70º período de sesiones
2 a 20 de julio de 2018
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Lista de cuestiones y preguntas relativas al noveno informe periódico de México
Marco constitucional, legislativo e institucional
En el informe (CEDAW/C/MEX/9) se hace referencia a los esfuerzos para armonizar la legislación, como la modificación del artículo 73 de la Constitución, que permite al Congreso de la Unión acelerar la promulgación de leyes federales y estatales en materia de secuestro, desaparición forzada y trata, entre otros delitos (párr. 24). Sírvanse indicar qué medidas se han adoptado para garantizar que se establezca y aplique la legislación correspondiente, en particular las sanciones, de manera coherente y uniforme en todos los estados. Faciliten también detalles sobre los criterios aplicados por las entidades que participan en los encuentros nacionales para la armonización legislativa (párr. 27), especificando si participan las mujeres indígenas y migrantes y si sus opiniones están adecuadamente representadas. De conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de los artículos 1 y 2 de la Convención y en consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo—, indiquen si se han adoptado, o se tiene previsto adoptar, medidas para incorporar el principio de igualdad en toda la legislación federal y para definir y prohibir todas las formas de discriminación contra la mujer, incluida la discriminación directa, indirecta, formal y de facto por parte de agentes estatales y no estatales, en los ámbitos público y privado.
Acceso a la justicia
Se hace referencia a los protocolos legislativos que se han aprobado para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género (párr. 42). Sírvanse indicar si se han tomado medidas para medir el impacto de los protocolos, especialmente en relación con la eliminación de los estereotipos de género y formas entrecruzadas de discriminación en la administración de justicia. Aporten más detalles sobre los criterios interpretativos aplicados por los jueces en la resolución de los casos y especifiquen si existen mecanismos para identificar las decisiones y prácticas discriminatorias. Faciliten información sobre las medidas adoptadas con miras a garantizar la diligencia debida por parte del personal encargado del cumplimiento de la ley en las investigaciones para alentar la denuncia y evitar una nueva victimización. Indiquen qué medidas se han adoptado con el fin de erradicar las inexactitudes en los procedimientos de investigación para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, especialmente en los estados que sufren los mayores niveles de violencia contra la mujer, a saber, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en México D.F. y Ciudad Juárez (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 17). Indiquen asimismo si existen mecanismos para vigilar la aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, máxime a la luz de las informaciones que sugieren que, a raíz de la entrada en vigor de esta Ley, se ha reducido considerablemente el número de condenas publicadas y se ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos.
Sírvanse aportar más detalles sobre la naturaleza de las actividades de capacitación, los cursos en línea y los talleres que tienen por objeto crear conciencia entre la judicatura y los funcionarios públicos sobre la importancia de incorporar una perspectiva de género en la tramitación de casos (párrs. 64 a 67). Especifiquen si esa capacitación tiene carácter obligatorio y si se adoptan medidas disciplinarias en caso de no asistir a tales actividades o no completarlas. Expliquen también si se han establecido indicadores claros para medir los progresos realizados en la inclusión de una perspectiva de género en la labor de la judicatura. Indiquen si se tiene intención de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en algunos tribunales federales (párr. 30), en particular mediante el suministro de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes.
El Estado parte destaca cinco decisiones adoptadas por la Suprema Corte en relación con el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la justicia, así como un protocolo y sesiones de capacitación (párr. 94). Indíquese si se han establecido medidas para evaluar los efectos de las decisiones en las mujeres indígenas. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para superar las barreras persistentes que impiden el acceso de las mujeres rurales e indígenas a la justicia. Sírvanse proporcionar ejemplos de casos, si los hubiera, en los que los tribunales nacionales hayan invocado las disposiciones de la Convención e indiquen qué medidas se han adoptado para informar a las mujeres sobre los procedimientos de que disponen para hacer valer sus derechos con arreglo a la Convención, hacer frente a la discriminación y obtener reparación. Sírvanse también indicar si todas las mujeres, incluidas las mujeres y niñas cuyos ingresos son limitados, disponen de un acceso adecuado a la asistencia jurídica.
