Distr.RESERVADA*

CERD/C/62/D/25/200216 de abril de 2003

ESPAÑOLOriginal: FRANCÉS

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DELA DISCRIMINACIÓN RACIAL

62º período de sesiones3 a 21 de marzo de 2003

DECISIÓN

Comunicación Nº 25/2002

Presentada por:Sr. Ahmad Najaati Sadic (representado por abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Dinamarca

Fecha de la comunicación:25 de mayo de 2002 (fecha de la comunicación inicial)

Fecha de la presente decisión:19 de marzo de 2003

[Anexo]

Anexo

DECISIÓN DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL -62º PERÍODO DE SESIONES-

respecto de la

Comunicación Nº 25/2002

Presentada por:Ahmad Najaati Sadic (representado por un abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Dinamarca

Fecha de la comunicación:25 de mayo de 2002 (fecha de la comunicación inicial)

Decisión sobre la admisibilidad

1.1.El autor es el Sr. Ahmad Najaati Sadic, un ciudadano danés de origen iraquí nacido en 1955, quien afirma ser víctima de violaciones por Dinamarca del apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 6 de la Convención. Asume su representación letrada el Centro de Documentación y Asesoramiento sobre la Discriminación Racial (DRC).

1.2.De conformidad con el apartado a) del párrafo 6 del artículo 14 de la Convención, el Comité transmitió la comunicación al Estado Parte el 16 de agosto de 2002.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.El 25 de julio de 2000, el autor trabajaba en una obra de construcción de viviendas sociales en Randers (Dinamarca), para la empresa "Assentoft Painters and Decorators", propiedad de Jesper Christensen. Cuando el autor reclamó al Sr. Christensen el pago de ciertas cantidades adeudadas, su conversación se convirtió en una disputa durante la cual el Sr. Christensen apostrofó, al parecer, al autor de la siguiente manera: "Vete a casa, cerdo árabe", "cerdo inmigrante", "tú y todos los árabes apestáis", "largaos de aquí, malditos, idiotas y psicópatas". La disputa entre el autor y el Sr. Christensen fue escuchada al menos por otros dos trabajadores, el Sr. Carsten Thomassen y el Sr. Frank Lasse Henriksen.

2.2.El 1º de marzo de 2001, el DRC, en nombre del autor, comunicó a la policía de Åarhus el incidente, alegando que el antiguo empleador del autor había violado el artículo 266b del Código Penal de Dinamarca.

2.3.El 9 de julio de 2001, Frank Lasse Henriksen fue entrevistado por teléfono por la policía de Randers. Según el informe de esta entrevista:

"El testigo declaró que estaba trabajando cuando su patrón, el Sr. Christensen, vino y le presentó un nuevo aprendiz. También estaba presente la víctima, Ahmad. Surgió una discusión y disputa entre el Sr. Christensen y la víctima; la discusión se refería al pago de los días de vacaciones, el salario y la desaparición de algunos recibos del salario... El testigo se acercó al Sr. Christensen, que en ese momento estaba muy enfadado por la disputa con la víctima y pensaba ‑al menos eso dijo‑ que, si el testigo compartía los sentimientos de la víctima, podía considerase despedido. El testigo se puso tan furioso con este trato que le tomó la palabra. El Sr. Christensen gritó entonces que todo ello era culpa de un cochino árabe ‑lo que, a juicio del testigo, era de una grosería verdaderamente excesiva. Según el testigo, el Sr. Christensen rebasó con creces los limites. El testigo escuchó la lectura de las declaraciones racistas mencionadas en la denuncia y manifestó que correspondían a los insultos del Sr. Christensen a la víctima. Después del incidente, el testigo abandonó de inmediato el lugar de trabajo y no ha vuelto a trabajar para el Sr. Christensen..."

