70º período de sesiones
2 a 20 de julio de 2018
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativa al octavo informe periódico de Australia
Adición
* El presente documento se publica sin revisión editorial.
Respuestas de Australia *
[Fecha de recepción: 16 de marzo de 2018]
Marco legislativo
Las leyes y políticas de los gobiernos de los estados y territorios de Australia de lucha contra la discriminación obran de forma conjunta para cumplir el compromiso de Australia de defender la igualdad de derechos de la mujer y respetar las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. La Ley sobre la discriminación por motivos de sexo de 1984 es la principal norma federal que tipifica la discriminación contra la mujer y da efecto a muchas de las obligaciones contraídas por Australia en virtud de la Convención. Las medidas de protección previstas en esa Ley se aplican junto con las previstas en las leyes contra la discriminación vigentes en los estados y territorios, salvo en la medida en que surjan discrepancias, en cuyo caso prevalece la ley federal. Este modelo permite complementar la amplia gama de medidas de protección promulgadas por los estados y territorios con las establecidas a nivel federal.
El proyecto de enmienda de la Ley sobre la discriminación por motivos de sexo de 2010 (véase el párrafo 20 del documento CEDAW/C/AUL/CO/7) no fue aprobado en el Parlamento australiano. Sin embargo, desde 2010 se han producido una serie de enmiendas legislativas para reforzar las medidas de protección contra la discriminación. Sirvan de ejemplo la Ley de enmienda de la normativa contra la discriminación por motivos de sexo y edad de 2011 y la Ley por la que se enmienda la Ley sobre la discriminación por motivos de sexo (orientación sexual, identidad de género y condición intersexual) de 2013. La Ley de enmienda de la Ley del matrimonio (definición y libertades religiosas) de 2017 modificó la Ley del matrimonio de 1961 para eliminar las restricciones que limitaban el matrimonio en Australia a la unión de un hombre y una mujer, con lo que ahora dos personas son libres para contraer matrimonio en Australia con independencia de su sexo o género y los matrimonios entre personas del mismo sexo están reconocidos con arreglo a la legislación del país.
Los estados y territorios también han realizado una serie de enmiendas para reforzar la aplicación de la Convención. Véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
El Comité Parlamentario Mixtosobre Derechos Humanos examina e informa sobre la compatibilidad en materia de derechos humanos de todos los proyectos de ley e instrumentos legislativos que se presentan al Parlamento. El Comité hizo referencia a la Convención en varios casos, al examinar proyectos de ley e instrumentos legislativos invalidables. Por ejemplo, el Thirty-fourth report of the 44th Parliament (Trigésimo cuarto informe del 44º período de sesiones del Parlamento), de 23 de febrero de 2016, examinó la ratificación (núm.1) de 2015 de la declaración formulada con arreglo a la Ley de trabajo justo (Declaraciones estatales – el empleador no pertenecerá al sistema nacional) y, en la página 111, hizo referencia a los artículos de la Convención relativos a las condiciones de empleo; y el Thirty-seventh report of the 44th Parliament (Trigésimo séptimo informe del 44º período de sesiones del Parlamento), de19 de abril de 2016, examinó el Proyecto de ley sobre una licencia parental remunerada más justa, de 2015, y, en la página 40, citó los artículos pertinentes de la Convención relacionados con el derecho a la licencia de maternidad.
Reservas
Australia acepta la recomendación del Comité de retirar la reserva sobre la licencia de maternidad con sueldo tras la aprobación de la Ley sobre la licencia parental remunerada de 2010 (Commonwealth). En consonancia con la política de revisar periódicamente sus reservas a los tratados a fin de determinar si siguen siendo necesarias, Australia está valorando qué medidas legislativas son necesarias, en su caso, para garantizar el cumplimiento de este artículo de la Convención.
La reserva de Australia al artículo 11 1) b) y c) de la Convención, relativo a la exclusión de las mujeres de las funciones de combate, ya no está en consonancia con la política australiana. No ha habido restricciones de género a las funciones de combate en las Fuerzas de Defensa de Australia desde enero de 2016. En mayo de 2017, el Comité Conjunto Permanente sobre Tratados del Parlamento australiano anunció que apoyaría las medidas contempladas por los tratados para retirar esa reserva. El proceso de retirada tendrá lugar lo antes posible desde el momento en que Australia derogue la exención correspondiente en la Ley sobre discriminación por motivos de sexo. El Proyecto de ley para enmendar esta legislación se encuentra actualmente en el Parlamento.
Divulgación de la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité
En 2017, el Colegio Judicial Nacional de Australia puso en marcha el nuevo programa de capacitación judicial sobre violencia familiar, con referencias importantes de apoyo a la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales formuladas por el Comité en su programa de educación permanente. Otros aspectos del plan de estudios del Colegio Judicial Nacional de Australia comprendían el estudio de las obligaciones de Australia en virtud de la Convención. Por ejemplo, el Colegio celebró una conferencia sobre la imposición de penas en 2016, que incluyó una presentación sobre las obligaciones internacionales de Australia, en virtud de la Convención y del derecho internacional, con respecto a las mujeres en las cárceles.
Entre otras cosas, la Dirección del Ministerio Público del Commonwealth organiza programas de educación y sensibilización para informar a los funcionarios sobre cuestiones de igualdad de género. La Policía Federal de Australia proporciona al personal capacitación en materia de género y derechos humanos, que incluye la agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad del Consejo de Seguridad, la Convención y la Estrategia de Género para Operaciones Internacionales, antes del despliegue en operaciones internacionales. La capacitación inicial de la policía incluye una sesión de sensibilización sobre la trata de personas. La Comisión de Derechos Humanos de Australia coordina y apoya la Red de Derechos Humanos de la Administración Pública de Australia con el fin de ayudar a las personas que trabajan en la administración pública a conocer y analizar el modo en que los derechos humanos incumben a su labor.
Los Estados y los territorios también incluyen capacitación sobre la legislación de lucha contra la discriminación, la trata de personas, la violencia doméstica y familiar, y los derechos humanos en sus programas de capacitación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Véase el Anexo 1: Cuestiones 1 a 9.
La Comisión de Derechos Humanos de Australia promueve y ofrece actividades de educación y capacitación sobre los derechos humanos en todo el territorio australiano. Ha elaborado recursos e iniciativas de capacitación para educadores a fin de promover la enseñanza de los derechos humanos, así como la colaboración con los empleadores y las empresas, para que entiendan sus responsabilidades en esta materia y pongan en marcha estrategias que creen lugares de trabajo libres de discriminación. La Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Comisionada en Asuntos de Discriminación Sexual ofrecen una gama de recursos disponibles en línea, a fin de apoyar otras labores de implicación.
Acceso a la justicia y las vías de recurso
Acceso de las mujeres a la justicia y las vías de recurso, incluidos servicios de asistencia jurídica apropiados culturalmente
El Gobierno de Australia proporciona recursos a los proveedores locales de asistencia jurídica y a los gobiernos de los estados y territorios para que presten servicios de asistencia jurídica a las personas desfavorecidas.
El Gobierno de Australia aportará 370,1 millones de dólares entre 2015 y 2020 en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a la Población Indígena. Estos recursos se aportan mediante acuerdos de financiación directa con los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, que prestan servicios jurídicos culturalmente apropiados a los australianos indígenas. En 2016/2017, los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres prestaron 67.546 servicios a mujeres en zonas urbanas, regionales y remotas. En 2015/2016, el Servicio Jurídico de Prevención de la Violencia en la Familia prestó servicios en 2.791 casos de asistencia social individualizada y 4.174 casos de asistencia jurídica a mujeres y niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que eran víctimas de violencia familiar.
Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados en Australia tienen acceso a una variedad de servicios jurídicos comunitarios y privados. El Gobierno de Australia financia la asistencia en el proceso de solicitud para los solicitantes de asilo más vulnerables, y proporciona asesoramiento en línea para ayudar con el proceso de solicitud. Además, informa a los detenidos de su derecho a recibir asistencia jurídica y a comunicarse con sus abogados, y les da facilidades para emprender acciones judiciales en relación con su detención.
Financiación de los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y los Servicios Jurídicos de Prevención de la Violencia en la Familia entre los Aborígenes
En el marco del presupuesto para el bienio 2017/2018, el Gobierno australiano anunció medidas para proporcionar fondos adicionales para los servicios de asistencia jurídica, incluida una suma adicional de 16,7 millones de dólares durante cuatro años para los Servicios Jurídicos para los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y otra suma de 39 millones de dólares para centros comunitarios de asistencia jurídica, en concreto para los servicios relacionados con el derecho de familia y con la violencia familiar, en el marco del Acuerdo nacional de asociación sobre servicios de asistencia jurídica para 2015-2020. Esta financiación ya ha sido concedida y compensa plenamente la reducción de la financiación prevista a que hace referencia el Comité.
Acceso a las autoridades administrativas y judiciales para las mujeres que sufren discriminación múltiple o transversal
Las leyes federales contra la discriminación se aplican en todas las jurisdicciones australianas. Una persona puede presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Australia alegando discriminación ilegal en virtud de la ley federal de lucha contra la discriminación. La Comisión puede investigar y tratar de lograr una conciliación. En 2016/2017, la Comisión llevó a cabo del orden de 1.128 procesos de conciliación, de los cuales 843 (75%) permitieron resolver de forma satisfactoria las denuncias. Si no se logra resolver la denuncia con la conciliación, el demandante puede presentar su caso al tribunal federal. El tribunal federal puede ordenar una serie de recursos, como indemnizaciones, disculpas, declaraciones y órdenes que imponen al demandado la obligación de no repetir o mantener un comportamiento.