Mecanismos nacionales encargados del adelanto de la mujer
Dado que el Estado parte señala que el sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres ahora opera a nivel ministerial, indiquen las medidas que se han adoptado para armonizarlo con los mecanismos de fomento de la igualdad de género creados en los ministerios y las instituciones federales (párrs. 30 y 31). Indíquese asimismo si los mecanismos similares a nivel estatal, municipal y local tienen mandatos y responsabilidades claramente definidos, y si disponen de suficientes recursos humanos, financieros y técnicos.
Medidas especiales de carácter temporal
El Estado parte expone a grandes rasgos los considerables progresos realizados para facilitar la participación de las mujeres en la vida política y pública a través de un programa nacional para la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres, que abarca el período 2013‑2018. Indiquen qué criterios se aplicaron para la aprobación de este programa. Expliquen si se han adoptado otras medidas especiales de carácter temporal de este tipo para acelerar el logro de la igualdad sustantiva a nivel nacional, estatal y sectorial. A ese respecto, sírvanse proporcionar información sobre las medidas adicionales adoptadas con el fin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, similares a las establecidas en el sector de la educación (párrs. 110 y 121), para incorporar una perspectiva de género en las políticas y los presupuestos, así como formular, aplicar y evaluar las medidas de acción afirmativa para acelerar el progreso con vistas a lograr efectos a largo plazo. Especifiquen también si el Estado parte prevé adoptar otras medidas especiales de carácter temporal, con arreglo al artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, con el fin de acelerar la participación plena e igualitaria de las mujeres en todas las esferas abarcadas por la Convención, en especial aquellas en las que se ven desfavorecidas o están insuficientemente representadas.
Estereotipos y prácticas discriminatorias
Indiquen qué medidas se han establecido para eliminar el lenguaje sexista y los estereotipos discriminatorios contra la mujer en los medios de comunicación, en especial a la luz de las modificaciones del artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (anexo 7). Expongan con detalle las medidas para luchar contra la discriminación multidimensional que sufren las mujeres, especialmente teniendo en cuenta el carácter multiétnico del Estado parte. Indíquese si se han adoptado medidas para elaborar una estrategia integral destinada a cambiar los patrones sociales y culturales que refuerzan los estereotipos tradicionales respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre a nivel federal y estatal, en la familia, en la sociedad, en el sistema educativo y en el sector de la salud. Señálese si se ha avanzado en la elaboración de campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 35 c)).
Violencia contra las mujeres
El Estado parte describe importantes avances legislativos e institucionales para combatir el alto nivel de violencia contra las mujeres, incluido el nivel cada vez mayor de feminicidio en el país. Indiquen qué medidas se han adoptado para asegurar la plena armonización de esas modificaciones, explicando si se han suministrado suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para su plena aplicación. Proporcionen información actualizada sobre el número de casos de feminicidio procesados por tribunales penales federales desde la aprobación de las modificaciones introducidas en 32 códigos penales federales (anexo 10), indicando cuántos han sido enjuiciados. Faciliten también información sobre las medidas adoptadas para eliminar la impunidad en tales casos. Indiquen las medidas previstas para impartir a los miembros de la judicatura, los agentes de policía y los funcionarios de salud pública una capacitación adecuada que les permita determinar los factores causales de la violencia de género, incluido el feminicidio, al ocuparse de los distintos casos.
