Introducción

Mozambique tiene una larga tradición histórica de emancipación de la mujer que se remonta al período de la lucha armada por la independencia. Eso en sí, sin embargo, poco ha contribuido a la emancipación de la mujer. Con todo, existe legislación que protege a la mujer en la familia y en la sociedad y le dota de las condiciones necesarias para el acceso a la tierra y su aprovechamiento, y para el libre acceso al crédito. Existen además instrumentos que promueven un mayor acceso de las niñas a la educación, y a las oportunidades para llegar a puestos de gestión en condiciones de igualdad con sus contrapartes varones.

La igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres es una necesidad imperiosa como lo es la participación efectiva y auténtica de ambos en la vida económica y social del país. En la actualidad hay una creciente preocupación en Mozambique por eliminar la desigualdad de género que se expresa en la búsqueda y elaboración de políticas y programas dentro de los procesos económicos y sociales, en el contexto de la igualdad de género.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es producto de un empeño internacional en favor de la promoción y defensa de los derechos de la mujer y, en particular, la creación de marcos jurídicos e institucionales destinados a eliminar la discriminación contra la mujer en todos los países Miembros de las Naciones Unidas. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1993.

Mozambique se adhirió a la CEDAW y la ratificó mediante una resolución emanada del Parlamento del país. De esa forma, la CEDAW pasó a ser parte integrante de la legislación de Mozambique y, en consecuencia, acatarla es una obligación.

El presente documento abarca la fase de ejecución de la CEDAW en Mozambique. Contiene tres partes principales: las dos primeras partes esbozan la situación general del país en sus aspectos más diversos.

La primera parte se refiere a la situación geográfica y demográfica del país, en el contexto político, social y económico actual.

La segunda parte ofrece una breve presentación de la situación jurídica del país y demuestra en qué forma la Constitución de Mozambique protege y promueve la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres.

Por último, la tercera parte aborda la Convención propiamente dicha. Aquí, en el informe se mencionan, artículo por artículo, los adelantos y reveses experimentados en el proceso de aplicación de la CEDAW en Mozambique. Hay 14 artículos en los cuales se describen, punto por punto, la contribución del Gobierno y la de la sociedad civil, tanto en función de la creación de un marco jurídico como respecto de la necesidad de concebir políticas concretas que promuevan, fomenten y defiendan el estatuto y los derechos de la mujer. Al considerar el documento se puede observar que muchos retos futuros, en temas que van desde el cambio de actitudes culturales respecto de la posición de la mujer en la sociedad hasta cambios institucionales, se han traducido en legislación favorable a la mujer en diversas esferas. Es de igual importancia la conquista de una mejor posición de la mujer en todos los aspectos de la vida en todo el país, y en el proceso de adopción de decisiones.

En términos metodológicos, el informe es resultado de aportaciones de múltiples sectores, lo que significa que la información recopilada procede de diversos ministerios y de la investigación de consultores independientes así como de instituciones especializadas. Por ello, el informe peca de amalgamar a distintos actores, inclusive el Gobierno, diluyendo así la responsabilidad definitiva de este último en relación con la función que le corresponde como institución suprema del Estado en la protección, defensa y promoción del Estatuto de la Mujer de Mozambique.

Otro aspecto se refiere a la veracidad de la información empleada, puesto que es relativamente antigua. Hemos tratado, sin embargo, de actualizar la mayor parte de la información incluida. Aún así, se puede observar que la mayoría de las referencias mencionadas se remontan a 1994-1995 y algunas de ellas han experimentado cambios notables. Tal es el caso de la Ley de Tierras y de la Ley de Nacionalidad que fueron objeto de intensos debates y más tarde fueron aprobadas por el Parlamento.

No obstante, el informe es un documento interesante y de gran importancia puesto que es incluyente y, en temas relacionados con la mujer, es uno de los pocos, sino el único, que saca a la luz el estatuto y la condición de la mujer en varios aspectos. Es un instrumento que no permitirá solamente mejorar el conocimiento de la situación de la mujer, sino que acicateará al Gobierno y a la sociedad en general para que reconsideren y fortalezcan las asociaciones a fin de encontrar soluciones razonables en los frentes económico, social, cultural y político para las mujeres que constituyen más de la mitad de la sociedad de Mozambique.

1.0Mozambique

1.1Situación geográfica, política, social, económica y cultural

1.1.1 Situación geográfica y cultural

Mozambique está situado en la costa oriental de África, posee una extensión territorial de 802 000 km2 y tiene una población de unos 17 millones de habitantes (INE: 1997). Es un Estado con varias “naciones”, lo cual es producto de los antecedentes históricos y primeros contactos del país con el mundo exterior. La mayoría de su población es de origen Bantú. Las características, tradiciones y costumbres concretas varían de región a región. El portugués es el idioma oficial aunque lo habla apenas el 40% de la población. Los idiomas locales están subdivididos en tres regiones principales, a saber, Mozambique Meridional, Mozambique Central y Mozambique Septentrional.

En Mozambique Meridional los grupos étnicos dominantes son los Ronga, Changanas, Chopes y Bitongas en las provincias de Maputo, Gaza e Inhambane, respectivamente. En la zona central, se encuentran los Ndaus, Senas, Shonas, Chuabos y Lomués, que viven en las provincias de Sofala, Manica y Tete y Zambézia. En Mozambique Septentrional están los Macuas, Nyanjas, Macondes y Kimwanes en las provincias de Nampula, Niassa y Cabo Delgado.

Los idiomas más hablados son el Emakhwa con 26,3%, seguido por el Xichangana que habla el 11,4% y el Elómwe con el 7,9%. Entre estos, el 50% de los hombres y el 30% de las mujeres hablan portugués. Únicamente el 6,5% tiene el portugués como lengua materna. En términos de religión, el catolicismo es predominante con 23,8% de creyentes. Los musulmanes, con el 17,8%, representan la segunda religión que se practica en la región septentrional del país. La tercera religión que más se profesa es la de Zion con el 17,5%. Las personas que no tienen religión representan el 23,1% de la población.

1.1.2 Situación política y socioeconómica

Mozambique es un Estado unitario establecido el 25 de junio de 1975, cuando el país conquistó su independencia del yugo del colonialismo portugués. El régimen político es presidencial. Entre 1975 y 1990, bajo la dirección del partido del FRELIMO (Frente de Liberación de Mozambique) que liberó al país, sistema unipartidario inspirado en la ideología marxista-leninista, dominó el escenario político del país. Tras la adopción de la Nueva Constitución en 1990, se introdujo un sistema multipartidario en el cual las elecciones generales se basaban en el sufragio universal tanto para elegir al Parlamento como a la Presidencia de la República. En 1992, el FRELIMO y el RENAMO (Resistencia Nacional Mozambiqueña) firmaron un Acuerdo General de Paz poniendo fin a la guerra civil que asoló el país más de 16 años. El Acuerdo General de Paz abrió el camino para la realización de las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias generales en 1994, y más tarde en 1999. El FRELIMO ganó ambas. En las elecciones parlamentarias de 1994, el partido del FRELIMO obtuvo 129 escaños, el RENAMO 112 y la Unión Democrática nueve escaños. En 1999, el partido del FRELIMO obtuvo una mayoría de 133 escaños y el RENAMO-UE ( coalición entre el RENAMO y varios otros partidos de oposición) obtuvo 117 escaños. El Parlamento es unicameral y tiene un total de 250 escaños. Un 29,6% de los miembros de la Cámara de Parlamentarios está constituido por mujeres. El Parlamento se reúne dos veces al año y cada período de sesiones tiene una duración de 45 días. El Parlamento evalúa el programa de gobierno y su cumplimiento, aprueba el presupuesto principal del Estado, ratifica los tratados internacionales, aprueba las leyes y otras normas que regulan el funcionamiento de las instituciones del Estado.

La estructura gubernamental está conformada por un Primer Ministro y 21 Ministros que en su mayoría, salvo el Ministro de Relaciones Exteriores debido a la naturaleza de su trabajo, atienden a todas las provincias del país.

A principios del decenio de 1990, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Mozambique se calculaba entre 86,9 dólares EE.UU. y 102 dólares EE.UU. para 1990 y 1992, respectivamente. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país se calculó en 0,281 para 1994, colocando al país en el puesto 166o. en una lista de 175 países, o sea que está entre los 10 países más pobres del mundo. Sin embargo, el país experimentó un incremento considerable del IDH en 1999, que fluctuó entre 0,336 en 1998 y 0,344 en 1999, de allí en adelante disminuyó en 2000 a raíz de los devastadores efectos de las inundaciones que afectaron a la región meridional de Mozambique. En cuanto a la pobreza humana, Mozambique aparece entre los países en los cuales la pobreza excede del 50% del total de la población.

Otros indicadores son testimonio de la magnitud de las crisis económica, social y política que afectaron a Mozambique en los dos últimos decenios. Por ejemplo, la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita en el período de 1965 a 1980 fue del 6%, aunque en el período de 1980 a 1993 descendió al 1,5%. Al considerar que la tasa anual promedio de crecimiento demográfico en el período de 1960 a 1994 fue del 2,4%, estas cifras son testimonio de una declinación considerable del nivel de vida de la población de Mozambique en los tres últimos decenios.

No obstante, entre 1996 y 1998, el PIB de Mozambique experimentó un crecimiento notable, llegando a un promedio anual efectivo del 11%. A su vez, la tasa anual de inflación acumulativa disminuyó del 56, 9% en 1994 al 16,3% en 1996 y, en 1997 descendió al 5,8%.

Aproximadamente el 45% del PIB se genera en la actividad comercial, el transporte, las instituciones financieras, la administración pública y otros servicios. La agricultura, sin embargo, aunque continúa ocupando a más del 70% de la mano de obra del país, contribuye actualmente con algo más del 31% del PIB.

Con referencia a la dimensión social, cabe señalar que a pesar de los elevados índices de crecimiento económico, la mayoría de la población vive en condiciones de extrema pobreza. En el contexto de la SADC, Mozambique es el país que tiene el Índice de Desarrollo Humano más bajo, con el 0,344 en 1999, seguido de Angola, Malawi, Tanzanía, Zambia y el Congo. En la SADC, ocho países se encuentran en la categoría media del IDH (0,500 a 0,799), Mauricio y Seychelles tienen 0,764 y 0,755, respectivamente ( PNUD, 1999:15). Esos índices son producto de los bajos niveles de esperanza de vida, el acceso bajo a los servicios de atención de la salud y a la educación.

En cuanto al índice de esperanza de vida al nacer, entre 1994 y 1999 el país experimentó un incremento de 41,7 años a 43,5 años, o sea un promedio anual de menos del 1%. El índice de esperanza de vida promedio para el África al sur del Sáhara es de 48,9 años. A raíz de los efectos del SIDA, el índice de esperanza de vida ha venido disminuyendo en los últimos años. Otros factores que han contribuido al empeoramiento del índice del desarrollo humano comprenden desastres naturales, guerras y las crisis económicas que han devastado al país.

En lo que atañe a la educación, un 48% de la población de mujeres y el 27% de los varones no ha recibido enseñanza de ningún nivel. Para Mozambique sigue siendo un problema la entrada tardía en el sistema educativo de niños desamparados de 10 años de edad. Aproximadamente 52% de la población femenina y 43% de la población masculina cumplen 10 años sin haber asistido a la escuela. Aunque gracias a los esfuerzos desplegados por el Gobierno a nivel de enseñanza primaria, la proporción de niñas que asisten a ese sistema ha llegado a aumentar año tras año. Por ejemplo, subió del 41,7% en 1997 al 46,4% en 2000.

Hay diferencias entre las zonas agrícolas y urbanas con respecto al grado de educación alcanzado; la proporción de la población que carece de enseñanza es menor en las zonas urbanas que en las zonas agrícolas. Esa diferencia es de un 10% y de 32% entre las mujeres y del 22% y el 55% en la población masculina. A pesar del adelanto registrado en la diseminación de oportunidades de acceso a la educación, aún persisten algunos problemas relativos a la disponibilidad de puestos vacantes, o más concretamente, la disponibilidad de escuelas en zonas cercanas a los hogares de los posibles estudiantes a raíz de que, cuando existen, las escuelas se encuentran solamente a gran distancia de los barrios donde viven los estudiantes.

Un 48% de las mujeres y el 64% de los varones tienen algún nivel de educación primaria, tan sólo el 2% de las mujeres y el 5% de los hombres ha recibido educación secundaria. Esos niveles de educación bajos se encuentran en todo el país, salvo en la Ciudad de Maputo en la que se registran niveles del 18% y el 10% de educación en escuelas secundarias, para hombres y mujeres, respectivamente. Por otra parte, la Provincia de Maputo también se distingue del resto del país, un 8% de las mujeres y el 12% de los hombres han recibido instrucción secundaria.

Otro aspecto de las condiciones de vida de la población tiene que ver con las condiciones de vivienda. La Encuesta Demográfica y de Salud (EDS) de 1997 descubrió que el promedio de miembros de una unidad u hogar familiar es de 4,6, y varía entre 4,4 en las zonas urbanas y 5,6 en las zonas agrícolas o rurales. En la misma encuesta se reveló asimismo que la mayoría de unidades familiares no cuenta con servicios esenciales, tales como electricidad, servicios sanitarios y bienes necesarios para el desarrollo humano.

En 1997, apenas el 6,5% de la población del país tenía acceso a la electricidad, con la particularidad de que esos servicios representan un incremento del 21% en relación con 1980.

Las condiciones sanitarias son sumamente precarias: 49% de los conjuntos reciben suministros de agua de pozos públicos, 30% de aguas superficiales, 20% del sistema hídrico canalizado y menos del 1% de precipitaciones pluviales. Pero el 20% de los conjuntos tiene acceso a agua potable, 8% del cual se congrega en zonas agrícolas y 70% en zonas urbanas; sólo el 3% de los hogares tiene acceso a alcantarillado sanitario.

1.2Población

1.2.1Volumen, tasa de crecimiento y composición

Mozambique, que tiene unos 17 millones de habitantes, ocupa el cuarto lugar entre los países más poblados de la SADC después del Congo con unos 50 millones de habitantes, Sudáfrica con 40 millones y Tanzanía con 33 millones de habitantes (PNUD 1999: 15). En 1950, la población de Mozambique ascendía a unos 6,5 millones de habitantes y ha aumentado rápidamente. En 1980, por ejemplo, antes de que terminara el decenio de los 80, Mozambique ya tenía 12,1 millones de habitantes, la población de Mozambique se había duplicado en relación con 1950.

El intenso aumento demográfico en esos períodos fue resultado de las elevadas tasas de natalidad en un momento en el cual la mortalidad empezaba a disminuir. Durante los decenios de 1960 y de 1950, las tasas de natalidad se mantuvieron relativamente estables y en niveles altos, unos 49 nacimientos por mil en 1990. En ese mismo período, la tasa de mortalidad registró una baja considerable. La disminución más cuantiosa de la mortalidad, en particular la mortalidad infantil, se registró en los primeros cinco años de la Independencia Nacional (1975-1980) a raíz de las mejoras en las condiciones de salud, educación y vivienda.

En cuanto al futuro, las tendencias demográficas dependerán de dos factores principales: por una parte, el efecto que el estrato de población joven continuará ejerciendo en los próximos decenios; un 47% de la población de Mozambique está constituido por personas menores de 15 años. Ese estrato que tiene la juventud suficiente permanecerá por mucho más tiempo y, en consecuencia, ejercerá un efecto previsible en el futuro crecimiento y volumen de la población.

Por otra parte, hay un comportamiento reproductivo en el que podrían influir las políticas socioeconómicas y demográficas. El crecimiento de la población de Mozambique dependerá del ritmo del crecimiento natural de la población. Por ejemplo, si la tasa anual promedio de crecimiento natural llega al 1,5%, la población actual de Mozambique que se calcula en 16,5 millones de habitantes en 1997, ascenderá a unos 25 millones al cabo del año 2020. Sin embargo, si la tasa anual promedio llega al 2,7%, la población se duplicará al cabo del año 2020.

Sin embargo, en estudios recientes se admite que no se registrará la tasa natural de aumento demográfico, del orden del 2,7% por año, a raíz del probable incremento de la mortalidad causada por el SIDA.

La evolución de la estructura demográfica se puede resumir en tres grandes grupos etáreos: el grupo de los jóvenes ( 0 a 14 años), el grupo de los adultos o activos en potencia (15 a 59) y el grupo de los ancianos (mayores de 60).

La evolución de la tasa de natalidad modeló una estructura demográfica que es suficientemente joven, caracterizada por una base muy ancha y una cima estrecha. Entre 1980 y 1997 el promedio de edad de la población registró una disminución, bajando sucesivamente de 18 años en 1980 a 17 en 1991 y a 16 años en 1997.

En 1990, la población menor de 15 años representaba el 45,6%, los adultos (15 a 64 años) 51,9% y los ancianos (mayores de 64 años) el 2,5%. Esta evolución expresa una tendencia hacia el rejuvenecimiento de la población mozambiqueña, que tendrá una importante repercusión en las ofertas de trabajo, a raíz de que el grupo que se considera la mano de obra activa (de 15 a 64 años) habrá registrado una disminución considerable.

1.2.2Fecundidad, reproducción y mortalidad

Según la información recogida en la Encuesta Demográfica y de Salud (EDS), la tasa de natalidad bruta se calcula en 45,2 por mil habitantes. La misma fuente estima que la tasa global de fecundidad (TGF) correspondiente al período de 1992 a 1997 será de 5,6 niños por mujer, el 5,8 en las zonas agrícolas y el 5,1 en las zonas urbanas.

Por lo menos a primera vista, esos datos permiten inferir una reducción de la fecundidad en relación con decenios anteriores: de 7 niños por mujer en los decenios de 1950 y 1960, la TGF se calculó en 6,4 en 1980 y 6,2 en 1991. Sin embargo, otra información de la EDS de 1997 permite inferir que la tasa de fecundidad corriente se ha mantenido prácticamente sin modificaciones o ha experimentado una rápida disminución en relación con 1980.

La EDS de 1997 ofrece además abundante información sobre el comportamiento reproductivo y sexual de la población. La edad promedio en el momento de la primera unión es de 17 años para la mujeres y 22 años para los varones. Sin embargo, la edad promedio de la primera relación sexual es de 15,9 años para la mujeres y 18,3 para los varones. Vale decir que las mujeres tienen su primera experiencia sexual aproximadamente un año antes de unirse en matrimonio y dos años antes que los varones.

La edad media del comienzo de la procreación es de 19 años, y esa cifra es idéntica en las zonas urbanas (18,9 años) y en las rurales (19,1 años). Un 29% de los adolescentes jóvenes (15 a 19 años) tiene por lo menos un hijo y el 24% ya tiene dos hijos. Los adolescentes contribuyen con aproximadamente el 13,4% del total de nacimientos que se registran en el país cada año. Esa cifra es algo más elevada en las zonas urbanas (14,6%) que en las agrícolas (12,9%) (INE, 1999: 9-11). Se cree que esas altas tasas de natalidad entre los adolescentes son resultado de embarazos no deseados, y no de embarazos planificados.

Las mujeres casadas y las que formas parte de uniones consensuales, que representan el 74% de todas las mujeres en edad de procrear, tienen cuatro hijos como promedio de los cuales sobreviven tres. El conocimiento de los mozambiqueños respecto de los métodos anticonceptivos modernos y tradicionales es muy escaso, tanto entre mujeres como entre hombres. Aproximadamente el 40% de las mujeres y el 33% de los hombres no conocen ningún método anticonceptivo moderno. Y, de hecho, las personas que tienen mejor conocimiento de métodos anticonceptivos también conocen algunos métodos tradicionales. Un 13% de las mujeres y el 20% de los varones en algún momento de su vida han utilizado algún método anticonceptivo moderno. Actualmente el empleo de métodos modernos se ubica en el 5% de las mujeres en uniones consensuales, las inyecciones y la píldora son los métodos predominantes (2,3% y 1,5%, respectivamente). La modalidad de prevalencia por edad arroja un aumento del empleo con la edad, entre las mujeres de 15 a 19 años es de menos del 1% en tanto que entre las de 35 a 39 años llega al 9%.

Entre las mujeres mayores de 40 años la prevalencia de empleo baja al 7%. En cuanto al empleo de cada método concreto por el grupo etáreo, las mujeres menores de 40 años en pareja utilizan mayormente la píldora y las inyecciones. Las mujeres de 45 a 49 años emplean la esterilización femenina en su mayor parte, una clara indicación de que las mujeres de esa edad prefieren suspender su fecundidad en lugar de espaciarla.

La demanda total de servicios de planificación de la familia en las zonas urbanas es tres veces mayor (24%) que en las zonas rurales (8%). De la misma manera, el empleo actual de anticonceptivos en las zonas urbanas es unas cinco veces mayor que en las zonas rurales (15% en comparación con 3%). A su vez, la demanda insatisfecha es mayor en las zonas rurales (70%) que en las zonas urbanas (34%).

Por último, la demanda total de servicios de planificación de la familia tiene una considerable vinculación con el nivel de educación de las mujeres con pareja: del 8% en las mujeres que no han recibido instrucción escolar hasta 33% en las que tienen educación secundaria o superior.

El grado de conocimiento de la existencia del SIDA es bastante elevado: 82% de las mujeres y 94% de los hombres conocen el SIDA o ya han tenido noticia de la enfermedad. El mayor porcentaje de personas que ya han oído hablar del SIDA está en las provincias en las cuales actualmente se tiene la prevalencia más alta del VIH/SIDA en el país: Tete (mujeres y hombres 97%); Manica (mujeres 94% y hombres 96%) y la capital del país, la Ciudad de Maputo (mujeres 95%, hombres 97%). Las fuentes de información más comunes en las zonas urbanas son la radio, televisión y diarios y publicaciones periódicas.

No obstante, esos altos niveles de conocimiento de la existencia del SIDA no corresponden a un conocimiento ajustado al conocimiento de los medios de transmisión y prevención de la enfermedad. Un 34% de las mujeres y 54% de los varones apenas conocen por lo menos un medio de prevenir la infección del SIDA.