Actuaciones judiciales
En Australia, se ha invocado la Convención en varios casos judiciales. Véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
Las mujeres, la paz y la seguridad
Aplicación del Plan de Acción Nacional de Australia sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2012-2018
El Gobierno de Australia ha hecho constantes progresos en la aplicación del Plan de Acción Nacional de Australia sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2012-2018. La capacitación del personal australiano desplegado en zonas de conflicto es completa y la perspectiva de género se integra en los documentos de políticas. La Estrategia de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio da prioridad a la igualdad de género sustantiva en nuestra política exterior, ayuda exterior y diplomacia económica. El curso de Asesor en Cuestiones de Género para las Operaciones de la Fuerza de Defensa de Australia ayuda a los participantes a convertirse en asesores y promotores de las cuestiones de género para lograr el éxito de la misión y apoyar, al mismo tiempo, la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad.
Los australianos asumen las principales funciones de asesoramiento en cuestiones de género para apoyar la aplicación de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad en las misiones del Afganistán, Sudán del Sur, Kuwait y el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Australia en el Oriente Medio. Australia también proporciona un asesor en cuestiones de género a ONU-Mujeres en apoyo del cumplimiento de los compromisos relativos a las mujeres, la paz y la seguridad en las operaciones de las Naciones Unidas.
La Estrategia de Género del Grupo Internacional de Despliegue 2014-2017 de la Policía Federal de Australia se ha actualizado y la nueva Estrategia de Género para las Operaciones Internacionales se pondrá en marcha en febrero de 2018. La Fiscalía General colabora con la Policía Federal de Australia en el Programa de Desarrollo Policial del Pacífico, que trabaja con los países insulares del Pacífico para fortalecer las leyes y fomentar la capacidad de los agentes de la ley y la justicia.
El Examen Provisional Independiente de 2015 del Plan de Acción Nacional, encargado por el Gobierno de Australia, elogió la flexibilidad del Plan de Acción Nacional de Australia para responder a la evolución de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad. También formuló recomendaciones para aumentar la eficacia de la aplicación, incluido el fortalecimiento de los marcos de seguimiento y evaluación, y la consolidación de las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil.
El Gobierno de Australia ha comenzado a planificar el Segundo Plan de Acción Nacional de Australia sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad. El Plan de Acción Nacional en vigor se prorrogó hasta mediados de 2019 a fin de dejar margen para la celebración de las debidas consultas con la sociedad civil, incluidas las mujeres de entornos diversos, las organizaciones de mujeres, las defensoras de los derechos humanos, los círculos académicos y las organizaciones dedicadas a la aplicación de la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Se está elaborando una estrategia amplia de colaboración para incorporar la importancia de la participación activa de las mujeres de entornos diversos en las consultas, sobre la base de nuestra práctica actual de incluir a representantes de la sociedad civil en los mecanismos para supervisar la aplicación del Plan de Acción Nacional.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
Función de la Oficina para la Mujer en el Departamento del Primer Ministro y el Gabinete
La función de la Oficina para la Mujer es promover la igualdad de género en Australia con el fin de mejorar la prosperidad y el bienestar en el plano nacional. La Oficina para la Mujer también proporciona liderazgo y apoyo en los foros internacionales y apoya al Gobierno en sus tres prioridades en materia de igualdad de género: reforzar la seguridad económica de las mujeres, ayudar a un mayor número de mujeres a alcanzar puestos de liderazgo y velar por la protección de las mujeres y sus hijos frente a la violencia.
La Oficina para la Mujer también presta apoyo al Gobierno para impulsar resultados positivos para todas las mujeres y las niñas del mundo mediante la representación en foros internacionales y la colaboración con la comunidad internacional.
La Oficina para la Mujer trabaja en todos los ámbitos del Gobierno para ejecutar y formular, directa e indirectamente, políticas y programas que fomenten la igualdad de género. La Oficina gestiona directamente programas, como el de subsidios del Programa de Liderazgo y Desarrollo de la Mujer, que presta apoyo a proyectos encaminados a mejorar la igualdad de género y el programa BoardLinks , que busca aumentar el número de mujeres en las juntas de gobierno. Además, la Oficina para la Mujer apoya la relación entre el Gobierno de Australia y la red de Alianzas Nacionales de Mujeres, que se financian con cargo al Programa de Liderazgo y Desarrollo de la Mujer.
En consonancia con la función de otras esferas del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, la Oficina para la Mujer colabora con los departamentos gubernamentales para que sus políticas y programas respalden las prioridades del Gobierno, incluidas las relacionadas con la igualdad de género. Esto se logra mediante:
•La prestación de asesoramiento en materia de políticas al Primer Ministro y al Ministro para la Mujer en relación con importantes cuestiones de políticas o programas o iniciativas relacionadas con la mujer;
•La colaboración con otros departamentos para elaborar políticas y programas significativos que puedan tener repercusiones importantes para las mujeres;
•La prestación de asesoramiento a los departamentos sobre políticas y propuestas importantes de gastos, como parte del proceso de examen por el Gabinete de los efectos de esas propuestas en la igualdad de género;
•El apoyo a la participación del Gobierno en los principales foros internacionales en que se examinen las cuestiones de género.
Comisión de Derechos Humanos de Australia
El 24 de enero de 2017, la Comisión de Derechos Humanos de Australia volvió a acreditarse como institución nacional de derechos humanos de clase A de conformidad con los Principios de París. El Gobierno de Australia se ha comprometido a observar los Principios de París y respeta y valora la independencia de la Comisión. La independencia de la Comisión está protegida por la legislación federal y sus miembros son nombrados por el Gobernador General para mandatos fijos.
El Gobierno reconoce que a veces será criticado por la Comisión. El Gobierno de Australia no siempre está de acuerdo con las opiniones, conclusiones o recomendaciones de la Comisión, pero acoge con agrado que se debata de forma intensa, animada y equilibrada sobre los derechos humanos en Australia. El Gobierno de Australia trabaja en colaboración con todos los miembros de la Comisión, incluida su Presidenta, la Sra. Rosalind Croucher, que comenzó su mandato de siete años el 30 de julio de 2017.
El Gobierno de Australia está convencido de que la Comisión cuenta con recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones estatutarias independientes. En 2017/2018, se prevé que el total de ingresos de la Comisión ascienda a 20.854 millones de dólares, incluidos 14.439 millones proporcionados por el Gobierno de Australia.
Medidas especiales de carácter temporal
El camino hacia 2025
Bajo la presidencia de Australia, en 2014, los líderes del G-20 se comprometieron a reducir la diferencia entre hombres y mujeres en las tasas de participación de la población de 15 a 64 años de edad en un 25% a más tardar en 2025. Para Australia, esto significa reducir la diferencia del 12,1% al 9,1% para 2025. Australia va camino de alcanzar este objetivo, con una diferencia de 9,8 puntos porcentuales en diciembre de 2017. El 6 de julio de 2017, el Gobierno de Australia publicó su estrategia para 2025: Towards 2025: An Australian Government Strategy to Boost Women’s Workforce Participation (El camino hacia 2025: Una estrategia del Gobierno de Australia para impulsar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo).
El Gobierno ha indicado cinco esferas de acción para mejorar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo: el cuidado del niño, la flexibilidad y la diversidad en el lugar de trabajo, los empleos del futuro, la seguridad económica y los incentivos económicos. La estrategia para 2025 irá acompañada de planes anuales de ejecución. En cada plan se establecerán las prioridades para los siguientes 12 meses y se presentarán las acciones y los progresos realizados en el año anterior para alcanzar la meta. En la estrategia se señalan los grupos que pueden experimentar más o diferentes dificultades para participar en la fuerza de trabajo, en particular las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos, las mujeres de edad madura, las mujeres de las zonas rurales y las regiones, las mujeres con discapacidad y las mujeres jóvenes.
BoardLinks
El programa BoardLinks es un programa federal que ha fijado una meta del 50% de representación femenina en las juntas de gobierno a nivel federal. Los gobiernos de varios estados y territorios han puesto en marcha programas similares, por ejemplo, la Estrategia para la Mujer de Queensland 2016/2021 , que se propone alcanzar un 50% de representación en las juntas de gobierno para 2020.
Apoyo específico a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
El Gobierno apoya una serie de iniciativas para alentar a las mujeres y las niñas a participar en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), como:
a)El programa de igualdad de género en la ciencia en Australia;
b)El programa de mujeres en CTIM y en el emprendimiento;
c)El programa de hombres paladines del cambio, que se centra en la mejora de la igualdad de género en las industrias basadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas;
d)La Academia de CTIM para niñas, que se prevé crear;
e)La concesión de becas de CTIM a estudiantes indígenas por medio del conjunto de medidas de apoyo a la educación de la población indígena con ocasión del 50º aniversario del Referendo de 1967.
Contratación de agentes de policía
En septiembre de 2017, la Policía Federal de Australia puso en marcha una medida especial de contratación para atraer candidatas a agentes federales, agentes de policía de proximidad y miembros de los servicios de protección. Las representantes de la Red de Asesoramiento de Mujeres Policías de la Policía Federal de Australia prestaron apoyo en la realización de sesiones de sensibilización para las posibles candidatas en todas las capitales de los estados y territorios.