Sírvanse describir los avances realizados en el establecimiento de un sistema normalizado para la recopilación periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres, desglosados por tipo de violencia y circunstancias en que esta se cometió, incluyendo información sobre los autores y las víctimas y su relación, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 12 d)). Indiquen también qué medidas se han adoptado para tratar de encontrar una solución a los problemas señalados en relación con los datos sobre casos de feminicidio (párr. 230). Especifíquese la medida en que las partes interesadas pertinentes, incluidos los miembros de la sociedad civil, han participado en la aplicación del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que abarca el período 2014‑2018 (párr. 34). Proporcionen información actualizada sobre la situación de la legislación en materia de desapariciones forzadas, incluida la fecha prevista para su aplicación. Especifiquen las medidas urgentes que se han adoptado para hacer frente a las desapariciones de mujeres y niñas y para garantizar investigaciones efectivas e inmediatas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en tales casos.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para superar los continuos obstáculos que impiden al mecanismo de alerta de violencia de género reducir el número de casos de violencia contra las mujeres y feminicidio (párr. 39 y anexos 18 y 19). Indíquese también si se han establecido medidas suficientes para identificar a los presuntos autores, incluidos los agentes no estatales y las personas involucradas en la delincuencia organizada. Especifiquen si existen mecanismos para evaluar los efectos del mecanismo y si existen planes para establecerlo en todos los estados. Indiquen las medidas adoptadas para emprender campañas de concienciación, dirigidas en particular a las niñas, los padres y los cuidadores, a fin de prevenir los actos sistémicos y las omisiones que conducen a la violencia contra las mujeres y las niñas. Sírvanse especificar también las medidas establecidas para prevenir la estigmatización de las víctimas de violencia y abusos sexuales, en particular en vista del elevado índice de embarazos en la adolescencia en el Estado parte y de los indicios de que muchos de esos casos comportan violencia y abusos sexuales. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para investigar las causas de esos embarazos y llevar rápidamente ante la justicia todos los casos de abuso sexual de niñas.
Trata
Según la información de que dispone el Comité, el Estado parte es un país de origen y destino de mujeres y niñas sometidas a trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso. Especifiquen si se han adoptado medidas con el fin de armonizar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos en los estados, aumentar el número de refugios para las víctimas de la trata en todos los estados y mejorarlos (anexo 2). Aporten también información sobre el número de casos de trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, que se han investigado. Indiquen las medidas establecidas para identificar a los presuntos autores, en particular aquellos involucrados en la delincuencia organizada. Proporcionen información sobre los enjuiciamientos relacionados con casos presuntamente perpetrados por las autoridades públicas y el personal encargado de hacer cumplir la ley, especificando la naturaleza de las sanciones impuestas. Indiquen las medidas específicas adoptadas para prevenir la trata de mujeres, adolescentes y niñas indígenas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
Participación en la vida política y pública
El Estado parte ha hecho considerables avances en el logro de la paridad de género mediante reformas de sus políticas electorales (párr. 22), y la información presentada ante el Comité sugiere que logrará la igualdad de representación en las elecciones que se celebrarán en 2018. A ese respecto, indiquen qué créditos presupuestarios se han previsto para garantizar que los gastos beneficien por igual a mujeres y hombres durante y después de las elecciones. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para apoyar a las candidatas a cargos electivos, en particular a nivel local. Indiquen qué medidas se han adoptado para hacer frente a las prácticas y actitudes discriminatorias estructurales, de género y étnicas, incluidas las derivadas del sistema normativo indígena, que impiden a las mujeres indígenas y rurales disfrutar de una participación plena e igualitaria en la adopción de decisiones políticas. Faciliten información sobre las medidas adoptadas para hacer frente al aumento de la violencia política contra las mujeres, indicando las medidas específicas adoptadas en los planos federal y local para reconocer y definir el delito de violencia política, de conformidad con la recomendación general núm. 35 (2017) del Comité sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19. Sírvanse indicar si el Estado parte está considerando la posibilidad de adoptar un plan de acción nacional de conformidad con la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, como recomendó el Comité en su recomendación general núm. 30 (2013) sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.
Defensoras de los derechos humanos y periodistas
Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para fortalecer la perspectiva de género en el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas (párr. 180), e indiquen la forma en que la metodología para la evaluación de riesgos (párr. 182) ha tenido en cuenta las denuncias de intimidación y hostigamiento contra las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidas las dirigentes indígenas. En particular, faciliten información detallada sobre las investigaciones llevadas a cabo en respuesta al informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, según el cual 38 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas fueron asesinadas entre 2012 y 2016. Se ruega especificar cuántos de esos casos han sido investigados y si los tribunales han dictado condenas respecto de las violaciones de los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.