La información procedente del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la tasa de mortalidad infantil correspondiente a ambos sexos es de 145,7 por mil nacidos vivos. La combinación de esa tasa con la tasa de mortalidad después de la infancia llega a 246 fallecimientos por mil nacidos vivos. Tanto en el caso de la tasa de mortalidad infantil como en la de los nacimientos combinados, los varones presentan los niveles más altos de mortalidad en relación con las niñas (PNUD, 1999:26). Las tasas de mortalidad altas se encuentran en las zonas agrícolas.

1.2.3Distribución espacial: migraciones y urbanización

La población del país es predominantemente agrícola o rural. En 1980, el 73% del total de la población vivía en las zonas agrícolas en tanto que el resto vivía en las 12 ciudades que se consideran zonas urbanas. La capital del país, Maputo, recibió el 48% del total de la población urbana, lo cual demuestra una modalidad de distribución muy heterogénea.

Según los resultados del censo de 1997, la región septentrional registra la densidad demográfica más baja de todas las regiones (17,4 habitantes/km2). La región central es la más extensa del país y presenta una densidad demográfica intermedia (20,0 habitantes/km2). Por último, la región meridional con una extensión territorial menor, presenta la densidad demográfica más alta entre todas las regiones (23,0 habitantes/km2).

La distribución territorial de la población de Mozambique ha experimentado profundas alteraciones en los últimos años, resultado en su mayor parte de diversos factores coyunturales de índole social, económica, política y de un entorno de dinámica de producción. En general, esa distribución tiene características de dispersión en las zonas agrícolas o rurales y se concentra en las zonas urbanas.

En 1980, se calculaba que la población considerada urbana, vale decir la que vive en las ciudades, ascendía a 1,5 millones de habitantes; en otras palabras, era el 13,2% en comparación con el 86,8% de la población que vivía en zonas agrícolas. En 1991, los 12 centros clasificados como ciudades habían comenzado a registrar una población de 2,5 millones de habitantes. Al comparar ese valor con 1,5 millones en 1980, se observa una tasa promedio de crecimiento anual del orden del 4,5% en un período de 11 años.

Sin embargo, en el decenio de 1990, la distribución espacial fue afectada por varias coyunturas que modificaron el desarrollo normal de la distribución geográfica de la población. Entre esas coyunturas o factores estaba una de las más importantes relacionada con la ausencia de una sólida red de infraestructuras sociales y económicas, en particular en las zonas rurales. Esa situación llegó a ser sumamente desagradable, mientras el espacio urbano se iba transformando en centros más seguros y atractivos.

La población de Mozambique ha experimentado un crecimiento considerable, aunque ese crecimiento ha sido relativamente lento en comparación con el crecimiento en otros países de África. En 1950, la población urbana de Mozambique estaba seis veces por debajo del promedio de África en 14,5%; pero en 1980 llegó al 13% en comparación con el 27%, que es equivalente apenas a la mitad de la población registrada en el continente africano.

Uno de los aspectos importantes relativos a la distribución espacial de la población es la presión que las grandes concentraciones demográficas ejercen sobre los recursos naturales. A raíz de ese fenómeno, se presentó una aceleración de la erosión de la tierra y una pérdida de fecundidad, que pueden afectar a la seguridad alimentaria. Por otra parte, se dispone de escaso espacio para la vivienda y la agricultura, lo que induce a las personas a utilizar las laderas improductivas o inadecuadas para la producción agrícola y la vivienda, con lo cual causan aún mayores daños al medio ambiente. Se sabe que un 59% de la población vive en las zonas costeras. En las provincias de Gaza por ejemplo, los distritos costeros acogen al triple de la población que acogen los distritos de las zonas interiores.

El proceso de urbanización tiene repercusiones considerables en las características demográficas de la población y en las unidades familiares. Así, es preciso tener presente el rápido crecimiento de la población urbana en función de las políticas nacionales en materia económica y social y, en particular, para impedir que provoque graves trastornos sociales y políticos en las zonas urbanas.

De la misma manera, a menos que se adopten medidas destinadas a sustituir y ampliar la red de servicios sociales ( y en particular la creación de empresas medianas y pequeñas juntamente con la creación de empleo en las zonas urbanas) la tendencia continuará afectando a la economía del país.

2.Marco jurídico y la protección de los derechos humanos

2.1.Marco jurídico

Con referencia a la consagración de los derechos humanos con particular hincapié en las disposiciones destinadas a reducir todas las formas de discriminación, Mozambique tiene una Constitución de gran alcance. En su epígrafe II bajo el título Derechos, Obligaciones y Libertades Fundamentales, Capítulo I de los Principios Generales se consagra, y citamos:

Artículo 6

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones, independientemente de su color, raza, género, origen étnico, lugar de nacimiento, religión, nivel de instrucción, condición social y civil de sus padres o profesión.

Artículo 67

Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural.

Artículo 68

Los ciudadanos discapacitados gozan plenamente de los derechos consignados en la Constitución y están sujetos a las mismas obligaciones, salvo el ejercicio o satisfacción de aquellas que no están en condiciones de atender.

Artículo 69

Todos los actos encaminados a atentar contra la unidad nacional, a poner en peligro la armonía social, a sembrar las divisiones, situaciones de privilegio o discriminación por motivos de color, raza, género, origen étnico, lugar de nacimiento, religión, nivel de instrucción, condición social, física o mental, estatuto civil del país o profesión son punibles en función de la ley.

Artículo 70

Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida. Tienen derecho a la integridad física y no pueden ser sometidos a torturas ni a tratos crueles o inhumanos.

En la República de Mozambique no existe la pena de muerte.

Artículo 71

Todos los ciudadanos tienen derecho a la honra, el buen nombre, la reputación, la defensa de su imagen pública y a la reserva en sus vidas privadas.

Artículo 72

Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente equilibrado y el deber de defenderlo.

Artículo 73

Todos los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de participar en el proceso de ampliación y consolidación de la democracia en todos los niveles de la sociedad y del Estado.

Salvo en los casos en que la ley lo prohíbe expresamente, todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho al voto y a ser elegidos.

El derecho al sufragio es personal y constituye un deber cívico.

Artículo 74

Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de palabra y a la libertad de prensa, así como el derecho a la información.

El ejercicio de la libertad de palabra, que comprende la facultad de divulgar las ideas propias empleando todos los medios que permite la ley, y el derecho a la información, no serán limitados mediante la censura.

La libertad de prensa comprende, a saber, la libertad de expresión y creación para los periodistas, el acceso a fuentes de información, la protección de la independencia y del secreto profesional y el derecho a crear publicaciones periódicas y de otra índole.

El ejercicio de las libertades y del derecho regularán las libertades mencionadas en el presente artículo en base a la imperiosa necesidad de respeto a la Constitución, a la dignidad humana de la persona y a la política exterior y la defensa nacional.

Artículo 75

Los ciudadanos gozan de la libertad de asociación.

Las organizaciones y asociaciones sociales tienen derecho a buscar sus objetivos, a estructurar instituciones destinadas a facilitar el logro de los objetivos perseguidos y a poseer patrimonio para el cumplimiento de sus actividades, en función de la ley.

Artículo 77

Todos los ciudadanos gozan del derecho a constituir partidos políticos, o a participar en ellos.

La adhesión a un partido político es voluntaria y emana de los derechos de los ciudadanos a asociarse en organizaciones con fines políticos semejantes.

Artículo 78

Los ciudadanos tienen derecho a practicar una religión.

Las creencias religiosas gozan del derecho a seguir libremente sus fines religiosos, a poseer y adquirir bienes para materializar sus objetivos.

Artículo 79

Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de creación científica, técnica, literaria y artística

El Estado protege los derechos intrínsecos del derecho de autor, incluidos los derechos de vecindad, y promueve la práctica y difusión de la comunicación y las artes.

Artículo 80

Todos los ciudadanos tienen derecho a presentar peticiones, denuncias y reclamaciones ante las autoridades competentes para solicitar la restitución de sus derechos cuando éstos han sido vulnerados o en defensa del interés común.

Los ciudadanos tienen derecho a no aceptar órdenes ilegítimas u órdenes que ofendan a sus derechos.

Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de reunión en función de la ley.

Artículo 81

Los ciudadanos pueden impugnar los actos que violan sus derechos establecidos en la Constitución y en muchas otras leyes.

Artículo 82

Los ciudadanos tienen derecho a apelar ante los tribunales por actos violatorios de sus derechos reconocidos tal como se observan en la Constitución y la legislación.

Artículo 83

Todos los ciudadanos tienen derecho a fijar residencia en cualquier parte del territorio nacional.

Todos los ciudadanos están en libertad de transitar en el interior y el exterior del territorio nacional con la excepción de aquellos privados legalmente de ese derecho.

Artículo 84

La participación en la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial es un honor sagrado para todos los ciudadanos de Mozambique.

El servicio militar se cumple en las condiciones definidas por ley.

Artículo 85

Todos los ciudadanos tienen la obligación de respetar el orden constitucional.

Los actos contrarios al orden establecido en la Constitución serán pasibles de las sanciones dispuestas por ley.

Se castigará legalmente la violación de los derechos, cuando se haya apelado a todos los mecanismos previstos en la ley general, es decir el Código Civil, se procederá a la determinación de la indemnización correspondiente y a la instrucción de cargos penales de conformidad con la ley.

Después de eso, tendremos el Capítulo IV que trata de las Garantías de los Derechos y Libertades. A título de ejemplo sobre las garantías citaremos su claridad mencionando los artículos siguientes:

Artículo 97

El Estado es responsable de los daños efectivos causados por actos ilegales de sus agentes en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del derecho de restitución en función de la ley.

Artículo 98

En la República de Mozambique nadie puede ser encarcelado ni presentado a juicio a menos que esos actos se cumplan con arreglo a las disposiciones de la ley.

Los acusados gozan de la presunción de inculpabilidad hasta que se pronuncie la sentencia definitiva.

Artículo 99

Nadie puede ser condenado por un acto que no haya sido definido como delito en el momento de su comisión.

El derecho penal se aplica retroactivamente únicamente cuando resulta de beneficio para el acusado.

Artículo 100

El Estado garantiza el acceso de sus ciudadanos a los tribunales, y garantiza para los acusados el derecho a asesoramiento y el derecho a la asistencia letrada.

El Estado garantiza que no se deniegue la justicia por falta de recursos.

La Constitución aún consagra el derecho de “Habeas Corpus” en caso de detención ilegal, prohíbe la extradición por motivos políticos, la expulsión de los ciudadanos nacionales del país, garantiza la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

Esos son los instrumentos jurídicos más notables del derecho fundamental en relación con los derechos humanos. Cabe mencionar asimismo que a fin de adaptar la legislación ordinaria a la Constitución de la República y a algunos instrumentos de derecho internacional que Mozambique ha suscrito, está en curso un proceso de reforma jurídica en el marco del derecho de la familia en el cual se trata temas tales como la administración de los bienes de la familia, el reconocimiento del matrimonio tradicional, la potestad marital en comparación con la Constitución de la República y con la CEDAW.

Con referencia al derecho sucesorio, se revisarán todas las disposiciones y se las comparará con la Constitución de la República, la CEDAW, la Carta Africana de Derechos y Libertades y la Convención sobre los Derechos del Niño. Existe ya un Proyecto de Ley de la Familia que se ha examinado ampliamente. Desde la perspectiva de los derechos de la mujer, las propuestas incluidas en el presente proyecto son una respuesta directa a la CEDAW y fueron aceptadas de inmediato por las organizaciones de mujeres.

Los instrumentos de derecho internacional tales como tratados y convenciones han cobrado carácter de leyes en Mozambique, después de su ratificación en el Parlamento y en adelante, el Gobierno ha de depositar los instrumentos de ratificación y asumir la responsabilidad por su cumplimiento en el plano internacional.

Mozambique tiene una organización judicial que abarca todo el país, y una fuerza de policía capacitada especialmente que investiga delitos comunes y una policía preparada especialmente para investigar delitos penales comunes. Los tribunales funcionan con algunos problemas, es decir falta de personal capacitado, malas condiciones de trabajo y excesivas burocracia y formalidades.

El país cuenta también con dos organizaciones de derechos humanos: la Liga de Derechos Humanos de Mozambique (LDH) y la Asociación para los Derechos Humanos y el Desarrollo (DHD), así como numerosas ONG que trabajan a favor de la mujer, a saber MULEIDE–Mulher Lei e Desenvolvimento, WILDAF–Mozambique, AMMCJ– Asociación de Mujeres Juristas de Mozambique, el Proyecto KULAYA, el Proyecto WILSA sobre la condición jurídica de la mujer en el África Meridional, el Forum Mulher, AMME–Associação Moçambicana de Women na Redacção, AMRU–Associação da Mulher Rural, ACTIVA–Asociación of Mujeres Empresarias y Ejecutivas, la OMM–Organización de Mujeres Mozambiqueñas y muchas otras asociaciones que salvaguardan los derechos de la mujer y elevan su condición social.

Los Códigos Civil y Penal proporcionan la cobertura necesaria que permite demandar al Estado en caso de violaciones de sus deberes como garantía de la Constitución de la República; pero el analfabetismo, la ignorancia de la ley y la falta de personal calificado dificulta trabajar debidamente a ese respecto.

Cabe mencionar que está en curso el proceso de reforma del Código Penal. A la fecha, el Código Penal de Mozambique vigente se remonta a 1929, y ha sido objeto de solamente dos reformas: una en 1945 y la otra en 1972. Tras la independencia, se introdujeron modificaciones mediante decreto, pero ninguna de ellas en la dirección del respeto del principio de no discriminación entre los hombres y las mujeres, puesto que se consagró ya en la Constitución de 1975.

Sin embargo, en la actualidad se tiene en proceso de redacción un Proyecto de Ley contra todos los actos de violencia intrafamiliar. En este caso el objetivo es examinar la violencia intrafamiliar contra las mujeres como delito penal. De esa forma, los agentes del orden público estarían obligados por ley a conceder el trámite debido a todas las denuncias presentadas o por presentar, impidiendo de esa manera que la violencia en el hogar sea considerada como si fuera un caso privado.

2.2Difusión de la información

Con referencia a la información y la publicidad, el Ministerio de Justicia tiene una Dirección denominada DIL, o sea Dirección de Investigación Legal, que entre otras cosas tiene por objetivo la promoción, educación y divulgación de leyes y programas de índole jurídica entre todos los ciudadanos.

La difusión de información sobre derechos humanos se realiza por conducto de programas radiales en los idiomas nacionales, y mediante tiras cómicas y periódicos.

La DIL produjo programas radiales en portugués y shangana sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y produjo folletos en forma de tiras cómicas en portugués, sena, macua y shangana. Esa colección de cinco números analiza 30 artículos de la Declaración. Después de la edición de dichos folletos con tiras cómicas, el material fue enviado a varias organizaciones no gubernamentales nacionales a fin de que pudieran enviarlo a sus delegaciones en todo el país.

De esa manera, se produjeron varios instrumentos educativos con el propósito principal de ponerlos al alcance de la población en todas las regiones del país. Existe otro proyecto cuyo principal objetivo es promover, educar y divulgar la legislación existente por conducto de seminarios y conferencias nacionales y regionales y mediante el empleo de algunos diarios y publicaciones periódicas y radioemisoras comunitarias. Esas radioemisoras llegan hasta las comunidades remotas que emplean idiomas locales. Sin embargo, los problemas económicos dictan el éxito o fracaso de la ejecución de algunas de esas actividades. Organizaciones no gubernamentales como son LDH y DHD han trabajado en esa esfera con campañas de concientización sobre temas de derechos humanos mediante cursos, conferencias y seminarios. Aparte del Grupo Operativo para el Adelanto de la Mujer (GO), no hay un organismo responsable de la elaboración de informes ni de la supervisión de actividades realizadas en defensa de los derechos de la mujer en las instituciones gubernamentales.

Ese grupo fue creado en 1996 con el único y exclusivo fin de dar aplicación al Plan de Acción del Gobierno después de Beijing. El Plan fue elaborado en base al programa gubernamental y a la declaración de Beijing IV de 1995. Tiene como principal objetivo contribuir a la materialización de políticas gubernamentales sobre la igualdad de acceso, igualdad y oportunidades para las mujeres. Pero el GO no ha tenido mucho acceso a los fondos necesarios para apoyar sus actividades.

3.La Convención

Mozambique es un Estado democrático que apoya los esfuerzos e iniciativas destinados a promover los derechos de la mujer. Por ese motivo, Mozambique ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1993 mediante la resolución No. 41/93 del Parlamento de Mozambique de fecha 2 de junio de 1993, que entró en vigor el 16 de mayo de 1997.

Artículo 1 Definición de la discriminación contra la mujer

Si bien hubo ciertos adelantos en la legislación aún persisten algunas desigualdades. La Constitución prohíbe la discriminación contra la mujer pero no establece una definición legal de discriminación. Por otra parte, hay una situación paradójica en la medida en que la Constitución prohíbe la discriminación contra la mujer por motivos de género, pero no pone obstáculos a la discriminación por motivos de estado civil. Un ejemplo de ello es algún tipo de legislación corriente que aún está en vigor y que discrimina abiertamente contra la mujer, y de esa manera está en conflicto con el principio constitucional.

Teóricamente, la Constitución confirma la primacía de las leyes constitucionales sobre todas las demás leyes, aunque en la práctica eso no siempre sucede debido a que aún existen leyes antiguas anteriores a la Constitución de 1990 que están basadas en el sistema portugués de dominación colonial. La discriminación contra la mujer es un hecho que se pone de manifiesto de varias maneras en la vida social, cultural, política y económica de las mujeres como sigue:

• En la familia, las mujeres sufren mayor discriminación por parte de parientes directos que no las tratan de la misma manera que tratan a los hombres. Con mucha frecuencia se descuida la educación académica de las mujeres para favorecer la de sus contrapartes varones.

Las costumbres consuetudinarias se utilizan muchas veces y se interpreta la legislación más reciente en algunas oportunidades, en base a las costumbres tradicionales que dan prioridad a la potestad paterna. El alto nivel de analfabetismo entre las mujeres y el escaso conocimiento que tienen de sus derechos hacen posible que jamás se presenten ante los tribunales de justicia los casos más cínicos de discriminación contra la mujer.

• En el sector laboral la discriminación contra la mujer se revela de varias formas. El mercado de la mano de obra femenina en el sector organizado es escaso, pero la participación de la mujer en puestos de gestión es peor. Allí, las empresas que no tienen ni una sola mujer en la fuerza laboral ofrecen el socorrido argumento de que cuando están embarazadas, a menudo las mujeres gozan de licencia de maternidad de 60 días y de otras ausencias autorizadas durante la atención prenatal y la lactancia. A raíz de las múltiples facetas de su papel de madres, esposas y trabajadoras, con mucha frecuencia las mujeres se esfuerzan más que sus contrapartes masculinos por conservar un trabajo.

• En el acceso a la educación básica, las mujeres tienen un papel secundario que las margina de la posibilidad de ser independientes y autosuficientes. Las mujeres están relegadas a trabajar en el servicio doméstico, y a desempeñar el papel de madre y esposa. Aún cuando a menudo se encuentra esta situación en las zonas urbanas y zonas vecinas, sin embargo se siente particularmente en las zonas rurales.

Otro factor que conduce a la discriminación guarda relación con el estado civil. A menudo las mujeres no casadas son víctimas de discriminación, están sometidas a la discriminación. Ese tipo de discriminación procede de sus parientes, en particular de otras mujeres (que las consideran una amenaza) y se propaga a la sociedad en general. Actualmente, la Constitución, el Código Penal, los Códigos Civil y Comercial están en proceso de examen. Se tiene previsto que en esa revisión se tengan presentes temas relacionados con el género.

Artículo 2 Obligación de eliminar la discriminación

En la época de ratificación de la Convención, en la Constitución existía una garantía de no discriminar contra la mujer (véase el artículo 1). En base a la primacía de las disposiciones constitucionales, todas las demás normas deberían ser no discriminatorias. En la práctica, sin embargo, existen políticas discriminatorias, tanto gubernamentales como de organizaciones públicas y del sector privado que discriminan contra la mujer. Empero, como se puede observar en los diversos programas y políticas existentes de varios ministerios están dirigidos a la mujer y se han fijado objetivos a plazos corto y largo. Hay una tendencia a cambiar las políticas discriminatorias.

En sus políticas para el sector de la salud, el Ministerio de Salud tiene un Programa de Servicios de Salud para la Primera Infancia que comprende un programa de planificación de la familia y un programa de nutrición para mujeres embarazadas, así como otras actividades destinadas a la mujer, lo que constituye un gesto de discriminación positiva. La participación de los hombres en la planificación de la familia ha sido una manifestación alentadora con miras a mejorar sus actitudes respecto de temas de salud reproductiva.

Se presta atención a la capacitación del personal en los distintos niveles y a la construcción de nuevas unidades sanitarias con el propósito de, entre otras cosas, aumentar el número de consultas prenatales, el número de alumbramientos en instituciones especiales y las consultas postnatales. El Gobierno ha incrementado su aportación presupuestaria al sector de la salud, del 26,5% en 1994 al 38,7% en 1999.

El Ministerio de Industria y Comercio, en su Propuesta maestra sobre el Plan Sectorial, intenta persuadir a las mujeres a que eleven sus niveles de alfabetización y participen en cursos de capacitación como uno de sus principales objetivos. En la búsqueda de esos objetivos, el Ministerio ha decidido promover cursos de capacitación que conduzcan a las mujeres a obtener calificaciones profesionales; abrir guarderías; realizar trabajos de investigación respecto de tecnologías apropiadas para aligerar la excesiva carga de trabajo de las mujeres (cocinas mejoradas, fuentes de agua y energía próximas a la residencia) son algunas de las esferas de capacitación. Se espera asimismo que con el cabildeo se podría ejercer influencia sobre la legislación con objeto de defender a las “empresarias” del sector informal.

En su Plan Sectorial, el Ministerio del Medio Ambiente pone de relieve la participación de las comunidades rurales, en particular de mujeres, en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.

Esas políticas regulan el comportamiento de las instituciones públicas y las autoridades oficiales respecto de la mujer. Sin embargo, dichas políticas no se extienden a las organizaciones y empresas del sector privado. Lamentablemente, no existen sanciones ni penas como, por ejemplo, la pérdida de contratos con el Gobierno cuando se descubren casos de discriminación contra la mujer.