Estereotipos y prácticas nocivas
El Gobierno de Australia y los gobiernos de todos los estados y territorios se han comprometido a cambiar los patrones culturales y las actitudes que contribuyen a todas las formas de violencia contra la mujer, a cuyo fin han establecido el Plan Nacional para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos 2010-2022 (el Plan Nacional). El Plan nacional cuenta con el apoyo de cuatro planes de acción que se centran en promover la participación de la comunidad en la lucha contra la discriminación y la fijación de estereotipos de género, crear actitudes, opiniones y normas sociales positivas para hacer frente a los comportamientos controladores, agresivos y, en última instancia, violentos, y fomentar la igualdad de género. Las iniciativas incluyen el Proyecto de Interacción de los Medios de Comunicación Nacionales, cuyo objetivo es influir positivamente en la manera en que los medios de comunicación interactúan con las víctimas de actos de violencia doméstica, familiar y sexual e informan sobre ellas; la Iniciativa Nacional de las Organizaciones Deportivas, que busca ayudar a las organizaciones deportivas a incorporar la igualdad de género y las relaciones respetuosas en sus redes y comunidades; y el Proyecto para la Igualdad y el Respeto en el Lugar de Trabajo, que apunta a proporcionar los instrumentos necesarios para la adopción de medidas de prevención de la violencia contra las mujeres.
Cada Estado y territorio ha adoptado estrategias encaminadas a hacer frente a la fijación de estereotipos y al afianzamiento de los papeles tradicionales y las prácticas culturales nocivas en el contexto de la violencia de género. Véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
La Comisionada en Asuntos de Discriminación Sexual de Australia dirigió la Comisión de Derechos Humanos de Australia en la realización de un estudio nacional independiente de estudiantes universitarios para conocer la naturaleza, la prevalencia y el nivel de denuncia de los casos de violencia sexual y acoso sexual en las universidades australianas. Ese estudio se tradujo en la elaboración del informe nacional sobre la agresión y el acoso sexuales en las universidades australianas, publicado en 2017.
Lucha contra las prácticas nocivas
Desde que se penalizó el matrimonio forzado en Australia el 8 de marzo de 2013, los equipos especializados de investigación de la Policía Federal de Australia han recibido 186 remisiones de casos de matrimonio forzado (al 30 de junio de 2017). Las estadísticas sobre la prevalencia del matrimonio forzado, la explotación sexual, la explotación laboral y la trata de niños se adjuntan en el Anexo 2 – Cuestiones 10 a 13, cuadro 1.
Entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, 21 personas presuntamente víctimas o en riesgo de ser víctimas de matrimonio forzado fueron remitidas al Programa de Apoyo a las Víctimas de Trata establecido por el Gobierno de Australia. En 2016, las niñas menores de 18 años representaban el 57% de las personas remitidas al programa. Se trata de una ligera disminución con respecto a 2015, cuando 10 de cada 14 personas que se reconoció que eran víctimas de matrimonio forzado, o estaban en riesgo de serlo, eran niñas menores de 18 años.
No se dispone de registros estatales ni territoriales sobre la prevalencia de la mutilación/ablación genital femenina, ya que los casos suelen registrarse en expedientes privados y no se llevan a la vía penal.
Aunque hasta la fecha no se han dictado condenas por el delito federal de matrimonio forzado en Australia, los tribunales ya están juzgando a un acusado por este delito, y se han producido al menos dos condenas por mutilación/ablación genital femenina. Los casos estatales y territoriales relacionados con la esclavitud, la servidumbre, la servidumbre sexual y la trata de personas figuran en el Anexo 2 – Cuestiones 10 a 13, cuadro 2.
Existe apoyo financiero para las presuntas víctimas de trata de personas, esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, como el matrimonio forzado, a través del Programa de Apoyo a las Víctimas de Trata de Personas establecido por el Gobierno de Australia, que también presta otros servicios importantes, como vivienda, asistencia jurídica y servicios de migración, y asistencia médica y de otro tipo a esas personas. Los ejemplos de servicios estatales y territoriales figuran en el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
El Gobierno de Australia aportó financiación al Centro Multicultural para la Salud de la Mujer a fin de llevar a cabo un proyecto de conjunto de herramientas de educación nacional para sensibilizar sobre la mutilación genital femenina, que facilita un punto de coordinación a nivel nacional para que las comunidades y los proveedores de servicios compartan recursos, información y conocimientos que sirvan de apoyo a las víctimas y permitan cambiar las actitudes a fin de erradicar la mutilación/ablación genital femenina.
Desde 2014, el Gobierno de Australia ha destinado más de 750.000 dólares a prestar apoyo a organizaciones no gubernamentales especializadas que trabajan para prevenir y combatir el matrimonio forzado en el país. Entre los principales resultados figuran: el primer recurso completo en línea de Australia dedicado a la prevención y la lucha contra el matrimonio forzado, My Blue Sky, elaborado por Anti-Slavery Australia; iniciativas específicas de educación y sensibilización sobre el matrimonio forzado, llevadas a cabo en el sector de la educación por Australian Catholic Religious Against Trafficking in Humans; y actividades de capacitación, destinadas a aumentar la capacidad de las organizaciones de asistencia social de primera línea de las comunidades vulnerables para reconocer y responder adecuadamente al matrimonio forzado, impartidas a más de 100 proveedores de servicios por medio del Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights.
Violencia de género contra la mujer
Datos sobre la violencia contra las mujeres y sus hijos
Los datos sobre la violencia contra las mujeres y sus hijos varían en función de la región del país, debido a la división de responsabilidades entre los distintos servicios esenciales, como los de educación, policía y salud, y a las diferencias en la legislación de las distintas jurisdicciones. Para hacer frente a la falta de coherencia en la recopilación de datos, los gobiernos de Australia se han comprometido a elaborar y aplicar un Marco nacional de recopilación y presentación de datos sobre la violencia doméstica y familiar y las agresiones sexuales, que sirva de base para reunir los datos administrativos que mantienen los gobiernos de los estados y territorios. El proyecto se extiende a lo largo de la vida del Plan Nacional. Las Normas Nacionales de Intervención ante los Agresores también se elaboraron en el marco del Plan Nacional, y el primer informe se publicará en 2018.
El Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Australia proporciona fondos a la Oficina de Estadística de Australia a fin de que cada cuatro años realice un estudio sobre la seguridad personal, con arreglo al Plan Nacional. Ese estudio reúne información de hombres y mujeres de 18 años de edad o más sobre la naturaleza y el alcance de los actos de violencia de que han sido víctimas desde los 15 años.
El Instituto Australiano de Criminología publica regularmente los informes del Programa nacional de vigilancia de homicidios, que contienen datos sobre las muertes relacionadas con la violencia doméstica y familiar, desglosados por sexo de la víctima, tipo de homicidio y relación con el autor.
El Gobierno de Australia encomendó a la Comisión de Derechos Humanos de Australia que colaborara con los gobiernos de los estados y territorios para mejorar la recopilación y la coherencia de los datos forenses sobre las muertes relacionadas con la violencia doméstica y familiar. La Red de Examen de Muertes por Violencia Doméstica y Familiar de Australia (la Red) está dirigiendo la creación de un sistema coherente y centralizado para recopilar y analizar las muertes relacionadas con la violencia doméstica y familiar en todo el territorio australiano. Las conclusiones preliminares se presentaron en la Conferencia de la Sociedad de Medicina Forense de Asia y el Pacífico celebrada en noviembre de 2017, y se emitirá un informe detallado con los datos nacionales a principios de 2018.
Además, la Oficina de Estadística de Australia recibe fondos para colaborar con los gobiernos de los estados y territorios a fin de añadir marcadores de violencia doméstica y familiar en los conjuntos de datos nacionales registrados sobre delitos.
Para obtener más información sobre las iniciativas destinadas a centralizar los datos sobre violencia de género contra la mujer, véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9. Las estadísticas actuales de violencia contra la mujer figuran en el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
Ejecución del Plan Nacional
El Plan Nacional es el documento marco por el que se guía la acción en la agenda de seguridad de la mujer. Se trata de una colaboración entre el Commonwealth y los gobiernos de los estados y territorios. El Plan Nacional cuenta con el apoyo de cuatro planes de acción consecutivos de tres años de duración e incluye el compromiso de llevar a cabo una evaluación al cumplir sus 12 años de aplicación, con evaluaciones trienales de menor escala. Un evaluador independiente llevará a cabo una evaluación oficial del Tercer Plan de Acción del Plan Nacional en 2019. El Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Australia supervisa también el Plan Nacional mediante informes anuales sobre los progresos realizados.
El Tercer Plan de Acción
El Tercer Plan de Acción (2016-2019), en el marco del Plan Nacional, respondió a una serie de conclusiones de alto nivel que apuntaban a la necesidad de un mayor liderazgo para combatir la desigualdad de género y cambiar las actitudes de la comunidad. Este ámbito de actividad se refleja en las prioridades del Tercer Plan de Acción, que busca promover la participación de la comunidad en la lucha contra la discriminación y la fijación de los estereotipos de género; la creación de actitudes, opiniones y normas sociales positivas para hacer frente a los comportamientos controladores, agresivos y, en última instancia, violentos; y el fomento de la igualdad de género.
A fin de facilitar la inclusión de las opiniones y experiencias de los australianos sobre diversas necesidades en el Tercer Plan de Acción, el Departamento de Servicios Sociales celebró 16 talleres y mesas redondas con más de 400 interesados procedentes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y las empresas. Las consultas para el Tercer Plan de Acción incluyeron talleres específicos sobre las necesidades y experiencias de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos y las mujeres con discapacidad. En 2016 se celebraron 12 mesas redondas con pueblos indígenas en varios estados y territorios para fundamentar el Tercer Plan de Acción.
