aNúmero índice total=100.
En lo que respecta a los pensionistas (cuadro 2), se observa que en 2008 el número de titulares de pensiones ascendió a casi 16,8 millones, cifra sólo ligeramente superior a la de 2007 (un aumento del 0,04%). El número de pensiones per cápita fue de 1,4. Si bien las mujeres titulares de pensiones representaron el 53% del total, los hombres recibieron el 56% de los ingresos por pensiones debido a los montos medios más altos de sus pensiones (17.137 euros, comparado con una media de 11.906 euros en el caso de las mujeres.
Cuadro 2Pensionistas y montos anuales totales en cifras brutas de ingresos por pensiones, por sexo, 2007-2008
2007 |
2008 |
|||||||||||
Número |
Total general (millones de euros) |
Porcen-taje |
Cuantía |
Número |
Total general (millones de euros) |
Porcen-taje |
Cuantía |
|||||
Sexo |
Discapa-cidad/vejez |
Porcen-taje |
Media (euros) |
Número índice |
Discapa-cidad/vejez |
Porcen-taje |
Media (millones de euros) |
Número índice |
||||
Hombres |
7 875 936 |
47,0 |
130 403 |
56,0 |
16 557 |
119,2 |
7 904 229 |
47,1 |
135 456 |
56,2 |
17 137 |
119,3 |
Mujeres |
8 895 668 |
53,0 |
102 573 |
44,0 |
11 531 |
83,0 |
8 874 142 |
52,9 |
105 653 |
43,8 |
11 906 |
82,9 |
Total |
16 771 604 |
100,0 |
232 976 |
100,0 |
13 891 |
100,0 |
16 778 371 |
100,0 |
16 778 371 |
100,0 |
14 370 |
100,0 |
aNúmero índice total=100.
Salud
[Pregunta núm.26.] En sus observaciones finales anteriores el Comité pidió al Estado parte que facilitara información sobre las políticas de atención de la salud en relación con las mujeres de la zona meridional y las políticas para prevenir la transmisión del VIH entre adultos, y sobre las consecuencias de esas medidas. Sírvanse facilitar información adicional sobre estas cuestiones a fin de responder debidamente a la recomendación del Comité.
En el ámbito más amplio de la atención que se presta a los problemas de la salud, el Instituto Superior de la Salud (ISS) ha venido coordinando desde 2009 el programa estratégico fundado por el Ministerio de Salud. El programa se titula “Medicina desde la perspectiva de género, un objetivo estratégico para la salud pública: una atención adecuada para salvaguardar la salud de la mujer”.
El objetivo principal consiste en realizar actividades de investigación en contextos preclínicos, clínicos, sociológicos y económicos a fin de:
a)Sentar las bases de una planificación y desarrollo de la salud pública en que se tengan en cuenta las diferencias entre la mujer y el hombre y en que se proteja específicamente la salud de la mujer con miras a lograr una atención adecuada;
b)Examinar los protocolos de prevención dedicados al género;
c)Formular directrices específicamente para el género femenino;
d)Examinar la influencia que tienen en la salud el medio ambiente y la función de la mujer a fin de sugerir medidas prácticas (para más información, sírvanse ver también las respuestas a las preguntas 29 y siguientes más adelante).
Particularmente en lo que respecta a los problemas relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), en 1987 la creación del Comité Nacional sobre el SIDA permitió armonizar las actividades de investigación, asistencia, información, capacitación y comunicación sobre el VIH/SIDA y darles seguimiento en todo el territorio nacional.
Desde 2006, a la par con los consejos voluntarios que existen en el marco del Ministerio de Salud, la atención se ha centrado en habilitar un registro nacional de nuevas infecciones del SIDA y en elaborar directrices en materia de diagnóstico y terapias, así como en llevar a cabo proyectos de acción destinados a las poblaciones vulnerables, en particular a las mujeres. En 2009 se puso en marcha un proyecto especial, financiado por el Ministerio de Salud y encabezado por el Instituto Nacional de promoción de la salud de las poblaciones migrantes y de lucha contra las enfermedades relacionadas con la pobreza (INMP). Se trata de un proyecto de estudio socio-sanitario experimental encaminado a fomentar la prevención, el diagnóstico y la continuidad de la atención de las infecciones y co-infecciones del VIH/SIDA en los grupos social y económicamente menos favorecidos. Hasta 2008 no existía sistema nacional de control alguno en funcionamiento que abarcara las nuevas infecciones del VIH y, en consecuencia, se limitaba la posibilidad de realizar un análisis preciso de la situación epidemiológica de la infección del VIH/SIDA, tanto entre los sujetos autóctonos con elevado riesgo de exclusión social como entre los inmigrantes. Según datos suministrados en abril de 2009 por el Instituto Superior de Salud (ISS), el porcentaje de pacientes con un diagnóstico positivo de VIH en un lapso de tiempo corto de un diagnóstico de SIDA (menos de seis meses) o concurrente con él resultó ser superior al 50% y más alto aún en los extranjeros que en la población italiana.
Por consiguiente, el estudio pasó a centrarse en las personas socialmente desfavorecidas, las personas sin hogar, los inmigrantes (especialmente los indocumentados) y otros grupos en riesgo de padecer pobreza como las mujeres víctimas de la trata, las prostitutas, las transexuales y las toxicómanas. Ciertas características que son propias de esas poblaciones impedían en parte llevar a término un análisis efectivo del fenómeno y elaborar un programa específico de prevención, diagnóstico y atención de la infección del VIH/SIDA, y dificultaba asimismo mantener la continuidad del tratamiento terapéutico. A la luz de esas consideraciones, se han definido dos importantes prioridades para la labor futura de salud pública en el contexto de la infección del VIH/SIDA:
–Lograr una reducción global en el más corto plazo posible del número de personas infectadas del VIH que no están al tanto de su estado;
–Aplicar un tratamiento específico que garantice la continuidad de la terapia para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las infecciones oportunistas y las co-infecciones a fin de facilitar el acceso a los servicios de salud para las personas en mayor riesgo de exclusión social en general y para las mujeres en particular.
[Pregunta núm. 27.] En el párrafo 413 del informe se indica que el cáncer de mama es el más común y la causa de muerte más frecuente entre las mujeres y que el Plan Nacional de Prevención y la organización de programas de detección han dado resultados significativos. Sin embargo, también se señala que, en el sur de Italia, más del 60% de las mujeres comprendidas en el grupo objetivo continúa sin acceso a mamografías, ni siquiera dentro de los programas organizados. Sírvanse facilitar información sobre las medidas adoptadas al respecto.
Este programa de detección organizada se considera un nivel básico de asistencia sanitaria para las mujeres residentes de 50 a 69 años de edad.
La lucha contra el cáncer de mama se considera una de las prioridades de la salud pública en el Plan Nacional de Prevención para el período 2010-2012, aprobado el 29 de abril de 2010 por acuerdo entre el Estado, las regiones y las administraciones públicas y en el Documento de orientación técnica para reducir la carga que representa el cáncer correspondiente al período 2011-2013, que será objeto de examen en la Conferencia del Estado y las regiones.
Plan Nacional de Prevención para el período 2010-2012: El objetivo sanitario de este plan consiste en reducir la tasa de mortalidad por causa específica de la mujer, por lo que prevé reforzar y mejorar los programas de detección para las mujeres de 50 a 69 años de edad, al tiempo que ofrece objetivos innovadores para definir la prevención diferenciada según el riesgo personal de cada mujer.
Documento de orientación técnica para reducir la carga que representa el cáncer correspondiente al período 2011-2013: Entre las medidas planeadas figuran ampliar el alcance de los programas de detección organizada del cáncer de mama reduciendo a la mitad la diferencia porcentual entre el aumento del número de personas contactadas y el número previsto (la cobertura total de la población destinataria); elevar la calidad de los programas de detección organizada por regiones según se define en el conjunto de indicadores acordados por el Observatorio Nacional de Detección y coordinados por las regiones, aplicando los instrumentos del Plan Nacional de Prevención y los limitados recursos de los Fondos de la Salud regionales; lograr que los programas de detección del cáncer de mama sean sostenibles mediante la reestructuración de los exámenes aleatorios; definir un programa nacional, previo acuerdo con las regiones, para ensayar innovaciones en los modelos de organización de los programas de detección.
La reunión de los datos relativos a los programas de detección organizada corre a cargo del Observatorio Nacional de Detección (el Centro de supervisión de los exámenes de detección) a petición del Ministerio de Salud. Los datos relativos a las actividades realizadas en 2009 figuran a continuación. Esos datos confirman que en las regiones del sur no se cumplen los niveles básicos de asistencia.
Región |
Población residente (ISTAT) |
Población destinataria* en 2009 (menos los excluidos) |
Mujeres de 50 a 69 años de edad que fueron contactadas |
Mujeres que respondieron |
Porcentaje de mujeres contactadas de la población destinataria |
Porcentaje de mujeres de la población destinataria que respondieron |
Abruzzo |
163 211 |
80 438 |
36 196 |
18 358 |
45,0 |
22,6 |
Basilicata |
69 322 |
34 661 |
41 507 |
19 295 |
119,8 |
55,7 |
Calabria |
232 164 |
112 893 |
70 717 |
18 123 |
62,6 |
16,1 |
Campania |
652 290 |
317 506 |
111 689 |
31 891 |
35,2 |
10,0 |
Molise |
38 871 |
19/387 |
19 172 |
10 510 |
98,9 |
54,2 |
Apulia |
493 642 |
246 821 |
127 719 |
55 112 |
51,7 |
22,3 |
Cerdeña |
217 200 |
108 436 |
11 364 |
5 187 |
10,5 |
4,8 |
Sicilia |
599 372 |
297 319 |
32 621 |
11 809 |
11,0 |
4,0 |
Total |
2 466 072 |
1 217 460 |
450 985 |
170 285 |
37,0 |
14,0 |
*Se contacta a la población destinataria para que se someta a una mamografía bilateral cada dos años; a los efectos de la supervisión, se supone que cada año la población destinataria será la mitad de la población residente con derecho a ser incluida en los programas de detección. Algunas mujeres quedan excluidas del sistema de llamadas por razones personales definidas con antelación.
En lo que respecta a las medidas adoptadas para eliminar las diferencias observadas en la aplicación de los programas de detección, estas básicamente consisten en la prestación de ayuda especial a las regiones que no hayan cumplido. A ese fin, se han puesto en marcha varias medidas.
La estructura institucional dimanada de los planes nacionales de detección para los períodos 2004-2006 y 2007-2009 ya ha permitido prestar ayuda ordinaria a las regiones, suministrada por el Observatorio Nacional de Detección en la forma de:
a)Generación de datos de evaluación y elaboración de informes;
b)Organización de cursos de capacitación y actividades de auditoría para mejorar la calidad técnica, profesional e institucional.
En el Plan nacional de detección para el período 2007-2009 se definieron las necesidades extraordinarias de las regiones del sur, históricamente las más atrasadas en cuanto a la oferta de programa de detección, y se promovieron proyectos concretos destinados a superar las deficiencias observadas y a vincular la financiación con la consecución de los objetivos (esos proyectos son evaluados por el Comité científico del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CCM).
