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Introducción
Contexto general
Los informes periódicos tercero a quinto combinados de la República de Mozambique (en adelante, “el informe”) se presentan de conformidad con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y se ajustan a las directrices sobre la redacción de informes, en particular a lo previsto en el documento HRI/GEN/2/Rev.6, de 3 de junio de 2009. El informe también incluye las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos primero y segundo combinados de la República de Mozambique, recogidas en el documento CEDAW/C/MOZ/CO/2, de 11 de julio de 2007.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, “la Convención”) es un documento jurídico de alcance universal centrado en los derechos de las mujeres que articula numerosas medidas y declaraciones de las Naciones Unidas aprobadas anteriormente sobre los derechos humanos en general y de las mujeres en particular, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, aprobada mediante la resolución 2263 (XXI) de la Asamblea General el 7 de noviembre de 1967.
La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1979 y entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, tras haber sido aprobada por 20 países.
La Convención proporciona una base de referencia para lograr la igualdad entre mujeres y hombres a través de una serie de disposiciones, normas y procedimientos destinados a defender y promover los derechos de las mujeres en la vida pública y privada (incluidos el derecho a votar y a ser elegidas y el derecho a la educación, la salud y el empleo) en las mismas condiciones que los hombres. Al ratificar la Convención, los Estados Miembros se comprometieron a adoptar una serie de medidas para poner fin a todas las formas de discriminación contra la mujer, entre ellas medidas legislativas y medidas especiales de carácter temporal, con el objetivo de que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Los países que han ratificado la Convención tienen la obligación jurídica de aplicar las disposiciones de este instrumento jurídico.
La Asamblea de la República de Mozambique ratificó la Convención el 2 de junio de 1993 a través de la resolución 4/93. El Gobierno de Mozambique depositó el instrumento de adhesión ante las Naciones Unidas el 21 de abril de 1997, el cual entró en vigor en mayo del mismo año. Mozambique ratificó el Protocolo Facultativo el 4 de noviembre de 2008.
En lo relativo al derecho internacional, la Constitución de la República de Mozambique establece lo siguiente:
•Los tratados internacionales, debidamente aprobados y ratificados, se transponen en el ordenamiento jurídico de Mozambique después de su publicación oficial y permanecen en vigor mientras resultan vinculantes para el Estado de Mozambique en el plano internacional.
•Las normas del derecho internacional tienen el mismo valor en el ordenamiento jurídico interno que el que adquieren los instrumentos legislativos infraconstitucionales resultantes de la Asamblea de la República y del Gobierno, con arreglo al correspondiente formato de recepción.
El Gobierno ha adoptado medidas para garantizar que la legislación de Mozambique refleja los cambios constitucionales derivados de la Constitución de 2004. Mozambique ha acelerado la revisión de la legislación en diversos ámbitos y ha colaborado con el Parlamento para asegurar que se modifiquen o se sustituyan todas las disposiciones discriminatorias, a fin de garantizar una armonización plena con las disposiciones de la Convención y de proporcionar soluciones jurídicas para hacer frente a la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención. Por consiguiente, el Ministerio de Género, Infancia y Acción Social intensificó su colaboración con el Gabinete de Mujeres Parlamentarias y con la Comisión de Asuntos Sociales, de Género y Ambientales.
En lo que respecta a la legislación, el Gobierno aprobó a través de la Asamblea de la República, entre otros, los siguientes instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las mujeres:
•Ley 12/2009, de 12 de marzo, de Lucha contra la Discriminación de las Personas que Viven con el VIH y el Sida;
•Ley 14/2009, de 17 de marzo, sobre el Estatuto General de los Funcionarios, que protege a las mujeres en la función pública.
También se han adoptado las siguientes medidas:
•Revisión del Código Comercial, que establece la autonomía de las mujeres en el ámbito empresarial.
•Revisión del Código Penal (de 2014) con miras a lograr su aplicabilidad en el contexto actual, habida cuenta de que el Código anterior se elaboró a fines del siglo XIX. Aunque todavía no se ha promulgado (si bien ya ha sido aprobado por la Asamblea de la República), las innovaciones más importantes del Código son las siguientes:
i)La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, después de reconocer el aborto en condiciones de riesgo como un problema de salud pública.
ii)La penalización de las relaciones sexuales en las que se produce una transmisión consciente de enfermedades.
iii)No se obliga al agresor a casarse con la mujer o la niña de la que ha abusado sexualmente, aunque todavía debe estudiarse el límite de edad para los menores (un caso solo se considera de violación sexual contra menores cuando la víctima tiene menos de 16 años).
En lo relativo al examen y la aprobación de las leyes anteriormente señaladas, debe hacerse hincapié en la importancia de las diversas actividades de promoción llevadas a cabo por la Dirección Nacional de Género, el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer y organizaciones de la sociedad civil como Fórum Mulher, el Foro de Mujeres Rurales de Mozambique (FOMMUR), la FDC, Action Aid o Save the Children, entre otras, con el objetivo de acelerar el proceso de reforma jurídica.
Metodología y estructura del informe
En el presente informe se describen los progresos realizados por Mozambique en el contexto de la aplicación de la Convención durante el período comprendido entre 2007y 2010 y entre 2010 y2014. En él se presentan las políticas, los programas y las acciones que se han ejecutado desde la presentación del último informe en 2007.
La redacción de este informe se realizó con arreglo a las directrices de las Naciones Unidas y se llevó a cabo bajo la coordinación del Ministerio de Género, Infancia y Acción Social, a través de la Dirección Nacional de Género. Para este fin se creó un grupo de trabajo formado por el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer, el Consejo Técnico del Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer —incluidos los coordinadores de cuestiones de género—, las Direcciones Provinciales de Género, Infancia y Acción Social y el Grupo de Coordinación para el Género.
Durante la preparación del informe también se tuvo en cuenta la información facilitada en la Evaluación de la aplicación del Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer (2007-2008), el Programa Quinquenal del Gobierno para 2012-2014, el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer (2010-2014), el informe sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing +20, el informe de evaluación de 2013 sobre el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer para 2008-2012, la información presentada anualmente sobre las acciones llevadas a cabo en el ámbito de la mujer y las cuestiones de género, y los informes anuales y semestrales emitidos por el subgrupo de género en 2007, 2008 y 2009, los cuales se elaboraron después de que el Gobierno y los asociados para la cooperación realizaran un examen conjunto del desempeño del Gobierno. Para redactar el presente informe también se tuvieron en cuenta informes de diversas instituciones que colaboran con el Gobierno con miras a eliminar la discriminación contra la mujer, así como las contribuciones de las conferencias nacionales sobre la mujer y el género.
El informe se divide en cuatro partes. En la introducción se describen el contexto general del documento y la situación socioeconómica y política de Mozambique. En las partes primera, segunda, tercera y cuarta, subdivididas en los artículos de la Convención con arreglo a las directrices sobre la estructura y el contenido de la presentación de información, se examina la aplicación de la Convención durante el período analizado y se compilan al mismo tiempo las respuestas a las recomendaciones incluidas en las observaciones finales formuladas por el Comité para los informes periódicos primero y segundo combinados. Por último, en la conclusión se analizan algunos de los problemas a los que se enfrenta el país a la hora de aplicar la Convención.
Además, en el informe se presentan las medidas adoptadas con vistas a aumentar el bienestar de las mujeres en el contexto de la igualdad de género.
Contexto socioeconómico y político
Población
En 2014, Mozambique contaba con una población de 25 millones de habitantes, de los que el 68% residía en zonas rurales y solo el 32% en zonas urbanas. Las mujeres representan el 52% de la población del país, un porcentaje especialmente visible en la edad adulta (entre 20 y 44 años) y en particular en las zonas rurales, en las que constituyen el 55% de la población (el punto máximo de concentración de las mujeres se encuentra entre los 25 y los 29 años de edad, con un 57%). Teniendo en cuenta su proporción relativamente inferior en las zonas urbanas y en la edad adulta, cabe deducir que los varones jóvenes emigran de las zonas rurales a las ciudades, lo que da lugar a una tendencia de feminización en las zonas rurales (INE, previsiones demográficas de 2007).
La población mozambiqueña es esencialmente joven. El 45% de la población tiene menos de 15 años y el 19% tiene entre 15 y 25 años. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales, su presencia ha conllevado el establecimiento de prioridades para las intervenciones destinadas a protegerlos o a desarrollar el capital humano necesario para su bienestar presente o futuro. De media, el 31% de las cabezas de familia del país son mujeres. Sin embargo, este porcentaje varía de una provincia a otra, y en las meridionales las mujeres encabezan el 54% de los hogares.
Contexto socioeconómico
Mozambique ha registrado un importante crecimiento económico. Su tasa media de crecimiento real ha sido del 7% durante más de un decenio y medio, lo que ha contribuido a que el producto interno bruto (PIB) per cápita aumentara de 421 dólares a 644 dólares en solo cinco años (estimación extraída de la base de datos del INE).
Cuadro 1Crecimiento del PIB per cápita entre 2008 y 2013
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013–2014 |
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Tasa de crecimiento |
5,8 |
6,5 |
7,1 |
7,4 |
7,1 |
7,4 6,6 |
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PIB per cápita |
421,1 |
451,3 |
513,3 |
556,8 |
596,7 |
643,6 531,7 |
Fuente: base de datos del INE relativa a las cuentas nacionales (www.ine.gov.mz).
La producción ha experimentado un crecimiento positivo en diversos sectores de la economía. Sin embargo, el sector servicios y el sector extractivo son los que más contribuyen al PIB del país, mientras que se ha observado una disminución de la contribución del sector de la fabricación. Las nuevas inversiones se han concentrado en megaproyectos, fundamentalmente relacionados con los minerales y que requieren un uso intensivo de capital.
