IVF = índice de volumen físico

Se está ejecutando un plan de desarrollo estratégico hasta el año 2020, con la finalidad de alcanzar los siguientes indicadores clave: aumentar el PIB en términos reales por lo menos en un tercio con respecto a 2009; reducir la proporción de ciudadanos con ingresos inferiores al nivel de subsistencia hasta el 8% y el desempleo a un nivel por debajo del 5%; reducir la mortalidad en un 30% y aumentar la esperanza de vida de los 68 a los 72 años.

A principios de 2017, el Presidente anunció el comienzo de la tercera modernización del país, que abarca cambios políticos e institucionales, innovaciones en la economía y medidas de sensibilización pública. El proyecto de plan de desarrollo estratégico hasta el año 2025 (en adelante, “el Plan de 2025”) se propone lograr un crecimiento económico acelerado y cualitativo y mejorar la calidad de la vida. Se basa en un nuevo modelo de crecimiento económico centrado en estimular la producción orientada a la exportación aumentando la productividad y la diversidad de la economía, desarrollando el capital humano y atrayendo fondos privados en un contexto de competencia creciente, liderazgo del sector privado y aprovechamiento del potencial de desarrollo de las regiones.

El objetivo general de Kazajstán es lograr un crecimiento económico sostenible y cualitativo hasta 2025, que eleve el bienestar material de la población al nivel de los países de la OCDE, y convertirse en uno de los 30 países desarrollados del mundo. El crecimiento cualitativo de la economía se basará en aumentar la competitividad de las empresas y el capital humano, modernizar la tecnología, mejorar el contexto institucional y reducir al mínimo los efectos negativos del ser humano en el entorno natural. Estas medidas permitirán conseguir que el PIB per cápita ascienda a 18.500 dólares de los Estados Unidos. El logro de los indicadores sociales del Plan de 2025 formará parte de la aplicación del Programa Estatal de Desarrollo de la Educación y la Ciencia para el período 2016-2019, el Programa Estatal de Desarrollo de la Asistencia Sanitaria (Densaulyk) para el período 2016-2019 y el Programa de Desarrollo del Empleo Productivo y el Emprendimiento en Masa para el período 2017-2021, entre otros programas. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo del Empleo Productivo y el Emprendimiento en Masa para el período 2017-2021 pretende colocar a trabajadores por cuenta propia, desempleados y otras personas sin cualificación en el empleo productivo, prevé medidas de capacitación gratuita en masa, en particular para las mujeres, en las ocupaciones que se necesitan en el mercado laboral y crea condiciones favorables para que las mujeres abran y lleven adelante empresas, así como para el empleo en puestos de trabajo fijos y temporales. La proporción de mujeres que participan en el programa es como mínimo del 45% y será al menos del 48% para 2021. Por lo tanto, la aplicación de todos estos programas contribuirá a mejorar el bienestar de la población, en especial de las mujeres.

Parte II. Información sobre la aplicación de los artículos 1 a 16 de la Convención

Artículo 1. Definición de la discriminación contra la mujer

Conforme a la Constitución, Kazajstán es un Estado democrático, laico, social y basado en el estado de derecho, cuyos valores supremos son la persona y su vida, sus derechos y sus libertades. Nadie puede ser sometido a ningún tipo de discriminación por motivos de origen, condición social, cargo oficial, situación económica, sexo, raza, procedencia étnica, idioma, actitud ante la religión, creencias, lugar de residencia o cualquier otra circunstancia.

La Ley de Garantías Estatales para la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres (en adelante, “la Ley de Igualdad”), de 8 de diciembre de 2009, está en vigor desde 2009. En ella, el término “discriminación por razón de género” se define como toda limitación o violación de los derechos humanos y las libertades o la humillación por motivos de género (art. 1, apartado 3).

Kazajstán se adhirió a la Convención en 1998 y, desde entonces, se ha aplicado en la práctica judicial el concepto de “discriminación”, que se emplea ampliamente en los textos de la Constitución, las leyes y los reglamentos. De este modo, el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal de 4 de julio de 2014 prohíbe todo tipo de discriminación durante los procesos penales por motivos de origen, condición social, cargo oficial, situación económica, sexo, raza, procedencia étnica, idioma, actitud ante la religión, creencias, lugar de residencia o cualquier otra circunstancia. El artículo 145 del Código Penal de 3 de julio de 2014 tipifica la restricción directa o indirecta de derechos y libertades por los motivos mencionados, en particular cuando se utiliza el cargo oficial o la condición de dirigente de una asociación pública.

Los artículos pertinentes también figuran en la Ley Constitucional sobre Elecciones, de 28 de septiembre de 1995, el Código del Matrimonio y la Familia, de 26 de diciembre de 2011, la Ley de Educación, de 27 de junio de 2007, y en otros instrumentos. Esto permite dar una respuesta eficaz y apropiada a los casos de discriminación en cualquier esfera de las relaciones sociales. La Ley de Igualdad no se limita a definir la discriminación solo contra la mujer, sino que define la discriminación por razón de género desde el punto de vista de la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para la protección tanto de mujeres como de hombres.

En el artículo 4 (Principios de la legislación laboral) y el artículo 6, párrafo 3 (Prohibición de la discriminación en el ámbito laboral), del Código del Trabajo de 23 de noviembre de 2015 se prohíbe expresamente la discriminación en el ámbito laboral, en particular por motivos de género. El Código de Ética de los Funcionarios establece que estos, en sus relaciones laborales con colegas, deben adoptar medidas encaminadas a crear un clima moral y psicológico agradable que excluya todo tipo de discriminación y trato humillante o degradante del personal.

La Fiscalía General está ejecutando un proyecto piloto —el sistema automatizado de información Заңдылық (legislativa)— en el que se incorporará la información del registro refundido de investigaciones preliminares y el sistema de información Төрелік (judicial) de los órganos judiciales. También se estudiará la inclusión de estadísticas judiciales sobre el criterio que se aplica en la práctica a los casos de discriminación por razón de género.

Al mismo tiempo, en consonancia con los párrafos 10 y 11 de las observaciones finales del Comité, y teniendo en cuenta los importantes progresos realizados por la sociedad kazaja en lo que respecta a la percepción de las medidas adoptadas para eliminar la discriminación y promover la igualdad de género, así como el deseo del país de sumarse a los 30 Estados más desarrollados del mundo, se han adoptado medidas adicionales para mejorar la legislación referente a las políticas de género y de la familia.

Un grupo de trabajo especial se dedica a la formulación de un proyecto de ley relativo a la introducción de enmiendas y adiciones en algunos instrumentos legislativos de la República de Kazajstán sobre cuestiones de las políticas de género y de la familia. Los artículos del proyecto de ley se basarán en las conclusiones de un análisis de género de las disposiciones de las leyes especiales y codificadas que rigen la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres en la familia y en las esferas socioeconómica, política y pública, llevado a cabo en el contexto de los objetivos definidos en el programa presidencial “Mirar al futuro: modernización de la conciencia pública”, las observaciones finales del Comité y las recomendaciones sobre igualdad de género del Consejo de la OCDE. En particular, se han examinado las definiciones de “discriminación directa e indirecta” y, en general, las cuestiones de discriminación por razón de género.

Artículo 2. Obligación de eliminar la discriminación

Artículo 2 a)Como se ha señalado anteriormente, el principio de la igualdad entre hombres y mujeres está consagrado en la Constitución y en toda la legislación vigente de Kazajstán (se adjunta una lista de leyes escritas). En virtud de la Ley de Igualdad, los órganos encargados de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres son el Gobierno y los órganos ejecutivos centrales y locales, dentro de sus esferas de competencia. Además, la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer y la Política Demográfica y de la Familia, que depende de la Presidencia de la República y está presidida por la Secretaria de Estado, participa activamente en la protección de los derechos de la mujer. Al mismo tiempo, con el fin de aplicar las recomendaciones incluidas en siete de las observaciones finales del Comité, en las reuniones del grupo de trabajo sobre el proyecto de ley se ha debatido la posibilidad de ampliar la lista de organismos dedicados a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Artículo 2 b)En Kazajstán existe suficiente fundamento jurídico para adoptar las medidas legislativas y de otro tipo necesarias que prohíban la discriminación contra la mujer (art. 145, “Violación de la igualdad de derechos”, y art. 146, “Tortura”, del Código Penal, y art. 90, “Discriminación laboral”, del Código de Infracciones Administrativas, etc.). Véanse también el artículo 1 y el apartado e).

Artículo 2 c)La Constitución garantiza que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a ser reconocidos como personas ante la ley y el derecho a defender sus derechos y libertades por todos los medios de conformidad con la ley, incluida la legítima defensa. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia jurídica cualificada. Se proporciona asistencia jurídica gratuita en las circunstancias especificadas por la ley.

El Código de Procedimiento Civil de 31 de octubre de 2015 establece la igualdad de derechos de los ciudadanos a la hora de recurrir a los tribunales para defenderse frente a la vulneración de sus derechos y libertades constitucionales y sus intereses protegidos por la ley. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones cuando recurren a los tribunales y pagan las mismas tasas estatales. La práctica ha demostrado que las mujeres no se encuentran en situación de desventaja para ejercer sus derechos procesales cuando recurren a los tribunales en defensa de sus derechos civiles, familiares, laborales o de otro tipo. Ni el Tribunal Supremo ni los tribunales provinciales han recibido ninguna denuncia por parte de un hombre o una mujer acerca de la denegación del acceso a la justicia por motivos de discriminación de género.

Según los datos del Comité de Estadística Jurídica y Registros Especiales de la Fiscalía General, durante los primeros nueve meses de 2017, los tribunales recibieron 128.727 reclamaciones y denuncias de mujeres, lo cual representa el 19,2% del total (en 2016, 154.952 o el 19,4%; en 2015, 164.672 o el 23%; en 2014, 166.197 o el 22,2%; en 2013, 159.185 o el 24,6%; en 2012, 157.827 o el 27%; y en 2011 estos datos no se incluyeron en las estadísticas). Así pues, en comparación con 2012, el porcentaje de solicitudes presentadas por mujeres ante los tribunales sobre asuntos civiles se redujo en un 8%. Las mujeres suelen acudir a los tribunales para cobrar la pensión alimenticia y solicitar el divorcio. En este sentido, el 95% de las órdenes y decisiones judiciales respondieron satisfactoriamente a las reclamaciones presentadas. Durante los nueve primeros meses de 2017, sobre la base de las denuncias presentadas por mujeres, los tribunales examinaron 4.881 casos penales basados en acusaciones individuales. Las mujeres representaban el 68,6% de las víctimas en los casos de esta categoría (en 2016, 4.550 o el 66,3%; en 2015, 3.333 o el 70%; en 2014, 2.311 o el 82,2%; en 2013, 1.493 o el 76,3%; en 2012, 1.196 o el 66%; y en 2011, 1.780 o el 75,5%). Estos datos demuestran que las mujeres conocen bastante bien su derecho a la protección judicial y lo ejercen ampliamente.

Artículo 2 d)Según la Constitución, los órganos estatales, las asociaciones públicas, los funcionarios y los medios de comunicación deben velar por que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de familiarizarse con los documentos, las decisiones y otras fuentes de información relativas a sus derechos e intereses. En la práctica, los casos de discriminación contra la mujer se han dado con más frecuencia en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, las mujeres kazajas ejercen ampliamente todos los derechos que les garantiza la ley (véanse también los apartados del informe sobre el artículo 6, “Explotación de la mujer”; el artículo 11, “Empleo”; el artículo 16, “Igualdad en el matrimonio y derecho de familia”; y otros artículos).

Artículo 2 e)De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a la protección judicial de sus derechos y libertades y todas son iguales ante la ley y los tribunales. En los últimos años, en el sistema judicial se ha reforzado considerablemente la protección de los derechos de los ciudadanos. A fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, se ha pasado del sistema de justicia de cinco etapas (primera instancia, apelación, casación, revisión y segunda revisión) a un sistema de tres etapas (primera instancia, apelación y casación). Desde 2016 está en vigor un nuevo Código de Procedimiento Civil, cuyas principales innovaciones incluyen la ampliación de la lista de casos examinados en procesos simplificados, la introducción de la mediación judicial y de los procedimientos participativos, la introducción del sistema de mandamientos judiciales ejecutivos y la reducción al mínimo de la participación de la Fiscalía.

La comisión de un delito penal o una infracción administrativa contra una mujer que, a sabiendas del autor, estuviera embarazada y también contra un menor se considera una circunstancia agravante a efectos de responsabilidad y pena (art. 54 del Código Penal). El Código de Procedimiento Penal estipula que el Estado garantiza a todas las personas el acceso a la justicia y la indemnización por daños y perjuicios en los casos previstos por la ley y conforme al procedimiento que en ella figure. Con el fin de aplicar el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, que establece el derecho a recibir inmediatamente una indemnización económica total o parcial del Estado procedente del fondo de indemnización para las víctimas, el 10 de enero de 2018 se aprobó la Ley sobre el Fondo de Indemnización para las Víctimas.

De conformidad con la Ley sobre el Procedimiento y las Condiciones de Detención en los Centros Especiales de Aislamiento Temporal, de 30 de marzo de 1999, todas las personas recluidas en centros especiales, incluidas las mujeres, gozan de los mismos derechos y libertades y también tienen las responsabilidades establecidas para los ciudadanos de Kazajstán, con las limitaciones previstas en la Constitución y las leyes. Además, el artículo 362 del Código Penal, “Abuso de poder o de autoridad oficial”, prevé la responsabilidad de los agentes de policía y otros funcionarios públicos que cometan actos de violencia en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2 f)En la legislación vigente, no existe discriminación contra la mujer. La discriminación por diversos motivos es punible en el marco del derecho penal y administrativo. En 2016 se llevó a cabo un estudio, junto con ONU-Mujeres, sobre el problema del acoso sexual en el lugar de trabajo y se formularon recomendaciones sobre la introducción de mejoras en las leyes y la práctica. Se analizaron las deficiencias existentes en la legislación y sus mecanismos de aplicación relacionados con la prevención del acoso sexual en el lugar de trabajo y la protección frente a este problema. Por otra parte, la Comisión Nacional está sopesando la cuestión de reforzar la función del ombudsman de ética en la protección de la mujer en el sistema de administración pública contra la discriminación sexual, el acoso y el trato desigual y poco ético por parte de los directores de los órganos estatales. El grupo de trabajo sobre el proyecto de ley ha propuesto que se introduzcan enmiendas y adiciones a la Ley de Igualdad para que la definición de “igualdad de género” pase de ser una categoría sociológica a tener valor jurídico.

Artículo 2 g)La legislación penal no contiene disposiciones que discriminen a la mujer. La igualdad de género en los tribunales se garantiza mediante la aplicación de los principios básicos de la justicia: observancia estricta de las disposiciones de la legislación por parte de los tribunales, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres; inadmisibilidad de las decisiones y acciones que resulten humillantes o degradantes para las partes en los procesos judiciales; igualdad de todas las personas ante la ley y los tribunales; proceso contencioso e igualdad de las partes; examen transparente, abierto y público de los casos; y protección de la seguridad de las partes en el juicio. El artículo 21 del Código Penal puede aplicarse para proteger a las mujeres. Como referencia: los artículos 99 (asesinato), 106 (infligir intencionadamente lesiones corporales graves), 107 (infligir intencionadamente lesiones corporales de gravedad media), 108 (infligir intencionadamente lesiones corporales leves), 110 (tortura), 111 (infligir lesiones corporales en estado pasional), 112 (infligir lesiones corporales graves que exceden los límites de la legítima defensa), 114 (descuido que ocasiona lesión corporal), 115 (amenazas), 120 (violación), 121 (agresión sexual), 122 (relaciones sexuales y otros actos de carácter sexual con una persona menor de 16 años), 123 (relación sexual forzada, sodomía, lesbianismo u otros actos de carácter sexual), 125 (secuestro), 126 (privación ilegal de la libertad), 128 (trata de personas), 131 (maltrato), 134 (inducción de un menor a la prostitución), 145 (violación de la igualdad de derechos de las personas y los ciudadanos), 149 (violación del derecho de inviolabilidad de la vivienda), 248 (coacción para realizar una transacción o para negarse a realizarla) y 308 (captación con fines de prostitución). De conformidad con los artículos 46 y 47 del Código Penal, las sanciones penales extremas como la reclusión a perpetuidad y la pena de muerte no se aplican a las mujeres.

El Código de Infracciones Administrativas establece sanciones administrativas por delitos contra las mujeres. Por ejemplo, el artículo 73 prevé sanciones de hasta tres días de detención por acoso o humillación en el ámbito familiar o doméstico. Además, el artículo 449 establece la responsabilidad administrativa por acoso en lugares públicos, incluido el acoso sexual. Los actos punibles de sometimiento intencionado a lesiones corporales leves (art. 73-1 del Código de Infracciones Administrativas) y agresión (artículo 73-2 del Código de Infracciones Administrativas), que antes se consideraban conductas delictivas, ahora se consideran delitos administrativos. La razón por la que se han transferido estos artículos es que el enjuiciamiento penal y la acusación en los tribunales se ejercían de manera individual, es decir, la carga de probar que se habían perpetrado actos de violencia recaía en las propias víctimas (tenían que someterse a examen, reunir la información y las descripciones necesarias, encontrar testigos, comparecer ante el tribunal y demostrar que habían sufrido violencia). Precisamente por ese motivo, el número de casos llevados ante los tribunales ha disminuido de forma considerable. La transferencia de estos artículos ha permitido que los agentes de policía respondan rápidamente ante tales incidentes estableciendo un protocolo en ese mismo momento y presentando en un plazo de dos o tres días los materiales administrativos al tribunal, para que este los examine en menos de 24 horas.