El CCM también ha financiado un programa específico dirigido a apoyar las infraestructuras regionales, actualmente en curso y destinado a las mismas regiones del sur y a las islas.
Por último, la ampliación del alcance de los programas de detección ha sido incluido como uno de los indicadores del cumplimiento del nivel básico de asistencia sanitaria y, por lo tanto, contribuye a evaluar el acceso de las regiones a la cuota de recompensa del 3% de los fondos para los servicios de salud.
A lo anterior se puede agregar un proyecto financiado recientemente (en 2010) por el CCM para llevar a cabo un programa nacional de visitas a distintos sitios, a cargo del Observatorio Nacional de Detección. No obstante, en un número demasiado elevado de regiones se sigue encarando problemas en lo que respecta a la planificación y gestión empresarial a ese nivel, lo que obedece por lo general al problema más generalizado de la asignación de fondos que el Pacto para la Salud mantiene en reserva para las actividades de prevención.
[Pregunta núm. 28.] Sírvanse proporcionar información sobre los cambios legislativos que se prevé introducir para regular las técnicas de reproducción asistida en respuesta al fallo núm. 151 de 2009 del Tribunal Constitucional, en el que ese Tribunal estimó que algunas disposiciones de la Ley. Núm. 40 sobre tratamiento médico de la esterilidad era ilegítimas porque daban una protección excesiva al embrión en detrimento de los derechos a la salud que se consagran respectivamente en los artículos 3 y 32 de la Constitución de Italia.
En el fallo núm. 151/2009 el Tribunal Constitucional declaró que “el párrafo 2 del artículo 14 de la Ley 40, de 19 de febrero de 2004, es inconstitucional, limitándose la inconstitucionalidad a las palabras “a un implante único y simultáneo, y en todo caso sin que exceda de tres”, al tiempo que el párrafo 3 del artículo 14 de la Ley. Núm. 40 de 2004 es inconstitucional, limitándose la inconstitucionalidad a la parte que no prevé la transferencia de embriones, que ha de efectuarse lo antes posible según lo establecido en la presente disposición, y que deberá llevarse a cabo sin perjuicio de la salud de la mujer”.
El fallo núm. 151/2009 del Tribunal Constitucional no introduce ninguna otra modificación legislativa a la Ley 40/2004. En efecto, en Italia los fallos del Tribunal Constitucional que aceptan acciones de inconstitucionalidad explican sus efectos erga omnes, lo que normalmente entraña la revocación de las disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales y su expurgación (retroactiva) del orden jurídico, desde el momento mismo de entrar en vigor. En casos excepcionales, en lugar de expurgar las disposiciones del ordenamiento, el fallo del Tribunal que acepte la acción de inconstitucionalidad podrá introducir nuevas disposiciones, cuando estas fueren las únicas disposiciones constitucionalmente admisibles (los así llamados fallos aditivos).
Los efectos del fallo 15/2009, como usualmente sucede en el caso de fallos del Tribunal que aceptan acciones de inconstitucionalidad, no precisan mayor explicación ni se pide a los órganos legislativos italianos que apliquen en modo alguno lo que se declara en el fallo, ya que los efectos se producen de manera automática.
De ahí que, por Decisión núm. 151/2009 del Tribunal Constitucional, en el párrafo 1 del artículo 14 de la Ley 40/2004 se establece que “1. Se prohíben la criopreservación y supresión de embriones, sin perjuicio de la Ley 194 de 22 de mayo de 1978”; en el párrafo 2, que “2. En consideración de la evolución técnica y científica y del párrafo 3 del artículo 7, no se utilizarán las técnicas de producción de embriones para crear más embriones que los estrictamente necesarios…”; por último, en el párrafo 3, que “3. Si la transferencia al útero no fuese posible por razones de peso y documentadas de fuerza mayor relacionadas con la salud de la mujer imposibles de prever en el momento de la fecundación, se permitirá la criopreservación de esos mismos embriones hasta la fecha de transferencia, que deberá ser lo antes posible”, “sin perjuicio para la salud de la mujer”.
En consecuencia, como subraya asimismo el propio Tribunal Constitucional en el fallo núm. 151/2009 (párr. 6 de los Argumentos jurídicos), el “principio general de prohibir la criopreservación”, confirmado en el párrafo 1 del artículo 14 de la Ley 40/2004, sigue vigente en el ordenamiento jurídico italiano (véase también la orden núm. 97/2010 del Tribunal Constitucional). Mediante su decisión el Tribunal Constitucional de hecho amplía la posibilidad de establecer excepciones a esa prohibición, reteniendo sin embargo “el principio mediante el cual las técnicas de producción no se utilizarán para crear más embriones que los estrictamente necesarios, según la valoración y determinación del médico en cada caso particular”, excluyendo en cambio “el implante único y simultáneo obligatorio y el máximo número de embriones que han de transferirse” (como declara el propio Tribunal Constitucional en el párrafo 6 de los Argumentos jurídicos del fallo núm. 151/2009). Además, la decisión del Tribunal Constitucional establece que “la transferencia de embriones deberá ser lo antes posible”, como se establece en el párrafo 3 del artículo 4, “y sin perjuicio para la salud de la mujer” (como declara el propio Tribunal Constitucional en el párrafo 6 de los Argumento jurídicos del fallo núm. 151/2009). En consecuencia, en nada se modifica el artículo 13 que prohíbe toda experimentación (párrafo 1) e investigación clínica y experimental que no sea con fines terapéuticos con todos los embriones humanos (párrafo 2) y toda forma de selección de embriones humanos con fines eugénicos (párrafo 3-b).
Grupos de mujeres desfavorecidos
Mujeres rurales
[Pregunta núm. 29.] A diferencia de informes anteriores, el informe actual aporta información en relación con el artículo 14 de la Convención, relativo a las mujeres rurales; esa información es, sin embargo, muy limitada. Por lo tanto, se solicita información adicional sobre los problemas especiales a los que tiene que hacer frente la mujer rural para ejercer plenamente y en pie de igualdad los derechos que la amparan en virtud de la Convención, y sobre la forma en que se abordan esos problemas.
En los últimos 50 años, la Italia rural se ha visto afectada por cambios profundos que han llevado a una reorganización de los procesos sociales y económicos. La despoblación, el envejecimiento paulatino de la población y la manutención deficiente del territorio han hecho que esas zonas sean más vulnerables y han acentuado con el paso de los años los procesos de agotamiento de los recursos humanos y naturales. Téngase en cuenta que en el mismo período la población rural italiana ha disminuido en aproximadamente un 10%. La agricultura, que siempre ha sido una fuente principal de empleo, ha sufrido un brusco declive, al perder más de 12 millones de trabajadores.
Por otra parte, en décadas recientes, dados los efectos de la globalización económica, y con el aliento de las políticas europeas en materia de desarrollo rural, las zonas rurales italianas han experimentado elementos de recuperación –si bien desiguales- que han llevado a una revaloración de la vida rural, así como a una percepción más positiva de la vida en las zonas rurales. Así, pues, se han asentado nuevos caminos de desarrollo basados en enfoques integrados y participativos y orientados a promover la multifuncionalidad de la agricultura y la diversificación de las actividades de producción. Esos procesos precisan características específicas, como una mayor flexibilidad, la autoprogramación y la creación de redes, aspectos que se adecuan mejor a la mujer. Un ejemplo es la aplicación de la iniciativa Líder de la Comunidad, que ofrece la oportunidad de que muchas mujeres de las zonas rurales de Italia desempeñen un papel protagónico en la aplicación de los procesos de desarrollo a nivel local.
El problema existe asimismo a nivel de Europa, no se trata únicamente de Italia. Hoy día sigue habiendo una falta de datos confiables sobre la situación económica y social de la mujer y de su participación como empresaria en las zonas rurales de Italia. La falta de información en esa esfera limita las posibilidades de planear intervenciones para satisfacer las necesidades reales de la mujer rural: de hecho, aunque se trate en diversos programas de intervenciones, la cuestión del género en las zonas rurales sigue siendo en gran medida una cuestión de principios, más de forma que de sustancia.
Marco demográfico. Desde el punto de vista demográfico, los italianos que viven en zonas rurales representan cerca del 20% de la población nacional, distribuida en un territorio que abarca aproximadamente el 70% del país. Según datos del ISTAT, en 2009 había unos 5,8 millones de mujeres rurales, el 18,7% de las mujeres italianas.
Población residente por género y zona (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
Zonas rurales |
Otras zonas |
Total Italia |
Zonas rurales |
Otras zonas |
Total Italia |
|
(Porcentaje) |
||||||
Hombres |
||||||
2005 |
5 540 127 |
22 986 761 |
28 526 888 |
19,4 |
80,6 |
100,0 |
2006 |
5 542 600 |
23 175 841 |
28 718 441 |
19,3 |
80,7 |
100,0 |
2007 |
5 557 298 |
23 372 449 |
28 949 747 |
19,3 |
80,7 |
100,0 |
2008 |
5 600 499 |
23,551 924 |
29 152 423 |
19,2 |
80,8 |
100,0 |
2009 |
5 605 446 |
23 681 957 |
29 287 403 |
19,1 |
80,9 |
100,0 |
Mujeres |
||||||
2005 |
5 738 168 |
24 486 655 |
30 224 823 |
19,0 |
81,0 |
100,0 |
2006 |
5 738 272 |
24 674 574 |
30 412 846 |
18,9 |
81,1 |
100,0 |
2007 |
5 775 472 |
24 894 071 |
30 669 543 |
18,8 |
81,2 |
100,0 |
2008 |
5 799 958 |
25 092 687 |
30 892 645 |
18,8 |
81,2 |
100,0 |
2009 |
5 807 299 |
25 245 626 |
31 052 925 |
18,7 |
81,3 |
100,0 |
Total |
||||||
2005 |
11 278 295 |
47 473 416 |
58 751 711 |
19,2 |
80,8 |
100,0 |
2006 |
11 280 872 |
47 850 415 |
59 131 287 |
19,1 |
80,9 |
100,0 |
2007 |
11 352 770 |
48 266 520 |
59 619 290 |
19,0 |
81,0 |
100,0 |
2008 |
11 400 457 |
48 644 611 |
60 045 068 |
19,0 |
81,0 |
100,0 |
2009 |
11 412 745 |
48 927 583 |
60 340 328 |
18,9 |
81,1 |
100,0 |
En lo tocante únicamente a la población rural, las mujeres representaban un poco más de la mitad (el 50,88%). Ese valor no difiere del de 2005 (año en que las mujeres representaban el 50,87%), mientras que es superior en más de un punto porcentual al porcentaje registrado en el censo de 2001, cuando las mujeres representaban el 49,1% de la población rural. En todo caso, en los últimos cinco años, frente a un aumento del 1,1% de la población rural, no ha habido cambios significativos en su distribución por género.