Con el propósito de evitar la discriminación sistemática contra la mujer en determinadas esferas concretas descritas en el Convención, Mozambique viene examinando y enmendando algunas leyes. Como hemos mencionado en párrafos anteriores, el Código Penal está en proceso de revisión respecto de temas relacionados con la prostitución, la pornografía y la violencia. A ese respecto, ya se ha revisado la ley que regula la Asociación y el Acceso al Crédito. Existe una Ley de Tierras (1997) en la cual se consagra la igualdad de derechos a la tierra para los hombres y para las mujeres. Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han venido trabajando con ahínco para divulgar los derechos de los agricultores tal y como se describen en la Ley, mediante la elaboración de folletos y la organización de reuniones en todo el país. A menudo se han dado incentivos a la creación de asociaciones y al apoyo a los agricultores y asociaciones en casos de conflictos por la tierra, y en la adquisición de tierras y títulos de propiedad sobre terrenos ya adquiridos.

La Ley del Trabajo (1998) protege a la trabajadora en temas relacionados con el embarazo y la licencia de maternidad. Sin embargo, a raíz de la falta de mecanismos apropiados que prohiban la discriminación contra la mujer en esas situaciones, no existen mecanismos capaces de permitir la acción legal en casos de discriminación demostrada. Tampoco existen instituciones ni instrumentos efectivos para proteger o defender los derechos de la mujer y para dar aplicación efectiva a las recomendaciones de la CEDAW.

No obstante, cabe encomiar la creación de Grupos Operativos en las Dependencias de Género del MMCAS en diversos Ministerios, así como las intensas actividades de varias ONG y otras organizaciones que trabajan en temas de derechos de la mujer, que han confiado en su mayor parte en los medios de información masiva para divulgar sus actividades.

Artículo 3 Desarrollo y adelanto de la mujer

Como hemos podido ver en capítulos anteriores, existen principios y voluntad política que se han expresado en forma de leyes en términos constitucionales. Se expresan en la prohibición de la discriminación por motivos de género. Además, la Constitución obliga al Gobierno a promover y sostener la emancipación de la mujer permitiéndole así la plena participación en el proceso social, económico y político en su conjunto.

Aunque en su plan quinquenal el Gobierno había puesto de relieve la necesidad de conceder oportunidades políticas y económicas a la mujer, en ausencia de otra legislación que pueda obligar oficialmente al Estado a poner en práctica ese compromiso y a falta de una Política Nacional de Género, ciertas instituciones, direcciones o departamentos que carecen de políticas de género en sus respectivos sectores, no asumen el compromiso ni lo acatan.

Con el propósito de dar aplicación y supervisar en la mejor forma los programas gubernamentales se creó el Grupo Operativo para el Adelanto de la Mujer (GO) para impulsar, supervisar y fiscalizar la aplicación de programas y políticas aprobados por el Gobierno en la esfera de la mujer y el género. En determinados ministerios y direcciones provinciales se crearon Dependencias de Género con la función de enlace con las direcciones y departamentos nacionales en varias actividades que promueven los temas de género.

Si bien es cierto que en determinados sectores los miembros del GO presentaron algún grado de dinamismo e iniciativa que influyeron en los cambios de actitud y percepción respecto de la mujer, en otros ámbitos esas dependencias no se desempeñaron efectivamente.

El marco institucional del Gobierno para aplicar el componente de género experimentó muchos cambios en 2000. El Ministerio de la Mujer y la Coordinación de la Acción Social (MMCAS) sometió al entonces Ministerio de Coordinación de la Acción Social (MICAS). Ese cambio está encaminado a dar mayor visibilidad a las cuestiones de género, considerando a la mujer en sus relaciones sociales como las determina la sociedad en su conjunto.

A nivel del MMCAS hay un proyecto de fortalecimiento de la capacidad, conocido como el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad en materia de Género en las Instituciones financiado por algunos donantes. Entre otras actividades, su propósito es reforzar la capacidad técnica institucional del ministerio para aplicar y coordinar los programas que promueven la igualdad y la equidad de género y mejorar la integración del género en todos los aspectos de los planes sociales y económicos. Hay, sin embargo, algunos problemas o limitaciones que comprometen el adelanto de la mujer, tales como:

Barreras culturales relacionadas con los papeles tradicionalmente definidos para las mujeres y los hombres.

Insuficiente conocimiento de la legislación y los derechos que defienden a la mujer.

Acceso desigual a la educación como consecuencia de esas limitaciones.

Fragilidad de las estructuras políticas y administrativas orientadas predominan-temente a los varones.

Limitación de la lucha de ciertas mujeres por sus derechos al discurso y vacila-ción ante los hechos (existe únicamente en forma teórica).

Nuevos retos para los cuales ni los hombres ni las mujeres están preparados, habida cuenta del cambio por el que atraviesa la sociedad mozambiqueña actualmente.

Artículo 4 Aceleración de la igualdad entre el hombre y la mujer

En la Constitución de 1999 se afirma que “El Estado promoverá y apoyará la emancipación de la mujer y actuará para mejorar el papel que cumple en la sociedad” (Artículo 57). El compromiso de acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer puede cumplirse mediante la acción afirmativa, la discriminación positiva, es decir medidas temporales que favorezcan a la mujer en esferas en las cuales ha estado tradicionalmente en desventaja con objeto de equilibrar la desigualdad existente entre los hombres y las mujeres.

Hay algunos aspectos de desigualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que hay urgencia de reparar. Por ejemplo, una madre no tiene derecho a decidir el número de hijos que le parece adecuado, tampoco se le permite que viaje sola con sus hijos sin autorización de su marido. No obstante, éste último puede tomar a sus hijos y viajar sin necesidad de pedir el consentimiento de su mujer.

Al tomar en consideración que la Constitución de la República, que es la ley fundamental de cualquier país y de ahí el motivo para que cualquier otra legislación siguiente la tenga por base (creando y adecuando sus disposiciones en forma tal que no se desvíen mucho de la Constitución), la situación ideal sería que no existiera en el país ninguna ley que tratara a las mujeres en forma diferente. Pero la realidad es otra.

Derecho Comercial

En el contexto del Derecho Comercial, una mujer casada sufre discriminación debido a que puede ejercer actividades comerciales únicamente cuando se lo permite su marido. Esa disposición legal es completamente anticuada porque la actividad comercial no estructurada se ha desarrollado plenamente gracias a las mujeres que, en la mayoría de los casos, no necesitan pedir permiso a sus maridos.

Otro factor que cabe considerar es que la mayoría de las mujeres mantienen hogares que dependen exclusivamente de las utilidades obtenidas de ese tipo de actividades. Actualmente se vienen introduciendo algunos cambios en el Derecho Comercial. En todo el país están en curso consultas destinadas a introducir profundos cambios que pueden adaptar el contenido de la legislación a la realidad actual del país.

Derecho Laboral

La Constitución de la República contempla los mismos derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Teniendo en cuenta el hecho de que las trabajadoras a menudo enfrentan la situación de la maternidad, se les conceden derechos especiales durante el embarazo, el período postnatal y durante la época de la lactancia.

A pesar de que la ley introduce algún tipo de discriminación positiva, a menudo los empleadores marginan a las trabajadoras, y en momentos de privatización y reestructuración de la mayoría de las empresas, las mujeres son los primeros blancos de las medidas de retracción económica. Esa situación crea grandes dificultades para las mujeres y sus familias.

Derecho a la propiedad

No debería haber discriminación alguna contra la mujer si se tiene en cuenta que el derecho a la propiedad implica la propiedad y el uso subsiguiente de la propiedad y su disponibilidad para sus propietarios (Artículo 1305 del Código Civil). La ley se acata en el caso de las mujeres solteras, viudas y divorciadas. Pero cuando se trata de mujeres casadas en el régimen de bienes gananciales, la ley define que tanto ellas como sus maridos necesitan la firma del otro para disponer de la propiedad (venderla). En la práctica, sin embargo, la ley exige más la autorización de los maridos, inclusive en el caso de un matrimonio que no está incluido en el régimen de bienes gananciales.

Conclusión

De conformidad con el Derecho Constitucional las mujeres no deben sufrir trato discriminatorio en Mozambique. Sin embargo, en la práctica se discrimina contra la mujer en varias formas. Por consiguiente, hay necesidad de que las mujeres luchen por sus derechos en forma tal que más temprano que tarde el Parlamento apruebe la legislación no discriminatoria, que esté en consonancia con el texto de la

Constitución y con las disposiciones del derecho internacional a las cuales Mozambique se ha adherido.

De la misma manera, la sociedad mozambiqueña en su conjunto debe luchar por obtener un cambio de mentalidad en varios niveles, en particular a nivel popular, porque es allí donde se prescinde del derecho consuetudinario de la mujer y, en consecuencia, las mujeres sufren la mayor discriminación.

Artículo 5 Papeles sexuales y funciones estereotipadas

A continuación figuran algunas de las prácticas culturales que impiden el adelanto de la mujer en la sociedad:

Ritos de iniciación;

Dote;

Matrimonios prematuros;

Poligamia.

La prestación de servicios domésticos es más alta entre las niñas, factor que contribuye en gran parte al bajo rendimiento en la escuela y a la deserción escolar. El bajo nivel de rendimiento escolar que tiene la mayoría de las niñas hace difícil que los padres o parientes inviertan en ellas. Prefieren invertir en los muchachos con el argumento de que ellos garantizarán la continuidad del linaje, en tanto que las niñas (según dicen) cuando se casan abandonan sus propios linajes familiares y adoptan los patronímicos, por ejemplo.

En los textos escolares y los medios de información masiva hay también varios estereotipos. En ellos se presenta a las niñas jugando con muñecas, lavando ropa y vajilla, etc.; mientras que a los niños se los presenta jugando con automóviles y esperando que se los atienda (sirva).

Otro resultado tiene que ver con las tareas que ha de cumplir cada uno de ellos. Las tareas que cumplen las mujeres, en particular en el campo, se relacionan esencialmente con la prestación de ayuda y la preparación de alimentos mientras que a los hombres se los retrata como responsables de ganarse el sustento y de traerlo al hogar.

Entre las medidas adoptadas para cambiar la modalidad de vida social y cultural de las mujeres comprenden las siguientes:

Promoción de la participación de la mujer en varios niveles de la educación. La aportación de la educación a la reducción de la pobreza ha supuesto que se asigne mayor importancia a la mejora sustancial de la eficiencia en la educa-ción, en especial en la educación primaria, aunque juntamente con el desarrollo de modelos educativos alternos, tales como campañas de alfabetización de adultos y de jóvenes.

Consideración prioritaria de los conceptos, aplicación y elaboración de progra-mas de atención de la salud de mujeres y niños, concediendo u otorgando sub-venciones a los hogares o familias más necesitados.

Promoción de la conciencia o campañas para la mujer, comunicándoles sus derechos, inclusive el derecho a estar libres de la violencia intrafamiliar, el derecho a la defensa propia y a una mayor participación en órganos encargados de adoptar decisiones en todos los niveles y en todas las esferas de la vida polí-tica, social y económica, velando por la igualdad de la oportunidad y acceso.

Los esfuerzos que se realizan para eliminar estereotipos respecto de los hombres y de las mujeres son los siguientes:

Promoción de los derechos de la mujer;

Promoción de la igualdad de oportunidades;

Creación de comisiones para que las mujeres y los hombres de Mozambique puedan participar, sobre una base de igualdad, en las esferas de la vida pública;

Seguridad de que se incorpore la perspectiva de género en todos los planes y programas de desarrollo en Mozambique.

En cuanto a la ley, es importante mencionar nuevamente que según la Ley de la Familia el hombre es la cabeza de la familia y que la mujer está relegada al papel de administradora del hogar.

Se debe agilizar el proceso de aprobación de la Nueva Ley de la Familiacon todas las modificaciones que necesita y tal como ha sido propuesta por las ONG y otros miembros de la sociedad civil.

Se debe modificar el programa de estudios escolares en forma tal que intro-duzca los principios de la igualdad entre los hombres y las mujeres en las rela-ciones de género. Se debe introducir ese concepto en los libros que contienen imágenes estereotipadas.

Se debe educar a la sociedad, comenzando por los padres, de manera que en la educación de sus hijos sea posible instilarles el principio de la igualdad de género.

Se debe organizar campañas de concientizacióndestinadas a los jóvenes, los magistrados y la comunidad en general sobre temas de relaciones e igualdad de género.

Artículo 6 Explotación de la mujer

Durante la guerra, las mujeres fueron víctimas de secuestros, violaciones, azotes, profundos traumas y vivieron carentes de toda condición de supervivencia tanto como personas desplazadas como en calidad de personas que retornaron a su país o zonas de origen después de la guerra. Carecían de condiciones mínimas de vida y protección. En las situaciones de paz, las mujeres siguen siendo víctimas de abusos frecuentes perpetrados en su contra que se manifestaron como agresiones físicas, violaciones sexuales y muchas otras.

En las zonas urbanas donde la violencia está generalizada, las mujeres sufren violaciones que se manifiestan como el trato que reciben de algunas instituciones privadas y del Gobierno, inclusive en espacios públicos. Eso sucede a la vista de los encargados del orden público y de la sociedad en general que lo observan con indiferencia.

La violencia contra la mujer es una manifestación de las desigualdades de poder entre los hombres y las mujeres y de las diferencias de acceso a los recursos económicos de que dispone la familia. Las presiones sociales agravan la violencia contra la mujer, en particular la vergüenza de denunciar determinados actos malévolos que se perpetran contra la mujer. La falta de acceso a la información, la falta de protección y la ausencia de asistencia letrada son otros factores que agravan la violencia contra la mujer. Con esa filosofía en mente, la sociedad civil y las instituciones gubernamentales han incorporado en sus programas algunas medidas especiales cuyo objeto es:

Crear y promover mecanismosde protección y apoyo a las víctimas de la violencia, en particular las mujeres y los niños.

Elaborar programas multisectoriales de prevención, que comprendan componentes de asistencia letrada, salud y asesoramiento.

Conceder incentivos a la creación de lugares residenciales de precio razonable y albergues temporales, donde se pueda ayudar o apoyar a las víctimas de la violencia.

Revisar con urgencia el Código Penal y el Código Civil del país con miras a reforzar la protección e integridad física de la mujer, y de promover su desarrollo.

Iniciar una revisión y aprobación especiales de la Ley de la Familia examinando la cuestión de los regímenes jurídicos que perpetúan la existencia de una relación basada en la desigualdad entre los hombres y las mujeres, teniendo en cuenta la igualdad de administración de los bienes en común, su goce y adquisición y disposición de muebles y otros bienes. Otro tema que no se debería olvidar es el reconocimiento de pensiones de alimentación a las mujeres, y el derecho a la adopción. Debería haber asimismo un estudio a fondo de la forma de tratar a las uniones consensuales y al mejor régimen jurídico que aplicarles.

Ratificar otras convenciones de las Naciones Unidas y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen a la mujer.

Educar a las mujeres y lograr que tomen conciencia de la esencia de la legis-lación nacional y de las Convenciones Internacionales que protegen los derechos de la mujer utilizando para ello volantes, programas de radio difusión, televisión y otros métodos.

Estudiar las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas jurídicas.

Los estudios realizados en Mozambique revelan que el 50% de los casos de violencia declarados tienen que ver con el abuso sexual.

En la capital del país, por lo menos de 5 a 10 mujeresson víctimas de la violencia física cada día, y cada mes mueren dos mujeres, la mayoría de ellas abusadas por sus maridos. En 1999 solamente, Kulaya, ONG local atendió a 500 mujeres víctimas de la violencia.

Entre las organizaciones que intervinieron en programas de lucha contra la vio-lencia están Kulaya, CERPIJ (Centro de readaptación psicológica para la infancia y la juventud), AMME (AsociadoMoçambicana Mulher e Educaçao), el Centro de Estudios Africanos (CEA) de la Universidad Eduardo Mondlane (UEM), Ministerio de Salud (MISAU-Departamento de Salud Mental), MMCAS y OMM (Organización de Mujeres de Mozambique). En conjunto, esas organizaciones constituyen el movimiento TCV (Todos contra la Violencia). Cada una de las organizaciones o instituciones participantes desarrolla sus actividades en determinadas esferas de trabajo. Kulaya presta servicios de asesoramiento y asistencia, la creación de albergues es responsabilidad de OMM y de MMCAS. AMME trabaja con niñas y maestras y la investigación se realiza con los auspicios del CEA.

Programas ejecutados por el Ministerio del Interior en la lucha contra la violencia

Cursos y asistencia.

En el Programa de Estudios de Adiestramiento de la Policía se incluyen temas relativos a los derechos de las mujeres y los niños, y asistencia a las víctimas de la violencia intrafamiliar.

Programa de asistencia especial a las víctimas de la violencia en todas las sec-cionales de policía.

Toma de conciencia encaminada a las mujeres y a la sociedad en general de manera que las niñas jóvenes ingresen en las seccionales de policía conscientes de sus derechos con arreglo al programa de lucha contra la violencia.

Financiación de becas cuyo objeto es aumentar el conocimiento de las mujeres que trabajan con la policía, a fin de garantizar que compitan en condiciones de igualdad con sus contrapartes varones por los puestos ejecutivos disponibles en la fuerza.

Programa de concientización destinado a las policías con referencia al programa del Gobierno después de Beijing, y creación en las provincias de núcleos para los programas de desarrollo destinados a mujeres policías.

En el plano económico, el PNUD proporcionó fondos concretos, por la suma de 40.000,00 dólares EE.UU. para que fueran incluidos en programas de capacitación concebidos para la policía sobre temas de derechos de las mujeres y los niños dentro del programa más amplio de reestructuración de la policía.

a)Dificultades

Falta del apoyo económico necesario para hacer frente a los gastos de todas las actividades previstas;

Deficiente difusión de la información, a raíz de la falta de fondos;

Legislación inadecuada, anticuada, sobre la violencia intrafamiliar. Está en curso una nueva reforma de la legislación o jurídica que incorporará medidas más eficaces contra la violencia, en particular la violencia intrafamiliar.

b)Programas futuros

Adiestramiento de la policía en temas relacionados con los derechos de la mujer y la asistencia a las víctimas de la violencia; introducción de esos cursos en los programas de la Academia Superior de Ciencias Policíacas;

Continuación de la asistencia a las víctimas de la violencia en las seccionales de la policía, aumento del número de seccionales que participan en el programa;

Organización de programas de concientización para las mujeres que integran la Fuerza de Policía;

Recaudación de fondos para becas para promover cursos de nivel universitario para las mujeres policías.

Abuso sexual y prostitución infantil

Aunque la prostitución es ilegal en Mozambique, la magnitud que ha cobrado en los últimos años ha sido aterradora y ha pasado a ser un motivo de profunda inquietud para los profesionales de atención de la salud. La prostitución guarda una estrecha relación con las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). La información existente sobre el SIDA revela que las mujeres son cada vez más vulnerables a raíz no solamente de una mayor vulnerabilidad biológica a las infecciones, sino también a su posición subordinada en las relaciones sexuales. Eso significa que aún cuando las prostitutas pueden conocer la necesidad de utilizar preservativos, su empleo efectivo para evitar las ETS se hace prácticamente imposible. Las principales causas del fenómeno de la prostitución son la pobreza, la degradación de los valores y costumbres socioculturales, la alienación cultural, el desempleo, la falta de educación entre los niños, el creciente consumismo y las prácticas culturales negativas para mencionar algunas. Cabe señalar que la mayoría de esos factores son comunes a la prostitución en general.

Un estudio de 300 niños en la Ciudad de Maputo revela que la mayoría de la infancia prostituida está constituida por niñas de numerosas familias migrantes. Se sabe asimismo que por lo general los homosexuales fomentan la prostitución masculina. En el mismo estudio se observó que el 18,4% de los niños encuestados sostenían a sus familias con las ganancias obtenidas de la prostitución, y que parte de esos niños procedía de familias estables.

El fenómeno de la prostitución infantil se manifiesta de varias maneras: en algunos casos, los niños visitan las arterias de la ciudad, los restaurantes, pensiones y clubes nocturnos en busca de cualquier “cliente que pueda pagar”. En otros, hay adultos que trabajan como empresarios y facilitan el contacto entre los niños y el cliente y se guardan las utilidades. Un 34,0% de los niños encuestados en el estudio “The other side of an Easy Life” dividen sus ganancias con alguna otra persona (SARDC et al: 2000).

Con referencia al abuso sexual, se sabe que no sucede ya solo con niños de familias desamparadas, sino también con niños de familias que no están tan económicamente debilitadas como las primeras. El abuso sexual es un tabú y, a veces, se practica en las familias y las víctimas conocen a los perpetradores. En la mayoría de las veces, los casos de abuso sexual jamás llegan a los tribunales de justicia. Por ejemplo, en 1996, el Tribunal Judicial de la Ciudad de Maputo recibió tan sólo dos casos. Por una parte, esa situación es resultado de que la mayoría de las familias prefieren resolverlos fuera de los tribunales mediante indemnizaciones o matrimonios para “lavar la cara y limpiar el honor de la familia”, y por la otra, a raíz de la falta de conocimiento del sistema jurídico y por las irrazonables demoras en el sistema de tribunales del país.

Las consecuencias de la práctica de la prostitución y del abuso sexual son muchas. Una de ellas, son las ETS, como se ha señalado anteriormente, y el deceso a causa del aborto, que vienen a sumarse a los embarazos y nacimientos no deseados, uso involuntario de drogas, morbilidad física y mental y degradación de la fibra social.

Es necesario tener una mejor comprensión del fenómeno de la prostitución y el abuso sexual en Mozambique debido a que hay muy pocos estudios sobre ese tema Un planteamiento sociológico y multisectorial de ese problema puede facilitar una intervención que elimine la culpa de los niños que participan en la prostitución o que son víctimas del abuso sexual. Un mayor número de estudios de ese tema no permitirá solamente una mejor comprensión de esos fenómenos sino también contribuirá a encontrar mejores métodos e instrumentos para combatirlos. El hecho de no adoptar medidas destinadas a conocer la verdadera situación de esos fenómenos a fin de que se pueda evitar la participación de un mayor número de niños en ellos, y la falta de apoyo a las organizaciones que ya trabajan en esos temas pueden comprometer la mayor parte del futuro del país.

Actividades en curso

Campañas de concientización contra el fenómeno, simultáneamente con la recopilación de mayor información en todo el país a fin de adquirir mejores conocimientos del fenómeno.

