Lista de siglas y abreviaturas

CEDAWConvención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

AFLIDEPA Asociación de Mujeres de Limonade para el Desarrollo de la Producción Agrícola y Artesanal

BLCVFFOficina para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas

BPMBrigada de Protección de Menores

CIDAOrganismo Canadiense de Desarrollo Internacional

CIDPComité Interministerial de los Derechos de la Persona

CNIGSCentro Nacional de Información Geoespacial

CNSACoordinación Nacional de la Seguridad Alimentaria

COTEMComité de Aplicación de la Cuota/Comité Técnico Multisectorial

CSPJ Consejo Superior del Poder Judicial

DSFDirección de la Salud Familiar

EMMUSEncuesta sobre Morbilidad, Mortalidad y Utilización de los Servicios

GARRGrupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados

HUEHHospital de la Universidad Estatal de Haití

IBESRInstituto de Bienestar Social e Investigación

IHSIInstituto Haitiano de Estadística e Informática

INFPInstituto Nacional de Formación Profesional

KOFAVIVKomisyon Fanm Viktim pou Viktim

KRFBLComité Asesor de las Mujeres del Bajo Artibonite

MARNDRMinisterio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural

MASTMinisterio de Asuntos Sociales y Trabajo

MCFDFMinisterio de la Condición y los Derechos de la Mujer

MJSPMinisterio de Justicia y Seguridad Pública

MOUFHEDMovimiento de Mujeres Haitianas para la Educación y el Desarrollo

MPCEMinisterio de Planificación y Cooperación Externa

MPPMovimiento de Campesinos de Papaye

MSPPMinisterio de Salud Pública y Población

OFATMAOficina del Seguro de Accidente de Trabajo, Enfermedad y Maternidad

OMS Organización Mundial de la Salud

ONAOficina Nacional del Seguro de Vejez

ONPES Observatorio Nacional de la Pobreza y la Exclusión Social

ONU-MujeresEntidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

OPCOficina de Protección del Ciudadano

PAARPPlan de Acción para Acelerar la Reducción de la Pobreza

PARGEP Proyecto de apoyo al fortalecimiento de la gestión pública en Haití

PATHProyecto de apoyo técnico en Haití

PCVPrograma de Cooperación Voluntaria

PNUDPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PROFAPGOPlataforma de organización de las mujeres para el adelanto de la comuna de Gonaïves

PSDHPlan Estratégico de Desarrollo para Haití

PSUGOPrograma de Educación universal Gratuita y Obligatoria

REFRAKARed de Mujeres en las organizaciones de radio comunitarias haitianas

SOFASolidaridad de las Mujeres Haitianas

SONUatención obstétrica y neonatal de emergencia

SONUBatención obstétrica y neonatal básica de emergencia

SONUCatención obstétrica y neonatal general de emergencia

UEHUniversidad Estatal de Haití

UNFPAFondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Introducción

La República de Haití firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1980 y la ratificó al año siguiente, de conformidad con el decreto parlamentario de 7 de abril de 1981.

El primer informe nacional sobre la aplicación de la Convención se elaboró durante el período 2006-2008 en un marco participativo y multisectorial. Haití lo presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 43º período de sesiones, celebrado en Ginebra, el 27 de enero de 2009.

Ese primer documento fue un informe combinado que incluyó el informe inicial que debió presentarse en 1982 más seis informes periódicos que debían presentarse en 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 y 2006, abarcó un período de 25 años y puso fin a la demora de Haití en el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 18 de la Convención de presentar un informe inicial un año después de la ratificación y luego informes periódicos cada cuatro años.

El presente documento es también un informe combinado que incluye los informes periódicos octavo y noveno, solicitados en el párrafo 49 de las observaciones finales del Comité (CEDAW/C/HTI/CO/7), y abarca el período comprendido entre 2006 y 2014. Con este informe Haití se encuentra al día respecto de la presentación de informes al Comité, que realizará en adelante conforme al calendario previsto.

En el período 2006-2014 Haití fue asolado por un sismo devastador que causó considerables pérdidas humanas y materiales, centenares de miles de muertes y la destrucción de una gran parte de la capital, Puerto Príncipe, así como de otras ciudades cercanas. El 12 de enero de 2010, el Palacio Nacional y la mayor parte de los edificios vinculados con la administración pública, la iglesia y los sectores de la educación y la salud quedaron totalmente destruidos o gravemente dañados. Los locales del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) sufrieron la misma suerte, y ello ocasionó la muerte de miembros de su personal, incluida la Directora General del Ministerio, y la pérdida de documentos y materiales. El movimiento de mujeres guardó luto por la desaparición de personalidades feministas de renombre nacional e internacional como Anne Marie Coriolan, Magaly Marcellin, Mireille Anglade y Myriam Merlet, Jefa de Gabinete de la Ministra, experta en cuestiones de género y miembro de la delegación haitiana que viajó a Ginebra en enero de 2009.

Al examinar determinados retrasos en la aplicación de la Convención y de las recomendaciones del Comité deben tenerse en cuenta las circunstancias excepcionales creadas por ese desastre, que conmocionó profundamente al país, dio al traste con los programas y proyectos y generó repercusiones en el mundo entero.

Además de ofrecer una evaluación general de la situación de las mujeres en Haití, el presente informe incluye específicamente un análisis de las dificultades que retrasan la aplicación de determinados artículos de la Convención y describe las soluciones previstas y las medidas adoptadas para resolver esos problemas.

Asimismo, siguiendo el orden de los artículos de la Convención, se informa sobre las medidas adoptadas por el Estado en respuesta a las observaciones y recomendaciones formuladas por el Comité tras el examen del informe precedente.

Se hace referencia, además, a los tratados, las convenciones y demás acuerdos en los que Haití es parte, y en particular a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, prestando especial atención a las seis esferas prioritarias de especial preocupación, a saber, educación y capacitación de la mujer, la mujer y la economía, la mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y la adopción de decisiones y los derechos humanos de la mujer; y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre ellos el tercero, en el que se insta a promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, y es también un requisito previo para la consecución de los demás ODM.

Capítulo I 

Principio de la igualdad y ley sobre la igualdad entre los géneros

1.1.En marcha hacia la igualdad

En su informe de 2008 relativo a la aplicación de la Convención, Haití reconoció la necesidad urgente de una estrategia amplia dirigida a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas de actividad. Concluyó que a tal fin se requería una política y un plan de acción en favor de la igualdad y, de conformidad con la recomendación contenida en el párrafo 11 de las observaciones finales del Comité, debía aprobarse lo antes posible una ley sobre la igualdad entre los géneros con objeto de eliminar todas las formas de discriminación, en consonancia con los artículos 1 y 2 de la Convención.

En relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención y con la recomendación general núm. 28 del Comité, en su conjunto, las actuales disposiciones del marco jurídico del país todavía son insuficientes. Al precisar el sentido y el alcance del artículo 2 de la Convención, la citada recomendación general aclara la naturaleza particular de la discriminación contra la mujer teniendo en cuenta las nociones de sexo y género. En lo que respecta a los tratados internacionales, la distinción que se establece entre las disposiciones explícitas que garantizan la igualdad entre los géneros y la dependencia implícita del concepto de no discriminación permite captar mejor el alcance de los diversos instrumentos necesarios para luchar contra todas las formas de discriminación. Es evidente que una nueva ley nacional en la que figure una definición de la discriminación directa e indirecta contra la mujer junto con indicaciones explícitas de los actos discriminatorios y las sanciones correspondientes de seguro fortalecerá la legislación haitiana.

Todavía las leyes haitianas contienen disposiciones discriminatorias. Además, no basta con la simple afirmación del principio de la igualdad para que desaparezcan las desigualdades en la práctica o cambie la percepción social de la superioridad del hombre. Por ello, es apremiante establecer políticas públicas apropiadas, aprobar un plan de acción pertinente, acelerar la reforma jurídica y aplicar normas que incluyan sanciones por incumplimiento.

Ya en 2008 el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) comenzó a analizar estas cuestiones. El Primer Ministro acogió favorablemente un primer documento sobre política de igualdad. Tras la presentación del informe de 2009 de Haití al Comité, prosiguió esa labor y se divulgaron las conclusiones del informe entre los diversos sectores del Estado y la sociedad civil.

Tras un lento avance debido a los numerosos cambios de gobierno y sobre todo a los efectos del terremoto de 2010, que desorganizó los programas y proyectos del Estado y obligó a concentrar toda la energía en la ayuda de emergencia, finalmente se ven los resultados del proceso de formulación de una política de igualdad. El Estado ha aprobado una política de igualdad entre los géneros (EFH) para los próximos veinte años y un plan de acción nacional conexo, 2014-2020; y ha comenzado a establecer mecanismos que garanticen su aplicación y evaluación a escala nacional.

1.2.Medidas fundamentales recientes para la aplicación de una política de igualdad entre los géneros

Las siguientes medidas, tomadas durante el período 2012-2014, confirman el avance hacia la igualdad:

•La afirmación explícita del principio de la igualdad en el enunciado de la política general del Gobierno y en el discurso oficial;

•La designación de mujeres para más del 30% de los cargos ministeriales;

•En virtud de una enmienda constitucional, la aprobación por el Parlamento de una cuota de no menos de 30% de representación de la mujer en cargos públicos a todos los niveles de la vida nacional, especialmente en los servicios públicos;

•La creación de una oficina de asuntos de género en el Parlamento;

•La aprobación por el Parlamento de la Ley sobre la paternidad, la maternidad y la filiación;

•La aprobación por el Gobierno de una política de igualdad entre los géneros;

•La inclusión en el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH) de un plan de acción para asegurar la igualdad entre los géneros en el que participan los diversos ministerios;

•Tras la evaluación del primer Plan nacional para combatir la violencia contra la mujer, 2006-2011, la aprobación de un segundo Plan de esta índole para el período 2012-2016;

•La creación de una Oficina para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (BLCVFF) bajo la responsabilidad del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP);

•La creación del Comité Interministerial de los Derechos de la Persona (CIDP), del cual es miembro el MCFDF.

Desde el punto de vista estratégico se han fortalecido mecanismos de diálogo como los siguientes:

•Alianzas entre el Estado y la sociedad civil, como el Diálogo Nacional para Combatir la Violencia, que en 2005 produjo un plan nacional renovado en 2011, se ha reforzado mediante la creación de la Oficina antes mencionada, cuya gestión se oficializó el 31 de enero de 2014 en virtud de un protocolo firmado por los tres ministerios citados;

•Alianzas con organismos de las Naciones Unidas y otros de la comunidad internacional se han fortalecido con el establecimiento de la Mesa Redonda Temática sobre género.

1.3.Comité Interministerial de los Derechos de la Persona (CIDP)

Reconociendo la necesidad de coordinar sus medidas en materia de derechos humanos, el Gobierno instituyó, por decreto de fecha 13 de mayo de 2013, el Comité Interministerial de los Derechos de la Persona (CIPD), presidido por la Viceministra para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Pobreza Extrema del Primer Ministro, e integrado por representantes de los ministerios más directamente interesados. Una de las dos representantes del MCFDF ante el Comité es la Directora de Asuntos Jurídicos. El Comité se ocupa de asegurar la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas de derechos humanos, y de proponer la estrategia nacional y la hoja de ruta para su aplicación. También coordina la preparación del informe nacional presentado por Haití en el marco del mecanismo del examen periódico universal y ayuda a divulgar la Convención y a incorporar el principio de la igualdad en las actividades de todos los organismos del Estado.

1.4. La política de igualdad entre los géneros

En 2014 se finalizó, aprobó y publicó el documento en que figura la política de igualdad. Tras un análisis centrado en los derechos de la mujer y su situación con respecto al acceso a la justicia, la educación, la salud, el empleo y la participación en la vida pública y política, se enuncian en el documento los fundamentos jurídicos, políticos, socioeconómicos y culturales de la igualdad de género, así como la visión del Estado a ese respecto. Se exhorta a todos los sectores del Estado y de la sociedad civil a hacer suya esta política y coadyuvar a su aplicación. Seguidamente se describen las principales orientaciones y los objetivos precisos que de ella se derivan. La proclamación solemne de esta política por las autoridades del Estado en un documento oficial y legal confirma su legitimidad y sostenibilidad. Se abordan en el documento cuestiones relacionadas con la gobernanza, a saber, orientación, gestión y rendición de cuentas en materia de igualdad, y se afirma explícitamente que la no discriminación es un principio rector y un requisito previo del derecho a la igualdad de oportunidades y de remuneración.

Capítulo II 

Reforma legislativa

2.1.Lentitud del proceso

Debe reconocerse que la reforma jurídica, si bien es prioritaria para el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) de conformidad con la recomendación que figura en el párrafo 13 de las observaciones finales del Comité, avanza con extrema lentitud. Son varios los organismos de adopción de decisiones que intervienen en el proceso, relacionados con el Parlamento, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Todo proyecto de ley, antes de su aprobación, debe ser aceptado separadamente por la Cámara de Diputados y el Senado. En esas etapas los diputados y los senadores pueden introducir modificaciones pero finalmente deben acordar un texto único. Después que el texto es votado por el Parlamento, se transmite al poder ejecutivo para su promulgación y publicación en el boletín oficial, con lo cual entra en vigor. No obstante, el poder ejecutivo puede interponer objeciones a su contenido dentro de un plazo determinado. En el curso de este proceso largo y complejo pueden surgir dificultades en torno a la propuesta de ley. En tales circunstancias resulta difícil establecer un calendario preciso como se sugiere en la antedicha recomendación.

2.2.Situación actual

Los proyectos de ley propuestos por el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) se han sometido a debates exhaustivos en las instituciones pertinentes y ante la opinión pública. Las cuestiones que tratan son propias de un orden social patriarcal regido por los códigos civil y penal. Estos datan de principios del siglo XIX y fueron inspirados por el código napoleónico. Ese marco jurídico ha conformado las mentalidades y las conductas a todos los niveles de la sociedad. Dichos proyectos incluyen:

•El proyecto de ley sobre la paternidad responsable y la filiación, que pasó a ser Ley sobre la Paternidad, la Maternidad y la Filiación, fue votada por la Cámara de Diputados en 2010 y por el Senado en 2012, fue promulgada el 28 de mayo de 2014, y apareció en el número 105 del Boletín Oficial el 4 de junio del mismo año. Está en marcha la preparación de estrategias de información y sensibilización para facilitar la aplicación de esta Ley;

•La Ley sobre las Condiciones de Trabajo de los Empleados Domésticos, que fue votada por la Cámara de Diputados el 5 de marzo de 2008 y por el Senado el 6 de mayo de 2009, aún no ha sido promulgada;

•El proyecto de ley sobre las uniones consensuales (plaçage) no ha sido inscrito aún en la agenda legislativa;

•La Ley sobre la Trata de Personas, que fue votada por la Cámara de Diputados en agosto de 2013 y por el Senado en 2014, está en espera de su promulgación;

•El proyecto de ley marco sobre la violencia contra la mujer, anunciado en el informe de 2008, se ha finalizado y está en espera de su inscripción en la próxima agenda legislativa;

•Se encuentra en la etapa de finalización un proyecto de ley sobre la igualdad entre los géneros;

•Una comisión de juristas establecida bajo los auspicios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) trabaja en la reforma de los códigos;

•El 2 de diciembre de 2013 se inauguró en el Parlamento una oficina para la igualdad entre los géneros en presencia de los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, la Ministra de la Condición y los Derechos de la Mujer, parlamentarios y representantes de la comunidad internacional. La nueva oficina prestará apoyo técnico a los parlamentarios mediante el análisis de los proyectos de ley con una perspectiva de género, y les hará propuestas a fin de garantizar que se tenga en cuenta esa perspectiva en las leyes aprobadas y que estas sean compatibles con los instrumentos internacionales ratificados por Haití.