Población que vive en zonas rurales (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
Rural |
Centro- Norte |
Sur |
Italia |
Centro- Norte |
Sur |
||
Hombres |
2005 |
3 416 435 |
2 123 692 |
5 540 127 |
61,7 |
38,3 |
100,0 |
2006 |
3 426 661 |
2 115 939 |
5 542 600 |
61,8 |
38,2 |
100,0 |
|
2007 |
3 459 853 |
2 117 445 |
5 577 298 |
62,0 |
38,0 |
100,0 |
|
2008 |
3 484 547 |
2 115 952 |
5 600 499 |
62,2 |
37,9 |
100,0 |
|
2009 |
3 491 712 |
2 113 734 |
5 605 446 |
62,3 |
37,7 |
100,0 |
|
Mujeres |
2005 |
3 105 131 |
2 633 037 |
5 738 168 |
54,1 |
45,9 |
100,0 |
2006 |
3 115 086 |
2 623 186 |
5 738 272 |
54,3 |
45,7 |
100,0 |
|
2007 |
3 148 803 |
2 626 669 |
5,775 472 |
54,5 |
45,5 |
100,0 |
|
2008 |
3 174 633 |
2 625 325 |
5 799 958 |
54,7 |
45,3 |
100,0 |
|
2009 |
3 186 646 |
2 620 653 |
5 807 299 |
54,9 |
45,1 |
100,0 |
|
Italia |
2005 |
6 521 566 |
4 756 729 |
11 278 295 |
57,8 |
42,2 |
100,0 |
2006 |
6 541 747 |
4 739 125 |
11 280 872 |
58,0 |
42,0 |
100,0 |
|
2007 |
6 608 656 |
4 744 114 |
11 352 770 |
58,2 |
41,8 |
100,0 |
|
2008 |
6 659 180 |
4 741 277 |
11 400 457 |
58,4 |
41,6 |
100,0 |
|
2009 |
6 678 358 |
4 734 387 |
11 412 745 |
58,5 |
41,5 |
100,0 |
La lectura de los datos correspondientes a las microzonas arroja que el 55% de las mujeres rurales viven en las zonas centrales y septentrionales de Italia, comparado con el 46% en el sur, parte del país que sigue encarando –sobre todo en el interior- graves problemas de desarrollo (escasas oportunidades de empleo, deficiente infraestructura, entre otras dificultades), exacerbados por persistentes factores culturales de peso que perpetúan la división sumamente rígida de las funciones de los géneros (las mujeres vinculadas más al trabajo en el hogar y al cuidado de otras personas y los hombres al mercado laboral, donde de por sí escasean las oportunidades de empleo).
En lo que respecta a los niveles de educación, según los datos del censo de población más reciente (2001), la mujer italiana de las zonas rurales tiene un nivel de educación cada vez más alto e invierte considerables recursos en su educación. Por ejemplo, el número de graduadas universitarias se ha más que triplicado (de 93.000 en 1991 pasaron a ser unas 282.000 en 2001), al tiempo que también ha aumentado el número de graduadas de la enseñanza secundaria. Además, se gradúan más mujeres comparativamente que hombres. En las zonas rurales del sur se registra una mayor proporción de mujeres con un nivel de educación superior (el 47% del total de graduadas universitarias). Para muchas de ellas, su oportunidad de lograr la independencia económica y la autonomía personal es invirtiendo en sus estudios. Lamentablemente, para la mayoría de ellas, especialmente las mujeres del sur, la búsqueda de una profesión de mayor calificación las obliga a abandonar su lugar de origen. El afán de mejorar su posición social y ser capaz de valerse de los servicios para equilibrar el trabajo y la vida familiar las empuja hacia las zonas urbanas (a menudo en el norte), donde hay mayores oportunidades de empleo y las presiones sociales no son tan fuertes.
En lo concerniente a la violencia por razón de género en las zonas rurales de Italia, no se dispone de suficiente información para comprender con claridad la intensidad de ese fenómeno. Sí cabe señalar, sin embargo, que el aislamiento de la mayoría de las zonas rurales, la falta de servicios sociales y el control social que se ejerce sobre la mujer rural (en particular sobre las mujeres inmigrantes que viven en esas zonas del país) contribuyen a que esos fenómenos sean menos visibles, lo que hace que la mujer sea más vulnerable aún.
Condiciones profesionales. El crecimiento del empleo femenino es un cambio importante que se observa en el mercado laboral de las zonas rurales. En décadas recientes la mujer rural ha asumido, en efecto, una posición diferente tanto en cuanto a la cantidad de actividad como a las tendencias de empleo. Sin embargo, si bien se ha registrado un aumento significativo en el empleo femenino, cabe señalar que las mujeres siguen afrontando numerosas dificultades en su trabajo y carreras profesionales. A menudo las mujeres están poco familiarizadas con sus derechos como ciudadanas y trabajadoras, lo que hace que sean más vulnerables aún a la discriminación.
Como se ve en el cuadro 3 a continuación, que ofrece datos sobre las “regiones rurales de Italia ”, sigue habiendo una gran disparidad entre el empleo de mujeres y de hombres: en 2009 había un total de 3,7 millones de mujeres empleadas comparadas con 5,7 millones de hombres (basado en una distribución equilibrada de la población entre ambos sexos).
En términos porcentuales, las mujeres representaban el 39% de las personas empleadas en 2009, un valor ligeramente diferente al de 2005 (el 38%). Las cifras no difieren mucho de las que se registran en las “regiones no rurales de Italia”, donde la tasa de empleo de mujeres era del 41% en 2009 y del 40% en 2005. En ambos casos, los valores parecen distar bastante de los objetivos establecidos en Lisboa en 2010 (del 60%) y más distante aún de la nueva meta para 2020 fijada a nivel de la Comunidad, que establece una tasa de empleo del 75% tanto para los hombres como para las mujeres.
De las aproximadamente 3,7 millones de mujeres rurales en la fuerza de trabajo (2009), sólo el 35,3% vive en zonas rurales del sur de Italia. Como ya se ha mencionado, se trata de un territorio donde aún existe una arraigada cultura de resistencia a la mujer trabajadora, que tiende a mantener la división de papeles dentro de las parejas, pero también donde las empresas son más reaciasa contratar a mujeres (debido a la maternidad, las responsabilidades familiares, entre otras razones). Es decir, la estructura de la familia tradicional en el sur, los fuertes vínculos entre la organización productiva y las redes de familias, así como los controles sociales que siguen influyendo en la conducta de la mujer rural limitan sus opciones para alcanzar una independencia y emancipación económica reales, lo que da lugar a situaciones perversas en zonas atrasadas que perpetúan la desigualdad de hombres y mujeres.
Población de cómo mínimo 15 años de edad, por género y nivel profesional (‘000; media anual) (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
Empleados |
Personas que buscan trabajo |
Desem-pleados |
Total |
Empleados |
Personas que buscan trabajo |
Desem-pleados |
Total |
||
Regiones rurales |
Mujeres |
3 526 |
448 |
7 075 |
11 048 |
3 716 |
392 |
7 222 |
11 330 |
Hombres |
5 707 |
404 |
4 194 |
10 306 |
5 715 |
436 |
4 410 |
10 561 |
|
Total |
9 233 |
852 |
11 269 |
21 354 |
9 431 |
828 |
11 632 |
21 891 |
|
Otras regiones |
Mujeres |
5 299 |
539 |
8 978 |
14 815 |
5 520 |
553 |
9 202 |
15 274 |
Hombres |
8 030 |
498 |
5 164 |
13 693 |
8 075 |
564 |
5 511 |
14 149 |
|
Total |
13 330 |
1 037 |
14 141 |
28 508 |
13 594 |
1 117 |
14 712 |
29 424 |
|
Total Italia |
Mujeres |
8 825 |
986 |
16 052 |
25 864 |
9 236 |
945 |
16 424 |
26 604 |
Hombres |
13 738 |
902 |
9 358 |
23 789 |
13 789 |
1 000 |
9 921 |
24 710 |
|
Total |
22 563 |
1 889 |
1 889 |
23 025 |
23 025 |
1 945 |
26 345 |
51 314,64 |
En 2009 la tasa de desempleo de la mujer de las “regiones rurales” era del 14,3%, comparada con la del 10,26% del hombre. En comparación con 2005, se ha registrado una disminución de unos 4 puntos porcentuales, además de una disminución del número de mujeres que buscan trabajo (de 448.000 en 2005 a 392.000 en 2009). Si bien esa reducción significativa podría atribuirse, en parte, al alza del empleo –que suele traducirse en una mayor inestabilidad en el mercado laboral-,puede estar relacionada en cambio con la existencia de oportunidades de empleo desalentadoras, particularmente en el sur, donde la mujer tiene que vérselas con un mercado labor estático y con una oferta insuficiente de servicios de “conciliación”,que contribuirían a aligerar la carga que supone la atención a la familia.
Desempleo de la población de cómo mínimo 15 años de edad, por género y microzona (‘000; media anual) (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
Hombres |
Mujeres |
|
2005 |
||
Centro-Norte |
3,7 |
6,4 |
Sur |
12,6 |
21,7 |
Total regiones no rurales |
5,8 |
9,2 |
Centro-Norte |
3,4 |
6,8 |
Sur |
10,5 |
18,2 |
Total regiones rurales |
6,6 |
11,3 |
Centro-Norte |
3,6 |
6,6 |
Sur |
11,4 |
19,6 |
Total |
6,2 |
10,1 |
2009 |
||
Centro-Norte |
5,0 |
7,5 |
Sur |
11,9 |
16,9 |
Total regiones no rurales |
6,5 |
9,1 |
Centro-Norte |
4,7 |
6,7 |
Sur |
10,2 |
14,3 |
Total regiones rurales |
7,1 |
9,5 |
Centro-Norte |
4,9 |
7,2 |
Sur |
10,9 |
15,3 |
Total |
6,8 |
9,3 |
En todos los sectores económicos de las zonas rurales se registra un crecimiento del empleo. Ello obedece también a las medidas europeas de exenciones reglamentarias e incentivos financieros en esas zonas. Las estadísticas de que se dispone (ISTAT, 2001) demuestran que a las mujeres hallan empleo predominantemente en el sector de la educación (el 35% frente al 16% en el caso de los hombres) y en los servicios de atención de la salud (el 30% frente al 16% en el caso de los hombres). Esa es una prueba más de la presencia asimismo de formas de segregación horizontal en el mercado laboral. También es interesante, en ese contexto, que sólo el 17% de las mujeres trabajen en la administración pública, comparado con el 50% de los hombres. Por lo tanto, estos últimos tienen mayor éxito en el sector que ofrece la mayor garantía de ingresos. En la industria las mujeres representan el 30% de las unidades de trabajo, empleadas en su mayoría en el sector de las manufacturas (el 98%). Se observa una presencia cada vez mayor de la mujer en el sector artesanal, participando activamente en la revitalización de las destrezas tradicionales y locales.