De conformidad con el artículo 50 del Código de Infracciones Administrativas, no puede imponerse la detención administrativa a mujeres embarazadas ni a mujeres con hijos menores de 14 años. Con arreglo al artículo 56 del Código, el hecho de que una mujer embarazada o una mujer con un hijo menor de 14 años cometa una infracción administrativa se considera una circunstancia atenuante. No obstante, con miras a prevenir la discriminación y la violencia por razón de género, en las reuniones del grupo de trabajo sobre el proyecto de ley se estudió la posibilidad de imponer multas por los actos ilícitos en el ámbito de las relaciones familiares y domésticas consistentes en amenazas y acciones que vulneren la integridad, el honor y la dignidad de la persona.

Con respecto al párrafo 13 c) de las observaciones finales del Comité, cabe señalar que la introducción de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales ha facilitado enormemente el acceso público a la justicia. La labor del servicio de “centro de asistencia jurídica” contribuye a mejorar los conocimientos jurídicos de los ciudadanos y a que estos protejan sus derechos constitucionales. Mientras que en 2014 se presentaron a través del servicio 105.707 documentos electrónicos en total, en 2015 esta cifra ascendía a 382.238 y en 2016, a 756.435. La ventaja de utilizar el “centro de asistencia jurídica” es la posibilidad de presentar declaraciones judiciales sin demora, solicitar la divulgación de actas judiciales y declaraciones y observaciones sobre actas judiciales en formato electrónico, obtener acceso a la consulta electrónica mediante firmas electrónicas codificadas y también pagar las tasas estatales en línea.

Artículo 3. Desarrollo y adelanto de la mujer

En 2016 finalizó la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género para el período 2006-2016; esta estrategia ha ayudado a adoptar un enfoque más equilibrado sobre las cuestiones de los derechos para velar también por el desarrollo integral de las mujeres kazajas. Se ha aprobado un marco conceptual, elaborado sobre la base de la Constitución, la estrategia “Kazajstán 2050”, el plan nacional “100 medidas concretas”, el plan de Kazajstán de convertirse en uno de los 30 Estados más desarrollados del mundo, la Convención, los ODS y las recomendaciones de la OCDE relativas a la igualdad de género.

El marco conceptual establece los objetivos de las políticas de género del Estado: lograr la paridad de derechos, prestaciones, obligaciones y oportunidades para el hombre y la mujer en todas las esferas de actividad de la sociedad y eliminar todas las formas y manifestaciones de discriminación por razón de género. A fin de llevar este marco a la práctica, en virtud de la resolución núm. 106 del Gobierno, de 3 de marzo de 2017, se aprobó un plan de acción para la aplicación de políticas relativas al género y a la familia hasta el año 2030, que está siendo ejecutado por los organismos públicos competentes en cooperación con ONG. Por lo tanto, Kazajstán dispone de un documento estratégico a largo plazo para la aplicación de políticas de género, con metas específicas e indicadores alcanzables.

En 2017 se empezó a trabajar en la implementación efectiva del marco conceptual, en colaboración con el PNUD. Como resultado de las medidas adoptadas, se ha desarrollado una actitud más orientada a poner en funcionamiento el marco y consolidar métodos innovadores en favor de la aplicación de políticas de género y de la familia por parte de los miembros de la Comisión Nacional, los diputados del Parlamento, los representantes de los órganos gubernamentales centrales y locales, las organizaciones internacionales y no gubernamentales y la comunidad científica, y se han formulado recomendaciones metodológicas sobre la aplicación del marco.

Además, cada año se publican el compendio de datos estadísticos titulado “Mujeres y hombres de Kazajstán”, del Comité de Estadística del Ministerio de Economía Nacional, y el manual sobre la labor de las comisiones regionales. En 2017 la asociación pública “Liga Feminista” se encargó de supervisar y examinar la aplicación de las observaciones finales del Comité, cuyas conclusiones se debatieron en una reunión del grupo de trabajo. En el plan de estudios de la Academia de Administración Pública, adjunta a la Presidencia de la República, se ha introducido el tema “Cuestiones de género en el sistema de la administración pública”, con el fin de aumentar la capacidad de los funcionarios para explicar las políticas estatales sobre igualdad de género. En 2015 se celebraron 5 cursos de repaso para 152 funcionarios; en 2016, 6 para 142 funcionarios; y en 2017, 10 para 247 funcionarios.

En todas las regiones del país se han creado y están en funcionamiento 16 clubes de mujeres políticas y una red nacional de escuelas para mujeres dirigentes. En colaboración con los partidos políticos y los grupos de promoción, se están adoptando medidas para que se respete el equilibrio de género cuando se elaboren las listas de los partidos y se propongan candidaturas a puestos directivos en los órganos constituidos por elección. Junto con el PNUD se están llevando a cabo iniciativas orientadas a mejorar las competencias de liderazgo de las mujeres. Solo en 2017 se organizaron cinco clases magistrales, a las que asistieron 259 mujeres. Las comisiones regionales, en colaboración con las ONG, han llevado a cabo una importante labor en el adelanto político de la mujer. De 2011 a 2016, organizaron unas 2.500 actividades, a las que asistieron más de 86.000 personas. Desde 2015, en cooperación con el Centro de la OSCE en Astaná, se ha ejecutado un proyecto para capacitar a dirigentes de órganos ejecutivos y representativos locales y dirigentes de ONG respecto a la incorporación de los principios de una perspectiva de género en las políticas y las cuestiones de autonomía local.

Cabe señalar que, en 2017, Kazajstán pasó a ser un donante directo de ONU-Mujeres en Kazajstán. El Ministerio de Relaciones Exteriores respaldó la ejecución de las actividades de proyectos de ONU-Mujeres encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer, al igual que las iniciativas emprendidas para alcanzar los ODS relacionados con el género. Se han examinado paso a paso las cuestiones relativas a la introducción de una presupuestación con perspectiva de género a la hora de establecer los presupuestos de los organismos públicos. El Ministerio de Economía Nacional, junto con ONU-Mujeres, está llevando a cabo un proyecto piloto sobre presupuestación con perspectiva de género en el Ministerio de Agricultura. A partir de los resultados del proyecto, se formularán propuestas concretas para introducir la presupuestación con perspectiva de género en Kazajstán. Por lo tanto, se están aplicando plenamente las recomendaciones del Comité (párr. 17 a) y d)) sobre la necesidad de intensificar los esfuerzos de la Comisión Nacional y otras partes interesadas para educar a la población y de vigilar y revisar periódicamente las medidas adoptadas para eliminar los estereotipos de género con el fin de evaluar sus repercusiones.

Artículo 4. Aceleración del logro de la igualdad entre hombres y mujeres

Artículo 4, párrafo 1La legislación de Kazajstán tiene por objeto establecer la igualdad de facto entre el hombre y la mujer. Se han adoptado medidas especiales de carácter temporal en favor del adelanto político de la mujer. En el año 2016 finalizó el plan de acción para el adelanto de la mujer en el nivel de adopción de decisiones, y se ha llegado a un acuerdo con los partidos políticos, las asociaciones públicas y las empresas nacionales para prestar apoyo a las mujeres. Como resultado, la representación de la mujer en los partidos políticos oscila entre el 33% y el 57%. En la actualidad, en la Majilis, la proporción de mujeres es del 27,1% (29 de 107 miembros), mientras que en 2006 era del 10,4% (8 de 77). En los órganos representativos locales a todos los niveles, la representación de la mujer alcanzó en 2016 el 22,2% del número total de diputados elegidos, mientras que en 2006 era solo del 16,7%. Mientras tanto, en sus reuniones, el grupo de trabajo sobre el proyecto de ley ha analizado cuestiones relativas a las definiciones de “medidas especiales de carácter temporal” y “cuotas de género” en la legislación interna, con miras a eliminar las brechas entre los géneros.

Artículo 4, párrafo 2Las medidas especiales tienen por objeto proteger a las madres, los hijos y los padres; proteger a las mujeres durante el embarazo y el parto; aumentar la esperanza de vida de los hombres; y proteger a las mujeres en la legislación penal, de procedimiento penal y de ejecución de penas. Conforme al artículo 4 de la Ley de Igualdad, no se considera que las medidas especiales destinadas a proteger la maternidad constituyan discriminación por razón de género. Véase también el artículo 12. En consonancia con los párrafos 14 y 15 de las observaciones finales del Comité, en el marco conceptual se han incluido indicadores de metas para eliminar las brechas de género.

Artículo 5. Papeles asignados a cada género y estereotipos al respecto

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas:

Artículo 5 a)A fin de establecer unos patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que estén basados en la igualdad de género, se llevaron a cabo diversas campañas de información y sensibilización durante el período sobre el que se informa. En los medios de comunicación se redactaron alrededor de 9.540 publicaciones y artículos sobre políticas de género: 4.769 en medios nacionales y 4.771 en medios regionales. En los medios impresos se publicaron materiales bajo los títulos especiales de “Políticas de género”, “Igualdad de género” e “Iniciativas de género”.

En 2017 se introdujeron enmiendas a la Ley de Medios de Comunicación, de 23 de julio de 1999, para prohibir la transmisión de material erótico o pornográfico por radio, televisión, cine o vídeo. El artículo 311 del Código Penal tipifica la difusión ilícita de materiales o productos pornográficos; el artículo 312, la producción y distribución de materiales o productos con imágenes pornográficas de menores o la captación de menores para participar en espectáculos visuales de carácter pornográfico; y el artículo 313, la difusión ilícita de obras que promuevan el culto a la crueldad y la violencia. Según las estadísticas correspondientes a los nueve primeros meses de 2017, en virtud del artículo 311 se examinaron dos casos y dos personas fueron condenadas (en 2016, un caso y una persona condenada; en 2015, dos casos y dos personas condenadas; en 2014, nueve casos y nueve personas condenadas; en 2013, cinco casos y cinco personas condenadas; y en 2011 y 2012, no se creó ningún registro).

De conformidad con la orden núm. 73 del Ministerio de Inversión y Desarrollo por la que se aprobaron las normas de supervisión de los medios de comunicación, de 26 de enero de 2016, se supervisa el sector informativo para comprobar que cumple los requisitos establecidos en la legislación nacional con respecto a la detección de materiales pornográficos o que promuevan el culto a la crueldad y la violencia. Si se detectan este tipo de materiales, se envía una carta de advertencia al propietario del sitio web sobre la necesidad de eliminarlos. En la actualidad se ha establecido una estrecha colaboración con buscadores como Yandex y Google, entre otros. En 2016 se tomaron medidas para retirar 586 materiales, y en 2017, más de 700. En 2016 se ejecutaron dos decisiones judiciales a instancias de los órganos de la Fiscalía en relación con 38 materiales de información en sitios web, por las que se restringieron las actividades de los sitios en el territorio de Kazajstán, y en 2017, cuatro decisiones en relación con 47 sitios web.

En Kazajstán no existen prácticas culturales o tradicionales ni estilos de vida que impidan el adelanto de la mujer en la sociedad. Sin embargo, el aumento de las actividades de movimientos pseudorreligiosos de todo el mundo ha motivado la necesidad de desarrollar una firme inmunidad entre los jóvenes y las mujeres ante la influencia de la propaganda de organizaciones religiosas extremistas. La Comisión Nacional ha puesto en marcha el proyecto “Mujeres y religión”. A partir de este proyecto se creó el club Қыз Жібек en la Universidad Estatal Femenina de Formación de Docentes, que ha dado lugar a la creación de clubes similares para educar a las niñas sobre la base de las tradiciones nacionales y las ideas progresistas de la sociedad laica en 12 instituciones de enseñanza superior de Kazajstán. Además, la Comisión Nacional, junto con el PNUD, organizó en 2017 dos seminarios para los dirigentes de órganos ejecutivos locales, con el propósito de impedir el extremismo religioso y el terrorismo entre las mujeres.

El Estado no tiene derecho a intervenir en las relaciones interpersonales de los cónyuges; sin embargo, protege las garantías sociales de la institución de la familia manteniendo un registro de los matrimonios a través de las oficinas del registro civil. En la actualidad se ha llegado a una posición común entre el Ministerio de Asuntos Religiosos y Sociedad Civil y las autoridades muftíes acerca de la certificación obligatoria en las oficinas del registro civil de las ceremonias religiosas de неке кию (matrimonio). Esta obligación se debe al interés por proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente de las mujeres y los niños. Se están adoptando medidas para que las tradiciones y la religión no sirvan de pretexto para discriminar a la mujer. Por ejemplo, los repertorios de teatro incluyen obras que inculcan a los jóvenes una interpretación correcta de la función de las mujeres y la religión en general.

La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años para el hombre y la mujer, y de 16 años en casos excepcionales. El matrimonio forzado y el matrimonio infantil se consideran delitos. El Ministerio de Educación y Ciencia, junto con la asociación pública “Liga de mujeres creativas”, realizó una encuesta en la que se analizaban con detalle y se definían los motivos del matrimonio infantil y forzado. La encuesta mostró que el matrimonio infantil no siempre se basa en el cumplimiento voluntario de los deseos de los padres. Como resultado de la encuesta, se elaboró y envió a todas las regiones del país una guía metodológica sobre la prevención del matrimonio infantil y forzado. Ocasionalmente aparecen casos de matrimonio infantil y forzado en algunas regiones meridionales del país. En la actualidad se ha establecido un mecanismo legislativo por el que se penaliza a aquellas personas que condonen la violencia y el maltrato contra las niñas. El matrimonio forzado o el rapto de novias menores de edad se consideran delitos y son castigados en virtud del artículo 122 del Código Penal (artículo 125, “Relaciones sexuales con un menor”, y artículo 126, “Secuestro”).

Como parte de la campaña mundial Él por Ella, varias universidades nacionales, junto con ONU-Mujeres, organizan anualmente actividades de sensibilización entre los jóvenes a fin de combatir los estereotipos de género y fomentar un espíritu de tolerancia, velando por que se respeten y se cumplan los principios de la igualdad de género y prestando especial atención a la participación activa de los hombres en la campaña. En el contexto de la aplicación del plan de acción relativo a la puesta en funcionamiento del marco, se han realizado una serie de campañas informativas para combatir aquellos estereotipos que propicien la violación de los derechos de las niñas y las mujeres y para influir en la opinión pública de manera que el matrimonio infantil y forzado se vea como un fenómeno negativo.

Artículo 5 b)Mediante el decreto presidencial núm. 511, de 1 de marzo de 2013, se estableció el Día de la Familia, que se celebra el segundo domingo de septiembre. En virtud de la orden presidencial núm. 250, de 6 de diciembre de 2013, se aprobó el concurso nacional anual Мерейлі отбасы (familia modelo), destinado a promover la institución de la familia y el matrimonio y fomentar las tradiciones y los valores familiares. Se ha introducido en todos los niveles educativos un programa de formación moral y espiritual, “Autoconocimiento”, que se basa en los valores espirituales universales y tiene por finalidad activar el papel de la familia en la crianza de los hijos. En las actividades de divulgación dirigidas a las familias han participado ONG e instituciones de la sociedad civil como, por ejemplo, los consejos de ancianos (1.115) y los consejos de madres y abuelas (1.201). En el marco de la Asamblea del Pueblo de Kazajstán se han creado más de 300 consejos de madres. A fin de prestar servicios de asesoramiento sobre cuestiones de educación familiar, se han abierto centros de educación familiar en ocho regiones. Desde 2016, se viene celebrando cada año un foro nacional de varones con hijos al objeto de potenciar el papel de los padres en la crianza de los niños. Gracias a los esfuerzos de 70 padres activos, se ha creado la asociación pública “Unión de padres”, que cuenta con representación en ocho regiones.

La política penal de Kazajstán también otorga prioridad a la protección de los derechos de los menores. Como se indica en el marco conceptual de la política jurídica de Kazajstán para el período 2010-2020, se intensificarán las medidas orientadas a establecer la responsabilidad penal por los delitos contra los menores y sus derechos e intereses legítimos. Desde 2015 se ha aumentado la pena por la explotación sexual y económica de menores y por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de las responsabilidades de los progenitores. En 2016 se introdujeron enmiendas en las leyes sobre la protección de los derechos del niño con el fin de aumentar la responsabilidad penal y las penas impuestas por delitos contra la inviolabilidad sexual de los menores. En particular, a los autores de este tipo de delitos se les podrá denegar la libertad condicional o vigilada y se podrá estimar que el arrepentimiento o la reconciliación de las partes no baste para dar por concluido el proceso penal. Por primera vez se prevé la posibilidad de que un tribunal ordene la castración química de las personas declaradas culpables de haber cometido delitos contra la inviolabilidad sexual de los menores, disposición que se introdujo el 1 de enero de 2018. El grupo de trabajo sobre el proyecto de ley también examinó cuestiones relacionadas con la igualdad de participación y la responsabilidad de los progenitores con respecto a la manutención y la crianza de los hijos, en particular las obligaciones relativas al mantenimiento del hogar y la participación en el trabajo doméstico no remunerado.