Capítulo III 

Mecanismo nacional para la promoción de la mujer

3.1.Misión, estructura organizativa y esferas de intervención del mecanismo

3.1.1.Misión del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF)

El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) fue creado el 8 de noviembre de 1994, teniendo en cuenta las reivindicaciones de las mujeres y como parte de los preparativos de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. El Ministerio es una entidad intersectorial y tiene la responsabilidad de formular, aplicar, orientar y hacer respetar la política gubernamental; promover la creación de una sociedad igualitaria para ambos géneros; y orientar la formulación y ejecución de políticas públicas equitativas en el ámbito nacional.

3.1.2.Estructura organizativa

Hasta 2012 las funciones del Ministerio estaban distribuidas entre la Dirección para la Incorporación de la Perspectiva de Género (DPAG), responsable de los programas y medidas relacionados con el alcance intersectorial del Ministerio, y la Dirección de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer (DPDDF). En 2013 se creó una tercera dirección, la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ). Está en curso el ajuste de las responsabilidades de la DPDDF y la DAJ. Esta última es responsable de los aspectos jurídicos de las medidas que adopta el Ministerio y, en particular, se ocupa de proporcionar orientación jurídica en los casos de mujeres y niñas víctimas de la violencia. Representa al MCFDF en el Comité Interministerial de los Derechos de la Persona (CIDP) y es responsable del seguimiento de los instrumentos internacionales relativos a los derechos de la mujer.

El Ministerio está representado en las regiones por diez oficinas de coordinación departamentales encargadas de aplicar sus políticas a nivel local. Por falta de recursos humanos y financieros, esas estructuras descentralizadas no han alcanzado aún el estatuto de dirección departamental previsto en la Ley de organización y funcionamiento del Ministerio, que está en vigor desde 2005. Consisten en una oficina departamental a cargo de un equipo pequeño encabezado por una coordinadora y responden a la Dirección de Coordinación de las Oficinas Departamentales (DCBD).

3.1.3.Esferas de intervención estratégicas

De conformidad con el plan estratégico quinquenal 2006-2011 revisado del Ministerio, se establecieron los cinco objetivos de política siguientes:

•Diseño, formulación y aplicación de una política sobre la igualdad de género;

•Fortalecimiento de las capacidades organizativas e institucionales del Ministerio;

•Mejora de la situación de las mujeres;

•Elevar el grado de conciencia y el nivel de educación de la población;

•Eliminar la violencia contra la mujer.

•Cinco años después, en 2013, estos objetivos siguen guiando la política del Ministerio.

3.1.4.Lugar del Ministerio en la estructura gubernamental

En el turbulento período que sucedió al sismo, algunas de las nuevas fuerzas políticas surgidas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2010 llegaron a poner en tela de juicio la utilidad del Ministerio. Como había ocurrido antes en más de una ocasión, el movimiento de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas se movilizó íntegramente para contrarrestar todo intento de anular o debilitar el mecanismo nacional cuya misión era esencial para la promoción de los derechos de la mujer y el desarrollo del país. Durante la campaña, candidatos que intervinieron en debates divulgados por los medios de difusión trataron de desacreditar al Ministerio y proponer en cambio un ministerio de asuntos de la familia. Sin embargo, el movimiento de mujeres dio respuesta a esas opiniones en dichos debates.

Personalidades de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas se dedicaron a explicar los conceptos de condición, igualdad y derechos fundamentales de la mujer, y a describir las desigualdades y la discriminación basadas en el género que justifican la misión específica del Ministerio. Este proceso fortaleció su posición. Así pues, en 2012 más del 40% de los ministros eran mujeres, y desde entonces el Gobierno ha mantenido una tasa media de más de 30% de participación de las mujeres en el gabinete. El principio de la igualdad entre los géneros se vio confirmado oficialmente por las declaraciones presidenciales, la declaración de política general formulada por el Primer Ministro y el inicio del proceso de finalización de la política de igualdad entre los géneros, anunciado por el Ministerio el 14 de diciembre de 2012. Las orientaciones pertinentes provienen de las autoridades de más alto nivel, pero para que tengan efectos duraderos es preciso que la igualdad entre los géneros esté consagrada en la ley e incorporada en las políticas públicas y en los mecanismos institucionales de aplicación. Además, se necesita un presupuesto apropiado.

3.1.5.Presupuesto

El presupuesto del Ministerio ha aumentado en relación con los años precedentes, pero no rebasa el 1% del presupuesto total del Estado. Esa insuficiencia es un freno para el despliegue descentralizado de sus programas y actividades. Para llegar a los numerosos grupos de población de que se trata, que están dispersos en las zonas rurales, se necesita la presencia regular de equipos móviles de sensibilización, información y capacitación sobre el terreno. El proyecto de creación de centros para la mujeren los diez departamentos del país, es decir, de instalaciones para reuniones, debates y sesiones de capacitación dirigidos a empoderar a las mujeres y las niñas mediante la creación de capacidades, tropieza con dificultades de financiación. En el primero de estos centros, situado en Puerto Príncipe (Oeste), se organizan algunas actividades de atención, asesoramiento y capacitación. Otros tres, situados en Cabo Haitiano (Norte), Los Cayos (Sur) y Jérémie (Grande Anse), no han entrado aún en pleno funcionamiento. Estos programas entrañan gastos recurrentes que exigen un presupuesto apropiado.

Losrefugios para las mujeres víctimas de maltrato afrontan dificultades similares que les impiden funcionar regularmente. El primer refugio, fundado en 2008 por el Ministerio y cerrado a raíz del sismo del 12 de enero de 2010, será reemplazado por una nueva construcción que aún está en la fase inicial. Es posible establecer asociaciones con el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH). En un decreto presidencial de 13 de febrero de 2014 (Boletín Oficial, núm. 54, 21 de marzo de 2014) se establecen reglas para la creación y el funcionamiento de refugios para mujeres víctimas de maltratos y sus hijos, y se atribuyen responsabilidades en ese sentido al Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP).

El Ministerio experimenta también un déficit de recursos humanos calificados, en particular de especialistas en esferas como la investigación y las comunicaciones, por ejemplo. Entre las actividades previstas en el subprograma 3 del PSDH, relativo a la producción y difusión de información sobre la igualdad de género, figura la organización de un instituto de investigación u observatorio para cuestiones de género (que se dedicaría en particular a la supervisión de las políticas, los estudios y los informes relacionados con el género) y el examen y la supervisión de la participación de las mujeres en la vida política y pública.

3.1.6.Creación de capacidades institucionales y organizativas

El resumen de las principales actividades y medidas adoptadas por el Ministerio durante el período 2008-2013 permite observar un interés constante en la formulación, el desarrollo y la aplicación de una política de igualdad entre los géneros. Este objetivo de la política, que figura en todos los planes de acción con carácter prioritario, se incorpora sistemáticamente los planes anuales y los planes estratégicos quinquenales revisados y se refleja en los programas y en todas las actividades. En el período que se examina, pese a la ocurrencia de un desastre natural que afectó todo el país y a la consiguiente necesidad de movilizar recursos y ajustar los programas para dar respuesta a las emergencias, y pese a la desaceleración causada por la sucesión de tres dirigentes con distintos criterios al frente del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer, el mantenimiento de ese objetivo de política prioritario permitió que continuaran los esfuerzos para alcanzar el objetivo fundamental del Ministerio, a saber, la aprobación y aplicación de una política nacional de igualdad entre géneros.

3.1.6.1.Estudios y encuestas

Entre 2007 y 2012, el Ministerio auspició estudios y encuestas apoyados por organizaciones internacionales y realizados por expertos nacionales o internacionales (sobre, entre otras cosas, violencia en el hogar, mejores prácticas, participación política, identificación de las desigualdades de género y planes de acción en favor de la igualdad); preparó y presentó informes relativos a los instrumentos internacionales sobre derechos de la mujer e igualdad entre los géneros (de conformidad con la Convención y en relación con Beijing+10, Beijing+15 y Beijing+20); elaboró y revisó un plan quinquenal para sus actividades en el que asignó la más alta prioridad a la política de igualdad entre los géneros; y aseguró la inclusión en el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH) de un plan de acción sobre la igualdad de género que impone obligaciones a todos los sectores del Gobierno. Tomando como base la experiencia internacional, el Ministerio produjo y ensayó métodos e instrumentos de análisis, aplicación y evaluación, como el análisis comparativo por género (ACS) y la presupuestación con una perspectiva de género. El Ministerio organizó un seminario para finalizar la política de igualdad y durante ese proceso promovió una consulta nacional mediante reuniones departamentales sobre los resultados.

3.1.6.2.Finalización del documento de la política de igualdad entre los géneros

La puesta en marcha del proceso de finalización de la política de igualdad entre los géneros ha marcado un hito en la incorporación de la perspectiva de género. Tras la ceremonia celebrada con ese motivo el 14 de diciembre de 2012, los días 18 y 19 del mismo mes tuvo lugar un seminario que permitió la participación de los sectores, los asociados técnicos y financieros y las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos de finalización. El Ministerio tuvo así la oportunidad de exponer las bases, las prioridades y los rumbos principales de la política. Esos elementos figuran en las tres secciones del documento sobre esta política, que tratan, respectivamente, sobre la identificación de las desigualdades basadas en el género, la política de igualdad entre los géneros y el plan de acción nacional para la igualdad.

La enmienda constitucional por la que se establece el principio de una cuota de no menos de 30% de representación de la mujer a todos los niveles de la vida nacional, sobre todo en los servicios públicos, entró en vigor con la publicación de la Constitución enmendada en el Boletín Oficial el 19 de junio de 2012.

3.2.Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH)

El Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH), aprobado por el Gobierno y publicado por el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa (MPCE) en mayo de 2012, ofrece una visión a largo plazo del desarrollo del país. El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) ha contribuido a integrar en esa visión la dimensión de género por conducto del plan de acción para asegurar la igualdad de género,que incluye subprogramas y proyectos, invita a los otros organismos del Estado a tener en cuenta la perspectiva de género en sus respectivos planes y constituye un significativo avance hacia un plan nacional de igualdad entre los géneros. En los subprogramas se indican las principales esferas de acción:

•Aplicación de la política de igualdad entre los géneros;

•Continuación de los ajustes del marco jurídico;

•Producción y difusión de información sobre la igualdad de género;

•Fortalecimiento de la participación de la mujer;

•Creación de un fondo para el género y el desarrollo;

•Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas

Se estipulan las responsabilidades respectivas de la Oficina del Presidente, la Oficina del Primer Ministro y cada uno de los ministerios y organismos del Estado. Se proponen proyectos concretos para los diferentes ministerios, dotados en adelante de una hoja de ruta para el ajuste de sus respectivos programas. Cabe considerar que la inclusión del plan de acción sobrela igualdad de género en el PSDH es la medida más significativa adoptada por el Estado en el período 2008-2013 con miras al establecimiento de una estrategia amplia de igualdad entre géneros.

3.2.1.Instrumentos de análisis de la aplicación

Los instrumentos técnicos para la aplicación de las medidas en pro de la igualdad de género que se prevén en el PSDH son el análisis comparativo por género (ACS) y la presupuestación con una perspectiva de género, creados y ensayados por la Dirección para la Incorporación de la Perspectiva de Género (DPAG) del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF).

3.2.1.1El análisis comparativo por género

El análisis comparativo por género (ACS) permite prever, desde que se diseña una política o un proyecto, los efectos diferentes que tendrá para los hombres y para las mujeres de que se trate. Este análisis debe ser utilizado a nivel nacional por los ministerios y los organismos gubernamentales, así como por las autoridades departamentales y locales. El ACS se realiza durante las diferentes etapas de un proyecto, a saber, elaboración, planificación, ejecución, evaluación y seguimiento; y, en algunos casos da lugar a la adopción de medidas diferentes para los hombres y para las mujeres.

3.2.1.2.Presupuestación con una perspectiva de género

La presupuestación con una perspectiva de género, iniciada en 2008 por el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) en asociación con ONU-Mujeres y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene por objeto promover la igualdad entre los géneros. Es un instrumento técnico que permite mejorar la distribución de los fondos públicos y la prestación y orientación de los servicios públicos teniendo en cuenta las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres y los hombres. Se trata de un instrumento crucial para la igualdad entre géneros. Por consiguiente:

•En 2009 se estableció un comité mixto sobre presupuestación con una perspectiva de género para que formulara programas dirigidos a la diseminación de ese instrumento;

•El comité está integrado por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Planificación y Cooperación Externa (MPCE), el Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer (MCFDF) y por una representante de ONU-Mujeres. Algunos de los funcionarios y especialistas capacitados en esta presupuestación entre 2009 y 2014 han sido seleccionados para su formación como capacitadores;

•El comité ha decidido organizar, con el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) y el Ministerio de Comercio e Industria (MCI), un proyecto piloto para el empoderamiento económico de las mujeres en los sectores de la agricultura, la elaboración de productos y el comercio.

3.3.Mesa Redonda Temática sobre Género

En 2004, el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) coordinó la creación de una Mesa Redonda Sectorial sobre Género que reunía a las principales organizaciones asociadas nacionales e internacionales con el objetivo de armonizar las intervenciones de promoción de los derechos de la mujer teniendo en cuenta las prioridades nacionales. En marzo de 2009, poco después de la presentación del informe relativo a la Convención, se celebró una importante reunión de la mesa redonda para examinar las observaciones y recomendaciones finales del Comité, de modo que los miembros pudieran ajustar los programas iniciados en sus esferas de intervención respectivas con miras a cumplir los objetivos comunes. En 2013 la mesa redonda pasó a denominarse Mesa Redonda Temática sobre Género y se reunió nuevamente bajo la dirección del Ministerio, abarcando esta vez a un número mayor de asociados dada la ampliación del mandato intersectorial del Ministerio.

Actualmente la Mesa Redonda Temática sobre Género está integrada por representantes de agentes estatales, el sector privado, autoridades locales, agencias internacionales de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil (entre ellas asociaciones de mujeres y asociaciones socioprofesionales). Su mandato principal consiste en promover la perspectiva de género en la respuesta a los problemas sectoriales que se consideran prioritarios conforme a los programas del PSDH mediante una utilización de los aportes de la comunidad internacional acorde con las prioridades nacionales, la armonización y coordinación de las medidas pertinentes, la creación de métodos e instrumentos eficaces para el logro de la igualdad entre los géneros y propuestas de estrategias de apoyo técnico y capacitación.

3.4.Alianzas con la sociedad civil

En el subprograma IV (“Fortalecimiento de la participación de las mujeres”) del Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH)se subraya la importancia de las alianzas con la sociedad civil, especialmente con las organizaciones de mujeres. Ellas constituyen el 52% de la población y son un pilar de la economía del país. Las organizaciones de la sociedad civil (en particular las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas) son cruciales para la defensa de los derechos de la mujer y el suministro de información sobre las realidades que viven las mujeres y las niñas en Haití.

Además, esas organizaciones desempeñan un papel central en la prestación de servicios básicos (por ejemplo, apoyo para las víctimas de la violencia basada en el género). Por tanto, el Estado debe tomar medidas para fortalecer o crear alianzas que favorezcan una mayor visibilidad y consideración de las necesidades de las mujeres, así como una provisión de servicios adecuados para las mujeres, las niñas, los hombres y los niños. El fortalecimiento de mecanismos del Estado y la sociedad civil para fomentar el diálogo y la acción coordinada a nivel nacional y local es una prioridad fundamental.

3.5.Visibilidad de la Convención

Hace algunos años se vienen organizando para los integrantes del sistema de justicia y los agentes del orden (magistrados, jefes de policía y agentes policiales) sesiones de capacitación sobre los derechos de las mujeres y sobre las leyes que los protegen, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Generalmente esa capacitación está a cargo de organizaciones e instituciones nacionales en coordinación con organismos del sistema de las Naciones Unidas o con la participación expertos nacionales e internacionales. Organismos nacionales especializados, como la organización no gubernamental Unidad de Investigación y Actividades Forenses (URAMEL), han prestado esos servicios de capacitación en varias regiones del país.

3.5.1.El Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer

Este mecanismo tripartito, que incluye al Estado, la sociedad civil y organismos internacionales, promueve de manera tangible la visibilidad de la Convención, ha preparado módulos y materiales conexos de capacitación específicos para los agentes de policía y presta apoyo regularmente como parte del plan nacional para combatir la violencia contra la mujer.

