrados, la Federación de Cristianos, la Federación de Budistas, el Comité Pacífico contra la Energía Nuclear y el Comité de Solidaridad Afroasiática.

129.En la República Popular Democrática de Corea no hay una legislación específica para la organización de partidos políticos, ya que los partidos existentes han permanecido activos durante más de 50 años desde que fueron creados antes de la fundación de la República y actualmente no hay ninguna necesidad de formar un nuevo partido. Entre los partidos políticos existentes cabe citar el Partido de los Trabajadores de Corea, el Partido Socialdemócrata de Corea y el Partido Chondoísta Chongu de Corea.

130.El Estado fomenta el establecimiento de organizaciones de promoción de los derechos humanos. El procedimiento para ello es idéntico al de las organizaciones públicas generales de reglamentación administrativa (véase el párrafo 128). Actualmente, existen organismos de derechos humanos como el Instituto de Estudio de los Derechos Humanos, la Asociación de Asistencia a las Personas con Discapacidad, el Colegio de Abogados y la Asociación Democrática de Letrados, entre otros. Los diversos sindicatos, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, la Federación de Mujeres, la Federación General de Sindicatos de Literatura y Arte, el Comité de Solidaridad Afroasiática y otras organizaciones públicas también realizan actividades relacionadas con los derechos humanos.

131.Existen dos tipos de sindicatos. Uno lo constituyen los sindicatos de las instituciones, fábricas, empresas o cooperativas estatales; el otro, los sindicatos de la empresa privada, a saber, las empresas extranjeras. Los primeros desempeñan el papel de organizaciones políticas. Ello se debe a que los trabajadores de las instituciones, fábricas, empresas o cooperativas estatales no son contratados por la dirección sino que son ellos los directores y no necesitan concertar contratos colectivos ni luchar contra los propietarios para proteger su derecho a trabajar. Sin embargo, los empleados de las empresas privadas, a saber, las empresas extranjeras, fundan sus propios sindicatos con arreglo al artículo 21 de la Ley de empresas extranjeras a fin de proteger sus derechos e intereses de conformidad con las leyes y los reglamentos laborales, celebran contratos colectivos y velan por que se les dé efecto.

132.Si una organización pública o sindicato pone en peligro grave la seguridad del Estado o el orden público, se prohíbe la organización y sus actividades.

Artículo 23 - Protección de la familia y derecho a contraer matrimonio

133.El artículo 78 de la Constitución estipula: "El matrimonio y la familia estarán protegidos por el Estado". En virtud de esta disposición, los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio y la familia está protegida por el Estado.

Protección de la familia

134.En virtud del artículo 3 del Código de la Familia, ésta, que constituye la unidad básica de la sociedad, goza de la protección del Estado. En la República no se encuentran familias en que la pareja no haya registrado su matrimonio ya que, en virtud del párrafo 2 del artículo 11 del Código de la Familia, no se reconoce el matrimonio que no está inscrito oficialmente. Los niños nacidos fuera del matrimonio se encuentran en las mismas condiciones respecto a sus padres que los hijos del matrimonio, en virtud del artículo 25 del Código de la Familia. El Estado protege tanto a las familias monoparentales y las familias con hijos adoptivos como a las familias biparentales y las familias con hijos propios.

135.La República Popular Democrática de Corea cuida de la protección de la familia.

a)El Código de la Familia establece normas para la consolidación de la familia. El artículo 15 dispone que la consolidación de la familia es garantía del desarrollo adecuado de la sociedad y prescribe el deber del ciudadano de velar por el desenvolvimiento armonioso de la familia. El Código subraya las relaciones sanas entre las personas de la familia: marido y mujer, padres e hijos, padres adoptivos e hijos adoptivos, abuelos y nietos huérfanos, y hermanos y hermanas. El artículo 37 dispone que proveerá a las necesidades de los menores de edad o de quien esté incapacitado para trabajar un miembro de la familia que pueda hacerlo y que, en caso de que no pueda hacerlo alguien dentro de la familia, lo hará una persona de la familia que no resida con ella, ya se trate de los padres, los hijos, los abuelos, los nietos o los hermanos.

b)Se han adoptado políticas populares de protección de la familia. La familia es la unidad en que el Estado basa sus políticas para proporcionar a todos los trabajadores las condiciones necesarias para su alimentación, vestido y vivienda, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución. La regla 6 del Reglamento sobre el suministro nacional de alimentos establece que el Estado proporciona alimentos a las personas de la familia que trabajan, los menores y las demás personas de la familia que dependen legalmente de las que trabajan. Por otra parte, el Estado proporciona a los trabajadores vivienda gratuita y adopta diversas medidas prácticas para que la vida de la familia sea estable.

Derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia

136.El artículo 9 del Código de la Familia dice así: "En la República Popular Democrática de Corea, la edad mínima para el matrimonio son los 18 años para los varones y los 17 años para las mujeres". El artículo 8 dice así: "Los ciudadanos tienen derecho a contraer matrimonio libremente. El matrimonio se celebrará entre un varón soltero y una mujer soltera". En la República Popular Democrática de Corea, el matrimonio es libre y se basa en el amor verdadero y en el libre consentimiento de los contrayentes. La ley prohíbe obligar a contraer matrimonio por dinero u otros factores o sin el pleno consentimiento de los contrayentes.

137.En la República Popular Democrática de Corea, el matrimonio debe seguir los procedimientos prescritos por ley para tener validez. El artículo 11 del Código de la Familia estipula: "El matrimonio sólo quedará reconocido legalmente y estará protegido por el Estado una vez que se haya inscrito debidamente en el registro. Si no se ha inscrito, estará prohibida la vida conyugal". Los coreanos que viven en el extranjero inscriben su matrimonio en un consulado de la República Popular Democrática de Corea, o, si no hay un consulado, en la oficina pertinente del país de que se trate, de conformidad con el artículo 12 del Código de la Familia.

138.No se ha establecido por ley ninguna ceremonia que dé validez al matrimonio. Los creyentes podrán celebrar el matrimonio según sus creencias, pero también tienen que inscribirlo.

139.El Estado establece restricciones legales al matrimonio. El artículo 13 del Código de la Familia estipula: "El matrimonio que contravenga los artículos 8 a 10 del presente Código se considerará nulo. Los tribunales podrán declararlo inválido". De conformidad con esta disposición, se consideran nulos los matrimonios atípicos como el matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de los contrayentes, el de quien ya tenga esposa o marido, el de menores, el matrimonio entre parientes consanguíneos hasta el tercer grado o parientes políticos hasta el primer grado. Los tribunales deciden la invalidación del matrimonio. En virtud del artículo 14 del Código, el matrimonio invalidado se considera como si nunca se hubiera celebrado. No obstante, el cuidado de los hijos nacidos de estos matrimonios se regirá por los mismos procedimientos que en caso de divorcio.

140.El Estado concede a quien haya contraído matrimonio y fundado una familia el derecho a tener hijos y a vivir juntos. El Estado no ha adoptado ninguna disposición legal para el control de la natalidad.

Igualdad de derechos y deberes de los esposos

141.El Estado reconoce la igualdad de derechos de los esposos en cuanto a la adquisición o pérdida de la nacionalidad y la conservación del nombre y del apellido. El artículo 11 de la Ley de ciudadanía dice así: "No se perderá la nacionalidad de la República Popular Democrática de Corea por el matrimonio, el divorcio, la adopción o su disolución". En virtud del artículo 17 del Código de la Familia, tanto el marido como la mujer conservan su nombre completo y pueden elegir su profesión según sus deseos y conocimientos, así como participar en la vida social y política.

142.El artículo 18 del Código de la Familia dispone: "El marido y la mujer tendrán iguales derechos dentro de la familia". En virtud del artículo 19, el marido y la mujer tienen la obligación de mantener a su cónyuge si éste pierde la capacidad de trabajar. De conformidad con los artículos 27 y 28, ambos cónyuges están igualmente obligados, en calidad de padres, a asumir la responsabilidad y el cuidado diario de la salud y el desarrollo físico de los hijos, así como de su educación. Además, el marido y la mujer tienen iguales derechos y deberes en la gestión de sus bienes y los quehaceres del hogar.

143.Los esposos tienen iguales derechos y deberes frente a la disolución del matrimonio. El artículo 20 del Código de la Familia estipula: "Las relaciones conyugales terminarán con el divorcio. Sólo los tribunales podrán declarar el divorcio". El divorcio tiene lugar cuando el matrimonio no puede seguir por la falta de uno de los cónyuges al amor y la confianza o por cualquier otro motivo. Después que un tribunal pronuncie el divorcio, se inscribirá en el registro civil.