Educación
Sírvanse indicar si existen medidas eficaces para aumentar la participación femenina en los ámbitos de formación profesional no tradicionales, así como en los estudios tecnológicos y científicos, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en los niveles secundario y terciario. A ese respecto, especifiquen si se han evaluado los efectos de esas medidas y si la integración de las niñas en el mercado de trabajo una vez concluida su educación es objeto de seguimiento. Describan los avances logrados en la provisión de educación intercultural y bilingüe para las niñas indígenas como medio de acelerar su acceso a todos los niveles de la educación. Describan también la forma en que se ha aplicado la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes (párr. 117), indicando si se prevé su puesta en marcha en todos los estados, y si se ha evaluado su repercusión. Asimismo, presenten datos sobre la tasa de deserción escolar de las niñas como consecuencia del embarazo y sobre los costos indirectos de la educación que podrían impedir el acceso de las mujeres y las niñas a los estudios, especialmente en los hogares encabezados por mujeres y las comunidades indígenas. Aporten más detalles sobre las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas (párr. 196) y especifiquen los medios que emplea el sistema para facilitar el regreso de las madres adolescentes a la escuela a fin de que concluyan su educación, indicando si esas medidas han afectado a la tasa general de deserción escolar de las niñas. Indiquen asimismo las medidas establecidas para hacer frente al acoso sexual en las escuelas.
Empleo
El Estado parte reconoce que persiste una desigualdad salarial por razón de género (párr. 153), y la información presentada ante el Comité sugiere que solo el 43,9% de las mujeres participa en el mercado de trabajo, mientras que el 60% trabaja en el sector no estructurado. Sírvanse indicar el porcentaje de mujeres que trabajan en la industria y su principal ubicación geográfica. Aporten información sobre las medidas adoptadas para promover el empleo de las mujeres en sectores no tradicionales mejor remunerados, en particular mediante el uso de medidas especiales de carácter temporal, y para aplicar el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), de la Organización Internacional del Trabajo. Indiquen si se ha procurado eliminar los obstáculos discriminatorios a que se enfrentan las mujeres altamente calificadas en la promoción dentro del ámbito de trabajo que han elegido. Señalen también las medidas establecidas para promover la igualdad de género en el sector empresarial. Especifiquen qué mecanismos existen para identificar los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo e indiquen las sanciones aplicadas en tales casos.
A la luz de las reformas laborales descritas (párrs. 152 y 164), sírvanse indicar las medidas adoptadas para resolver la precaria situación que afrontan las trabajadoras domésticas y para formular una política integral que garantice que esas trabajadoras tengan acceso en pie de igualdad a una remuneración y tratamiento iguales por trabajo de igual valor, con inclusión de prestaciones, junto con acceso en pie de igualdad a la seguridad social y a condiciones de trabajo seguras, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8 párr. 29 d)). Indiquen el plazo para ratificar el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (Núm. 189), y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (Núm. 156), de la Organización Internacional del Trabajo (párr. 168). Proporcionen información detallada sobre si se han establecido mecanismos de inspección del trabajo en todo el país, así como sobre las tendencias detectadas en cuanto al tipo de violaciones a que se enfrentan las trabajadoras y sobre los mecanismos existentes para hacerles frente. Sírvanse indicar si el Estado parte ha considerado la posibilidad de ofrecer a las trabajadoras la opción de presentar una denuncia a través de la tecnología móvil en los casos de violaciones de los derechos laborales, especialmente si hay temor a represalias.
Salud
Indiquen qué medidas se han adoptado para armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal, así como para ampliar el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 33 a)). El Estado parte hace referencia a las reformas legislativas, en particular a la norma oficial mexicana NOM‑046‑SSA2‑2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (párr. 148), y a los esfuerzos para fortalecer y armonizar la Ley General de Víctimas. A ese respecto, indiquen cómo se ha informado al público de todo el país, en particular a las mujeres, acerca de estas novedades y especifiquen si el personal sanitario conoce sus obligaciones y si existen sanciones en caso de incumplimiento. Proporcionen información sobre las medidas adoptadas para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean un aborto legal. Proporcionen asimismo datos estadísticos sobre el número de mujeres que se han sometido a un aborto legal. Faciliten información actualizada sobre las reformas propuestas con respecto a la Ley General de Salud, actualmente en tramitación en el Senado, que presuntamente permitiría a los trabajadores sanitarios denegar a los pacientes el acceso a los servicios de salud, incluido el aborto y la anticoncepción, por razones de conciencia motivadas por creencias personales.