Se han organizado sesiones especiales de capacitación con motivo de la adopción de medidas jurídicas o administrativas relacionadas con la protección de las mujeres y su acceso a la justicia, como el Decreto de 6 de julio de 2005 sobre las agresiones sexuales, los acuerdos sobre certificados médicos firmados por el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), y el plan nacional para combatir la violencia contra la mujer. La capacitación sobre protección de los derechos de las mujeres y, específicamente, sobre la aplicación de las convenciones pertinentes, está en proceso de institucionalización.

3.5.2.Escuela de la Magistratura (EMA)

Esta Escuela, que funciona bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), ha incorporado el estudio de los instrumentos internacionales en la capacitación inicial de los aspirantes a magistrados y en la capacitación continua de los magistrados en servicio. Por iniciativa del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), la Convención fue presentada nuevamente a los jueces de distrito del Departamento del Oeste el 25 de octubre de 2013, en el marco de un seminario de sensibilización sobre la violencia contra la mujer organizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) en colaboración con la Escuela y con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a fin de promover un mayor conocimiento de los jueces sobre las convenciones y los tratados internacionales firmados y ratificados por Haití. La obligación del Estado, concretamente de su poder judicial, con respecto a la aplicación de la Convención fue objeto de un extenso debate entre los asistentes al seminario, incluidas letradas, funcionarias y personal femenino de la Dirección, así como jueces de distrito que, al estar usualmente habituados a prácticas de conciliación y arreglo amistoso, tienden a restar gravedad a las denuncias formuladas por mujeres.

3.5.3.Oficina de Protección del Ciudadano (OPC)

Esta institución estatal independiente fue creada en virtud de la Ley de 3 mayo de 2012, de conformidad con los Principios de París. Como parte de la descentralización de sus servicios en 2012, organizó en todo el país sesiones se sensibilización sobre las convenciones ratificadas por Haití, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, para funcionarios principales del sistema judicial y las fuerzas policiales así como para las autoridades locales. La Oficina presta especial atención a las mujeres detenidas, a las que considera personas en situación de emergencia, y recomienda que “se intensifiquen las campañas de sensibilización sobre la Convención y se aumente el presupuesto de la Oficina con miras a la creación y el funcionamiento de la dependencia de protección y promoción de la mujer dentro de la institución, pero con el rango de dirección conforme a lo dispuesto en la Ley de 3 de mayo de 2012. Ello podría garantizar cierta autonomía de acción de esa dirección en beneficio de las mujeres”.

La Oficina, cuya misión es garantizar los derechos de los ciudadanos de ambos sexos frente a la administración pública, recomienda también que, en materia de igualdad de género y no discriminación, “Haití tome medidas para supervisar a su administración mediante el establecimiento de mecanismos, indicadores y criterios para detectar los casos en que una empleada o funcionaria de la administración pública sea víctima de discriminación”.

3.5.4.Sociedad civil

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es relativamente bien conocida por la sociedad civil, especialmente por organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos. Durante 2009, luego de la presentación del informe de Haití al Comité, el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) y sus asociados desplegaron una extensa campaña por todo el país a fin de divulgar el informe junto con las observaciones finales del Comité. Con el apoyo de organismos especializados de las Naciones Unidas, el Ministerio, preparó folletos y plegables en creole. También se contó con la ayuda de organizaciones nacionales y organizaciones no gubernamentales para aumentar la visibilidad de la Convención.

Desde noviembre de 1997, fecha en que establecieron un tribunal internacional simbólico para denunciar y enjuiciar los actos de violencia cometidos contra mujeres y niñas, las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas han ofrecido de manera constante y metódica, en sus publicaciones, periódicos y revistas, y mediante series transmitidas por radio y televisión, información sobre las leyes nacionales y los tratados internacionales que garantizan los derechos de las mujeres. Esas informaciones y mensajes conexos, así como los resultados y los efectos de la promoción, se han transmitido sistemáticamente en creole, la lengua nacional que fue declarada oficial en virtud de la Constitución de 1987, a fin de llegar a toda la comunidad sin exclusión. Actualmente las organizaciones citadas, a las que se han asociado otras nuevas, continúan su labor en la misma dirección. El parlamento simbólico que organizaron el 16 de octubre de 2013 tiene una repercusión educativa similar a la del tribunal internacional de 1997.

Capítulo IV

Medidas especiales de carácter temporal

4.1.La cuota como medida especial de carácter temporal

Las medidas especiales de carácter temporal son decisiones de acción afirmativa que en ocasiones se necesitan para rectificar las prácticas históricas vinculadas con la discriminación por motivo de género. La principal de ellas que se ha adoptado es la aprobación de una cuota de no menos de 30% de representación de la mujer, que ha establecido el Parlamento.

4.2.La cuota de no menos de 30% de representación de la mujer

El 9 de mayo de 2011, las dos cámaras de la Asamblea Nacional, reunidas en una sola sesión para aprobar enmiendas constitucionales, añadieron a la Constitución de 1987, en su forma enmendada, el artículo 17.1 que dice lo siguiente: “Se aplicará el principio de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer a todos los niveles de la vida nacional, y especialmente en los servicios públicos.”

La Ley Constitucional de 9 de mayo de 2011 por la que se enmienda la Constitución de 1987 fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de junio de 2012, fecha de su entrada en vigor. La aprobación de ese principio constituye una victoria de la pequeña minoría de diputadas (cinco mujeres de un total de 99 parlamentarios), que consiguieron el voto de la mayoría mediante esfuerzos concertados, con la ayuda de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas y con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales especializadas como IDEA.

4.2.1.Aplicación de la cuota

Además de requerir sensibilización, capacitación y la implicación en el proceso de las principales personas interesadas, las propias mujeres, la introducción de este principio constitucional y jurídico exige mecanismos de aplicación. Es preciso formular y poner en práctica medidas de acción afirmativa para asegurar la integración de las mujeres en las estructuras políticas, administrativas y técnicas.

De conformidad con el subprograma del PSDH titulado “Aceleración de la reforma de la administración pública”, la Oficina del Primer Ministro, con el apoyo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OMRH), tiene la responsabilidad de elaborar una política basada en el género para asegurar la igualdad de oportunidades en la administración pública y de incorporar esa política en dicho sector. En virtud de la política de igualdad, el Estado promueve medidas de acción afirmativa como la cuota antes mencionada, incluso respecto de cargos decisorios electivos, políticas para la integración de mujeres y hombres en profesiones no tradicionales y cualesquiera otras políticas conexas que sean necesarias.

4.2.2.La cuota en la ley electoral

La Comisión de Apoyo a la Aplicación de la Cuota, integrada por representantes de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, de la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados, y del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), se reunió en el Parlamento el 14 de mayo de 2013 y formuló recomendaciones para que se incorporara la aplicación de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer en la nueva ley electoral que está en preparación. En el documento pertinente se recuerda que el principio de la igualdad entre los géneros debe integrarse en la ley electoral de conformidad con las convenciones ratificadas por Haití, y se prevé específicamente su aplicación a las autoridades locales, el Parlamento, las listas de candidatos establecidas por los partidos políticos y todas las estructuras operacionales y de adopción de decisiones de la maquinaria electoral.

También se recomiendan medidas complementarias para facilitar la participación de las mujeres. La Comisión espera que el Consejo Electoral prepare estadísticas desagregadas por sexo. Se estipulan sanciones para los partidos políticos que no acaten las disposiciones de la ley electoral. Como parte de una campaña de sensibilización, este documento fue publicado en la prensa y divulgado por los medios audiovisuales.

4.2.3.Comité sectorial de seguimiento

El Comité Técnico Multisectorial (COTEM), creado en apoyo de la aplicación de la cuota, está integrado por representantes de entidades estatales y organizaciones de mujeres interesadas. El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) desempeña una función importante en el Comité al participar en la coordinación de las actividades. Los días 6 y 7 de septiembre de 2013, el COTEM celebró un seminario nacional para preparar actividades de promoción y una campaña de movilización dirigidas a facilitar la participación de las mujeres en todas las instancias de la maquinaria electoral y alentar su participación en las elecciones como candidatas. Intervinieron en los trabajos del seminario las coordinadoras departamentales del Ministerio y representantes de organizaciones de mujeres de diversas regiones del país.

4.3.Rechazo de las propuestas de estipular la aplicaciónde cuotas en la ley electoral

El primer intento de estipular en la ley electoral la aplicación de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer recibió una votación negativa en la Cámara de Diputados, incluidos los votos de algunas diputadas, cuando se aprobó la Ley Electoral de diciembre de 2013 enmendada. Ello demuestra la dificultad de pasar de la igualdad de derecho a la igualdad de hecho. Frente a ese rechazo, el COTEM prepara una protesta oficial ante el Parlamento y una amplia coalición de organizaciones de mujeres pide al Senado, que aún no se ha pronunciado, que restituya en la citada Ley los artículos 58 y 62 y todas las disposiciones que garanticen la aplicación de la cuota. El 4 de abril de 2014 se dio a conocer una declaración en la que se exige respeto para los derechos políticos de las mujeres, firmado por las siguientes grandes organizaciones de mujeres: Grupo de mujeres haitianas para la participación política de la mujer (Fanm yo la), Movimiento de mujeres haitianas para la educación y el desarrollo (MOUFHED), Red de mujeres en las organizaciones de radio comunitarias haitianas (REFRAKA), Solidaridad de las Mujeres Haitianas (SOFA), Kay Fanm, AFASDA, Fanm Deside y EnfoFanm.

4.4.El parlamento simbólico, una iniciativa de la sociedad civil

Los organismos de la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres con las organizaciones feministas a la vanguardia, participan activamente en la lucha por la igualdad. Los proyectos de ley sobre las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas y sobre la paternidad, la maternidad y la filiación, aprobados por el Parlamento, figuraban ya en la agenda legislativa que esas organizaciones habían presentado a la 46ª legislatura en 1998. En 2013 se movilizaron para lograr la aplicación de la mencionada cuota. El 16 de octubre de 2013, una amplia gama de organizaciones y militantes organizaron un parlamento simbólico constituido por más de 100 mujeres procedentes de todas las circunscripciones del país para debatir sobre la igualdad entre los géneros y sobre los derechos socioeconómicos. Las participantes desempeñaron los papeles de parlamentarias y de representantes del poder ejecutivo a las que se interpelaba. Con este acto, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional, se perseguía el objetivo de demostrar la capacidad de las mujeres para celebrar debates parlamentarios y votar sobre proyectos de ley, relacionados en este caso con la política de igualdad entre los géneros y con lo que significa para ellas el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que Haití se adhirió el 31 de enero de 2012.

El parlamento simbólico contribuyó a movilizar a las mujeres. Un comité de seguimiento prosigue las deliberacione3s con el Parlamento sobre propuestas de una ley de igualdad entre los géneros. Esas actividades se divulgan públicamente, incluso a través de la prensa. Las sesiones pertinentes se han venido celebrando íntegramente en creole. La lengua nacional se utiliza en los debates y en los documentos escritos no solo para asegurar la eficacia de la comunicación, sino además como señal de respeto de los derechos lingüísticos de la población.

Capítulo V

Estereotipos y prácticas culturales

5.1.Evolución perceptible, pero lenta y frágil

Habida cuenta de los límites propios de las actividades sectoriales, el Estado debe reconocer que a menos que exista una estrategia amplia como recomienda el Comité, será eliminar los estereotipos y la discriminación contra las mujeres. No obstante, en el país se observa una ligera evolución de la percepción social del lugar y el papel de las mujeres, y que ciertos estereotipos discriminatorios parecen debilitarse. Esa lenta evolución es el resultado acumulativo perceptible de un conjunto de medidas y acciones adoptadas y realizadas en diversos sectores sociales sin haber sido coordinadas.

Se ha hecho más visible la problemática de las desigualdades entre los géneros. Determinados lemas, como “un 52% de mujeres cuenta” y, más recientemente, “no menos de 30% de mujeres a todos los niveles de la vida nacional”, son ampliamente difundidos y contribuyen a familiarizar a la población con la idea de que la discriminación, los abusos y la exclusión de las mujeres por motivo de género no son prácticas normales.

Las fechas vinculadas con la lucha de las mujeres por la igualdad y la eliminación de la violencia se conmemoran todos los años de manera cada vez más activa. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 3 de abril, Día Nacional del Movimiento de las Mujeres Haitianas y el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Niña, son fechas celebradas por un número cada vez mayor de organizaciones de mujeres de todo el país y se caracterizan por manifestaciones diversas, por ejemplo, jornadas de debate, marchas de activistas y homenajes a mujeres pioneras. Desde hace tres años, generalmente se considera el período comprendido entre el 8 de marzo y el 3 de abril como mes de las mujeres. Con todo, preocupa a las activistas la posibilidad de que el aspecto festivo de estas conmemoraciones opaque su verdadera significación en términos de lucha de las mujeres por la igualdad.

Los medios de difusión prestan un poco más de atención a la presencia y la voz de las mujeres, tanto en relación con estas conmemoraciones como, en general, en la vida pública y política. En sus reportajes sobre acontecimientos nacionales, los periodistas señalan más frecuentemente la presencia o ausencia de mujeres. Se recaba un poco más a menudo la intervención de las mujeres en los debates públicos. Algunos periódicos, revistas y programas de radio o televisión tratan sobre problemas relacionados con el género en espacios que mantienen un título usual (“Espas Fanm” o “Espacio de la Mujer”, “Kisa lalwa di?” o “¿Qué dice la ley?”, “Alterpresse” y “Radyo Kiskeya”).

Desde 2007, durante las grandes fiestas anuales de carnaval, el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) despliega campañas de sensibilización para destacar los peligros inherentes a la utilización indebida del cuerpo de la mujer y prevenir la violencia, con el lema: “Kò m se diyite m”o“Mi cuerpo, mi dignidad”. Se organizan regularmente actividades de sensibilización para los diversos operadores y agentes que intervienen cada año en la organización del carnaval (promotores, músicos y artistas), y se toman disposiciones de seguridad para prevenir las agresiones sexuales. Dicho Ministerio no está solo en este sentido. Otros ministerios e instituciones del Estado participan cada vez más en esta campaña. De un año a otro se perciben ligeros cambios, por ejemplo, en los temas y las letras de los méringues, pero no bastan. Además de los estereotipos que se transmiten a través de la música, determinada literatura y los medios de difusión en general, que son cruciales en materia de comunicación, siguen transmitiendo conductas basadas en la desigualdad frente a las mujeres. La utilización del cuerpo femenino como mercancía en anuncios publicitarios pone de manifiesto la fuerza que tienen las imágenes visuales para perpetuar la mentalidad sexista.

El tema de la igualdad entre los géneros está un poco más presente en el discurso político. La participación de las mujeres en la vida pública y política figura en el orden del día. Pese a su visibilidad y valor de demostración, el hecho de que desde hace tres años un número mayor de puestos importantes del Gobierno estén ocupados por mujeres, incluido uno estratégico como el del Ministerio de Economía y Finanzas, es una conquista frágil. Más complejo y difícil es el acceso a los cargos electivos, que, independientemente de la voluntad política, requiere además un plan de acción afirmativa para facilitar y alentar la candidatura de mujeres, la educación de la población y un alto grado de concienciación y voluntad nacional.

En julio de 2013 se realizó un estudio financiado por el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) en el que se detallan las desigualdades de género, el cual sirve de base de las políticas públicas eficaces que ha formulado y propuesto el Ministerio para lograr la igualdad entre los géneros. Los resultados del estudio demuestran la naturaleza y amplitud de las desigualdades, especialmente en las cinco esferas estudiadas: educación, salud, empleo, participación política y legislación. El análisis particularmente detallado de los estereotipos ayuda a comprender por qué es tan difícil para las mujeres tomar la decisión de participar activamente en las contiendas electorales e imponerse en la escena política.