Según la Encuesta sobre la Familia de 2011, la población empleada en el sector agrícola con unos ingresos relativamente bajos se ha reducido en aproximadamente un 5%. Sin embargo, al desglosar este dato por género se observa que la reducción fue más baja entre las mujeres (4%) que entre los hombres (8%). La mayoría de los sectores que asumen esta mano de obra están formados por minoristas y personas que prestan servicios a pequeña escala, lo que impulsa el crecimiento de la economía hacia la subcontratación externa y conlleva una disminución de la oferta de empleo en el sector de la fabricación, que es el que más potencial tiene para absorber la fuerza de trabajo.
Uno de los efectos más graves de los cambios en la estructura de crecimiento económico tiene que ver con el empleo. En 2012 se estimaba que la tasa de desempleo de Mozambique era del 22,5%, siendo mayor en las zonas urbanas (35%) que en las rurales (17%). Este dato representa un aumento de seis puntos porcentuales en comparación con años anteriores. Se observaron divergencias significativas entre las tasas de desempleo por provincia, con picos en las provincias de Ciudad de Maputo y Manica, Maputo, Tete y Nampula, en las que se registró un elevado nivel de desempleo entre los jóvenes. Desde el punto de vista del género es importante señalar que, si bien la tasa de desempleo de los varones jóvenes comienza a disminuir a partir de los 24 años (después de que cubra a casi la mitad de la población de entre 15 y 19 años), en el caso de las mujeres la reducción solo se hace visible en el grupo de edad de 30 a 34 años.
En el ámbito social, el informe sobre el índice de desarrollo humano de 2013 señala que el índice era de 0,327 en 2012, lo que ubica al país en el puesto 185 de los 187 países analizados, a pesar de la mejora experimentada en comparación con el 0,318 de 2010 y el 0,322 de 2011.
Además, el análisis de la pobreza basado en el consumo, realizado en 2008-2009, muestra un estancamiento de la pobreza entre 2002-2003 y 2008-2009 en aproximadamente el 54,7%, así como una mayor concentración de esta en las zonas rurales (57%) que en las urbanas (50%), según indica el Ministerio de Planificación y Desarrollo en su tercera evaluación de la pobreza de 2013.
En cuanto a los índices de desigualdad de género, cabe señalar que a nivel internacional se observó una tendencia de mejora, mientras que en el plano local se registró una evolución negativa. El índice de pobreza de 2012 refleja un índice de desigualdad de género estimado de 0,582 puntos, lo que sitúa a Mozambique en el puesto 125 de 187 países. No obstante, esta situación supone una mejora en comparación con la estimación de 0,718 puntos correspondiente a 2008, cuando Mozambique ocupó el puesto 111 de 169 países (PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 2010 y 2013). Se estima que el índice de pobreza de las familias encabezadas por mujeres es de un 58%, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales respecto del año anterior.
Contexto político
Mozambique está trabajando para construir una sociedad pluralista. Desde 1994 se han llevado a cabo cinco procesos electorales, el último de ellos en 2014. Las elecciones fueron tanto presidenciales como legislativas (Asamblea de la República y provinciales). También se celebraron elecciones municipales, las últimas en 2013.
Desde el punto de vista del género, las elecciones constituyen oportunidades únicas para aumentar la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y en los órganos decisorios, con miras a promover y proteger su bienestar. Cabe destacar, por ejemplo, el aumento de la representación de las mujeres en puestos ministeriales, del 15,3% en 2004 a aproximadamente el 29% en 2014, y entre los diputados de la Asamblea de la República, del 28% en 2004 al 40% en 2014.
A nivel de distrito, la Ley sobre las Instituciones Locales del Estado ofreció una oportunidad para incrementar la representación de las mujeres a través de los Consejos Consultivos de Distrito, es decir, los órganos responsables de definir las prioridades de desarrollo local y las asignaciones presupuestarias correspondientes.
La difusión de las observaciones finales sobre los informes periódicos primero y segundo combinados entre los ministerios competentes, la Asamblea de la República y los miembros del Consejo Técnico del Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer desempeñó un papel fundamental y dio lugar a la formulación de la estrategia para la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el informe del Gobierno en lo relativo al grado de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El proceso estuvo dirigido por el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer, que, después de analizar las conclusiones y recibir las recomendaciones del Comité, procedió a definir las estrategias, las medidas y las responsabilidades correspondientes.
El diseño de la estrategia se guio por el objetivo principal de garantizar que todas las partes interesadas incluyeran en sus respectivos programas y planes sectoriales medidas concretas que facilitaran, de una manera coordinada y articulada, la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El documento se aprobó en el 13º período ordinario de sesiones del Consejo de Ministros, que dio comienzo el 22 de mayo de 2008.
Fue en este contexto en el que se llevaron a cabo iniciativas para reforzar la intervención de las instituciones pertinentes. Una de ellas fue la creación y formalización de las Dependencias de Género en cada sector, coordinadas por el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer a través de los coordinadores de cuestiones de género, que coordinan las Dependencias de Género de sus respectivos sectores.
Cabe señalar que la coordinación entre el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer y las Dependencias de Género también se lleva a cabo mediante reuniones técnicas periódicas.
Hasta la fecha se han creado 27 Dependencias de Género: 23 en diversos ministerios, 4 en instituciones de enseñanza superior y 1 en el Tribunal Constitucional. Se trata de un progreso en comparación con 2009, cuando únicamente existían 14 Dependencias de Género y todas ellas pertenecían a ministerios. Además, siete ministerios ya cuentan con estrategias de género que orientan sus actividades en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Se trata de los Ministerios de Salud, Educación, Mujer, Acción Social, Medio Ambiente, Agricultura y Función Pública. Hasta 2009 solo había cinco sectores que dispusieran de una estrategia de este tipo. A pesar de estos avances, siguen requiriéndose medidas para reforzar las Dependencias de Género existentes.
La integración por parte del Ministerio de Planificación y Desarrollo de directrices relacionadas con el género y el desarrollo en los planes económicos y sociales y en el presupuesto del Estado, incluida la planificación descentralizada, abre un espacio para que todos los sectores y las instituciones públicas de cualquier nivel aborden las cuestiones de género.
Otro aspecto digno de mención es el papel que desempeña el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la promoción de la igualdad en los planos provincial y de distrito. En este contexto, el Gobierno ha emprendido acciones destinadas a ampliar y fortalecer esos mecanismos a través de la creación y puesta en marcha de Consejos de Distrito para el Adelanto de la Mujer. Hasta 2009, la cobertura de los Consejos para el Adelanto de la Mujer llegaba a todas las provincias y a 13 distritos. En 2010, 30 distritos ya contaban con este tipo de consejos. Durante el período analizado se crearon 128 Consejos para el Adelanto de la Mujer (Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer, informes sobre las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la mujer y el género, 2013 y 2014). Sigue habiendo problemas en aquellos casos en los que en los distritos no hay mujeres que representen determinados servicios, de modo que, a pesar de que existen directrices elaboradas a nivel central, sus actividades no incluyen activamente objetivos de igualdad de género. Esta situación se hace notar más en los sectores económicos, como los servicios veterinarios y la minería.
La coordinación con otras instituciones de poder (como la Asamblea de la República) y con otras instituciones no públicas, incluidas las organizaciones no gubernamentales y las instituciones comunitarias (nacionales e internacionales), así como con instituciones bilaterales y multilaterales, reforzó la intervención para la aplicación de las recomendaciones del Comité y de otras prioridades definidas internamente. Cabe mencionar el papel de:
•Fórum Mulher, las instituciones nacionales y extranjeras, las instituciones gubernamentales, los sindicatos, los organismos donantes y otras entidades o grupos que realizan actividades en beneficio de las mujeres;
•La Comisión de Asuntos Sociales, de Género y Ambientales en el marco de la Asamblea de la República.
El Gabinete de Mujeres Parlamentarias, también perteneciente a la Asamblea de la República, tiene por objetivo crear un espacio en el que las mujeres parlamentarias puedan gestionar sus asuntos y establecer mecanismos de enlace con organizaciones de mujeres para velar por que durante las deliberaciones de la Asamblea de la República se tengan en cuenta las cuestiones de género y la lucha contra la pobreza. Se está creando una Red de Ministras y Mujeres Parlamentarias cuyo objetivo es impulsar campañas de concienciación más amplias sobre igualdad de género en diversos ámbitos y fortalecer las medidas de promoción para la revisión de leyes, políticas y prácticas que constituyen un obstáculo para el fomento de los derechos de las mujeres y para el desarrollo.
Parte I
Artículos 2 y 3
El Gobierno ha adoptado medidas para asumir la Convención como propia armonizando el marco jurídico, las políticas y las estrategias nacionales con los artículos de esta. En la actualidad dos artículos integran el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer y el Plan Económico y Social, así como los planes y programas derivados y la planificación y la presupuestación globales.
En el marco de la planificación global, el Gobierno ha integrado progresivamente los derechos consagrados en diversos artículos de la Convención en una serie de instrumentos nacionales (entre otros, el Plan Quinquenal del Gobierno para la Reducción de la Pobreza y el Plan Económico y Social) y ha elaborado planes de acción específicos para combatir la discriminación contra la mujer en las esferas de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, la Estrategia de Género para el Sector de la Educación, la Estrategia de Género para el Sector de la Agricultura, el Plan Maestro de Expansión de la Agricultura para 2007-2016, la Estrategia de Género para el Servicio Público, la Estrategia para la Inclusión de las Cuestiones de Género en el Sector de la Salud, el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, la Estrategia de Género para el Medio Ambiente y el Cambio Climático o la Estrategia de Género para el Sector Pesquero, entre otros.