Proporcionen información sobre los recursos financieros existentes para suministrar botiquines obstétricos y anticonceptivos, indicando cómo se distribuyen esos botiquines, en particular a las mujeres que viven en zonas rurales y las mujeres indígenas. Faciliten información actualizada sobre la tasa de mortalidad materna, desglosada por región, y sus principales causas, e indiquen si la estrategia de “embarazo saludable”, encaminada a reducir esa tasa (párr. 133), se está aplicando en todo el país y señalen si se dispone de suficientes asignaciones presupuestarias para su aplicación. Describan los mecanismos existentes para identificar la violencia obstétrica y las posibles sanciones para los autores. Habida cuenta del elevado índice de embarazos en la adolescencia y de las indicaciones de que muchas niñas en edad escolar recurren al aborto, describan las medidas que se están adoptando para afrontar este problema. Proporcionen detalles sobre los servicios ofrecidos para garantizar que las madres adolescentes cuenten con el apoyo necesario en materia de nutrición, salud y atención psicosocial.
Mujeres con discapacidad
Describan las medidas de que se dispone para ejecutar los programas y las políticas en relación con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, especificando si se han tomado medidas para establecer programas y políticas similares en todos los estados (anexo 2). Indiquen qué papel desempeña el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a la hora de garantizar que se aplique una perspectiva de género en la formulación de legislación y políticas. Facilítese información sobre la medida en que las mujeres con discapacidad se ven afectadas desproporcionadamente por la pobreza y en lo que respecta al acceso a los servicios de salud y de salud reproductiva, la educación y el empleo. Sírvanse presentar ejemplos específicos de planes de protección social existentes cuyo fin sea reducir la carga económica que recae sobre las mujeres en los grupos desfavorecidos, especialmente sobre las mujeres con discapacidad. Indiquen qué medidas se han adoptado para velar por que las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia, incluidas las mujeres con discapacidad, tengan un acceso adecuado a la asistencia médica y psicosocial, así como a programas de protección de víctimas y testigos. Proporcionen también información detallada sobre las medidas adoptadas para prevenir la explotación sexual y económica, el abuso y la trata en lo que respecta a las mujeres indígenas con discapacidad.
Mujeres indígenas y rurales
El Estado parte expone a grandes rasgos las medidas adoptadas para lograr la igualdad y reducir la pobreza y la pobreza extrema entre las mujeres rurales y las mujeres indígenas, como un sistema de transferencia monetaria condicionada y una estrategia de “cruzada nacional contra el hambre” (párr. 192). Proporcionen información actualizada sobre la aplicación de las medidas, indicando si se han evaluado sus repercusiones para las mujeres que viven en la pobreza extrema. De conformidad con lo previsto en la recomendación general núm. 34 (2016) del Comité sobre los derechos de las mujeres rurales, describan en qué medida han participado las mujeres rurales y las mujeres indígenas en la elaboración de esas y otras medidas para hacer frente a la pobreza extrema. Describan las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres indígenas controlen sus recursos y puedan continuar practicando los aspectos positivos de su cultura y sus tradiciones sin trabas. Sírvanse especificar si se han adoptado medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las disparidades que enfrentan las mujeres indígenas de las zonas rurales en su acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como su participación en los procesos de adopción de decisiones, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 35 b)).
Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo
El Estado parte no proporciona información sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, ni sobre las solicitudes de asilo basadas en la persecución por razón de género. Especifiquen qué medidas se han adoptado para colmar las deficiencias existentes en materia de protección en relación con los derechos de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo. Especifiquen también qué medidas se han adoptado para proteger a las mujeres en tránsito, en particular las que viajan desde Centroamérica, que enfrentan graves riesgos de secuestro, desaparición, agresión sexual, trata y extorsión. Indiquen qué mecanismos existen para alentar a las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo a presentar denuncias ante las autoridades sin temor a la deportación. A ese respecto, especifiquen cuántas mujeres fueron deportadas en el período que abarca el informe, con indicación de su país de origen. Faciliten también datos estadísticos sobre el número de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo lesbianas, bisexuales, transgénero y de personas intersexuales que han sufrido actos de violencia de género en el Estado parte, haciendo constar si los presuntos autores han comparecido ante la justicia. Sírvanse indicar si se han tomado medidas para establecer un mecanismo oficial de identificación de las personas necesitadas de protección internacional, máxime de las mujeres refugiadas, las mujeres apátridas y las víctimas de la trata de personas. Sírvanse especificar si se ha adoptado una estrategia amplia para identificar, prevenir y responder a las situaciones de violencia sexual y por razón de género que afectan a las mujeres y niñas refugiadas y solicitantes de asilo, y para velar por que tengan un acceso adecuado a refugios, así como a servicios de asesoramiento médico y psicosocial, de conformidad con la recomendación general núm. 35 del Comité.