2.4.El 12 de julio de 2001, Carsten Thomassen fue entrevistado por teléfono por la policía de Åarhus. Según el informe de esta entrevista:

"En el día de los hechos, a las 10.30 horas aproximadamente, el testigo se encontraba en el balcón del primer piso, debajo de la víctima. El testigo comprendió que estaban discutiendo por trabajo y dinero. Sin embargo, el testigo sólo pudo oír fragmentos de la discusión, en la que evidentemente ambas partes se habían "acalorado mucho". En un momento u otro, el testigo oyó al Sr. Christensen decir algo así como: "vuélvete a tu país", "cerdo negro". El testigo no entendió lo que dijo el Sr. Sadic, ya que éste no habla danés muy bien y es difícil de comprender, sobre todo cuando está alterado, como en ese momento. Sin embargo, el testigo dio por supuesto que se trataba en gran parte del tipo de incidente que surge ocasionalmente en el lugar de trabajo..."

2.5.El Sr. Christensen fue entrevistado por la policía de Randers el 23 de julio de 2001, sin que se le imputasen cargos y sin perjuicio de su derecho de negarse a declarar. Según el informe de esta entrevista:

"El Sr. Christensen manifestó que, en el día de los hechos, había discutido con la víctima por el pago de horas extraordinarias... el Sr. Christensen y la víctima habían empleado términos insultantes... pero el Sr. Christensen nunca dijo "cochino árabe", "cochino paki", "los árabes apestan", etc. a la víctima. Confrontado con el testimonio del Sr. Henriksen, el Sr. Christensen declaró que había despedido con anterioridad al Sr. Henriksen por ciertos desacuerdos... Después de haber sido despedido, el Sr. Henriksen abandonó el lugar de trabajo, por lo que no podía haber escuchado la conversación con la víctima... En base a la información presentada, el Sr. Christensen no reconoce haber violado el artículo 266b del Código Penal..."

2.6.En una carta de fecha 24 de agosto de 2001, el jefe de policía de Åarhus informó al DRC que había puesto fin a la investigación, por entender que no podía suponerse razonablemente que se había cometido un delito que diera lugar a una acción penal ex officio. El principal argumento invocado para poner fin a la investigación era que la discusión entre el autor y el Sr. Christensen se había producido en el lugar de trabajo, "donde sólo había presentes otras dos personas". Independientemente de que el Sr. Christensen hubiera proferido o no esas expresiones, el jefe de policía consideró que, en todo caso, éstas no se habían hecho públicamente o con intención de difundirlas a un círculo más amplio. En cuanto a la reclamación de daños y perjuicios, se aconsejó al autor que interpusiese una acción civil.

2.7.El 28 de septiembre de 2001, el autor recurrió contra la decisión de poner fin a las investigaciones ante el fiscal regional de Viborg, alegando que el antiguo empleador del autor había proferido las expresiones en cuestión en una obra situada en una zona de viviendas sociales y que, por lo tanto, había al menos aceptado la posibilidad de que otras personas oyesen sus comentarios. Además, el autor se refirió a varios fallos de los tribunales daneses que interpretaban en términos muy amplios el requisito del artículo 266b del Código Penal de que las declaraciones debían hacerse públicamente. El autor impugnó las conclusiones del jefe de policía de que sólo había presentes otras dos personas en el momento del incidente. El autor citó una declaración escrita en la que el Sr. Thomassen afirmaba que "el martes 25 de julio de 2000, a las 10.30 horas aproximadamente, yo, Carsten Thomassen, me hallaba con otros tres colegas... en el balcón, durante una breve pausa cuando, ante nuestra gran sorpresa, escuchamos una conversación y disputa entre el patrón... y Ahmad".

2.8.En una carta de 27 de noviembre de 2001, el fiscal regional de Viborg desestimó el recurso alegando que, si bien no podía determinarse con certeza que sólo hubiera habido otras dos personas presentes en el momento del incidente del Sr. Christensen había hecho sus comentarios durante una disputa entre el autor y su empleador, en un momento en que ambos estaban excesivamente acalorados, y los testigos, que se encontraban a cierta distancia del lugar exacto de la disputa, sólo habían oído fragmentos de la misma. Teniendo en cuenta que "se trataba únicamente de una disputa acalorada que otros oyeron de lejos...", el fiscal regional llegó a la conclusión de que las declaraciones del empleador no podían considerarse públicas. Puesto que no era probable que esta disputa perturbase el orden público o causase molestias a otras personas, tampoco se había violado el reglamento de policía. En consecuencia, se aconsejó al autor que solicitase eventualmente daños y perjuicios mediante una acción civil. La decisión del fiscal regional era firme e inapelable.