En lo que respecta a las actividades relacionadas con las modalidades de hospitalidad en el turismo y los servicios gastronómicos (hoteles, lugares de camping, restaurantes, bares, entre otros), estas resultan ser una fuente de nuevas oportunidades de empleo para la mujer. Pese a ello, cabe señalar que este sector, por su configuración, mayormente ofrece a las mujeres empleo de jornada parcial o de carácter temporario, aprovechando la disponibilidad laboral flexible de la mujer, aunque precisamente por ello escasean las oportunidades de realizar tareas significativas. Por lo tanto, debe hacerse un mayor esfuerzo por imprimirle una mayor calificación al papel que desempeña la mujer en esa esfera. A ese respecto, debe señalarse que, gracias a algunos programas de la Comunidad (como Igual y Líder), se han organizado muchas oportunidades de aprendizaje diferentes, con el valor añadido que representa el haber sido estructuradas para tener en cuenta las limitaciones de tiempo y los compromisos laborales y familiares de la mujer.
Condiciones profesionales en el sector agrícola
Los trabajadores del sector agrícola representan sólo el 3,8% de la fuerza laboral activa en Italia. De ellos el 28,3% son mujeres (datos de 2009), distribuidas equitativamente entre las regiones centrales y septentrionales (el 28,7%) y las meridionales (el 27,9%). Cabe señalar que la presencia de las mujeres en la agricultura ha ido disminuyendo sostenidamente desde 2004, cuando representaban aproximadamente el 31% de los empleados en la agricultura. Ello forma parte del declive sicológico que afecta al sector agrícola italiano en los últimos decenios. Es en extremo interesante que se registre un proceso inverso en el caso de los hombres, que en 2005 representaban el 68,9% de los empleados en este sector y en 2009 eran el 71,7%. En una sociedad donde disminuyen constantemente las oportunidades de empleo, la mujer se ve excluida cada vez más de oportunidades de empleo en sectores que en el pasado se caracterizaban por un fuerte éxodo de la mano de obra masculina.
Personas empleadas en la agricultura (porcentaje) (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Centro-Norte |
3,2 |
3,0 |
3,0 |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
Sur |
7,5 |
7,2 |
7,4 |
7,0 |
6,7 |
6,5 |
Total |
4,4 |
4,2 |
4,3 |
4,0 |
3,8 |
3,8 |
Mujeres empleadas en la agricultura del total de empleados en la agricultura (porcentaje)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Centro-Norte |
28,9 |
28,7 |
28,6 |
29,9 |
29,9 |
28,7 |
Sur |
33,3 |
32,4 |
33,0 |
31,0 |
30,2 |
27,9 |
Total |
31,1 |
30,5 |
30,8 |
30,4 |
30,1 |
28,3 |
Hombres empleados en la agricultura del total de empleados en la agricultura
(porcentaje)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Centro-Sur |
71,1 |
71,3 |
71,4 |
70,1 |
70,1 |
71,3 |
Sur |
66,7 |
67,6 |
67,0 |
69,0 |
69,8 |
72,1 |
Total |
68,9 |
69,5 |
69,2 |
69,6 |
69,9 |
71,7 |
Detrás de los datos estadísticos del empleo de la mujer en la agricultura persiste una realidad laboral compleja y diversa: el esfuerzo que supone la cosecha y el procesamiento primario de productos, a menudo en condiciones de trabajo que lindan en lo ilícito (esto sigue siendo un fenómeno difundido en el sur); mujeres que simplemente ocupan el lugar de miembros de la familia que en realidad trabajan en otros sectores de empleo; mujeres que trabajan a tiempo completo en la familia sin que se les reconozca oficialmente su función; empresarias agrícolas con todas las de la ley, quienes a menudo practican la multifuncionalidad y así han logrado construir granjas sostenibles y competitivas.
Las cifras del ISTAT (2007) arrojan el cuadro siguiente: cerca de un tercio de las granjas italianas son administradas por mujeres (el 32,2%). Esa cifra es muy inferior a la de los hombres (el 67,8%), lo que significa, en consecuencia, que la mujer no está suficientemente representada en las asociaciones sindicales e instituciones públicas. No obstante, a ese respecto, cabe destacar que en los últimos años se han dado pasos de avance, gracias a la labor de la ONIFA y las organizaciones de mujeres creadas en el marco de las organizaciones sectoriales (como, por ejemplo, Mujeres del Campo para la Confederación Italiana de Agricultores y Mujeres en los Negocios para Coldiretti).
Cabe mencionar igualmente que en el período 2000-2007, a diferencia de años anteriores, disminuyó el número de empresarias agrícolas: de 796.000 en 2000 pasaron a ser 632.000 en 2007. La reducción se registró fundamentalmente en zonas donde se practica la agricultura de subsistencia (zonas del interior y zonas marginadas). Desde un punto de vista geográfico, el mayor número de empresarias agrícolas sigue registrándose en el sur (el 33% del total de jefes de granja frente al 27% en el norte), si bien en el período 2000-2007 la diferencia entre esos dos valores disminuyó en dos puntos porcentuales (del 7% en 2000 al 5% en 2007). En el sur la mayoría de las empresarias se concentran en Apulia, Sicilia y Campania.
El porcentaje de mujeres jefas de granja con diplomas o títulos es del 5,4%, ligeramente superior al porcentaje registrado en 2000 (el 5,2%). La cifra varía poco entre el norte y el sur, aunque es interesante que la mayoría de ellas operan fundamentalmente en zonas donde se práctica una agricultura más rentable (zonas que bordean los centros urbanos, en planicies y en lomas).
El creciente valor comercial que se atribuye a las características de la higiene y calidad de los productos alimentarios, así como su uso en el tratamiento fisioterapéutico, ha hecho que la aportación de la mujer a la agricultura sea más visible y ha contribuido a que se le haya ofrecido desempeñar un papel protagónico en la gestión de esas granjas. Ello, a su vez, también ha hallado apoyo en el activo papel que ha procurado desempeñar la mujer en actividades que son complementarias a la agricultura, pero que son necesarias al mismo tiempo para lograr la rentabilidad de las actividades agrícolas (en los retiros campestres, las actividades educacionales y de esparcimiento, los servicios personales, entre otras).
Además, según algunos estudios sobre el terreno, las mujeres que optan por trabajar en la agricultura están mejor preparadas para introducir innovaciones en sus granjas, lo que lleva a un lento proceso de reestructuración, recalificación y especialización que les permite mejorar su situación, tanto en valores absolutos como en relación con el colectivo masculino.
En lo que respecta a las trabajadoras asalariadas en la agricultura, la mayoría tienen de 18 a 39 años de edad (9.000 trabajadoras frente a 5.000 en 2000). Algunas de esas trabajadoras proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea.
Migrantes
Las profundas transformaciones estructurales y sociales que han afectado las zonas rurales de Italia en las últimas décadas también han contribuido al relajamiento de las redes de apoyo de la familia y la barriada, fenómeno que ha alentado la formación de un nicho de empleo (las empleadas domésticas, en particular las acompañantes remuneradas de personas de edad y de personas con discapacidad), fundamentalmente mujeres extranjeras. No sólo eso: muchas de ellas trabajan en la agricultura, muy en especial en la cosecha y el procesamiento inicial de los productos, a menudo sin garantías contractuales.
Cabe señalar que su llegada, junto con sus familias, a zonas rurales frágiles (a zonas montañosas, por ejemplo) viene fomentando la necesidad de volver a abrir ciertos servicios (escuelas, guarderías) que habían cerrado porque la población, compuesta mayormente de personas de edad, ya no los necesitaba.
El desarrollo de las vías de ingreso en la fuerza de trabajo de las zonas rurales italianas presenta una dinámica sumamente compleja que comienza por los antecedentes personales de los recién llegados y refleja las características socioeconómicas de la zona donde trabajan. Ante todo, ese desarrollo se ve afectado en gran medida por las leyes italianas relativas a la inmigración y el trabajo.
Hasta la fecha, el problema de la integración de las mujeres migrantes (y de los hombres también) en las zonas rurales no se aborda en las políticas unitarias, sino que se deja a la iniciativa —que son loables— de las organizaciones sin fines de lucro y los voluntarios y a la sensibilidad de las comunidades donde viven. En lugares donde otros se aprovechan de ellas, esas mujeres no pueden aportar su contribución a la revitalización de la zona, pero en los lugares donde se integran verdaderamente en la comunidad, los beneficios son considerables.
Tras comparar las fuentes estadísticas de que se dispone (el ISTAT, el Ministerio del Interior, la Seguridad Social), ya se puede calcular que una quinta parte de los inmigrantes en Italia vive en zonas rurales. De ellos, el sector primario absorbe el 36%, al tiempo que el 27% de ellos encuentra empleo en los servicios domésticos y de atención social, Claro está, los estimados no tienen en cuenta a los trabajadores no declarados ni a los que trabajan por la izquierda.
Según los datos más recientes de que se dispone, en el sector agrícola había unas 430.000 trabajadoras migrantes en 2008, alrededor del 41% de esa fuerza de trabajo extranjera empleado en el sector primario. La mujer migrante trabaja mayormente en labores agrícolas en el sur (el 70%), con niveles máximos del 20% en Calabria y Apulia y del 14% en Campania. En esas zonas existe una fuerte demanda de trabajadores estacionales no calificados (principalmente cuadrillas de cosecha). Entre las regiones del norte las que registran las cifras más altas son Véneto (el 4,4%) y Emilia Romaña (el 8,5%), donde las mujeres migrantes gozan de mejores condiciones contractuales.
Inmigrantes en la agricultura en Italia por país de origen y género (datos del ISTAT procesados por el Instituto Nacional de Economía Agrícola (INEA))
2006 |
2007 |
2008 |
|
Mujeres |
|||
Unión Europea |
396 909 |
418 391 |
408 285 |
Países no pertenecientes ala Unión |
26 377 |
21 171 |
21 766 |
Total |
423 286 |
439 562 |
430 051 |
Hombres |
|||
Unión Europea |
467 572 |
528 971 |
538 113 |
Países no pertenecientes ala Unión |
69639 |
63 775 |
68 952 |
Total |
537 211 |
592 746 |
607 065 |
Mujeres y hombres |
|||
Unión Europea |
864 481 |
947 362 |
946 398 |
Países no pertenecientes ala Unión |
96 016 |
84 946 |
90 718 |
Total |
960 497 |
1 032 308 |
1 037 116 |
La mayoría de las mujeres inmigrantes empleadas en la agricultura son jóvenes (el 47% tiene menos de 40 años de edad), provienen fundamentalmente de Europa oriental y el norte de África y tiene intenciones de abandonar el sector primario tan pronto se presente la oportunidad. Ello obedece esencialmente a las duras condiciones de vida de los trabajadores estacionales (viviendas con malas condiciones sanitarias, horarios excesivamente largos, bajos salarios y altos niveles de movilidad).
Resulta particularmente interesante observar el carácter empresarial independiente de la trabajadora migratoria en la agricultura. Las mujeres encabezan alrededor del 38% de las granjas iniciadas por nacionales extranjeros. Esto confirma el considerable potencial de la inmigración para el sector primario en Italia.