El Plan Quinquenal del Gobierno para 2010-2014 reafirma la determinación de este de seguir adelante con la promoción y la ejecución de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural. Esta determinación se reitera en diversos instrumentos y políticas elaborados y en las medidas adoptadas para poner fin a la discriminación contra la mujer provocada por la persistencia de estereotipos y prácticas culturales y tradicionales de carácter patriarcal, que promueve la subordinación de las mujeres y las niñas y su sometimiento a los hombres y contribuye a la violación de sus derechos, entre otros, su derecho a la educación, la salud y el empleo.
Artículo 4
El Gobierno es consciente de la necesidad de seguir facilitando formación para difundir la legislación nacional, así como los instrumentos internacionales, habida cuenta de que las mujeres siguen teniendo un conocimiento limitado de sus derechos.
Por consiguiente, el Gobierno ha divulgado información sobre los principales instrumentos jurídicos destinados a la promoción de la igualdad de género y la equidad.
En el Plan Quinquenal del Gobierno para 2010-2014 se identifican las siguientes medidas prioritarias para este período:
•Aprobar y poner en marcha el Tercer Plan de Acción Nacional para el Adelanto de la Mujer;
•Promover actividades de capacitación sobre la planificación y la presupuestación basadas en el género para los componentes fundamentales de las instituciones públicas y la sociedad civil;
•Llevar a cabo actividades de capacitación sobre cuestiones de género y liderazgo, participación política, planificación y presupuestación basadas en el género y buena gobernanza para mujeres a todos los niveles;
•Crear y poner en funcionamiento Consejos de Distrito para el Adelanto de la Mujer;
•Promover y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida nacional;
•Diseñar y poner en práctica un mecanismo de seguimiento y evaluación de los efectos de las actividades relacionadas con el género.
La mayoría de estas medidas han sido llevadas a cabo por instituciones gubernamentales. De hecho, en el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer (2007-2009) se estableció el objetivo de promover la revisión y la aprobación de nuevas leyes para combatir diversas formas de discriminación contra la mujer mediante la difusión de la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer, así como a través de medidas de concienciación para lograr un cambio de actitud y la adopción de un comportamiento no violento. Además, en el Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer (2010-2014) se examinó la adopción de las siguientes medidas:
•Capacitar a 170 instructores de distrito para que difundieran la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer;
•Llevar a cabo 11 seminarios provinciales acerca de la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer;
•Imprimir 2.000 folletos sobre la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer;
•Publicar la versión resumida de la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer e imprimir 2.000 ejemplares;
•Difundir el Plan de Acción Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer;
•Publicar 2.000 folletos sobre el Protocolo de Género y Desarrollo de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC).
Asimismo, la planificación y la presupuestación basadas en el género resultan fundamentales para financiar actividades de promoción de la igualdad de género, incluida la financiación de mecanismos institucionales destinados a promover dicha igualdad. El aumento de la concienciación y el desarrollo de la capacidad en materia de planificación y presupuestación basadas en el género figuran entre las prioridades del Plan Quinquenal del Gobierno.
Se han llevado a cabo actividades para replicar las experiencias centrales y provinciales del Plan Quinquenal del Gobierno en los distritos. Con el propósito de mejorar la eficacia de esas medidas, se diseñó una matriz de supervisión y evaluación en materia de género que sirve como punto de referencia para la realización de actividades relacionadas con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres vinculadas al Plan Nacional para el Adelanto de la Mujer, que incluye las directrices de la Convención.
También en este contexto, el Gobierno introdujo en 2010 el tema “El género y los derechos humanos” en las universidades públicas, fortaleció las alianzas con instituciones de asistencia jurídica y patrocinio y, a través del Instituto de Patrocinio y Asistencia Jurídica, capacitó a 94 magistrados (de los que 42 eran mujeres), entre ellos personal parajurídico. Estas medidas incluyeron la revisión del plan de estudios y la formación de jueces y abogados, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la inclusión de módulos sobre los instrumentos internacionales y regionales relativos a la protección de los derechos de las mujeres ratificados por Mozambique desde 1993 en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Asimismo, en cuatro provincias del país se ofreció capacitación para periodistas, agentes de policía y líderes comunitarios sobre cuestiones de violencia y derechos humanos.
En 2011 los servicios de medicina legal capacitaron sobre cuestiones forenses relacionadas con la violencia doméstica a al menos un representante de cada provincia del país. También participaron en esta capacitación agentes de la Policía de la República de Mozambique y alumnos de instituciones de formación conexas.
En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo cursos de formación para asociaciones que prestan apoyo jurídico a mujeres, con el fin de garantizar y hacer valer sus derechos en esferas fundamentales como el acceso y el control de la tierra y los recursos naturales, la salud sexual y reproductiva, el VIH y el sida y la violencia por razón de género.
Tras su aprobación en 2009, el Gobierno empezó a difundir la Ley sobre la Violencia contra la Mujer a nivel central en 2010. También produjo y emitió anuncios de radio y televisión contra la violencia. El Gobierno elaboró y distribuyó 2.000 folletos sobre los derechos de las mujeres y sobre la violencia, así como 15.000 folletos sobre la Ley sobre la Familia empleando un lenguaje simplificado, y los tradujo a tres idiomas locales (emakwa, xichangana y cisena) que son representativos de las tres regiones del país. Asimismo, se elaboraron 24.000 folletos sobre la Política de Género y la Estrategia de Aplicación que también se distribuyeron por todo el país.
Más de 80.000 personas asistieron a conferencias sobre la relación entre el VIH y el sida y la violencia, y más de 63.000 personas participaron en conferencias sobre la violencia sexual contra mujeres y niños. En 2011 se celebraron 15 seminarios para informar sobre los instrumentos nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos, en los que participaron 618 personas. Otras 600 personas (de las que 486 fueron mujeres) asistieron a seminarios provinciales sobre la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer. En los años siguientes (2012 y 2013), la difusión de los instrumentos para la protección de los derechos de las mujeres (la Política de Género y Estrategia de Aplicación, la Ley sobre la Familia y la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer) llegó a más de 21.000 personas (de las que 13.000 fueron mujeres). Se llevaron a cabo 25 seminarios de capacitación en materia de protección y defensa de la mujer a los que asistieron 587 personas (de las que 383 fueron mujeres). Se organizaron 486 conferencias para informar sobre los instrumentos de defensa de los derechos de las mujeres (la Política de Género y la Estrategia de Aplicación, la Ley sobre la Familia y la Ley sobre la Violencia Doméstica contra la Mujer) en las provincias; 25 seminarios para informar sobre los instrumentos que ofrecen protección para las mujeres, a los que asistieron 587 personas (de las que 383 fueron mujeres); y 9 sesiones de capacitación sobre género, liderazgo, promoción, participación política, planificación basada en el género y buena gobernanza, a las que asistieron 270 miembros de los Consejos Consultivos de Distrito y la sociedad civil (142 mujeres y 128 hombres) y 180 miembros de los Consejos de Distrito para el Adelanto de la Mujer (105 mujeres y 75 hombres) en la provincia de Sofala. Además, se difundió la Estrategia de Género para el Sector de la Agricultura entre asociaciones de productores de todo el país, así como la Estrategia del Sector Público para la Lucha contra el VIH y el Sida para 2009-2013. Se emprendieron medidas encaminadas a difundir la Ley de Tierras y la legislación del sector en materia de tierra, bosques y fauna y flora silvestres en consulta con las comunidades a través de 12 períodos de sesiones provinciales. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de educación de masas como parte del proyecto “Acceso Seguro a la Tierra” y se organizaron 241 sesiones de sensibilización, en cada una de las cuales participaron alrededor de 400 personas.
El establecimiento de 30 emisoras de radio comunitarias privadas y de 47 emisoras del Instituto de Comunicación Social, incluidas emisoras dirigidas por mujeres, conllevó un aumento del uso de los medios de comunicación para informar y debatir sobre los derechos humanos de las mujeres, así como para denunciar sus violaciones. Un ejemplo destacado es la labor realizada por Radio Muthiyana, una radio comunitaria creada por y para mujeres con una cobertura de 100 km y una audiencia de 293.768 habitantes (Fórum das Rádias Comunitárias, 2009).
Artículo 5
El Gobierno ha reafirmado el papel que desempeña la cultura para el desarrollo social y económico del país, así como para la promoción de la igualdad y la equidad de género. Es importante reconocer el vínculo que existe entre las prácticas tradicionales y sus repercusiones para el bienestar de las mujeres y las niñas. El sector de la cultura ha llevado a cabo actividades con miras a cambiar las mentalidades en lo que respecta a la subyugación de las mujeres y a determinadas prácticas discriminatorias.
Algunas de las medidas concretas adoptadas por el Ministerio de Cultura para reducir la brecha entre hombres y mujeres fruto de normas culturales son los seminarios regionales organizados para recabar y difundir arquetipos de mujeres positivos o buenas prácticas culturales para gestionar las dinámicas de género en el contexto cultural, la promoción de debates interactivos sobre las consecuencias y los factores determinantes de las prácticas culturales relativas a las mujeres, y la implicación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de la mujer, así como de los medios de comunicación.
En cuanto a la elevada prevalencia del VIH y el sida entre las mujeres, por ejemplo, se ha concedido prioridad a reducir su transmisión, que se produce durante las ceremonias de purificación de las viudas, concienciando a los líderes comunitarios, los curanderos y la comunidad acerca de los riesgos que plantean las actividades sexuales sin protección. Estas actividades de concienciación también abarcaron los casos en los que las mujeres se ven obligadas a mantener relaciones sexuales con su cónyuge al regresar de viajes largos o cortos. La labor llevada a cabo con los curanderos y las comadronas abordó cuestiones relativas a la transmisión del VIH y el sida durante el tratamiento y la atención de las pacientes.