Posiblemente la evolución de las mentalidades seguirá siendo superficial si no va acompañada de medidas estructurales en los ámbitos jurídico, económico y social. A nivel jurídico, por ejemplo, mientras la sociedad haitiana se siga caracterizando por la paternidad irresponsable y el no reconocimiento de la forma de unión conyugal más común, conocida como plaçage, no ofrecerá iguales oportunidades a las mujeres y a los hombres y las relaciones de poder se mantendrán a favor de los hombres. No cabe duda de que los estereotipos sexistas desempeñan una función clave respecto de mantener a la mujer sujeta a sus funciones tradicionales e impedirle que participe de lleno en la vida política y pública.

5.2.Revisión de los manuales escolares

De conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH), el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) contribuye a la eliminación de los estereotipos en el medio escolar asegurando la aplicación y el seguimiento del protocolo de colaboración que concertó en julio de 2007 con el Ministerio de Educación Nacional y Capacitación Profesional (MENFP) (denominado Pacto de Indigo), incluida la ejecución de un programa de capacitación para autores, diseñadores gráficos, directores de escuela y casas editoriales, sobre la utilización de estereotipos en los manuales escolares y la igualdad entre los géneros.

Capítulo VI

La violencia contra la mujer

6.1La violación y el incesto

Con respecto a la preocupación expresada por el Comité en el párrafo 24 de sus observaciones finales, cabe señalar que los casos de incesto perpetrado por el padre u otro pariente masculino cercano que se clasifican como práctica cultural en el informe de 2008 y en la Identificación de las Desigualdades, 2013, son marginales y ninguna encuesta autoriza su generalización .

En virtud de la legislación haitiana, el delito de violación se castiga con 10 años de trabajos forzados, y si viene agravado por la comisión de incesto, la pena es de cadena perpetua con trabajos forzados. La población repudia el incesto, que generalmente no se considera una práctica cultural. De conformidad con el Decreto de 6 de julio de 2005 se refuerza el castigo de estos delitos al estipularse que “la pena aplicable será cadena perpetua con trabajos forzados si los culpables son personas que tienen autoridad sobre la víctima”.

Sin embargo, usualmente los abogados no recurren a estas disposiciones jurídicas. De otra parte, a menudo las familias ocultan los casos de incesto por vergüenza y, además, el Código Civil prohíbe a los funcionarios competentes registrar el nacimiento de un niño concebido mediante incesto.

Con frecuencia se ha criticado el hecho de que el Código Penal no contenga definiciones más explícitas de la violación y el incesto. Para subsanar esta deficiencia, se han incluido definiciones claras y rigurosas de esos delitos en el proyecto de ley marco sobre la violencia, con arreglo a las versiones comunicadas a los participantes en los seminarios de consulta pertinentes.

Para que las sanciones previstas en la ley tengan un efecto disuasorio deben ser objeto de un seguimiento sistemático efectuado por las autoridades judiciales y se deben complementar con programas de educacionales. En general, las medidas tomadas en relación con estas cuestiones y con la educación sexual son insuficientes respecto del medio escolar, los jóvenes y la capacitación que se ofrece a los actores pertinentes. La capacitación debe ser sistemática y formar parte de los programas de estudios. Deben planificarse regularmente campañas de concienciación e información dirigidas a la población en general, y debería alentarse a la sociedad civil, y en particular a las organizaciones de mujeres, para que contribuyeran a estas actividades.

6.2.La violencia en los campamentos de desplazados tras el terremoto

El problema de la violencia contra la mujer no es nuevo en Haití. El desastre del 12 de enero de 2010 lo agravó brutalmente y lo hizo más visible a causadel desplazamiento masivo de las víctimas, que se refugiaron en lugares públicos, en los patios de las escuelas o en otros espacios accesibles, al amparo de albergues improvisados. Hasta 1.500.000 personas se albergaron en campamentos de refugiados viviendo en las más precarias condiciones de higiene, nutrición, organización de las familias y moral. Esos desplazamientos después del terremoto, los alojamientos inadecuados y la pérdida de medios de subsistencia y de posibilidades económicas aumentaron la vulnerabilidad de las mujeres y agravaron la violencia física y sexual contra ellas.

Según Amnistía Internacional, esa situación obedece a los siguientes factores de riesgo:

•Falta de seguridad y de orden público dentro de los campamentos y el apoyo inadecuado de la policía a las víctimas de violación;

•Falta de iluminación durante la noche;

•Refugios carentes de seguridad e inadecuados, como tiendas, cubiertas de lona y a veces solo mantas o sábanas;

•Servicios sanitarios/letrinas e instalaciones sanitarias inadecuadas dentro de los campamentos y en sus alrededores;

•Deterioro del orden público, que permite que bandas armadas ataquen los campamentos con total impunidad;

•Hacinamiento dentro de los campamentos;

•Dificultades para acceder a todo medio de subsistencia o de obtención de ingresos;

•Distribución desigual de la ayuda humanitaria y de urgencia entre los campamentos y dentro de ellos;

•Falta de medidas de protección para las víctimas de violencia sexual, lo que las expone a una nueva victimización;

•Falta de información sobre los procedimientos específicos que deben seguir las víctimas de violencia sexual para denunciar el delito a la policía y a las autoridades judiciales.

Según se informa, la vulnerabilidad extrema de algunas mujeres de los campamentos habría aumentado la práctica de la prostitución, a veces por sumas de dinero irrisorias del orden de 25 o 50 gourdes o a cambio de alimentos. Por otra parte, en los grupos de debate organizados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se ha informado de casos de explotación sexual. Además de su exposición a la violencia, las mujeres de los campamentos no siempre tienen un acceso adecuado a servicios de salud. El Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR) observa la ocurrencia de casos de embarazo no vigilados por personal médico, que resultan inaccesibles debido a la distancia o a desconocimiento de que existen.

Estas diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas, provocadas por la inseguridad que reinó tras el terremoto, han preocupado tanto a las autoridades nacionales como a los organismos y las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Con posterioridad al terremoto diversas entidades nacionales e internacionales establecieron programas especiales para dar respuesta a las emergencias. Aunque el sismo afectó gravemente al Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), este movilizó todos sus recursos para enfrentar la crítica situación.. Ya en 2008, año en que cuatro fuertes huracanes asolaron Haití, el Ministerio había dispuso la adopción de medidas especiales teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas alojadas en refugios provisionales para situaciones de catástrofe. En 2010, el Ministerio formó parte del Grupo de Trabajo de la esfera de responsabilidad por la cuestión de la violencia basada en el género bajo los auspicios del Grupo Temático Mundial sobre Protección, establecido por el sistema de las Naciones Unidas, y, de esa manera, participó en las unidades de acción psicosocial para campamentos de desplazados de la región metropolitana de Puerto Príncipe y creó un programa especial de rehabilitación en la zona de Carradeux.

6.3.Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer

Con objeto de ofrecer respuestas estructurales, desde 2005 el Estado dispone de un plan nacional para combatir la violencia contra la mujer, sobre todo en las esferas de prevención y de atención y apoyo a las mujeres y niñas víctimas de actos de violencia específicos, y mediante la reunión de datos. La medida más reciente adoptada por las autoridades en el marco de este Plan es la creación, el 25 de noviembre de 2013, de la Oficina para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (BLCVFF), un órgano de servicio público que ofrece atención y apoyo a las mujeres y niñas de que se trata. Uno de sus objetivos es garantizar acceso a la información y rapidez en el curso de los procedimientos. El Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR) y la Brigada de Protección de Menores (BPM) son los organismos de referencia para las niñas.

El plan nacional fue elaborado por el Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer, una estructura de intervención y seguimiento que incluye a representantes del Estado y la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres, y cuenta con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas y los organismos de cooperación internacional pertinentes. El mandato del Diálogo Nacional consiste en elaborar y proponer políticas públicas sobre intervenciones en favor de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género, y procurar que las autoridades estatales competentes validen esas políticas. Esta alianza entre el Estado y la sociedad civil, al crear un espacio en el que se combinan competencias apropiadas con las mejores prácticas, ha demostrado en los diez últimos años su eficacia con la preparación del plan nacional para combatir la violencia contra la mujer 2006-2011 y el aseguramiento de su aplicación progresiva. Los resultados de la evaluación de mitad de período, realizada en 2008, fueron un estímulo para que se siguieran creando estructuras en los sistemas de justicia, salud y creación y difusión de instrumentos de capacitación relacionadas con la atención y el apoyo de las víctimas, la prevención y la sensibilización general.

Desde el punto de vista estructural, se han tomado las siguientes medidas:

•La creación, en el marco de la Policía Nacional, de la Dependencia de Coordinación de Asuntos de la Mujer;

•El establecimiento de una dependencia piloto para albergar a mujeres y niñas víctimas de violencia en siete estaciones de policía del país;

•La creación de redes para la puesta en funcionamiento del mencionado plan nacional en los departamentos Sudeste y Nordeste;

•El establecimiento de programas de capacitación para agentes de policía y personal de atención de las víctimas;

•Reunión y difusión de datos desglosados por género sobre actos de violencia.

Tras la inevitable regresión debida al sismo del 12 de enero de 2010, que causó graves daños al Ministerio, al Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer y a las organizaciones miembros de la red, y provocó la muerte de numerosos trabajadores, entre ellos dos miembros de la Dependencia de Coordinación, y la destrucción de edificios, documentos y equipo, el Diálogo Nacional reinició sus operaciones en 2011. Se llevó a cabo un examen de la red y se revisaron los instrumentos a fin de incluir una ficha nacional para el registro de casos de violencia, una guía de utilización conexa, un manual de capacitación para el personal de atención de las víctimas, una guía del capacitador conexa, un programa de capacitación para agentes de policía y una lista de organizaciones e instituciones que ofrecen servicios a las mujeres y niñas víctimas de violencia. Se encuentra en vigor un nuevo plan nacional para combatir la violencia contra la mujer en el período 2012-2016.

El Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer, utilizando el sistema de gestión de datos que ayudó a establecer, sobre todo la ficha nacional para el registro de casos de violencia, ha reunido, analizado y publicado datos parciales para el período 2009-2011. La recopilación de datos de acuerdo con los indicadores definidos en la ficha de registro comenzó al crearse esa estructura, que desplegó una campaña sobre la necesidad de una ficha única entre los encargados de la atención de mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con un informe del PNUD, entre julio de 2011 y junio de 2012 el Diálogo Nacional informó de 1.127 casos de violencia contra mujeres y hombres en cuatro departamentos del país. De estos casos, identificados mediante la citada ficha, el 52,4% fueron identificados por organizaciones de mujeres, el 35,9% por profesionales de la salud, el 25% por organizaciones de mujeres y el 10,6% por autoridades judiciales (tribunales y oficinas de la fiscalía). Estas cifras reflejan cambios en relación con los datos precedentes, según los cuales las mujeres acudían principalmente al sector de la salud y solo en segundo lugar (en el 25% de los casos) a organizaciones de mujeres. El porcentaje de casos registro registrado por autoridades judiciales aumentó en 3,6%.

6.3.1.Responsabilidades e intervenciones de los agentes estatales

La mayoría de las actividades emprendidas se basan en la contribución específica de las diversas entidades que constituyen el Diálogo Nacional, cuyo enfoque multisectorial y pluridisciplinario ha dado lugar a varias alianzas entre el Estado y la sociedad civil o entre ministerios, y ha contribuido a armonizar el apoyo de los organismos y organizaciones no gubernamentales internacionales. En este marco, el 25 de noviembre de 2013 las autoridades nacionales establecieron la Oficina para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (BLCVFF). Los diversos acuerdos que el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) firmó por separado en años precedentes con el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJPS) culminaron en un acuerdo institucional para la gestión de la Oficina sobre la base de un acuerdo tripartito.

La Oficina se gestionará conforme a lo previsto en un protocolo firmado el 31 de enero de 2014 por los Ministerios de la Condición y los Derechos de la Mujer, de Salud Pública y Población y de Justicia y Seguridad Pública. La Ministra de la Condición y los Derechos de la Mujer presidirá el consejo de administración de la Oficina, el cual incluirá, además de los tres ministros signatarios, al Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, la Decana de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y el Protector del Ciudadano, este último en calidad de observador.

Persisten problemas en relación con el acceso a la justicia y la inacción de las víctimas:

•El acceso a la justicia es reducido a causa de factores económicos y de la incompetencia de los magistrados);

•La renuencia a formular denuncias obedece a vergüenza, temor a la exposición pública, prejuicios sociales, relaciones con el agresor (en los casos de violencia en el hogar y conyugal), reservas de los padres o tutores (cuando la víctima es menor de edad) y la situación económica de la víctima.

De conformidad con el plan de acción para asegurar la igualdad entre los géneros, que forma parte del PSDH, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es responsable en gran medida de combatir la violencia contra la mujer. El propio Ministerio y sus organismos (la Oficina del Secretario de Estado para la Seguridad Pública, la Policía Nacional y la Inspección General de la Policía Nacional) contribuyen a ese empeño con las siguientes medidas:

•Consideración de las necesidades de las mujeres y respeto a la igualdad de género en las políticas, programas y proyectos del Ministerio;

•Difusión y vigilancia de la aplicación de los siguientes instrumentos:

•Decreto Legislativo de 6 de julio de 2005 sobre las agresiones sexuales.

•Acuerdo de fecha 17 de enero de 2007 entre el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) sobre la expedición sin costo de certificados médicos en casos de agresión sexual o conyugal;

•Acuerdo de fecha 28 de febrero de 2008 entre el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) relativo a la atención adecuada de las víctimas de violencia en las estaciones de policía;

•Preparación en lengua creole de programas de capacitación e instrumentos de información y comunicación relacionados con los derechos fundamentales de la mujer y los tratados pertinentes;

•Divulgación de instrumentos de comunicación e información sobre los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y sobre los procedimientos disponibles para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y discriminación;

•Elaboración de programas de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la mujer;

•Formulación de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto;

•Reforma del Código Civil, el Código Penal y todos los textos jurídicos conexos por una comisión pública que se establecerá bajo la presidencia del Ministro de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) formará parte de esa comisión. La reforma tendrá por objeto depurar el actual marco jurídico de toda leyes o artículo discriminatorio para la mujer (véase el programa de reforma del marco jurídico y el subprograma sobre aseguramiento del derecho a la ciudadanía).

En 2011, los servicios nacionales de protección de los niños organizaron en Puerto Príncipe y en los departamentos Norte, Artibonite, Sur y Sudeste mesas redondas sobre los niños sometidos a la trata y la servidumbre doméstica. El Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), en cooperación con el Servicio de Emigración e Inmigración y con la Policía Nacional, ha establecido un procedimiento para el control de los viajes de menores al exterior. De conformidad con este procedimiento, la Dirección de Inmigración y Emigración (DIE) deberá apoyar al IBESR comprobando la validez de todos los documentos de entrada, salida o tránsito de los menores de uno u otro sexo y sus acompañantes, y verificando que los menores no acompañados por sus padres biológicos dispongan de una autorización de salida expedida por el IBESR.

El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) organizó un seminario de análisis e intercambio de información con los diversos agentes que se ocupan de las mujeres víctimas de actos de violencia específicos en la frontera entre Haití y la República Dominicana, a fin de actualizar su lista provisional de organizaciones que dan atención a esas víctimas y otros instrumentos relacionados con la zona fronteriza. Tras la celebración del seminario, el Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR) presentó la lista. Si bien el Ministerio es consciente de la magnitud del problema de las mujeres migrantes, es poco lo que puede hacer en ese sentido. El reducido porcentaje del presupuesto nacional que se asigna al Ministerio no le permite tomar medidas eficaces, sobre todo en las zonas remotas del país.

En agosto de 2013 la Cámara de Diputados aprobó una ley por la que se penaliza la trata, que fue ratificada por el Senado en mayo de 2014, promulgada el 28 de mayo de 2014 y publicada el 2 de junio del mismo año en el núm. 103 del Boletín Oficial. Haití ha ratificado instrumentos conexos, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención.

El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) ha celebrado una serie de consultas con todos los alcaldes del país en relación con la firma de un decreto sobre el fortalecimiento del marco jurídico relativo a la prostitución, la venta de material pornográfico y la admisión de menores de ambos sexos a bares y clubes nocturnos. Lamentablemente, este decreto aún no se ha publicado.