El otro sector de empleo predominante de la mujer inmigrante en las zonas rurales son los servicios asistenciales (con personas de edad, personas con discapacidad y niños). Ese fenómeno está relacionado con la necesidad de las trabajadoras locales de librarse de las limitaciones de tiempo y de espacio, y también puede atribuirse al elevado número de personas de edad que quedan solos en los hogares. Se trata del efecto a largo plazo de la migración continua que siempre ha afectado a las zonas rurales, especialmente las más marginadas. Esas mujeres representan un recurso de bienestar implícito: su trabajo compensa las deficiencias del sistema público, limitado por los recortes presupuestarios cada vez mayores. Se trata de mujeres extranjeras que arriban a Italia para trabajar, sin otro deseo que no sea enviar dinero a sus familias. Suelen ser mujeres maduras, con familias que mantener en sus países de origen, a quienes esperan poder volver lo antes posible. La naturaleza temporaria de su condición hace que estén dispuestas a aceptar las condiciones de trabajo más extremas y difíciles, con pocas demandas en cuanto a necesidades y escasa participación en los procesos de integración.
Otro segmento importante de las inmigrantes son las mujeres que migran a las zonas rurales italianas para reunirse con sus familias. A diferencia de las que trabajan, estas mujeres son en extremo conservadoras de su propia cultura y tradiciones, en parte porque tienden a dedicarse al cuidado de la familia y al hogar. Ellas tienen limitadas oportunidades de interactuar con las comunidades locales, que no sería el caso si trabajaran. Esas mujeres tienen las mayores dificultades para integrarse y al mismo tiempo las mayores necesidades, que no suelen traducir en una demanda efectiva de servicios.
Calidad de vida, servicios e infraestructura
Como ya se ha dicho, las oportunidades que ofrece el mercado laboral local ejerce una poderosa influencia en la calidad de vida de la mujer rural, por la presencia de infraestructuras y servicios a la población, por la ubicación geográfica de la zona (el grado de aislamiento) y por la división de las funciones de género.
Las zonas rurales de Italia, sobre todo las más marginadas, sigue padeciendo graves dificultades en lo referente a la creación de infraestructuras y la prestación de servicios para beneficio de la población, déficit agravado cada vez más por los recortes motivados por la crisis económica. Existe una falta no sólo de instalaciones y servicios en la comunidad, sino que se dificulta el acceso a los que existen en los centros urbanos más cercanos. La morfología de las zonas rurales y la falta de infraestructura y de servicios de transporte (tanto viales como ferroviarios) hacen que las distancias entre los centros urbanos y las zonas rurales sean más difíciles de cubrir. Este impedimento es peor en las zonas del interior del sur, donde las personas tienen que arreglárselas con un transporte público muy limitado y una red de carreteras en mal estado de manutención.
Se si considera que la búsqueda de empleo a menudo obliga a que la mujer rural se traslade cortas y largas distancias a diario, de ello se desprende que la deficiente infraestructura de las zonas rurales redunda en un empeoramiento de sus condiciones de vida, al dificultársele mantener una familia y un empleo, especialmente donde no existe la posibilidad de delegar parte de la organización familiar a otras personas. Tampoco debe subestimarse el hecho de que la necesidad de viajar para llegar al trabajo no siempre es una opción dictada por aspiraciones profesionales o la promesa de ganar más, pues con frecuencia afecta los segmentos de la fuerza de trabajo femenina que realiza tareas de bajo perfil y de escasa remuneración.
Cabe mencionar que, gracias a las políticas estructurales y de desarrollo rural en la comunidad, que prevén la asignación de una parte de los recursos financieros a los proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, en esas zonas se han adoptado medidas en el último decenio para robustecer la pequeña infraestructura básica y los servicios esenciales (servicios asistenciales a domicilio, servicios de guardería –las “agri-guarderías”-, el transporte de ida y vuelta a petición, entre otros). Gracias a la iniciativa Líder de la Unión Europea se han llevado a cabo numerosas intervenciones destinada específicamente a alentar la adopción de medidas de desarrollo rural que resulten más asequibles a las poblaciones interesadas.
A fin de reducir el aislamiento de las zonas rurales de Italia el Gobierno nacional ha promovido en el último decenio una política encaminada a ampliar el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente el acceso por banda ancha. Las iniciativas llevadas a cabo igualmente a nivel regional han contribuido a reducir las disparidades entre las distintas zonas del país: en 2008 el alcance de la cobertura se amplió al 81% de las zonas rurales (comparado con el 89% de los centros urbanos). Sigue habiendo una notable disparidad entre las zonas urbanas y rurales en lo que respecta a la línea de conexión digital o DSL, que ofrece una rápida conexión de Internet (en 2008 sólo el 17% de las zonas rurales contaban con ese servicio, frente al 89% de los centros urbanos). La ampliación del alcance de las nuevas tecnologías no puede sino fortalecer el papel de la mujer rural al permitirle que modernice sus redes y aumente con ello la riqueza de sus conocimientos.
El enfoque de género en las políticas de desarrollo rural
Hoy día en Italia no existe una política nacional específica para el desarrollo de las zonas rurales. Las intervenciones son versiones regionales de los programas previstos en las políticas estructurales, agrícolas y de desarrollo rural de la Comunidad (la política agrícola común, los programas operacionales regionales y los planes regionales de desarrollo rural).
Un análisis somero de los programas de desarrollo rural arroja que el enfoque de género no se aborda específicamente en los distintos programas regionales. Suele suceder que dicho enfoque se traduce en prioridades y criterios de recompensa en la etapa preliminar, y en algunos casos en medidas de información destinadas concretamente a las mujeres empresarias, beneficiarias potenciales a las que con frecuencia no se logra llegar por los canales habituales de comunicación usados por las administraciones públicas.
Como se ha señalado anteriormente, las zonas rurales de Italia se han visto afectadas en la última década por los procesos de renovación de políticas territoriales, que han propiciado el surgimiento de procesos de desarrollo que son endógenos e integrados y cuentan con una amplia participación. Un ejemplo de ello es la experiencia de los proyectos territoriales integrados y los planes de desarrollo a nivel local, estos últimos llevados a cabo por grupos de acción local en el marco de la iniciativa Líder de la Comunidad. Habida cuenta de sus aptitudes de organización, agilidad creadora y adaptabilidad, las mujeres han asumido un papel destacado, especialmente en el plano técnico, gestionando esos nuevos enfoques del desarrollo. Se trata de profesionales (directoras, organizadoras y personal administrativo de proyectos, entre otras funciones) que han adquirido experiencia en la esfera y poseen los conocimientos técnicos, sociales y de comunicación necesarios para establecer corrientes circulares de información entre las instituciones, las empresas y los beneficiarios, características que gozan de cada vez mayor demanda en la economía mundial de hoy.
Como una prueba más de esto, el análisis de la composición de 132 grupos de acción local que funcionan en zonas rurales de todo el país (en el período de programación 2000-2007) pone de relieve que el 57% de los profesionales que desempeñan un papel activo en el territorio (desde el punto de vista de la organización, la información y el apoyo técnico a los operadores) son mujeres. Al propio tiempo, las mujeres representan el 55% del personal administrativo y de oficina. No cabe duda de que mucho queda por hacer, especialmente en lo que respecta a las instancias decisorias (en materia de gestión y de políticas). Nuevamente, existe una disparidad entre los sexos, decididamente a favor de los hombres (en los 132 grupos de acción local sólo hay cinco mujeres presidentes, mientras que alrededor del 9% de los miembros de juntas son mujeres).
Políticas sanitarias dirigidas a las mujeres de las zonas rurales
En el contexto de las políticas sanitarias dirigidas a la población femenina en el sur, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha el Proyecto de acción sistémica y de asistencia técnica para el logro de objetivos en materia de servicios – atención integrada en el hogar, vinculado al contexto estratégico nacional, en virtud del artículo 27 del Reglamento 1083/2006 del Consejo de la Unión Europea, documento de planificación sobre cuya base Italia persigue los objetivos establecidos en la política de cohesión de la Comunidad.
El proyecto fue lanzado por el Ministerio de Salud con la cooperación del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y con la participación del Departamento de Políticas de la Familia adjunto al Primer Ministro y es el resultado de un esfuerzo integrado para combinar todas las actividades sistémicas y de asistencia técnica que sean compatibles con la prioridad número 4 del contexto estratégico nacional, “Inclusión social y servicios en función de la calidad de vida y atractividad territorial”. Uno de los objetivos estratégicos de esta prioridad consiste en aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral mediante el incremento de los servicios de atención personal, lo cual sin duda contribuiría a aligerar la carga de la mujer en la familia y le facilitaría conciliar la vida familiar con la vida laboral.
El éxito en el logro de este objetivo se mide con arreglo a una serie de indicadores (el número de guarderías, los niños con acceso a los servicios de puericultura, las personas de edad que reciben atención integrada en el hogar, el porcentaje de incidencia del gasto la en atención integrada en el hogar), sobre cuya base se miden periódicamente los cambios porcentuales comparados con el valor de referencia y el valor previsto. En consonancia con los objetivos citados arriba, el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y el Departamento de Políticas de la Familia adjunto al Primer Ministro han definido una serie de actividades y proyectos destinados a ayudar a que las administraciones regionales del sur lleven a cabo actividades encaminadas a lograr el objetivo de servicio S.06 - Aumentar el porcentaje de personas de edad beneficiarias de la atención integrada en el hogar del 1,6% al 3,5%.
El objetivo general del proyecto consiste en brindar apoyo al sur (las regiones de Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Apulia, Calabria, Sicilia y Cerdeña) en la programación, planificación, prestación de servicios y supervisión de los servicios asistenciales a domicilio para personas de cómo mínimo 65 años de edad, según los criterios de adecuación. La idea del proyecto consiste en integrar los servicios de salud que ofrecen los distritos que cuentan con dependencias sanitarias locales (Azienda Sanitaria Locale) con los servicios asistenciales que prestan los órganos locales, gracias también a la adopción de instrumentos conjuntos de planificación y gestión de los servicios y de evaluación de las necesidades. El proyecto se financia con cargo a los recursos del Fondo de Acción Social por un monto de un millón de euros; la primera fase del proyecto acaba de concluir a un costo de 500.000 euros. A fin de llevar a cabo el proyecto se suscribió un convenio con el instituto FORMEZ, al que el Ministerio y las otras dos administraciones encomendaron la asistencia técnica. Actualmente, el proyecto está a punto de entrar en su segundo bienio (con igual financiación) y estará llevando a cabo acciones intersectoriales conjuntas en ocho regiones, con actividades específicas destinadas a cada una de ellas, sobre la base de los objetivos alcanzados en la primera fase y las necesidades regionales definidas para futuras actividades.
Mujeres romaníes y mujeres migrantes
[Pregunta núm. 30.] Aunque en el informe se facilita información sobre las mujeres romaníes y las mujeres migrantes, no se ofrece una visión general de las medidas adoptadas en su favor por el Estado parte en los ámbitos de la educción, el empleo, la salud y la participación en la vida política y pública, como pedía el Comité en sus observaciones finales anteriores. Sírvanse facilitar información sobre las conclusiones de la investigación activa sobre la identidad de género y las perspectivas de vida de las mujeres de la comunidad romaní a la que se hace referencia en el párrafo 128 del informe, y sobre las políticas y las medidas legislativas concretas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, que se hayan adoptado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención para eliminar las formas interrelacionadas de discriminación contra las mujeres romaníes y las mujeres migrantes en las esferas mencionadas anteriormente. Sírvanse además facilitar información sobre los resultados de la aplicación de esas medidas.