144.Al divorciarse el matrimonio, se decidirá quién cuida de los hijos con el consentimiento de ambas partes, teniendo en cuenta el interés de los hijos, o lo decidirá el tribunal, si no se llega a ningún acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 22 del Código de la Familia. De los niños menores de 3 años suele hacerse cargo la madre, si nada se opone a ello. El artículo 23, dispone que quien se haga cargo de los hijos tendrá derecho a pedir a la otra parte una pensión hasta que tengan edad de trabajar. La pensión se determinará de acuerdo con el número de hijos, entre el 10 y el 30% de los ingresos mensuales.

Artículo 24 - Protección del niño

145.La Constitución establece la protección de los derechos del niño al disponer, entre otras cosas, la formación de las nuevas generaciones para que tengan amplios conocimientos, un elevado sentido de la virtud y un cuerpo sano (art. 45); la educación gratuita de todos los alumnos (art. 47); el cuidado de los niños en edad preescolar en guarderías y escuelas de párvulos por cuenta del erario público (art. 49); la consolidación y el fomento del sistema de asistencia médica universal y gratuita (art. 56) y la especial protección de madres e hijos (art. 77). La Ley de educación y crianza del niño, la Ley de salud pública, el Código Civil y el Código de la Familia establecen diversas medidas de protección de los derechos del niño. El Estado protege los derechos del niño exigiendo a las instituciones, empresas y organizaciones que observen y apliquen estrictamente las leyes.

146.Por lo que pertenece a los cargos penales, el Estado ha adoptado medidas para la especial protección de los niños en virtud del Código Penal, teniendo en cuenta su condición de menores. De conformidad con el artículo 11 del Código Penal, en vez de sanciones, se impondrán medidas de educación pública a los menores delincuentes, bajo la responsabilidad de sus padres y de las instituciones de enseñanza correspondientes.

147.Se han adoptado medidas legislativas para apartar a los menores de la delincuencia. En virtud del artículo 132 del Código Penal, quien incite a un menor a cometer un delito o a tomar parte en él y, por consiguiente, a convertirse en delincuente, será recluido en una institución de readaptación social.

148.El Estado ha adoptado la política de formar a la niñez con cargo al erario público. El artículo 2 de la Ley de educación y crianza del niño dice así: "La República Popular Democrática de Corea forma a todos los niños en guarderías y escuelas de párvulos con cargo al erario público". Ello significa que todos los niños de la República tienen derecho a ser atendidos y educados en guarderías y escuelas de párvulos, lo cual no es en ningún modo obligatorio. El artículo 3 estipula: "Aun en edad de acudir a una guardería, los padres pueden criar a sus hijos en el hogar. No obstante, la enseñanza preescolar que se imparte en el último año de la escuela de párvulos es tanto un deber como un derecho, porque forma parte de los 11 años de enseñanza obligatoria". En virtud del artículo 16, se proveen en la guardería y la escuela de párvulos varios alimentos procesados y nutritivos, por ejemplo, leche, carne, huevos, frutas, verduras, dulces y galletas, por cuenta del Estado y de cooperativas.

149.Los niños desvalidos tienen derecho a asistencia material. El artículo 18 de la Ley de educación y crianza del niño dispone: "El Estado criará en casas cunas y orfanatos a los niños huérfanos". Después de las casas cuna y los orfanatos, ingresarán en hospicios por cuenta del Estado para hacer los 11 años de estudio obligatorios hasta que tengan edad de trabajar. El Estado ha adoptado la medida de crear escuelas especiales para hijos adoptivos en cada provincia (o municipio dependiente directamente de la autoridad central) y de matricular a los que estén en edad de asistir a la escuela primaria o la media superior y no se llevan bien con sus padres para que sean atendidos y hagan los 11 años de estudio obligatorios por cuenta del erario público.

150.El artículo 15 del Código del Trabajo dispone: "En la República Popular Democrática de Corea la edad mínima de admisión al trabajo son los 16 años. El Estado prohíbe el trabajo de los niños de menos de esta edad ". La edad mínima de admisión al empleo se ha decidido sobre la base de que los niños terminan los 11 años de enseñanza obligatoria a los 16 años e inician la enseñanza superior o se incorporan plenamente a la comunidad. Los que eligen esto último reciben un año de capacitación profesional. De conformidad con el Reglamento de las escuelas de capacitación profesional, las fábricas y empresas crean escuelas de formación profesional independientes o por sectores, granjas o escuelas profesionales del municipio o condado a fin de que los recién graduados que se incorporan a la comunidad adquieran conocimientos técnicos y aprendan a trabajar sin riesgos por cuenta del erario público por un máximo de un año antes de comenzar a trabajar. El reglamento dispone que los alumnos de las escuelas de capacitación profesional no podrán comenzar a trabajar antes de terminar sus estudios. Así pues, aunque por ley la edad mínima para trabajar son los 16 años, realmente se empieza a los 17 años.