El Tercer Plan de Acción contiene al menos cuatro medidas concretas para cada uno de los siguientes colectivos: mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos, y mujeres con discapacidad.
Recursos para el Tercer Plan de Acción
En el presupuesto del Commonwealth para el período 2016-2017, se anunció que se destinarían 100 millones de dólares (2016-2019) a apoyar las iniciativas enmarcadas en el Tercer Plan de Acción. Esta cifra se suma a la financiación en curso de 25 millones de dólares anuales para el Plan Nacional y a los 100 millones de dólares asignados al Conjunto de Medidas de Seguridad para la Mujer (2015-2019). Los estados y los territorios, al prestar servicios básicos, también contribuyen económicamente y en especie a la aplicación del Tercer Plan de Acción. Véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
El Departamento de Servicios Sociales tiene una Subdivisión de Seguridad Familiar que trabaja exclusivamente para lograr una reducción notable y sostenida de la violencia contra las mujeres y sus hijos mediante la aplicación del Plan Nacional y los programas complementarios. El Departamento del Primer Ministro y el Gabinete también cuenta con un equipo de seguridad de la mujer en la Oficina para la Mujer, que se encarga de coordinar las prioridades en materia de seguridad de la mujer en todo el Commonwealth, los estados y los territorios, y un equipo de atención a la violencia familiar, establecido en el Grupo de Asuntos Indígenas, que se encarga de las cuestiones relativas a la seguridad de las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres.
Evaluación de los Planes de Acción
Una evaluación oficial del Tercer Plan de Acción, a cargo de un evaluador independiente, está prevista para 2019.
El Gobierno encargó una evaluación del Segundo Plan de Acción (2013-2016), que concluyó que la mayoría de las prioridades y las medidas se habían aplicado según lo previsto en las distintas jurisdicciones.
Violencia de género contra las mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres
El Departamento de Servicios Sociales está examinando la recomendación formulada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en la preparación del Cuarto Plan de Acción (previsto para 2019) del Plan Nacional.
El Tercer Plan de Acción se elaboró en consulta con las comunidades indígenas y se encuentra en su segundo año de aplicación.
La lucha contra la violencia contra las mujeres indígenas es una de las seis esferas prioritarias del Tercer Plan de Acción en el plano nacional. La lucha contra la violencia familiar entre la población indígena por medio del Tercer Plan de Acción permite a los principales interesados y la comunidad en general obtener una idea clara de todas las esferas prioritarias y tratar los asuntos indígenas en una plataforma nacional.
Disponibilidad y accesibilidad de los centros de acogida
El Gobierno australiano está trabajando con los estados y territorios para establecer un nuevo Acuerdo Nacional de Vivienda y Atención a las Personas sin Hogar, con el fin de que las víctimas de violencia de género tengan acceso a los servicios que se prestan a las personas sin hogar, incluidos los servicios de vivienda. El Acuerdo asegurará que se presten los servicios necesarios a las personas sin hogar, al proporcionar 375,3 millones de dólares a lo largo de tres años, a partir del 1 de julio de 2018, que serán complementados en la misma medida por los gobiernos de los estados y territorios. Esa financiación seguirá dando prioridad al apoyo a las personas afectadas por la violencia doméstica y a los jóvenes australianos vulnerables. El Acuerdo también mantendrá la financiación actual del Commonwealth que asciende a más de 1.300 millones de dólares al año.
Los gobiernos estatales y territoriales también financian servicios y centros de acogida para las víctimas de actos de violencia doméstica. Véase el Anexo 1: Cuestiones 1 a 9.
Otras iniciativas encaminadas a reducir la falta de hogar entre las mujeres víctimas de actos de violencia doméstica y familiar avanzan en el marco del Plan Nacional, que incluye el compromiso de reforzar las opciones de alojamiento seguro y adecuado para este grupo vulnerable.
Disponibilidad y accesibilidad de los servicios de asesoramiento, asistencia jurídica e interpretación
En el marco del Tercer Plan de Acción, el Gobierno de Australia ha invertido 25 millones de dólares en una serie de actividades específicas para los pueblos indígenas encaminadas a combatir la violencia familiar, como servicios terapéuticos postraumáticos para niños, servicios de coordinación asistencial familiar intensiva, y financiación adicional para los servicios de apoyo a las víctimas proporcionados por el Servicio Jurídico de Prevención de la Violencia en la Familia. Además, en el contexto del Conjunto de Medidas de Seguridad para la Mujer se han invertido 21 millones de dólares en iniciativas destinadas a proteger a las mujeres indígenas de la violencia, incluidos fondos para la elaboración de un módulo específico sobre violencia doméstica para un programa de enfermeras visitadoras.
Todos los estados y territorios financian servicios de asistencia jurídica a fin de apoyar a las mujeres víctimas de la violencia. Todos los estados y territorios disponen de servicios de interpretación y muchos servicios de información y formularios oficiales están disponibles en varios idiomas. Véase el Anexo 1 – Cuestiones 1 a 9.
Trata y explotación de la prostitución
Australia no considera que el trabajo sexual legal constituya explotación de la prostitución, a menos que se den circunstancias en que los trabajadores sexuales no den su consentimiento o se trate de menores de edad, y los datos relativos a la explotación de la prostitución se incluyen en los datos sobre trata de personas. Entre 2004 y el 30 de junio de 2017, los equipos especializados de investigación de la Policía Federal de Australia recibieron 841 remisiones de casos de trata de personas, esclavitud y delitos relacionados con la esclavitud, incluido el matrimonio forzado. Véase el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13, cuadro 1.
Los datos sobre enjuiciamientos y condenas figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13, cuadro 2.
Las presuntas víctimas de trata de personas y delitos relacionados con la esclavitud identificadas por la Policía Federal de Australia tienen derecho a recibir apoyo mediante el Programa de apoyo a las víctimas de trata establecido por el Gobierno australiano, que es administrado por el Departamento de Servicios Sociales y ejecutado por la Cruz Roja australiana. Las presuntas víctimas que colaboran en una investigación o un enjuiciamiento reciben apoyo constante hasta que se cierra el caso. Ese apoyo se adapta a las necesidades individuales del cliente y puede incluir apoyo para coordinación asistencial, alojamiento adecuado, tratamiento médico, asesoramiento, remisión a asesoramiento jurídico y migratorio, formación profesional y apoyo social. Desde que se estableció en 2004 hasta el 1 de diciembre de 2017, 363 clientes habían recibido ayuda del Programa de apoyo a las víctimas de trata.
En el sistema judicial federal de Australia, la indemnización de las víctimas ha sido tradicionalmente un asunto que ha correspondido a los estados y territorios. Cada jurisdicción estatal y territorial tiene un régimen de indemnización de víctimas, que puede ponerse a disposición de las personas que han sido víctimas de delitos de trata de personas y delitos relacionados con la esclavitud. Algunas víctimas de trata de personas han recibido indemnización de esos planes estatales y territoriales.
Participación en la vida política y pública
Órganos legislativos, ejecutivos y judiciales en los planos federal, provincial y territorial
Los datos disponibles figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Personal militar
Al 1 de diciembre de 2017, las mujeres representaban el 17% de la fuerza laboral permanente de las Fuerzas de Defensa de Australia, de ellas el 20,8% prestaban servicios en la Marina, el 13,5% en el Ejército y el 21% en la Fuerza Aérea. Las mujeres representaban el 15,1% del personal desplegado en operaciones militares al 1 de diciembre de 2017. Las tasas de participación de las mujeres en las Fuerzas de Defensa de Australia en el período comprendido entre julio de 2013 y diciembre de 2017 figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Policía
Los datos actuales desglosados por género figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Autoridades administrativas independientes y principales órganos consultivos del Estado, la administración pública superior, los servicios diplomáticos y la dirección de empresas
Las estadísticas disponibles figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Consejos de administración de las empresas
Las estadísticas disponibles figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
En el marco del programa BoardLinks , se celebran periódicamente actividades de establecimiento de contactos para las personas que aspiran a ocupar o que próximamente ocuparán puestos directivos. Los paladines de BoardLinks, a saber, líderes y patrocinadores de la industria y de organismos sin fines de lucro que asesoran sobre la forma de aumentar la representación de las mujeres en sus consejos de administración y seleccionar candidatas adecuadas para vacantes concretas que se han de abrir, apoyan el programa. El Gobierno de Australia colabora con las principales organizaciones de mujeres sobre las posibilidades de ampliar y diversificar la base de datos de BoardLinks, prestando especial atención a los grupos de mujeres insuficientemente representados, como las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres, las mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos y las mujeres con discapacidad.
Representación en los órganos de decisión electos
Los dos partidos políticos más importantes de Australia, el Partido Liberal y el Partido Laborista, han asumido el compromiso de alcanzar el 50% de representación femenina en el Parlamento para 2025. Para conocer el desglose actual de la representación por partido político en el Parlamento Federal, véase el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Medidas para aumentar la participación de la mujer en los órganos de decisión electos y en las juntas de gobierno
La estrategia para 2025 se examinó anteriormente en los párrafos 7.1 y 7. 2.
Los gobiernos del Territorio de la Capital de Australia y el Territorio del Norte también se han comprometido a lograr una representación femenina del 50% en las juntas de gobierno para 2020, y Australia Occidental espera alcanzar el 50% de representación a más tardar en 2019. Para conocer otras iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 2 – Cuestiones 10 a 13.