La denuncia

3.1.El autor afirma que ha agotado los recursos internos, ya que no es posible apelar contra la decisión del fiscal regional ni puede someter el caso a los tribunales daneses. Añade que, de conformidad con el artículo 275 del Código Penal de Dinamarca, las violaciones del artículo 266b sólo pueden ser objeto de una acción penal ex officio y que ninguna acción directa contra su antiguo empleador podría prosperar, ya que tanto la policía como el fiscal regional habían desestimado su denuncia. En apoyo de esta última afirmación, el autor alega que, de conformidad con la decisión de fecha 5 de febrero de 1999 del Tribunal Superior del Distrito Oriental, un incidente de discriminación racial no constituye de por sí un atentado contra el honor y la reputación de una persona en el sentido del artículo 26 de la Ley de responsabilidad civil.

3.2.El autor afirma que el Estado Parte ha incumplido sus obligaciones de conformidad con el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 6 de la Convención al no investigar efectivamente hasta qué punto el lugar de la obra era accesible al público, cuántas personas había presentes en el incidente y en qué medida era posible que otros escuchasen las declaraciones del empleador. El autor afirma que, según la decisión del Comité en el caso L. K. c. los Países Bajos (caso Nº 4/1991, dictamen aprobado el 16 de marzo de 1993), los Estados Partes tienen la obligación, conforme a las mencionadas disposiciones, de tomar medidas eficaces en los incidentes denunciados de discriminación racial.

3.3.Con referencia a otro caso decidido por el Comité (Kashif Ahmad c. Dinamarca) (caso Nº 16/1999, dictamen aprobado el 13 de marzo de 2000) en el que se habían hecho comentarios racistas en un pasillo de una escuela, el autor alega que el Estado Parte no había pretendido en ese caso que las declaraciones no se hubiesen hecho públicamente, y que el Comité consideró que había habido violación. Además, el autor se refiere a dos casos en que los tribunales daneses consideraron que se había violado el artículo 266b del Código Penal en circunstancias que eran, a su juicio, análogas.

3.4.El autor pide al Comité que solicite al Estado Parte que lleve a cabo una investigación completa del incidente denunciado por él y que le conceda una indemnización financiera de conformidad con el artículo 6 de la Convención.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación

4.1.Mediante nota verbal de fecha 20 de noviembre de 2002, el Estado Parte expuso sus argumentos sobre la admisibilidad de la comunicación y, subsidiariamente, sobre el fondo de la misma.

4.2.En cuanto a la admisibilidad de la comunicación, el Estado Parte alega que el autor no ha agotado los recursos internos. A diferencia del artículo 266b, que se refiere a la acción ex officio, la violación del artículo 267 del Código Penal ‑disposición general relativa a las declaraciones difamatorias, que suplementa el artículo 266b‑ sólo es perseguible a instancia de parte de conformidad con el artículo 275 del Código Penal. El autor podía haber pedido que se entablase una acción penal privada contra su empleador en virtud del artículo 267 y podía haber obtenido así una decisión sobre si su antiguo empleador había hecho las pretendidas declaraciones y, a reserva de que se hubieran cumplido los requisitos del artículo 267, la condena del Sr. Christensen.

4.3.El Estado Parte afirma que una acción penal interpuesta de conformidad con el artículo 267 del Código Penal es un recurso eficaz. Además, la decisión de las autoridades danesas de poner fin a las investigaciones de conformidad con el artículo 266b se había tomado sin perjuicio de la eficacia de este recurso, ya que ni el jefe de policía ni el fiscal regional se habían pronunciado sobre si el Sr. Christensen había hecho las declaraciones que se le reprochaban. El Estado Parte afirma que, por las mismas razones, el hecho de poner fin a la investigación abierta de conformidad con el artículo 266b no impedía que el autor entablase una acción legal por daños morales contra su antiguo empleador, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de responsabilidad por daños y perjuicios.