Examen de la legislación sobre el abuso sexual.

Campañas contra la prostitución infantil, de alcance multisectorial y multi-disciplinario.

Artículo 7 Vida política y pública

Las causas de discriminación contra la mujer que presenciamos actualmente no pueden considerarse una nueva fase de la misma cultura hegemónica de hace siglos. Emana de un nuevo referente que cuestiona los espacios políticos y públicos y permite inferir cambios del actual sistema de género basado en la desigualdad.

El derecho de las mujeres mozambiqueñas a participar en la vida política y pública del país está garantizado por la Constitución del país. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de categoría superior en los sectores público y privado es más bien reducido. Ciertamente, las mujeres están insuficientemente representadas en el sector público y entre las que ya trabajan, muy pocas de ellas ocupan puestos de categoría superior. Hay muchas barreras que se oponen a su participación: la familiar, la baja escolaridad, las tradiciones y la ausencia de políticas coherentes destinadas a alentar a las mujeres a que asciendan y ocupen puestos de categoría superior o de liderazgo.

Además de la necesidad de eliminar esas barreras, la plena participación de la mujer necesita la existencia de un sistema separado que trabaje exclusivamente en favor del adelanto de la mujer. Un sistema de esa índole debería tener un componente de apoyo, debido a que como madres conectadas a sus familias, que atienden a sus hijos, no es frecuente que las mujeres estén en libertad de perseguir carreras públicas o políticas para cambiar su futuro.

Función	Varones	Mujeres	Total	Porcentaje
Parlamento	172	78	250	31,2
Partidos políticos:
	-FRELIMO	78	55	133	41,3
	-RENAMO–Unión electoral	94	23	117	19,6
Ministro	20	3	23	13,04
Viceministro	13	5	18	27,7
Secretario Permanente	13	4	17	23,52
Gobernadores provinciales	10	0	10	0
Directores Nacionales	141	33	174	16
Directores Naciones Adjuntos	59	12	71	16,9
Directores Provinciales	130	33	163	13
Directores Provinciales Adjuntos	11	3	14	21,4
Directores de Distrito	302	22	324	6,79
Administradores de Distrito	113	15	128	11,7
Jefes de Departamento	620	148	768	19,27
Jefes – Puestos Administrativos	288	10	398	2,51
Concejales	555	235	790	29,7
Fiscales Generales	1	0	1	0
Fiscales Generales Adjuntos	3	1	4	25
Embajadores	12	2	14	14,2
Jefes de Dependencia	399	157	556	28,23
Jefes de Sección	622	297	919	32,3
Alcaldes – Municipalidades	32	1	33	3,03

Fuente: Ministerio de Administración Estatal, mayo de 2002.

En el Parlamento, las mujeres representan el 31,2% del total de miembros, lo que confirma el salto cualitativo que ha dado el país para garantizar la igualdad de oportunidades y acceso en los distintos niveles y esferas de la vida económica, política, y social del país. Por otra parte, también a nivel del Parlamento, uno de los Presidentes Adjuntos; el que pertenece al FRELIMO, partido dominante; es una mujer.

La mujer en el sistema judicial

Según las tendencias mundiales, las actividades para desarrollar la participación de la mujer en el poder judicial son aún reducidas, en especial en algunos países del Sur. Los estudios realizados en el país a partir de 1990 han demostrado sin embargo el aumento gradual del número de mujeres en la función de jueces, que ejercen en los espacios de los que los hombres han sido desalojados.

Participación de la mujer en la Justicia

	1994-1997
Indicador	Número	H: M	GG	Fuente
Número de fiscales generales	79	14:86	54%	INAJ
Jueces profesionales	116	16: 100	86%	Ministerio de Justicia

Fuente: Ministerio de Justicia, 2000

Participación de la mujer en la justicia

	2000
Indicador	Número	M: H	GG	Fuente
División del trabajo en la asistencia letrada	Ministerio de Justicia
Jueces Profesionales Efectivos	73	16:57	94%
Especialistas jurídicos	141	32:68	36%
Abogados	86	15:85	70%

Fuente: Ministerio de Justicia, 2000

La mujer en el Poder Legislativo

En comparación con la escala continental (con excepción de Mauricio que tiene más mujeres parlamentarias) y en el plano internacional, las mujeres mozambiqueñas están representadas equitativamente en el Parlamento.

En la legislatura actual, el número de mujeres en el Parlamento ha aumentado considerablemente de la forma siguiente:

Grupo del Partido FRELIMO – de los 133 miembros del Parlamento, 54 son mujeres;

RENAMO – Unión Electoral – 23 de los 117 miembros del Parlamento son mujeres.

El total es de 77 mujeres, es decir 30,8% del total de miembros del Parlamento. En ese mismo período legislativo, una mujer fue designada para el puesto de Jefe Adjunto de uno de los grupos, y dos mujeres fueron nombradas en la Comisión Permanente. Esos datos confirman que en el país se hacen algunos esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios institucionales en los distintos niveles y esferas de la vida: políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la participación y la presencia de la mujer en puestos de poder no siempre significa que tengan acceso y control de los recursos y de la adopción de decisiones.

Elecciones Municipales de 1998: Representación de hombres y de mujeres en las Asambleas Municipales, por región

	Total	Porcentaje	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
Meridional	254	32	175	69	79	31
Central	277	35	197	71	80	29
Septentrional	259	33	183	71	76	29
MOZAMBIQUE	790	100	555	70	235	30

Fuente: Ministerio de Administración Estatal, 2000.

Se observa en estos datos un incremento considerable en lo que atañe a la participación de la mujer y en todas las esferas de la vida y la lucha subsiguiente por sus derechos en materia de igualdad de oportunidades con los hombres. Aún así, les queda mucho trecho por recorrer, a raíz de su limitación de acceso a otras oportunidades que las colocan en una situación de desigualdad, producto en su mayor parte de situaciones de exceso de volumen de trabajo.

El porcentaje de mujeres que ocupan puestos en las esferas política y pública sigue siendo mínimo. Persisten las desigualdades en la proporción de hombres a mujeres en las ciudades. Los obstáculos que se oponen a la participación de la mujer son muchos, a saber:

Valores y tradiciones culturales en los cuales el hombre desempeña un papel dominante;

Bajo nivel de escolaridad; y

La naturaleza de algunas leyes, tales como la Ley Comercial, Ley sobre la Paternidad y el Código Penal.

Cabe señalar aquí que, antes de las elecciones de 1994, la participación de la mujer en puestos de poder en los servicios públicos y políticos pertinentes era prácticamente nula.

Artículo 8 Representación y participación en el plano internacional

La Constitución menciona la igualdad de derechos y de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, en la práctica no existe ni un sólo ejemplo que citar, y en el plano diplomático había solamente una mujer.

Actualmente, las mujeres tienen un nivel de educación académica que les permite representar al país en el exterior, aunque el número de ellas en esta esfera es reducido. Algunas mujeres han participado en las reuniones regionales de la SADC con el objetivo de definir estrategias compartidas para la aplicación del Plan de Acción después de Beijing y el establecimiento de mecanismos de coordinación locales.

Representantes diplomáticos y consulares de Mozambique, por género

Puesto	Mujeres	Hombres	Total
Cónsul	0	4	4
Cónsul General	0	1	1
Embajador	1	13	14

Si bien es una realidad que las mujeres han tenido la oportunidad de formar parte de delegaciones gubernamentales en viajes al exterior, al parecer el Gobierno no cuenta con ningún programa cuyo objeto sea alentar a las mujeres para que entren a formar parte de organizaciones internacionales. Las ONG nacionales e internacionales han hecho un gran esfuerzo por alentar a las mujeres a que participen en organizaciones internacionales, así como para exhortar al Gobierno a que dé prioridad a las mujeres.

Artículo 9 Nacionalidad

En el marco del proyecto de la Constitución Revisada de la República, el tema de la nacionalidad es motivo de discordia en Mozambique. La legislación del país concede iguales derechos a las mujeres en la medida en que se trata de la ciudadanía de sus hijos. Pero aún existen algunas lagunas en lo que se refiere al matrimonio. Una mujer extranjera que contrae matrimonio con un nacional de Mozambique puede adquirir la nacionalidad mozambiqueña. Sin embargo, no se concede ese mismo derecho a un extranjero que se case con una mujer mozambiqueña.

Artículo 10 Educación

La Política Nacional de Educación que establece la visión del sector y las principales intenciones y prioridades para su desarrollo tiene como objetivo principal la expansión del acceso a la educación para un mayor número de niños y para mejorar la calidad de los servicios prestados en todos los niveles de la enseñanza. Partiendo de esa base, se elaboró un Plan Estratégico de Educación (PEE) que sirviera de instrumento de planificación y movilización de recursos en función de los pilares siguientes:

Incremento del acceso a la educación y la equidad;

Mejora de la calidad y pertinencia de la educación;

Refuerzo de la capacidad institucional del Ministerio de Educación en los distintos niveles de administración.

La Política Nacional de Educación y las estrategias de intervención representan un llamamiento a la participación de agentes sociales: ONG, asociaciones, organizaciones religiosas y la sociedad civil. Se aclaran la función del Estado en la gestión de la educación y el espacio de intervención de todos los interesados en el proceso. En el marco de las competencias que se le confieren en su mandato, corresponde al Estado la tarea de movilizar recursos, lanzar iniciativas, crear normas y regular y legislar la materia, aprobar a los agentes estatales, tal y como lo regula la ley fundamental. La respuesta positiva a esos temas que han dado los agentes combinada con la acción del Estado ha permitido que en el momento presente se estime la respuesta en el 100%, que se compara con los índices que Mozambique había alcanzado en 1983, tras la introducción del Sistema Nacional de Educación.

El acceso de la mujer a la educación ha de considerarse en función de la educación en el Mozambique colonial, así como a la luz de los conflictos armados. Además del factor de discriminación que caracterizó a la educación colonial en África, existen también factores socioculturales, incluida la educación tradicional, que en forma prácticamente invariable contribuyen a la falta de libertad y de posibilidades para el acceso de la mujer a la educación. Esas limitaciones vienen a sumarse a las que son producto de la realidad del país, que enfrenta varios problemas tales como la dispersión de la red escolar, las condiciones del funcionamiento de las escuelas y el nivel de pobreza en el que vive la mayoría de las familias, pese a que la escuela primaria es gratuita.

Las estadísticas de educación correspondientes a 2000 con que se cuenta, indican lo siguiente:

43% de los escolares en escuela primaria inferior y escuela primaria superior son niñas;

28% de las matrículas escolares a nivel preuniversitario corresponde a niñas;

25% de los estudiantes universitarios son mujeres.

Uno de los problemas de mayor magnitud en la educación es la elevada tasa de repetición observada en todos los niveles de educación; afecta a todas las provincias sin excepción; cobra características homogéneas en los entornos agrícola y urbano; tiene un componente de género, es decir, se presenta más entre las mujeres estudiantes que entre los hombres. En la escuela primaria inferior, la proporción de aplazados entre 1987 y 1999 representó el 25% como promedio. Se calcula que el 30% de los alumnos de enseñanza primaria inferior como promedio repite los cursos por lo menos una vez. El panorama se presenta otra vez en la escuela secundaria, con la particularidad de que los índices de recapitulación son más elevados: 46,5% para los varones y 53,5% entre las niñas.

Cuanto más se adentra uno en la región septentrional, se agudiza la desigualdad, en particular en las provincias de Zambézia, Niassa y Cabo Delgado. En los distritos de esas provincias se presentan situaciones críticas. La tasa de fracaso es mayor.

Hay varios factores que explican el fenómeno mencionado en párrafos anteriores. Algunos de esos factores son intrínsecos en el sistema propiamente dicho, tales como la calidad de la educación, la disponibilidad de material didáctico, la idoneidad de los maestros y de la educación que se imparte y el elevado índice de maestro a alumno. En términos mundiales, hay pocas niñas que pueden terminar satisfactoriamente la enseñanza básica. Entre las que completan su educación muy pocas, y a raíz de las dificultades de acceso a la Educación Secundaria General, o profesional, o ambas, cabe decir que aún menos de ellas pueden seguir adelante si el Gobierno no tiene la voluntad de promover efectivamente la educación de las niñas.

Una promoción de esa índole exige:

Una política claramente definida, con indicadores de acceso capaces de promover y orientar las acciones del Gobierno respecto de la educación de las niñas.

Una política clara respecto del número de vacantes reservadas preferencialmente para las niñas, en cada curso o nivel de educación. Esas políticas deben ser igualmente claras en cuanto al posible empleo de los estudiantes que terminan sus estudios, en función de puestos de trabajo vacantes.

Número de maestros por provincia:

Educación básica

	Mujeres	Total (hombres/mujeres)	Porcentaje (mujeres)
Cabo Delgado	164	2 193	7,45
Niassa	180	1 300	13,84
Nampula	551	4 768	11,55
Zambézia	570	4 765	22,01
Tete	502	2 280	11,55
Manica	291	1 502	11,96
Sofala	–	–	–
Inhambane	729	2 170	33,59
Gaza	928	2 036	45,57
Provincia de Mamputo	688	1 464	46,99
Ciudad de Mamputo	1 264	2 198	57,50

Fuente: MINED 2001.

Observaciones:

Cuanto más se adentra uno en las provincias septentrionales de Mozambique, menor es la presencia de maestros de nivel de escuela primaria inferior.

Los problemas fundamentales de acceso a la escuela primaria inferior reverberan inmediatamente. Los cursos de capacitación de maestros de escuela primaria inferior se basaban en la contratación de los que acababan de graduarse de ese nivel. En ese nivel las niñas tienen acceso, pero hay muchas desertoras. Hay problemas de eficiencia de gestión. Todo parece coincidir para la escasa confluencia y éxito de la participación en ese lugar de trabajo. Por otra parte, hay necesidad de ampliar la red escolar en ese nivel. Una forma sería transformar las escuelas de educación básica en escuelas completas de primer grado, es decir de los grados primero a séptimo.

Los esfuerzos destinados a cambiar la dirección de esa situación están en curso. En 1999 encontramos los siguientes porcentajes de maestros en la enseñanza primaria y secundaria:

Escuela Primaria Inferior C – 24,9%

Escuela Primaria Superior – 18,8%

Escuela Secundaria de Primer Ciclo – 15,6%

Escuela Secundaria de Segundo Ciclo – 14,5%.

Una observación más general acerca de la participación de las niñas, los desertores y el rendimiento señala lo siguiente: hay pruebas más que suficientes de que la mejor participación de los niños en la enseñanza primaria queda demostrada cuando hay maestras mujeres. En un contexto de analfabetismo, en el cual la superstición y otros tabúes se vinculan comúnmente con el fracaso escolar, es muy razonable creer que la presencia de un maestro puede llegar a ser un sólido factor de motivación para disminuir los abandonos y restablecer el equilibrio emocional y la seguridad de las familias, que a menudo están muy ansiosas por retirar a sus hijas de la escuela por el temor de los embarazos no deseados y del abuso sexual. En consecuencia, el esfuerzo que hace el país por promover la participación de las niñas en la educación tendrá que ser complementado con medidas destinadas a alentar a las mujeres a que participen en cursos de formación de maestros, e inclusive a que soliciten empleo en trabajos auxiliares en el sistema escolar.

Ese deseo tendrá que materializarse mediante políticas de promoción de la educación de las niñas con incentivos, tales como los que ya existen en algunas instituciones educativas que pueden incluir becas y subvenciones de apoyo, ventajas y protección en el internado, así como el mejoramiento de los servicios sociales internos relacionados con las instituciones escolares.

Verdaderamente, se hacen algunos esfuerzos para mantener a las niñas a nivel de escuela primaria con objeto de disminuir la tasa de abandono, y mantenerlas para que por lo menos concluyan el séptimo grado, o la educación básica. Siguiendo ese principio ya se han establecido algunos proyectos en las provincias, que abarcan a un buen número de distritos. La distribución de materiales escolares básicos a todos los niños es gratuita, y en los primeros años de escuela en la educación primaria, las niñas están eximidas del pago de matrícula.

Entre las causas internas que repercuten negativamente en la educación de las niñas, se debe mencionar las siguientes:

La realidad sociocultural y económica de las estudiantes (dificultades económicas, ritos de iniciación, tabúes, prácticas religiosas, ampliación de la red escolar);

La escasa capacidad de administrar el sistema educativo;

La falta de maestros;

La falta de recursos económicos y materiales destinados a Educación;

La débil articulación de la comunidad y su participación en la vida de las escuelas;

La ausencia de servicios escolares y de servicios de apoyo, inclusive de servicios de asesoramiento en las escuelas y en coordinación con las comunidades locales.

Esos servicios tendrían una importante función que cumplir tanto en la preservación como para combatir las tasas de deserción, en la promoción de la motivación de estudiantes y de maestros. Además, esos servicios podrían proponer recomendaciones y sugerencias concretas para cada comunidad sobre temas relacionados con la práctica de la educación tradicional que se considera necesario preservar o desalentar; los aspectos del programa de estudios que se han de revisar, así como el nivel de las políticas de gestión y administración que podrían aportar a la legislación en cuanto a la forma de lidiar con los embarazos en la escuela. Actualmente, las disposiciones son poco claras, no se refieren concretamente al tratamiento que se ha de dar a la niña que se encuentra en esa situación. Con la competencia de esos servicios, será necesario aprobar y elaborar políticas que eliminen las desigualdades de género en el tratamiento de esos casos.

Actualmente, el acceso a la educación secundaria es difícil. La red de escuelas de ese nivel sigue siendo deficiente. En función de la cobertura, en 1999 la educación secundaria absorbió a apenas 64.000 estudiantes en el primer ciclo y a 8.000 estudiantes en el segundo ciclo, lo que equivale a una tasa bruta de escolaridad del6% y del 1%, respectivamente. La asistencia en ese nivel de educación implica estar en un internado, que no siempre está disponible, por falta del número suficiente de internados para atender a los estudiantes en condiciones razonables de funcionamiento.

Con las dificultades de acceso resultantes de la limitación de la red escolar, y al carecer de políticas claras en cuanto a la promoción del género y la equidad, es muy evidente que las barreras que las niñas tienen que superar son enormes.

En consecuencia, es urgente que el esfuerzo del Gobierno en la esfera del apoyo material que ofrece actualmente a las niñas quienes, en determinadas condiciones, tienen acceso a becas, complemente esa labor con una definición de los mecanismos de apoyo al acceso a ese nivel, así como con la definición del apoyo y la promoción en niveles inmediatamente inferiores. En esas políticas se debe tener en cuenta la realidad sociocultural, las expectativas de la familia y sus capacidades.

En el plano nacional, y en todos los niveles de enseñanza (primaria, secundaria y universitaria) las niñas y los jóvenes, hombres y mujeres, estudian las mismas materias y están matriculados o siguen los mismos programas de estudios cuando asisten a los mismos cursos. Las niñas tienen ciertos conocimientos de las opciones disponibles, pero es necesario alentar y educar a sus familias y a la sociedad respecto de las ventajas de esas oportunidades que la educación proporciona.

Esa situación denota que será un proceso prolongado que exigirá grandes esfuerzos para cambiar las actitudes de la sociedad.

Porcentaje de mujeres graduadas en el país (duodécimo curso) 1997

	Niñas	Niños
Educación primaria inferior	38,3	61,7
Educación primaria superior	36,7	63,3
Educación secundaria de primer ciclo	34,1	65,9
Educación secundaria de segundo ciclo	38,4	61,6

Fuente: MINED 2001.

Formación profesional de mujeres en el país

	Estudiantes	Mujeres (Porcentaje)	Hombres (Porcentaje)
Nivel universitario	416	9,4	90,6
Agricultura	77	16,9	83,1
Industria	236	4,2	95,8
Comercio	103	15,5	84,5

Fuente: MINED 2001.

En la información correspondiente a 1999 se observa que la distribución de la población estudiantil en la educación universitaria pública, por sexo, sigue favoreciendo a los varones, a pesar de los adelantos logrados en esa esfera. En forma global, la participación femenina representa el 25,2% del total. En la distribución por cursos, se presentan desigualdades pronunciadas. Por ejemplo, en algunos cursos de la Universidad Eduardo Mondlane, entre los estudiantes matriculados en cursos de ingeniería, arquitectura y de ciencias de la computación, los índices registrados para las mujeres y para los hombres eran del 7% contra el 93%, el 10,9% contra el 89,1% y del 18,7% contra 81,3%, respectivamente.

En general, hay un amplio desequilibrio de género entre los hombres (75,4%) y las mujeres (24,6%). Esa relación no ha variado desde 1992, los porcentajes correspondientes a las estudiantes fluctuaron del 23,5% al 25,8%. Aunque en número limitado, hay garantías en función de las becas disponibles. Actualmente, la intención es ayudar a que los estudiantes que tienen dificultades para pagar el costo de sus estudios sean seleccionados en el nivel preuniversitario,

En el ejercicio académico 2000 a 2001, la Universidad Eduardo Mondlane (UEM) concedió 120 becas completas a estudiantes mujeres y proporcionó vivienda a otras 72 estudiantes. Esa cantidad representa un aumento de más del 100% en relación con 1995 y 1996, cuando el número de estudiantes mujeres que vivían en la residencia universitaria era apenas 85.

Artículo 11 Empleo

Tras la aprobación de la Plataforma de Acción después de Beijing por parte del Gobierno, y ante el cambio de las políticas sociales y económicas introducidas en el país por la Constitución de 1990, en consideración de la dinámica impuesta por la opción a favor del sistema de economía de mercado, hay necesidad de introducir ajustes estructurales y funcionales en la administración del trabajo de manera que se pueda, con eficacia, profesionalismo y eficiencia, responder a los requisitos modernos de un país que emerge de un prolongado conflicto armado.

La función que el Ministerio del Trabajo ha desempeñado y continúa desempeñando, y las experiencias recogidas en el proceso de reintegración económica y social, así como la reinserción en la fuerza laboral activa de grupos de personas desplazadas por la guerra y de exiliados que retornan al país, constituyen un importante factor en la reflexión necesaria y posible para reestructurar el sistema de administración de Mozambique, de la misma manera que las presiones sociales que exigían la democratización de las instituciones fueron una prueba para las capacidades nacionales de restablecer un entorno propicio para las reformas jurídicas, en el marco del trabajo.