Asimismo, el Gobierno es consciente de que la única vía para poder eliminar determinadas prácticas culturales perjudiciales para las mujeres es cambiar los papeles asignados al género en la sociedad. Por lo tanto, el empoderamiento económico, social y político de las mujeres es una de las estrategias destinadas a alcanzar este objetivo. La promoción de la alfabetización entre las mujeres adultas y las iniciativas en aras de una mayor alfabetización de las niñas forman parte de estas actividades de empoderamiento. Además, actualmente se está llevando a cabo una campaña contra el matrimonio precoz de las niñas en todo el país. También se han adoptado otras medidas relacionadas con el empoderamiento económico de las mujeres, la lucha contra la violencia doméstica y el aumento de la participación en los órganos decisorios y el ámbito político.
Los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2011 reflejan una disminución del porcentaje de niñas (de 15 a 19 años) que viven en pareja (casadas o en uniones no oficiales) del 37% al 36%, así como un aumento del porcentaje de niñas solteras del 57% al 59% durante el mismo período. El porcentaje de niños solteros de la misma edad es mucho mayor, y alcanzó el 91% en 2011. Por otra parte, este porcentaje se redujo en cuatro puntos porcentuales durante este período.
En lo que respecta a la poligamia, los datos de dicha encuesta indican una reducción del número de mujeres que viven en relaciones polígamas. En las zonas urbanas, el porcentaje de mujeres en relaciones monógamas aumentó del 67% al 74%. En las zonas rurales, el aumento es relativamente menor (del 71,1% al 74,6%) y se ha observado un aumento del número de mujeres cuyas parejas tienen otra esposa. Los datos relativos a la coexistencia de dos o más esposas no envían un mensaje claro.
Estos avances demuestran el efecto positivo que tiene la educación en las niñas y las mujeres en general, así como el fortalecimiento de su situación económica, especialmente en las zonas rurales. La difusión de la Ley sobre la Familia contribuye a este fin, principalmente porque las mujeres adquieren una mayor consciencia de las repercusiones que tienen sus decisiones matrimoniales. Esta labor se centra en las siguientes actividades:
•Elaborar y distribuir folletos sobre la Ley sobre la Familia utilizando un lenguaje sencillo, tanto en portugués como en las lenguas nacionales;
•Colaborar con organizaciones comunitarias para difundir la Ley sobre la Familia en las zonas más remotas del país;
•Facilitar asistencia jurídica y denunciar las violaciones de la Ley sobre la Familia ante las oficinas de apoyo para las mujeres y los niños víctimas de la violencia y ante organizaciones de la sociedad civil como MULEIDE, Fórum Mulher y la Liga de Derechos Humanos. Asimismo, se ha efectuado un estudio sobre las actividades y se ha llevado a cabo un seguimiento de la aplicación de la Ley, además de iniciativas de promoción para regular esta y otras leyes.
Artículo 6
En el ámbito de la trata de personas, principalmente de mujeres y niños, se aprobó la Ley 6/2008, de 9 de julio, en cuyos artículos 10, 11, 12 y 13 se aclaran las circunstancias en las que un caso constituye un delito de tráfico, explotación o prostitución. Como medida preventiva, se elaboraron y difundieron por todo el país diversos materiales de información, educación y comunicaciones (IEC) y se llevaron a cabo campañas en coordinación con otros países de la región.
Asimismo, en 2010 se ofreció capacitación para técnicos de diversas instituciones (asistencia social, salud, educación, justicia, migración, aduanas y sociedad civil) sobre cuestiones relacionadas con la trata de personas, la investigación, el apoyo a las víctimas y su reintegración, con un total de 246 beneficiarios.
Sin embargo, siguen existiendo problemas en este ámbito, en concreto los siguientes: la dificultad de identificar a las víctimas en los puestos fronterizos, la falta de procedimientos oficiales para la identificación de posibles víctimas, la reducida capacidad de recopilación y procesamiento de datos sobre los casos detectados y la inexistencia de mecanismos institucionales para prestar asistencia a las víctimas.
Parte II
Artículo 7
Se han realizado progresos significativos en cuanto a la participación de las mujeres en la política y en los órganos decisorios. En el Gobierno, la proporción de ministras aumentó hasta el 28% en 2014, la proporción de viceministras pasó del 18% al 20% y la de gobernadoras provinciales aumentó de una representación nula al 36% durante el mismo período. En la actualidad, el 24% de los cargos diplomáticos están ocupados por mujeres. Entre los miembros del Gobierno se han producido importantes progresos en lo relativo a la participación de las mujeres en la Comisión Permanente de la Asamblea de la República (40%) y en el Parlamento (40%). En 2014 una mujer presidió el Parlamento. Según los datos del informe sobre la desigualdad de género de 2014, el país se encontraba en el 13º puesto a nivel mundial y en la 3ª posición en África, por detrás de Rwanda y Sudáfrica.
En cuanto al poder judicial, se nombró a la primera Fiscal General y está aumentando el número de mujeres vicefiscales generales (44%), fiscales provinciales (45%) (54% en un momento dado) y entre los dirigentes de las Oficinas Provinciales (45%).
Cabe señalar que el porcentaje de ministras (28%) no cumple lo estipulado en la Declaración de Género y en el protocolo de la SADC en la materia, que prevé que al menos el 30% de los puestos decisorios del sector público deben estar ocupados por mujeres. Por lo tanto, esta meta supone un desafío para la administración y es acorde a la aplicación de la Convención. Por otra parte, esta meta se superó entre los secretarios provinciales permanentes (36% de los secretarios ministeriales permanentes y 45,4% de los secretarios provinciales permanentes), y el 27% de los administradores de distrito son mujeres. La proporción de mujeres en los Consejos Consultivos de Distrito (29%) es próxima al mínimo previsto del 30%.
Sin embargo, es necesario apoyar a las mujeres y trabajar con los hombres en un sentido más amplio para transformar las instituciones, a fin de garantizar su contribución para el logro de la igualdad de género.
Cabe señalar que el país ha realizado progresos sustanciales en lo relativo a la participación de las mujeres en los órganos decisorios, lo que se debe a una combinación de factores: desde el sistema de cuotas para acceder al poder legislativo hasta un mayor acceso a la educación y la alfabetización para las mujeres y una mayor concienciación sobre la importancia de la participación de las mujeres en todas las esferas de la sociedad. Se espera que estas medidas contribuyan a la consecución de los niveles deseados de participación de las mujeres a medio y largo plazo.
Artículo 8
Al adherirse a la Convención y a los Convenios de la OIT núm. 100 sobre la igualdad de remuneración y núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, Mozambique adquirió la responsabilidad de tratarlos como universales, indivisibles, interdependientes y relacionados entre sí en lo que respecta a los derechos humanos, sin dejar de lado los valores de la igualdad y la libertad. Por consiguiente, para que las mujeres puedan obtener la calidad de ciudadanas, deben participar activamente en la vida cotidiana y en el gobierno, tener la facultad de adoptar decisiones, conseguir y mantener un puesto de trabajo, ser autosuficientes, disponer de una casa, salud, esparcimiento y educación, lo que requiere contar con un acceso seguro a servicios básicos, tener acceso a la justicia, a las garantías judiciales y a un recurso rápido y eficiente, y desarrollarse a sí mismas como seres humanos.
Con miras a hacer efectivos este derecho de los ciudadanos y los derechos humanos, el Gobierno ha estado representado en una serie de órganos internacionales (la Unión Africana, la UNESCO, la FAO, las Naciones Unidas, el ACNUR, la OMS, la CPLP y la Organización Meteorológica Mundial) por un total de 14 mujeres que han llevado a cabo diferentes actividades y han asumido distintas responsabilidades en pie de igualdad con los hombres, de manera que se han respetado los derechos recogidos en los Convenios de la OIT en defensa de los derechos humanos de las mujeres y los consignados internamente en la Constitución y en las leyes específicas. El país sigue enfrentándose al desafío de lograr una mayor representación en esos órganos, de manera similar a lo que ocurre en otros niveles en el plano interno.
Artículo 9
Al modificarse la Constitución de la República en 2004 se revocó una parte considerable de la Ley de Nacionalidad, en vigor desde el 25 de junio de 1975, de modo que en la actualidad la nacionalidad puede adquirirse por las siguientes vías:
•Origen;
•Matrimonio;
•Naturalización;
•Filiación;
•Adopción;
•Recuperación.
En el artículo 26 de la Constitución de la República se establece que los siguientes tipos de personas pueden adquirir la nacionalidad mozambiqueña a través del matrimonio:
a)Una persona extranjera que haya estado casada con un ciudadano mozambiqueño durante al menos cinco años, excepto en casos de apatridia, y con carácter acumulativo;
b)Una persona extranjera que declare que desea adquirir la nacionalidad mozambiqueña;
c)Una persona extranjera que cumpla los requisitos y las normas establecidos por la ley.
Cabe señalar que la declaración de nulidad o la disolución de un matrimonio no alteran la nacionalidad adquirida por el cónyuge. En cuanto a la filiación, el artículo 28 de la Constitución de la República de 2004 defiende la posibilidad de conceder, por medio de la naturalización, la nacionalidad mozambiqueña a los hijos de ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad, siempre que sean solteros y menores de 18 años.
En su régimen judicial normalizado sobre la nacionalidad (capítulo II, artículos 23 y 24), la Constitución de la República no prevé ninguna vía que conlleve la pérdida de la nacionalidad debido a la incompatibilidad entre la nacionalidad mozambiqueña y cualquier otra.
Por lo tanto, son mozambiqueños todos los ciudadanos que hayan adoptado esta nacionalidad por nacimiento o por adquisición judicial debidamente demostrada y justificada, independientemente de su sexo, raza, origen étnico o religión, lo que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta al derecho a la nacionalidad.