Artículo 6. Explotación de la mujer

La Constitución garantiza la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. El artículo 21 del Código de Procedimiento Penal establece el principio de igualdad ante la ley y los tribunales. De conformidad con el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, en los procesos penales se considera víctima a aquella persona contra la cual existan motivos fundados para creer que se han infligido directamente daños morales, físicos o materiales como resultado de un delito penal. De acuerdo con el párrafo 3 del decreto reglamentario núm. 2 del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 1992, sobre la aplicación de la legislación que regula los derechos y obligaciones de las víctimas de delitos, toda persona que resulte directamente lesionada a consecuencia de un acto peligroso desde la perspectiva social será considerada víctima.

Los artículos 308 y 309 del Código Penal tipifican la incitación a la prostitución, así como el hecho de adquirir, establecer o mantener locales de prostitución. Según los datos del Comité de Estadística Jurídica y Registros Especiales, durante los nueve primeros meses de 2017 se examinaron 83 casos y se condenó a 110 personas (en 2016, 74 casos y 84 personas condenadas; en 2015, 85 casos y 91 personas condenadas; en 2014, 133 casos y 137 personas condenadas; en 2013, 128 casos y 131 personas condenadas; y en 2011 y 2012 no se creó ningún registro).

En Kazajstán se prevé la responsabilidad penal por la trata de personas, en particular la trata de mujeres y niñas. Los delitos penales relativos a la trata de personas se tipifican en el artículo 116 (Extracción ilícita de órganos o tejidos humanos o coacción para extraerlos), el artículo 125, parte 3, párrafo 2 (Secuestro con fines de explotación), el artículo 126, parte 3, párrafo 2 (Privación ilícita de la libertad con fines de explotación), y los artículos 128 (Trata de personas), 134 (Captación de menores con fines de prostitución), 135 (Trata de menores), 308 (Inducción a la prostitución) y 309 (Adquisición, establecimiento o mantenimiento de locales de prostitución) del Código Penal, y conllevan una pena de privación de la libertad de entre 3 y 15 años. Con respecto a las cuestiones de la aplicación del derecho penal y de procedimiento penal, el Tribunal Supremo ha adoptado las decisiones normativas núm. 7, de 29 de diciembre de 2012, sobre la aplicación de la legislación que tipifica la trata de personas y núm. 4, de 11 de mayo de 2007, sobre algunas cuestiones relativas a la tipificación de los delitos relacionados con la violación y otros actos violentos de carácter sexual.

En virtud de la Ley de Servicios Sociales Especiales, la trata de personas se define como una forma de malos tratos y un motivo para recibir servicios sociales especiales. Para aplicar las disposiciones de dicha ley, en virtud del decreto núm. 138 de 24 de febrero de 2016 del Ministro de Salud y Desarrollo Social, se aprobó una norma para la prestación de servicios sociales especiales a las víctimas de la trata de personas, que define el mecanismo de prestación de asistencia y de remisión entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las ONG y las instituciones de atención sanitaria y bienestar social y que deben cumplir todas las entidades y organizaciones que prestan servicios sociales especiales a las víctimas de trata, independientemente de su régimen de propiedad. Esta norma regula el procedimiento que se debe seguir para prestar servicios en las instituciones destinadas a ofrecer alojamiento diario, temporal o a largo plazo a las personas en situaciones difíciles. En 2016 se aprobó la norma en las provincias de Kostanay y Kazajstán Meridional y en las ciudades de Almaty y Astaná, y en 2017 se introdujo en todo el país.

En 2015, en colaboración con la Oficina de la OSCE, se impartieron seminarios de un día de duración a más de 100 especialistas en cuestiones relativas a la prestación de servicios sociales especiales a las víctimas de la trata de personas. Conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones, se elaboraron folletos sobre la profilaxis, la prevención y la asistencia a las víctimas de trata y se remitieron a las comisiones regionales encargadas de cuestiones relativas a la lucha contra el traslado ilícito al extranjero, la entrada o la trata de personas, para que los utilicen en su trabajo y para que se divulguen públicamente.

En virtud de la resolución núm. 23 del Gobierno, de 28 de enero de 2015, se aprobó un plan de acción sobre la profilaxis y la manera de prevenir y combatir los delitos relacionados con la trata de personas para el período 2015-2017, que ha coordinado las actividades de los órganos estatales en materia de prevención de la trata de personas. Se supervisa constantemente a los medios de comunicación para impedir la difusión de materiales relacionados con la trata de personas y la pornografía infantil. Los resultados de esa supervisión, cuando existen motivos para ello, se remiten a los órganos de enjuiciamiento penal para la investigación previa al proceso. Con miras a mejorar la legislación contra la trata de personas, el 4 de julio de 2013 se aprobó una ley sobre la introducción de enmiendas y adiciones en determinadas leyes relativas a la prevención de la trata de personas.

A fin de prevenir los delitos relacionados con la trata de personas, se aplica de forma sistemática la iniciativa operacional y preventiva de ámbito nacional “Alto a la trata”, por la cual se verifican las actividades de las agencias turísticas, matrimoniales y de modelaje que ofrecen servicios para trabajar en el extranjero. Con objeto de prestar asistencia a los ciudadanos en el extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispone de un programa especial para proteger y garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos de Kazajstán en el extranjero. Cada año se organiza, junto con organizaciones internacionales, un evento titulado “Unámonos para poner fin a la trata de personas”. Durante este evento, el personal del Ministerio del Interior participa en programas de televisión, concede entrevistas en radio, televisión, prensa y sitios de Internet y realiza actividades de divulgación, y también se organizan actos de protesta relámpago y eventos deportivos y se distribuyen folletos, guías y artículos de recuerdo en lugares donde se congrega la gente, etc. Por lo tanto, se está cumpliendo lo recomendado en los párrafos 20 y 21 de las observaciones finales del Comité.

Artículo 7. Vida política y pública

Artículo 7 a)La participación de los ciudadanos en las elecciones es voluntaria. Nadie tiene derecho a obligar a los ciudadanos a que participen o no en las elecciones ni a limitar sus opciones.

Según datos de la Comisión Electoral Central, se ha producido un aumento del número de mujeres en los órganos sujetos a elecciones. Por lo tanto, si bien el primer año que se aplicó la Estrategia de Igualdad de Género (2006) la proporción de mujeres en la Majilis era del 10,4%, en el último año (2016) había aumentado hasta el 27,1%. En 2017 la representación de mujeres jefas de comisiones en el Senado del Parlamento alcanzó el 50% (3 de 6). En los órganos representativos locales a todos los niveles, la representación de la mujer alcanzó en 2016 el 22,2% del número total de diputados elegidos, mientras que en 2006 era solo del 16,7%. La representación de la mujer en seis partidos políticos oscila entre el 33% y el 57%. En el partido Nur Otan, el 57% (en 2013, el 54%); en el Partido Comunista, el 44,4% (41%); en Birlik, el 43,5% (33,5%); en el Partido Socialdemócrata Nacional, el 40,4% (41%); y en Ak Zhol, el 39% (20%).

Artículo 7 b)Véase el apartado titulado “La mujer en los niveles decisorios”, dentro de “Información General”.

Artículo 7 c)El número de ONG registradas en Kazajstán es de 19.680, de las cuales 13.879 están en activo. Se encuentran operativas alrededor de 150 ONG de mujeres, que desempeñan un papel importante en la vida social y política del país. En los últimos cinco años se han ejecutado más de 500 proyectos sobre cuestiones de género. Las ONG de mujeres han establecido centros de colocación y orientación profesional, apoyo a las pequeñas empresas y asistencia legal y jurídica, y también están creando una red de centros de crisis para las víctimas de la violencia doméstica y la trata, además de una red nacional de mujeres dirigentes.

En 2015 se llevó a cabo un estudio, junto con ONU-Mujeres, sobre la introducción de medidas especiales de carácter temporal para aumentar el número de mujeres en cargos públicos nombrados y elegidos. El proyecto se desarrolló con la estrecha participación de los parlamentarios, las ONG y los partidos. Partiendo de las conclusiones del estudio, los participantes formularon y debatieron recomendaciones en una reunión de trabajo con la sociedad civil y los parlamentarios. Las mujeres kazajas participan activamente en los sindicatos. La proporción de mujeres en los sindicatos es del 55%, de las cuales el 67% encabeza organizaciones sindicales de base, el 28%, sindicatos sectoriales, y el 44%, asociaciones sindicales territoriales. Las mujeres representan el 40% de los puestos decisorios en la Federación de Sindicatos y los órganos deliberativos de la Federación: en el Consejo General, el 28,8%, y en el Comité Ejecutivo, el 36,6%. Los sindicatos se esfuerzan por obtener garantías prácticas de la igualdad de género mediante contratos y convenios colectivos. Por lo tanto, los párrafos 22 y 23 de las observaciones finales del Comité se están cumpliendo de manera ordenada y por etapas.

Mujeres en la Federación de Sindicatos de Kazajstán

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	20.02.2017
Núm. de mujeres	950 279	1 000 293	1 018 395	1 069 470	1 077 894	1 074 777	1 099 225
%	46	46	47	55	58	54,4	55,7

Artículo 8. Representación y participación internacionales

En la legislación de Kazajstán no existen restricciones directas ni indirectas sobre la representación del hombre y la mujer en las organizaciones internacionales. A la hora de preparar las listas de los candidatos nacionales que podrían ser elegidos o nombrados para ocupar cargos directivos e intermedios en organizaciones internacionales y en los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores se centra en las cualificaciones de los candidatos, sin discriminación alguna por motivos de género. Se están realizando esfuerzos para proponer a ciudadanos kazajos para que trabajen en los organismos de las Naciones Unidas mediante adscripción y también a través del programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas, que está totalmente financiado.

En virtud del artículo 15, párrafos 1 y 2, de la Ley del Servicio Diplomático de 7 de marzo de 2002, el personal se somete a rotación conforme a los requisitos de cualificación de los funcionarios de la administración pública, independientemente de su género. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, de un total de 209 funcionarias, 18 ocupan puestos directivos: 2 son embajadoras en misiones especiales, 3 son directoras de departamento, 1 es directora adjunta, 11 son jefas de oficina y 1 es vicepresidenta de una comisión. En la actualidad, hay nueve mujeres de Kazajstán que trabajan en organizaciones internacionales.

Madina Jarbussynova era hasta hace poco la directora de la Oficina del Coordinador de la Lucha contra la Trata de Personas de la OSCE (Viena), Zahra Bektepova forma parte del personal de la Oficina del Coordinador para la Protección del Medio Ambiente de la OSCE (Viena), y varias mujeres de Kazajstán trabajan en las secretarías de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Zhanar Aitzhanova es la Representante Permanente de Kazajstán ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Raushan Tasbulatova es la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Kazajstán ante el Reino de Tailandia, y en la secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Asel Utegenova es actualmente la coordinadora adjunta de la oficina de países participantes y alianzas en el Sector de Relaciones Exteriores e Información Pública. El porcentaje de personal femenino en las organizaciones internacionales acreditadas en Kazajstán es del 59,4% (223 de 392 personas).

Se garantizan las oportunidades de participación de la mujer en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones ambientales a todos los niveles, por ejemplo como especialistas en la gestión, el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos de medio ambiente. El 31 de agosto de 2017, en la exposición especializada “Astaná EXPO 2017”, la Comisión Nacional, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, celebró un foro internacional sobre “La mujer para la energía del futuro”, al que asistieron unos 300 delegados de 25 países. Al final del foro se aprobó una resolución en la que se exhorta a la comunidad internacional a adherirse a los principios internacionales orientados a minimizar la presión ambiental y controlar el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, lo cual ayudará a acelerar la transición hacia una economía verde y la energía alternativa.

Artículo 9. Nacionalidad

Artículo 9, párrafo 1En Kazajstán, las mujeres, sea cual sea su estado civil (casadas o solteras), tienen los mismos derechos que los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. La legislación no restringe los derechos de los extranjeros en las relaciones familiares y conyugales. De conformidad con el artículo 221 del Código del Matrimonio y la Familia, la inscripción estatal de los matrimonios puede realizarse en cualquier registro del territorio de Kazajstán a voluntad de la pareja que se case.

Artículo 9, párrafo 2Conforme a la Ley de Ciudadanía, de 20 de diciembre de 1991, para determinar la nacionalidad de un niño se tiene en cuenta la nacionalidad de ambos progenitores (padre y madre) en igualdad de condiciones. El cambio de nacionalidad de un menor de entre 14 y 18 años en los casos de cambio de nacionalidad de los progenitores, al igual que la adopción o la tutela, solo puede efectuarse con el consentimiento del menor, según el procedimiento previsto en la Ley de Ciudadanía. Las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 25 a) y b) de sus observaciones finales se están cumpliendo de acuerdo con la Constitución, de la siguiente manera: “La ciudadanía de la República de Kazajstán se podrá adquirir o perder conforme a la ley y será única e igual con independencia de los fundamentos de su obtención. Ningún ciudadano de la República podrá ser privado de su ciudadanía ni del derecho a cambiarla ni podrá ser exiliado fuera de las fronteras de Kazajstán. La privación de la nacionalidad se permitirá solo si así lo decide un tribunal por haber cometido delitos de terrorismo o haber causado otros perjuicios graves a los intereses vitales de Kazajstán”.

Artículo 10. Educación

Artículo 10 a)Como se establece en el artículo 3, párrafo 1, de la Ley de Educación, los principios fundamentales de la política educativa del Estado son la igualdad de derechos de todos los ciudadanos a recibir una educación de calidad, el acceso universal a todos los niveles de enseñanza en función del desarrollo intelectual y las características psicológicas, fisiológicas y particulares de la persona, y el respeto por los derechos humanos y las libertades. Según el artículo 47, párrafo 3, de la Ley de Educación, todas las escuelas de enseñanza general para las niñas y los niños ofrecen igualdad de oportunidades para recibir una educación de calidad de conformidad con las normas estatales obligatorias en materia de enseñanza. Atendiendo a estas normas se garantiza la igualdad de acceso a la educación para los estudiantes de ambos sexos en el ámbito legislativo y su plena efectividad en la práctica.

En 2016 había un total de 2.930.583 escolares: 1.447.215 niñas (49,38%) y 1.483.368 niños (50,62%). Según la información de la base de datos de la UNESCO en Kazajstán, la proporción de niños en edad escolar no matriculados en la enseñanza secundaria es inferior al 1%. Así lo confirman los datos del Índice Mundial de Competitividad de 2017 del Foro Económico Mundial: respecto a la matriculación en la enseñanza primaria, Kazajstán ocupa el 4º lugar en el mundo, con un indicador del 99,9%, y en cuanto a la matriculación en la enseñanza secundaria, ocupa el 18º lugar, con el 112%. Esto demuestra la ausencia de discriminación por razón de género en el acceso a la educación.

En 2016 había 488.926 estudiantes en 803 instituciones de formación técnica y profesional, de los cuales 230.647 (47,2%) eran mujeres. La proporción de mujeres matriculadas en cursos de formación de docentes era del 74,3%; formación médica, el 77,1%; formación humanitaria, el 39,2%; formación técnica y tecnológica, el 35,6%; y formación agrícola, el 24,8%.

En el país hay 130 instituciones de educación superior. El número total de estudiantes en el curso académico 2016-2017 era de 477.074, de los cuales 263.129 (55,1%) eran mujeres, incluidos 32.893 estudiantes del título de máster, de los cuales 19.813 (60,2%) eran mujeres, y 2.710 estudiantes de doctorado, de los cuales 1.673 (61,7%) eran mujeres. Había 103.902 estudiantes cursando estudios técnicos especializados, de los cuales 35.346 (34%) eran mujeres. En el momento de la admisión en las instituciones de enseñanza superior, no se tiene en cuenta el género, es decir, en el acceso no existe ninguna discriminación por razón de género.

Artículo 10 b)Las normas y los planes de estudio de la enseñanza general del Estados brindan la posibilidad de estudiar a todas las personas sin distinción alguna por motivos de género. Los libros de texto y los materiales educativos se analizan para evaluar el respeto por el equilibrio de género en sus contenidos, y uno de los principales parámetros es que la redacción y las ilustraciones reflejen los intereses de ambos sexos (las niñas y los niños y las jóvenes y los jóvenes) y el respeto por la igualdad de género. Además de la enseñanza graduada, hay oportunidades de acceso a clases de nivel avanzado. Por ejemplo, de los 951.557 niños matriculados en las clases de nivel avanzado en 2016, el 46% eran niñas (439.807). En este sentido, no hay obstáculos que dificulten la admisión de las niñas en las clases de nivel avanzado.