6.3.2Intervenciones de la sociedad civil

Haití tiene cuatro puestos fronterizos oficiales que abarcan 380 kilómetros de la frontera con la República Dominicana y seis puestos no oficiales. De acuerdo con el censo del Instituto del Comercio Exterior y la Innovación Empresarial de la República Dominicana 2009-2010, (CEI-RD), el 63,5% de las personas que se dedican a la venta en estos puntos fronterizos son mujeres. Estas vendedoras sufren cotidianamente violaciones de sus derechos socioeconómicos a causa de la gestión irresponsable de los puestos fronterizos y a las medidas no igualitarias que aplican los dos Estados en la zona. Los espacios que utilizan para la venta se reducen frecuentemente a causa de la subida de las aguas. De hecho, en ocasiones el desbordamiento del lago Azuei obliga a las vendedoras haitianas a desviarse por el territorio dominicano para llegar a determinados lugares de Haití.

Pese a que existen puestos de control custodiados por soldados dominicanos, las vendedoras están expuestas a robos y otras formas de violencia. Los soldados no actúan en respuesta a denuncias, efectúan arrestos ilegales y practican la violencia y el soborno. Las mujeres haitianas embarazadas que acuden a la República Dominicana en busca de mejores servicios de salud, quedan a merced de los militares.

En 2010 el Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR) tomó medidas para promover los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y las mujeres migrantes en varios lugares de la frontera (Belladère, Lascahobas, Fonds-Verrettes, Anse-à-Pitres, Ganthier (Fonds-Parisien), Thomassique y Cerca la Source).

Capítulo VII

Participación en la vida pública y política

7.1.Participación de las mujeres en la política y principales avances

El principio de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer en cargos públicos a todos los niveles de la vida nacional, especialmente en los servicios públicos, se ha reconocido en virtud de una enmienda constitucional que entró en vigor el 19 de junio de 2012. Después de las elecciones presidenciales de 2010, durante muchos años se aplazaron reiteradamente las elecciones municipales y de otros niveles locales para el Senado y la Cámara de Diputados. En 2014, el periodo electoral para esos diferentes niveles ofrece la oportunidad de poner a prueba la aplicación de la cuota en la práctica. Como indican las actividades relacionadas más adelante, que se han divulgado en la prensa, las mujeres y sus organizaciones se preparan activamente para participar en el proceso. Algunas actividades, como las del Comité Técnico Multisectorial (COTEM), son realizadas conjuntamente por sectores del Estado y la sociedad civil, mientras que otras son iniciativas de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas.

•Creación del Comité Técnico Multisectorial (COTEM) para la aplicación de la cuota

•Propuestas de inclusión de la cuota en la ley electoral;

•Parlamento simbólico;

•Propuestas de proyectos de ley;

•Cabildeo ante los partidos políticos;

•Seminarios de creación de capacidad y capacitación para mujeres;

•Participación en los debates públicos.

Se necesita la elección de una masa crítica de mujeres para el Parlamento a fin de mejorar el equilibrio en ese órgano e introducir las cuestiones relativas a la igualdad entre los géneros. Ahora bien, el primer intento de aplicar la cuota en los mecanismos electorales encontró resistencia. La Cámara de Diputados rechazó los artículos de la Ley Electoral que estipulan la inclusión de mujeres en las listas de candidatos para los puestos de alcalde y alcalde adjunto (cartels municipaux). Los criterios y los votos de las cinco diputadas que habían entablado la batalla por la cuota están divididos. En respuesta a esa decisión regresiva, una delegación del COTEM apoyada por numerosas organizaciones de mujeres visitó el Parlamento y presentó por escrito una protesta formal contra esa violación de la Constitución, al tiempo que instó al Senado, que no se ha pronunciado todavía, a tomar una decisión.

7.2.Representación de las mujeres en cargos políticos designados y electivos

La presencia de mujeres en cargos designados de un nivel superior del Gobierno tien principalmente visibilidad y puede ser efímera. Solo mediante la elección de una masa crítica de mujeres para el Parlamento y el acceso de las mujeres a diferentes niveles decisorios de la administración pública en los que su representación es mínima o nula, se podrá garantizar un progreso sostenible hacia la igualdad entre los géneros. Como se observa en el cuadro 1, el número de mujeres en cargos gubernamentales entre 2009 y 2014 fluctuó como resultado de cambios ministeriales. Una ministra que cesa en el cargo no es necesariamente sustituida por otra mujer.

Cuadro 1. Representación por género de los miembros de los gabinetes ministeriales haitianos entre 2006 y 2014

Hombres Mujeres

9 de junio de 2006 a 12 de abril de 20086 de septiembre de 2008 a 30 de octubre de 200911 de noviembre de 2009 a 15 de octubre de 201115 de octubre de 2011 a 16 de mayo de 201216 de mayo a agosto de 2012agosto de 2012 a 12 de enero de 201323 de enero de 2013 a 2 de abril de 20142 de abril de 2014 hasta la fecha

En los tres últimos años, después de un nivel inicial de 44%, la proporción de ministras se ha mantenido en una media de alrededor de 30%.

Como se observa en el cuadro 2, el porcentaje de mujeres en el Parlamento es bajo. Actualmente, 5 de los 99 escaños de la Cámara de Diputados corresponden a mujeres, mientras que no están representadas en el Senado.

Cuadro 2. Porcentaje de mujeres y hombres parlamentarios

MujeresHombres

Senado Cámara de Diputados

7.3.Representación de las mujeres en el sector de la justicia

La proporción de mujeres es igualmente baja en el sector de la justicia. De los 660 magistrados solo 52 (menos del 5%) son mujeres. El número de mujeres que asisten a la Escuela de la Magistratura (EMA) aumentó de 7 en la clase de 1997, la primera promoción, a solo 15 (de un total de 60 estudiantes) en 2013.

Cuadro 3 Distribución de los jueces de distrito por género y por distrito

Distrito	Personas		Porcentaje
Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Puerto Príncipe	74	8	82	90,24	9,76	100
Cap	56	6	62	90,32	9,68	100
Cayes	30	1	31	96,77	3,23	100
Croix-des-Bouquets	27	4	31	87,10	12,90	100
Saint-Marc	33	1	34	97,06	2,94	100
Gonaives	32	3	35	91,43	8,57	100
Port-de-Paix	33	1	34	97,06	2,94	100
Grande-Riviere	20	1	21	95,24	4,76	100
Aquin	24	2	26	92,31	7,69	100
Jérémie	37	0	37	100,00	0,00	100
Fort-Liberté	51	3	54	94,44	5,56	100
Mirebalais	26	0	26	100,00	0,00	100
Coteaux	23	0	23	100,00	0,00	100
Hinche	21	0	21	100,00	0,00	100
Jacmel	41	1	42	97,62	2,38	100
Anse-a-Veau	15	0	15	100,00	0,00	100
Miragoane	19	1	20	95,00	5,00	100
Petit-Goâve	21	0	21	100,00	0,00	100
Total	583	32	615	94,80	5,20	100

7.4.Proporción de mujeres en la Policía Nacional

Hasta la 23ª promoción de la Policía Nacional solo había 772 mujeres de un total de 9.389 oficiales de policía. La 24ª promoción cuenta con 112 mujeres policías regulares y 10 que han recibido una capacitación especial en Colombia.

Cuadro 4 Desglose de los oficiales de la Policía Nacional por género

MujeresHombres

Capítulo VIII

Participación de las mujeres en actividades internacionales

Dado que no existe una política nacional que aliente la participación de la mujer en las actividades internacionales, no se han producido cambios significativos durante el período que se examina. Sin embargo, la reciente aprobación de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer podría estimular el progreso en este sector.

Capítulo IX

Nacionalidad

No se han registrado progresos en esta esfera después de la presentación del informe anterior de conformidad con la Convención.

Capítulo X 

Educación

10.1.Observaciones generales

La escolarización es una prioridad para las actuales autoridades, que pusieron en marcha en 2011 un programa de educación universal gratuita y obligatoria (PSUGO). La alfabetización de adultos es un objetivo que se ha trazado el Gobierno y figura en los programas dirigidos a reducir la pobreza extrema, en particular los dirigidos concretamente a la mujer.

10.1.1.Alfabetización de las mujeres

Dado que el terremoto afectó la base de datos de la Secretaría de Estado para la Alfabetización, no se dispone de datos anteriores a 2011. Los datos sobre alfabetización provienen principalmente de la Encuesta sobre Morbilidad, Mortalidad y Utilización de los Servicios (EMMUS) V, según la cual la tasa nacional de alfabetización es de 74% para las mujeres y 79% para los hombres, mientras que los datos de 2004 las situaban en 48% y 61%, respectivamente. Las actuales tasas respectivas son de 64% y 70% en las zonas rurales y de 84% y 89% en las zonas urbanas. Se prevé que la sexta campaña nacional de alfabetización, iniciada el 21 de marzo de 2014, abarque a 370.000 personas en un período de dos años.

10.1.2.Enseñanza primaria y enseñanza secundaria

Los datos disponibles (de la EMMUS V y el Censo escolar 2010-2011 del Ministerio de Educación Nacional y Capacitación Profesional (MENFP)) sugieren una mejora del nivel de acceso de las niñas/mujeres y los niños/hombres a la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria en comparación con los datos de la EMMUS IV y respecto de la retención de las niñas y las muchachas en la escuela en relación con el informe anterior presentado al Comité. De acuerdo con las mencionadas estadísticas del Ministerio, en el año académico 2010-2011 hubo escasa diferencia entre ambos géneros en materia de acceso a la educación primaria y secundaria. Como se observa en los siguientes cuadros, las tasas medias de asistencia de las niñas a la escuela y de retención en la educación primaria y secundaria fluctúan en un nivel cercano a la paridad. En el último curso de la enseñanza secundaria superior (conocido como classe de philosophie) aparece una disparidad entre los géneros a favor de los muchachos.

Cuadro 5 Distribución porcentual de los estudiantes de la enseñanza primaria (ciclos primero y segundo) por grado, género y tipo de zona

Grado		Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		Quinto		Sexto
Zona/género	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
			M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Urbana	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,48	0,52	0,47	0,53	0,48	0,52
Rural	0,54	0,46	0,54	0,46	0,53	0,47	0,52	0,48	0,51	0,49	0,52	0,48
Total	0,52	0,48	0,52	0,48	0,51	0,49	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Cuadro 6Di stribución porcentual de los estudiantes de la enseñanza secundaria (tercer ciclo) por año de estudios, género y tipo de zona

Año de estudios		Primero		Segundo		Tercero		Cuarto		Quinto		Sexto (Rheto)		Séptimo (Philo)
Zona/género	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Urbana	0,52	0,48	0,51	0,49	0,52	0,48	0,47	0,53	0,50	0,50	0,51	0,49	0,48	0,52
Rural	0,51	0,49	0,51	0,49	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,47	053
Total	0,51	0,49	0,51	0,49	0,51	0,49	0,48	0,52	0,50	0,50	0,51	0,49	0,48	0,52

10.1.3.Enseñanza superior

Hay un déficit general de datos comparativos globales sobre la enseñanza superior con respecto a 2008 y 2013. Los datos fragmentarios de que se dispone no permiten hacer un desglose del número de estudiantes de la enseñanza superior por género. Además de la Universidad Estatal de Haití (UEH), que es pública y gratuita, el sector cuenta con varias universidades privadas que funcionan con arreglo a normas no armonizadas.

En un artículo reciente, Evelyne Trouillot señala que existen estadísticas desagregadas por género en determinadas universidades privadas. En la Université Quisqueya (UniQ), por ejemplo, la proporción general de muchachas es de 56,42%, inferior a la de los varones en disciplinas de ciencia y tecnología (18,75% en ingeniería y 28,57% en agronomía) y superior en educación y salud (60% y 52,61%, respectivamente).

Habida cuenta de los elevados costos directos e indirectos del sector privado, los estudiantes de ambos géneros, debido a su situación económica precaria, acuden principalmente a la Universidad Estatal de Haití, cuyos datos más recientes indican el número de inscripciones pero no las admisiones. De los candidatos inscritos, los hombres y las mujeres representan el 68% y el 32% respectivamente. No obstante, cabe señalar que la distribución de los estudiantes por género es relativamente equitativa en las facultades de medicina, farmacia y odontología. La información disponible sobre los estudiantes admitidos en la UEH solo se refiere a ciencias exactas y al año académico 2007-2008, en el que la proporción de mujeres era de 11% en ciencias, 15,5% en topografía, 19% en química y 26% en medicina. No existen datos sobre la distribución por género del personal docente y los cuadros administrativos de la UEH. En noviembre de 2013, el Ministerio de Educación Nacional y Capacitación Profesional (MENFP), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dio inicio a una encuesta de nacional sobre las instituciones de educación superior, que, al igual que las otras escuelas del país, son mayormente privadas. Se espera que la encuesta proporcione datos exactos desagregados por género sobre la educación superior en general y sobre las diferentes carreras.

10.1.4.Formación profesional

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFP), en 2013 las mujeres representaban el 42% de las personas inscritas para recibir formación profesional regular. En realidad, las estudiantes optan generalmente por las llamadas “ocupaciones femeninas” (como secretariado, contabilidad, técnicas bancarias, procesamiento de datos o auxiliar administrativa), en consonancia con la distribución tradicional de las funciones y no con las necesidades u oportunidades del mercado de trabajo.

Cuadro 7 Personas inscritas en los exámenes para el período junio-diciembre de 2013, por género y sector

Género	Sector de formación	Total
Industria	Comercio	Número	Porcentaje
Femenino	976	1 667	2 643	42%
Masculino	3 095	499	3 594	58%
Total	4 071	2 166	6 237	100

10.2.Iniciativas del Estado

En varias facultades de la Universidad Estatal de Haití se establecieron, como parte de programas de maestría, módulos de capacitación que proporcionan una introducción a las cuestiones relacionadas con el género. Estos cursos, que tienen por objeto crear capacidades para el análisis basado en los géneros y promover conocimientos sobre las relaciones sociales entre las mujeres y los hombres, comenzaron en la Facultad de Humanidades en 2007 y en la Facultad de Etnología en 2008. En el programa de estudios de la Escuela Nacional de Administración y Políticas Públicas (ENAPP) se incluyó, en febrero de 2014, un seminario sobre análisis comparativo por género y presupuestación con una perspectiva de género en las políticas públicas. Con arreglo al Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH), el Ministerio de Educación Nacional y Capacitación Profesional (MENFP), como parte de su subprograma “Promoción de la igualdad de género en la educación”, pondrá en marcha los proyectos siguientes:

•Eliminación de los estereotipos en la escuela, en especial mediante una ejecución y supervisión más eficaces del protocolo de cooperación entre el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) y el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP);

•Programa de capacitación para autores, diseñadores gráficos y directores de conceptos y difusión de las casas editoriales y de personal docente sobre la eliminación de los estereotipos en los manuales escolares y la promoción de la igualdad de género;

•Encuesta sobre la deserción escolar de las niñas;

•Promoción de la retención de las niñas en el sistema escolar;

•Promoción de la educación superior para las niñas y las mujeres;

•Películas de dibujos animados que documenten la utilización de estereotipos en la escuela;

•Promoción de la igualdad de oportunidades para niñas y niños y para mujeres y hombres en el medio escolar.

El Ministerio de Educación Nacional y Capacitación Profesional (MENFP) se propone elaborar un programa para la promoción del aprendizaje de oficios no tradicionales entre mujeres y hombres. En la Conferencia Nacional sobre Educación más reciente, celebrada en abril de 2014, la dimensión de género fue el tema de un seminario de debate e intercambio de ideas, aunque se trató de manera superficial. La principal recomendación hizo hincapié en su carácter intersectorial y la situó en un lugar central de todos los objetivos educacionales.