Otros programas de liderazgo
Véanse algunos ejemplos de programas de liderazgo en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Becas selectivas
El Gobierno de Australia ha colaborado con las empresas australianas y ha invertido más de un millón de dólares en becas para mujeres a través del Instituto Australiano de Administradores de Empresas, entre ellas becas para mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y otras mujeres de entornos cultural y lingüísticamente diversos, y mujeres con discapacidad. El Gobierno australiano también financió dos becas del programa Authentic Leadership de Harvard para mujeres ocupantes de puestos de categoría superior de la administración pública, en particular en ámbitos no tradicionales de trabajo, y dos becas del programa Leading for Results del InstitutEuropéend’Administration des Affaires (INSEAD) para mujeres indígenas.
Para conocer otras becas de los estados y territorios, véase el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Nacionalidad
El registro de nacimientos en Australia lo gestionan las oficinas del Registro de Nacimientos, Defunciones y Matrimonios de los estados y territorios, que reconocen los problemas que plantea mantener un alto nivel de registro de nacimientos, sobre todo de la población de las zonas rurales y remotas y los pueblos indígenas.
Aunque se desconoce el número exacto de niños que no están registrados, se ha medido el período comprendido entre el nacimiento y la inscripción en el Registro. El retraso suele ser mayor en el caso de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso de los niños indígenas nacidos en 2012 registrados desde entonces, el 92,6% fueron registrados ese año y el 99% en un plazo de cuatro años. En el caso de la población no indígena, el 98,7% se registra en el primer año.
Las estrategias y los programas implantados para reducir los obstáculos al registro comprenden: la colaboración con las autoridades sanitarias para hacer coincidir los formularios de notificación de nacimientos de los hospitales con los de los registros, y el seguimiento con los padres cuando no se ha producido el registro; programas de participación comunitaria y divulgación, que incluyen un diálogo directo con las comunidades remotas e indígenas; servicios de registro móvil; y distribución de materiales para sensibilizar al público. En todos los estados y territorios, el registro de los nacimientos es gratuito, aunque pueden aplicarse tasas en caso de demora.
Educación
Los datos desglosados disponibles sobre tasas de matriculación, abandono escolar y finalización en todos los niveles educativos figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Los datos disponibles sobre la prevalencia de la segregación por sexo en la formación profesional y la educación superior figuran en el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Un ejemplo de las medidas adoptadas para eliminar las diferencias en el acceso a la educación y el nivel de escolaridad es el programa Connected Beginnings, que se inició el 1 de julio de 2016 a fin de apoyar la integración de la primera infancia, la salud maternoinfantil y los servicios de apoyo a la familia en las escuelas de un pequeño número de comunidades indígenas en situación de desventaja. El objetivo del programa es mejorar la preparación de las niñas y los niños indígenas para la escuela y reducir la disparidad en los resultados educativos entre los niños indígenas y sus compañeros no indígenas. La evaluación de los efectos del programa está en curso y está previsto que las recomendaciones se publiquen en 2018/2019.
El Gobierno de Australia también está proporcionando financiación a la organización benéfica The Smith Family para ampliar su programa Learning for Life, a fin de ayudar a otros 24.000 estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos a que mejoren sus resultados académicos y posteriores.
Para conocer otras iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 2: Cuestiones 10 a 13.
Empleo
Segregación por género en el lugar de trabajo
Para los cuadros donde se recogen los datos sobre la segregación ocupacional, véase el Anexo 3: Cuestiones 14 a 16.
Existen recursos disponibles para empleadores a través del portal Women’s work / men’s work : great careers are for everyone de la Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo, que presenta a hombres y mujeres que trabajan en ámbitos no tradicionales, a fin de inspirar a la próxima generación de trabajadores mostrándoles las carreras a las que se podrían dedicar. Además, el Gobierno de Australia financió el conjunto de instrumentos de la Comisión de Derechos Humanos de Australia para aumentar la representación de las mujeres en sectores dominados por los hombres, como la minería, la construcción y los servicios públicos.
Según datos de la Oficina de Estadística de Australia, a noviembre de 2017 alrededor de un tercio (30,8%) de los trabajadores australianos trabajan en sectores en los que uno de los géneros representa más de las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo del sector.
A noviembre de 2017, el porcentaje de trabajadores australianos empleados en estos sectores ha aumentado en 1,1 puntos porcentuales. Este aumento responde al fuerte crecimiento del empleo en los sectores de la sanidad y la asistencia social (78,3% de mujeres empleadas en el sector) y la construcción (88,9% de hombres empleados en el sector). Las mujeres predominan en los sectores de la sanidad y la asistencia social (78,3%), y la educación y la capacitación (70,7%). Los hombres predominan en los sectores de la construcción (88,9%), la minería (85,6%) y los servicios de transporte, postales y de almacenamiento (77,9%). El porcentaje de hombres empleados en los sectores de la construcción y los servicios de transporte, postales y de almacenamiento ha aumentado durante el período de 20 años concluido en noviembre de 2017 (2,0 puntos porcentuales y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que el porcentaje de hombres empleados en la industria minera ha disminuido en ese período (6,2 puntos porcentuales).
A noviembre de 2017, las mujeres ocupaban el 26% de los puestos directivos de las empresas del índice ASX200, lo que supone un aumento con respecto a noviembre de 2016, cuando ocupaban el 25,1%. Al 30 de junio de 2017, las mujeres ocupaban el 42,7% de los cargos de las juntas de gobierno australianas. Se trata del mejor resultado desde que se comenzó a presentar informes públicos sobre el equilibrio de género en las juntas de gobierno en 2010/2011.
Participación en la fuerza laboral
En Australia, en noviembre de 2017, en torno al 60,6% de las mujeres en edad de trabajar (15 años o más) participan en la fuerza de trabajo, la mayor cifra jamás registrada y por encima de la media de la OCDE. El Gobierno Federal asigna gran prioridad a incrementar la participación de la mujer en la fuerza laboral mediante una gama de iniciativas y oportunidades.
En 2014, en el contexto de la presidencia de Australia, los dirigentes del G-20 se comprometieron a reducir en un 25% la diferencia en la participación de los hombres y las mujeres en la fuerza de trabajo a más tardar en 2025.
Una de las medidas clave de la estrategia del Gobierno de Australia para 2025 es llevar a cabo un análisis de género sobre los servicios de empleo para mejorar la prestación de servicios actual, en la medida de lo posible, dentro de los parámetros del programa, y contribuir a diseñar los servicios de empleo antes de 2020, indicando los casos donde existe la posibilidad de mejorar la prestación de servicios a las mujeres.
El Gobierno también está trabajando con las empresas para sensibilizar e impulsar el cambio cultural a fin de mejorar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo mediante el Ombudsman de Trabajo Justo, la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo.
Datos sobre la tasa y el sector de empleo entre las mujeres de grupos marginados
La Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo de la Oficina de Estadística de Australia no proporciona datos sobre las personas pertenecientes a minorías étnicas. Aunque se dispone de datos correspondientes a las “personas nacidas en países no incluidos entre los principales países de habla inglesa”, estos no son un sustituto directo de los correspondientes a las minorías étnicas. Teniendo esto en cuenta, en agosto de 2017 la tasa de empleo en Australia de mujeres (de 15 años o más) nacidas en “países no incluidos entre los principales países de habla inglesa” era del 48,8% (en agosto de 2014 era del 47,5%), mientras que la de hombres de ese mismo grupo era del 65,0%.
La tasa de empleo de mujeres de edad madura (55 años o más) en Australia ha aumentado en los últimos tres años, del 28,3% en agosto de 2014 al 29,9% en agosto de 2017, aunque sigue siendo inferior a la de hombres de ese grupo etario (40,1%).
Los datos sobre empleo por sector de los hombres y las mujeres que autodenominan indígenas, nacidos en “países no incluidos entre los principales países de habla inglesa” o mayores de 55 años figuran en el Anexo 3: Cuestiones 14 a 16
La tasa de empleo de las mujeres indígenas (de 15 años o más) se redujo del 43,6% en 2008 (estimación disponible anteriormente) al 40,9% en 2015, lo que obedece en gran medida a la reclasificación de las personas que trabajaban en proyectos de empleo, en el contexto del Programa de Desarrollo de la Comunidad, que concluyeron durante este período.
La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad (15 a 64 años) ha aumentado del 68,5% en 2012 (estimación disponible anteriormente) al 69,9% en 2015.
Programas de empleo para la población indígena
Del 18 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 2017, como parte de los programas de empleo para la población indígena, se proporcionó empleo a 63.580 solicitantes de empleo indígenas, de los que el 43% (27.109) eran mujeres. Esa cifra total incluye el Programa de Desarrollo de la Comunidad, que abarca únicamente las zonas remotas, y otros programas de empleo para la población indígena, que proporcionan empleo en zonas remotas y no remotas (incluidas las urbanas).
Programa de Desarrollo de la Comunidad
El Programa de Desarrollo de la Comunidad ofrece a los solicitantes de empleo de las zonas remotas de Australia la oportunidad de participar en actividades laborales cinco días a la semana, los 12 meses del año. Las actividades son flexibles, están adaptadas a las necesidades de la persona, y pueden incluir la prestación de asistencia en cuestiones ajenas al ámbito profesional que dificultan encontrar y mantener un empleo, la alfabetización y la capacitación en aritmética, y la asistencia para obtener permisos de conducción. La participación activa se sitúa actualmente en un 74,1%. El programa ha ayudado a más de 21.600 solicitantes de empleo de zonas remotas a encontrar puestos de trabajo.