En el período 2002-2010 el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales financió varias iniciativas dirigidas a fomentar en sentido general la integración socioeconómica de los extranjeros, y de la mujer inmigrante muy en especial. En particular, el Ministerio pidió al ISTAT, conjuntamente con el Ministerio de Igualdad de Oportunidades, que preparara un estudio piloto sobre el grado de integración de los extranjeros de ambos sexos, que sería iniciado en los meses venideros. En junio de 2010 el Gobierno de Italia aprobó el “Plan de integración con seguridad: Identidad y cooperación mutua”, promovido por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y el Ministerio del Interior. El plan resume la estrategia que, trabajando en conjunto, el Gobierno italiano tiene intenciones de seguir en materia de integración de inmigrantes y de un modo que combine la seguridad con políticas de acogida apropiadas. En el plan se establecen las acciones que han de realizarse y los instrumentos que han de adoptarse a fin de promover vías de integración eficaces. Por medio de este plan el Gobierno de Italia destaca el papel de la mujer como fuerza motriz de la integración. La inclusión social de la mujer inmigrante se considera la prueba de fuego del grado de integración que ha alcanzado una sociedad. Los cinco ámbitos de integración que se desarrollan en el plan son los siguientes: la educación y el aprendizaje; el tránsito del idioma a los valores; el trabajo; la vivienda y la gobernanza local; el acceso a los servicios esenciales; y los niños y la segunda generación.
Con cargo al Fondo para la inclusión social de los inmigrantes (50 millones de euros), establecido por la Ley financiera de 2007, el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales financió varios proyectos presentados por las regiones, los órganos locales y las entidades y asociaciones relacionados con las siguientes esferas de intervención: el apoyo a la vivienda; la acogida de estudiantes extranjeros; la protección de los extranjeros menores de edad no acompañados; el aprovechamiento máximo de las segundas generaciones; la protección de la mujer inmigrante en riesgo de padecer exclusión social; la difusión del idioma italiano; y la difusión del conocimiento de las leyes italianas y de posibles vías de inclusión social.
En particular, en la esfera dedicada a la mujer se llevaron a cabo intervenciones específicas con el fin de proteger a las mujeres inmigrantes en riesgo de padecer marginación social, con miras a: realizar actividades de acogida en los centros destinados a albergar a mujeres (solas o con hijos) que afrontan situaciones de crisis en la familia, el trabajo o en la vida social; fomentar vías de promoción económica y social para las mujeres migrantes que afrontan situaciones de crisis, entre otros medios mediante la capacitación, el asesoramiento y la integración al trabajo; brindar protección contra todas las formas de discriminación étnica, racial y por razón de género; elaborar programas que fomenten el acceso a los servicios públicos (los servicios sociales y de salud, de educación, de apoyo al empleo, entre otros), con la asistencia también de mediadores culturales; y llevar a cabo campañas de información, sobre distintos instrumentos y mecanismos de salvaguardia de la mujer, con el fin de prevenir y combatir las prácticas y formas de coerción sicológica y física, así como todas las manifestaciones de violencia, malos tratos y chantaje basadas en el género, sea en el hogar o en el entorno de trabajo. En esa esfera de intervención se financiaron 11 proyectos, por un valor total de 3.317.107,46 euros.
Igualmente importante es la invención efectuada en el sector escolar, donde a las vías para recibir e integrar a los estudiantes extranjeros se suman las intervenciones que propician la participación de los padres y las familias migrantes en las actividades de la escuela y en la orientación académica de los estudiantes extranjeros, con prioridad a los recién llegados. Esas intervenciones son capaces de fomentar un diálogo intercultural entre los estudiantes italianos y los extranjeros, así como con sus respectivas familias. En esa esfera de intervención se financiaron 25 proyectos por un valor total de 1.614.013,83 euros.
En 2009 al Fondo nacional para políticas migratorias se asignó la suma de 27.360.000,00 euros para sufragar intervenciones de integración social de inmigrantes. Las intervenciones planificadas trataron fundamentalmente de lo siguiente: intervenciones a favor de la mujer; difusión de información sobre acceso a los servicios públicos; el idioma italiano; y la protección de menores extranjeros no acompañados. En lo tocante a la mujer inmigrante, se concedieron fondos con cargo a contribuciones públicas a las entidades inscritas en la primera sección del registro de órganos y asociaciones dedicados a realizar actividades en favor de los inmigrantes y a aplicar buenas prácticas favorables a la mujer inmigrante. Los primeros diez órganos recibieron fondos por un valor de 400.000,00 euros con el fin de que se repitiera el proyecto.
En particular, los cursos de aprendizaje del italiano, impartidos con financiación nacional a partir de 2002 (por un total de 12.889.326 euros) y que siguen impartiéndose en los órganos del sector terciario y en las regiones, tenían como destinatarios fundamentales a las mujeres, teniendo en cuenta la mayor dificultad que ellas encaran para acceder a la educación. Al concluir los cursos, los estudiantes aprueban exámenes y adquieren un certificado de conocimiento del italiano como lengua extranjera.
Como parte del Programa anual correspondiente a 2007 del Fondo Europeo para la integración de nacionales de terceros países para el período 2007-2013, el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales elaboró un proyecto de propuesta para realizar una investigación de la experiencia adquirida por las entidades inscritas en el registro del sector de la integración social de la mujer extranjera. El objetivo consistió en estudiar y aprender cuáles entidades operaban en el sector de interés específico de la investigación y destacar las características de las intervenciones llevadas a cabo, también en cuanto a eficacia y eficiencia, poniendo de relieve al mismo tiempo la experiencia adquirida y las buenas prácticas. Además de proporcionar elementos de un examen a mayor profundidad que pudieran utilizarse en la formulación de políticas de integración activa orientadas especialmente a esa categoría de beneficiarios, los resultados de la investigación sientan las bases para un análisis e impulso ulteriores de las actividades operacionales de las entidades interesadas.
A fin de lograr de manera efectiva el acceso pleno en pie de igualdad de los extranjeros a los servicios de salud pública, el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales promovió canales de información en materia de atención de la salud no sólo con el fin de satisfacer la necesidad básica de atención médica, sino también como medio para prevenir las enfermedades, prestar asistencia durante el embarazo y el parto, promover el crecimiento de los menores de edad y atender todas las patologías que se derivan de las situaciones de trastorno social. A ese fin, se suscribió un convenio con el Instituto nacional de promoción de la salud de las poblaciones migrantes y de lucha contra las enfermedades de la pobreza, valorado en 2.000.000,00 de euros, con el propósito de elaborar un programa de intervenciones de apoyo al acceso de la población inmigrante a los servicios de atención de la salud, con particular hincapié en las embarazadas y los menores de edad, mediante el uso de mediadores culturales insertados en los centros de salud locales.
También cabe mencionar el proyecto piloto titulado “Hogares residenciales” elaborado durante el período 2003-2007 como parte del programa operativo nacional titulado “Seguridad para el desarrollo del sur de Italia, 2000-2006)”. Centrado en actividades de formación profesional y dirigido a propiciar la integración ulterior en el mercado laboral, el proyecto estuvo orientado a las mujeres refugiadas, las mujeres con derecho a recibir protección temporal, las mujeres legítimamente presentes en el territorio nacional que se hallaban en situaciones de crisis y además embarazadas y las mujeres que habían solicitado asilo político. El proyecto permitió prestar servicios piloto para la etapa inicial de acogida en casas residenciales, donde se ofreció un conjunto de servicios destinados a facilitar la integración de las beneficiarias al trabajo y la sociedad. Esos servicios estaban relacionados con el idioma y la formación profesional, la búsqueda activa de vivienda, el apoyo a la incorporación de los niños a la escuela y una búsqueda estructurada de empleo. Se habilitaron 12 casas residenciales; se impartieron 23 cursos; y se dio acogida a 469 mujeres, de las cuales 254 terminaron los cursos de formación y 142 se integraron al mundo del trabajo.
A fin de prevenir toda forma de discriminación y promover el desarrollo de vías de inclusión social en las comunidades romaníes, este Gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas encaminadas a fomentar la integración de esas comunidades en el trabajo y la sociedad, la incorporación de los niños a la escuela y el acceso a la vivienda. Con financiación del Fondo nacional de políticas sociales 2008, se puso en marcha a título de prueba un programa de intervenciones encaminado a fomentar la integración en el trabajo y la sociedad de los miembros de la comunidad romaní en los territorios regionales, donde su presencia se hace sentir de manera notable. A ese fin, se firmaron acuerdos relativos al programa con cuatro administraciones regionales (del Piamonte, Lombardía, Toscana y Apulia, por un compromiso financiero de 1.920.000 euros), que preveían el uso de las modalidades de tutoría y pasantía; la habilitación de servicios de información, sesiones de orientación y acompañamiento en el trabajo; y la formación de mediadores culturales romaníes. Esas intervenciones tuvieron en cuenta muy en especial a la mujer romaní.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la salud, en el marco de sus políticas de prevención dirigidas a la población en riesgo de exclusión, el Ministerio financió y llevó a cabo un proyecto que abarca a todas las regiones, titulado “La migración: sistemas de acogida de inmigrantes, incluidos servicios médicos y el respeto del derecho a la salud de esas personas”, que terminó en julio de 2010, cuyos resultados se publicarán en breve. Entre los objetivos de ese proyecto figuraban hacer un compendio de toda la legislación regional relacionada con la salud de los inmigrantes y evaluar los efectos de las políticas sanitarias locales en cuanto a acceso a los servicios y a la atención.
Otro proyecto que abarca unas cuantas regiones, titulado “La salud de la población inmigrante: supervisión de los sistemas regionales de salud”, acaba de ser financiado y ya se ha empezado a trabajar. Los objetivos específicos de ese proyecto incluyen la creación de un sistema nacional de supervisión encargado de evaluar la capacidad de respuesta de los sistemas regionales de salud, la eficacia y eficiencia de los servicios y los efectos de las políticas de bienestar en la población inmigrante. Se hará hincapié especial en el acceso a los servicios de salud de las personas que corren mayor riesgo entre los inmigrantes: las mujeres y los niños.
El diálogo con las regiones está asegurado gracias al grupo técnico interregional “Inmigrantes y los servicios de salud” que forma parte del Comité de salud, y cuyo propósito principal consiste en lograr que el acceso de los inmigrantes al tratamiento médico y la atención de la salud sea uniforme en todo el país. El Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales está representado en ese grupo.