Con respecto a la igualdad de género en la profesión docente del sistema educativo, al igual que en la mayoría de los países, esta profesión la ejerce una mayoría femenina, habida cuenta de las características específicas del trabajo con niños. Así pues, en 2016, el personal docente en la enseñanza secundaria ascendía a 319.167 personas, de las cuales 258.952 eran mujeres (81%); en la enseñanza técnica y profesional, 27.131 mujeres (73,2%), incluidas 2.841 directoras (68,3%); y en las instituciones de educación superior, 24.494 catedráticas y profesoras (64%), incluidas 25 directoras (19,2%). En las instituciones de enseñanza superior, el número de mujeres con un título de máster es de 8.316 (74,7%); con doctorado, 825 (52,8%); con doctorado superior, 1.434 (41%); estudiantes de doctorado superior, 8.644 (61,6%); profesoras, 873 (36%); y profesoras auxiliares, 3.501 (55,6%). Las estadísticas sobre el acceso a equipos, exámenes e instalaciones y los gastos desglosados por género no se supervisan, ya que no están vinculados al género: todos los gastos se calculan por persona, sin tener en cuenta el género.

Artículo 10 c)La mayoría de las escuelas de enseñanza general de Kazajstán ofrecen educación mixta para niños y niñas. En algunas escuelas se imparte educación segregada para niños y niñas (por ejemplo, en las escuelas innovadoras de enseñanza secundaria), pero todos los criterios de calidad, incluidos los planes de estudio, los exámenes, etc., son los mismos. En todas las instituciones educativas, los estudios se organizan conforme a la única norma de educación general del Estado aprobada por el Gobierno.

Artículo 10 d)Cada año se conceden becas a los estudiantes de educación terciaria que obtengan las calificaciones más altas en un concurso nacional. El número total de solicitantes de becas en 2016 fue de 28.329, de los cuales 15.895 (56%) eran mujeres. Las becas del Estado se conceden a todos los alumnos cuyos estudios progresan adecuadamente (que han aprobado los exámenes de final de semestre y han obtenido calificaciones satisfactorias a mitad de semestre) y a los niños huérfanos o privados del cuidado parental que son estudiantes, alumnos de posgrado, internos en instituciones de enseñanza superior o están matriculados en instituciones de formación profesional primaria o secundaria, sin discriminación por razón de género.

Artículo 10 e)El coeficiente de acceso a la educación en el caso de las mujeres (0,980) es mayor que en el de los hombres (0,952); el promedio general es de 0,967, lo que permite calcular la tasa de alfabetismo de la población mayor de 15 años, así como el nivel de escolarización de la población. Se ha producido un aumento considerable en la alfabetización informática: el 34% de la población mayor de 15 años tiene conocimientos de informática, el 20% utiliza Internet y el 12% domina el inglés. Además, a fin de determinar el nivel de alfabetización de los adultos, Kazajstán decidió participar en el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos, un amplio estudio internacional sobre la alfabetización de la población adulta en cuanto a lectura, matemáticas y tecnología de la información y las comunicaciones. El estudio permitirá determinar la forma en que la población adulta del país utiliza la lectura, las búsquedas de información y la tecnología informática en la vida cotidiana y evaluar su educación y experiencia. El abundante material informativo que facilita la OCDE basándose en las conclusiones del estudio contribuirá a que Kazajstán desarrolle programas de aprendizaje permanente encaminados a aumentar el empleo y reducir el desempleo. En 2018, 6.000 adultos de todas las regiones del país seleccionados como muestra internacional se someterán a los cuestionarios y exámenes correspondientes.

Artículo 10 f)Se ha observado en la práctica que los raros casos de deserción escolar se deben, en gran medida, a causas socioeconómicas y no guardan relación con el género. No obstante, las autoridades competentes están realizando una supervisión sistemática para garantizar la matriculación de los niños en la enseñanza preescolar y secundaria. La supervisión de la asistencia a clase se efectúa conforme a la orden núm. 324 del Ministro de Educación y Ciencia en funciones, de 11 de julio de 2017, por la que se aprobaron los reglamentos sobre el mantenimiento de los expedientes de los niños en edad preescolar y escolar hasta que finalicen su educación secundaria. Es obligatorio mantener un expediente individual de todos los niños de entre 0 y 18 años de edad (hasta que terminen su educación secundaria) que residan (habitual o temporalmente) o permanezcan en el territorio de Kazajstán, tanto si su residencia (estancia temporal) se encuentra registrada como si no. Por consiguiente, se ha creado un mecanismo de identificación automática de los niños que temporalmente no estén matriculados en ningún centro escolar.

Artículo 10 g)La Ley de Cultura Física y Deporte, de 3 de julio de 2014, establece que la finalidad de la política estatal es garantizar unos estilos de vida saludables y promover la cultura física y el deporte, y su aplicación se basa en los principios de la participación voluntaria, la igualdad y la accesibilidad para todos los ciudadanos. En la actualidad hay en Kazajstán 5.204.000 personas que se dedican a la cultura física y el deporte, entre ellas 1.116.500 mujeres. En la esfera de la cultura física y el deporte trabajan un total de 48.100 empleados públicos, de los cuales 8.500 son mujeres. En lo que respecta a los equipos nacionales de Kazajstán, en los deportes olímpicos de verano hay 2.420 mujeres; en los deportes no olímpicos de verano, 873 mujeres; en los deportes nacionales, 67 mujeres; y en los deportes de personas con discapacidad, 161 mujeres; en los deportes olímpicos de invierno, 434 mujeres; y en los deportes no olímpicos de invierno, 24 mujeres. No existen normas ni regulaciones que restrinjan la participación de las niñas y las mujeres en el deporte o la educación física. Tampoco existen restricciones de vestuario que impidan a las mujeres participar plenamente en el deporte. Las mujeres y los hombres tienen igual acceso a las instalaciones y los equipos deportivos.

Artículo 10 h)El Centro Nacional para la Promoción de Estilos de Vida Saludables, que depende del Ministerio de Salud, se encarga de difundir información educativa especial que favorezca la salud y el bienestar de la familia. Dispone de 14 oficinas provinciales, 15 urbanas y 69 de distrito, además de 196 centros de salud y 557 dispensarios. Se llevan a cabo actividades informativas y educativas en las siguientes esferas: ejercicio físico; nutrición saludable; prevención del consumo de tabaco y alcohol y el uso indebido de drogas; prevención de la tuberculosis, enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida; y salud reproductiva, incluida la planificación familiar.

Alrededor del 30% del contenido de los planes de estudios de la enseñanza secundaria pretende inspirar valores familiares y morales, por ejemplo con temas como “Mi familia”, “Yo y nosotros”, “Mío y nuestro” y “Mis amigos”. La asignatura “Personas. Sociedad. Ley.” incluye los apartados y temas “La familia como grupo social”, “Fundamentos del derecho de familia”, “Principios de la formación familiar”, “Los padres”, “Los hijos” y “Los derechos y las responsabilidades de los cónyuges”. En todos los niveles educativos se ha introducido un programa de formación moral y espiritual, “Autoconocimiento”, que incluye material de disciplinas sociológicas y humanísticas (ética, psicología, filosofía, sociología y derecho). De este modo se ha conseguido aplicar el párrafo 27 a) de las observaciones finales del Comité.

Con respecto al párrafo 27 b) de las observaciones finales del Comité, se ha comprobado que la deserción escolar entre las niñas debido al matrimonio es muy poco frecuente. No obstante, desde 2008 se han realizado en colaboración con ONG más de 30 estudios de protección infantil relativos a la educación moral de los niños y la formación de una comprensión adecuada de las tradiciones culturales. En 2016 se llevó a cabo un estudio sociológico sobre la prestación de servicios sociales especiales a los menores que viven en circunstancias difíciles, durante el cual se examinaron la calidad y la disponibilidad de servicios sociales especializados para niños y se identificaron posibles receptores de servicios entre las categorías mencionadas. Asimismo, se distribuyeron entre los niños cuestionarios anónimos acerca de la existencia de casos de violencia, en particular de violencia sexual, en la familia y las instituciones educativas (por parte de adultos y entre niños), extorsión y problemas similares (grupos destinatarios: alumnos de 5º a 11º grado, al menos 800 personas de cada región). A partir de los resultados de este trabajo, se elaboró una guía metodológica titulada “Garantizar los derechos de los niños en condiciones de vida difíciles”, además de propuestas sobre la introducción de enmiendas y adiciones en la legislación con el fin de mejorar el mecanismo de prestación de servicios sociales especiales para los niños y las medidas de prevención de la violencia. Con respecto al párrafo 27 c) de las observaciones finales del Comité, periódicamente se imparte educación sanitaria en forma de charlas, seminarios, sesiones de capacitación y mesas redondas sobre temas pertinentes entre los adolescentes y sus padres, en particular entre las niñas de familias desfavorecidas.

La oficina del UNFPA en Kazajstán ha elaborado y puesto a prueba en las regiones piloto un curso de capacitación para estudiantes universitarios sobre el tema “Valores”, donde se hace especial hincapié en la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la educación sexual integral para los adolescentes de ambos sexos. El Ministerio de Educación y Ciencia está estudiando la posibilidad de aprovechar esta experiencia e incluirla en los planes de estudios.

A fin de sensibilizar a la población sobre la importancia de la familia, la planificación familiar, la prevención de los embarazos precoces y los abortos, se han creado 87 centros de salud para jóvenes y 4.582 unidades sanitarias en las policlínicas y los centros de estilos de vida saludables. Los adolescentes y los jóvenes reciben asesoramiento y asistencia jurídica, médica y psicológica en cuestiones relacionadas con la salud reproductiva: el desarrollo de una conducta sexual responsable e informada, el uso de medios anticonceptivos seguros, la prevención de embarazos no deseados, la mejora del nivel de cultura sexual, y los conocimientos sociojurídicos en la esfera de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el sida; además, se distribuye material informativo y educativo.

Artículo 11. Empleo

Artículo 11, párrafo 1 a)En Kazajstán se han creado las condiciones jurídicas necesarias para que las mujeres puedan ejercer su derecho a trabajar. El Código del Trabajo garantiza la regulación jurídica de las relaciones laborales y otras relaciones directamente vinculadas, con el fin de proteger los derechos e intereses de las partes en las relaciones laborales, y establece las garantías mínimas de los derechos y las libertades laborales. El Código del Trabajo establece un conjunto de normas jurídicas destinadas a velar por la igualdad de género en el ámbito laboral, en particular la no discriminación por razón de género. Nadie podrá ser sometido a ningún tipo de discriminación en el ejercicio de los derechos laborales por motivos de origen, condición social, situación económica o cargo oficial, género, raza, procedencia étnica, idioma, actitud ante la religión, creencias, lugar de residencia, edad o discapacidad, o pertenencia a asociaciones públicas (art. 6, párr. 2, del Código del Trabajo). Las personas que consideren que han sido objeto de discriminación en el trabajo tienen derecho a denunciarlo ante los tribunales u otros órganos conforme al procedimiento previsto por la ley (art. 6, párr. 4, del Código del Trabajo).

Artículo 11, párrafo 1 b)El artículo 25 del Código del Trabajo prohíbe los contratos laborales que violen la igualdad de derechos y oportunidades. El empleador tiene prohibido incluir requisitos discriminatorios en los anuncios de vacantes (art. 28, párr. 2, apartado 7, de la Ley del Empleo). El Código de Infracciones Administrativas tipifica la inclusión de información sobre vacantes que contenga requisitos discriminatorios por parte de una agencia de empleo autorizada, una persona física o jurídica que preste servicios de contratación o un empleador (art. 90, párr. 3). La igualdad de acceso a la administración pública está garantizada por la Constitución (art. 33, párr. 4) y por la Ley de Administración Pública de 23 de noviembre de 2015 (art. 16, párr. 5). A 1 de enero de 2017, más de la mitad del número total de funcionarios, el 55,5%, eran mujeres (51.151 de 92.203). Se ha observado una tendencia al alza en el número de funcionarias: en 2013 había 49.527 (54,9%); en 2014, 49.095 (54,2%); y en 2015, 50.219 (55%).

Entre 2011 y 2016, la población económicamente activa aumentó de 8,8millones a 9 millones, y de 4,3 millones a 4,4 millones en el caso de las mujeres. También aumentó la población empleada, que pasó de 8,3 millones a 8,6 millones de personas, y de 4,0 millones a 4,1 millones en el caso de las mujeres. En lo que respecta a la estructura del empleo, la mayoría de las mujeres son asalariadas. En 2011 había 2,7 millones de mujeres asalariadas (66,5% de las mujeres trabajadoras), mientras que en 2016 esta cifra ascendía a 3,1 millones (75,7%). También ha aumentado el número de mujeres empleadas en las zonas rurales, que pasó de 895.500 en 2011 a 1.046.900 en 2016.

Artículo 11, párrafo 1 c)De conformidad con el artículo 24 de la Constitución, todos los ciudadanos gozan de libertad para trabajar y para elegir su ocupación o profesión. Todas las personas tienen derecho a unas condiciones de trabajo que cumplan las normas de seguridad e higiene, a una remuneración por los servicios prestados sin discriminación alguna y a la protección social contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso. Las personas que trabajan con un contrato laboral tienen garantizada la duración de su jornada laboral conforme a la ley, así como sus días de descanso, días festivos y vacaciones anuales remuneradas. Según el artículo 68, párrafo 1, del Código del Trabajo, una semana normal de trabajo no puede superar las 40 horas. Las jornadas de trabajo son más cortas para los trabajadores menores de 18 años, las personas cuyo trabajo requiere un esfuerzo físico intenso o que trabajan en condiciones perjudiciales o peligrosas, y las personas con discapacidad de las categorías I y II.

A fin de equilibrar las circunstancias sociales, domésticas y otras necesidades personales de los empleados con los requisitos de producción, es posible acordar modalidades de trabajo flexibles (art. 74 del Código del Trabajo). El concepto de empleo ex situ también se ha introducido en el Código del Trabajo. En el caso de las personas que trabajan ex situ, se establece una forma de contabilizar las horas de trabajo, cuya supervisión se define en el contrato de empleo (art. 138 del Código del Trabajo). En virtud del artículo 118 del Código del Trabajo, el empleador ofrece formación profesional, readiestramiento y cursos de actualización para los empleados y otras personas con quienes no exista relación laboral.

Artículo 11, párrafo 1 d)El pago de igual salario por trabajo igual entre hombres y mujeres es un principio fundamental en el ejercicio de los derechos humanos en Kazajstán. La Constitución establece el derecho de los ciudadanos a la remuneración de su trabajo sin discriminación alguna por razón de género, derecho que también se consagra en el artículo 22 del Código del Trabajo. El principio más importante de la legislación laboral es garantizar el derecho a una remuneración justa que no sea inferior al salario mínimo mensual. Dado que existe un marco legislativo para regular las cuestiones relacionadas con el establecimiento y el pago de los salarios y para vigilar su cumplimiento, Kazajstán pudo ratificar el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de obra Masculina y la Mano de obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor. En cumplimiento de la Estrategia de Igualdad de Género, Kazajstán ha ratificado los siguientes instrumentos de la OIT: el Convenio sobre los Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos, 1928 (núm. 26); el Convenio sobre la Protección del Salario, 1949 (núm. 95); y el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, 2006 (núm. 187).

En 2012 los salarios del sector público se incrementaron en un 30%. Desde 2016 se ha introducido un nuevo modelo del sistema de remuneración de los funcionarios, por el cual han aumentado los salarios un 30% de media, en función de las cualificaciones y la antigüedad de los empleados, la complejidad y el volumen del trabajo y las condiciones laborales.

Artículo 11, párrafo 1 e)Kazajstán cuenta con un sistema de seguridad social de varios niveles, que distribuye la responsabilidad de la seguridad social entre el Estado, el empleador y el empleado en los niveles básico, obligatorio y voluntario. Según el artículo 11 de la Ley de Pensiones, de 21 de junio de 2013, las pensiones deben pagarse a los hombres mayores de 63 años y a las mujeres mayores de 58 años (con efecto desde el 1 de enero de 2018, se irá aumentando gradualmente la edad de jubilación de las mujeres hasta los 63 años a lo largo de un período de 10 años, a intervalos de seis meses). Conviene señalar que existen prestaciones de jubilación anticipada a la edad de 53 años para las mujeres que hayan dado a luz (o adoptado) a cinco o más hijos y los hayan criado hasta los 18 años de edad; y a la edad de 45 años para las mujeres que hayan vivido en zonas de emergencia y riesgo máximo de radiación del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk durante al menos 5 años. Además, para calcular los años de antigüedad a efectos de la pensión se tiene en cuenta el tiempo dedicado por una madre no trabajadora a cuidar a sus hijos pequeños, pero solo hasta que cada hijo alcance la edad de 3 años, con un máximo de 12 años en total. También está previsto incluir en los años de antigüedad, y otros períodos de importancia social, el tiempo dedicado a cuidar de un hijo discapacitado menor de 16 años.