Derecho a la inscripción después del nacimiento y a un nombre

151.El artículo 9 de la Ley de inscripción de los ciudadanos dice así: "La inscripción se llevará a cabo en un plazo de 15 días después del nacimiento". La solicitud de inscripción se presenta al órgano de seguridad pública del lugar de residencia. Se expide un certificado de nacimiento a nombre del niño inscrito.

152.Todo niño tiene derecho a un nombre. El artículo 26 del Código de la Familia estipula: "El niño llevará el apellido del padre. Cuando no sea posible, llevará el apellido de la madre. La oficina de administración de la población decidirá el apellido de los hijos de padres desconocidos".

Derecho a una nacionalidad

153.Todo niño nace con el derecho a adquirir una nacionalidad. En virtud del artículo 5 de la Ley de ciudadanía, ésta se concede por nacimiento a los hijos de ciudadanos de la República o de un ciudadano y de un extranjero o apátrida residentes en la República y a los niños nacidos en la República de padres desconocidos. En virtud del artículo 7, la nacionalidad de un niño nacido de un ciudadano de la República y de extranjero que vivan en el extranjero, se determinará de la forma siguiente: si el niño es menor de 14 años, se determinará de acuerdo con la intención expresa de sus padres, y, en caso de que éstos sean desconocidos, de acuerdo con la del tutor. Si el niño tiene más de 14 años, se determinará según la intención expresa de sus padres con el consentimiento del menor y, en ausencia de los padres, según la intención expresa del tutor con el consentimiento del menor. Si en este caso la intención del menor se contradice con la de sus padres o su tutor, se respetará la intención expresa del menor.

154.Para más detalles acerca de la aplicación de este artículo relativo a los derechos del niño, véase el informe inicial de la República Popular Democrática de Corea (CRC/C/3/Add.41), que fue examinado en las sesiones 458ª a 460ª del Comité de los Derechos del Niño, los días 20 y 22 de mayo de 1998.

Artículo 25 - Participación en la vida pública

Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos

155.Todos los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea disfrutan del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, si lo desean, a través de las asambleas populares, en particular la Asamblea Popular Suprema. El artículo 4 de la Constitución estipula: "La soberanía de la República Popular Democrática de Corea reside en los obreros, los agricultores, los intelectuales que trabajan y todos los demás trabajadores. Los trabajadores ejercen el poder a través de sus órganos representativos ‑la Asamblea Popular Suprema y las asambleas populares locales". La Asamblea Popular Suprema y las asambleas populares locales son los auténticos órganos de representación del pueblo. Están integrados por diputados, que son los representantes del pueblo elegidos sobre la base de principios democráticos. Los diputados a la Asamblea Popular Suprema y a las asambleas populares locales se encargan de servir al pueblo. Las asambleas populares están constituidas por dirigentes de los partidos políticos, funcionarios de organizaciones públicas u órganos del poder del Estado, soldados, trabajadores destacados de las fábricas, empresas y cooperativas agrícolas, personas empleadas en los ámbitos de la ciencia, la educación, la salud pública, la literatura y el arte, creyentes y otros representantes de todos los sectores sociales. Entre los diputados a la Asamblea Popular Suprema figuran los trabajadores de la Asociación General de Residentes Coreanos en el Japón (Chongryon) y sus organizaciones afiliadas. El 31,3 y el 9,3% de los diputados de la Décima Asamblea Popular Suprema, elegida en 1998, son trabajadores industriales y miembros de cooperativas agrícolas, respectivamente. Los diputados a todos los órganos del poder estatal mantienen estrechos vínculos con sus electores y deben rendirles cuentas de su actuación, según se dispone en el artículo 7 de la Constitución. Los electores siempre podrán exigir la destitución de los diputados que hayan elegido si pierden confianza en ellos.