Hay dos proyectos destinados específicamente a la madre y al niño inmigrantes financiados por el Comité de Colaboración Médica (CCM): el primero, titulado “La salud y seguridad del recién nacido: Una guía para las familias de inmigrantes”, ya concluyó e incluyó la redacción, publicación y distribución en las salas de maternidad de un folleto en diez idiomas (los más comunes entre la población inmigrante en Italia), que lleva por título “Niñas y niños del mundo”. Se trata de una guía sobre el cuidado del recién nacido en su primer año de vida que ofrece información útil sobre los servicios de salud del niño de que se dispone.
El segundo proyecto se titula “Prevención de los casos de interrupción del embarazo de las mujeres extranjeras” y su objetivo declarado consiste en reducir el número de abortos repetidos de mujeres inmigrantes mediante medidas de promoción de la salud de la mujer y la procreación responsable, con la ayuda de las asociaciones de mujeres que ya vienen trabajando en esas comunidades.
En el proyecto ya terminado para las poblaciones romaní y sinti sobre “accesibilidad de la mujer y niña romaníes a los servicios de salud y a la educación sanitaria: un modelo de intervención experimental”, la idea era aplicar a título de ensayo un método de intervención que pudiera repetirse en toda Italia, que lograra acercar las instituciones públicas de la salud a las poblaciones romaníes y sinti, responsabilizando a los operadores sociales y sanitarios con la impartición de orientación sobre el uso adecuado de los servicios territoriales de salud y la impartición activa de educación sanitaria. A ese fin, se han elaborado folletos y material específico, en italiano y rumano o en italiano y romaní.
Cabe mencionar el proyecto conjunto de la Unión Europea y la empresa FEI titulado “La mujer de origen extranjero”. A ese respecto, la Oficina Nacional contra la Discriminación Racial (UNAR) tiene intenciones de promoverlo mediante campañas de información sobre múltiples formas de discriminación contra la mujer extranjera para crear conciencia de su situación en Italia.
Se prevé poner en marcha la campaña entre febrero y marzo, tras la conclusión del procedimiento de convocatoria, que incluirá una conferencia de prensa y una iniciativa especial en ocasión del Día de la Mujer.
La elaboración del proyecto de información correrá a cargo de un grupo de trabajo nacional, coordinado por la UNAR, en que participarán las organizaciones interesadas.
Este grupo se propondrá ayudar a las mujeres de origen extranjero víctimas de múltiples formas de discriminación a ejercer sus derechos. El vínculo entre el género, la raza y el origen étnico será el eje central de cada actividad de comunicación. El proyecto pertinente tendrá por objeto poner de relieve las dificultades específicas de promover la igualdad entre los géneros en los casos en que intervienen otros factores causantes de mayor vulnerabilidad, como son la raza, la religión o el origen étnico.
En la campaña de comunicación, encabezada por la UNAR en colaboración con el grupo de trabajo nacional ya mencionado, contará con la participación de los distintos medios de difusión, desde los canales de comunicación tradicionales hasta los medios nuevos, con el fin de hacer frente a los prejuicios y estereotipos y eliminarlos. La campaña tendrá por objeto concretamente definir métodos para propiciar la participación de las mujeres de origen extranjero, facilitando sus testimonios, y las estrategias y medios más apropiados (en cuanto a contenidos, mensajes y herramientas) para combatir y prevenir la discriminación de la mujer de origen extranjero y proteger sus derechos humanos.
Se llevará a cabo una amplia campaña de comunicación en la prensa escrita, las estaciones locales y nacionales de radio y mediante pancartas publicitarias en las estaciones de ferrocarril y anuncios publicitarios en los buses y el subterráneo.
Entre febrero y marzo se transmitirán varios anuncios publicitarios por la radio y en noticieros radiales que llegarán a unos 4 millones de personas cada día. También se colocarán pancartas en las sedes principales de las asociaciones de mujeres de origen extranjero interesadas.
Entre marzo y abril se llevarán a cabo las citadas actividades sobre todo en Milán y Roma, especialmente en ocasión del Día Internacional de la Mujer.
Se han llevado a cabo acciones positivas encaminadas a promover el desarrollo de las pequeñas empresas y las empresas promovidas por las mujeres inmigrantes. A fin de aplicar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto legislativo núm. 215/03 se publicó una nueva convocatoria en octubre de 2009 para la puesta en marcha de importantes acciones positivas relacionadas con la raza o el origen étnico.
El total de recursos ascendió a 900.000,00 euros. Esta convocatoria fue destinada a las organizaciones de la sociedad civil. Lo novedoso consistía en la posibilidad de colaborar con las administraciones locales.
Según los datos del Centro de contacto de la UNAR, se tendrían en cuenta tres esferas: las actividades antes mencionadas; la prevención y lucha contra la discriminación racial en relación con los jóvenes; y el apoyo a las asociaciones en las comunidades de extranjeros y el fomento de nuevas asociaciones.
De las más de 300 solicitudes presentadas, la UNAR seleccionó y financió 25 proyectos.
En lo que respecta a la primera esfera, la UNAR financió ocho proyectos, por un valor de 315.943 euros. Uno de esos proyectos, en particular, está destinado a las mujeres romaníes que viven en Scampia, una de las barriadas más desfavorecidas de Nápoles. Este proyecto prevé iniciativas concretas en los ámbitos siguientes: formación vocacional encaminada a establecer una cooperativa en el sector de la alimentación y las actividades interculturales.
A ese respecto, cabe mencionar asimismo el programa llevado a cabo por el Departamento de Justicia de Menores. En aplicación del principio de igualdad de género, como dispone el Decreto del Presidente de la República Núm. 448/1988, el programa se propone rehabilitar a los jóvenes en conflicto con la ley.
En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Nino, la legislación pertinente de la Unión Europea, la Ley 354/75 y el Reglamento 230/2000, existen disposiciones e iniciativas específicas dirigidas a la niña y la mujer joven. En lo que respecta al sistema penal, las conductas delictivas de las jóvenes no suelen diferir mucho de las de los jóvenes. De los escasos datos de que se dispone, los delitos que cometen las jóvenes tienen que ver con el consumo indebido de alcohol, el uso de drogas y el comportamiento violento en la comunidad, fenómeno este último que se observa entre las niñas romaníes. Las autoridades competentes han adoptado medidas especiales en consecuencia.
En lo que concierne a las buenas prácticas, para ayudar a las niñas a crear su propia identidad, las jóvenes objeto de sanciones penales, en particular las madres jóvenes, son beneficiarias de programas especiales de atención de la salud con el apoyo de los departamentos locales de atención sanitaria. Desde 1999 se dispuso por Decreto legislativo núm. 230/99 que el sector de la atención de la salud maternoinfantil tenía que ser una prioridad. A ese respecto, cabe mencionar las siguientes medidas adoptadas:
–Se vigilan las necesidades de atención obstétrica de las jóvenes reclusas del sistema penal;
–Se lleva a cabo una labor de prevención y protección contra las enfermedades de transmisión sexual y los cánceres que padece específicamente a la mujer;
–Se desarrollan campañas de sensibilización con las reclusas y el personal penitenciario;
–Se han mejorado los cursos prenatales en los centros de orientación para la familia;
–Se procura que el parto ocurra en un hospital y no en un centro de detención;
–Se presta apoyo al desarrollo mental y físico del recién nacido.
Esos objetivos fueron confirmados por Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 30 de abril de 2008, que rige la transferencia del sistema penitenciario de atención a la salud del Ministerio de Justicia al Ministerio de Salud.
En lo que respecta a la relación entre la madre reclusa y su hijo, la Ley 354/1975 autoriza a la mujer reclusa a tener junta a ella en un centro de detención a un hijo hasta la edad de tres años. Según lo dispuesto en las Leyes Núm. 663/1986 y Núm. 165/1998, que se ratifica en la Ley 40/2001, se ha difundido ampliamente o bien el aplazamiento de la detención penal o la aplicación en su lugar de la medida de arresto domiciliar.
Habida cuenta de los distintos factores que hacen que esas personas sean más vulnerables, el Departamento de Justicia de Menores contribuyó a la adopción de las “Directrices especiales sobre la inclusión social de personas objeto de medidas judiciales”, incluida una sección dedicada a los menores de edad en conflicto con la ley, muy en especial las niñas:
–La prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento de trastornos mentales, con la participación del sistema de servicios a menores y el sistema de atención de la salud, en particular los centros del sector maternoinfantil;
–La promoción del asesoramiento maternoinfantil, los jardines de la infancia y la formación profesional de la mujer.
Algunos ejemplos de buenas prácticas: el Instituto Penal de Pontremoli. Recientemente se inauguró el primer Centro Penal para Menores dedicado exclusivamente a las niñas en conflicto con la ley, con el fin de elaborar un modelo de tratamiento que asegure la rehabilitación eficaz de las niñas.
En lo tocante a las medidas de apoyo a las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual, la Oficina de Servicios Sociales de Bari ha desarrollado con financiación de la Unión Europea un curso de capacitación especial y medidas de atención de la salud mental aplicadas caso por caso, además de medidas de carácter especial en la esfera (en particular, para estudiantes de la enseñanza media superior), mediante la organización de actividades sobre la violencia contra la mujer y sobre el respeto de la ley.
De ese modo se ha creado una red de interesados y se han elaborado directrices pertinentes.
En ese marco, dado el bajo número de mujeres reclusas, la presencia de extranjeras es problemática. En consecuencia, se ha puesto en marcha un proyecto específico, en colaboración con AICRE, para facilitar la inclusión social de los jóvenes inmigrantes en peligro. Se han creado así un sistema de comunicación especial, directrices multilingües y un sitio web y se han celebrado reuniones útiles, en particular con el sector empresarial.
Para tener una idea gráfica de la situación, cabe señalar los siguientes datos:
Centros de primera acogida
Año |
Mujeres ingresadas |
Porcentaje de mujeres |
2005 |
780 |
21,3 |
2006 |
639 |
18,2 |
2007 |
680 |
20,1 |
2008 |
425 |
20,2 |
2009 |
275 |
19,1 |
Instituciones penales para menores
Año |
Mujeres ingresadas |
Porcentaje de mujeres |
2005 |
272 |
18,2 |
2006 |
186 |
13,6 |
2007 |
192 |
14,3 |
2008 |
166 |
14,1 |
2009 |
142 |
12,2 |
Oficina de Atención Social a Menores
Año |
Jóvenes tomadas a cargo |
Porcentaje de mujeres jóvenes |
2005 |
1 510 |
12 |
2006 |
1 380 |
11 |
2007 |
1 539 |
13,2 |
2008 |
1 855 |
11.1 |
2009 |
1 881 |
10,2 |
Comunidades
Año |
Mujeres enviadas a comunidades |
Porcentaje de mujeres |
2005 |
199 |
15,2 |
2006 |
170 |
16,3 |
2007 |
176 |
18,2 |
2008 |
197 |
15,4 |
2009 |
133 |
12,5 |
Para responder a su solicitud relativa a las conclusiones de la investigación sobre la “identidad de género”, la intención fue reunir información sobre los niveles de vida, la identidad de género y las relaciones basadas en el género en el marco de las comunidades romaníes que viven en Roma y Florencia.