En consonancia con el marco conceptual orientado a seguir modernizando el sistema de pensiones hasta el año 2030, la cuantía de las pensiones solidarias aumenta cada año en un 2% con respecto al nivel de inflación. Las aportaciones jubilatorias obligatorias que se deben pagar a las cajas de pensiones contributivas se sitúan en el 10% de los ingresos mensuales de todos los trabajadores, independientemente de su sexo. Las medidas adoptadas para mejorar el nivel de las pensiones han permitido superar la norma utilizada en la práctica internacional para reemplazar la pérdida de ingresos (40%), que en Kazajstán ascendía al 43,8% en 2016 gracias a los pagos de pensiones básicas y solidarias. Además del incremento anual garantizado de las pensiones y prestaciones, también hay aumentos que se aplican una sola vez. De este modo, en cumplimiento de las instrucciones del Presidente de Kazajstán en su mensaje titulado “Tercera modernización de Kazajstán: competitividad mundial”, las pensiones aumentaron en 2017 un 20% con respecto al nivel de 2016. A partir del 1 de julio de 2018, se prevé aplicar un aumento real a la pensión básica, que se calculará tomando como base la duración de la participación en el sistema de pensiones.

De conformidad con el artículo 133 del Código del Trabajo, los empleadores deberán pagar prestaciones por incapacidad temporal, con cargo a sus propios recursos, a los trabajadores que estén temporalmente incapacitados para trabajar según las listas de incapacidad temporal. Los pagos se realizan con cargo al Fondo de Seguridad Social del Estado por la pérdida temporal de la capacidad para trabajar, la pérdida del sostén familiar o el empleo y, en el caso de las trabajadoras, por la pérdida de ingresos relacionada con el embarazo y el parto, la adopción de un niño recién nacido (o varios) o el cuidado de un hijo de hasta 1 año de edad. El artículo 8 de la Ley de Prestaciones Sociales del Estado por Discapacidad, Pérdida del Sostén Familiar o Vejez, de 16 de junio de 1997, establece que las prestaciones de discapacidad se otorgan cuando se produce una discapacidad, con independencia de si el trabajo cesa antes de solicitar las prestaciones o continúa. Según el artículo 88 del Código del Trabajo, los empleados tienen derecho a 24 días naturales de vacaciones anuales pagadas, a menos que exista un mayor número de días fijado por otras leyes y regulaciones, convenios laborales colectivos o reglamentos del empleador. En el marco de los convenios laborales colectivos, es posible ofrecer a los trabajadores más vacaciones anuales pagadas como beneficio adicional por largos servicios ininterrumpidos u otras razones.

Artículo 11, párrafo 1 f)El artículo 26 del Código del Trabajo prohíbe emplear a mujeres para trabajos que requieran un esfuerzo físico intenso o que se realicen en condiciones perjudiciales o peligrosas, basándose en la lista de ocupaciones para las que está prohibido contratar mano de obra femenina, aprobada por la orden núm. 944 del Ministro de Salud y Desarrollo Social, de 8 de diciembre de 2015. En la lista figuran 287 tipos de ocupaciones y especialidades prohibidas para las mujeres en los sectores de la metalurgia, montaje, reforma y construcción, minería, prospección geológica, topografía, geodesia y otros sectores, y también se establece el peso máximo que puede levantar y trasladar una mujer, lo cual se ajusta a los principios y las disposiciones del Convenio de la OIT. Con esta lista se asegura la protección de la maternidad y también se salvaguarda la salud de la mujer. No obstante, a fin de ampliar el acceso de las mujeres a ocupaciones que actualmente —gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, la automatización de la producción y el uso de robots, entre otros avances— ya no son perjudiciales para su salud, la lista se actualizará en 2018.

Artículo 11, párrafo 2 a)De conformidad con el artículo 54 del Código del Trabajo, el empleador no puede rescindir el contrato laboral de las mujeres embarazadas que hayan presentado al empleador un certificado médico de embarazo, las mujeres con hijos menores de 3 años, las madres solteras que estén criando a hijos menores de 14 años (o hijos con discapacidad menores de 18 años) y otras personas que estén criando a niños que hayan perdido a su madre y pertenezcan a estas categorías. El empleador está obligado a prorrogar el contrato laboral a las mujeres que estén embarazadas de al menos 12 semanas y a los empleados que tengan un hijo menor de 3 años o que hayan adoptado a un niño y deseen ejercer el derecho a una licencia sin sueldo para cuidar de su hijo (art. 51 del Código del Trabajo). Si una mujer embarazada es despedida ilegalmente, el empleador deberá restituirla en función de lo que decida la comisión de conciliación o el tribunal. Una empleada que haya vuelto a ocupar el puesto que desempeñaba anteriormente deberá percibir el salario medio correspondiente a todo el período de licencia forzosa o la diferencia salarial con respecto al período en que haya realizado trabajos de menor remuneración, pero con un límite de seis meses. Conforme al artículo 152, párrafo 2, del Código Penal, la negativa injustificada a firmar un contrato laboral con una mujer o la rescisión injustificada de su contrato laboral por estar embarazada o tener hijos menores de 3 años, así como la negativa injustificada a firmar un contrato laboral o la rescisión injustificada de un contrato laboral con una persona con discapacidad por el hecho de su discapacidad o con un menor por el hecho de serlo, se castiga con una multa de hasta 500 unidades de pago mensual o trabajo correccional equivalente a la misma cantidad, o con trabajo comunitario durante un período de hasta 300 horas, o con la detención durante un período de hasta 90 días, con o sin privación del derecho a ocupar determinados puestos o dedicarse a determinadas actividades durante un período de hasta 1 año.

Artículo 11, párrafo 2 b)Con arreglo al artículo 99 del Código del Trabajo, las mujeres embarazadas tienen derecho a una licencia de maternidad de 70 días naturales antes del parto y de 56 días naturales después del nacimiento (70 en caso de que existan complicaciones o nazcan dos o más hijos). Las mujeres que viven en las zonas que se han visto afectadas por los ensayos nucleares, con certificado de incapacidad para trabajar a causa del embarazo y el parto, tienen derecho a una licencia de maternidad de 170 días naturales para un parto normal y de 184 días en caso de complicaciones o nacimiento de dos o más hijos. En 2008 se introdujo el seguro social obligatorio para el embarazo, el parto y la maternidad de las trabajadoras. Estas reciben unas prestaciones del Fondo de Seguridad Social del Estado basadas en el salario medio mensual durante todos los días de licencia de maternidad, y en el 40% del salario medio mensual durante la licencia destinada a cuidar de un hijo de hasta 1 año de edad (art. 23-2 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, de 25 de abril de 2003). Las aportaciones jubilatorias obligatorias se retienen de las prestaciones abonadas por la pérdida de ingresos en relación con el embarazo y el parto, la adopción de un niño recién nacido (o varios) o el cuidado de un hijo de hasta 1 año de edad, y se acreditan a la cuenta de jubilación del receptor (art. 26).

Artículo 11, párrafo 2 c)El Código del Trabajo contiene disposiciones relativas a la prohibición del empleo de la mujer, normas que rigen el trabajo y el descanso de las mujeres y otras personas con responsabilidades familiares, y restricciones a la rescisión por parte del empleador del contrato laboral con una mujer embarazada.

De conformidad con los artículos 51, 54, 58, 76 y 77 del Código del Trabajo, un empleador no podrá:

1)asignar a mujeres embarazadas trabajos que deban realizarse de noche, en fines de semana, en días festivos o en horas extraordinarias, ni enviarlas en viajes de negocios o cancelar sus vacaciones anuales remuneradas;

2)encargar a las siguientes personas que trabajen por la noche o en horas extraordinarias, ni enviarlas en viajes de negocios o exigirles que trabajen por turnos sin una autorización por escrito:

i)las mujeres con hijos menores de 7 años y otras personas que críen a niños menores de 7 años que hayan perdido a su madre;

ii)los empleados que estén cuidando a familiares enfermos o a niños con discapacidad siempre que se confirme mediante evaluación médica que los niños menores de 3 años, los niños con discapacidad o los familiares enfermos necesitan atención a tiempo completo.

Según el artículo 82 del Código del Trabajo, las mujeres trabajadoras con hijos de hasta 18 meses de edad y los padres (o padres adoptivos) que críen a sus hijos en ausencia de la madre hasta la edad de 18 meses podrán hacer pausas adicionales para alimentar al niño como mínimo cada 3 horas, de la siguiente forma: para un hijo, una pausa de al menos 30 minutos; para dos hijos o más, una pausa de al menos 1 hora. Las pausas para la lactancia se incluyen en la jornada de trabajo de la mujer, al tiempo que se mantiene el salario medio. En virtud del artículo 70 del Código del Trabajo, el empleador tendrá que permitir que una mujer embarazada o uno de los progenitores (o progenitores adoptivos) que tenga un hijo menor de 3 años trabaje a tiempo parcial, sin restricciones en la duración de las vacaciones anuales. No está permitido cancelar la licencia de los empleados menores de 18 años, las mujeres embarazadas o los trabajadores cuyos puestos requieren un esfuerzo físico intenso o entrañan condiciones de trabajo perjudiciales o peligrosas. Además, los empleadores están obligados a conceder a los empleados una licencia no remunerada para el cuidado de un hijo de hasta 3 años de edad, que el trabajador podrá aprovechar en su totalidad o en parte, en función de lo que solicite por escrito el trabajador, que a la vez conservará su empleo. El período de licencia no remunerada para el cuidado de un hijo de hasta 3 años de edad se incluirá en el cálculo de la duración total del servicio, y del período de empleo en un ámbito especializado en concreto, a menos que la legislación nacional disponga lo contrario (art. 100 del Código del Trabajo).

Artículo 11, párrafo 2 d)Según el artículo 44 del Código del Trabajo, el empleador, sobre la base de una evaluación médica, deberá transferir a una mujer embarazada a otro puesto de trabajo en el que no esté expuesta a condiciones de trabajo perjudiciales o peligrosas, sin que esta deje de percibir el salario medio.

Artículo 11, párrafo 3De conformidad con el artículo 54, párrafo 2, del Código del Trabajo, el empleador no podrá rescindir el contrato laboral de las mujeres embarazadas que le hayan presentado un certificado médico de embarazo, las mujeres con hijos menores de 3 años, las madres solteras que estén criando a hijos menores de 14 años (o hijos con discapacidad menores de 18 años) y otras personas que estén criando a niños en ausencia de su madre y pertenezcan a estas categorías.

Se ha implementado un acuerdo general entre el Gobierno y las asociaciones de trabajadores y de empleadores para el período 2015-2017, en el que se determina que las partes aplicarán medidas que, por un lado, garanticen la protección de las madres y los niños, el apoyo social a las mujeres, la solución de los problemas de género en el ámbito de las relaciones sociales y laborales y el apoyo a los hombres y las mujeres dedicados al cuidado y la educación de los niños en igualdad de condiciones y, por otro lado, aumenten la representación de la mujer en los niveles decisorios. Su aplicación ha conllevado la celebración de un total de 22 acuerdos sectoriales y más de 200 acuerdos regionales (a nivel provincial, municipal y de distrito). El 31 de enero de 2018 se firmó el mismo acuerdo general para el período 2018-2020. El sistema de negociación colectiva abarca un total de 77.100 empresas, es decir, el 34,3% de las empresas en activo. Además, el 90,3% de las empresas grandes y medianas dispone de contratos colectivos. Se está trabajando con miras a mejorar las condiciones de producción (introducción de un sistema de evaluación de riesgos, normas internacionales sobre seguridad y protección en el trabajo, y certificación de las empresas).

En el marco de un proyecto conjunto del Ministerio de Economía Nacional y ONU-Mujeres encaminado a lograr los ODS, se han llevado a cabo varios estudios en relación con el empoderamiento económico de las mujeres socialmente vulnerables. Asimismo, se han formulado recomendaciones relativas a la mejora y el perfeccionamiento de instrumentos y de enfoques y medios especiales que faciliten el emprendimiento y el empleo de las mujeres con vistas a conseguir la igualdad de acceso al empleo y la posibilidad de desarrollar sus iniciativas empresariales.

Con respecto al párrafo 29 a) de las observaciones finales del Comité, cabe señalar que, en Kazajstán, las mujeres son grupos destinatarios a quienes se otorga prioridad en cuanto a la asistencia para el empleo y otras formas de apoyo social, entre ellas la capacitación gratuita en los ámbitos especializados que se necesitan en el mercado laboral, el nombramiento para puestos de servicios sociales subvencionados por el Estado y la formación de los jóvenes. Además, durante el período de capacitación se les proporciona asistencia económica para sufragar sus gastos de transporte y subsistencia y perciben una remuneración. Así pues, durante el período 2012-2016, unas 800 personas, el 48% de las cuales eran mujeres, y la mitad de ellas habitantes de zonas rurales, participaron en la “Hoja de ruta del empleo para 2020”. En 2016, 198.300 personas, incluidas 88.600 mujeres (44,7%), el 48,9% de las cuales eran mujeres rurales, firmaron contratos sociales con los centros de empleo. En total, el porcentaje de mujeres que consiguieron empleo fue del 44% (87.000 mujeres).

En referencia al párrafo 29 b) de las observaciones finales del Comité, un análisis de la situación salarial muestra que el salario medio mensual en 2016 era de 142.898 tenge, lo que supone un aumento del 58,7% con respecto a 2011. La relación entre el salario de las mujeres y el salario de los hombres era del 68,6% en 2016. Esto se debe a que los hombres trabajan con mayor frecuencia en sectores como la industria (petróleo, gas, minería y manufactura), el transporte o la construcción, en los que las condiciones laborales por lo general son difíciles (o perjudiciales) y los salarios son altos. Las mujeres se concentran en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales. Sin embargo, con el propósito de seguir revisando los salarios en los sectores en los que se concentran las mujeres, en 2016 se introdujo un nuevo sistema de remuneraciones que benefició a más de un millón de trabajadores (maestros, médicos, trabajadores del sector de la cultura, personal de los servicios sociales, etc.). Sus salarios aumentaron un promedio del 30%. Véase también el apartado 1 d) del presente artículo. En cuanto al párrafo 29 c) de las observaciones finales del Comité, véase el apartado 1 f) del presente artículo.

Con respecto al párrafo 29 d) de las observaciones finales del Comité, a pesar de que en la legislación nacional no hay ninguna norma explícita que tipifique el acoso sexual, la perpetración de este tipo de actos conlleva sanciones de carácter penal, administrativo o disciplinario, según la gravedad de las consecuencias. El Código de Ética de los Funcionarios establece que estos, en sus relaciones laborales con colegas, deben adoptar medidas encaminadas a crear un clima ético y psicológico favorable que excluya todo tipo de discriminación y trato humillante o degradante de los funcionarios de ambos sexos. Véase también la sección “Delitos y violencia contra la mujer”, en la “Parte I. Información general”, y el artículo 2, párrafo 2 f).

Artículo 12. Igualdad de acceso a la atención sanitaria

Artículo 12, párrafo 1En el marco de la legislación vigente, las mujeres y los hombres gozan de igualdad de acceso a la asistencia sanitaria. La protección de la salud maternoinfantil es una de las prioridades del Estado. Estos derechos se han hecho efectivos en el marco del programa Salamatty Kazajstán y así se seguirá haciendo en virtud de un nuevo programa, Densaulyk. Gracias a la introducción de tecnologías modernas en obstetricia y pediatría, se ha logrado reducir la mortalidad materna y de los niños menores de 1 año (véase la sección “Salud” en la “Parte I. Información general”).

Desde 2010, la lista de servicios médicos y medicamentos gratuitos ha incluido la fecundación in vitro (en 2011, 350 ciclos; en 2012, 600 ciclos; en 2013, 600 ciclos; en 2014, 600 ciclos; en 2015, 820 ciclos; en 2016, 813 ciclos: y en 2017, 900 ciclos). Se ofrecen reconocimientos anuales y asesoramiento para las mujeres en edad de procrear y se realiza un seguimiento del uso de métodos anticonceptivos, en particular la detección de los grupos con alto riesgo de padecer afecciones extragenitales y los factores sociales, así como la detección precoz de enfermedades, los servicios ambulatorios de observación y tratamiento y la detección de enfermedades en los grupos vigilados más de cerca en función de su estado de salud y sus planes de tener hijos. En la planificación de los embarazos, se proporciona formación prenatal. Se realizan pruebas de diagnóstico inicial para la detección temprana del cáncer cervicouterino y de mama. Entre 2011 y 2016, para la detección temprana del cáncer cervicouterino se examinó a 2,8 millones de mujeres, y en el caso del cáncer de mama, a 2,4 millones. Se detectó cáncer cervicouterino en 1.215 casos (0,04%) y cáncer de mama en 4.078 casos (0,16%).

En los últimos años ha disminuido la tasa de abortos en Kazajstán (en 2011, 95.288; en 2012, 95.654; en 2013, 84.265; en 2014, 83.709; en 2015, 81.440; y en 2016, 78.857). No obstante, el aborto sigue siendo uno de los principales elementos reguladores de la tasa de natalidad y una de las causas esenciales de la mortalidad materna. Al mismo tiempo que el número de abortos entre las adolescentes de hasta 15 años fue 1,7 veces inferior en 2016, el número de abortos entre las adolescentes de edades comprendidas entre 15 y 18 años se multiplicó por 1,3 con respecto a los datos registrados en 2015. A fin de sensibilizar a los jóvenes y las niñas sobre la importancia de la familia, la salud reproductiva, la planificación familiar y la prevención del aborto, se dispone de 87 centros de salud para jóvenes que prestan asistencia médica y psicosocial integral a los adolescentes y los jóvenes. Para 2020, estos centros prestarán servicios al 25% de todos los jóvenes mayores de 15 años.