En esa línea de competencias y en relación con los beneficios del trabajo, tomando en cuenta el marco legal del trabajo vigente en el país, hay igualdad de derechos de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, en lo que atañe al respeto y el tratamiento. El derecho a la remuneración se ejerce en función de la cantidad y la calidad del trabajo cumplido, y la competencia para acceder a puestos de mayor categoría se ejerce en función de calificaciones académicas, experiencia, resultados obtenidos en trabajos anteriores, necesidades del empleador y las necesidades de la economía nacional. Para ambos géneros hemos observado prestaciones de protección, seguridad e higiene industrial, asistencia médica y de salud, indemnización en casos de accidentes laborales o de enfermedades relacionadas con el trabajo.

Con miras a dar aplicación a algunas leyes laborales que no fueron objeto de negociación colectiva, mediante el Decreto No. 33/90 de 24 de diciembre, el Gobierno estableció el derecho a la negociación colectiva que es una de las fuentes indispensables de libertad de sindicalización y un medio importante para la promoción de los derechos e intereses de los trabajadores y los empleadores. Individualmente o por conducto de otras leyes conexas, constituye una forma privilegiada de composición de esos grupos de interés social y regulación de conflictos que a veces se les han opuesto, contribuyendo así a la creación de un entorno social para el bienestar social y la paz.

En esas circunstancias, hasta diciembre de 1997, el sector laboral había registrado las tendencias siguientes compiladas en centros de empleo: solicitudes de empleo recibidas de mujeres – 155; puestos ofrecidos – 51.

Grupo etáreo	Número de desempleados	Porcentaje
18 a 19	2 334	16,51
20 a 24	6 266	36,27
25 a 29	4 824	27,92
30 a 34	2 703	15,64
Mayores de 35	1 145	6,64
Total		99,96

Fuente: MITRAB 2001.

Sin que se hayan registrado reducciones de haberes, las mujeres no se han sometido al trabajo nocturno, a trabajos extraordinarios ni al desplazamiento de su lugar habitual de trabajo, a menos que fuera a solicitud propia o para atender sus mejores intereses. Las mujeres tienen derecho a la lactancia dos veces al día cada una de media hora, sin pérdida de jornales por un período máximo de un año; el derecho a una licencia de maternidad de 60 días que comienza 20 días antes de la fecha probable del alumbramiento.

La mujer trabajadora mozambiqueña tiene derecho a que se la respete y dignifique, y los empleadores están prohibidos de despedirla por motivos de discriminación o exclusión social. La violación de los derechos y obligaciones de la mujer le confiere el derecho a recibir elevadas indemnizaciones, más o menos el doble de su sueldo básico.

Con referencia al sistema de seguridad social, el Decreto No. 17/88 de 27 de diciembre establece la base para el ascenso y la inscripción de trabajadores y empleadores incluidos en el sistema de seguridad social. Actualmente el sistema está en proceso de ampliación a toda la población definida según la ley, en función de las capacidades del sistema y teniendo presente el costo de vida y, por último, se extiende también a los trabajadores migrantes.

En el empleo, se hacen esfuerzos para establecer políticas respecto de la creación de oportunidades de empleo y del adiestramiento de la mano de obra, la formación profesional e integración de la juventud, los soldados desmovilizados, las mujeres y otros grupos difíciles en la fuerza laboral. En el sector de promoción de empleos, hasta fines de 1997 se encontró colocación para 358 mujeres, que representan el 11%, y se ayudó a otras 369 en la creación de microempresas favorables a la mujer, esta última cifra corresponde al 11,8%.

En Mozambique aún prevalece el sistema de remuneración de “igualdad de pago por trabajo de igual valor”. El sueldo mínimo nacional queda determinado en la mesa de negociaciones de la Comisión Consultiva del Trabajo, en la cual están representados el Gobierno, los empleadores y los sindicatos.

Por otra parte, la codicia por percibir utilidades y el máximo beneficio de la inversión muchas veces han renunciado a los principios de protección de la mujer y de su familia, de la seguridad social en casos de discapacidad temporal o permanente de los trabajadores. En función del Convenio No. 150 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de su Recomendación No. 158 (sobre la administración del trabajo) si bien aún no han sido ratificados por el país, Mozambique ya enfrenta problemas de exclusión social de las trabajadoras, en particular en los sectores agrícola y no estructurado; lo mismo ocurre con los discapacitados y los trabajadores que han contraído SIDA.

Hay grupos sociales que concitan la mayor preocupación del Gobierno en la esfera de la mano de obra, con particular atención a la población de desplazados en los centros urbanos y la periferia, habida cuenta del alto riesgo que amenaza a la paz y la estabilidad social futuras del país. En esa perspectiva, además de disposiciones concretas de la futura legislación laboral, el Gobierno ha cumplido las tareas siguientes, entre otras:

Promoción de programas e iniciativas destinados a la reinserción socioprofesional de los desplazados y de las personas con discapacidades físicas;

Movilización de recursos para la concientización e información de empleadores y trabajadores, y de la sociedad en general, respecto de temas de igualdad de derechos y oportunidades para esos grupos sociales y de la necesidad de proteger a los menores, a las personas con impedimentos físicos y a los trabajadores con enfermedades infecciosas; y coordinación de medidas y formas de aumentar la capacidad de controlar la aplicación de esas medidas, con miras a reducir al mínimo los problemas que dichos grupos enfrentan en el mercado de trabajo, buscando opciones viables para su autosuficiencia.

Empleo en el sector estructurado y no estructurado

Con la consagración concreta de la igualdad entre las mujeres y los hombres ante la ley en las esferas política, económica, cultural y social, mediante el artículo 67 de la Constitución de la República de 1990, las mujeres tienen derecho a beneficiarse con el apoyo para conseguir fuentes de ingresos a fin de mejorar constantemente su condición jurídica y social.

En la esfera del empleo, los objetivos del sector se centran en la promoción del autoempleo mediante la rehabilitación de la infraestructura, en especial en las zonas rurales, y en la formación profesional y la seguridad social. En 2000 el sector de capacitación para la microempresa promovió cursos de adiestramiento para empresarios pequeños y medianos. El curso de adiestramiento se centró en administración comercial y contó con 229 participantes. De ellos, el 21% estaba constituido por mujeres. Ese mismo año, los centros de empleo colocaron a 2.312 personas, el 9% de las cuales eran mujeres.

Una gran parte importante de la mano de obra femenina se encuentra en el sector no estructurado, en particular en las zonas urbanas. Según el censo de 1997, el 65,7% de las mujeres es autoempleado, en comparación con el 62,8% de los hombres. El sector no estructurado urbano está constituido en su mayor parte por pequeños comercios en los mercados o en las calles, y eso produce tan poco como lo que contribuye al PIB. El sector forma parte de la economía en forma de estrategias para la creación de empleos y la reducción de la pobreza. Ese tipo de comercio no siempre se puede considerar ilegal, debido a que sus propietarios pagan algún tipo de impuestos. Además del comercio, en el sector no estructurado existen también innumerables actividades productivas de distinta naturaleza, tales como talleres de mecánica, carpintería y soldadura, de herramientas y matrices para dar algunos ejemplos. En suma, las personas desempleadas dispuestas a participar en algún tipo de autoempleo no son las únicas que conforman el sector no estructurado, también son propietarias personas que trabajan en el sector estructurado. Existen muchas expectativas (que aún no se han materializado) de que se establezca una legislación que permita la regulación de las prácticas laborales en ese sector.

Facilidades de crédito

Las mujeres participan también en actividades que generan ingresos mediante el autoempleo. Sin embargo, existen limitaciones en relación con el acceso al crédito. Por una parte, esa situación es resultado de la falta de información y, por la otra, se debe a que las instituciones financieras exigen garantías que las mujeres no están en condiciones de cumplir. La Oficina de Promoción del Empleo (GPE) del Ministerio del Trabajo por conducto de GPE-Organismo Alemán de Cooperación Técnica concede préstamos en tres esferas concretas:

a)El comercio, que comprende carpas, quioscos y tiendas de abarrotes;

b)La producción, subdividida en carpinterías, algunas de las cuales fabrican ataúdes que se venden a precios razonables, sastrerías, panaderías-pastelerías, loterías;

c)La prestación de servicios, algunos ejemplos son peluquerías, talleres de reparación de equipo eléctrico y talleres de mecánica.

Los préstamos concedidos se dividen de la siguiente manera: para el comercio se calcula que ascienden al 99,6%, al 76,71% para la producción y al 3,83% para la prestación de servicios. Por otra parte, de los 2.217 préstamos concedidos en la Ciudad de Maputo, 966 se otorgaron a mujeres y eso corresponde al 43,7%, en la ciudad de Beira, de los 1.823 créditos concedidos, 725 (es decir el 39,76%) se destinó a mujeres.

Es importante señalar que hay mayor confianza en la concesión de créditos a mujeres que a hombres, y ello se debe a que algunos de estos últimos no cumplen sus compromisos con la institución financiera.

Capacidad empresarial y autoempleo

Se han hecho esfuerzos para preparar mejor la actividad de los empresarios, en particular de las mujeres. Se tiene en cuenta que la Oficina de Promoción de Empresas promueve también cursos de capacitación para pequeños empresarios con el programa de “Conozca a su socio y desarrolle su empresa”.

Se dictaron cursos de contabilidad, cálculo de costos y precios a 2.800 personas hasta el momento, de las cuales 1.540 eran mujeres, o sea el 55%.

El Despacho de la Mujer del Instituto de Desarrollo de la Industria Local (IDIL) promueve y desarrolla la industria local en todo el país y ayuda a las mujeres que se dedican a las actividades comerciales en pequeña escala.

ACTIVA, Asociación de Mujeres Empresarias y Ejecutivas, con redes en algunas provincias, también crea oportunidades para que sus miembros asistan a varios cursos de capacitación y les ofrece asistencia letrada.

La mujer en el sector cooperativo

Muchas familias ven que su situación de subsistencia se resuelve razonablemente cuando colaboran y participan en reuniones de asociaciones. Allí, además de las posibilidades de obtener capacitación en esferas de mayor interés y proyección al sector comercial, y a la vida cooperativa, se ofrecen también cursos sobre la gestión de recursos.

Se calcula que más del 55% de las mujeres trabajan en el sector cooperativo. En sí mismo ese porcentaje es más bien alto, lo que permite inferir la necesidad de medidas dinámicas para la creación de un mayor número de posibilidades para que las mujeres elijan ese sector, en el cual pueden aprovechar algunos beneficios de la capacitación. Los cursos más funcionales son los de administración de empresas, conocimientos de computación e idioma inglés.

El Sindicato General de Cooperativas Agrícolas (UGC) creado en Maputo y que cuenta con 10.000 miembros, de los cuales el 90% son mujeres, actúa en particular en las zonas verdes de Maputo y trabaja con cooperativas de producción agrícola para obtener los máximos resultados de las actividades económicas en la producción agrícola y ganadera. Entre algunas actividades desarrolladas por esa organización, se atribuye mayor interés a la producción de raciones mediante el empleo de técnicas modernas, y se ha comenzado a producir unas 1.000 toneladas mensuales en comparación con las 55 toneladas mensuales que se producía anteriormente. Se ha instalado además un matadero con una capacidad de producción de 8.000 aves por día y la capacidad de conservar 150.000 pollos. Se ha abierto igualmente un pequeño laboratorio para modernizar los programas de atención preventiva de la salud animal y prevención inmediata de posibles plagas antes de que se presenten.

Se ayudó a construir 34 aviarios con una capacidad total de 102.000 aves con lo cual la capacidad del sector ascendió a 237.000 aves por ciclo, en tanto que a nivel de las familias se ayudó a construir 130 aviarios con una capacidad de 65.000 aves y el sector llegó a una capacidad de 106.170 aves por ciclo.

Fuerza laboral

Según la información suministrada por el INE (1998), un 62% de la población de Mozambique mayor de siete años es económicamente activa. Ese porcentaje aumenta más en el campo que en las ciudades (66,6% contra 40%). La evolución de la Población Económicamente Activa (PEA) se presenta como una participación activa de las mujeres, en tanto que la de los hombres es algo menor, de conformidad con los parámetros del crecimiento demográfico general. Ese resultado debe imputarse al hecho de que en el campo, casi todas las mujeres trabajan en las granjas, mientras que en las ciudades más mujeres se dedican a las actividades domésticas o a los estudios. En las zonas urbanas, se considera que tan sólo el 32% de las mujeres son económicamente activas, en comparación con el 62% de las mujeres en las zonas rurales.

Cálculo de la fuerza laboral (1990 a 2000)

H/M	Millones
1990	1991	1995	2000
H y M	5 672	6 090	8 469	9 751
H	2 698	2 986	4 025	4 660
M	2 974	3 104	4 444	5 091
H:M	52:48	51:49	52:48	52:48
GG	-4%	-2%	-2%	-2%

Fuente: MITRAB 2001

En un país eminentemente agrario, su mano de obra tiende evidentemente a situarse entre los límites de esa actividad. Sin embargo, la fuerza laboral femenina es la mayor participante en ese tipo de producción.

Esa situación es comprensible por la deficiente extensión de las actividades del mercado y por la distribución del trabajo por género, que limita la participación de la mujer a las labores domésticas que se extiende únicamente a la producción agrícola. La escasa participación de la mujer en el trabajo asalariado se explica igualmente por los bajos niveles de educación que limita la participación de ellas en puestos del sector estructurado. No obstante, la fuerza laboral que abarca a hombres o mujeres corresponde, en su mayoría, a trabajadores del sector no estructurado de la sociedad. Al empleo asalariado de los hombres le corresponde, según el INE (1998), un 16% y a las mujeres les corresponde un 4%.

Al considerar las tres macro-regiones del país, el autoempleo parece representar la mayor fuente de ingresos en todas las zonas del país, sobre todo en las zonas rurales donde promueve el 60%del total de los ingresos. Las principales fuentes de ingreso son el autoempleo (54%), que incluye la venta de productos cultivados o elaborados por las familias, trabajo asalariado (19%) y los ingresos procedentes de bienes (6%).

Artículo 12 Igualdad de acceso a servicios de atención de la salud

En las políticas de salud pública se define explícitamente el mejoramiento de la salud maternoinfantil como una de las prioridades críticas. En rigor, la prestación de atención sanitaria a cargo del Servicio Nacional de Salud (SNS) no admite ningún tipo de discriminación contra la mujer.

El Gobierno ha seleccionado a las mujeres y a los niños como los grupos más vulnerables de la población y ha creado el programa de Servicios de Salud Maternoinfantil(SMI), que permite que el Estado promueva los servicios de atención de la salud para ese grupo. En la actualidad los servicios protegen a más del 50% de la población. El programa utiliza una amplia gama de servicios destinados a educar a la población respecto de varias situaciones patológicas y de la forma de evitarlas. Comprende la planificación de la familia como una forma de mejorar la salud de las mujeres y de sus hijos.

Posiblemente existan barreras en el plano cultural. Es bien sabido que en muchas situaciones patológicas, los niños o las mujeres de las clases sociales más vulnerables van a los consultorios externos únicamente con sus jefes de familia respectivos. No existe información que permita evaluar el porcentaje de mujeres que forman parte de ese grupo. Se sabe, sin embargo, que esa situación está vinculada a la falta de escolaridad. Cuanto más educada es la mujer hay más posibilidades de que recurra a los servicios de salud.

Teóricamente, las mujeres tienen el mismo acceso a los servicios de atención de la salud que sus contrapartes masculinos. Empero, por los motivos mencionados en párrafos anteriores, cabe inferir que en la práctica las mujeres tienen más necesidad que los hombres de un mayor acceso a los servicios de atención de la salud, en particular ahora que los servicios preventivos de atención de la salud son gratuitos.

Los servicios de atención prenatal durante el embarazo y la atención postnatal son gratuitos. Esos servicios de atención de la salud comprenden a los siguientes:

Consultas prenatales;

Alumbramientos en las dependencias de las redes primarias, secundarias y terciarias;

Alumbramientos en las unidades de la red cuaternaria, cuando corresponda;

Consultas después del alumbramiento;

Planificación de la familia.

El programa de SMI, por conducto de sus programas de asistencia, recomienda y promueve la nutrición adaptada a los períodos de embarazo y de lactancia. Sin embargo, no está en condiciones de proporcionar suplementos alimentarios. Así, el INAS, el Departamento de Prevención y Socorro en Casos de Desastres Naturales, las ONG y las iglesias con su ayuda garantizan los suplementos alimentarios en algunas situaciones de extrema pobreza, o entre poblaciones particularmente vulnerables.

Todas las dependencias de atención primaria de la salud dedican más del 50% de sus recursos a la medicina preventiva. Las mujeres son las principales beneficiarias de esa iniciativa. Ese porcentaje tiende a disminuir cuando existen servicios de atención de la salud especializados, que están dedicados al diagnóstico y el tratamiento de dichas mujeres a nivel primario. El índice de mortalidad materna es sumamente alto, y se calcula en 1.500 por 100.000 nacidos vivos.

Las principales causas de mortalidad materna son las siguientes:

Hemorragias;

Infecciones;

Eclampsia;

Aborto;

Incompatibilidad pélvico-embrionaria.

Otras causas que contribuyen indirectamente a la alta mortalidad son las siguientes:

Paludismo;

Meningitis;

Embarazo prematuro.

En 1999, un 84% de las embarazadas recibió por lo menos una consulta prenatal. De ellas el 40% dio a luz en una sala de maternidad y un porcentaje algo mayor, el 45%, recibió atención después del alumbramiento.

La tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta, es decir 135 defunciones por 1.000 nacidos vivos, y el índice de mortalidad perinatal, es decir la pérdida del embarazo en meses avanzados, los niños nacidos muertos o las defunciones en la primera semana de vida , llega a 7 por cada 100 nacimientos, o sea una de cada 13 mujeres. Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (EDS) hay necesidad de atender a un 50% de las necesidades anticonceptivas no satisfechas en las zonas agrícolas, y a un 34% en las zonas urbanas. Muchas mujeres de las zonas agrícolas utilizan métodos tradicionales y son más renuentes a emplear métodos modernos. En las zonas urbanas, hay anticonceptivos que se pueden distribuir por conducto del programa SMI o en farmacias.

En 1997, la distribución en percentiles de la Población en Edad de Procrear para fines de la utilización actual de anticonceptivos, por sexo, fue el siguiente según la utilización de anticonceptivos:

Género	Moderno	Tradicional	Folclórico	Ninguno
Mujeres	5,4	0,3	0,4	93,9
Hombres	6,4	2,4	0,6	90,6

Fuente: EDS, 1997

Se calcula que por lo menos el 60% de la población se atiende con medicina tradicional. Se desconoce el número exacto de las personas que practican ese tipo de medicina.

Por ley, hay libertad para recibir servicios de atención de la salud de cualquier fuente. En la práctica, sin embargo, algunas mujeres necesitan la autorización de sus maridos o de algún otro pariente (en caso de que el primero no esté disponible) para hacerlo. Esa práctica es muy común entre las mujeres menos educadas, una mayoría en Mozambique. El aborto no es legal, a menos que se haga por motivos médicos. No obstante, las mujeres conocen algunos métodos para practicarlo, métodos que emplean cuando tienen un embarazo no deseado. Uno de los métodos utilizados en los centros urbanos es iniciar el aborto y luego dirigirse al hospital para completar el proceso en una sala de operaciones. Entonces, algunas dependencias de atención de la salud han decidido trabajar en abortos a fin de reducir los peligros de fallecimiento e infecciones, esterilidad y de disminuir el período de internación. En esos casos, las usuarias se hacen cargo personalmente del costo de la operación. No hay seguro para esos casos. No se practica ninguna prueba prenatal al feto.

Existe un programa que controla el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, y que se ocupa de problemas de control general. Hay centros de vigilancia que registran y divulgan los casos diagnosticados en esas dependencias de atención de la salud, así como los casos de mujeres embarazadas con reacción positiva al SIDA.

La supervisión del VIH en mujeres embarazadas se hace cada dos años. Hay un notable aumento de la prevalencia del SIDA en ese grupo de personas, en distintos centros de atención de la salud, con una incidencia particular en la ciudad de Chimoyo donde la prevalencia prácticamente se duplicó del 10% en 1994 al 19% en 1996. La prevalencia ha aumentado asimismo en la ciudad de Beira y ha llegado al 16,5% en 1996. En 1994, la ciudad de Tete ya había registrado una tasa del 18,0% que aumentó hasta el 23,2% en 1996. Quelimane tiene tasas análogas de un 18,0% y 23%, respectivamente.

En el plano gubernamental no se introdujo medida alguna para asegurar y proteger a las trabajadoras del VIH/SIDA. Sin embargo, se han creado varias organizaciones en las que participan las mujeres (Red Mozambiqueña de Organizaciones de Servicio para Casos de SIDA, AMODEFA, etc.) que trabajan directamente en la lucha contra el SIDA y su prevención. Se condenan las actitudes discriminatorias en relación con los portadores del VIH. En la capital, y desde hace poco en otras regiones del país, hay centros de asistencia para las prostitutas, que trabajan con el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

En términos generales, cabe afirmar que el Gobierno promueve algunas medidas destinadas a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, promueve la igualdad de acceso de los hombres y de las mujeres a los servicios de atención de la salud.

Embarazo de adolescentes

Si bien no hay información sobre la mortalidad y la morbilidad de adolescentes y de los jóvenes, sus necesidades y problemas de salud están relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva. Entre los principales peligros y problemas de salud reproductiva que enfrentan los jóvenes, tales como las enfermedades de transmisión sexual (ETS) las más comunes son los embarazos no deseados (que con mucha frecuencia culminan en abortos ilegales y las complicaciones que traen consigo), mortalidad materna, abandono de recién nacidos e infanticidio.

En general, la sociedad culpa a la “mujer irresponsable”, sin analizar las circunstancias en las cuales ocurrieron determinadas situaciones.

Como los adolescentes son menos vulnerables a las enfermedades en comparación con los niños y con los ancianos, durante mucho tiempo se han descuidado los problemas concretos de este grupo etáreo aunque durante la adolescencia algunos de sus estilos de vida condicionan su estado de salud.