Al 31 de octubre de 2017, había 32.773 casos de solicitantes de empleo registrados en el Programa de Desarrollo de la Comunidad. De ellos, 14.564 eran mujeres (en torno al 45% del total). De las personas que buscaban empleo, 12.094 eran mujeres indígenas (el 83% del total de mujeres que buscaban empleo y el 45% de los indígenas que lo hacían en el marco del Programa de Desarrollo de la Comunidad).
Centros de formación profesional y empleo
Los centros de formación profesional y empleo conectan a los solicitantes de empleo indígenas con empleos garantizados y aúnan los servicios de apoyo necesarios para preparar a los solicitantes de empleo para un empleo a largo plazo.
Los centros de formación profesional y empleo trabajan en estrecha colaboración con los servicios de empleo públicos, las comunidades indígenas y los empleadores de la industria a fin de buscar trabajadores indígenas, capacitarlos y apoyarlos inicialmente en el empleo. Al 7 de enero de 2018, de los participantes empleados, 3.004 (41,2%) eran mujeres.
Iniciativa de Paridad en el Empleo
La Iniciativa de Paridad en el Empleo tiene por objeto incrementar el número de grandes empresas australianas que dispone de una fuerza de trabajo que refleja el tamaño de la población indígena, actualmente el 3%. Al 7 de enero de 2018, de los participantes empleados, 1.999 (53,9%) eran mujeres.
Guardabosques indígenas y zonas indígenas protegidas
Los programas de guardabosques indígenas y zonas indígenas protegidas han creado más de 2.500 empleos para los pueblos indígenas mediante empleos a jornada completa, a tiempo parcial y empleos ocasionales, y han tenido importantes efectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las mujeres ocupan aproximadamente una tercera parte de esos empleos.
Servicio de empleo jobactive
El servicio jobactive es el principal servicio de empleo del Gobierno australiano (gestionado por el Departamento de Trabajo), que conecta a los solicitantes de empleo con las oportunidades locales de empleo. Una red de proveedores que operan en más de 1.700 localidades urbanas y regionales de Australia hace posible jobactive. Desde su comienzo, el 1 de julio de 2015, 27.664 mujeres indígenas han recibido apoyo para el empleo mediante jobactive. El número total de casos de mujeres indígenas registrados en jobactiveal 31 de diciembre de 2017 era de 34.205.
Acoso sexual en el lugar de trabajo
El Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios reconocen los graves obstáculos que pueden generar para la participación en la fuerza laboral el acoso sexual y la discriminación por motivos de género. Para conocer algunos ejemplos de iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 3: Cuestiones 14 a 16.
Los empleadores tienen la obligación de ofrecer un lugar de trabajo seguro en virtud de las leyes estatales y territoriales de sanidad y seguridad. La legislación federal y estatal contra la discriminación y la Ley de Trabajo Justo de 2009 también contienen medidas de protección contra el acoso sexual y la discriminación en el lugar de trabajo.
Safe Work Australia lidera la formulación de políticas nacionales para mejorar las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo en todo el país. Esto incluye la salud física y psicológica. Safe Work Australia ha publicado directrices sobre la violencia en el lugar de trabajo, el acoso y el hostigamiento, en relación con la prevención de los daños psicológicos.
En 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Australia, en colaboración con la industria y los sindicatos, puso en marcha la estrategia nacional de sensibilización Know Where the Line Is, dirigida a los empleadores y empleados con el fin de prevenir y reducir el daño que causa el acoso sexual en los lugares de trabajo del país.
Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo
La Ley de igualdad de género en el trabajo de 2012 (la Ley) creó la Agencia para la Igualdad de Género en el Trabajo, que se encarga de promover y mejorar la igualdad de género en los lugares de trabajo australianos. La Ley exige que los empleadores del sector privado con 100 o más empleados y los proveedores de enseñanza superior registrados que sean empleadores informen anualmente a la Agencia de Igualdad de Género en el Trabajo con respecto a seis indicadores de igualdad de género.
Salud
Legalidad del aborto
La legalidad del aborto es determinada por cada estado y territorio de Australia y varía de una jurisdicción a otra. Esta variación afecta principalmente al motivo del aborto y la etapa del embarazo. El aborto hasta las 14 semanas de gestación está permitido en toda Australia y el aborto después de ese plazo está permitido en la mayoría de los estados y territorios. Para conocer la legislación en materia de aborto de cada estado y territorio, véase el Anexo 3: Cuestiones 14 a 16.
Los medicamentos para el aborto están regulados en el plano nacional por la Administración de Productos Terapéuticos, el órgano responsable de aprobar los medicamentos para su uso en Australia, y están incluidos en el Plan de prestaciones farmacéuticas, lo que los hace más asequibles para los australianos. El servicio financiado es un paquete de comprimidos que se administran por vía oral (mifepristona y misoprostol) para un embarazo intrauterino de hasta 63 días de gestación.
El Gobierno de Australia no ha anunciado ningún plan para modificar el actual régimen jurídico en virtud del cual los estados y territorios que permiten el aborto prestan servicios.
Mujeres rurales
Medidas de seguridad para las mujeres rurales
El Tercer Plan de Acción prevé recursos para realizar investigaciones en las comunidades urbanas, regionales y remotas con miras a combatir la violencia doméstica, familiar y sexual en las comunidades indígenas. Mediante el proyecto sobre Sendas más seguras para las mujeres cultural y lingüísticamente diversas, se han concedido subvenciones para apoyar a las mujeres que viven en zonas regionales que sufren violencia doméstica o agresiones sexuales, o corren el riesgo de sufrirlas, a acceder al apoyo que necesitan. La línea telefónica 1800RESPECT permite que las mujeres de zonas rurales y remotas accedan a servicios seguros y adecuados para las mujeres de las comunidades rurales, remotas y aisladas. Mediante la iniciativa de Paquetes de seguridad para las mujeres, el Gobierno de Australia proporcionó más de 2.500 teléfonos a mujeres de localidades remotas y regionales para ayudar a las mujeres afectadas por la violencia doméstica a acceder a servicios y obtener asistencia, en caso necesario.
Liderazgo de las mujeres rurales
El Gobierno de Australia apoya el Premio a la mujer rural, que distingue y apoya a las líderes emergentes para que hagan una mayor contribución a las industrias primarias y las comunidades rurales. La iniciativa de empoderamiento del campo a Canberra empodera a las jóvenes rurales para que alcancen su potencial de liderazgo y la conferencia de mujeres australianas en la agricultura, que se celebra anualmente, tiene por objeto conectar, inspirar, alentar y motivar a las mujeres que se dedican a la agricultura.
Para conocer algunas de las iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 3: Cuestiones 14 a 16.
Mujeres aborígenes e isleñas del estrecho de Torres
En noviembre de 2008, el Consejo de Gobiernos Australianos se comprometió a cumplir una serie de objetivos para eliminar importantes diferencias en los resultados entre las australianas indígenas y no indígenas. En 2017, solo una de las siete metas va camino de cumplirse, mientras que cuatro de ellas vencerán en 2018. El Consejo de Gobiernos Australianos acordó colaborar internamente, y con dirigentes, organizaciones y comunidades indígenas, para actualizar el programa Closing the Gap, con un énfasis renovado en el esfuerzo conjunto, la evaluación y el aprovechamiento de los éxitos probados. Se están celebrando consultas públicas para conocer las prioridades políticas de las comunidades indígenas con el fin de fundamentar el programa revisado y metas nuevas o actualizadas. Esta es una oportunidad para medir los resultados y reflejar las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas indígenas en las políticas, los programas y los servicios que tienen por objeto eliminar la diferencia.
Participación de las mujeres indígenas en la adopción de decisiones y la elaboración de políticas
El Gobierno de Australia alienta activamente a las mujeres indígenas a trabajar y trabaja con ellas en la elaboración de políticas y programas. Por ejemplo, la estrategia para el adelanto de las mujeres indígenas tiene una estructura flexible que permite ayudar a las comunidades y organizaciones locales a colaborar entre sí en la elaboración de soluciones conjuntas.
El Comisionado de Justicia Social para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres dirige el proyecto Wiyi Yani U Thangani ( Women’s Voices ) “ Securing Our Rights , Securing Our Future” ((Voces de Mujeres) (“Garantizar nuestros derechos y nuestro futuro”)) para entender mejor los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y niñas indígenas. Este proyecto financiado por el Commonwealth contará con la participación de mujeres y niñas indígenas de toda Australia a lo largo de 2018, y sus resultados servirán de base para las políticas futuras a todos los niveles de gobierno.
La iniciativa de comunidades empoderadas, diseñada y dirigida por indígenas se basa en la participación de las comunidades locales y orienta al Gobierno sobre las necesidades, prioridades y aspiraciones concretas de las comunidades para apoyar la inversión pública. Las mujeres indígenas participan en grupos de liderazgo regional de la iniciativa y dirigen la labor en las tierras remotas Ngaanyatjarra Pitjantjatjara Yankunytjatjara.
Las mujeres indígenas participan en la adopción de decisiones relacionadas con sus necesidades en todos los estados y territorios. Véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Causas de la diferencia en la esperanza de vida de las mujeres indígenas
Si bien Australia ha avanzado, con una reducción de la tasa de mortalidad general del 33% entre 1998 y 2014, el país no va camino de subsanar la diferencia en la esperanza de vida para 2031. Véase en el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20 una reseña general de las enfermedades comunes que afectan a los pueblos indígenas y las mejoras de los resultados en materia de salud.