Además, en lo relativo a la defensa de este derecho, la Constitución no prevé claramente la posibilidad de contar con una doble nacionalidad, pero se deduce claramente al leer el texto constitucional. De hecho, lo que sucede es que se prohíbe a los ciudadanos mozambiqueños solicitar cualquier otra nacionalidad (que puede adquirirse, por ejemplo, a través del matrimonio) mientras se encuentren en el territorio de Mozambique. Esta nacionalidad adquirida no se reconoce ni adquiere validez en el marco del orden judicial nacional, por lo que la nacionalidad mozambiqueña prevalece en todas las formas posibles según lo establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República, que estipula que no se reconocerá ni dará validez en el marco del orden judicial de la República de Mozambique a ninguna otra nacionalidad adquirida, incluso por personas de Mozambique, cuando los ciudadanos implicados sean mozambiqueños.
Parte III
Artículo 10
En el sector de la educación se han producido avances visibles. Los datos demográficos del INE correspondientes a 2013 reflejan un aumento de la tasa de alfabetización hasta el 70% para los hombres (66% en 2007) y hasta el 40% para las mujeres (36% en 2007), así como un importante incremento de la escolarización de las niñas.
Los datos estadísticos del Ministerio de Educación indican que entre 2007 y 2014 aumentó el número de alumnos de enseñanza primaria básica y superior (EP1 y EP2, respectivamente). Tal y como se refleja en el siguiente cuadro, durante el mismo período también se registró un aumento del porcentaje de niñas:
Cuadro 1Número de alumnos en las escuelas primarias
|
Año |
EP1 |
% de mujeres |
EP2 |
% de mujeres |
|
2007 |
3 866 906 |
46 |
616 091 |
45,6 |
|
2014 |
4 857 591 |
47,9 |
847 752 |
46,8 |
Fuente: Ministerio de Educación y Desarrollo Humano, 2016.
La tendencia observada en los siguientes niveles es similar. Durante el período estudiado se produjo tanto un incremento del número de estudiantes como una mayor representación de las niñas, con aumentos que van desde los 2,2 puntos porcentuales en la formación profesional y técnica hasta los 7,5 puntos porcentuales en la educación de nivel medio, un indicador de la marcada entrada de las mujeres en esferas tradicionalmente dominadas por los hombres. Los factores que han propiciado este incremento son:
•La ampliación de la cobertura escolar a zonas más cercanas a las comunidades, hasta el 204% en el caso de la EP2, el 148% en la educación secundaria básica, el 226% en la educación secundaria superior, el 422% en la educación profesional y técnica media, y el 89% y el 163% en la enseñanza superior privada y pública, respectivamente, a fin de fomentar la matriculación en el sistema educativo a la edad reglamentaria (6 años).
•El aumento del personal docente gracias a un incremento del número de maestros formados en los institutos de formación docente, lo que sirve como modelo para las niñas.
•Las campañas para promocionar la escolarización de las niñas realizadas en colaboración con las comunidades, con miras a desalentar los matrimonios precoces y la sobrecarga de actividades domésticas en las niñas, la incorporación de las cuestiones de género en los planes de estudios y la inclusión de materiales didácticos sobre este tema en todos los subsistemas de educación. La celebración de campañas paralelas para la matriculación de los niños ha ofrecido una contribución adicional para evitar el ingreso tardío de las niñas en las escuelas, reduciendo de así los efectos de los matrimonios precoces como resultado de la presión ejercida por las comunidades y la nación.
•La disponibilidad de recursos para alentar a los hogares de bajos ingresos a enviar a sus hijas a la escuela mediante la concesión de becas.
Son dignas de mención las iniciativas llevadas a cabo por el sector del tutelaje con miras a incrementar la capacidad de las niñas y los niños para hacer frente a las relaciones de género desiguales, cuestionar los estereotipos y las actitudes que generan desigualdades, reforzar su capacidad técnica, financiera y de organización, garantizar el tratamiento eficaz del género como cuestión transversal y salvaguardar los derechos humanos.
No obstante, la disminución de las tasas de aprobados en todos los niveles educativos sigue siendo motivo de preocupación. Algunas de las iniciativas llevadas a cabo para mejorar las bajas tasas de aprobados y reducir el abandono escolar son la distribución gratuita de libros de texto y material escolar, la abolición de la contratación de personal docente sin cualificación ni formación psicopedagógicas, el incremento del tiempo que los alumnos deben asistir a la escuela, y una supervisión y una tutela pedagógicas integradas y descentralizadas. Asimismo, se adoptaron medidas específicas como la distribución gratuita de comidas escolares, refrigerios y raciones deshidratadas, el establecimiento de consejos escolares y la formación de sus miembros, o la sensibilización de los padres y los tutores sobre la importancia de educar a las niñas y de reducir las labores domésticas que recaen sobre ellas mediante una distribución equitativa entre las niñas y los niños. Además, el Ministerio de Educación ha abierto pozos de sondeo en las escuelas o en las comunidades vecinas para reducir el tiempo que los alumnos dedican a recoger agua.
A pesar de los esfuerzos efectuados hasta la fecha, el Plan Estratégico para la Educación se refiere a la entrada temprana en el mercado de trabajo y a la prevalencia del matrimonio precoz como los principales factores que influyen en las reducidas tasas de aprobados y en las elevadas tasas de abandono escolar.
En cuanto a la prevención de los embarazos precoces, se han llevado a cabo las siguientes actividades:
•Integración de las cuestiones de género en los diferentes programas educativos clave;
•Ejecución de un programa de preparación para la vida haciendo especial hincapié en el programa de salud sexual y reproductiva en las escuelas. El Ministerio de Educación empezó a revisar su boletín 39/GM/2003, en el que prevé la transferencia de las estudiantes embarazadas al turno de noche, y está trabajando con los padres y los tutores a través de los consejos escolares para permitir que las niñas embarazadas puedan proseguir sus estudios en el turno de día.
La Política Nacional sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos establece que las niñas y los niños tienen derecho a recibir educación sexual y a disponer de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entre los que se incluyen la planificación familiar y la prevención y el tratamiento del VIH.
El Ministerio de Educación ha trabajado con vistas a garantizar una educación sexual adecuada para los niños y las niñas mediante la ejecución del programa de salud sexual y reproductiva Geração Biz y el programa de preparación para la vida, así como integrando contenidos sobre salud sexual y reproductiva y sexualidad (incluidos el VIH y el sida) en el plan de estudios de la enseñanza primaria, a través del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Educación. Este contenido aborda el tema del poder de las niñas para negociar prácticas sexuales sin riesgo a fin de promover un mayor control de su vida sexual y evitar embarazos no deseados.
Este sector puso en marcha un conjunto de medidas destinadas a proteger a las niñas frente al abuso y el acoso sexuales en las escuelas. Algunas de ellas son: i) la realización de investigaciones y exámenes bibliográficos sobre el tema; ii) la realización de investigaciones públicas sobre los mecanismos de prevención, lucha, notificación y denuncia para casos de acoso y abusos sexuales en el sector de la educación; iii) el examen de instrumentos que protegen a las niñas frente a todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual en el sector de la educación (así como del instrumento por el que se penaliza a los maestros que acosan y abusan sexualmente de los estudiantes); iv) la declaración de una tolerancia cero frente a los agresores; v) la realización de una campaña de concienciación contra la violencia en las escuelas y las comunidades (incluidas reuniones con consejos escolares para disuadir a los hogares de obligar a la víctima a casarse con el agresor y para difundir la legislación aprobada recientemente, a saber, la Ley sobre la Violencia Doméstica y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, entre otros); vi) la armonización de los mecanismos para gestionar los casos denunciados; vii) la construcción de retretes separados en todas las escuelas nuevas con el principal objetivo de reducir el acoso sexual contra las niñas por parte de los maestros y los estudiantes; y vii) el refuerzo de las Dependencias de Género para hacer frente a estas cuestiones.
Estas actividades se han desarrollado en colaboración con organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno para promover y proteger los derechos del niño. Estas alianzas han sido especialmente pertinentes para la labor de promoción llevada a cabo con miras a aprobar la legislación y elaborar las leyes, para las iniciativas de información, educación y comunicaciones (IEC) vinculadas con los instrumentos jurídicos existentes para denunciar los casos y para el establecimiento de clubes de niñas (espacios en los que las niñas pueden reunirse, hablar de sus experiencias y recibir orientación sobre cómo actuar y cómo obtener asistencia jurídica).
Artículo 11
Mozambique ha ratificado ocho convenios fundamentales de la OIT sobre los derechos fundamentales en el lugar de trabajo, a saber, el Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical, el Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el Convenio núm. 100 sobre igualdad de remuneración, el Convenio núm. 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el Convenio núm. 29 sobre el trabajo forzoso, el Convenio núm. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
A fin de contrarrestar la escasa participación de las mujeres en las esferas pública y profesional, el Gobierno ha dado prioridad a la elaboración de instrumentos de orientación, a la revisión de la legislación laboral y a la regulación del sector público.
En este contexto, el Ministerio del Sector Público ha aprobado la Estrategia de Género para el Sector Público para 2009-2013 (resolución 26/2009, de 27 de mayo) en el marco de la reforma del sector público, que sirve como instrumento facilitador para eliminar la discriminación por motivos de sexo y promover la igualdad y la equidad de género en el sector, además de como motor de cambio para numerosos sectores de la sociedad.
La Estrategia de Género para el Sector Público tiene como objetivo garantizar y reforzar las condiciones necesarias para ejercer los derechos a la igualdad de oportunidades y de trato y a la no discriminación por motivos de sexo u otros factores conexos, en concreto la facilitación de orientación sobre formación profesional, la admisión, la promoción y la progresión profesionales, el acceso a puestos de gestión y dirección, las condiciones de trabajo y la conciliación de la actividad profesional con la vida familiar, convirtiendo de tal forma el sector público en un ejemplo de buenas prácticas que puedan reproducirse en otros sectores de la sociedad.