10.3.Aporte del sector privado y las organizaciones no gubernamentales

La Université Quisqueya (UniQ), en colaboración con feministas haitianas y con ONU-Mujeres, estableció en 2011 una cátedra que ofrece en el verano cursos introductorios sobre cuestiones de género. Ese programa de capacitación, cuyo primer curso terminó con la entrega a los participantes de un certificado universitario, está abierto a un público diverso interesado en estudiar o aprender más sobre el análisis de género, los instrumentos metodológicos pertinentes y la consideración de la dimensión de género en sus actividades. Cada clase consta de unos 30 estudiantes.

El número cada vez mayor de estudiantes y la demanda de módulos similares en otras facultades de la universidad, como la Escuela de Medicina y el Departamento de Agronomía, demuestran que la iniciativa ha sido bien acogida. Si bien todavía es muy temprano para evaluar sus efectos, según Marie France Joachim es indiscutible que contribuirá al cambio de las prácticas y el surgimiento de una visión diferente de la sociedad. Un acontecimiento reciente en el campo de la investigación es el de las publicaciones cuyas autoras son profesionales o especialistas en cuestiones de género, que despiertan el interés de un mayor número de lectores. Investigaciones, estudios y resultados de estudios científicos se publican en revistas académicas o se dan conocer en simposios y conferencias.

Algunas organizaciones no gubernamentales han puesto en práctica iniciativas encaminadas a proporcionar capacitación a corto plazo para mujeres y niñas vulnerables en sectores tradicionalmente masculinos. Sin embargo, la mayor parte de esas actividades de capacitación no han sido aprobadas por el INFP, no siempre responden a las necesidades del mercado de trabajo y, por tanto, tienden a acentuar la vulnerabilidad de las aprendices.

Capítulo XI Empleo

11.1.Evaluación de la situación de las mujeres en la economía: agentes marginadas

El examen de los datos disponibles en 2013 acerca de las actividades económicas de las mujeres haitianas confirma que su papel en la economía es crucial, pero en general subestimado, y que sus salarios o los ingresos que generan con su labor son particularmente bajos. A nivel nacional, las mujeres están empleadas principalmente en los sectores de la agricultura, el comercio, la artesanía, la manufactura y el trabajo doméstico. Un gran número de ellas se desempeñan en la economía no estructurada. Como se indica en el análisis que figura en el documento sobre Identificación de las Desigualdades preparado por el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), puede obtenerse una visión general del papel de la mujer en la economía recurriendo a una combinación de fuentes.

El Censo Agrícola General (RGA), un estudio importante puesto que el 60% de la población haitiana es rural, tuvo en cuenta por primera vez la dimensión de género y ello ha permitido evaluar con más exactitud el carácter y la significación del papel de las mujeres en la producción agrícola y en la elaboración y comercialización de los productos agrícolas. El RGA abarca todo el territorio nacional y todas las divisiones territoriales, de las cuales la más pequeña se conoce como sección comunal. Los resultados fueron publicados en 2012 e indican que en la agricultura haitiana, que se caracteriza por las explotaciones familiares pequeñas, el 25.3% de las explotaciones están a cargo de mujeres; y que la superficie agrícola útil atendida por hombres es mayor que la atendida por mujeres.

Los resultados parciales de una encuesta sobre las empresas financiada por el Ministerio de Comercio e Industria (MCI) muestran que las mujeres representan poco más del 61,4% de los dueños de empresas, y que el 90,18% de las empresas del país tienen una facturación inferior a 96.000 gourdes y, por tanto, no pueden clasificarse en ninguna de las cuatro categorías del censo.

De acuerdo con los datos del Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática (IHSI), el ingreso medio es de 4.582 gourdes para los hombres y 3.320 gourdes para las mujeres. Esta desigualdad salarial entre los géneros se observa en todos los sectores de la industria y en todas las categorías socioprofesionales. Se debe, entre otras cosas, a las diferencias entre el número de horas trabajadas por los hombres y por las mujeres, los procedimientos discriminatorios con respecto al empleo remunerado, la acumulación de mujeres en determinados negocios o sectores institucionales y básicamente, a las relaciones sociales entre los géneros, que sustentan la división del trabajo y las funciones sociales basadas en el género.

El sector de la manufactura, que da empleo principalmente a mujeres, sobre todo en la industria textil, exhibe cierto desarrollo de dos zonas francas situadas en los departamentos del Oeste y el Norte. Se trata de un desarrollo incipiente débil pero está revitalizando los sindicatos, que se movilizan actualmente en torno al salario mínimo y las condiciones de trabajo. En 2014, al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo y se considera una jornada de debate y manifestaciones combativas, estuvo caracterizado por reuniones y declaraciones en las que se pusieron de relieve los derechos de las trabajadoras.

11.2.Medidas adoptadas por el Estado

Mediante la política económica orientada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití prevé la aplicación de las medidas siguientes:

•Promoción de la participación de las mujeres en el desarrollo;

•Desarrollo ulterior e institucionalización de la presupuestación con una perspectiva de género en el marco del subprograma sobre orientación de las políticas presupuestaria y fiscal;

•Apoyo a la investigación sobre igualdad entre los géneros y, por conducto del IHSI, a la reunión y compilación de datos desagregados por género;

•Asignación presupuestaria anual para el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) dedicada a Género y Desarrollo con miras a la ejecución de proyectos para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en todo el país.

Si bien estas medidas reconocen la importancia de las mujeres para el desarrollo del país, no les ofrecen perspectiva alguna de desempeñar una función estratégica. El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (MAST) adoptó una medida positiva al crear el Consejo Superior de Salarios, órgano integrado por representantes de los empleadores, los sindicatos y el Ministerio. Ese Consejo es el espacio en el que las trabajadoras deberán mostrarse vigilantes y defender sus derechos.

La Dirección del Trabajo de dicho Ministerio anunció recientemente la reorganización y el fortalecimiento de la Inspección del Trabajo. Está en marcha la capacitación de un número importante de nuevos inspectores que serán desplegados por todo el país. El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) deberá verificar el porcentaje de mujeres contratadas para la Inspección General del Trabajo y asegurar que la capacitación prevista para los inspectores incluya específicamente las condiciones de trabajo de las mujeres.

Capítulo XIISalud

12.1.Información general y estadísticas sobre el acceso a la atención de la salud

Pese a los significativos esfuerzos del Estado, el sector de la salud se caracteriza por desigualdades en el acceso a los servicios de salud, sobre todo en las zonas rurales. Según varias fuentes de datos (como la EMMUS V y la Encuesta sobre Presupuesto y Consumo de los Hogares), el nivel de acceso de la población haitiana a la atención de la salud y los servicios sociales conexos es alarmante. Los dispensarios, que representan más del 50% del total de instalaciones de salud, ofrecen un conjunto de servicios ínfimo. Para paliar esta situación, los pacientes recurren a la medicina tradicional. El sector privado es considerable, en particular los establecimientos de fines lucrativos, y se le debería coordinar mejor con el sector público. El terremoto del 12 de enero de 2010 multiplicó las dificultades que ya enfrentaba este sector y lo debilitó más.

El sector de la salud recibe un apoyo financiero externo considerable. En el ejercicio económico 2012-2013 obtuvo más de 12.070 millones de gourdes, suma que representa un aumento de más de 3.420 millones de gourdes en relación con el ejercicio 2011-2012. Puesto que gran parte de esa financiación proviene de organizaciones no gubernamentales, la falta de coordinación fragmenta el sistema. Por ejemplo, los gastos relacionados con el VIH/SIDA ascienden al doble del presupuesto público dedicado a la salud (Plan Estratégico de Salud Provisional 2010, Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)).

Las recomendaciones contenidas en los párrafos 36 y 37 de las observaciones finales del Comité, en consonancia con su recomendación general núm.24, atañen a cuatro grandes esferas del sector de la salud, a saber, el acceso a los servicios de atención de la salud, la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil, la planificación de la familia (incluidos los métodos anticonceptivos y el aborto) y la educación sexual para los jóvenes. La mayor parte de los datos disponibles (EMMUS V, OMS/UNICEF/UNFPA 2010, y Principales Iniciativas del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP)en2012-2013) demuestran que el Estado, con el apoyo de la comunidad internacional, desplegó notables esfuerzos para mejorar los indicadores demográficos y sanitarios básicos de conformidad con dichas recomendaciones (entre otras cosas, el fortalecimiento de la capacitación de especialistas, la creación de infraestructuras y el establecimiento de un marco jurídico). El resultado es alentador, pero no basta para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En realidad, el progreso es tan lento que se necesitarán decenios para alcanzar esos Objetivos.

12.2.Acceso a la atención de la salud

Más del 82% de las mujeres siguen sin acceso a la atención de la salud o a un dictamen médico a causa de cuatro grandes problemas. El 76% de las entrevistadas mencionaron la disponibilidad de dinero para pagar el tratamiento, el 43% la distancia para llegar a los servicios de salud, el 21% el temor a visitar sola el centro de salud y el 9% la falta de autorización para ir a solicitar esos servicios. La proporción de mujeres que citaron por lo menos uno de estos problemas como impedimento para recibir atención médica es mayor entre las que tienen cinco hijos o más (el 93 %), las que están separadas (el 87 %), las que viven en zonas rurales (el 89 %), las que carecen de instrucción (el 92 %) y aquellas cuyo hogar se clasifica en la quinta parte más pobre de la población (94 %).

12.3.Reducción de la mortalidad materna e infantil

De acuerdo con las estimaciones OMS/UNICEF/UNFPA para 2005-2010, la tasa de mortalidad materna del país parece haberse reducido de 523 casos de mortalidad por cada 100.000 nacidos vivos (EMMUS IV) a 350 casos. Ahora bien, al hacer comparaciones entre las encuestas OMS/UNICEF/UNFPA y EMMUS debe procederse con cautela. Los métodos que utilizan no son los mismos. El método de muestreo utilizado en las diferentes EMMUS incluye los partos que tienen lugar en hospitales y fuera de ellos, mientras que las encuestas de los organismos de las Naciones Unidas solo consideran los primeros. Si bien se ha registrado un aumento del número de mujeres que reciben atención en hospitales, los partos fuera de ellos han sido siempre una de las principales causas de mortalidad materna. El informe estadístico correspondiente a 2013 del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), que fue publicado en mayo de 2014 y abarca los casos de mortalidad materna y los nacimientos (institucionales y comunitarios) registrados en el sistema de información sanitaria (SIS), indica una tasa de mortalidad materna de 157 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. De acuerdo con los resultados de ese Ministerio para 2013 en relación con los ODM, solo los fallecimientos notificados se contabilizan en su sistema de información sanitaria haitiano (HSIS), que abarca el 75 % de las instalaciones de salud del país.

Durante los últimos años las tasas de mortalidad infantil y en la niñez se han reducido en general, a diferencia de la mortalidad neonatal. En el período 2007-2012 (EMMUS V), 59 de cada 1.000 nacidos vivos murieron antes de cumplir el primer año y 31 murieron antes de llegar a los cinco años. Alrededor de uno de cada once niños muere antes de cumplir los cinco años. En el período que media entre la realización de la EMMUS IV (2005-2006) y la EMMUS V, la tasa de mortalidad de menores de cinco años se redujo de 114 a 88 por cada 1.000 nacidos vivos en las zonas rurales y aumentó de 78 a 99 por cada 1.000 nacidos vivos en las zonas urbanas.

Aunque estos resultados sugieren una mejora a nivel nacional, las estadísticas sobre mortalidad materna y de menores de cinco años (278 por cada 100.000 nacidos vivos y 88 por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente) sitúan a Haití en los niveles más altos de la escala pertinente en las Américas y a nivel mundial.

12.4.Medidas adoptadas por el Estado

La salud materna e infantil es una esfera crucial comprendida en el plan rector del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP). El plan persigue el objetivo de reducir la tasa de mortalidad materna a la mitad para el año 2022 e incluye tres líneas de acción principales:

•Atención durante el embarazo y después del parto;

•Servicios y atención obstétricos de urgencia;

•Promoción de la salud materna.

En el ejercicio económico 2012-2013 se asignó a la atención relacionada con la maternidad el 10% de los fondos para programas prioritarios y el 4% de los gastos nacionales del sector de la salud. La reducción de la tasa de mortalidad materna, que siempre ha sido alta, requiere mejorar la asignación de recursos o gestionar de manera más eficaz los que se asignan a esa esfera. Se planificaron y coordinaron con el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) diversas actividades de planificación de la familia, una campaña de vacunación para promover la salud de las mujeres (en particular la salud reproductiva), e iniciativas de sensibilización contra la violencia y el embarazo precoz.

Durante el período antes mencionado, la Dirección de la Salud Familiar (DSF) iniciando y promoviendo actividades dirigidas a reducir la tasa de mortalidad materna mediante el incremento del personal calificado y las instalaciones de salud que prestan atención obstétrica.

En 2012 el MSPP, con el apoyo de sus asociados, elaboró un plan nacional de eliminación del tétanos materno y neonatal para 2015 en el que la vacunación fue un componente estratégico. En consecuencia, el Ministerio, a la par con fortalecimiento de la vacunación usual, que se propone principalmente a las embarazadas, realizó en abril y mayo de 2013 actividades de vacunación suplementarias en 65 comunas de alto riesgo. Esas actividades abarcaron a todas las mujeres en edad de procreación (1.292.142 según estimaciones) y durante las dos primeras visitas se consiguió administrar la primera dosis de la vacuna a 1.241.728 mujeres (el 98.1%) y la segunda dosis a 973.043 (el 75,3%). Además, se administraron 279.148 primeras dosis durante la segunda visita.

12.5.La planificación de la familia, los métodos anticonceptivos y el aborto

En la esfera de la planificación de la familia, los resultados de la EMMUS V demuestran que las mujeres están mejor informadas sobre la contracepción. Prácticamente todas las mujeres de entre 15 y 49 años, independientemente de su estado civil, conocen por lo menos un método anticonceptivo moderno o tradicional. Por término medio, las mujeres conocen 8,8 métodos de esa índole. Para las mujeres que viven en una unión este número es algo más elevado que los de encuestas anteriores. La prevalencia de métodos anticonceptivos modernos en ese grupo varió muy poco entre 2000 y el período 2005-2006, pero aumentó considerablemente en 2012.

Según la misma fuente, la tasa de utilización de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres de 15 a 49 años aumentó de 24,8% en 2006 a 31% en 2012. El número medio de hijos por mujer (índice total de fecundidad) pasó de 6,2 en 1983 a 3,5 en 2012 a nivel nacional. Sin embargo, el número medio de hijos deseados es de 2.0 (para el 57% de las encuestadas), lo que refleja un alto nivel de necesidades no satisfechas en materia de planificación de la familia, sobre todo entre los jóvenes. En realidad, permanecen insatisfechas el 35 % de las necesidades de limitación de los partes en el caso de las mujeres de 15 a 49 años que viven en una unión.

El aborto sigue siendo el método de planificación de la familia utilizado por el 4% de las mujeres. El 40% de estos abortos tienen lugar en un establecimiento de salud y en el 42% de los casos a cargo de un trabajador sanitario, incluido un 39% que son realizados por médicos.

Por conducto de la Dirección de la Salud Familiar (DSF), el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP), celebró un seminario sobre la reorganización del departamento de planificación de la familia en los hospitales universitarios y organizó actividades de formación para residentes de tres centros universitarios, incluido el Hospital de la Universidad Estatal de Haití (HUEH), en la reorganización de sus servicios. El establecimiento de dependencias de planificación de la familia en los grandes mercados públicos es una de las estrategias previstas para ampliar la cobertura en este sentido.

12.6.Iniciativas de reglamentación del aborto y medidas legales de planificación de la familia

Por iniciativa del Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) se ha comenzado a preparar la presentación de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto. Los días 14 y 15 de mayo de 2013 tuvo lugar una reunión de entidades religiosas, asociaciones de mujeres y organizaciones nacionales e internacionales para tratar sobre la creación de un marco jurídico relativo al aborto (principalmente el aborto terapéutico). El Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) y el Diálogo Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer hicieron contribuciones al debate. La mayoría de los organismos participantes, aunque no la iglesia católica, firmaron la resolución preparada en el seminario. A partir de las recomendaciones formuladas en ese marco, un experto redactó una nueva propuesta para los legisladores teniendo en cuenta la situación actual del país y la necesidad de una legislación sobre los aspectos penales del aborto. Ese proyecto de ley se presentará al Parlamento lo antes posible. Estas iniciativas constituyen un primer paso fundamental habida cuenta de que, con arreglo al código penal, hasta ahora el aborto se consideró un delito.