Habida cuenta de las distintas situaciones vinculadas con el estilo de vida de los adolescentes (comportamiento sexual, embarazo de las niñas, como algunos ejemplos), el Ministerio de Salud ha decidido iniciar un programa dirigido esencialmente a ese grupo beneficiario. En agosto de 1996 se introdujo el Programa de Atención a Jóvenes y Adolescentes. Estaba encaminado a tres esferas críticas: Políticas y Marco Jurídico de Temas de la Juventud; Educación para la Vida en Familia, Educación para la Vida en la Comunidad.

Cabe mencionar la creación del Comité Intersectorial de Apoyo al Desarrollo de los Adolescentes integrado por instituciones gubernamentales y asociaciones cívicas que trabajan en esa esfera.

Se abrieron consultorios externos de atención de la salud en Quelimane (4), Maputo (6). Dichos consultorios ofrecen información, asesoramiento, planificación de la familia, diagnóstico y tratamiento de ETS en ciertos momentos a jóvenes y adolescentes, en oportunidades en las cuales el flujo de enfermos es bajo y es posible prestar servicios de atención de la salud privados y de calidad.

Uno de los motivos que inducen a las niñas a abandonar la escuela es el embarazo no deseado y el hostigamiento sexual de los maestros que se valen de su poder para engañar a las estudiantes. Como consecuencia de ello, los padres evitan enviar a sus hijas a la escuela e inclusive a escuelas particulares.

El embarazo de las niñas no es, en general, aceptable socialmente y siempre se considera que la niña es la culpable de la situación. Muchas veces, independientemente de la situación en que se embarazó, los padres obligan a la niña a que viva en el hogar del muchacho, haciéndolo responsable del sustento de la niña.

No hay estadísticas respecto de la incidencia de deserción de las niñas a raíz de su embarazo, aunque la información existente permite inferir la necesidad de un planteamiento más amplio a ese respecto.

Los estudios de investigación realizados por el Ministerio de Salud y el Instituto de Comunicación Social en algunos distritos del país (Mocuba y Gilé) conducen a algunas conclusiones:

Los jóvenes tienen la información correcta respecto de actitudes relativas al comportamiento sexual y a las enfermedades de transmisión sexual, pero no utilizan esa información, hay distorsión de la información sobre el SIDA;

Los jóvenes experimentan muchas dudas respecto de la sexualidad y no tienen interlocutores para el diálogo;

Un gran número de los entrevistados inició su actividad sexual entre los 12 y los 14 años, aunque afirman que deberían haber comenzado entre los 18 años y los 20 años; en otras palabras son conscientes de que no estaban preparados para embarcarse en actividades sexuales y exponerse a los riesgos del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (ICS, 1996);

El acceso a los medios de comunicación social no siempre significa que tengan información más correcta. Por otra parte, la investigación reveló que en un distrito (Gilé) los jóvenes y los dirigentes de la comunidad obtenían más información sobre salud reproductiva en los ritos de iniciación que por conducto de los mensajes transmitidos por el sector de la salud.

Los resultados de la investigación revelaron que los médicos tradicionales, las prácticas tradicionales y los aspectos religiosos influían más sobre las actitudes de los jóvenes y, como tal, cualquier tipo de trabajo debería lograr su participación si es que se quiere alcanzar un cambio de actitud.

Varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el apoyo del FNUAP y del UNICEF han venido desarrollando actividades educativas y de información, a saber educación para la vida en familia. El programa está en curso e incluye enseñanza sobre la sexualidad y la planificación de la familia.

La salud de las mujeres y de los niños

A partir de 1997, los grupos de “Mujeres” y de “Niños” han sido definidos como grupos vulnerables, a raíz de sus elevadas tasas de morbilidad y mortalidad.

La tasa de fecundidad total en 1995-2000 se calcula en 6,1 niños por mujer en edad de procrear, las edades de procreación son muy prematuras. El acceso a servicios de salud reproductiva es frágil en exceso. Sin embargo, teniendo presente la propagación del SIDA que está en proceso de llegar a ser un enorme problema de salud pública y de desarrollo, y dada la prevalencia del VIH entre los adultos, que se calcula en 15,4% en 1999, y en el marco de los objetivos generales en materia de salud reproductiva la distribución de condones a los hombres ha experimentado un aumento espectacular en los últimos años. En 1990 agregó 2.000.000 de condones, y más de 10.000.000 en 1996; la cantidad correspondiente a 1997 era de unos 15.000.000.

Actualmente hay unos 50.000 huérfanos en Mozambique y unas dos terceras partes de ellos son resultado directo del SIDA. Se espera que el número llegue a más de 1.5 millones en el año 2010. Esos niños han sufrido efectos negativos por diversas razones. Los allegados pobres son susceptibles de recibir a más huérfanos que sus contrapartes adineradas, y eso conlleva gastos adicionales para su supervivencia y conduce a la pobreza total.

Los niños procedentes de hogares afectados por la enfermedad o los que han quedado con traumas psicológicos adolecen de problemas emocionales. Los estudios señalan que son las niñas quienes tienen la responsabilidad por sus parientes enfermos o sustituyen a la mano de obra en el campo, factor que puede contribuir fácilmente a que abandonen la escuela empeorando así la desigualdad de su género.

La mujer y la salud reproductiva

La actividad en materia de salud reproductiva de la mujer está centrada en el Ministerio de Salud. Además de la programación, el Ministerio de Salud se ocupa de la asistencia médica, la atención de la salud preventiva y de procedimientos técnicos y tratamiento que se pueden ejecutar en todos los niveles de atención, en particular en los niveles primario y secundario.

Las posibilidades de supervisión de la salud materna se encuentran en las dependencias de atención de la salud con distintos niveles de cobertura. Esas posibilidades dependen mucho de la capacidad de la infraestructura básica de los centros de atención de la salud para atender a la población. Aún así, el número de salas de maternidad por 1.000 mujeres en edad fecunda presenta una gran disparidad entre las provincias. Y eso sucede aún después de haber experimentado cierta evolución de 1994 a 1998.

El siguiente cuadro registra claramente la situación de cada provincia en los años mencionados:

Provincia	1994	1997	1998
Niassa	0,4	1,1	1,1
Nampula	0,3	0,7	0,7
Manica	0,5	1,2	1,2
Inhambane	0,7	1,8	1,7
Ciudad de Maputo	2,4	2,5	2,3

Fuente: EDS, 1997.

Existen limitaciones concretas que obstaculizan el adelanto de algunos programas encaminados a mejorar la salud reproductiva de la mujer. Entre ellos están la falta de recursos humanos en el sector de la salud, la débil respuesta y capacidad de cobertura de los servicios de salud cuyas infraestructuras han sido destruidas por la guerra que devastó al país durante muchos años, el costo de los medicamentos y la falta de inclusión de los aspectos culturales en los programas de intervención existentes o futuros.

En forma paralela a la atención institucional del alumbramiento, el Programa de Readiestramiento y Calificación par Parteras Tradicionales tiene por objetivo incrementar el número de alumbramientos higiénicos en la comunidad, la disminución de alumbramientos peligrosos y su remisión. La distribución de la población femenina en edad de procrear por percentiles para la asistencia médica durante el alumbramiento, por zona de residencia en 1997, era la siguiente:

Zona de residencia	Médicos	Obstetras o enfermeras de SMI	Parteras tradicionales
Urbana	7,3	88,5	0,2
Rural	0,6	64,1	1,2
Total	2,0	69,4	1,0

Fuente: INE, EDS 1997.

Mortalidad materna intrahospitalaria por 1.000 nacidos vivos en algunas provincias

Provincia	1994	1997	1998
Niassa	3,72	1,36	1,61
Cabo Delgado	4,99	5,92	4,66
Zambézia	4,56	1,95	1,98
Gaza	2,09	1,98	1,61
Maputo	0,43	0,52	0,71

Fuente: EDS 1997.

Siempre que se hace un análisis a escala nacional se observan los desequilibrios existentes entre la región meridional y las demás. La tasa de mortalidad materna incluye otras situaciones, mucho más allá de las que se han mencionado y de sus consecuencias. Entre ellas están los matrimonios prematuros, los nacimientos múltiples y los embarazos no deseados, éste último se manifiesta en abortos clandestinos que utilizan especialmente algunos segmentos de las mujeres más jóvenes en edad de procrear.

En un estudio realizado en 1999, en un universo de 90 casos de decesos maternos ocurridos entre 1997 y 1998 se llegó a la conclusión de que entre los factores reproductivos analizados en relación con la edad de las mujeres, el 23% del 87% tenía más de 35 años de edad, y el 6% tenía menos de 16 años. El grupo de adolescentes constituye solamente el 32%. De las mujeres entrevistadas, el 71% había terminado su embarazo durante el período de gestación de 37 y 40 semanas. De los 90 casos el 30% fueron nacimientos múltiples.

Como se ha mencionado en párrafos anteriores el aborto se considera ilegal en el país y se desalienta en todas sus formas, salvo cuando se trata de situaciones en las cuales la vida está en peligro o de salvaguardar el honor de la persona de que se trata (artículo 358 del Código Civil). Sin embargo, a partir de 1980 el Ministerio de Salud publicó un decreto por el que se autoriza a los hospitales a hacer abortos en los casos de embarazo con defectos o cuando la salud de la mujer está amenazada, con la obligación de enviar la autorización de referencia a una comisión de hospitales (Bugalho, 1995:16).

La planificación de la familia, parte integrante el Programa de Salud Maternoinfantil, funciona en todas las dependencias de atención de la salud del país. Dicho Programa cuenta con el apoyo de ONG para la adquisición de anticonceptivos en el plano nacional, la producción y distribución de material informativo y la educación y comunicaciones mediante proyectos agrícolas integrados. En esas actividades se distingue la Federación Internacional de Planificación de la Familia (FIPF). El FNUAP, y desde hace poco USAID, AMODEFA, OMM, la Organización de Trabajadoras de Mozambique (OTM) y la Organización de la Juventud Mozambiqueña (OJM) son otras organizaciones que participan igualmente. Cabe mencionar el papel que desempeña el Instituto de Comunicación Social, organización que trabaja en la esfera de la información, educación y comunicaciones, en su constante o frecuente tratamiento de temas relacionados con la planificación de la familia. La actividad de Educación para la Salud dentro de ese programa estuvo dirigida predominantemente a las mujeres, sin una perspectiva de género. Recién se incluyó a los hombres y a los jóvenes como grupos seleccionados.

Nutrición y seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria y la nutrición son temas integrados considerados en sus distintas perspectivas: social, económica y política. A partir de la independencia hubo dos procesos de cambio en Mozambique. Uno de ellos comenzó en 1987 en un momento de transición de una economía centralizada a una economía liberalizada. El otro proceso es la transición de una situación de guerra y emergencia a una de paz y de mayor estabilidad en 1992. Esos procesos han influido sobre las relaciones de género en esas esferas.

En el .presente capítulo, las limitaciones de los derechos de la mujer se refieren al acceso de la mujer a la tierra y a su control, lo que le dificulta tener un sustento adecuado. Las mujeres practican la producción agrícola de subsistencia en tanto que los hombres se dedican esencialmente a la agricultura comercial (girasol, algodón y tabaco). En este sector en el cual las mujeres en su triple función (reproductiva, productiva y de administración de la comunidad) no cuentan con las tecnologías necesarias para aumentar el producto de su trabajo, la desigualdad de género es claramente visible.

Existen regiones en las cuales la mayor producción alimentaria de las mujeres es la de pescar moluscos y pulpos. En la actualidad el Programa de Rehabilitación de Caminos Terciarios (del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas) en curso en las zonas rurales emplea entre el 15% y el 25% de mujeres en sus brigadas, lo que proporciona cierto grado de movilidad económica a las mujeres. La producción de alimentos no es suficiente ni está diversificada. Las familias tienen ingresos bajos y eso las conduce a consumir un régimen desequilibrado. La producción ganadera se practica con mayor intensidad en el Mozambique meridional (Ministerio de Agricultura y Pesquerías, 1994).

El estado nutricional de la población en algunas regiones es deficiente y empeora en épocas de sequía y de inundaciones. Por ejemplo, en dos provincias septentrionales hubo graves crisis de escasez de alimentos, provocada por una neuropatía tropical (causada por el consumo de yuca amarga mal elaborada) por personas con un estado nutricional deficiente, concretamente las que padecen de deficiencia proteínica. Otras enfermedades relacionadas con la nutrición son la anemia (que incide en las mujeres embarazadas) y el bocio; en situaciones de malas condiciones climáticas se presentan casos de marasmo y Kwashiorkor (síndrome polivitamínico) en las familias muy pobres. El deficiente estado de salud incrementa la incidencia de otras enfermedades tales como la diarrea y el paludismo que son más agudas entre las mujeres y los niños. Para las mujeres embarazadas, la anemia y la desnutrición son algunos de los factores que conducen a una elevada incidencia de alumbramientos prematuros, mortalidad materna y bajo peso al nacer.

La precaria situación económica de la familia sumada a los tabúes y mitos en función de la distribución y uso distintos de los servicios, afectó negativamente al estado nutricional de las mujeres y los niños (Ministerio de Salud/Ministerio de Planificación y Finanzas, 1997). Por otra parte, el escaso conocimiento de las necesidades nutricionales de las mujeres y los niños, y la falta de conocimientos sobre la mejor forma de satisfacerlas, han contribuido asimismo a la deficiente situación nutricional de esos dos grupos demográficos. La participación efectiva de la mujer en las actividades económicas (producción agrícola, sector no estructurado), su función reproductiva así como la falta de servicios sociales de atención de la salud adecuados influyen igualmente sobre la salud de la mujer.

El Ministerio de la Mujer y de la Coordinación de la Acción Social, por conducto del INAS, tiene un programa de apoyo social en efectivo para las familias de niños y de mujeres en situación vulnerable mediante el Programa de Beneficio Social para el Trabajo y las Actividades que Generan Ingresos. En 2000 únicamente, ese programa atendió a 2.500 beneficiarios. De ellos, 240 beneficiarios habían sido asimilados por empleadores asociados y ya han firmado contratos de trabajo. Dentro del alcance del Programa de Subvenciones Alimentarias de esa institución, en diciembre de 2000, 1.505 mujeres jefas de hogar y 206 mujeres embarazadas de distintas regiones del país se beneficiaron con esa ayuda.

Artículo 13 Vida social y beneficios económicos

Las políticas existentes están dirigidas a los sectores estructurados, y a algunos grupos vulnerables (los ancianos, las mujeres embarazadas, los niños desnutridos, etc.). No hay una discriminación franca en la concesión de préstamos bancarios, pero existen barreras sociales y eso dificulta que algunas mujeres tengan acceso al crédito.

Se crea y se vuelve a crear la esfera privada constituida por el espacio familiar, la socialización de los hombres con las mujeres. En esas circunstancias la familia sirve de pilar para la construcción de relaciones de género y, en la intimidad del hogar, por conducto de una relación basada en el hombre de distintas fuentes, reproduce también la relación jerárquica entre hombres y mujeres, y los primeros aprovechan los beneficios existentes. En las familias ampliadas, o en las familias más o menos nucleares, en las monogamias o poligamias, en las ciudades o en el campo, en todas esas relaciones, las mujeres ocupan una posición de sometimiento y están sujetas a distintas formas de discriminación según la edad y el grado de riqueza.

En el sistema de linaje que existe en el país (por línea paterna o materna), las características de género aceptadas son similares. Puede haber diferencias en dos situaciones: respecto del miembro de la familia varón que permite el acceso de su contraparte mujer a la tierra (marido o tío), y respecto de la propiedad de los niños: en el sistema de línea paterna, los niños pertenecen al padre; y en el de línea materna, pertenecen a la mujer.

De conformidad con el derecho consuetudinario, el matrimonio se utiliza como medio de estructurar la reproducción y la posesión de la tierra. Las mujeres son el medio de obtener tierra y de promover la reproducción de la familia. Aunque la única unión familiar válida en el país es el matrimonio oficial, la práctica de la mayoría de la población del país es el matrimonio de común acuerdo entre hombres y mujeres.

Además, la guerra civil ha ejercido influencia para los cambios en la administración de los hogares familiares lo que condujo a un aumento de los hogares administrados por mujeres.

El Programa de Rehabilitación Económica (PRE), ejecutado de conformidad con el modelo de Friedman, ha venido contribuyendo considerablemente al incremento de los grupos familiares encabezados por mujeres. La condición de la mujer en la administración de los hogares familiares no siempre le confiere una situación de poder en el contexto de la familia; hay estudios en el marco del Proyecto sobre la Mujer y el Derecho en el África Meridional (WLSA-Mozambique) que indican que la mujer se hace cargo de todas las responsabilidades en relación con los niños, hermanos y hermanas menores y los ancianos. En esos grupos familiares es donde más se encuentra la pobreza absoluta. En esos grupos se puede analizar lo que se denomina generalmente el Rostro Femenino de la Pobreza.

Distribución por percentiles de la administración de grupos familiares por lugar de residencia

	1997
Lugar de residencia	Mujeres	Hombres	GG
Urbano	28,5	71,5	100,0
Rural	31,2	68,8	100,0
Total	30,5	69,5	100,0

Fuente: EDS, 1997.

Las formas prácticas que cobran las relaciones de género en el ámbito de la familia influyen sobre los parámetros en el comportamiento de su fecundidad. Habida cuenta de que las mujeres no tienen control alguno de su sexualidad y reproducción, ellas vuelven a definir la maternidad como un elemento de identidad que las hace sentir mujeres, ser madres, que se expresa en altas tasas de fecundidad. Entre 1980, 1997 y 2000, la tasa global de fecundidad experimentó índices que fluctúan del 6,4, al 5,9 al 5,7, respectivamente.

Por último, con referencia a la religión que se considera un componente importante de la socialización y en particular de la participación ideológica de la estructura de relaciones de género en la familia y en la sociedad, la información existente demuestra que hay una mayor participación de las mujeres en cada una de las religiones que existen en el país, salvo el hinduismo. La situación mencionada se verifica tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, existen estudios (Loforte, 1996) que demuestran que en las zonas circundantes de la Ciudad de Maputo, el sionismo y las religiones animistas reproducen las relaciones de sometimiento de la mujer que ocupa los puestos de evangelización en tanto que sus contrapartes varones ocupan los puestos de liderazgo.

Mujeres con discapacidades

El problema de las mujeres discapacitadas en Mozambique tiene particular importancia, pero no está disociado del problema de aquellas personas a quienes las discapacidades las hace parte de un grupo especial, ni tampoco del problema de las personas comunes y corrientes que, víctimas de las vicisitudes sociales de la pobreza y el subdesarrollo, enfrentan todo tipo de dificultades sociales y económicas, presiones sociales, presiones por sus creencias religiosas y, sobre todo, presiones políticas y tradicionales, para no mencionar más que unos cuantos factores.

La persona con discapacidades es víctima de una situación de desventaja, porque la desigualdad de oportunidades se hace patente. Aunque la Constitución del país proclama la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, basta observar los pequeños detalles para comprender que la falta de los servicios necesarios que faciliten el acceso a los edificios públicos es un problema que constituye un dilema para los discapacitados.

Si la situación es tan desesperada para la persona con discapacidades, la situación de las discapacitadas es aún peor desde el momento en que comprenden esa condición y comienzan a asimilar su vulnerabilidad y fragilidad en el intento de resolver sus problemas como productoras, esposas y madres, con igualdad de derechos que otras mujeres.

Por otra parte, se sabe que como portadoras de discapacidades, las mujeres tropiezan con otras barreras que les impone la sociedad, que dan como resultado la estigmatización y la exclusión social. En el contexto de lo anterior la exclusión expone a la mujer a dos retos: como persona discapacitada e incapaz de competir sobre una base de igualdad con cualquier otro ciudadano, y como mujer con determinadas anormalidades, incapaz de competir con un hombre discapacitado por el empleo, la educación, la salud y otros bienes sociales.

Habida cuenta de la escasez de estudios sobre las mujeres discapacitadas en general, la descripción efectiva de esas situaciones en Mozambique resulta una tarea ardua. Eso significan que no existen datos muy completos sobre el tema.

Causas comunes de la discapacidad

Las causas más comunes de discapacidad en Mozambique no difieren de las que pueden identificarse en otros países en desarrollo que, en esencia, guardan relación con las condiciones de pobreza. En el país, además de los motivos de la discapacidad está el factor de la guerra y sus consecuencias, como en el caso de las minas antipersonales que han quedado y que mutilan y matan ahora que el conflicto armado ha terminado. A continuación figuran las causas más comunes de discapacidad entre las mujeres:

Violencia intrafamiliar;

Enfermedades infecciosas como el sarampión y la lepra;

Abuso del alcohol durante el embarazo, uso de drogas y trabajo forzoso;

Accidentes domésticos, accidentes de tráfico y de trabajo y otros;

Intoxicación alimentaria durante el embarazo o en los primeros meses de crecimiento;

Lugar de ritos culturales tales como los ritos de iniciación y de mutilación genital a temprana edad;

Defectos congénitos.

Las formas más comunes de deficiencia que afectan a la mujer en el país son: discapacidad física, defectos de audición y de habla, ceguera y anormalidades psicológicas. En el África meridional no siempre es posible ni fácil encontrar información que ponga de manifiesto la imagen auténtica de las personas discapacitadas, y Mozambique no es la excepción. La Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de la población de los países en desarrollo adolece de alguna forma de discapacidad.

En cuanto a la descripción de las mujeres discapacitadas el número de estudios existentes es aún limitado. Pero en un estudio de investigación de 18 mujeres sordas de la Ciudad de Maputo realizado en 1999, y en el contexto del Programa de Lenguaje por Señales del Ministerio de Coordinación del Bienestar Social de esa época, se llegó a conclusiones que no difieren mucho de las conclusiones a las que se puede llegar respecto de mujeres que adolecen de otras discapacidades:

La edad de las encuestadas fluctuaba entre los 18 años y los 22 años;

Las sordas procedían de familias que no tenían problemas auditivos, y el 47% de ellas tiene hijos;

El 50% de las encuestadas era analfabeto y las restantes tenían solamente educación primaria;

El 90% no conocía métodos de planificación de la familia ni tenía conciencia de la necesidad de utilizar condones;

El principal problema para las encuestadas eran los obstáculos a la comunicación y la discriminación por motivos de género, así como los salarios bajos.

Las formas de prevención de defectos que se practican en Mozambique dependen de la clase social y del nivel de educación que, en consecuencia, tiene relación con el tipo de trabajo que se ejerce, poder adquisitivo, acceso a servicios de atención de la salud y nutrición equilibrada.