La investigación arroja que las mujeres romaníes son las personas más desfavorecidas en sus respectivas comunidades. Las condiciones de vida generales de las comunidades romaníes están en proceso de evolución. Nuevas dinámicas se enfrentan a viejos usos, como la matriculación escolar y el empleo de niños con fines de mendicidad, la práctica del matrimonio precoz y los embarazos conexos y la petición de algunas mujeres romaníes de que se postergue el matrimonio. Esas contradicciones dimanan de un complejo entorno en que ocurren incidentes de agresión producto del racismo que amenazan con descarrilar los proyectos locales destinados a integrar a las comunidades romaníes, en particular a la mujer romaní.
Como nota positiva, las políticas educacionales y de la vivienda destinadas a extraer a las familias romaníes de los campamentos y trasladarlas a viviendas y a incorporar a los niños a la escuela reflejan una tendencia positiva.
Cuando las políticas se han centrado en la mujer romaní, su respuesta siempre ha sido positiva (por ejemplo, cuando se han insertado mediadores culturales en los centros de atención de la salud). De manera más general, las mujeres romaníes demuestran su capacidad para impulsar a sus comunidades hacia el proceso de integración.
[Pregunta núm. 31.] En el informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia acerca de su misión a Italia (A/HRC/4/19/Add.4) se recomendaba que el Estado parte luchara contra la explotación y el maltrato de los trabajadores migrantes, especialmente en el sector agrícola, y asegurara la adopción de los instrumentos legislativos necesarios para proteger a las mujeres migrantes que trabajaban como cuidadoras y empleadas domésticas. Sírvanse facilitar detalles sobre las medidas adoptadas en respuesta a esa recomendación.
Recordando las anteriores respuestas en los párrafos 218 y 219, las autoridades italianas señalan lo siguiente: En la conversión en ley del Decreto legislativo 78/2009 en que figuran medidas de lucha contra las crisis, se introdujeron disposiciones específicas en relación con la “declaración de asistencia a la familia y actividades de apoyo” (artículo 1-ter de la Ley 102/2009). Esa disposición reglamenta la posibilidad de declarar la asistencia a la familia y la actividad de apoyo y de regularizar la situación laboral de los trabajadores procedentes de países que no son miembros de la Unión Europea que están presentes en el territorio nacional. Esos trabajadores tenían que haber sido empleados por empleadores por un período mínimo de tres meses con antelación al 30 de junio de 2009 y, en el momento de la declaración, seguir empleados para beneficiarse de la actividad de apoyo a las familias necesitadas o la asistencia, para sí o para personas que padecen patologías o discapacidad que limitan su autonomía. Según datos del Ministerio del Interior, del 1 al 30 de septiembre los servicios de integración socioprofesional para inmigrantes establecidos en los centros de empleo (Sportelli unici per l’immigrazione) recibieron un total de 294.744 solicitudes de asistencia, 180.408 de ayuda doméstica y 114.336 de trabajadores asistenciales.
Se trata, en esencia, de una medida legislativa favorable a las familias, con una intervención destinada a ayudar en lo posible a arrojar luz sobre el trabajo no estructurado de los trabajadores domésticos y asistenciales -muchos de cuales son mujeres-, fenómeno muy difundido en Italia.
Las diez principales nacionalidades por número de solicitudes son las siguientes:
•Ucraniana – 37.178 (el 12,61%)
•Marroquí – 36.112 (el 12,25%)
•Moldava – 25.588 (el 8,68%)
•China – el 7,16%)
•Bengalí – (el 6,30%)
•India – (el 5,96%)
•Egipcia – (el 5,54%)
•Senegalesa – (el 4,63%)
•Albanesa (el 3,78%)
•Pakistaní (el 3,66%)
Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo
[Pregunta núm. 32.] En sus observaciones finales anteriores el Comité invitó al Estado parte a que volviera a examinar las disposiciones de la Ley 189/2002 con miras a suprimir las restricciones que se aplicaban a las mujeres migrantes y a que adoptara legislación y políticas en las que se reconociesen las formas de persecución por motivos de género para determinar la condición de refugiada. Sírvanse indicar al Comité si se han adoptado medidas en ese sentido. Expliquen también si en el Estado parte se reconoce el temor a sufrir mutilación genital femenina en el país de origen como motivo de protección internacional.
Recordando las observaciones finales pertinentes, la legislación antes mencionada (Ley Bossi-Fini) no discrimina por razón de sexo ni afecta a la mujer migrante. En lo que respecta específicamente al reconocimiento de la condición de refugiada, Italia recuerda que ratificó por la Ley 722/1954 el Convenio de Ginebra pertinente de 1951, complementado posteriormente por otras medidas legislativas específicas, muy en especial en relación con las personas que solicitan asilo. En cuanto al examen de la solicitud de asilo, que se hace caso por caso, el marco legislativo pertinente no menciona ninguna circunstancia concreta que haga referencia a la persecución por razón de género, incluso el temor a sufrir mutilación genital femenina. Sin embargo, desde un punto de vista sustancial, la lectura conjunta de los artículos 3 a 10 de la Constitución italiana brinda orientación al respecto. El artículo 10 prevé la concesión de la condición de refugiado al disponer, en el párrafo 3, que “Los extranjeros a quienes se les deniegue en su propio país el disfrute de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución italiana tendrán derecho a recibir asilo en las condiciones previstas por la ley”. El artículo 3 prevé el principio de la no discriminación, en particular por razón de sexo, lo que supone el goce efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que no podrán ser disminuidos por motivos de sexo. Así, los comités competentes encargados de determinar cada caso de solicitud de asilo también lo harán teniendo en cuenta el marco constitucional arriba mencionado además de la legislación nacional pertinente en vigor en el momento de examinarse cada caso.
Mujeres con discapacidad
[Pregunta núm. 33.] En el informe se hace referencia a varios instrumentos legislativos destinados a asegurar el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral. Sin embargo, existe una disparidad de género importante dado que sólo el 1,8% de las mujeres con discapacidad trabaja, mientras que entre los hombres el porcentaje se eleva al 6,8% (párr. 362). Sírvanse explicar qué medidas ha adoptado el Estado parte para hacer frente a este problema.
Por la Ley 67/2006 sobre medidas de protección social de las personas con discapacidad víctimas de la discriminación, en el ordenamiento jurídico de Italia se han introducido nuevas herramientas para su protección, de conformidad con el Artículo 3 de la Constitución italiana (principio de no discriminación).
A fin de aplicar esta ley, por Decreto Ministerial de junio de 2007 se definen, por conducto de una Comisión de Investigación, las asociaciones y organizaciones autorizadas a prestar asistencia jurídica a las personas con discapacidad víctimas de la discriminación, incluso en materia de acceso al mercado laboral. Actualmente, se ha otorgado el locus standi pertinente a 61 asociaciones.
En el caso de los proyectos especiales, por una convocatoria publicada el 5 de febrero de 2010, el Departamento de Igualdad de Oportunidades (DEO) ha financiado iniciativas sobre la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el arte y el deporte. En particular, el DEO asignó la suma de 2.000.000,00 euros para 37 proyectos.
Las autoridades italianas pusieron en marcha campañas específicas de comunicación y concienciación. A ese respecto, cabe mencionar la titulada “Diferentes capacidades pero la misma voluntad de vivir”. La esencia de la campaña no fue un mensaje de compasión. Más bien, la intención fue enviar un mensaje positivo en el sentido de que una discapacidad puede impedir que una persona haga algo, pero no todo.
La campaña fue difundida ampliamente por los principales medios de difusión (la televisión, la radio, la prensa escrita) y se realizaron actividades y seminarios a nivel local. El DEO también organizó varias actividades en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de 2010.
Es igualmente digno de mención el Observatorio Nacional sobre la situación de las personas con discapacidad, establecido por el artículo 3 de la Ley 18/2009, presidido por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales (el reglamento del Observatorio se rige por el Decreto Interministerial núm. 167, de 6 de julio de 2010). El 30 de noviembre de 2010 se firmó el Decreto Ministerial por el que se estableció el Osservatorio, que se reunió por primera vez en Roma el 16 de diciembre de 2010.
Dicho Observatorio es un órgano técnico y consultivo de apoyo científico encargado de formular políticas nacionales en la esfera de las personas con discapacidad (artículo 1 de la Ley 18/2009), en lo que respecta específicamente a lo siguiente:
•La promoción de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006;
•La preparación de un programa de acción bienal para la promoción de los derechos y la integración de las personas con discapacidad mediante la aplicación de la legislación nacional e internacional;
•La promoción de la reunión de datos estadísticos y la realización de estudios e investigaciones sobre la cuestión;
•La preparación del informe sobre el estado de la aplicación de las políticas en materia de discapacidad.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 33 de la citada Convención, el Observatorio pasa a ser el órgano encargado de velar por la aplicación de las disposiciones pertinentes, incluidas las relativas a la situación de las mujeres y menores con discapacidad (artículos 6 y 7).
Como parte del convenio suscrito por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales y el ISTAT –que prevé la realización de estudios estadísticos sobre la discapacidad-, una esfera específica de investigación se ocupa de la reunión de datos sobre las mujeres con discapacidad en Italia.
A nivel nacional en general, el 39,9% de las personas con discapacidad que ingresan en la fuerza laboral son mujeres. Ese porcentaje aumentó en 2009 al 40,4%.
Las mujeres con discapacidad o bien se contratan directamente o por intermedio del denominado convenio programado, con arreglo a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 11 de la Ley 68/99.
En 2009, en el marco del anterior sistema se registró un aumento en la primera categoría y un colapso en la segunda (de 21 en 2008 a 7 en 2009).
Se presta especial atención a las empresas no sujetas a la obligación establecida por Ley 68/99. En 2009 se registró una disminución de las contrataciones de 833 a 752.
En el período 2008-2009 se registró un aumento en la aplicación de los acuerdos en virtud del artículo 14 del Decreto legislativo núm. 276/03 (de uno en 2008 a 11 en 2009).
Personas con discapacidad y mayores de 15 años que han sido empleadas, 2005
(Porcentaje )
Grupo de edad |
Género |
Total |
|
Hombre |
Mujeres |
||
Sin discapacidad |
|||
15 a 44 |
73,3 |
51,5 |
62,5 |
45 a 64 |
70,6 |
39,7 |
54,9 |
Mayores de 65 |
7,5 |
1,6 |
4,2 |
Total |
61,0 |
37,5 |
49,0 |
Con discapacidad |
|||
15 a 44 |
22,3 |
13,9 |
18,4 |
45 a 64 |
24,6 |
10,4 |
17 |
Mayores de 65 |
0,9 |
0,3 |
0,5 |
Total |
6,8 |
1,8 |
3,5 |
Total |
|||
15 a 44 |
72,9 |
51,2 |
62,2 |
45 a 64 |
69,8 |
39,1 |
54,2 |
Mayores de 65 |
6,6 |
1,3 |
3,5 |
Total |
59,1 |
35,2 |
46,7 |
Fuente: Encuesta de salud y uso de servicios de salud.
Anexos
Anexo I: Ministerio de Trabajo
Anexo II: Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT)
Anexo III: Ministerio de Justicia
Anexo IV: Ministerio del Interior