Artículo 12, párrafo 2La atención médica para las mujeres durante el embarazo, el parto y el período posterior al parto es gratuita e incluye servicios adecuados de atención y nutrición, por ejemplo para las madres lactantes hasta que el niño cumple 1 año, a lo largo del período de hospitalización. Además, se está ejecutando un programa nacional para la detección temprana de enfermedades con una cobertura completa de los grupos de población destinatarios, en cuyo marco se prevé mejorar el diagnóstico de enfermedades congénitas y hereditarias en el feto y el recién nacido.

Se han introducido tecnologías perinatales eficaces, como recomienda la OMS (partos seguros, desmedicalización del parto, partos acompañados, reanimación de recién nacidos oportuna y de alta calidad, observancia de la “cadena de calor”, etc.), que son rentables, accesibles y efectivas. Se ha creado un registro de mujeres embarazadas con el fin de mantener un expediente de cada mujer desde el momento de la inscripción hasta el final del embarazo. Igualmente se están introduciendo los criterios modernos de auditoría y evaluación recomendados por la OMS. Para garantizar el acceso a la atención médica en las regiones remotas del país, se han desarrollado servicios médicos móviles y aéreos y de telemedicina.

La regionalización es un sistema de organización que ha resultado eficaz, ya que ha facilitado el mayor uso posible de la tecnología al atender a las mujeres embarazadas y los recién nacidos en función del nivel de riesgo, independientemente del lugar de residencia. Las mujeres embarazadas con enfermedades graves y los nacimientos prematuros se remiten a los centros perinatales dotados de equipo médico moderno, donde trabajan especialistas de alto nivel. Según cuáles sean las necesidades de las regiones, se prioriza la adquisición de equipo médico moderno para prestar atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el período posterior al parto, a las mujeres con trastornos ginecológicos y a los recién nacidos y los niños. En el marco del sistema público de servicios sociales, la Academia de Medicina Preventiva ha elaborado guías metodológicas sobre nutrición saludable para los niños menores de 1 año, los niños en edad escolar, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y otros grupos. Por lo tanto, Kazajstán está adoptando medidas concretas para aplicar los párrafos 25 y 26 de las observaciones finales del Comité.

Con respecto al párrafo 31 a) de las observaciones finales del Comité, las actividades en materia de infección por el VIH en Kazajstán se llevan a cabo conforme a las nuevas estrategias y metas internacionales que figuran en la Declaración Política sobre el VIH/Sida: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030. Las medidas relativas al diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH se aplican en el marco de la ejecución del Programa Estatal para el Desarrollo de la Asistencia Sanitaria. La prestación de asistencia médica y social a los pacientes infectados por el VIH y enfermos de sida se rige por el Código de Salud Pública y el sistema de atención de la salud (arts. 112 a 115). Se ha elaborado una hoja de ruta basada en la estrategia de la OMS y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), que fue aprobada mediante la orden núm. 164 del Ministerio de Salud relativa a la aplicación de medidas para prevenir las infecciones por el VIH durante el período 2017-2020, de 14 de abril de 2017. Kazajstán ha logrado algunos avances en la prevención de la transmisión maternoinfantil. El alcance de la terapia antirretroviral era del 80,6% en 2016. A fin de evaluar la eficacia y la calidad del tratamiento ofrecido, se realiza una supervisión de laboratorio que comprueba la carga vírica de los pacientes infectados por el VIH. En 2016 el alcance del tratamiento preventivo de las mujeres embarazadas infectadas por el VIH fue del 97,4%, y de los niños a los que dieron a luz, del 99,5%.

Se ha conseguido una importante reducción del 80% en la transmisión vertical a lo largo de diez años (del 7,4% al 1,5%). Todos los niños nacidos de madres infectadas por el VIH reciben gratuitamente leche maternizada hasta la edad de 1 año. Por ello, Kazajstán pretende solicitar a la OMS en 2018 la certificación de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH. Los grupos vulnerables de la población (consumidores de drogas por vía intravenosa y trabajadores sexuales) disponen de 155 emplazamientos confidenciales y 30 dispensarios confidenciales, además de divulgadores de los centros de lucha contra el sida. En el contexto del sistema público de servicios sociales, las ONG realizan actividades informativas sobre el VIH con el fin de aumentar el número de personas que conocen su estado serológico respecto del VIH conforme al principio de prueba y tratamiento recomendado por la OMS.

Por decreto del Ministerio de Salud, se ha ejecutado un proyecto social para sensibilizar a la población y, en particular, a las empresas, sobre la prevención y el tratamiento del VIH/sida y la tuberculosis a fin de reducir la estigmatización, mitigar la morbilidad y mejorar los indicadores del Índice Mundial de Competitividad en relación con los efectos del VIH/sida y la tuberculosis sobre las empresas de Kazajstán, por un monto de 12 millones de tenge. La asociación pública nacional “Apoyo jurídico para los trabajadores sanitarios” se encargó de poner en práctica este proyecto entre agosto y noviembre de 2017. La labor intensiva en las esferas del diagnóstico, la detección y la prevención de los casos de infección por el VIH entre las mujeres a lo largo de los últimos seis años ha contribuido a transformar la dinámica al respecto: se pasó de 711 casos en 2011 a 1.148 casos en 2016. El número de mujeres drogadictas entre el total fue de 31 (4,4%) en 2011 y de 49 (4,3%) en 2016.

Los casos de VIH registrados entre los ciudadanos de Kazajstán a 30 de junio de 2017 entre las 8.863 mujeres registradas en los dispensarios ascendía a 7.277 y, de esas personas, 4.194 (57,63%) están recibiendo terapia antirretroviral. En 2016, 234 mujeres (19,2% del total de mujeres diagnosticadas) fueron diagnosticadas durante el embarazo, de las cuales el 2,6% eran consumidoras de drogas por vía intravenosa y el 0,9% eran trabajadoras sexuales. En total nacieron 3.314 niños cuyas madres estaban infectadas por el VIH, de los cuales 124 habían contraído el VIH. En 2016 se organizó, conjuntamente con ONU-Mujeres, una conferencia sobre el Marco Unificado de Presupuesto, Resultados y Rendición de Cuentas en relación con el apoyo a las mujeres que viven con el VIH. Los participantes en la conferencia elaboraron un documento en el que se esbozan las necesidades y prioridades de las mujeres que viven con el VIH en la aplicación de los ODS. En consonancia con el párrafo 31 b) de las observaciones finales del Comité, se están recopilando datos sobre las mujeres consumidoras de drogas en las prisiones y en la sociedad en general para determinar el alcance de este problema, con miras a diseñar iniciativas apropiadas contra la drogodependencia y calcular el número de personas que viven con el VIH/sida y necesitan atención médica.

Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, se ha producido un descenso del número de mujeres que padecen trastornos psiquiátricos y de conducta provocados por el consumo de sustancias estupefacientes que están bajo observación clínica y preventiva, en concreto, de 3.715 en 2011 a 2.028 en 2016 (en 2012, 2.610; en 2013, 3.053; en 2014, 2.651; y en 2015, 2.331). Entre 2011 y 2016 se redujo del 8,3% al 7,5% la proporción de mujeres que padecían trastornos psiquiátricos y de conducta y se encontraban bajo observación clínica y preventiva (en 2011, 44.825; en 2012, 33.436; en 2013, 38.203; en 2014, 33.847; en 2015, 31.046; y en 2016, 27.407).

A 30 de junio de 2017, en los centros de detención figuraban inscritas 236 mujeres drogadictas, es decir, el 10,6% del número total de pacientes drogadictos bajo observación en las instituciones del sistema penitenciario. De conformidad con el artículo 117, párrafo 2, del Código Penitenciario de la República de Kazajstán, se han puesto en marcha instalaciones de tratamiento y prevención (hospitales para el tratamiento de enfermedades físicas y psiquiátricas y la tuberculosis, unidades de servicios médicos y dispensarios) a fin de prestar servicios de atención sanitaria a las personas reclusas. Los servicios médicos de este tipo de instituciones también incluyen el tratamiento obligatorio de los reclusos por el uso indebido de alcohol, drogas y otras sustancias.

Se realiza un seguimiento ambulatorio de los enfermos, en particular de las mujeres con trastornos psiquiátricos y de conducta causados por el uso de sustancias sicotrópicas con síntomas clínicos de dependencia de tales sustancias, conforme a la normativa de registro, supervisión y tratamiento de personas que se reconoce que padecen alcoholismo, drogadicción y toxicomanía (orden núm. 814 del Ministro de Salud, de 2 de diciembre de 2009).

En 2015 se analizaron los resultados de una encuesta entre consumidoras de drogas inyectables, conjuntamente con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre la Dependencia y el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Universitario (UKE) de Hamburgo (Alemania). El estudio se efectuó en dos provincias de Kazajstán (Kazajstán Oriental y Karaganda) y se centró en el uso de los servicios de salud por las mujeres drogadictas. En el marco del Programa Regional para el Afganistán y los Países Vecinos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), concebido para crear una red regional que respalde iniciativas de reducción de la demanda de drogas en los países de Asia Central y Occidental, el Centro Nacional de Salud Mental celebró un curso regional de capacitación para formadores sobre el tratamiento de las mujeres drogadictas.

En referencia al párrafo 31 c) de las observaciones finales del Comité, se están tomando medidas para aumentar la disponibilidad de los mecanismos de planificación familiar y facilitar anticonceptivos de forma gratuita a las mujeres que padecen enfermedades crónicas graves, así como a las mujeres con discapacidad y las adolescentes. A fin de reducir la mortalidad materna, el Ministerio de Salud, con el apoyo del UNFPA, realizó un análisis situacional de la salud reproductiva entre la población de Kazajstán. A partir de dicho análisis, se creó un programa marco orientado a mejorar los servicios de planificación familiar hasta el año 2021 y se preparó un plan de acción detallado. Los componentes del plan de acción para mejorar los servicios de planificación familiar se integraron en la hoja de ruta del Ministerio de Salud, conforme a la cual se han establecido dispensarios de planificación familiar en todas las regiones del país a fin de capacitar a especialistas en salud pública. La población de Kazajstán, incluidas las mujeres rurales, tiene igual acceso a todos los anticonceptivos modernos registrados a través de las farmacias. Cerca del 70% de las mujeres en edad de procrear pertenecientes a grupos en situación de riesgo tienen acceso a métodos anticonceptivos. Alrededor de 1,6 millones de mujeres utilizaban medios anticonceptivos en 2016, entre ellos dispositivos intrauterinos (54%), anticonceptivos hormonales (18,6%), métodos de barrera (23%) y espermicidas (4,4%). Continuamente se asignan fondos con cargo a los presupuestos locales de las regiones para la adquisición de anticonceptivos con el fin de mejorar el acceso y el suministro gratuito de anticonceptivos a los adolescentes.

Artículo 13. Prestaciones sociales y económicas

Artículo 13 a)Sean cuales sean los ingresos familiares, se pagan prestaciones con cargo al presupuesto por el nacimiento de un hijo, y en el caso de las personas desempleadas también se ofrecen prestaciones para el cuidado de los hijos menores de 1 año. La cuantía de las prestaciones varía en función del número de hijos en la familia. Las mujeres que trabajan reciben unas prestaciones sociales con cargo al Fondo de Seguridad Social del Estado equivalentes al salario mensual medio para todos los días de licencia de maternidad, y equivalentes al 40% del salario mensual medio para el cuidado de un hijo menor de 1 año. Además, las familias numerosas con cuatro o más hijos menores de edad que vivan juntas, y las madres con un gran número de hijos, que hayan recibido el colgante de oro “Алтын алқа” (siete o más hijos) o el de plata “Күміс алқа” (seis hijos), o que hayan recibido previamente el título de Madre Heroína o Maternidad Gloriosa (clases I o II), reciben prestaciones públicas especiales.

En 2011 se introdujo un subsidio mensual para ayudar a los tutores (cuidadores) a costear la manutención de los niños privados del cuidado de sus padres. Asimismo, las familias de bajos ingresos reciben asistencia social en forma de prestaciones para los hijos menores de 18 años; prestaciones para el cuidado de niños con discapacidad; prestaciones por la pérdida del sostén familiar; prestaciones específicas para ciudadanos, repatriados, refugiados, extranjeros y apátridas que residan permanentemente en Kazajstán con unos ingresos per cápita por debajo del umbral de pobreza; ayudas para vivienda dirigidas a familias (ciudadanos) de bajos ingresos que residan permanentemente en la localidad (propietarios de viviendas); y prestaciones para personas con discapacidad, veteranos de la Gran Guerra Patria, héroes del trabajo socialista, madres con muchos hijos y personas que trabajen en condiciones difíciles y perjudiciales (prestaciones públicas especiales, prestación pública social de discapacidad). A fin de familiarizar a la población, la información sobre las prestaciones y los pagos puede consultarse en el sitio web de la empresa pública “Gobierno para los ciudadanos”, http://egov.kz.

Artículo 13 b)Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir préstamos, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, independientemente de su género. Los bancos conceden préstamos para construir (adquisición de tierras) y comprar viviendas, hacer reformas y modernizaciones y pagar la entrada necesaria para obtener una hipoteca. Las hipotecas se ofrecen a condición de que, en el transcurso de entre 3 y 15 años, se haya ahorrado la cantidad mínima requerida por las disposiciones del contrato de la hipoteca. El desarrollo de las empresas de mujeres en Kazajstán se impulsa mediante programas estatales en el marco del Fondo Damu para el Desarrollo del Emprendimiento, así como mediante los acuerdos entre el Gobierno y las instituciones internacionales de desarrollo. Desde 2011, el Fondo Damu ha aplicado programas para la financiación de pequeñas y medianas empresas mediante un préstamo del Banco Asiático de Desarrollo (BASD). Por recomendación del BASD, el 33% de los fondos deben asignarse como créditos a mujeres empresarias. El Fondo Damu destina fondos a bancos de segundo piso, que conceden préstamos a mujeres empresarias para que repongan el capital de operaciones y para que adquieran y modernicen el capital fijo, a un máximo del 14% anual por una cuantía de hasta tres millones de tenge.

Desde 2015 se viene ejecutando un programa denominado “Mujeres empresarias”, en colaboración con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que se centra en la concesión de créditos en condiciones favorables a las empresas dirigidas por mujeres. Uno de los criterios principales para seleccionar a las empresas participantes es que sea una mujer (o varias) quien se encargue de la dirección; o que una parte o la totalidad del capital de la empresa pertenezca a una mujer (o varias).

Como parte del componente de “capacitación del personal directivo superior de pequeñas y medianas empresas” del programa estatal “Hoja de ruta de las empresas para 2020”, los empresarios estudian los modelos empresariales más actuales y situaciones comerciales concretas con el fin de perfeccionar sus conocimientos para resolver de forma independiente los problemas que surjan en la trayectoria de las empresas y desarrollar buenas aptitudes de gestión. La capacitación se imparte en la Escuela de Negocios de la Universidad Nazarbayev, con la participación de centros de formación extranjeros. Hasta la fecha, han recibido capacitación 286 personas, de las cuales 119 eran mujeres empresarias (42%). En el marco del programa estatal “Hoja de ruta de las empresas para 2020”, desde 2012 han recibido servicios de apoyo 71.389 mujeres (45,3% del número total de participantes).

En 2016, dentro del programa del Fondo Damu destinado a mejorar las competencias empresariales para 2015-2018, se puso en marcha el proyecto “Apoyo a la apertura de nuevas empresas” a través de centros de servicios empresariales. Durante todo el período de ejecución del proyecto, recibieron apoyo 1.187 mujeres, que representaban el 47,4% del número total de participantes. El Fondo Damu también ayuda a los empresarios por medio del proyecto Damu-Kemek, que ha prestado apoyo a 2.020 empresarios con competencias limitadas, entre ellos 1.224 mujeres (61%). Por tanto, las medidas de apoyo del Estado constituyen un mecanismo eficaz para mejorar las aptitudes de las mujeres empresarias y aumentar su participación en los programas de apoyo financiero y no financiero a pequeñas y medianas empresas.

Artículo 13 c)De acuerdo con la Ley de Cultura Física y Deporte, la finalidad de la política estatal en este ámbito es garantizar unos estilos de vida saludables y promover la cultura física y el deporte, y su aplicación se basa en los principios de la participación voluntaria, la igualdad y la accesibilidad para todos. No existen leyes ni regulaciones que prohíban la participación de las niñas y las mujeres en el deporte o la educación física. Tampoco existen restricciones de vestuario que impidan a las mujeres participar plenamente en el deporte. Las mujeres y los hombres tienen igual acceso a las instalaciones y los equipos deportivos. No hay obstáculos jurídicos, sociales, económicos o culturales que impidan a las mujeres participar en los deportes o en actividades recreativas y culturales de cualquier tipo.