4.4.El Estado Parte arguye que la comunicación es incompatible con la Convención ratione materiae, ya que la base de la denuncia es que las autoridades danesas no interpretaron ni aplicaron debidamente el artículo 266b del Código Penal. Los elementos concretos que, según el autor, deberían haberse investigado se refieren, todos ellos, a las condiciones para imponer una sanción de conformidad con el artículo 266b, a saber, el lugar en que se habían hecho las declaraciones, el número de personas que escucharon o podían haber escuchado las declaraciones del Sr. Christensen, etc. A juicio del Estado Parte, la apreciación jurídica del jefe de policía y del fiscal regional de Viborg de que en este caso no se reunían las condiciones del artículo 266b, guarda fundamentalmente relación con la interpretación y aplicación de la legislación nacional, que el Comité no es competente para examinar.

4.5.En base a estos argumentos, el Estado Parte llega a la conclusión de que la comunicación debe declararse inadmisible de conformidad con los párrafos 1 y 7 a) del artículo 14 de la Convención.

4.6.Subsidiariamente, y sobre el fondo de la comunicación, el Estado Parte afirma que las autoridades danesas examinaron seriamente la denuncia del autor, ya que tras esa denuncia iniciaron investigaciones y entrevistaron a testigos y al antiguo empleador del autor. El Estado Parte estima pues que la manera en que el jefe de policía y el fiscal regional trataron y examinaron la denuncia se ajusta plenamente a las obligaciones del Estado Parte de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 y con el artículo 6 de la Convención.

4.7.Con respecto al requisito de que una declaración se haga "públicamente o con intención de difundirla a un círculo más amplio", el Estado Parte reconoce que es inevitable cierta imprecisión en la delimitación entre lo público y lo privado y arguye que deben ser por lo tanto las autoridades nacionales las que aprecien si se reúnen estos requisitos en un caso concreto.

4.8.El Estado Parte afirma que las dos sentencias citadas en apoyo de la denuncia del autor no era útiles a estos efectos ya que, en un caso, el fallo no contenía información concreta respecto al número de personas presentes en el puesto de periódicos y, en el otro caso, el tribunal señaló que "el incidente debe haber sido escuchado por muchas personas".

4.9.El Estado Parte alega además que el artículo 266b del Código Penal no es la única disposición que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte de conformidad con la Convención, ya que este artículo se complementa con otras disposiciones, incluido el artículo 267 del mismo Código.

4.10. El Estado Parte estima que, incluso si el Comité declara la comunicación admisible, no existe de todos modos una violación de la Convención.

Comentarios del autor

5.1.El autor afirma que el artículo 267 del Código Penal y el artículo 26 de la Ley de responsabilidad civil no abordan la cuestión de la discriminación racial y, por lo tanto, no constituyen un remedio eficaz contra los actos de discriminación racial, como exigen el apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 6 de la Convención. El autor sostiene que el único recurso pertinente es el artículo 266b del Código Penal e indica que, en casos anteriores, el Comité no afirmó que el autor, para agotar los recursos internos debería haber iniciado una acción penal de conformidad con el artículo 267 del Código Penal ni una acción civil de conformidad con el artículo 26 de la Ley de responsabilidad civil.

5.2.En cuanto a los requisitos del artículo 266b del Código Penal, el autor reitera que los tribunales daneses habían considerado en ocasiones anteriores que se había violado esta disposición, incluso cuando, además de la víctima o las víctimas, sólo había presente una persona en un incidente de discriminación racial. Se refiere también al dictamen del Comité en el caso Kashif Ahmad c. Dinamarca (caso Nº 16/1999, párr. 6.1) en el que el Comité consideró que se había violado el artículo 6 de la Convención porque "el autor había sido insultado en público", toda vez que las declaraciones se habían hecho "en un pasillo de la escuela y delante de varias personas".

5.3.Según la declaración escrita del Sr. Thomassen, el autor afirma que al menos cinco personas escucharon su discusión con su empleador y que la policía no se había puesto en contacto con los otros tres colegas mencionados en esa declaración.

5.4.El autor rechaza el argumento del Estado Parte de que su comunicación guarda esencialmente relación con la interpretación de la legislación nacional y la evaluación de los hechos y de las pruebas. Arguye que la falta de una investigación eficaz está estrechamente relacionada con el hecho de que las autoridades danesas habían llegado a la conclusión de que su denuncia quedaba fuera del ámbito de aplicación del artículo 266b del Código Penal.