En la Estrategia de Género para el Sector Público se identifican seis esferas de acción principales en las que deben centrarse las actividades del Gobierno: política, legislación, organización, procedimientos, capacitación, información y comunicación. La ejecución, la supervisión y la evaluación de la Estrategia de Género para el Sector Público se han integrado en el sistema de gestión de los recursos humanos, en el sistema nacional de planificación, especialmente en los planes y en las estrategias sectoriales, y en el Plan Económico y Social del Gobierno, así como en los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación, lo que presupone su integración en el sistema presupuestario y en particular en el escenario fiscal y el presupuesto del Estado a mediano plazo.
Paralelamente, el Gobierno ha trabajado con miras a fortalecer la colaboración intersectorial entre el Ministerio del Sector Público, el Ministerio de Género, Infancia y Acción Social y el Consejo Nacional para el Adelanto de la Mujer con el objetivo de lograr una integración efectiva de las cuestiones de género en el sector público.
Otras de las actividades llevadas a cabo en el sector público son el desarrollo de la capacidad de planificación y presupuestación basadas en el género en el marco del Instituto Superior de Administración Pública y las labores de promoción para integrar las cuestiones de género en los cursos impartidos en el Instituto para los dirigentes y los empleados públicos del sector de la administración pública a todos los niveles.
El Gobierno también ha aprobado la Ley del Trabajo (Ley 23/2007, de 1 de agosto), en la que se consagra el principio de la igualdad y la no discriminación por razón de género y se respalda la aplicación del principio de la igualdad de oportunidades mediante el incremento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Dicha Ley establece que no se considerarán discriminatorias las medidas que beneficien a determinados grupos vulnerables por razón de género con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos previstos en condiciones equivalentes y de corregir la situación de desigualdad objetiva existente en la vida social. Por lo tanto, en lo que respecta al personal estatal del sector privado y no perteneciente al sector público, la Ley prevé la posibilidad de adoptar medidas especiales o acciones afirmativas (según los términos empleados) con el fin de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Una de las lagunas de la legislación en vigor es que no incluye a los trabajadores del sector no estructurado, que en su mayoría son mujeres.
El Estatuto de los Funcionarios y los Agentes del Estado establece que todos los funcionarios y los agentes del Estado que pertenezcan a un régimen de prestación de servicios equivalente tienen derecho a una misma remuneración por el mismo trabajo. Asimismo, en dicho documento se estipula que una mujer que esté haciendo uso de una licencia de maternidad (60 días laborables de vacaciones, con la posibilidad de comenzar 20 días antes de la fecha prevista para el parto) mantiene los derechos inherentes a su actividad o puesto de trabajo, y la licencia se aplica también a casos de parto prematuro y aborto espontáneo, independientemente de si el bebé nace con vida o no. Además, durante los 12 meses posteriores a la licencia posparto, las mujeres pueden interrumpir diariamente su jornada de trabajo por un período no superior a una hora para amamantar a su hijo.
Junto con esta legislación también se aprobaron las siguientes leyes y reglamentos: la Ley de Protección Social (Ley 4/2007, de 4 de febrero), el Reglamento sobre Seguridad Social (2007) y el Reglamento sobre el Trabajo Doméstico (2008). La reforma de la seguridad social ofrece la posibilidad de que los trabajadores del sector no estructurado deriven parte de sus ingresos al régimen de pensiones, lo que permitiría que las mujeres, que constituyen la mayoría de este sector, disfruten de una vida digna tras su jubilación. El sistema también permite acumular las aportaciones para la jubilación realizadas desde diferentes puestos de trabajo. La Estrategia de Empleo y Formación Profesional para 2006-2014 es un instrumento que refuerza la Ley del Trabajo e incluye a los trabajadores del sector no estructurado. En lo relativo a las mujeres, recoge los siguientes objetivos:
•Promover la protección jurídica de las mujeres que trabajan en el sector no estructurado frente a la contratación, las transferencias, las exenciones y otras prácticas discriminatorias;
•Recabar datos laborales sobre la participación de las mujeres en el sector no estructurado que sirvan como base informativa para los programas de capacitación y empleo;
•Elaborar programas de capacitación para los trabajadores del sector no estructurado, tanto en las zonas rurales como urbanas;
•Desarrollar la capacidad de capacitación institucional para integrar las cuestiones de género en los programas del Ministerio de Trabajo.
En lo relativo al ámbito de aplicación de la Estrategia de Empleo y Formación Profesional, cabe poner de relieve las siguientes medidas: la construcción de nuevos centros de formación profesional en todo el país (concediendo prioridad a las provincias con potencial turístico e industrial); la creación de puestos de trabajo en todos los sectores de la economía y la identificación de oportunidades de empleo y colocación de los candidatos, priorizando a las asociaciones de agricultores; la capacitación de mujeres en materia de aptitudes de gestión de pequeñas empresas y técnicas agrícolas; y la formación profesional en centros de capacitación para garantizar que las mujeres puedan competir por empleos que ofrezcan una mejor remuneración.
Los principales resultados obtenidos en materia de empleo y formación profesional son los siguientes: la colocación de 6.076 mujeres y 17.094 hombres; la creación de 3.605 puestos de trabajo y autoempleo para 203.669 personas en 2008, de los que 112.487 fueron ocupados por mujeres; y la capacitación de 69.562 personas entre 2005 y 2008 (47.543 hombres y 22.019 mujeres). Durante este período, el sector vial aprobó un porcentaje mínimo del 25% para incluir a mujeres en las actividades de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras.
En 2003 se crearon 270.267 puestos de trabajo en el marco de la Estrategia de Empleo y Formación Profesional, de los cuales 42.940 fueron ocupados por mujeres; en los centros de formación profesional públicos y privados se impartió capacitación para 98.400 personas, de las que 35.871 fueron mujeres; y se ofreció capacitación en materia de geología minera y de hidrocarburos para 575 técnicos, de los que 235 fueron mujeres, lo que brinda a la población local la oportunidad de beneficiarse del sector minero en desarrollo.
A pesar de que se ha fijado una cuota del 25% para la participación de las mujeres en la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento de carreteras, sigue habiendo problemas para mejorar la percepción de las ventajas que se obtendrían si derivaran parte de sus ingresos al régimen de pensiones, se ampliaran y reforzaran los centros de empleo y formación profesional, se aumentara la participación de las mujeres en las oportunidades facilitadas y se pusiera fin a la discriminación de las mujeres a la hora de acceder a puestos de trabajo y en lo relativo a la remuneración.
El Gobierno de Mozambique eligió facilitar el acceso a microfinanciación por parte de las mujeres como una de las acciones estratégicas para reducir la pobreza, especialmente la pobreza femenina. En la actualidad, poco más del 10% de la población total, principalmente de las zonas urbanas, puede acceder a los servicios financieros generales. Para ello se adoptaron las siguientes medidas:
•Se llevaron a cabo actividades de capacitación y desarrollo de la capacidad para la elaboración del Plan Económico y Social del Distrito en el marco de la descentralización de la planificación y del establecimiento del Fondo de Desarrollo de Distrito. Con el objetivo de aumentar los beneficios que tienen para las mujeres los fondos facilitados, se les proporcionó formación sobre metodologías para el diseño y la gestión financiera de proyectos, gestión de pequeñas empresas, asociacionismo rural, diseño de proyectos comunitarios, seguimiento y evaluación, emprendimiento, estudio de mercado, gestión de los conflictos y liderazgo.
•Se prestó asistencia a 195 asociaciones como parte de los proyectos de microfinanciación y crédito rotatorio, que benefició a 3.448 personas (1.726 hombres y 1.722 mujeres) de las provincias de Manica y Niassa.
•En 2003, 17.053 personas (13.195 hombres y 3.857 mujeres (22,6%)) recibieron la asistencia del Fondo de Desarrollo de Distrito, mientras que en 2014 se beneficiaron de dicho Fondo 16.964 personas. De ellas, 11.324 fueron hombres y 5.640 mujeres (33,2%), lo que corresponde a una variación de aproximadamente el 10,6%.
•Del total de mujeres beneficiarias del Fondo de Desarrollo de Distrito, la provincia de Inhambane fue la que recogió un porcentaje más elevado (63,2%), mientras que la cifra más baja correspondió a la provincia de Zambezia (15,3%).
•En el marco de la ejecución del Programa Estratégico para la Reducción de la Pobreza Urbana se llevaron a cabo 655 proyectos a los que se acogieron 301 hombres y 354 mujeres (54%). En comparación con 2013 (49,8%), la variación es de aproximadamente un 4,2%. Del total de mujeres beneficiarias, la municipalidad de Beira es la entidad a la que más fondos se concedieron en el marco del Programa Estratégico para la Reducción de la Pobreza Urbana (65,4%), mientras que Nampula representa el menor número de beneficiarias (17,6%), si bien la mayor variación se registró en Matola. Sin embargo, tal y como se explica a continuación, el porcentaje de mujeres beneficiarias del programa aumentó del 49,8% en 2013 al 54% en 2014.
Artículo 12
Los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2011 indican un aumento de la asistencia prenatal para las mujeres embarazadas de en torno al 85% al 91%, así como un aumento de los partos atendidos en servicios sanitarios del 47% al 54%. La tasa de mortalidad materna sigue siendo elevada, si bien se observa una tendencia a la baja. Se estima que en 2011 era de 408 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, en comparación con las aproximadamente 1.000 muertes por cada 100.000 nacidos vivos de la década de 1990.
El porcentaje de niñas que comienzan su vida sexual a los 15 años ha disminuido del 27,7% al 21,8% desde 2011. Debido a que la tasa de matrimonios precoces sigue siendo elevada, la incidencia de los embarazos no ha sufrido ningún cambio y se ha mantenido en el 40%, por lo que el riesgo de aborto espontáneo es considerablemente elevado.