En virtud de un decreto de fecha 13 de mayo de 2013, se establece el carácter obligatorio de los servicios de planificación de la familia para todas las instituciones pertinentes que funcionan en el territorio nacional. En marzo de 2014 se dio inicio a una campaña nacional dirigida a establecer el programa de planificación de la familia entre las prioridades nacionales mediante un enfoque integrado, basado en la ley y multisectorial, a fin de ampliar la cobertura de esos servicios.

12.7.Formación especializada del personal pertinente y prestación de servicios de salud

Se han tomado varias medidas especiales para facilitar la prestación de una atención de la salud de calidad y asegurar la accesibilidad de la atención de la salud reproductiva en las zonas rurales. En octubre de 2013, la Universidad Estatal de Haití estableció un instituto nacional de capacitación de parteras que incluye capacitación a nivel de posgrado para enfermeras diplomadas; y una capacitación en partería para graduadas de baccalauréat. El propósito de este programa es poner en práctica un plan de desarrollo y gestión de recursos humanos en relación con la salud materna y neonatal y la planificación de la familia, a fin de dotar a las instituciones sanitarias más necesitadas del país de un personal calificado que atienda a las embarazadas desde la concepción hasta el período posnatal y después.

A fin de aumentar el número de instalaciones sanitarias que ofrecen atención obstétrica, el Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) ha emprendido la construcción de centros de atención obstétrica y neonatal básica de emergencia (SONUB) y centros de atención obstétrica y neonatal general de emergencia (SONUC) en ocho departamentos del país. También ha actualizado la cartografía de los servicios de la salud prestados en diferentes departamentos con la inclusión de los nuevos módulos de atención obstétrica y neonatal de emergencia (SONU). Como resultado de esta actividad, la ubicación de los centros de atención obstétrica y neonatal de los diez departamentos puede conocerse consultando el sitio web del Ministerio.

12.8.Educación sanitaria de los jóvenes

El embarazo precoz sigue siendo un desafío para el sistema de salud. El 11% de las jóvenes de 15 a 19 años son madres y el 3% estaban ya embarazadas por primera vez al efectuarse la última encuesta EMMUS. En su condición de adolescentes y jóvenes, pertenecen a un sector de la población que no siempre ha tenido a su alcance toda la atención requerida. El Ministerio cuenta con un departamento de salud para los jóvenes.

Capítulo XIII 

Protección social

13.1.Situación de la protección social y principales logros

Pese a las iniciativas de la Oficina del Seguro de Accidente de Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA), la cuestión de la protección social y el seguro sigue siendo motivo de preocupación. La Oficina ha descentralizado sus operaciones a varios departamentos geográficos, ha construido hospitales y ha puesto sus servicios al alcance de la comunidad, principalmente para las urgencias, los accidentes y los servicios de rehabilitación ortopédica y de maternidad, con un equipamiento adecuado. Inicialmente, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (MAST), la Oficina prestaba servicios exclusivamente a los trabajadores asegurados del sector privado. La Oficina tiene en sus planes proporcionar, mediante procedimientos relativamente flexibles, una tarjeta de seguro de salud garantizada por el Estado a todos los trabajadores del sector no estructurado, principalmente a las artesanas, las comerciantes y las trabajadoras domésticas. Recientemente el Director General de la Oficina anunció que se habían efectuado avances en este sentido. La mayoría de los haitianos no están comprendidos en programas de seguridad social. De acuerdo con un Informe del Observatorio Nacional de la Pobreza y la Exclusión Social (ONPES) publicado en noviembre de 2013, menos de 3 de cada 100 haitianos cuentan con una protección social mínima proporcionada por compañías de seguro privadas, la caja de pensiones civiles y sobre todo la OFATMA y la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA). En el informe de 2008 del país para el Comité se describió una situación similar.

El ONPES, que está subordinado al Ministerio de Planificación y Cooperación Externa (MPCE), realizó un primer estudio sobre la repercusión del programa de asistencia social EDE PÈP (“Ayudar a la gente”) un año después del comienzo de las operaciones. Este programa se estableció en octubre de 2012 como un conjunto de intervenciones públicas de asistencia social para las personas que viven en la pobreza extrema a fin de reducir su vulnerabilidad y exclusión social.

Ese primer estudio, realizado en octubre de 2013, se limitó a las actividades realizadas durante un lapso de tiempo suficiente para que sus efectos fueran observables.

Cuadro 8 Programa de asistencia social Ede Pèp (“Ayudar a la gente”)

Actividades	Prestaciones	Modalidad de apoyo
Ti manman cheri	En efectivo	Promoción del capital humano
Kore etidyan	En efectivo	Promoción del capital humano
Kore peyizan	En especie	Inclusión económica
Panye solidarite	En especie	Asistencia social
PSUGO	En efectivo	Promoción del capital humano

13.1.1.El programa de educación universal gratuita y obligatoria (PSUGO)

Este programa se inició antes que los otros, cuando el Presidente Martelly asumió el cargo en 2011. Se relaciona con los primeros grados de la enseñanza primaria y se basa en la cooperación con los padres. De ahí que el requisito previo para recibir prestaciones relacionadas con “Ti manman cheri”, una actividad dirigida directamente a las madres de familia que se ha vinculado al PSUGO, es que los hijos deben seguir asistiendo a la escuela.

Las cifras más recientes, publicadas en abril de 2014, indican que 122.000 mujeres de todo el país, exclusivamente madres, participan en “Ti manman cheri”. Existen otras actividades que también benefician a las mujeres, entre ellas las iniciativas de apoyo a los estudiantes y los campesinos, y las añadidas posteriormente, de ayuda a las personas con discapacidad y las personas de edad, pero no se sabe en qué proporción. No siempre se han compilado rigurosamente estadísticas desglosadas por sexo.

13.1.2.El programa de asistencia social EDE PÈP (“Ayudar a la gente”)

Este programa ayuda a centrar la atención de manera más eficaz en las poblaciones vulnerables prestando determinados servicios esenciales, entre los que se asigna prioridad a la identidad nacional y la alfabetización. Con todo, el programa, en su conjunto, suscita críticas de organizaciones de derechos humanos a las que preocupa el carácter fragmentario y limitado de sus actividades y prefieren las inversiones sociales de carácter estructural para la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de la totalidad de la población.

13.2.Análisis del Observatorio Nacional de la Pobreza y la Exclusión Social (ONPES)

El estudio del ONPES confirma en sus conclusiones cierto grado de satisfacción entre los beneficiarios, quienes, no obstante, piden mejoras de la regularidad, la composición y las modalidades de distribución de las prestaciones. Se necesitarán estudios frecuentes y regulares para medir el efecto real de las actividades pertinentes, de las cuales algunas van dirigidas a situaciones de emergencia y algunas son estructurales. Según el ONPES, el programa EDE PÈP puede ayudar eficazmente a reducir la pobreza y el hambre y servir de medio de protección de los más pobres frente a conmociones fuertes, como catástrofes naturales.

El ONPES recomienda la adopción de las siguientes medidas, concebidas para institucionalizar los programas pertinentes:

•Orientación eficaz o generalización de la cobertura del programa;

•Mejora de la implicación y las capacidades de las entidades del sector público con miras a aumentar la eficacia del programa EDE PÈP;

•Transformación de EDE PÈP y diseño de este programa como política general de protección social;

•Establecimiento de centros locales de recepción e información para los beneficiarios;

•Actualización de las listas de beneficiarios.

Al parecer el Gobierno ha respaldado algunas de estas recomendaciones con la publicación del Plan de Acción para Acelerar la Reducción de la Pobreza en abril de 2014. Este plan, que incluye explícitamente los ODM, fortalecerá el programa EDE PÈP, al que se considera parte de una política global de protección social, mediante la actuación concentrada de instituciones estatales de vigilancia y evaluación (entre ellas el IHSI, la Coordinación Nacional de la Seguridad Alimentaria (CNSA), el Centro Nacional de Información Geoespacial (CNIGS) y el ONPES.

Capítulo XIV

Las mujeres de zonas rurales y las jefas de hogar

14.1.Resultados del Censo Agrícola General (RGA)

La agricultura es un sector clave de la economía haitiana. Pese a la creciente urbanización, todavía más de la mitad de la población es rural y la agricultura genera más del 60% de los empleos. Caracterizado principalmente por explotaciones familiares pequeñas, el sector satisface el 45% de las necesidades de la población y representa el 25% del PIB. Según el documento sobre Política de desarrollo agrícola del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), la agricultura es un pilar del crecimiento económico y la reducción de la pobreza y en los próximos años desempeñará un papel cada vez más destacado en la esfera de la seguridad alimentaria y en la recuperación económica del país. Encarar los desafíos relacionados con este sector es una cuestión que figura en la agenda de Haití, sobre todo en 2014, proclamado por las Naciones Unidas Año Internacional de la Agricultura Familiar.

El Censo Agrícola General (RGA) 2008-2009, cuyos resultados se publicaron en 2012, aclara más el papel de las mujeres en la economía al incluir por primera vez la dimensión de género. Según Nathalie Lamaute-Brisson, esa medida constituye “una mejora considerable en relación con el censo agrícola de 1950, al posibilitar la identificación de los jefes de las explotaciones y los responsables de los cultivos y el ganado, así como la evaluación del aporte de las mujeres a la movilización del trabajo familiar, asalariado o de asociaciones tradicionales de trabajo”. De acuerdo con el Censo, en la agricultura del país, basada principalmente en agricultores pequeños que en su mayoría producen para el mercado, la cuarta parte de los jefes de explotación son mujeres que atienden una superficie media de 0,74 ha (frente a 0,99 en el caso de los hombres). El censo abarcó todo el territorio nacional y ello permitió reunir datos a nivel de departamentos, comunas e incluso secciones comunales. Por consiguiente, es posible localizar y describir con precisión las explotaciones dirigidas por mujeres.

El análisis de los resultados y los datos del Censo, complementados con investigaciones, estudios y encuestas locales detalladas, arrojará luz sobre los requisitos y los factores relacionados con el empoderamiento económico de las mujeres y la consiguiente evolución de las relaciones de género. Esa información puede enriquecer la formulación de políticas de desarrollo innovadoras que favorezcan la igualdad entre los géneros. Al proporcionar información sobre las mujeres rurales y ayudar a determinar líneas de acción en favor de la igualdad de género, el censo constituye una herramienta estratégica de adopción de decisiones para el citado Ministerio. El análisis de los datos del censo permite refinar la percepción del trabajo de las mujeres y especificar medidas de acción afirmativa para su empoderamiento económico, el cual constituye una condición necesaria para la igualdad tangible. Básicamente esas medidas consisten en crear actividades generadoras de ingresos para las mujeres; alentar entre ellas la cultura empresarial; promover sus carreras teniendo en cuenta las circunstancias reales en que las mujeres trabajan dentro de un sector determinado; y alentarlas a incorporarse a sectores con perspectivas de crecimiento y prepararse para ocupar posiciones de responsabilidad y cargos electivos.

14.2.Situación socioeconómica de las mujeres en el medio rural

Las mujeres rurales se enfrentan a problemas enormes relacionados con sus condiciones de vida o con el hecho de ser mujeres. Generalmente viven en condiciones especialmente arduas. La pobreza, que está más extendida en las zonas rurales que en las zonas urbanas, reduce la productividad de la tierra y da lugar al éxodo rural y a sus corolarios, la escasez de mano de obra agrícola, la reducción de las superficies cultivadas, y, por tanto, menor explotación de las tierras cultivables. Ello da por resultado una disminución de la producción agrícola que ocasiona pérdida de ingresos y escasez de alimentos en ese sector prioritario. Habida cuenta de sus responsabilidades domésticas, las mujeres son quienes sufren más con esa situación, y en períodos difíciles pueden verse obligadas a hacer frente solas a todas las necesidades de la familia.

Las infraestructuras sociales son todavía muy inadecuadas en lo tocante a higiene y salud. Pese a los esfuerzos de las autoridades centrales por crear nuevos centros de salud más cercanos a las poblaciones, la infraestructura pertinente y la gama de servicios que se ofrecen siguen siendo muy insuficientes. Sin embargo, como parte de la lucha contra el cólera, las instituciones estatales han tomado disposiciones para garantizar la seguridad del agua, en particular su cloración, y los programas de construcción de letrinas se han ampliado a las zonas rurales.

Las mujeres participan de manera muy activa en el sector rural. De acuerdo con la división del trabajo tradicional, las mujeres se dedican principalmente al comercio y la elaboración en pequeña escala (de mandioca y mantequilla de maní, por ejemplo) y en trabajos de apoyo en el campo, como recolección, selección del carbón y preparación de alimentos para los coumbites (unidades de trabajo). Asimismo, se integran a trabajos de alta densidad de mano de obra y a actividades temporales de instituciones del Estado u organizaciones no gubernamentales para las que, en los últimos años, se ha establecido la contratación de una determinada cuota de mujeres. Pese al importante papel que desempeñan en la agricultura, la mayoría de las mujeres no participan de manera efectiva en la formulación de las políticas económicas y agrarias que se aplican en sus localidades. No forman parte de las autoridades locales y menos de instancias nacionales, y generalmente no se les toma en consideración si intervienen en los debates. Esa situación obedece a otros obstáculos que enfrentan, a saber, la falta de instrucción, el peso de las tradiciones y conocimientos limitados o ignorancia de sus derechos y de las leyes nacionales y los tratados internacionales que estipulan su protección. Aunque no están sujetas a prohibiciones explícitas, las rígidas actitudes forjadas bajo el sistema patriarcal las mantienen apartadas de los debates y las decisiones concernientes a la vida ciudadana.

Si bien esta información es aplicable a la mayoría de las mujeres rurales, gracias a las actividades de las oficinas de coordinación departamentales del MCFDF, las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, algunas con una amplia presencia en las zonas rurales, y determinadas organizaciones internacionales, se ha logrado que la importancia demográfica de las mujeres y su contribución social y económica, junto con la necesidad urgente de eliminar toda discriminación contra ellas, ganen terreno y ayuden a movilizar y organizar a las mujeres rurales. En casi todas las localidades pequeñas funcionan organizaciones Fanm Vanyan.

Aunque las mujeres participan en las reuniones y dan a conocer su opinión sobre la viabilidad de los proyectos propuestos o para evaluar los efectos de su ejecución, en ciertos casos son representadas por hombres. En los grupos organizados las mujeres adquieren confianza en sí mismas y demuestran liderazgo e iniciativa. A lo largo de los años ha tenido lugar un número considerable de experiencias positivas, por iniciativa tanto de instituciones estatales como de organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales y de la sociedad civil, principalmente organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, que ha dado prueba del dinamismo y el potencial de transformación individual y colectiva de las mujeres organizadas que participan en proyectos económicos y sociales realistas y concretos que responden a sus necesidades.

El Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) pone de relieve el papel desempeñado por el Comité Asesor de las Mujeres del Bajo Artibonite (KRFBL), establecido en 1996 y organizado en 1997, el cual, bajo los auspicios del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF), desplegó una campaña de sensibilización de las mujeres de esa región como parte de la reforma agraria y de una alianza del Estado y la sociedad civil a fin de promover la participación de las mujeres. Como resultado de esa actividad, el 36% de las parcelas distribuidas se otorgaron a mujeres que actualmente, en calidad de agentes empoderadas, realizan actividades sin el apoyo directo del MCFDF.