Deliberaciones del Comité

6.1.Antes de examinar el fondo de una comunicación, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial debe determinar, de conformidad con el artículo 91 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible.

6.2.El Comité observa que el autor presentó una denuncia de conformidad con el artículo 266b del Código Penal a la policía y el fiscal regional y que estas autoridades, después de haber oído a dos testigos y al antiguo empleador del autor, decidieron poner fin a la acción penal en virtud del artículo 266b ya que consideraban que no se reunían las condiciones previstas en esta disposición. El Comité ha tomado nota del argumento del Estado Parte de que, a pesar de que se había puesto fin a las actuaciones de conformidad con el artículo 266b del Código Penal, el autor podría haber solicitado que se iniciase una acción penal contra su antiguo empleador de acuerdo con la disposición general sobre declaraciones difamatorias (artículo 267 del Código Penal). El autor no niega que dispusiera de este recurso, pero pone en duda su eficacia en los casos de discriminación racial.

6.3.El Comité observa que la noción de "recurso efectivo" en el sentido del artículo 6 de la Convención no se limita a las acciones penales basadas en disposiciones que de manera específica, expresa y exclusiva sancionan los actos de discriminación racial. En particular, el Comité no considera contrario al apartado d) del párrafo 1 del artículo 2 ni al artículo 6 de la Convención que, como en el caso del Estado Parte, las disposiciones de la legislación penal que prohíben específicamente los actos de discriminación racial se complementen con una incriminación general de las declaraciones difamatorias, que se aplica a las manifestaciones racistas incluso cuando éstas no están cubiertas por disposiciones legales específicas.

6.4.En cuanto al argumento del autor de que la acción penal contra su antiguo empleador en virtud del artículo 267 no habría prosperado puesto que las autoridades ya habían rechazado su denuncia en virtud del artículo 266b del Código Penal, el Comité observa que, de acuerdo con la documentación de que dispone, los requisitos para iniciar una acción penal de conformidad con el artículo 266b no son los mismos que para iniciar una acción penal de conformidad con el artículo 267 del Código Penal. Por consiguiente no parece que la decisión de las autoridades danesas de cerrar la causa de conformidad con el artículo 266b por falta de pruebas acerca de si las declaraciones del empleador se habían hecho públicamente o con la intención de difundirlas a un círculo más amplio, habría obstado a la iniciación de una acción penal de conformidad con el artículo 267 (en relación con el artículo 275) del Código Penal. En consecuencia, el Comité considera que la posibilidad de entablar esa acción puede considerarse un recurso efectivo, que el autor no agotó.

6.5.En cuanto a la cuestión de los daños, el Comité recuerda el argumento del Estado Parte de que el autor no incoó una acción civil de conformidad con el artículo 26 de la Ley de responsabilidad civil contra su antiguo empleador y que, por lo tanto, no ha agotado los recursos internos. En cuanto a los argumentos del autor de que, en una decisión anterior, el Tribunal Superior del Distrito Oriental sostuvo que un incidente de discriminación racial no constituye de por sí un atentado contra el honor y la reputación de una persona, el Comité considera que la simple duda acerca de la eficacia de los recursos civiles disponibles no exime a un autor de recurrir a ellos. (Véase la comunicación Nº 19/2000, Sarwar Seliman Mostafa c. Dinamarca, decisión aprobada el 10 de agosto de 2001, párr. 7.4.)

6.6.En consecuencia, el Comité considera que, al no agotar los recursos internos disponibles, el autor no ha cumplido los requisitos del apartado a) del párrafo 7 del artículo 14 de la Convención.

6.7.En consecuencia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial decide:

a)Que la comunicación es inadmisible;

b)Que esta decisión se comunique al Estado Parte y al autor.

6.8Sin embargo, el Comité invita al Estado Parte a que reexamine su legislación, en la medida en que la condición restrictiva de una gran publicidad o de que "alcance a un amplio público" impuesta en el artículo 266b del Código Penal danés para que sea posible perseguir las injurias de carácter racial no parece estar plenamente conforme con las exigencias de los artículos 4 y 6 de la Convención.

[Hecha en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo la inglesa la versión original.]