Aunque las mujeres y los hombres de Mozambique tienen un elevado conocimiento de los métodos de planificación familiar, la información específica y concreta sobre los diversos métodos y su utilización sigue siendo reducida y no ha sufrido grandes cambios en los últimos años. Según los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud de 2011, solo el 11,3% de las mujeres de Mozambique utilizan algún tipo de método de planificación familiar moderno (7,4% en las zonas rurales y 21,1% en las zonas urbanas), y el 29% no ven satisfecha su demanda de anticonceptivos. El uso de métodos de planificación familiar y la educación sexual y reproductiva podrían contribuir a evitar embarazos no deseados, así como a reducir el riesgo de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/sida.
Habida cuenta de que la salud de las mujeres constituye una prioridad nacional, el Gobierno se centró en adoptar medidas de prevención y tratamiento para enfermedades a las que las mujeres son sumamente propensas. De entre las medidas adoptadas por el Gobierno, destacan las siguientes:
•La creación del Departamento de la Mujer y la Infancia y el diseño y la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género en el Sector de la Salud para 2009-2013, en la que se recogen las acciones institucionales estratégicas y se incluye un capítulo sobre prestación de servicios para reforzar la dimensión de género en el sector de la salud en todos los ámbitos y a todos los niveles.
•El diseño del Plan Nacional Integrado para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio Cuarto y Quinto (2009 a 2012-2015) y la Política Nacional sobre la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos (2012).
•El desarrollo de una alianza nacional para promover la salud materna, neonatal e infantil (2009).
•La puesta en marcha de una campaña para reducir la vertiginosa tasa de mortalidad materna de África, con la que se amplió la estrategia de promoción destinada a fomentar la salud materna y en la que se contó con la participación de todas las partes interesadas, entre otros, mujeres y jóvenes, parlamentarios, líderes comunitarios y religiosos, medios de comunicación y el sector privado.
•La creación del Comité Nacional de Auditoría para la Mortalidad Materna y Neonatal (2009), que permitió revitalizar todos los comités provinciales y establecer sistemas de vigilancia y respuesta para las muertes maternas y neonatales y la obligación de notificarlas.
•La aprobación de la Estrategia de la Casa de Espera para embarazadas vulnerables y de la Estrategia sobre las Comadronas Tradicionales (2009).
•La aprobación en 2010 del Programa Nacional para el Diagnóstico del Cáncer de Colon y de Mama, que dio lugar a la expansión de los servicios correspondientes a 439 unidades sanitarias de todo el país en 2013, beneficiando a aproximadamente 41.766 mujeres, y a la introducción de una vacuna contra el cáncer de colon para las mujeres jóvenes también en 2013.
•La introducción de la Iniciativa de Humanización de la Asistencia Sanitaria Materna e Infantil (2010).
•La aprobación de servicios de salud sexual y reproductiva integrados.
•La reafirmación del principio del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva y la concesión de prioridad a la reducción de la mortalidad materna y al acceso a la planificación familiar para jóvenes en el marco del Plan Estratégico para el Sector de la Salud para 2014-2019.
•La aprobación en 2012 de la primera Estrategia Nacional para la Prevención y el Tratamiento de la Fístula Obstétrica, que afectará a 2.000 mujeres por año. Cabe destacar que en 2013 recibieron tratamiento 377 mujeres, en comparación con las 187 de 2010, año en que comenzó a ejecutarse el programa de tratamiento de la fístula.
•La aprobación de la Estrategia Nacional de Planificación Familiar (2010-2015) es otro de los hitos de las labores encaminadas a garantizar la salud de las mujeres. Por tanto, en 2012 el Gobierno asumió un conjunto de compromisos políticos, financieros y programáticos sin precedentes en la Cumbre Mundial sobre Planificación Familiar de Londres, celebrada en julio de 2012, con el objetivo de aumentar el acceso a los servicios de planificación familiar para las mujeres de los países en desarrollo.
Para hacer frente a los factores que contribuyen al deterioro de la salud de las mujeres, especialmente de las jóvenes, como consecuencia de la elevada prevalencia de embarazos, el Gobierno apostó por llevar a cabo un programa multisectorial (programa Geração Biz) en el que colaboran tres ministerios (Salud, Educación y Juventud y Deportes) para responder a las necesidades de salud sexual y reproductiva de los jóvenes, especialmente de las niñas. Paralelamente, Mozambique inició en 2009 un proceso para normalizar la prestación de servicios a los jóvenes a través de una puerta de entrada adicional a los servicios de realización de pruebas y de asesoramiento para jóvenes ya existentes. Debe mencionarse que en la Política Nacional sobre Juventud aprobada en 2013 y en la Estrategia Nacional para el Sector de la Educación para 2012-2016 se han incorporado cuestiones de salud sexual y reproductiva relacionadas con los jóvenes.
Los datos sobre la prevalencia del VIH obtenidos a través de la Encuesta Nacional sobre la Prevalencia, los Riesgos Conductuales y la Información sobre el VIH y el Sida de 2009 indican que el 11,5% de los adultos de Mozambique de entre 15 y 49 años están infectados con el VIH. Asimismo, indican que la prevalencia es mayor entre las mujeres que entre los hombres (13,1% y 9,2% respectivamente). Los datos desglosados por sexo y edad muestran específicamente que la prevalencia entre las mujeres y los hombres aumenta con la edad hasta llegar a su nivel máximo, que se sitúa entre los 25 y los 29 años para las mujeres (16,8%) y entre los 35 y los 39 años para los hombres (14,2%).
El Gobierno ha intensificado las medidas llevadas a cabo para reducir la feminización del VIH y del sida. Entre ellas se incluyen la formulación del Plan Estratégico para la Lucha contra el VIH para 2010-2014, el Plan Nacional Multisectorial sobre Género y VIH y la aprobación de la Ley sobre la Defensa de los Derechos y la Lucha contra la Estigmatización y la Discriminación de las Personas que Viven con el VIH y el Sida.
En el primer semestre de 2010 se distribuyeron 35.146.848 preservativos, 1.551.000 femeninos y 33.450.808 masculinos. A fecha de junio de 2010, aproximadamente 26.125 mujeres embarazadas seropositivas (22,7%) habían recibido en los últimos 12 meses terapia antirretroviral para prevenir la transmisión maternoinfantil en las 909 unidades sanitarias que ofrecen estos servicios de prevención. El porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que han recibido terapia antirretroviral para prevenir la transmisión maternoinfantil pasó del 31,8% en 2007 al 45,8% en 2009 y al 92% en 2013.
Artículo 13
La Ley de Protección Social (Ley 4/2007, de 7 de febrero) establece el marco jurídico para la organización de la protección social en Mozambique y está estructurada alrededor de tres pilares: seguridad social básica, seguridad social obligatoria y seguridad social complementaria.
La asistencia social forma parte de la seguridad social básica (también conocida como transferencia social) y es un componente de protección social destinado a luchar contra la pobreza y la vulnerabilidad directamente a través de la facilitación de dinero y alimentos a las familias pobres, concediendo prioridad a las mujeres. La estrategia, las prioridades y los mecanismos para la práctica sobre el terreno se definen en la Estrategia sobre Seguridad Social Básica y en el Reglamento sobre el Subsistema de Seguridad Social Básica.
El Gobierno ha emprendido gestiones encaminadas a proteger los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad mozambiqueña. Entre ellas se incluyen la aprobación de los instrumentos anteriormente mencionados y de la Estrategia de Protección Social Básica para 2010-2014, la Política sobre los Ancianos, la Política sobre las Personas con Discapacidad, el Plan de Acción Nacional para las Personas con Discapacidad y la Estrategia para las Personas con Discapacidad en el Sector Público para 2009-2013, en la que se establecen los principios generales para las cuotas de entrada en el sector público.
En virtud de lo previsto en la Ley de Protección Social (2007), la responsabilidad de poner en marcha la protección social básica recae sobre el Ministerio de Género, Infancia y Acción Social y sobre su órgano ejecutivo, el Instituto Nacional de Acción Social. Según esta Ley, la seguridad social básica se materializa mediante la provisión de asistencia social y de asistencia frente a los riesgos.
En este sentido, el Instituto Nacional de Acción Social proporciona asistencia social y frente a los riesgos a través de la ejecución de los Programas de Subsidio Alimentario, Apoyo Social Directo, Desarrollo de la Comunidad, Generación de Ingresos y Prestaciones Sociales por el Trabajo.
La evaluación realizada por el Ministerio de Género, Infancia y Acción Social sobre el Plan Económico y Social de 2014 refleja un aumento de la cobertura entre 2013 y 2015 de 286.013 a 338.219 familias vulnerables. Este cambio representa un incremento neto de 52.206 hogares beneficiarios. En 2014 se incorporaron 53.021 nuevos hogares beneficiarios, de los que 30.406 estaban dirigidos por mujeres. En los 47.825 hogares dirigidos por ancianas había un total de 27.581 mujeres ancianas. En cuanto a los hogares encabezados por personas con discapacidad, la cobertura fue de 3.715 personas, de las que el 49% eran mujeres.
Es importante hacer hincapié en los programas de servicios sociales que ofrecen asistencia a las personas ancianas. Un total de 923 ancianos (458 mujeres) han recibido alojamiento en los hogares o centros de acogida denominados “Centros de Apoio a Velhice”, y otros 4.001 (2.578 mujeres) han recibido asistencia a través de los centros públicos. En un período de un año, los centros de acogida aumentaron su cobertura de 1.005 a 1.229 beneficiarios, en su mayoría mujeres.