Artículo 14. Mujeres rurales

A principios de 2017 había 7,67 millones de personas que residían en zonas rurales, lo que supone el 42,8% de la población total. Esa población rural se dividía en 3,83 millones de mujeres (49,9%) y 3,84 millones de hombres (50,1%). En 2016 estaban empleadas 3,7 millones de personas en las zonas rurales, entre ellas 1,7 millones de mujeres (45,7%). En los sectores del ámbito rural no relacionados con los productos básicos, las mujeres trabajan principalmente en el sector de los servicios. Entre las empresas gestionadas en su totalidad por mujeres, cabe destacar las peluquerías y los salones de belleza, los talleres de confección, los comedores públicos, los artículos de comercio y turismo, los servicios médicos y dentales, las oficinas y las farmacias. Más del 90% de los principales empleados y directivos de todos los niveles son mujeres. El apoyo estatal al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales se centra en afrontar las cuestiones del empleo y la reducción de la pobreza. En el marco del programa “Hoja de ruta de las empresas para 2020”, las mujeres, en particular las que viven en zonas rurales, tienen el derecho prioritario de participar en todos los aspectos.

Un total de 1.400 mujeres han recibido capacitación sobre los principios básicos de la iniciativa empresarial, mientras que 1.300 mujeres han abierto sus propios negocios y se han convertido en nuevas empresarias. Otras 1.100 mujeres han sido contratadas para ocupar puestos permanentes creados por beneficiarios de los microcréditos. A fin de aumentar la competitividad de los participantes del programa en el mercado de trabajo, se ha impartido formación profesional a 3.900 mujeres y más del 80% han conseguido empleo. Un total de 16.600 mujeres han encontrado empleo en los servicios sociales y los servicios destinados a los jóvenes. En 2016, en el contexto del programa, se reubicó a 1.100 personas, entre ellas 300 mujeres.

En 2015, en virtud del decreto estatal sobre servicios sociales, el fondo público “Desarrollo de la iniciativa empresarial entre los jóvenes” preparó un informe analítico titulado “Desarrollo del emprendimiento rural de las mujeres en Kazajstán: problemas, tendencias y perspectivas”. Para conocer más detalles sobre las medidas de apoyo financiero a las mujeres de zonas rurales, véase la información del párrafo 2 g) del presente artículo.

Artículo 14, párrafo 2 a)Las mujeres rurales participan activamente en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo de sus pueblos y aldeas y trabajan en todas las ramas de la economía. Las mujeres representan el 11,4% (269 de 2.360) de los akims de las aldeas y los distritos rurales. Se están adoptando medidas que permitan formar a los especialistas necesarios para hacer efectivo el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. Se ha reservado una cuota de admisión del 30% en las instituciones de enseñanza de todos los niveles para los jóvenes de zonas rurales, a fin de que cursen estudios de agricultura e ingeniería, entre otros. Los graduados de las instituciones de enseñanza superior de magisterio y medicina que hayan estudiado acogiéndose al sistema de cuotas son enviados individualmente a trabajar en las zonas rurales. Con arreglo al Programa de Desarrollo del Empleo Productivo y el Emprendimiento en Masa, se utilizan dos métodos: la formación profesional y técnica gratuita en la universidad durante un período de hasta 2,5 años, especialmente para los jóvenes de familias desfavorecidas, y los cursos breves de capacitación con doble especialización durante un período de entre 1 y 6 meses en facultades universitarias y centros de formación de la Cámara Nacional de Comercio “Atameken”, en colaboración con empresas. Esta formación se ofrece a todos los desempleados y los trabajadores por cuenta propia, en particular las mujeres. De manera experimental, se están prestando servicios móviles de formación, a fin de impartir capacitación laboral en zonas rurales y aldeas remotas. A 1 de octubre de 2017, se había enviado a 53.600 personas a la formación profesional de corta duración, de las cuales 23.000 consiguieron empleo.

Artículo 14, párrafo 2 b)Se están aplicando algunas medidas para garantizar el acceso a la atención médica de la población rural que vive en zonas remotas e inaccesibles. La telemedicina se ha introducido a gran escala y hay especialistas cualificados que ofrecen consultas a distancia a los pacientes que se encuentran en comunidades remotas. Desde 2011 llevan en funcionamiento unos 204 centros de telemedicina, que han atendido más de 20.000 consultas al año. De 2011 a 2013 se adquirieron más de 2.300 artículos de equipo médico para policlínicas. En 2011 se introdujeron servicios médicos aéreos para mejorar el acceso de las madres y los recién nacidos a la atención médica durante el embarazo, el parto y el período posterior al parto cuando viven en los rincones más remotos del país. También en 2011, Kazajstán introdujo servicios médicos de rescate en carretera que proporcionan asistencia médica de urgencia en los accidentes de tráfico y otras situaciones de emergencia.

Con arreglo al sistema público de becas educativas, se reserva una cuota anual del 30% a los jóvenes de zonas rurales que acceden a instituciones de enseñanza superior de medicina, lo cual incluye como compensación el destino obligatorio durante tres años a organizaciones médicas rurales. Los trabajadores médicos y farmacéuticos de las organizaciones públicas del sector sanitario que trabajan en las zonas rurales y las aldeas más grandes reciben apoyo social adicional: un complemento salarial cuya cuantía depende de los órganos representativos locales, el reembolso del costo de los servicios comunitarios y el combustible con cargo a los recursos presupuestarios, un subsidio de pago único para su instalación que equivale a 70 unidades de pago mensual, prestaciones para adquirir parcelas de tierra, y servicios comunitarios (en 2017 se pagaron subsidios de instalación a 254 (14%) jóvenes especialistas; de vivienda, a 141 (8%) especialistas; y de alquiler de vivienda, a 164 (9%) especialistas). Desde 2014 han llegado a las zonas rurales más de 1.593 especialistas médicos. Así pues, en relación con los párrafos 25, 26, 31 y 32 de las observaciones finales del Comité, en Kazajstán se están adoptando medidas para aumentar el acceso de las mujeres de zonas rurales a los servicios sociales y de atención sanitaria.

Artículo 14, párrafo 2 c)La población rural, incluidas las mujeres, tiene cobertura en todos los planes actuales de seguridad social de Kazajstán (véase el art. 11, párr.e)).

Artículo 14, párrafo 2 d)En el contexto de la prestación de información y asesoramiento a los agronegocios mediante la red regional “Kazagromarketing”, en 2016 se firmaron 11.148 acuerdos para la prestación de servicios personales. En virtud de los acuerdos alcanzados durante el período sobre el que se informa, se atendieron 301.217 consultas. Además, cuando los agronegocios solicitan ayuda a los centros rurales de información y asesoramiento, los representantes regionales brindan asesoramiento directo de inmediato, sin necesidad de concertar un acuerdo. Sobre la base de las solicitudes directas, se atendieron 34.977 consultas, de las cuales 3.588 correspondían a mujeres sobre diversos aspectos de la agricultura. Durante sus más de 12 años de experiencia, la asociación pública “Unión de Mujeres Empresarias de Kazajstán” ha capacitado a más de 10.000 mujeres, en especial mujeres rurales, impartiendo educación y desarrollando sus competencias empresariales. Su principal misión consiste en mejorar la participación de las mujeres rurales en la vida económica y pública de la sociedad, así como desarrollar la democracia y el surgimiento de una sociedad civil dinámica.

Se ha abierto un centro de llamadas sobre la reforma agraria. En el sitio web jerturaly.kz se ha creado una sección especial, desde donde es posible enviar preguntas y recibir una respuesta detallada de los órganos competentes del Estado.

Artículo 14, párrafo 2 e)Las actividades de las cooperativas se rigen por la Ley de Cooperativas Agrícolas, de 29 de octubre de 2015. Todos los ciudadanos, incluidas las mujeres rurales, tienen derecho a integrarse y participar en las actividades de las cooperativas rurales de consumo y ser administradores. Según los datos del censo agrario (2010), hay más de 194.000 explotaciones agrícolas colectivas o estatales y 2,2 millones de explotaciones agrícolas privadas, de las cuales 1,4 millones se encuentran en zonas rurales. Se dedican al cultivo de cosechas, la ganadería, la producción de huertos y la horticultura. Las explotaciones agrícolas repercuten considerablemente en el suministro de alimentos del país, puesto que generan más del 90% de la producción ganadera y el 60% de la producción de cultivos. El sector de las explotaciones familiares produce el 95% de la leche, las patatas y las hortalizas y el 45% de los huevos.

Artículo 14, párrafo 2 f)Según el artículo 101 del Código de la Tierra, todos los ciudadanos que posean conocimientos agrícolas especializados y las cualificaciones pertinentes, además de experiencia laboral en la agricultura, tienen derecho a adquirir tierras con fines agrícolas. La ley prevé tres categorías de explotaciones agrícolas: las explotaciones en forma de negocio familiar basadas en la propiedad conjunta; las explotaciones basadas en la empresa privada; y las explotaciones organizadas mediante una simple asociación.

Las mujeres de las zonas rurales tienen el derecho y la oportunidad de participar en todos los tipos de actividades colectivas. Trabajan en fábricas que elaboran productos horneados y conservas de frutas, verduras y carne; en talleres de confección y arreglos de ropa; y en diversos tipos de artesanías: costura y bordado de trajes nacionales y otros artículos, tejido de pañuelos para la cabeza y alfombras, elaboración de cerámica nacional y joyas, etc. A 1 de enero de 2017, las mujeres dirigían más de 39.000 empresas agrícolas, lo que supone más del 20%, mientras que en 2011 su proporción era del 11%.

Artículo 14, párrafo 2 g)Con miras a apoyar y desarrollar el espíritu emprendedor de las mujeres en las zonas rurales, se presta especial atención a garantizar que las mujeres rurales accedan al crédito. Las esferas prioritarias para desarrollar la iniciativa empresarial de las mujeres en el sector rural incluyen la preparación, el procesamiento y el almacenamiento de productos agrícolas, la prestación de servicios veterinarios, la producción de prendas de vestir y tejidos, el ámbito de los servicios, etc. Una forma de apoyo financiero en el desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer consiste en los programas que lleva a cabo la sociedad anónima KazAgro National Management Holding.

Por medio de las líneas de crédito de entidades filiales, KazAgro ofrece financiación para operaciones sobre el terreno en primavera, producción y procesamiento agrícolas, negocios conjuntos de las asociaciones de productores agrícolas y la población rural, actividades no agrícolas en las zonas rurales, adquisición de tecnología agrícola moderna, tecnologías especiales y equipos tecnológicos y de procesamiento —en particular mediante contratos de arrendamiento—, microcréditos destinados a los hogares de ingresos medios y bajos de localidades rurales, etc. Las condiciones de crédito de los programas que aplica KazAgro son las más ventajosas en comparación con otras instituciones financieras de Kazajstán (se aceptan garantías con poca liquidez y se concede un período de gracia de hasta dos años para el reembolso) y se ofrecen en igualdad de condiciones, tanto a hombres como a mujeres.

La sociedad anónima “Fondo de apoyo financiero a la agricultura” fomenta el espíritu emprendedor de las mujeres en las zonas rurales mediante la ejecución de 16 programas de créditos y microcréditos. Entre 2012 y 2017, el Fondo concedió 31.712 préstamos en las zonas rurales por un valor de 81.300 millones de tenge, incluidos 10.164 préstamos a mujeres empresarias (32% del total) por una cuantía de 25.100 millones de tenge. Las organizaciones de microcréditos financiadas por el Fondo concedieron créditos a 7.525 prestatarios finales por un valor de 5.700 millones de tenge, incluidos 1.984 préstamos (27%) otorgados a mujeres, por un valor de 1.300 millones de tenge. Por consiguiente, se está cumpliendo con lo recomendado en el párrafo 33 b) de las observaciones finales del Comité, al aumentar el acceso de las mujeres a la microfinanciación y el microcrédito con tipos de interés bajos para que puedan emprender actividades generadoras de ingresos y crear sus propias empresas.

Artículo 14, párrafo 2 h)Se ha registrado una mejora notable en la base material y técnica de la infraestructura social y de ingeniería de las zonas rurales. Ha aumentado la proporción de comunidades rurales con suministro central de agua, lo que ha permitido que los residentes de las zonas rurales tengan acceso a agua potable de alta calidad. Se ha reducido el número de habitantes rurales que utilizan agua importada. Igualmente ha disminuido el número de aldeas que no están conectadas a la red central de electricidad, y la población rural recibe electricidad a tarifas especiales. Las necesidades rurales de combustible se satisfacen plenamente de conformidad con los reglamentos. Ha aumentado el número de aldeas con suministro de gas. Actualmente se está ejecutando un programa sectorial para el período 2011-2020 con el que se pretende modernizar la vivienda y los servicios municipales. Sus objetivos fundamentales son mejorar los sistemas de calefacción, electricidad, gas y abastecimiento de agua e introducir tecnologías de eficiencia energética y ahorro de recursos. A raíz de haber aplicado enfoques sistémicos, se prevé que los daños en las redes y estructuras de servicios se habrán reparado y reconstruido plenamente para 2020. Todas las comunidades rurales disponen de conexión a Internet de banda ancha.

Artículo 15. Igualdad ante la ley y derecho civil

Artículo 15, párrafo 1Según dispone el artículo 14 de la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales, y la finalidad de toda la legislación (el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infracciones Administrativas y demás leyes y reglamentos) es aplicar esta disposición constitucional. De conformidad con el artículo 13, párrafo 2, de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección jurídica de sus derechos y libertades. Con arreglo a la legislación procesal, los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades, y disfrutan de igualdad de derechos en lo que respecta al acceso a la justicia y un nivel garantizado de protección jurídica.

El Estado está adoptando medidas sistemáticas para asegurar la protección de los derechos de las mujeres implicadas en procesos penales. El Código de Procedimiento Penal estipula que el Estado garantiza a todas las personas el acceso a la justicia y la indemnización por daños y perjuicios en los casos previstos por la ley y conforme al procedimiento que en ella figure. El derecho a una indemnización por los daños y perjuicios causados por un delito se ejerce mediante la presentación de una demanda civil en un proceso penal. El examen de una demanda civil junto con un caso penal de la forma prescrita por el Código de Procedimiento Penal es una garantía de la protección oportuna de los derechos e intereses legítimos de las personas, incluidas las mujeres, que hayan sufrido un daño moral, físico o material como consecuencia de un delito. La legislación procesal establece la creación de un fondo especial para las víctimas (art. 173 del Código de Procedimiento Penal), y el 10 de enero de 2018 se aprobó una Ley sobre el Fondo de Indemnización de las Víctimas.

Al mismo tiempo, el Código Penal establece las condiciones para mitigar las sanciones penales contra la mujer. En concreto, las mujeres no serán condenadas a la pena de muerte ni a prisión perpetua; las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos menores de 3 años y las mujeres mayores de 58 años no serán condenadas a realizar trabajos comunitarios; las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos menores de 3 años y las mujeres mayores de 58 años que hayan sido condenadas a penas de prisión no estarán obligadas a realizar trabajos forzosos; en caso de que haya sido condenada una mujer embarazada, el tribunal podrá aplazar el cumplimiento de la pena durante un período de hasta 1 año; y en el caso de lasmujeres condenadas que tengan hijos pequeños, el tribunal podrá aplazar el cumplimiento de la pena durante un período de hasta 5 años, pero no más allá del momento en que el niño cumpla los 14 años de edad.

Artículo 15, párrafo 2De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Sistema Judicial y el Estatuto de los Jueces, todas las personas tienen garantizada la defensa judicial frente a toda decisión o acto ilegal por parte de los órganos del Estado, las organizaciones, los funcionarios y demás personas que violen o limiten los derechos, libertades o intereses legítimos de una persona. La legislación nacional, puesto que se basa en el principio fundamental de la igualdad de género, prohíbe que existan disparidades o restricciones con respecto a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos por motivos de género. El Código Penitenciario garantiza que las personas condenadas reciban asistencia jurídica de un abogado u otras personas cualificadas para prestar dicha asistencia. Los asesores jurídicos de las instituciones penitenciarias organizan periódicamente iniciativas educativas para los detenidos, en forma de conferencias, seminarios, sesiones de capacitación, debates y asesoramiento. Se ha establecido una estrecha cooperación con las autoridades judiciales, los profesionales jurídicos y las notarías. De conformidad con el marco conceptual de la política jurídica de Kazajstán para el período 2010-2020, los componentes académicos son la educación jurídica y el asesoramiento jurídico, es decir, cuestiones relativas a la cultura jurídica. Con el marco conceptual se aspira a mejorar la cultura jurídica de la población, en particular los conocimientos básicos de derecho entre los funcionarios. A fin de aplicar los objetivos del marco, el Ministerio de Justicia tiene previsto aprobar un marco conceptual de la educación jurídica, en el que las mujeres sean uno de los grupos destinatarios. El proyecto de marco conceptual de la educación jurídica prevé la aplicación de medidas específicas por parte del Gobierno, en colaboración con la comunidad empresarial, las ONG y las instituciones educativas.