Otros aspectos comprenden la zona de residencia, sea rural o urbana, y las creencias personales. En las zonas urbanas hay mayor prevención de la desnutrición. Allí hay más enfermedades infecciosas y matrimonios prematuros que pueden contribuir a la maternidad precoz. Es también donde hay una mayor oferta y demanda de servicios de atención de la salud.

Por otra parte, esa situación varía muy poco cuando se consideran las zonas suburbanas y periféricas, habida cuenta de la escasa presencia de servicios de atención de la salud y de los elevados niveles de pobreza, las poblaciones locales sufren de una desnutrición grave, en particular entre las mujeres y entre ellas entre las madres lactantes. En esas zonas las mujeres también están sometidas a largas jornadas de trabajo en fábricas donde hay muy poca prevención.

Además de la ignorancia, la pobreza y la falta de servicios de salud, los habitantes de las zonas rurales son víctimas de las creencias culturales y de las tradicionales que les conducen a las prácticas de los ritos de iniciación.

Al igual que en la mayoría de los países vecinos y en todo el mundo, en Mozambique el nacimiento de un niño con defectos congénitos causa a menudo conflictos en los matrimonios y las familias, y las mujeres pasan a ser el blanco principal de las acusaciones. Entre las razones que se atribuyen a esas situaciones están la infidelidad por parte de la mujer, el castigo por su desobediencia o su infracción de algún tipo de norma de su grupo social. Habida cuenta de esas creencias las mujeres no sufren únicamente por la desatención de sus maridos sino también por el abandono, el divorcio, la agresión física y otros tipos de malos tratos, pero también sufren sus vástagos a quienes se abandona y aisla o incluso se esconde.

Como resultado de ello, a menudo se pone en cuarentena a las niñas discapacitadas y se impide que asistan a la escuela, aún en los casos en los cuales la discapacidad no es tan grave. Esta afirmación queda sustanciada por el número de niñas discapacitadas (43) rehabilitadas y reintegradas en el sistema educativo a nivel de escuela primaria dentro del programa conocido como la “Asistencia Comunitaria Básica” en curso en Mozambique desde 1993.

Ese número, 43, no es considerable cuando se lo analiza en función del espacio geográfico y temporal y del número de niños que participan en la ejecución del programa. Pero cobra importancia cuando se considera la magnitud de los tabúes en torno a la educación de las niñas y el factor de deficiencia así como la magnitud del tiempo que se necesita para cambiar actitudes y percepciones en la comunidad o la sociedad.

Hay necesidad de mejorar los servicios de rehabilitación física y psicosocial, tanto en términos de calidad como de cobertura, a fin de permitir un mayor acceso de la mujer a dichos servicios, y para lograr una mejor integración y readiestramiento de las mujeres en función de la autosuficiencia e independencia en la vida reproductiva.

Como ejemplo de esa situación, y con el propósito de ilustrar la exclusión social y la estigmatización, en Mozambique hay apenas cuatro escuelas de Educación Especial, y la asistencia de niñas a esas escuelas nunca excede del 15% en cada año académico. Hay apenas dos mujeres que ocupan puestos de categoría superior en las tres organizaciones que trabajan con personas con discapacidades físicas o de otra índole (ADEMO, ADEMIMO, ACAMO). Son la Secretaria General y una Presidenta Adjunta de una delegación.

Aunque hay varias leyes dispersas que se ocupan de la situación concreta de los discapacitados, existe actualmente una política bien definida en el país que se ocupa de los discapacitados y ha sido formulada por el MMCAS. El objetivo es definir las disposiciones de intervención del Gobierno y de la sociedad civil con miras a contribuir a la participación activa de los discapacitados en sus comunidades y en el desarrollo de la sociedad de Mozambique. Otros objetivos de la política son contribuir a la formulación de estrategias sectoriales que garanticen la integración de las personas discapacitadas en la sociedad y el respeto de sus derechos humanos tal y como se determina en la Constitución del país.

Artículo 14 Mujeres rurales

En Mozambique hay dos sistemas en relación con los derechos al uso de la tierra: el “derecho oficial” sancionado en la Constitución de 1991 y en la Ley de Tierras de 1997 y, paralelamente, el derecho tradicional constituido por una amplia gama de disposiciones que rigen el derecho consuetudinario a la tierra y a la propiedad. Esa coexistencia es contradictoria en su base filosófica: en el derecho contemporáneo se afirma que la tierra es una propiedad inalienable del Estado, en tanto que las costumbres tradicionales afirman que la tierra le pertenece a la comunidad que vive en su vecindad y a los antepasados de la comunidad.

En cuanto a la ley del Estado y la Constitución de la República, la Ley establece formalmente que hay igualdad de derechos ante la ley, entre los hombres y las mujeres, en el uso de la tierra. No obstante, en estudios realizados por DEMEG-CEA se señala a la atención que, en la práctica jurídica (en la cual a falta de una nueva Ley de la Familia actualizada en función de las leyes constitucionales, aún se aplica en parte el código colonial); los derechos de la mujer se debilitan con el matrimonio, situación en la cual se da por sentado que el marido es el propietario de los bienes de la familia. En el caso concreto de la tierra para el sector familiar, la legislación reconoce que el grupo familiar tiene derecho a la tierra en lo que se refiere a su uso, y que la tierra se puede registrar únicamente a nombre del jefe de familia. Si bien la legislación como tal no presenta impedimentos oficiales al registro de la tierra en nombre de una mujer cabeza de familia, la actitud de los empleados públicos, y el hecho de que la transacción es sumamente burocrática, pueden constituir importantes barreras contra la legalización de los derechos a la tierra. A la luz de esa situación, mediante la Ley de Tierras de 1997 se crean los principios de la copropiedad de la tierra dentro de la pareja, durante el procesamiento de los títulos a la propiedad de la tierra.

En el plano de las costumbres consuetudinarias el acceso a la tierra se administra mediante una compleja red de seguridad social estructurada en torno al matrimonio, como base de alianzas entre familias. En un estudio realizado en 1990 se señala que de conformidad con el derecho consuetudinario, la capacidad de ejercer derechos de sucesión a la tierra depende de varias situaciones: la edad, el sexo, la condición social ( proximidad en función de parentesco o vínculos familiares de los primeros propietarios espirituales, los primeros en poblar la zona). El pertenecer a una comunidad local es una condición sine qua non, aunque en ciertas condiciones la tierra se podría conceder a individuos de otra comunidad.

En el mismo estudio se afirma que como bien de la comunidad que se distribuye de conformidad con las necesidades de los grupos familiares, no sería correcto interpretar que el derecho de fundación es equivalente a la propiedad de la tierra como propiedad individual, a raíz de que el propietario no puede utilizar la tierra en forma indiscriminada, sino únicamente con la autorización basada en las necesidades de la familia.

En los sistemas tradicionales, cabe suponer que el binomio mujer/tierra, o sea la relación entre los principales usuarios de la tierra, las mujeres, y sus principales medios de producción es la siguiente: desde la pubertad, cuando alguien (padre, tío, líder territorial) le concede esos derechos de cultivo para ganarse el sustento; después del matrimonio en Mozambique septentrional (sistema de línea materna) los hombres se unen a las mujeres en las tierras que se les han concedido, mientras que en Mozambique meridional (donde predomina el sistema de línea paterna) las mujeres se trasladan a la propiedad de sus maridos donde reciben tierras de cultivo. Las nuevas parejas pueden heredar la tierra por conducto de los parientes de la mujer, o del marido, o de ambos.

Según estudios realizados recientemente sobre los derechos sucesorios mientras existe el matrimonio, los títulos oficiales a la tierra no parecen tener importancia. En las sociedades de línea paterna, se presentan problemas en el caso de divorcio o de fallecimiento del marido, en los cuales la mujer corre el peligro de perder sus tierras y todas sus pertenencias a favor de otros miembros de la familia de su difunto marido, aún cuando ella tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos y a otros parientes.

Evidentemente, y según el sistema descrito en párrafos anteriores, tanto la Ley de Tierras oficial y el Derecho Consuetudinario oponen muchas barreras a la propiedad de la tierra para aquellas personas que necesitan tierras o que desean seguir ejerciendo sus derechos al uso de la tierra.

Los grandes cambios ocurridos en los últimos decenios, los múltiples movimientos de la población como consecuencia de las constantes guerras y de los desastres naturales han venido cambiando las práctica sociales en forma radical. Se puede decir que tanto los particulares como los grupos sociales utilizan todos los medios a su alcance para defender su derecho al uso de la tierra: cuando les conviene apelan a la ley oficial, y al derecho consuetudinario cuando les ofrece mejores garantías, y a la legalidad y creatividad constante siempre que se presentan nuevas situaciones. Evidentemente, en tales situaciones los particulares o grupos más poderosos tienen mayores posibilidades de manipulación y, en ese proceso, los grupos más vulnerables son a menudo los perdedores.

Los estudios realizados en los últimos años por los Núcleos de Estudios sobre la Tierra de la Universidad Eduardo Mondlane (UEM) indican que los conflictos por tierras han experimentado una creciente aceleración de número y gravedad en el Mozambique de postguerra. Hay una lucha acerba por el uso de las tierras más fértiles, desde el punto de vista de su productividad socioeconómica en potencia (tierras irrigadas, cercanas a los mercados, con acceso a los diversos medios de transporte o servicios sociales, etc.). En la Ley de Tierras de 1997 se establece, como medio de proteger de los conflictos al sector de la familia, la demarcación de tierras comunitarias donde existen recintos agrícolas y de pastoreo, inclusive para otros fines sociales tales como la caza, la leña y la fruta, con el propósito de garantiza en la actualidad la propiedad de la tierra para los más vulnerables de cara al sector empresarial en gran expansión.

Por otra parte, si bien es bueno que un gran número de la población desplazada internamente, o de aquellos que vivían como refugiados en los países vecinos, haya retornado a sus lugares de origen, aliviando así la presión sobre el territorio donde había una mayor concentración de habitantes, el retorno a los lugares de origen no ha sido hasta ahora un proceso armonioso. Un estudio realizado sobre los sistemas de producción agrícola y la situación económica y social en tres aldeas del país indica que en el pasado a menudo se concedía tierra a las familias con más influencia y los parientes de dirigentes de la comunidad tienen terrenos más grandes. En la actualidad se está agudizando la diferencia social entre agricultores a raíz de que las familias más poderosas se aprovechan de las más vulnerables, por lo general las personas que retornan, cuya mano de obra es más bien barata. Aún en los casos en los cuales las personas que retornan recuperan sus tierras, no cuentan con los medios de sustento que les permitan continuar hasta la siguiente cosecha, se ven obligados por tanto a buscar empleo en las granjas de los residentes permanentes, en lugar de trabajar sus propias tierras. Así, corren el peligro de entrar en un círculo vicioso de dependencia en el próximo período agrícola, en caso de que no cuenten con la mano de obra suficiente. Se encuentra esa situación en todo el país y no hay ningún indicio de que las condiciones sean distintas.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social (MADER), en sus Política y Estrategias Agrarias, define como sus objetivos principales garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la reducción del desempleo y de los niveles de pobreza absoluta. A fin de dar aplicación a esas medidas o políticas, el MADER preparó un Programa Agrícola Integrado (PROAGRI) en el cual el aprovechamiento de las tierras agrícolas es uno de los componentes además de otros como la divulgación agrícola, la investigación, etc.

De hecho, el documento de Aprovechamiento de Tierras Agrícolas del PROAGRI propone las estrategias siguientes:

Apoyo a las comunidades y ciudades locales en temas de aprovechamiento de tierras agrícolas en coordinación con la divulgación y la investigación;

Investigación de la conveniencia de las políticas y la legislación, inclusive las disposiciones relativas a la ejecución de políticas agrarias.

Crédito rural

El sistema financiero agrícola (SFR), es uno de los componentes del PROAGRI y su objetivo principal es garantizar el flujo de fondos hacia el sector de la familia constituido en su mayor parte por mujeres. El monto del crédito ha ido en aumento de 26,1 millones de dólares EE.UU. en 1987 al nivel de 35,0 millones de dólares EE.UU. en 1995. El sector agrícola representa en la actualidad el 21% de la asimilación del total del crédito disponible en la economía de Mozambique. En su mayoría, esos escasos créditos se aplican en las esferas de rápido retorno en el comercio de bienes de consumo o en la comercialización de productos agrícolas. El sector de la familia ha encontrado dificultades de acceso al crédito, a raíz de la ausencia de ingresos y de las condiciones necesarias o exigidas por los bancos comerciales.

Así, las instituciones agrícolas que trabajan en el desarrollo rural, en un intento de facilitar la financiación en los medios rurales, han venido creando fuentes de financiación alternativas tales como el Fondo de Fomento Agrícola y Desarrollo Rural (FFADR), Fondo de Fomento de las Pesquerías (FFP), Fondo de Fomento de la Pequeña Industria (FFPI), Fondo de Crédito Agrícola y Desarrollo Rural (CCADR), etc.

Además de los fondos mencionados, hay otras fuentes de financiación del desarrollo rural, a saber, proyectos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector no estructurado caracterizados por relaciones interpersonales en el plano rural que permiten y conceden incentivos a las iniciativas de crédito.

En Mozambique septentrional, en particular en la provincia de Nampula, hay una experiencia positiva en esa esfera. Con la ayuda de algunas ONG, las mujeres jefas de familia se organizan en grupos y han conformado una asociación denominada la Asociación de Mujeres Rurales de Nampula (AMRN) con objeto de cumplir actividades que generan utilidades y que podrían permitirles las utilidades necesarias para ahorrar lo suficiente para crear un Fondo de Crédito.

En Mozambique meridional, una ONG suiza, en asociación con la red de divulgación que funciona en algunos distritos de la provincia de Maputo, viene trabajando con grupos de mujeres en la esfera del crédito en especie (semillas, pequeñas especies y en la esfera de la pesquería) con resultados positivos y, por consiguiente, con una tasa de reembolso superior al 50%.

En Mozambique oriental, igualmente, concretamente en la Provincia de Gaza existe una asociación conocida como AGROPEM (Asociación de Vaqueros y Agricultores de Matuba) que lleva a cabo actividades agrícolas en tierras irrigadas, que en la actualidad requiere insumos para aumentar sus ganancias y la viabilidad del proyecto. Por ese motivo, los miembros de la Asociación comenzaron a beneficiarse con créditos financiados por el UNIFEM cuando se agruparon en la Asociación de Matuba.

Independientemente de sus éxitos y de sus fracasos, esos proyectos han contribuido a mejorar el sistema de crédito para las comunidades de base popular.

Servicios de divulgación rural

La dependencia de divulgación rural fue establecida en 1992 en la Dirección Nacional de Divulgación Rural (DNER). Los esfuerzos anteriores realizados en la DNER para llevar servicios de divulgación a las mujeres rurales se centraban en el papel reproductivo de la mujer. La capacitación se centraba en su mayor parte en la conservación de alimentos (por ejemplo: enlatado de tomates, cebollas y otras verduras y frutas) y en el almacenamiento de alimentos; y en charlas sobre el tipo de divulgación que adoptarían las mujeres para comenzar la prestación de servicios de divulgación para otras mujeres.

La mayoría de los extensionistas, supervisores y extensionistas rurales son hombres, y eso se debe a que hay más vacantes para hombres que para mujeres en los cursos de formación profesional.

Con referencia a los agricultores que se beneficiaron con el programa de divulgación, los números permiten inferir que predominaron los hombres en relación con las mujeres, lo que tiene que ver con el mayor número de hombres que trabajan como divulgadores, así como con la alta tasa de analfabetismo entre las mujeres rurales y con las inquietudes culturales de las comunidades.

En ese contexto, se sigue atribuyendo importancia a que las mujeres rurales tomen conciencia de sus derechos tal como están establecidos en la Convención. Se debe hacer referencia a que en el plano gubernamental, hay muy pocos niveles destinados a permitir que la mujer tenga conocimiento de sus derechos. Sin embargo, existen ONG que han estado trabajando con las mujeres y apoyando a todas las mujeres rurales del país, entre ellas la AMRU (Asociación de Mujeres Rurales).

Las mujeres rurales no tienen representación a nivel del Gobierno ni existen programas concretos destinados a satisfacer las necesidades de ese grupo, que constituye la mayoría del país.

Varias veces, las mujeres rurales no han tenido acceso a servicios de atención de la salud, ni tampoco a asesoramiento sobre la larga distancia que las separa de los centros de atención de la salud.

Un problema que hay necesidad de mencionar en la zona rural es la falta de incentivos que permitan la inversión en los mercados.

Cabe mencionar el hecho de que el Gobierno de Mozambique participa en reformas basadas en un Plan Quinquenal (1999 a 2004) en el que están incluidas y que comprende la incorporación de los problemas de género en el plano del sector agrícola.

La mujer y el medio ambiente

En los últimos decenios, la población de Mozambique ha crecido a un ritmo acelerado en un 3,3%, que es resultado de la formación de un considerable sector de población vulnerable. Las mujeres representan más del 50% de ese contingente.

Las condiciones de extrema pobreza en que viven las mujeres en las zonas urbanas y rurales constituyen la causa principal de los problemas ambientales.

La tala indiscriminada de árboles para obtener combustible, en especial en las ciudades, provoca la deforestación de millares de hectáreas de terreno, causa la escasez de combustible que obliga a las mujeres a trasladarse grandes distancias en busca de esa fuente de energía. En los últimos años del decenio de 1980 se calculó que la tasa anual de deforestación ascendía a 0,8% y abarcaba 120 hectáreas, mientras la reforestación abarcaba apenas unas 4.000 hectáreas por año. La producción de combustible vegetal y de carbón era de unos 15.022 m3 que corresponden a un consumo muy alto de recursos forestales.

La actividad agrícola en Mozambique entraña a una elevada porción de la población activa del país, en la cual las mujeres representan el 63% y trabajan en más sectores, tanto familiares como cooperativos, aparte de que son responsables por el sustento.

La agricultura itinerante y los incendios de bosques contribuyen a la destrucción y reducción de la diversidad biológica. El desarrollo de la agricultura en laderas, riberas de ríos y dunas provoca la erosión que destruye el terreno y reduce la fertilidad de la tierra, factores que perjudican más a las mujeres.

Los aspectos sanitarios constituyen la repercusión más grave del proceso de urbanización, con elevadas tasas de incidencia de enfermedades infecciosas y parasíticas causadas por la falta de abastecimiento de agua y saneamiento. A raíz de la responsabilidad que tienen por la higiene del hogar, el tratamiento de los desechos, el transporte de agua y la atención de los niños, las mujeres son las que sufren los mayores efectos.

En 1995, la población con acceso al agua potable era el 35%, y la que tenía acceso al saneamiento representaba el 20%. Por otra parte, la población que no tiene acceso al agua potable era de 10,1 millones de personas y la que tiene acceso al saneamiento era de 12,1 millones de habitantes. Las vendedoras y usuarias principales de los mercados son mujeres y, en consecuencia, pasaron automáticamente a ser precursoras y víctimas de la degradación de la higiene ambiental.

La contaminación, que presenta una grave amenaza para el equilibrio ecológico es responsabilidad de las industrias. En Mozambique las principales trabajadoras en las industrias ligeras son mujeres que por lo general trabajan sin protección (botas, guantes, mandiles, máscaras, cascos) que impida los efectos perjudiciales de los residuos liberados por los factores. La exposición prolongada de las mujeres a elementos contaminantes puede conducir al deterioro de sus condiciones de salud, en particular la salud de las embarazadas y de las madres lactantes.

Los desastres naturales (sequías, inundaciones y huracanes tropicales) han venido impulsando el desplazamiento de las personas por motivos ambientales, en especial entre las mujeres que, a su vez, ejercen una intensa presión demográfica sobre los recursos naturales dondequiera que migren. Son principalmente las mujeres quienes al provocar la generación de dislocaciones ambientales, ejercen una intensa presión demográfica sobre los recursos naturales en las pequeñas granjas de inmigración.

Medidas adoptadas para eliminar la degradación del medio ambiente

En 1995, se adoptó una Política Ambiental que constituye la base del desarrollo sostenible en Mozambique y está destinada a erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida en el país y reducir los daños al entorno natural.

En la Política Ambiental se presta especial atención a las mujeres mediante la concentración en programas de gestión de los recursos naturales, educación ambiental y otros programas que permiten que la mujer alcance la igualdad de oportunidades.

En julio de 1997, el Parlamento aprobó la Ley sobre el Marco Jurídico en Materia de Medio Ambiente que está destinada a garantizar el desarrollo sostenible del país con particular interés en el papel que corresponde a la mujer en la gestión del medio ambiente natural.

En 1992, se creó el Departamento de Género en el Ministerio de Coordinación de las Actividades Ambientales con el propósito de integrar la dimensión de género en las políticas, programas, convenciones y actividades del Ministerio.

El Departamento de Género ya ha cumplido algunas actividades en relación con la Mujer y el Medio Ambiente, a saber:

Inserción de temas de género en las actividades de varios departamentos de capacitación, recursos humanos, jurídicos, de estudios,. planificación y gestión de los recursos naturales.

Estudios de caso en los temas de acceso, uso, control y gestión de los recursos naturales para temas de género en algunos de los distritos del país.

–Construcción de 40 letrinas mejoradas y de dos pozos con el apoyo del Proyecto de Letrinas de Bajo Costo y de la Dirección Nacional de Agua en la aldea de Mandjadjane de Salamanga, Distrito de Matutuíne y Provincia de Maputo.

–Limpieza del canal de desagüe de la aldea de Matola realizada por un grupo de 150 personas en su mayoría mujeres que recibieron alimentos por trabajo por conducto del Programa Mundial de Alimentos (Ciudad de Matola).

Plantación de árboles frutales y de sombra para combatir la erosión y ayudar a la producción de leña en Marracuene (Provincia de Maputo).

Producción y distribución de materiales audiovisuales sobre el género, Mujer y Medio Ambiente, tales como el Papel de la Mujer y el Medio Ambiente en el marco del Festival de la Mujer, la Acción y la Transformación y en la semana del Medio Ambiente, producción de la revista “Vida y Mujer” que describe la vida cotidiana de las mujeres y su relación con los recursos naturales.