Según estudios realizados, se estima que entre un tercio y la mitad de la diferencia entre los australianos indígenas y los no indígenas guarda relación con las diferencias en la situación socioeconómica. Factores sociales, como la educación, el empleo, el hacinamiento y los ingresos de los hogares, junto con factores de riesgo relacionados con el comportamiento, como el consumo de tabaco y alcohol, la dieta y el sedentarismo, unidos a factores sociales determinantes, son algunos de los factores subyacentes que deben tratarse para mejorar los resultados de los pueblos indígenas.
Medidas para hacer frente a la diferencia en la esperanza de vida
A través del Programa de Salud de los Australianos Indígenas, el Gobierno australiano invertirá 3.600 millones de dólares en un plazo de cuatro años, de 2017/2018 a 2020/2021, a fin de mejorar el acceso de los australianos indígenas a la atención primaria de la salud, y las esferas de necesidad crítica mediante inversiones específicas que se espera que aceleren el avance en el logro de las metas en materia de salud. Esta inversión financia aproximadamente 140 servicios de salud controlados por la comunidad aborigen, así como alrededor de 40 proveedores más que proporcionan atención primaria de la salud culturalmente apropiada a sus comunidades locales.
El Plan Nacional de Salud para los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres 2013-2023 es la principal plataforma del Gobierno australiano para apoyar el logro de las metas fijadas en materia de salud en la Estrategia de Reducción de las Disparidades del Consejo de Gobiernos Australianos. Los Planes de Ejecución esbozan las medidas que deben adoptar el Gobierno de Australia, el sector de la salud controlado por las comunidades indígenas y otros interesados clave. Se está elaborando el Plan de Ejecución de 2018, que hace hincapié en los determinantes sociales de la salud de los pueblos indígenas a fin de acelerar el progreso hacia las metas de salud actuales de la Estrategia de Reducción de las Disparidades.
Mujeres reclusas
Los estados y territorios son responsables del sistema de justicia penal en Australia.
Perfil de las reclusas
Según las cifras presentadas por la Oficina de Estadística de Australia, en junio de 2017 había 3.299 reclusas en las prisiones australianas.
Para conocer los datos desglosados, véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Medidas adoptadas para combatir la discriminación contra las reclusas
El Gobierno de Australia se ha comprometido a abordar los factores que subyacen en las elevadas tasas de mujeres indígenas que entran en contacto con el sistema de justicia. Esto incluye prestar apoyo a los estados y territorios a fin de poner en marcha medidas destinadas a reducir sus experiencias de violencia, como víctimas y agresoras, y responder a la necesidad de servicios especializados de apoyo.
El Prison to Work Report(Informe de la cárcel al trabajo), publicado por el Consejo de Gobiernos Australianos, enumera nueve conclusiones de alto nivel y 55 medidas que los gobiernos pueden poner en marcha para mejorar el acceso de las reclusas indígenas al empleo. El Gobierno de Australia está trabajando con todos los estados y territorios a fin de atender a las conclusiones del informe, incluida la manera de mejorar el apoyo a las reclusas indígenas.
El Gobierno está llevando a cabo un proyecto de investigación a fin de examinar los métodos y procesos para determinar y evaluar la discapacidad, la deficiencia cognitiva, los trastornos del espectro alcohólico fetal y el daño cerebral adquirido entre los presos indígenas de todas las jurisdicciones.
Mecanismos de denuncia
En todas las jurisdicciones, los detenidos que consideran que han sido víctimas de discriminación pueden presentar una denuncia ante los órganos de derechos humanos o defensores del pueblo estatales. Véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Protección de las mujeres contra la violencia de género
En todos los estados y territorios, las reclusas se alojan separadas de los reclusos, a menudo en otras instalaciones. Esta separación constituye una medida de protección contra la violencia de género. Véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Respuesta a las necesidades individuales
Los estados y territorios tienen la responsabilidad de asegurar el alojamiento, la seguridad y el bienestar de todas las personas detenidas, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad. Al entrar en el sistema penitenciario, todos los reclusos son entrevistados y evaluados, lo que permite detectar de inmediato los riesgos y las necesidades de carácter cognitivo, físico, sensorial o de salud mental. A lo largo de su detención, los reclusos con discapacidad reciben apoyo y servicios acordes a las necesidades detectadas.
Mujeres y niñas con discapacidad
Mejora de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas con discapacidad
La Estrategia Nacional sobre Discapacidad 2010-2020 (la Estrategia) establece un marco normativo nacional decenal para mejorar la vida de todas las personas con discapacidad en Australia, incluidos los 3,84 millones de personas que no participan en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
La Estrategia tiene por objeto promover, defender y proteger los derechos de las personas con discapacidad y es un mecanismo importante para asegurar que los principios fundamentales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorporen en las políticas y los programas de Australia.
La Estrategia establece seis esferas de política para mejorar la vida de las personas con discapacidad: comunidades inclusivas y accesibles; protección de los derechos, justicia y legislación; seguridad económica; apoyo personal y comunitario; aprendizaje y aptitudes; y salud y bienestar.
La Estrategia tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de todos los australianos con discapacidad, reconoce que las personas con discapacidad tienen necesidades concretas en función de sus circunstancias personales, como el tipo y el nivel de apoyo necesario, el género, la edad, la educación, la sexualidad y el origen étnico o cultural. En particular, reconoce que el género puede repercutir considerablemente en la experiencia de la discapacidad, y las mujeres y las niñas con discapacidad a menudo se enfrentan a problemas diferentes por razón de su género.
Para conocer las iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Descuido y abuso de las mujeres y las niñas con discapacidad en instituciones, residencias y otros entornos de acogida
En noviembre de 2015, una Comisión Parlamentaria informó sobre la violencia, el abuso y el descuido de que eran víctimas las personas con discapacidad en entornos institucionales y residenciales. Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión, así como las cuestiones planteadas en las investigaciones relacionadas a nivel estatal, han servido para fundamentar la elaboración del Marco de Protección y Calidad del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (el Marco).
El Marco, publicado el 3 de febrero de 2017, proporciona un enfoque nacional coherente de protección y calidad para ayudar a empoderar y apoyar a los participantes del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad para que ejerzan su libertad de elección y control, imponiendo al mismo tiempo a los proveedores de servicios la obligación de buscar mejores formas de prevenir y detectar los casos de violencia, abuso y descuido, y responder a ellos.
Se ha establecido una Comisión de Protección y Calidad del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (la Comisión) con el fin de promulgar las responsabilidades del Commonwealth en virtud del Marco. La Comisión se encargará de inscribir a los proveedores, tramitar las denuncias, analizar las notificaciones de incidentes denunciables, administrar las normas de calidad y aplicar un Código de Conducta para los proveedores y los trabajadores del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. Tendrá un papel importante a la hora de fomentar las mejores prácticas en la utilización de estrategias de apoyo al comportamiento, para gestionar los problemas de comportamiento y reducir y eliminar el uso de “prácticas restrictivas”, como las restricciones físicas, que limitan la libertad y la dignidad de las personas con discapacidad. La Comisión empezará a trabajar a partir del 1 de julio de 2018, una vez implantado el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad.
Protección de las personas con discapacidad fuera del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad
Las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores dependen de una amplia gama de servicios no incluidos en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, como ayudas generales, servicios especializados para personas con discapacidad y ayudas comunitarias, para alcanzar sus objetivos y mantener su calidad de vida.
Si bien la Comisión se encargará de supervisar la calidad y las medidas para garantizar la aplicación plena del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad, incluidas las medidas para que las personas con discapacidad reciban ayudas especiales de alojamiento financiadas por el Plan, la Comisión no sustituirá a las entidades de los estados y territorios que desempeñan funciones más amplias (como, por ejemplo, el ombudsman, la comisión de derechos humanos o el defensor público).
Los servicios y las ayudas a las personas con discapacidad que se prestan mediante otros sistemas, como los de salud, educación y justicia, seguirán estando amparados por los acuerdos de calidad y protección de esos sistemas. Los mecanismos de denuncia y reparación, como la policía, las entidades de defensa del comercio justo y los órganos profesionales y sectoriales, seguirán estando a disposición de los participantes en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad y las personas con discapacidad que no participan en él. Las garantías para los consumidores establecidas en la Ley de Protección de Consumidores de Australia abarcarán las ayudas y los servicios relacionados con la discapacidad.
La legislación en materia de lucha contra la discriminación y de defensa de los derechos humanos, bajo la supervisión de los Comisionados para la Lucha contra la Discriminación por Discapacidad y de Derechos Humanos, proporcionará nuevas vías para presentar denuncias.
Véase más información en el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Viviendas adecuadas para personas con discapacidad
El Plan Nacional de Seguro de Discapacidad de 2013 establece el marco necesario y da efecto en parte a las obligaciones internacionales contraídas por Australia. Las personas con discapacidad pueden afiliarse al Plan si cumplen ciertos requisitos, como edad, lugar de residencia y discapacidad o necesidades de intervención temprana.
La financiación de viviendas adecuadas es un elemento fundamental del Plan Nacional de Seguro de Discapacidad. Se ha creado un módulo específico, Viviendas adecuadas para Personas con Discapacidad, con el fin de satisfacer las necesidades en ese ámbito. Los proveedores deben registrarse en el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad para proporcionar viviendas para personas con discapacidad, y demostrar que cumplen las obligaciones y los requisitos previstos en una serie de leyes, códigos y normas del Commonwealth, los estados y los territorios.
Proyecto Stop the Violence
De acuerdo con el Plan Nacional de Australia, el Gobierno está trabajando para reconocer, apoyar y responder mejor a las mujeres con discapacidad que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia doméstica y familiar y agresiones sexuales. En el marco del Primer Plan de Acción del Plan Nacional, el Gobierno financió el proyecto Stop the Violence (Detener la Violencia) para investigar y promover formas de mejorar el acceso a servicios y las respuestas para las mujeres con discapacidad que sufren o corren riesgo de sufrir violencia. Como parte del proyecto Stop de Violence, Australia organizó un Simposio Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas con Discapacidad.