Artículo 15, párrafo 3Las mujeres disfrutan de igualdad de condiciones con respecto a los hombres en las cuestiones relacionadas con la protección jurídica y la capacidad jurídica. Este derecho está garantizado en el artículo 13 de la Constitución, en virtud del cual toda persona tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica y a defender sus derechos y libertades por todos los medios que no contravengan la ley, incluida la legítima defensa. Esta disposición constitucional se ha plasmado en la legislación nacional. Según el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, los demandantes son los ciudadanos y las personas jurídicas que inician un proceso judicial en su propio nombre o en cuya representación así lo hace un tercero. La ley no impone ninguna restricción por motivos de género en cuanto al derecho a presentar una demanda; por lo tanto, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en este sentido. El Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infracciones Administrativas definen las normas que regulan la condición jurídica de las partes en un juicio. No existen disposiciones que determinen en función del género la importancia que se conceda al testimonio de una persona. Además, la legislación procesal vigente y la Ley de la Abogacía no restringen en modo alguno que las mujeres puedan representar los intereses de terceros. En la Ley de Jurados se contemplan determinados requisitos para las personas que deseen ser miembros del jurado, pero no se hace ninguna distinción por motivos de género.

Artículo 15, párrafo 4De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, toda persona que se halle legalmente en el territorio de Kazajstán tiene derecho a circular por ese territorio y elegir su lugar de residencia con plena libertad, salvo en los casos previstos por la ley, y toda persona tiene derecho a salir del país. Los ciudadanos de Kazajstán tienen derecho a regresar libremente a Kazajstán.

Con respecto al párrafo 12 de las observaciones finales del Comité: en virtud de la legislación administrativa y penal, las mujeres han comenzado a tomar medidas para reclamar justicia y responsabilidad jurídica con mayor frecuencia cuando se enfrentan a actos de violencia o discriminación. Por ejemplo, a tenor de una sentencia del tribunal penal especializado que actúa entre distritos en la región de Almaty, de 3 de noviembre de 2016, con el apoyo de los tribunales superiores, un marido fue declarado culpable de intento de asesinato de su esposa porque había surgido hostilidad en sus relaciones personales y fue condenado a nueve años de prisión.

Ha habido casos en los que, en ausencia de indicios explícitos por una parte de un caso de discriminación, el tribunal ha aplicado el principio de la igualdad de género. Por ejemplo, una de las unidades militares presentó una demanda contra una empleada para recuperar el sobrepago salarial. La parte demandante basó su demanda en que a la empleada se le había asignado una remuneración de octavo nivel, en lugar de sexto nivel, por lo cual había recibido un sobrepago salarial. Por decisión del tribunal militar, y con el respaldo de los tribunales superiores, la demanda fue desestimada. El tribunal constató que, conforme a una orden de la organización superior, se había establecido el octavo nivel de remuneración para los soldados varones del mismo puesto, pero a las mujeres soldados se les aplicaba el sexto nivel, a pesar de que desempeñaban las mismas funciones. Por consiguiente, el tribunal, a petición del representante de la demandada, dictó una decisión privada en la que solicitaba a la Fiscalía General que verificara que la orden cumplía con los requisitos de la Ley de Igualdad.

Artículo 16. Igualdad en el matrimonio y derecho de familia

Artículo 16, párrafo 1 a) y b)El matrimonio y las relaciones familiares se rigen por el Código del Matrimonio. De acuerdo con lo dispuesto en el Código, el matrimonio es una unión en igualdad de condiciones entre un hombre y una mujer, celebrada con el libre y pleno consentimiento de ambas partes conforme al procedimiento establecido por la ley, con el propósito de crear una familia, y que da lugar a una serie de derechos y obligaciones materiales, no materiales y personales entre los cónyuges. Según el artículo 2 del Código, solo se reconocen los matrimonios oficiados por los órganos estatales. El matrimonio requiere el consentimiento pleno y libre del hombre y la mujer que se casan, que deben tener la edad mínima legal para contraer matrimonio. El artículo 10 del Código establece los 18 años como edad mínima legal para contraer matrimonio tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, y esta edad puede rebajarse hasta 2 años. La reducción de la edad mínima legal para contraer matrimonio debe basarse en circunstancias específicas como, por ejemplo, el embarazo de la novia o la existencia de un hijo de ambas partes. Además, a fin de reducir la edad mínima legal para contraer matrimonio, las partes que deseen casarse y sus progenitores o tutores deberán presentar una solicitud. En todos los casos, se ha de demostrar el consentimiento de los menores con la reducción de la edad mínima legal para contraer matrimonio y su voluntad de casarse. Es necesario que las partes contrayentes confirmen su consentimiento no solo por escrito, sino también en la ceremonia de registro del matrimonio. Este requisito es una de las condiciones para la protección de los derechos humanos en los casos de coacción y rapto de novias, que constituyen delitos penales.

Artículo 16, párrafo 1 c)Los derechos y las responsabilidades de los cónyuges comienzan desde el día en que se registra el matrimonio en un organismo estatal. Los cónyuges tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Ambos cónyuges pueden elegir libremente su esfera de actividad, ocupación y creencia religiosa. Las cuestiones relacionadas con la maternidad, la paternidad, la crianza y la educación de los niños, el lugar de residencia, la residencia de los cónyuges y otros aspectos de la vida familiar se deben resolver conjuntamente entre los cónyuges. Las relaciones familiares de los cónyuges deben basarse en el respeto mutuo y la ayuda mutua, la promoción del bienestar y el fortalecimiento de la familia, y la preocupación por la salud, el desarrollo y el bienestar de sus hijos.

De conformidad con el artículo 16 del Código, el matrimonio podrá disolverse si así lo solicitan uno o ambos cónyuges, y también a petición del tutor de un cónyuge a quien el tribunal haya declarado incompetente. Durante el embarazo o el primer año de vida de un hijo, el matrimonio no puede disolverse sin el consentimiento de la esposa. Un matrimonio podrá disolverse en los órganos de registro de mutuo acuerdo entre los cónyuges que no tengan hijos menores de ambos y siempre que no existan demandas materiales o de otra índole de una parte contra otra. Cuando el tribunal declare la disolución del matrimonio, los cónyuges podrán presentar para su examen un acuerdo sobre cuál de ellos tendrá la custodia de sus hijos menores de edad, las condiciones para el pago de la pensión alimenticia o la manutención de un cónyuge que no pueda trabajar, la cuantía de ese apoyo y el reparto de los bienes comunes.

Artículo 16, párrafo 1 d)Según el artículo 68 del Código del Matrimonio, ambos progenitores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en relación con sus hijos. En virtud del artículo 70 del Código, los padres que crían a un hijo tienen la responsabilidad primordial de garantizar, en la medida de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo físico, psicológico, moral y espiritual del niño. En caso de desacuerdo entre ellos, los padres tienen derecho a pedir ayuda para solucionar tal desacuerdo en el organismo de bienestar infantil o en los tribunales. Como establece el artículo 138 del Código, los progenitores tienen la obligación de mantener a sus hijos menores de edad. Si no lo hacen, se les exigirá por orden judicial el pago de la pensión alimenticia. El Código establece las obligaciones relativas a la pensión alimenticia para los cónyuges y excónyuges, incluido el derecho de la esposa o exesposa (tras la disolución del matrimonio) durante el embarazo y los tres años siguientes al nacimiento de un hijo de ambos cónyuges, así como el derecho de un cónyuge necesitado que esté cuidando de un hijo discapacitado de ambos cónyuges, a exigir el pago de una pensión alimenticia al otro cónyuge que tenga medios para pagar (arts. 147 y 148). Los progenitores son los representantes legales de sus hijos y protegen sus derechos e intereses en las relaciones con otras personas o con entidades jurídicas, en particular ante los tribunales, sin necesidad de autorización especial.

Artículo 16, párrafo 1 e)De conformidad con el Código de la Salud Pública y el Sistema de Asistencia Sanitaria (en adelante, el Código Sanitario), las mujeres y los hombres tienen derecho a la libertad reproductiva. La mujer tiene derecho a decidir sobre el número de hijos y el momento de los nacimientos, dentro o fuera del matrimonio, el espaciamiento de los nacimientos necesario para proteger la salud de la madre y el niño, y también la interrupción artificial del embarazo (art. 96).

Artículo 16, párrafo 1 f)Según se establece en el artículo 73 de la Ley de Matrimonio y Familia, cuando los padres viven separados, la residencia de los hijos deben determinarla los padres de común acuerdo. A falta de tal acuerdo, las controversias entre los padres deben resolverse a través de la mediación o recurriendo a un tribunal, con la participación de las autoridades de bienestar infantil si así lo solicitan los padres, sobre la base de los intereses del niño y teniendo en cuenta sus opiniones. El fallecimiento del esposo no ocasiona ninguna restricción en la patria potestad de la madre sobre sus hijos. El derecho de la mujer a la custodia de sus hijos no se pierde en caso de matrimonio o divorcio. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en lo que respecta a la custodia, la tutela y la adopción.

En el marco de la legislación vigente, el estado civil de la mujer no afecta a su patria potestad. El derecho de los progenitores sin pareja a percibir la pensión alimenticia del otro progenitor se ejerce con bastante eficacia en la práctica. Con arreglo al artículo 135 del Código de Procedimiento Civil, los casos relativos a la recuperación de la pensión alimenticia son examinados por lo general por los tribunales en un procedimiento sumario por mandamiento judicial. Las controversias se examinan en un proceso ordinario. La práctica demuestra que la mayoría de las reclamaciones son presentadas por mujeres contra los padres de sus hijos, ya que, cuando se disuelve un matrimonio, los hijos menores de edad suelen permanecer con la madre.

Las autoridades de bienestar infantil también tienen derecho a presentar demandas ante los tribunales para reclamar a los padres la pensión alimenticia para los hijos menores de edad. El fiscal tiene el mismo derecho procesal a presentar una demanda en nombre de los hijos menores. El pago de la pensión alimenticia para los niños que se encuentren bajo tutela o custodia o en acogimiento familiar se abona en las cuentas de depósito de esos niños, que se encuentran en bancos de segundo piso (art. 142). La pensión alimenticia que se obtiene de los padres para sus hijos en las instituciones educativas, médicas o de otro tipo se abona en las cuentas de los niños que viven en orfanatos y de los niños privados del cuidado de sus padres. Los directores de las instituciones para niños huérfanos o privados del cuidado de los padres no tienen derecho a retirar de las cuentas bancarias de esos niños los fondos recibidos en concepto de pensión alimenticia, prestaciones u otros subsidios sociales (art. 128). De acuerdo con el Código Sanitario, el tribunal puede obligar a cualquiera de los progenitores a pagar los gastos adicionales derivados de enfermedades o lesiones graves de un hijo menor de edad o, en el caso de los hijos adultos con discapacidad que necesiten asistencia, la necesidad de atención externa u otras circunstancias. El tribunal podrá exigir a los padres que contribuyan al pago no solo de los costos adicionales ya efectuados, sino también de los gastos adicionales que sean necesarios para cuidar de un hijo desde ese momento en adelante. Según el artículo 143 del Código Sanitario, los progenitores también están obligados a mantener a sus hijos adultos discapacitados que necesiten asistencia.

A fin de ayudar a las madres que crían solas a sus hijos y de establecer un sistema eficaz que facilite la recuperación de la pensión alimenticia, se está ejecutando el proyecto “Pensión alimenticia: 30 medidas contra el impago”. Para solucionar el problema de las personas sin escrúpulos que no abonan la pensión alimenticia, se ha creado un registro único en el que se incluye a estas personas y se han propuesto varias iniciativas legislativas. Actualmente, los datos del registro se utilizan para aplicar medidas restrictivas contra las personas que deben la pensión alimenticia. En los dos últimos años, en coordinación con los fiscales, los órganos competentes han conseguido la colocación laboral de 4.500 personas que debían la pensión alimenticia.

Artículo 16, párrafo 1 g)El artículo 31 de la Ley de Matrimonio y Familia dispone que los cónyuges, al casarse, pueden elegir uno de sus apellidos, si así lo desean, como apellido común, o cada uno de los cónyuges puede mantener su apellido de soltero o añadir el apellido del cónyuge a su propio apellido. Los apellidos no se pueden unir si uno de los cónyuges tiene un apellido compuesto. El cambio de apellido de uno de los cónyuges no entraña ningún cambio en el apellido del otro. En caso de que se disuelva el matrimonio, cada cónyuge tiene derecho a mantener el apellido común o a recuperar su apellido anterior al matrimonio. En más del 50% de los matrimonios, lo habitual es que los cónyuges elijan un apellido común; alrededor del 10% de las parejas prefieren combinar los apellidos de ambos cónyuges. El derecho de las mujeres a una profesión y al empleo está garantizado por el artículo 24 de la Constitución. Cuando las mujeres se casan, no pierden ninguno de sus derechos ni libertades. Los derechos humanos y las libertades pertenecen a todas las personas desde su nacimiento y se consideran absolutos e inalienables. Y además, determinan el contenido y la aplicación de las leyes y otros instrumentos normativos.

Artículo 16, párrafo 1 h)De conformidad con el artículo 32 del Código, el régimen jurídico aplicable a los bienes conyugales es el régimen de bienes gananciales, a menos que se estipule lo contrario en el contrato de matrimonio. Los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio constituyen sus bienes gananciales. Se consideran bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio los ingresos obtenidos por cada uno de los cónyuges fruto de su trabajo, actividad empresarial o actividad intelectual, los ingresos procedentes de los bienes comunes de los cónyuges y de los bienes propios de cada cónyuge, y las pensiones, las prestaciones, la acumulación de pensiones u otros pagos monetarios recibidos sin un beneficiario específico (asistencia material, sumas pagadas a modo de compensación por pérdida de capacidad para trabajar a causa de lesiones u otros problemas de salud, etc.). También se consideran propiedad común de los cónyuges los bienes muebles e inmuebles, los valores, las acciones, las contribuciones o las participaciones en capital depositadas en instituciones crediticias u otras organizaciones, o cualquier otro bien adquirido por los cónyuges durante el matrimonio, sin que importe quién figure como titular ni cuál de los cónyuges haya depositado los recursos financieros. El derecho a la propiedad común de los cónyuges también pertenece al cónyuge que, durante el período del matrimonio, se haya ocupado de gestionar el hogar o cuidar a los hijos o que, por otros motivos válidos, no haya tenido ingresos independientes.

Artículo 16, párrafo 2En la legislación nacional no existe ninguna disposición relativa a los esponsales de niños, que constituyen una vulneración del Código. Tampoco se ha registrado ningún caso relacionado con los esponsales de niños. Por lo tanto, se está cumpliendo con lo recomendado en el párrafo 35 de las observaciones finales del Comité.

Conclusión

Kazajstán está adoptando medidas concretas para aplicar la Convención. Se ha implementado la Estrategia de Igualdad de Género para el período 2006-2016 y han entrado en vigor dos nuevas leyes relacionadas con las cuestiones de género: la Ley de Igualdad y la Ley contra la Violencia Doméstica. Cada año se publica el compendio de datos estadísticos titulado “Mujeres y hombres de Kazajstán”. Se han aprobado los siguientes instrumentos: el marco conceptual relativo a las políticas de género y de la familia en Kazajstán hasta el año 2030 y el plan de acción 2017-2019 para la aplicación de la primera fase del marco conceptual (2016); la Ley de Pensiones, por la que se establece la misma edad de jubilación para hombres y mujeres (2013); la Ley del Empleo, que fija las normas para el empleo de las personas que cuidan a niños menores de 7 años, niños con discapacidad y personas con discapacidad de las categorías I y II (2016); la nueva versión del Código Penal, que introdujo diez artículos sobre la aplicación de sanciones penales para castigar delitos e indemnizar por los daños causados a las mujeres y las niñas que hayan sido víctimas de violencia (2014); la nueva versión del Código de Infracciones Administrativas, que introdujo normas para la aplicación de sanciones administrativas encaminadas a proteger a las mujeres (2014); la nueva versión del Código del Trabajo, que incorporó disposiciones orientadas a proteger la salud de la mujer en el lugar de trabajo (2015); el Código de Ética de los Funcionarios, que prevé medidas para excluir todas las formas de discriminación y los ataques contra el honor o la dignidad de los funcionarios (2015); y el programa Densaulyk, que principalmente va dirigido a garantizar los servicios de salud para las mujeres (2016).

En 2014 se estableció el Día de la Familia en Kazajstán, todos los años se celebra un concurso nacional sobre la familia modelo (Мерейлі отбасы), y en 2016 se creó la institución del Ombudsman de los Derechos del Niño. Por otra parte, se están adoptando medidas eficaces para garantizar la protección jurídica de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Se está ejecutando un proyecto de gran alcance social llamado “Kazajstán sin violencia doméstica” y se ha elaborado una hoja de ruta destinada a crear mecanismos eficaces de prevención, cooperación interdepartamental y un sistema eficaz de asistencia a las víctimas de la violencia y rehabilitación de los delincuentes.

En la actualidad se está trabajando con miras a formular una ley sobre la introducción de enmiendas y adiciones en algunos instrumentos legislativos de la República de Kazajstán en relación con cuestiones de la familia y la política de género, a fin de mejorar la legislación en consonancia con las observaciones finales del Comité y las recomendaciones sobre igualdad de género del Consejo de la OCDE.

Para concluir, toda la legislación nacional está orientada a lograr la igualdad social de facto entre el hombre y la mujer. El Gobierno de Kazajstán seguirá adoptando medidas dirigidas a aplicar las disposiciones de la Convención y abordar las observaciones finales del Comité.