Mujeres migrantes
Habida cuenta del actual contexto social y político, sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas o previstas para combatir todas las formas de discriminación contra las mujeres migrantes y garantizar su acceso adecuado a la capacitación y el empleo, la seguridad social y los servicios sociales, la vivienda, la atención de la salud y la educación. Faciliten información sobre las medidas adoptadas o previstas para conseguir que las mujeres migrantes reciban protección y asistencia adecuadas en los casos de violencia doméstica. Presenten datos actualizados sobre la tasa de empleo y las condiciones de trabajo de las mujeres migrantes en el Estado parte. Indiquen también qué medidas se han adoptado con el fin de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres migrantes, en particular los asesinatos y desapariciones por razón de género, castigar a los autores de esos actos de violencia y adoptar todas las medidas necesarias para dar pleno efecto a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a ese respecto, incluida su sentencia en el caso González y otras ( “ Campo Algodonero ” ) vs. México (ib i d. párr. 19 f)).
Mujeres detenidas
Según la información de que dispone el Comité, el enjuiciamiento de mujeres por delitos relacionados con las drogas aumentó un 75% en 2015, y las reclusas sufren graves problemas de salud debido al hacinamiento y la reclusión. Sírvanse indicar qué medidas existen para garantizar que las mujeres detenidas reciban un trato humano y tengan acceso adecuado a la atención médica, conforme a las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (las Reglas de Bangkok). Proporcionen también información sobre los criterios que se aplican en los casos de prisión preventiva, especialmente a la luz de la información que indica que las mujeres suelen permanecer largos períodos detenidas. Faciliten datos sobre el uso de alternativas a la prisión preventiva que tengan en cuenta las cuestiones de género. Indiquen cuántas mujeres están actualmente encarceladas por haberse sometido a un aborto ilegal.
Matrimonio y relaciones familiares
El Estado parte hace referencia a las propuestas de modificación de los artículos 168 y 184 del Código Civil Federal (párr. 200) a fin de asegurar que los bienes tangibles e intangibles, como la pensión y las prestaciones de seguros, reciban el debido reconocimiento en el régimen económico matrimonial en caso de divorcio. Proporcionen detalles de los progresos realizados a ese respecto, indicando los mecanismos existentes para asegurar que los registros públicos de deudores alimentarios morosos, actualmente en vigor en cinco estados (párr. 201), se adopten a nivel nacional como medio de lograr que se cumplan las obligaciones de manutención. Faciliten además más detalles sobre los mecanismos encaminados a fomentar la igualdad en el reparto de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres (párr. 206) e indiquen si está previsto promulgar la legislación en materia de paternidad responsable, como recomendó anteriormente el Comité (CEDAW/C/MEX/CO/7‑8, párr. 37 c)).
El Estado parte señala que 19 estados han aprobado disposiciones para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, en consonancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (párr. 205). Indiquen qué medidas se han adoptado para garantizar que esta Ley se aplique en todos los estados. Indiquen también las salvaguardias establecidas con el fin de proteger a las niñas menores de 18 años que hayan recibido autorización para casarse. Especifiquen las medidas adoptadas para cambiar las actitudes culturales ante el matrimonio infantil mediante campañas de concienciación, en particular entre las comunidades rurales e indígenas. Indiquen si existe un mecanismo para registrar los matrimonios infantiles, especialmente en las zonas rurales, remotas e indígenas.