El proyecto Stop the Violence es un proyecto de alcance nacional y ha sentado las bases para mejorar la prestación de servicios a las mujeres y niñas con discapacidad que sufren o corren el riesgo de sufrir violencia. Como resultado del proyecto Stop the Violence, el Gobierno está trabajando para ampliar y mejorar la calidad de los servicios prestados por 1800RESPECT (el servicio nacional australiano de asesoramiento sobre agresiones sexuales y violencia doméstica y familiar) a fin de asegurar la respuesta a las necesidades de las mujeres con discapacidad que han sufrido o corren el riesgo de sufrir violencia doméstica y familiar o agresiones sexuales.
Además, el Gobierno está trabajando para crear una base de datos sobre las diversas experiencias de violencia. El Gobierno proporcionó fondos a la Organización Nacional de Investigación de Australia para la elaboración de un informe sobre el estado actual del conocimiento, titulado Invisible women , invisible violence : understating and improving data on the experience of domestic and family violence and sexual assault for diverse groups of women (Mujeres invisibles, violencia invisible: comprender y mejorar los datos sobre la experiencia de distintos grupos de mujeres con respecto a la violencia doméstica y familiar y la agresión sexual), que abarca a las mujeres con discapacidad, a fin de mejorar los datos disponibles. El informe se presentó en diciembre de 2016.
Esterilización de las mujeres y niñas con discapacidad
El Gobierno de Australia está decidido a respetar el derecho de todas las personas a su integridad física y sus derechos reproductivos.
En Australia, los procedimientos para la esterilización solo pueden llevarse a cabo con el consentimiento de la persona en cuestión o con la autorización de una corte o tribunal de tutela si la persona es incapaz de dar un consentimiento válido. Australia no prevé introducir ningún cambio en esas disposiciones.
En 2013, una Comisión del Senado australiano concluyó una investigación sobre la esterilización involuntaria o forzada de las personas con discapacidad y las personas intersexuales. El Gobierno de Australia examinó las recomendaciones de la Comisión, pero no prevé introducir ningún cambio en las disposiciones existentes.
Véase más información en el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Mujeres y niñas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas
Centro Regional de Tramitación de Nauru
El Centro Regional de Tramitación de Nauru es el único centro de tramitación extraterritorial que atiende a mujeres. El Centro Regional de Tramitación de Nauru se encuentra en territorio soberano de Nauru y es gestionado y administrado con arreglo a la legislación interna de Nauru. El Gobierno de Australia sostiene que no ejerce un control efectivo sobre los refugiados y los solicitantes de asilo que se encuentran en Nauru y, por lo tanto, no incumple sus obligaciones internacionales a ese respecto. No obstante, el Gobierno de Australia ayuda al Gobierno de Nauru a cumplir los acuerdos regionales de tramitación de asilo en ese país, y responde a las preguntas formuladas por la Comisión en ese contexto.
Los centros regionales de tramitación de Nauru son centros de alojamiento totalmente abiertos, en los que los residentes pueden entrar y salir con total libertad. Se han adoptado acuerdos para que las personas puedan pasar del centro regional de tramitación a alojarse en la comunidad cuando se confirma su condición de refugiado y cuando hay alojamiento disponible. Los refugiados en Nauru tienen derecho a expresar su interés en el reasentamiento en los Estados Unidos o Camboya. El Gobierno de Australia sigue ayudando al Gobierno de Nauru a encontrar otras opciones de reasentamiento.
El Gobierno de Australia ayuda al Gobierno de Nauru a proporcionar a los refugiados y solicitantes de asilo residentes en Nauru alojamiento y servicios públicos, comida y ropa (o una prestación de subsistencia para satisfacer esas necesidades), servicios de educación, asistencia y bienestar social, y servicios de salud. Las personas reciben servicios de coordinación asistencial adaptados a sus necesidades particulares, que tienen en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y niñas. Todos los refugiados y solicitantes de asilo tienen acceso a la atención primaria de la salud y salud mental clínicamente indicada, incluida psicoterapia de trauma y torturas, ofrecida por el Gobierno de Nauru y complementada con la contratación de servicios de salud.
Servicios médicos – en Australia
En Australia, el Departamento de Salud financia el Programa de Asistencia para Supervivientes de Torturas y Traumas, que ofrece servicios de apoyo especializados a las personas que han inmigrado por razones humanitarias y están en situación de reasentamiento permanente, y a los titulares de visados temporales que viven en la comunidad y padecen dificultades psicológicas o psicosociales por haber sufrido torturas y traumas antes de llegar a Australia.
Todos los solicitantes de asilo y los refugiados en Australia tienen acceso a la sanidad, ya sea a través de Medicare o de programas públicos como el Plan de Apoyo Asistencial Comunitario y el Plan de Asistencia para Solicitantes de Asilo. La sanidad que se proporciona a los refugiados y solicitantes de asilo en Australia, incluidos los servicios para mujeres y niñas que proporciona el Gobierno de Australia, es comparable a la que se proporciona a toda la población australiana.
Desde el 30 de junio de 2017, se realiza un diagnóstico inicial premigratorio completo de salud mental a los refugiados y las personas que llegan por razones humanitarias, que incluye preguntas concretas de salud mental para las mujeres y niñas. Las personas en situación de detención en inmigración en Australia reciben servicios de atención primaria de la salud, prestados por una serie de profesionales médicos, que son comparables a los ofrecidos a la comunidad australiana en el sistema de sanidad pública.
Los servicios de salud de los estados y territorios tienen intervenciones con fines concretos, como la iniciativa de atención a refugiadas y embarazadas afganas del distrito sanitario local de Hunter New England, que ayuda a las embarazadas afganas a que asistan a las clínicas de atención prenatal. Como resultado de ese programa, el número de mujeres afganas que asisten al número mínimo de visitas prenatales pasó del 46% al 100%.
Servicios médicos – en Nauru
En Nauru, la atención primaria de la salud para las solicitantes de asilo embarazadas corre a cargo de los profesionales médicos del International Health and Medical Services (IHMS), con el apoyo del Hospital de Nauru, y se complementa con profesionales de la salud externos, un servicio de telemedicina y traslados médicos en caso necesario. Las personas también pueden ser trasladadas temporalmente a Papua Nueva Guinea para recibir servicios que no estén disponibles en el Hospital de Nauru, lo que incluye la atención a los nacimientos de alto riesgo.
Las embarazadas asentadas en la comunidad de Nauru reciben atención primaria en la Clínica para Personas en Situación de Asentamiento de IHMS, y tienen acceso a matronas y obstetras. Las embarazadas y las madres tienen acceso a atención médica prenatal y materna, grupos de apoyo y servicios de guardería.
Protección a las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo de la violencia de género
Se han concedido más de 16.800 visados para mujeres en situación de peligro desde la creación de ese tipo de visado en 1989 y, en 2017/2018, Australia cuenta con 1.550 plazas para esta categoría de visados, lo que supone un aumento con respecto a 2015/2016 y 2016/2017 cuando se disponía de 1.200 plazas. En 2016/2017, el visado con arreglo al Programa Humanitario para personas con vulnerabilidades particulares se amplió para incluir a mujeres y niños vulnerables de grupos minoritarios perseguidos, que viven en su país y que, de otro modo, no cumplirían los requisitos del programa para mujeres en situación de peligro.
Para conocer algunos ejemplos de iniciativas de los estados y territorios, véase el Anexo 4: Cuestiones 17 a 20.
Educación – en Australia
Toda persona que se encuentre en Australia con un visado de refugiado o humanitario (incluido el visado de protección temporal o permanente) puede trabajar y estudiar. Esto se ajusta a la legislación australiana, que exige que todos los niños en edad escolar estén matriculados en la escuela.
También existen disposiciones para que los niños en edad escolar (5 a 17 años) que se encuentran en centros australianos de detención de inmigrantes, accedan a la educación escolar en Australia. El proveedor de servicios de detención del Gobierno de Australia también ofrece actividades y programas ordinarios de educación adecuados a la edad.
El Gobierno proporciona clases de inglés para ayudar a los titulares de visados humanitarios, para familiares y para trabajadores cualificados a asentarse en Australia y acceder a la educación.
Educación – en Nauru
El acceso a la educación para los refugiados y solicitantes de asilo en Nauru es responsabilidad del Gobierno de Nauru. Como parte de su apoyo al Gobierno de Nauru, el Gobierno de Australia contrató a un proveedor de servicios educativos para que prestara servicios de desarrollo profesional y servicios de apoyo a docentes en las escuelas de Nauru, lo que contribuyó a la elaboración de planes de estudio y la mejora de las prácticas pedagógicas. El Gobierno australiano también financia la formación profesional técnica y cursos de capacitación para enseñar competencias profesionales a los estudiantes de enseñanza secundaria, incluidos los refugiados.
Nacionalidad para los niños apátridas
La Ley de nacionalidad australiana de 2007 dispone que una persona nacida en Australia que no sea nacional ni ciudadano de ningún país, nunca haya sido ciudadano de ningún país y no tenga derecho a adquirir la nacionalidad o ciudadanía de ningún país extranjero, tiene derecho a ser ciudadano australiano por naturalización. Esto da efecto a las obligaciones de Australia en virtud de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y forma parte de la legislación australiana en materia de ciudadanía desde 1973.