Es posible derivar lecciones de la experiencia de las asociaciones de mujeres rurales, que son sólidas, sostenibles y se mantienen activas en el marco de plataformas o federaciones como las siguientes :

•Las organizaciones de mujeres del Movimiento de Campesinos de Papaye (MPP) (Centro);

•Las organizaciones de ganaderas de la Asociación de Mujeres de Limonade para el Desarrollo de la Producción Agrícola y Artesanal (AFLIDEPA) y de otras agrupaciones (Nordeste);

•Organizaciones de mujeres rurales apoyadas por Femmes en démocratie (Grand’Anse);

•Solidaridad de las Mujeres Haitianas (SOFA, en St Michel de l’Attalaye y Ennery);

•Plataforma de organización de las mujeres para el adelanto de la comuna de Gonaïves (PROFAPGO, en Artibonite);

•Kay Fanm y Fanm Deside (Sudeste).

Las zonas rurales no son homogéneas. Las mujeres rurales se dedican en gran medida a la comercialización y elaboración de productos agrícolas y son un terreno propicio para la cultura empresarial. En años recientes, algunas empresarias se han distinguido como modelos de agentes económicas. Como jefas de empresas pequeñas y medianas contribuyen a la creación de empleos. El 8 de marzo de 2014, Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) homenajeó a empresarias en varias zonas rurales del país y honró a aquellas que pasaron de la economía no estructurada a la economía estructurada.

14.3Medidas previstas en el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH)

De conformidad con lo previsto en el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití, el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) facilita la participación de la mujer y el respeto de la igualdad de género en sus políticas, planes, programas y proyectos mediante:

•Programas de empoderamiento económico para las jefas de familia y las mujeres rurales;

•Integración de mujeres en proyectos de desarrollo y rehabilitación de infraestructuras productivas, como los sistemas de irrigación y la utilización de zonas de drenaje.

Estos programas no son nuevos. En realidad el MARNDR tiene un largo historial de colaboración con el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) en las actividades relacionadas con las mujeres rurales. En 2009 esa colaboración se institucionalizó con el establecimiento por este último de un centro de coordinación para apoyar los planes de acción del MARNDR, que se ha dedicado a incorporar la dimensión de género en todas sus operaciones. Actualmente se considera la adopción de medidas destinadas a fortalecer el centro de coordinación para cuestiones de género mediante el establecimiento de una dependencia de género a fin de asegurar una intervención estructural global.

Una política de desarrollo rural integral requiere que el Estado, además de los enfoques estrictamente económicos, se ocupe de los derechos sociales en las esferas de la educación, la salud, la seguridad social, el alojamiento y el esparcimiento, y de mejorar el marco jurídico, especialmente las leyes que protegen a las mujeres y los niños. Ello supone el establecimiento de estrategias de información y sensibilización dirigidas a los agentes judiciales y a la población con miras a divulgar y aplicar la Ley sobre la paternidad responsable; así como la inclusión en la agenda del Parlamento del proyecto de ley sobre las uniones consensuales (plaçage). Una política de desarrollo rural integral supone también vigilar el cumplimiento de la disposición constitucional de una cuota no menor de 30% de representación de las mujeres a todos los niveles de los servicios públicos. Paradójicamente, el MARNDR cuenta con solo cinco mujeres y aproximadamente 50 hombres en su personal de gestión técnica, mientras que en la dirección política no hay ninguna mujer (un ministro y tres secretarios de Estado).

La ausencia de mujeres en los niveles de adopción de decisiones tiene su origen en la formación profesional, especialmente en el nivel de la enseñanza superior. De hecho, el nivel medio de mujeres en las Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria es de 10%, en tanto que de los 60 veterinarios del país solo 5 son mujeres.

Capítulo XV Igualdad ante la ley

No hay cambios que señalar en esta esfera desde la presentación del informe anterior en 2009.

Capítulo XVI 

Relaciones familiares

No hay cambios que señalar en esta esfera, según lo previsto en la Convención, desde la presentación del informe anterior en 2009.

Cumplimiento de los compromisos

Ratificación de los instrumentos internacionales

De los nueve tratados principales de derechos humanos, tres de ellos, aunque firmados, no han sido aún ratificados. Además, Haití no ha tomado todavía la importante decisión de adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Cuadro 9 Adopción de instrumentos internacionales por Haití

Instrumento	Firmado	Ratificado
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	30 de octubre de 1972	19 de diciembre de 1972
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	17 de julio de 1980	7 de abril de 1981
Convención sobre los Derechos del Niño	26 de enero de 1990	8 de junio de 1995
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas		6 de febrero de 2007
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad		23 de julio de 2009
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad		23 de julio de 2009
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía	15 de agosto de 2002	-
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales		31 de enero de 2012
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	16 de agosto de 2013
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares	5 de diciembre de 2013
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, relativa al tiempo de reunión del Comité

B.Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Este instrumento, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. Ha sido firmado y ratificado por 80 Estados partes entre los que figuran el Brasil, Chile, Venezuela, Cuba, la República Dominicana, Belice, El Salvador y Guatemala.

La aprobación del Protocolo, compromiso contraído por los Estados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, constituye un importante logro de conformidad con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que Haití firmó. En consecuencia, es importante que el Gobierno cumpla este compromiso con la firma del Protocolo y su remisión al Parlamento para que sea ratificado. Como se indica en su Preámbulo, el Protocolo da a los Estados la oportunidad de reafirmar, “su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades ”.

El 27 de enero de 2009, en Ginebra, en ocasión de presentarse oficialmente el informe del país sobre la aplicación de la Convención, la delegación haitiana expresó dicha decisión en nombre del Estado. El Presidente de la Asamblea Nacional, que integraba la delegación, se comprometió en esa oportunidad a tomar las medidas necesarias para acelerar la ratificación del Protocolo.

C.Situación actual de la ratificación del Protocolo Facultativo

En sus observaciones finales, el Comité insiste en la importancia de que Haití ratifique el Protocolo Facultativo. De hecho, el Comité (en el párrafo 7) “observa con reconocimiento la declaraci5ón del Estado parte en que expresa su intención de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención” y (en el párrafo 46) “alienta al Estado parte a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención y a aprobar, tan pronto como sea posible, la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa al tiempo de reunión del Comité”.

El Protocolo Facultativo se ha incluido en la agenda del Parlamento, y se ha asignado al Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) la misión de asegurar la adhesión del país al Protocolo Facultativo, al reglamento interno del Comité y a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al tiempo de reunión del Comité.

D.Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Desde la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en China en 1995, Haití, entre muchos otros Estados, se comprometió a respetar y promover el principio de la igualdad de género como base del desarrollo armonioso de las naciones. Los Estados partes se comprometieron a asegurar, mediante sus políticas oficiales, la aplicación de la Plataforma de Acción y a respetar los compromisos contraídos para mejorar la situación de las mujeres en sus países respectivos. Haití ha cumplido su compromiso de presentar cada cinco años un informe sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing, de los cuales el último se presentó en 2009 y el cuarto se encuentra en preparación.

E.- Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

Haití se adhirió plenamente a los ODM y aprobó una serie de planes nacionales de desarrollo, entre ellos el documento de la Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (DSNCRP) en 2006 y el Plan Estratégico de Desarrollo para Haití (PSDH) en 2012, que ha utilizado como base para definir estrategias adaptadas a las circunstancias locales. El programa de educación universal gratuita y obligatoria (PSUGO), iniciado por el Gobierno en 2011, constituye una contribución especial al logro de los ODM. En el Plan de Acción para Acelerar la Reducción de la Pobreza (PAARP), publicado el 9 de abril de 2014, se hace referencia explícitamente a ese programa. Haití comparte el criterio global de que la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres es indispensable para promover el desarrollo económico y cumplir los ODM. Se ha demostrado que sin la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, de conformidad con el Tercer Objetivo y con un enfoque basado en los derechos humanos, no sería posible alcanzar los otros ODM. Al responsabilizar al Gobierno en su conjunto por la aplicación de medidas concretas para lograr la igualdad entre los géneros, la inclusión en el PSDH del plan de acción para asegurar la igualdad entre los géneros demuestra el compromiso del Estado con respecto a los ODM.

F.Divulgación de las conclusiones

Los documentos que tratan sobre la igualdad de género y los compromisos contraídos por el Estado a ese respecto se divulgan en el marco de diversas actividades de sensibilización, capacitación y evaluación de planes y proyectos, realizadas con arreglo a iniciativas tanto del Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) como de organizaciones de la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, que muestran una especial dedicación. Las reuniones de consulta y validación organizadas por el Ministerio como parte de la preparación de los informes, ofrecen también oportunidades para divulgar los documentos pertinentes, las disposiciones de interés para las mujeres y para toda la población y la respuesta institucional a los compromisos contraídos por el Estado, especialmente entre los miembros del Parlamento y el poder judicial.

El Estado reconoce que las intervenciones en esta esfera son insuficientes y que es evidente la falta de una estrategia general de comunicación. Las observaciones y recomendaciones del Comité alientan al Estado a redoblar sus esfuerzos por garantizar que todas las instituciones y todos los grupos organizados de la población, estén bien informados y sean partes interesadas en la aplicación de la Convención y de los otros acuerdos internacionales ratificados por Haití.

G.- Asistencia técnica

Durante los dos períodos que se examinan en el presente informe combinado, el Ministerio de la Condición y los Derechos de la Mujer (MCFDF) ha recibido numerosos aportes tanto técnicos como financieros para las actividades vinculadas con su mandato. Los asociados del Ministerio son en su mayoría organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y también incluyen a otros de cooperación regional y de organismos bilaterales.

En su condición de asociado de larga data del Ministerio, ONU-Mujeres le presta apoyo en la aplicación de la política de igualdad entre los géneros; la ejecución del proyecto piloto titulado “De la igualdad de derecho a la igualdad de hecho”, que ha servido de modelo para el análisis comparativo por género (ACS) a nivel de autoridades territoriales (2008-2011); y actualmente en la capacitación de funcionarios de la administración pública sobre presupuestación con una perspectiva de género, el establecimiento de la Mesa Redonda Temática sobre Género y la preparación del presente informe.

Durante el período que se examina el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha establecido regularmente asociaciones con el Ministerio en las esferas de la gobernanza relacionada con los géneros, la igualdad entre los géneros y la eliminación de la violencia contra la mujer, sobre todo en lo referente a sensibilización y atención.

La Oficina de Paridad entre los Géneros de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) está creando capacidad en las dependencias de coordinación departamentales del Ministerio para asegurar la atención de las mujeres víctimas de violencia, y presta apoyo técnico para la aplicación de la cuota de no menos de 30% de representación de la mujer que se estipula en la Constitución de 1987 enmendada.

El UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) presta apoyo técnico al Ministerio en la sensibilización de la población sobre la salud reproductiva, así como apoyo logístico a cinco de sus dependencias de coordinación departamentales (en los departamentos del Sur, Artibonite, Centro, Nippes y Sudeste). El UNICEF financia actualmente un proyecto de sensibilización del Ministerio dirigido a las comunidades de dos departamentos con miras a erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres y mejorar la salud reproductiva y las relaciones sociales entre los géneros, con la participación de todas las asociaciones sociales y comunitarias y las entidades locales.

Dos organismos bilaterales de cooperación internacional hacen también contribuciones a las políticas y programas del Ministerio. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) presta un apoyo decisivo en la labor preliminar para la formulación de la política de igualdad entre los géneros y en los programas de emergencia a raíz del sismo, entre ellos el despliegue de oficiales de policía en los campamentos de personas desplazadas.

El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), actualmente Ministerio de Asuntos Extranjeros, Comercio y Desarrollo del Canadá (MAECD), presta regularmente apoyo técnico al Ministerio desde 2012 mediante los tres proyectos siguientes:

•El proyecto de apoyo a la gestión pública (PARGEP), por el que se ayudó al Ministerio a finalizar el documento sobre la política de igualdad entre los géneros y el plan de acción nacional conexo, y a formar capacitadores en análisis comparativo por género (ACS);

•El proyecto de apoyo técnico (PATH), por el que se capacita a funcionarios del Ministerio en la elaboración y gestión de planes, programas y proyectos, se suministran determinados materiales y equipo y se ayudó a organizar la Mesa Redonda Temática sobre Género y preparar el plan operacional de la política de igualdad entre los géneros;

• El Programa de Cooperación Voluntaria (PCV), que ofrece asistencia técnica para las dependencias de coordinación de los departamentos del Sudeste y Artibonite en la creación de redes de organizaciones y vínculos con los agentes de otros sectores a fin de asegurar la aplicación generalizada del análisis basado en el género.

En relación con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por Haití en 1996, la Organización de los Estados Americanos (OEA)presta al MCFDF un apoyo técnico especializado en la redacción de un proyecto de ley sobre la prevención, el castigo y la eliminación de la violencia contra la mujer. Asimismo, la organización no gubernamental Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF)prestó una asistencia limitada en el despliegue de oficiales de policía dentro de los campamentos de refugiados tras el terremoto del 12 de enero de 2010.

Haití agradece las recomendaciones del Comité relativas a la asistencia técnica (formuladas el párrafo 47 de las observaciones finales, y acoge con beneplácito toda ayuda que se le ofrezca. Tras la aprobación por el Gobierno y la publicación de los documentos en que figuran la identificación de las desigualdades de género, la política de igualdad entre los géneros y el plan de acción conexo, elaborados por el Ministerio con asistencia técnica internacional, el Estado se encuentra en mejores condiciones para sacar provecho de las propuestas del Comité.

H.Informe provisional de 2010

En una carta de fecha 22 de diciembre de 2013, la Ministra de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer explicó al Comité que, debido a las circunstancias excepcionales a que dio lugar el terremoto del 12 de enero de 2010, fue imposible preparar el informe provisional solicitado para 2010; y que toda la información solicitada por el Comité sobre las leyes en preparación figuraría en el presente informe, que contiene los informes periódicos combinados octavo y noveno.

Conclusión

Como se muestra en el presente documento, que abarca los períodos 2006-2010 y 2010-2014, el trayecto que ha de recorrer todavía Haití para lograr la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es largo y está sembrado de obstáculos. En los seis primeros capítulos de este documento se describen los progresos alcanzados en la aprobación de instrumentos estratégicos relativos a la política de igualdad entre los géneros y en la adopción de medidas para promover los derechos de la mujer y combatir la prostitución, los estereotipos sexistas y las diversas formas de violencia contra la mujer. En los capítulos siete y ocho se describen los esfuerzos desplegados por el Estado y la sociedad civil durante los cuatro últimos años para lograr una participación justa y equitativa de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones y se observa que los resultados obtenidos hasta ahora son aún limitados.

El Estado se propone seguir actuando para eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas y promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Se adoptarán nuevas medidas con objeto de lograr que los agentes de todos los sectores redoblen sus esfuerzos contra los estereotipos sexistas que persisten y contra las diversas formas de violencia dirigida a la mujer. La reforma del marco jurídico para hacer frente a las desigualdades entre los géneros que se señala en el informe sigue siendo prioritaria. La promulgación de la Ley sobre la Paternidad, la Maternidad y la Filiación el 28 de mayo de 2014, y su publicación en el Boletín Oficial (número 105) el 4 de junio de 2014, señalan un importante avance en esa dirección .

Al término de un largo proceso, la aprobación por el Gobierno de la política de igualdad entre los géneros y de un plan de acción nacional conexo en 2014 fue crucial. El Estado parte dispone en adelante de una política estratégica e instrumento marco para guiar las actividades de todos los sectores de la sociedad y tener repercusiones en la conducta social. Las principales medidas previstas conciernen a todos los agentes en sus respectivas esferas de actividad y se espera que ayuden a tener en cuenta las preocupaciones relacionadas con el género a la hora de aplicar las políticas públicas sectoriales .

Para el período 2014-2020, Haití se propone fortalecer la incorporación de sus políticas sobre cuestiones de género en las esferas de la justicia, la educación, la salud, la economía y el empleo. Dado que la Convención se relaciona con todos los aspectos del desarrollo, su aplicación constituye sin dudas un campo de acción vasto y profundo. Para realizar progresos efectivos es importante determinar prioridades. Esa aplicación, una obligación común de los diversos actores nacionales, es innegablemente necesaria y decisiva desde el punto de vista social para el desarrollo general del país.

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