Cursos de capacitación sobre Género y Medio Ambiente para agentes ambientales, extensionistas y técnicos de algunas instituciones a favor del medio ambiente y ONG.

En el plano de la sociedad civil, se han ejecutado algunos programas de gestión ambiental que cuentan con la participación de empresas privadas y ONG. Algunas de esas empresas sobre el terreno consiguen la participación de la población en la gestión de los recursos naturales, concretamente la flora y la fauna, como en el caso de la gestión de las reservas de animales por la población.

En los Círculos de Interés para Mujeres, que se puede encontrar en todo el país, las mujeres asesoran sobre el ahorro de combustible, la fabricación de cocinas mejoradas para las llamadas cajas económicas o maravillas; plantan árboles, combaten la erosión mediante la reforestación y la construcción de barreras de rocas y troncos (gaviones); construyen pozos de agua potable y los organizan por conducto de comités de saneamiento coordinados por lo general por mujeres; hierven el agua, disponen de los desechos o los queman. Algunas ONG como la Asociación para el Desarrollo Rural de Mozambique (ORAM) (Asociación Agrícola de Ayuda Mútua) apoyan a la agricultura mediante la distribución de semillas, hoces y educación sobre tecnologías de proyectos de bajo costo aunque sostenibles en materia de medio ambiente, por ejemplo la plantación de mapira y mexoeira que resisten la sequía y hacen posibles los cultivos agrícolas en terrazas. PROPECA (Proyecto de Educación Ambiental) en la ciudad de Beira y el Grupo de Trabajo Ambiental (GTA) aportan educación ambiental, trabajos de investigación y asesoramiento sobre el medio ambiente.

Preocupa a las ONG la necesidad de mejorar las condiciones ambientales de la población utilizando para ello el teatro, danzas, canciones etc. Tal es el caso de la Danza del “Árbol Sagrado” de la Compañía Nacional de Danza, en la obra teatral “El Día que la Tierra Dejó de Moverse” del grupo Nkulo y otros.

Artículo 15 Igualdad ante la ley

Si bien la Constitución afirma que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, a las mujeres casadas no se las trata oficialmente como iguales ante la ley, en lo que atañe a su capacidad de firmar contratos y administrar propiedades, a raíz de que con arreglo a la ley existente se considera que el marido es el jefe de familia. Eso significa que las mujeres casadas pueden ejercer sus derechos únicamente con autorización de sus maridos. Por ejemplo, las mujeres no tienen derecho a celebrar contratos, inclusive los relacionados con préstamos, bienes, así como transacciones comerciales en su propio nombre, aunque lo pueden hacer únicamente si cuentan con el consentimiento explícito de sus cónyuges. Cuando el matrimonio se hace con el sistema de bienes gananciales, lo mismo se aplica a los maridos: no pueden tomar decisión alguna sin el consentimiento previo de sus esposas.

El Código Civil, en particular la Ley de la Familia que salvaguarda el ideal de una sociedad basada en la unidad familiar de línea paterna, regula el matrimonio. En la actualidad y como se ha señalado en párrafos anteriores, la Ley de la Familia está en proceso de revisión.

Según las costumbres consuetudinarias, las mujeres tienen menos privilegios que ante la Ley de la Familia. Pueden apelar ante los tribunales tan sólo en temas relacionados con su matrimonio en caso de que éste sea oficial o legal.

De conformidad con la Ley de la Familia existente, una mujer casada puede ejecutar o administrar los bienes de su marido, pero únicamente si este último está discapacitado o ausente, y en los casos en que el matrimonio tenga un acuerdo prenupcial con ese propósito o en el que se especifique que cuando fallezca el marido la viuda será la cuarta en la línea de sucesión (en relación con los hijos, los padres y los hermanos) para heredar los bienes. Aún cuando la Ley expresa que la viuda es dueña en 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio, en la práctica rara vez la mujer conoce sus derechos o insiste en ellos.

Mozambique no ha dado grandes pasos hacia el refuerzo de las obligaciones mencionadas en el Artículo 15 (3) de la Convención que exige que todo contrato o cualquier otro instrumento privado que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se elimine y se considere nulo e írrito. Oficialmente, se trata a las mujeres sobre la base de la igualdad en los tribunales, pueden jurar en nombre propio y pueden ocupar el lugar que les corresponde en el sistema jurídico sobre una base de igualdad con los hombres. Ha aumentado el número de mujeres que son jueces y abogadas en Mozambique, y que trabajan en el sistema judicial o en los tribunales civiles. De manera que en términos generales, la labor de los tribunales está atascada por la falta de personal calificado. Aunque la asistencia letrada es gratuita para los hombres y para las mujeres, son muy pocas las mujeres que recurren a la asistencia letrada, principalmente como consecuencia de las presiones sociales y culturales. Muchas mujeres no saben, ni tampoco quieren saber, nada de la asistencia letrada existente, principalmente como consecuencia de las presiones culturales. Cuando las mujeres recurren a los tribunales para resolver sus problemas, rara vez se las ve con buenos ojos.

Hay varias campañas de concientización cuyo objeto es informar a las mujeres de sus necesidades, varias organizaciones ofrecen frecuentemente asesoramiento jurídico gratuito, pero trabajan en su mayor parte en los centros urbanos, lo cual limita su eficacia ya que la mayoría de las mujeres vive en las zonas rurales.

Los hombres y las mujeres tienen derecho a la misma indemnización en las mismas circunstancias, y las sentencias parecen ser las mismas. Sin embargo, la investigación ha revelado algunas diferencias entre los tribunales oficiales y los comunitarios en la administración de la justicia. La principal diferencia radica en que los tribunales oficiales apoyan sus razonamientos en leyes escritas, en tanto que los tribunales comunitarios basan sus decisiones en normas consuetudinarias.

No existen conceptos jurídicos que las mujeres puedan utilizar como casos de defensa especiales. Por ejemplo, en los casos de violencia, a las mujeres que cometen un delito para protegerse de la violencia por motivos de género se las trata de la misma manera que a sus contrapartes masculinos. Como defensa especial pueden invocar únicamente la defensa propia, sin hacer referencia a la violencia provocada por la desigualdad de género. La violación puede ser juzgada en los tribunales, aunque no existe una ley que defina como delito a la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, el principal factor de discriminación contra la mujer es la ignorancia de la igualdad de derechos de la mujer.

Artículo 16 Igualdad en el matrimonio y ante el derecho de la familia

Si bien la Constitución en su Artículo 67 afirma que “los hombres y las mujeres son iguales ante la ley”, según la Ley de la Familia existente, que es parte integrante del Código Civil de 1966, aún existen muchos factores que contribuyen a la discriminación contra la mujer, entre los cuales cabe mencionar los siguientes:

El marido es el jefe de familia;

Cuando se casa, la mujer debe adoptar el lugar de residencia de su marido;

La mujer necesita el consentimiento del marido para ejercer actividades comerciales;

El marido es el administrador de los bienes de la comunidad, inclusive de los bienes privados de la mujer.

Esos y otros factores son un ejemplo práctico de que ante la Ley de la Familia, las mujeres son víctimas de discriminación y están sometidas a los hombres.

Hay varias formas comúnmente aceptadas en Mozambique para constituir una familia, a saber:

El matrimonio tradicional (denominado lobolo en Mozambique meridional), los matrimonios religiosos (cristianos, musulmanes y otros), el matrimonio civil y la unión consensual.

En cuanto al derecho a la libre elección del cónyuge, cabe decir que tan sólo las mujeres tienen derecho a hacerlo. A veces, predominantemente en las zonas rurales, la familia de la mujer es la que elige al “cónyuge ideal”.

Después del matrimonio, la mujer cuyo marido ha sido elegido por su familia, a veces comprende que se han violado sus derechos, y en tales casos no existe un mecanismo de defensa.

Con referencia a las responsabilidades de la pareja después del matrimonio, también difieren en la ley y en el derecho consuetudinario.

La poligamia es una práctica habitual comúnmente aceptada en Mozambique aún cuando está prohibida por ley. No hay información estadística porque esa práctica está reconocida legalmente, aunque somos conscientes de que abunda en las zonas rurales. Y sabemos igualmente que las esposas segunda, tercera e inclusive cuarta no tienen ningún derecho ni protección legal en absoluto.

En cuanto a las uniones consensuales, los participantes están mútuamente obligados a los compromisos recíprocos de los matrimonios oficiales, y cuando la cohabitación deja de existir, produce efectos en relación con los niños pequeños.

Con referencia a la custodia de niños pequeños es importante referirse al hecho de que ambos progenitores (sean casados o no) tienen la responsabilidad de proveer su sustento, educación y vestido. Esa obligación existe aún cuando la pareja no haya estado casada nunca y continúa durante mucho tiempo o inclusive más allá del matrimonio.

La custodia de los niños pequeños depende también de las circunstancias concretas de cada caso. Sin embargo, cuando se trata de niños menores de seis años normalmente la madre decide su custodia y el padre está obligado a suministrar los alimentos necesarios para su subsistencia. La atribución de custodia no depende del estado civil de los progenitores.

En cuanto a las decisiones que podrían afectar a los niños, que constituye un aspecto del ejercicio de la patria potestad, cabe señalar que normalmente las decisiones respecto de los niños menores se toman en conjunto, es decir ambos progenitores, a pesar de que la Ley de la Familia concede más derechos al padre que a la madre. Cuando los padres no viven juntos, el progenitor que atiende al niño toma la mayoría de las decisiones.

Con referencia a la gestión de los bienes de la pareja, la Ley la pone en manos del marido, salvo en los casos en los cuales existe un sistema de separación de bienes. En una situación de esa índole, ambos cónyuges tienen derecho a adquirir bienes para la pareja, sin el consentimiento del otro. No obstante, la disposición de bienes en forma gratuita depende en algunos casos del consentimiento de ambos cónyuges. Cabe recordar siempre que, ante la Ley, el hombre es el jefe de familia y el administrador de los bienes en común. Cuando se disuelve el matrimonio, sea por divorcio lo por defunción, la participación de los bienes conyugales se hace de conformidad con el régimen de bienes obtenidos durante el matrimonio. Por consiguiente, si el régimen es de bienes gananciales, cada uno de los cónyuges tiene derecho a la mitad de dicha propiedad o bienes. Cuando se disuelve el matrimonio en un divorcio litigioso, el cónyuge no culpable es el único que puede pedir pensión de alimentación. Eso significa que si se declara que la mujer es culpable en el divorcio, no puede pedir alimentos a su esposo aún en caso de necesidad. No obstante, cuando el divorcio es de mutuo acuerdo corresponde que ambos cónyuges decidan quién tendrá o no derecho a pensiones alimentarias y la cantidad respectiva.

En cuanto a las causales de divorcio, figuran en el artículo 1778 del Código Civil y entre ellas están el adulterio, el abandono del hogar familiar y cualquier otro hecho que establezca la integridad física o moral del cónyuge peticionario. Las mujeres que trabajan en la agricultura y las que son amas de casa tienen la necesidad de cumplir esas disposiciones, o de acatarlas. Pero, la partición de bienes obedece al criterio de cuál de los dos cónyuges contribuyó más a la acumulación de los bienes compartidos.

Hay un programa nacional de salud conocido como el Programa de Salud Maternoinfantil (SMI) que ofrece información sobre la planificación de la familia y servicios de atención de la salud a las mujeres en edad de procrear, así como a los recién nacidos.

En el contexto de ese programa, las mujeres reciben información sobre los métodos anticonceptivos y de planificación de la familia existentes, a fin de que puedan decidir la forma de espaciar el nacimiento de sus hijos.

Sin embargo, el programa no abarca todavía a todo el país, en la medida en que todavía existen demasiadas mujeres, en particular en el campo, que no tienen la libertad de tomar decisiones respecto de su sexualidad ni del espaciamiento de sus hijos. La mayoría de esas mujeres está sometida a limitaciones tradicionales y culturales. Así que huelga decir que en la mayoría de los hogares esa decisión les corresponde a los hombres, ellos deciden cuántos hijos van a tener sus mujeres y cuándo.

El marido decide el apellido de la familia. Sin embargo, si una pareja tiene hijos, sus nombres tendrán que estar conformados por los apellidos de sus padres seguidos por el de sus madres. Pero en la mayoría de las familias los hijos reciben el apellido de su padre.

En Mozambique, los hombres y las mujeres llegan a la mayoría de edad a los 21 años. Pero la Ley determina la edad mínima de matrimonio Así, las niñas pueden casarse a los 14 años de edad en tanto que los varones se casan a los 16. En consecuencia esas edades son las mínimas permitidas para la actividad sexual como pareja casada. No hay excepciones a la edad mínima de matrimonio. Pero, como promedio las mujeres se casan entre los 20 y los 24 años de edad y los varones entre los 24 y los 30 años de edad.

La práctica sexual con menores de edad puede constituir un delito penal que conduce a la condena. No obstante, en muchas regiones del país hay reiterados matrimonios tradicionales en los que participan adultos con niñas menores de 12 años. Posteriormente, ellas entran en una actividad sexual precoz, sin que se imponga sanción alguna a los perpetradores.

Tradicionalmente, se paga el “precio de la novia” y ésto se conoce como el lo bolo. Esa práctica se acepta abiertamente, pero no está considerada en la Ley de manera que legalmente no produce efecto alguno en el matrimonio. Pero el lobolo es uno de los principales factores que conducen a la discriminación contra la mujer en el matrimonio, debido a que con arreglo al lobolo algunos maridos afirman que tienen plena custodia de sus mujeres porque pagaron lobolo por ellas. Se abusa abiertamente de la mayoría de las mujeres en virtud del lobolo.

Con referencia a la herencia, tradicionalmente las mujeres no tienen derechos sucesorios. Aunque la Ley protege a las mujeres en este tema, ellas jamás reciben los beneficios de dicha protección, debido a que en la práctica las mujeres se benefician con los bienes heredados únicamente si no hay un hijo mayor o si no existen parientes vivos del difunto. De esa manera, en realidad ella nunca llega al beneficiarse de los bienes heredados de su marido.

No obstante, habida cuenta de la existencia de ciertas prácticas tradicionales, algunas mujeres de determinadas regiones de Mozambique se purifican tras el fallecimiento de sus maridos. En cuanto a los viudos, cuando se los somete a esos ritos, la aplicación es menos severa. El estudio social de los viudos difiere del de las viudas.

Ley de la Familia

Mozambique aún no cuenta con una Ley de la Familia. Todos los asuntos relacionados con el derecho de familia pueden encontrarse en el Libro IV-Artículos 1576 a 2023 de la Ley Portuguesa de la Familia de 1967, y en la Ley 8/92, de 6 de mayo de 1992, que introduce el divorcio no litigioso.

El principio de la supremacía del marido como jefe del hogar está consagrado en “nuestro” derecho de familia (CC, Artículo 1674). Desde ese punto de partida, es evidente que el papel de la mujer es siempre subordinado. Por eso está obligada a trasladarse al hogar de su marido (Artículo 1672 del CC) y la administración de los bienes de la pareja, inclusive de la propiedad privada de la mujer, por ley, se concede al marido (Artículo 1678, No. 1, del CC) quien no está obligado a responder por su administración.

Con referencia a la disolución del matrimonio por divorcio, y en particular respecto del divorcio de mutuo acuerdo, al parecer se aplican las mismas disposiciones a los hombres y a las mujeres.

Al considerar las disposiciones del Artículo 5 de la Ley 8/92, de 6 de mayo de 1992, se hace evidente que en la concesión de un divorcio litigioso, las parejas deben convenir respecto de:

La regulación de la patria potestad respecto de los niños menores;

La distribución de bienes en común;

El suministro de alimentos al cónyuge menos privilegiado;

El destino de lo que solía ser el hogar de la pareja.

Las mujeres resultan en una posición menos privilegiada en comparación con sus contrapartes varones por la aplicación de esa práctica jurídica al divorcio.

En más de la mitad de divorcios litigiosos existentes, la patria potestad respecto de niños menores se concede a la madre, y el padre se compromete a suministrar pensiones alimentarias para los niños menores y en la cantidad que les permita satisfacer sus necesidades de sustento.

En cuanto a la patria potestad, la ley concede derechos a ambos progenitores, aunque establece una distinción entre los que se conceden a los padres y los que se conceden a las madres (Artículos 1879, 1881 y 1882 del CC).

Si se analiza la disposición legal precedente, se llega a la conclusión de que se discrimina contra las mujeres aunque en la mayoría de las familias es muy claro que son las mujeres quienes cuidan a los niños, los vigilan incluso después de su educación.

Según el Artículo 1881 del CC, las responsabilidades de los padres como jefes de familia son las siguientes:

Proveer el sustento, la educación y la instrucción del menor;

Emanciparlo/emanciparla;

Defenderlo/defenderla y representarlo/representarla, inclusive a los no natos;

Autorizarle la práctica de determinados actos que dependen del consentimiento de ambos progenitores;

Autorizarle para que ejerza una profesión, arte u oficio, y para que viva en forma independiente y

Administrar sus bienes.

La madre tiene que ser consultada respecto de todos los temas relacionados con su hijo o hijos y debe velar por la integridad física, moral y mental de los niños menores.

En consecuencia, los padres que tienen plena autoridad legal para ello toman las decisiones más importantes respecto de la vida de su hijo o de sus hijos.

Derechos sucesorios

Los derechos sucesorios son un conjunto de disposiciones legales que tratan del régimen de transmisión de bienes de personas individuales, o sea un conjunto de disposiciones que regulan la forma en que deben transmitirse los bienes de una persona fallecida a terceras partes. Los derechos existentes en Mozambique son también un legado del sistema portugués que están en proceso de cambio actualmente. Dadas las disposiciones que figuran en el Libro V del Derecho Civil, no cabe observar sencillamente que existen disposiciones discriminatorias en relación con la mujer, y eso se debe a que tratamos de una Ley que cuestiona si el sucesor, o aspirante a beneficiario, es varón o mujer. El problema se presenta en la práctica. De hecho, habida cuenta de los diversos valores culturales heredados por conducto del derecho consuetudinario, y a raíz de la existencia en Mozambique de varios grupos étnicos con distintas tradiciones, y como consecuencia de la falta total de conocimientos de la legislación existente, el ejercicio de los Derechos Sucesorios existentes se hace problemática.

A fin de comprender mejor el origen del problema de la aplicación práctica del derecho escrito, es necesario saber lo que dispone el derecho consuetudinario sobre el tema. Básicamente existen sistemas sucesorios que se fundamentan en familias de linaje por línea paterna y en familias de linaje por línea materna.

En el sistema por línea materna, cuando fallece el marido se puede obligar a la viuda a que permanezca juntamente con sus hijos dentro de la familia nuclear de su difunto marido, con derecho a beneficiarse con la herencia. Sin embargo, el derecho a los bienes o a la sucesión de los bienes del difunto va automáticamente al primer hijo varón de la familia, y él tiene la responsabilidad de compartir esos bienes con su hermano menor si así lo desea. Hay, sin embargo, sistemas de linaje por línea paterna en los cuales todos los hijos varones comparten los derechos sucesorios y la parte más grande le corresponde al hijo mayor.

Cabe mencionar que en cualquier caso, la viuda no recibe ningún derecho sucesorio lo cual la deja sin ningún derecho a acceder a los bienes dejados por su difunto marido. En cuanto al sistema de linaje por línea materna, en caso del deceso del marido, el sobrino mayor/hijo de la hermana o el primo mayor del difunto es el beneficiario. La viuda hereda la choza y todos los utensilios domésticos que contiene.

A pesar de las normas comunes que se utilizan actualmente, se han presentado situaciones últimamente que están lejos de ser compatibles con el derecho consuetudinario. La mayoría de esos comportamientos se produce entre la familia del marido que, siempre que existen bienes valiosos, insiste en incautarse de ellos y de esa manera dejan a la viuda y a sus hijos totalmente desposeídos.

Situación de la mujer en relación de matrimonio

Antes de abordar otras esferas del derecho en las cuales se discrimina contra la mujer, es necesario analizar la situación de las mujeres casadas, porque la legislación existente no contempla ese aspecto. En virtud del Proyecto de Ley de la Familia, ejecutado mediante el Decreto 01/82, de 27 de febrero de 1982, de la Corte Suprema se intentó proporcionar cobertura legal a la disolución de la unión marital, a raíz de problemas personales y de bienes que surgieron a la sazón. Aunque tiene algunas virtudes, el proyecto mencionado peca por comparación de las uniones de hecho con el matrimonio en todas sus facetas.

Hoy, las mujeres que viven en uniones de hecho o matrimonios consensuales no tienen ninguna protección legal, y los tribunales analizan su situación únicamente en los casos en los cuales se trata de bienes y de la regulación de la patria potestad. Eso sucede cuando la unión de ese carácter llega a su fin.

Durante el matrimonio consensual, el estado civil de la mujer se mantiene como el de las mujeres solteras y por ese motivo no están obligadas a llevar el apellido de su contraparte masculino ni tampoco tiene que vivir en la residencia de él.

En cuanto a los bienes, y debido a que en esos casos no existen bienes en común, todo lo que existe son bienes que pertenecen a la mujer, que puede disponer de ellos a su capricho. Se presentan problemas de gran importancia cuando el marido fallece en ese tipo de unión.

En esos casos, la mujer no hereda nada ni tiene derechos sucesorios aún cuando ella hubiera contribuido a la adquisición de esos bienes.

Referencias bibliográficas

Instituciones contribuyentes

Ministerio de Administración Estatal

Ministerio de Educación

Departamento de Salud

Ministerio de Agricultura y Pesquerías

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes

Ministerio de Coordinación del Medio Ambiente

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio del Trabajo

Instituto Nacional de Bienestar Social

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia

Ministerio de Vivienda y Obras Públicas

Ministerio de la Mujer y de la Coordinación de la Acción Social

Foro de la Mujer

Asociación de Mujeres Juristas de Mozambique

Asistencia Técnica

Sra. María Manuela Dalas – Técnica

Sra. Irene Xavier – Técnica

Sra. Clotilde João Soares – Técnica

Sra. Sarifa Eurico – Técnica

Sra. María Manuela Dalas da Conceição – Técnica

Sra. Rosita Salvador – Mecanógrafa

Sr. Virgilio Elías Virgilio Salomão – Coordinador

Contribuciones especiales

Dra. Ana Loforte

Leontina Sarmento dos Muchangos

Sr. Ernesto Tchamo