El derecho a votar y a ser elegidos

156.Todos los ciudadanos gozan del derecho a votar y a ser elegidos. El artículo 66 de la Constitución establece: "Todos los ciudadanos que hayan cumplido 17 años tendrán derecho a votar y a ser elegidos, sin tener en cuenta su sexo, su raza, ocupación, tiempo en el domicilio, situación económica, educación, afiliación a un partido, opiniones políticas o religión. Los ciudadanos que son miembros de las fuerzas armadas también tienen derecho a votar y a ser elegidos". El artículo 2 de la Ley de elección de diputados, como expresión de esta disposición constitucional, dispone que los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea que vivan en otros países también tendrán derecho a ser elegidos a la Asamblea Popular Suprema y, si las elecciones lugar durante su estancia en el país, podrán votar si lo desean. Todos los ciudadanos gozan de efectiva protección contra la discriminación por cualquier motivo como sexo, nacionalidad, ocupación, tiempo en el domicilio, situación económica, educación, la afiliación a un partido, opiniones políticas o fe religiosa, en el ejercicio de su derecho a votar y a ser elegidos. De los 687 diputados de la Décima Asamblea Popular Suprema, 20,1% son mujeres; 7,6%, miembros del Partido Socialdemócrata; 3,4%, miembros del Partido Chondoísta Chongu, y 1,5%, ciudadanos independientes.

157.De conformidad con el párrafo 3 del artículo 66 de la Constitución, quien haya perdido su derecho de voto por orden judicial y quien sea declarado demente no tendrán derecho a votar ni a ser elegidos.

158.Los comicios están basados en el principio del sufragio universal, igual y directo por voto secreto. El artículo 6 de la Constitución dice así: "Los diversos órganos del poder estatal, desde la asamblea popular del condado hasta la Asamblea Popular Suprema, se eligen sobre la base del principio del sufragio universal, igual y directo por voto secreto". La Ley sobre la elección de diputados es una expresión de esa disposición constitucional. De conformidad con el artículo 3 de la ley, la elección de las asambleas populares se basa en el principio de la igualdad. Cada elector emite un voto y cada voto tiene la misma validez. Con arreglo al artículo 4, las elecciones son directas. Los ciudadanos que tienen derecho a votar eligen a los diputados a cada asamblea popular por voto directo. Nadie ejerce el derecho a votar en lugar de otra persona. De conformidad con el artículo 5, el voto es secreto. Se garantiza a los electores la libertad de votar a favor o en contra. Nadie puede preguntar a los electores por quién han votado, presionarlos ni tomar represalias en su contra. De conformidad con la ley, los comités electorales compuestos de personas de todos los sectores de la población, recomendadas por los partidos políticos y las organizaciones públicas, dirigen la elección de todas las asambleas populares.

159.Los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea tienen derecho a votar y a ser elegidos periódicamente de conformidad con la ley. El artículo 90 de la Constitución estipula lo siguiente: "La Asamblea Popular Suprema es elegida por un mandato de cinco años" y el artículo 133: "El mandato de la Asamblea Popular de la provincia (o municipio dependiente directamente de la autoridad central), la ciudad (o distrito) y el condado dura cuatro años". De conformidad con la disposición constitucional, todos los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea participan en la elección de los diputados a la Asamblea Popular Suprema cada cinco años y en la elección de los diputados a las asambleas populares locales cada cuatro años.

Derecho de acceso a las funciones públicas

160.Todo ciudadano tiene derecho, en condiciones de igualdad, a acceder a las funciones públicas de su país. Este derecho se establece en el artículo 65 de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos en todas las esferas de la actividad estatal y pública. Quien haya aprobado las pruebas de aptitud previstas en el Reglamento de examen de funcionarios públicos tendrá derecho a acceder a las funciones públicas.

Artículo 26 - Igualdad ante la ley

161.Todos los ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea son iguales ante la ley y disfrutan, sin discriminación alguna, del derecho a igual protección de la ley. La Constitución y las leyes que la desarrollan garantizan este derecho. El artículo 65 de la Constitución estipula: "Los ciudadanos gozan de iguales derechos en todas las esferas de la actividad estatal y pública". Los ciudadanos de la República ejercen iguales derechos en todas las esferas de la actividad estatal y pública sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A los extranjeros que se encuentran en el territorio de la República también se les garantiza la protección de sus derechos e intereses legítimos sin discriminación alguna, como se estipula en el artículo 16 de la Constitución.

Artículo 27 - Derechos de las minorías

162.La República Popular Democrática de Corea es un país integrado por una sola nación. Por consiguiente, no se plantea la cuestión de las minorías.

-----