Asimismo, el Gobierno ha adoptado medidas para promover el acceso a los servicios de salud y educación por parte de las personas vulnerables. El sector de la salud es un ejemplo de ello, y, en este sentido, el Ministerio de Salud estableció una prestación universal para determinadas categorías de beneficiarios (mujeres embarazadas y lactantes, niños menores de 5 años y ancianos) y para determinados tipos de enfermedades, como la tuberculosis, la lepra, el VIH y el sida. Otra de las medidas fue la facilitación de un paquete básico de seis meses para quienes están recibiendo terapia antirretroviral y para las embarazadas seropositivas. Con miras a mejorar su accesibilidad, la asistencia sanitaria del sector público está subvencionada en gran medida por el Estado. Se estima que el costo de una consulta y de los medicamentos correspondientes es de 6 meticales (el equivalente de 15 centavos de dólar de los Estados Unidos), mientras que los servicios de cirugía son gratuitos.
El Gobierno implementa programas destinados a garantizar los derechos de las mujeres con discapacidad y a promover el acceso a los servicios de educación, información y salud, incluida la salud sexual y reproductiva y el VIH, y la protección frente a la exploración.
Artículo 14
Se ha mantenido la tendencia de reducción de la tasa de analfabetismo entre las mujeres. El informe sobre la Encuesta Demográfica y de Salud indica que el 37% de los hogares de las zonas rurales tienen acceso a agua y que el 86% de estos hogares no disponen de servicios de saneamiento adecuados. El 95% de estos hogares no tienen electricidad, el 99% utilizan biomasa fósil sólida para cocinar, y el 55% no tienen acceso a ningún medio de comunicación e información. Este dato pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo intervenciones muy profundas para aliviar la pobreza y el exceso de carga que recae sobre las mujeres. En este sentido, la planificación a nivel de distrito es uno de los mecanismos disponibles para reforzar las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, en particular para las mujeres.
La Ley sobre las Instituciones Locales del Estado hace hincapié en la participación de las mujeres en este tipo de instituciones al afirmar en su artículo 118 la importancia de asegurar la representación de las mujeres en los Consejos Consultivos Locales. Es en este contexto en el que se estableció una cuota mínima del 30% para la participación de las mujeres en los Consejos Consultivos de Distrito, es decir, los órganos decisorios y de planificación a nivel local. Tal y como se ha indicado previamente, el porcentaje medio de participación de las mujeres en estos Consejos (29%) ha estado cerca de alcanzar el objetivo fijado, pero la gran extensión de los distritos hace difícil evaluar la representación de las mujeres en los órganos decisorios a nivel local, un aspecto que todavía no se ha tenido en cuenta.
La extensión rural constituye una apuesta para aumentar la productividad de la agricultura con vistas a desarrollar la capacidad en materia de conservación de la agricultura, producción de fertilizantes, promoción de cultivos y semillas resistentes a la sequía, ampliación de cultivos comerciales no tradicionales como la soja y las semillas de sésamo, y transferencia de tecnología, incluidos el cultivo (de manera limitada) y el tratamiento o la conservación de productos agrícolas.
La introducción de plantas y de la tracción animal para cultivar la tierra ha sido una de las principales preocupaciones de las mujeres productoras. El desarrollo del agronegocio es otra de las apuestas orientadas a estimular la producción y la productividad. Para tal fin, se han facilitado fondos públicos (por ejemplo, a través del Fondo para el Desarrollo de la Agricultura) y privados (instituciones de microfinanciación como la GAPI y el Banco Oportunidade) para el comercio a los que se acogen aquellas mujeres que comercializan a largas distancias. Las mujeres productoras participan en ferias.
En cuanto a la seguridad alimentaria, el Ministerio de Comercio e Industria ha desarrollado, a través del Instituto para la Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, el programa Cozinha Moçambique, un programa de capacitación para las comunidades y las microempresas destinado a hombres y mujeres y centrado en la conservación y el procesamiento de los alimentos de producción local cuyo fin es promover el negocio y la autonomía logística. A fecha de julio de 2010, se había facilitado capacitación a través de este proyecto a alrededor de 1.800 personas, de las que 1.710 eran mujeres, incluidas 30 empresarias. Asimismo, se creó un centro de experimentación para el procesamiento agrícola. Hasta 2014, el programa se centraba en los distritos situados en zonas expuestas al riesgo de sequía con el objetivo de aprovechar el exceso de producción de alimentos durante la temporada de lluvias para reducir la inseguridad alimentaria y mejorar la situación nutricional durante las estaciones secas.
Una de las formas alternativas de generación de ingresos que pueden utilizar las mujeres es la cría de pequeños animales, como por ejemplo aves. El Gobierno ha facilitado asistencia a este sector por medio de campañas de vacunación destinadas a reducir las tasas de mortalidad. Existen problemas relacionados con la llegada de las vacunas a tiempo, la ampliación de corrales e instalaciones de cría de gallinas mejorados y la promoción de la cría de animales de tamaño reducido entre las que figuran especies autóctonas como las gallinas y los patos de Guinea. Las iniciativas que están llevando a cabo los servicios veterinarios públicos y privados para promover la cría de vacas destinadas a la producción de leche y sus derivados siguen siendo limitadas, por lo que es necesario ampliarlas y fortalecerlas, no solo debido a la contaminación de la tuberculosis sino también a la manipulación deficiente de los animales y a su consiguiente malnutrición.
El Gobierno insistió en que se llevaran a cabo programas sociales basados en la facilitación de dinero y en la acción social productiva a fin de garantizar que los grupos vulnerables, especialmente las mujeres no aptas para el trabajo, dispongan de acceso a unos ingresos mensuales mínimos, lo que se lograría mediante la ejecución de programas de generación de ingresos. El Programa de Apoyo Social Directo prestó asistencia a 12.333 personas en 2007 y a 52.868 personas en 2014, de las que 21.523 fueron mujeres.
En 2007, el Programa de Subsidios Alimentarios se ocupó de 97.000 familias que vivían en condiciones vulnerables, de las cuales el 40% estaban encabezadas por mujeres. En 2014, el mismo programa, que en la actualidad se conoce como Programa de Subsidios Sociales Básicos, ofreció asistencia a 343.484 hogares, de los que el 59% estaban encabezados por mujeres. Este programa ha aumentado los servicios que presta a las mujeres en aproximadamente un 20%.
En lo que respecta a la garantía del acceso a la tierra, puede decirse que la labor realizada se ha centrado en la delimitación de las tierras comunitarias, la adquisición de títulos de propiedad de tierras y la difusión de la Ley sobre la Tierra, que incluye artículos que protegen a las mujeres, especialmente en caso de divorcio o fallecimiento del cónyuge. Durante el período investigado, más de 61.000 mujeres obtuvieron títulos de propiedad de tierras.
Se llevaron a cabo las siguientes acciones en favor del medio ambiente:
•La elaboración de la Estrategia y el Plan de Acción de Género, Medio Ambiente y Cambio Climático en 2010.
•La movilización de mujeres para participar en los comités de gestión de los recursos naturales.
•La producción y difusión de material educativo sobre la conservación y la preservación del medio ambiente en beneficio de los comités de gestión anteriormente referidos, con la distribución de 77.105 ejemplares del Manual del educador ambiental, 67.602 folletos sobre diversas cuestiones transversales, 11.750 folletos sobre los incendios forestales no controlados y otros temas, 683 carteles, 150 panfletos y 7 publicaciones periódicas, es decir, un total de 157.297 artículos de material educativo, y la emisión de 21 programas de radio en las provincias de Maputo, Gaza, Tete, Sofala, Manica y Nampula.
•La ejecución de proyectos piloto en áreas expuestas a una gran presión para la obtención de recursos de madera para leña.
•El establecimiento de plantones para la reforestación de tierras erosionadas degradadas.
•La realización de tres campañas de plantación de árboles.
•La celebración de reuniones de sensibilización sobre los incendios forestales no controlados en las que se contó con la participación de mujeres.
Parte IV
Artículos 15 y 16
La Constitución de la República consagra en su artículo 35 el principio de la universalidad y la igualdad, y lo refuerza en el artículo 36, donde defiende el principio de la igualdad de género. La Ley 10/2004 de 25 de agosto (Ley sobre la Familia) establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Dicha Ley presenta como avances para la situación matrimonial y las relaciones familiares el liderazgo compartido en el seno de la familia y el reconocimiento de las parejas que viven juntas, así como de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Los artículos 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la Ley sobre la Familia, sin perjuicio de la interpretación de la Ley en un sentido general, se refieren claramente a las disposiciones que podrían conllevar discriminación entre hombres y mujeres al reconocerles los mismos derechos en las mismas circunstancias.
Conclusión
El Gobierno de Mozambique, la sociedad civil y los asociados bilaterales y multilaterales han colaborado entre sí para aplicar medidas relacionadas con lo previsto en los artículos de la Convención con miras a eliminar la discriminación contra la mujer.
Sin embargo, a pesar de los avances significativos logrados en varios ámbitos, los retos que obstaculizan la eliminación de los estereotipos y las normas y las prácticas socioculturales que afectan al bienestar y al progreso de las mujeres siguen ejerciendo una gran influencia sobre las oportunidades y las posibilidades para el desarrollo integral de las mujeres mozambiqueñas.
Los progresos realizados por el Gobierno en lo relativo a la elaboración de políticas y a la aprobación de legislación son notables, pero el cambio de mentalidad y de actitud y los avances relacionados con la aplicación de las medidas necesarias han sido lentos debido a la falta de capacidad humana, financiera y material.
Sigue existiendo la necesidad de reforzar la capacidad de intervención del Ministerio de Género, Infancia y Acción Social, especialmente en el plano local, así como la de todos los sectores pertinentes cuyas funciones repercuten sobre las mujeres. Esto incluye no solo la difusión de las leyes que protegen a las mujeres y su aplicación, sino también el acceso a bienes y servicios que refuercen e impulsen a las mujeres, tanto directa como indirectamente.
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