Naciones Unidas

CCPR/C/127/D/3070/2017

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

20 de febrero de 2020

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3070/2017 * ** ***

Comunicación presentada por:

Q. A. (representado por los abogados Rebecka Hermansson y David Karlsson)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Suecia

Fecha de la comunicación:

11 de diciembre de 2017 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 15 de diciembre de 2017 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:

30 de octubre de 2019

Asunto:

Expulsión al Afganistán; tortura y otros tratos inhumanos y degradantes

Cuestiones de procedimiento:

Grado de fundamentación de las alegaciones

Cuestiones de fondo:

Derecho a la vida; riesgo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de regresar al país de origen; prohibición de la devolución

Artículos del Pacto:

6, 7 y 18

Artículo del Protocolo Facultativo:

2

1.1El autor de la comunicación es Q. A., nacional del Afganistán de etnia hazara, nacido en 1997. Sostiene que su expulsión al Afganistán por el Estado parte vulneraría los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 6, 7 y 18 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Suecia el 23 de marzo de 1976. El autor está representado por abogados.

1.2El 12 de diciembre de 2017, con arreglo al artículo 92 de su reglamento (ahora artículo 94), el Comité, por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, pidió al Estado parte que se abstuviera de expulsar al autor al Afganistán mientras el Comité estuviese examinando su caso.

Antecedentes de hecho

2.1El autor tenía 5 años cuando en 2003 o 2004 huyó del Afganistán a la República Islámica del Irán con su familia a causa del conflicto entre las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América y los talibanes. El autor, su madre y sus hermanos abandonaron la República Islámica del Irán en 2015, porque su padre había sido obligado a ir a luchar a la República Árabe Siria. El autor se separó de los demás miembros de su familia en Turquía; menciona que llegó a Suecia en septiembre de 2015, a los 17 años.

2.2El autor es ateo. Se crio como musulmán chiita, pero, al llegar a Suecia, dejó de practicar su religión. El autor afirma que durante su viaje a Suecia presenció el sufrimiento y la muerte de mucha gente, lo que le hizo dudar de la existencia de Dios. Terminó por concluir que sus dogmas religiosos no eran fiables —e incluso resultaban nocivos—, ya que los países musulmanes eran escenario de guerras y conflictos entre distintas sectas del islam en los cuales se perseguía a los grupos religiosos minoritarios. También le resultaba frustrante que hubiera personas que se suicidaran en nombre de la religión y del islam. Durante su estancia en Europa, sus dudas se vieron avivadas por la nueva forma de vida que experimentó y las conversaciones que mantuvo con otras personas en Suecia. Ya no muestra interés alguno en la religión y realiza muchas actividades que se consideran prohibidas en el islam, como beber alcohol y fumar. La mayoría de sus amigos, profesores y conocidos saben que ha abjurado del islam, hecho que incluso apareció en artículos de prensa y en los medios sociales. Aunque el autor asistió a algunos encuentros cristianos en Suecia, se dio cuenta de que la fe cristiana no era para él y llegó a la conclusión de que no pertenecía a ninguna religión, ya que todas eran más o menos iguales.

2.3El 30 de septiembre de 2015, el autor solicitó asilo en Suecia, pero la Junta de Inmigración de Suecia rechazó su solicitud y, en virtud de su decisión de 5 de julio de 2016, ordenó su expulsión al Afganistán. El autor interpuso ante el Tribunal de Inmigración un recurso contra esta decisión, que lo desestimó el 27 de febrero de 2017. El 18 de abril de 2017, el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración denegó la solicitud de admisión a trámite de un recurso, por lo que la decisión de expulsar al autor al Afganistán pasó a ser firme e inapelable.

2.4El 12 de junio de 2017, la Junta de Inmigración hizo constar en el expediente del autor que había sido declarado prófugo, por lo que el 16 de junio de ese mismo año decidió remitir el caso a la policía para que ejecutara la orden de expulsión. Posteriormente, la policía encontró al autor cuando investigaba un hurto menor. El 7 de julio de 2017, la policía detuvo al autor para proceder a ejecutar la orden de expulsión, ya que existían motivos para pensar que podría ocultarse. El autor interpuso un recurso contra la orden de detención ante el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración, que lo desestimó el 19 de julio de 2017, al considerar que seguía habiendo motivos para mantenerlo privado de libertad.

2.5El 20 de agosto de 2017, el autor solicitó que se le expidiera un permiso de residencia temporal en virtud del capítulo 12, artículo 18, de la Ley de Extranjería y que se revisara su solicitud de asilo con arreglo al capítulo 12, artículo 19, de la misma Ley, a la luz de “nuevas circunstancias”, alegando que existían impedimentos para la ejecución de la orden de expulsión. El autor sostuvo que su salud física y mental había empeorado, que no profesaba ninguna religión y no tenía una red de contactos ni apoyo en el Afganistán y que, además, pertenecía al grupo étnico minoritario de los hazaras, que eran objeto de discriminación y violencia en ese país. También sostuvo que se habían deteriorado gravemente las condiciones de seguridad en el Afganistán.

2.6En su decisión de 21 de agosto de 2017, la Junta de Inmigración resolvió no conceder al autor un permiso de residencia en virtud del capítulo 12, artículo 18, de la Ley de Extranjería y no volver a examinar el asunto del permiso de residencia con arreglo al capítulo 12, artículo 19, de la misma Ley. La Junta de Inmigración estimó que no concurrían circunstancias nuevas que pudieran considerarse un impedimento duradero para ejecutar la orden de expulsión, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 12 de la Ley de Extranjería. La decisión se dictó sin que el autor fuera oído en persona en relación con sus creencias religiosas.

2.7El 22 de agosto de 2017, el autor apeló la decisión ante el Tribunal de Inmigración, destacando su condición de ateo. Afirmó que había llegado a no creer en religión alguna como resultado de un proceso gradual que tuvo lugar durante su estancia en Suecia, y que devolverlo al Afganistán conllevaría un peligro mortal para él. En apoyo de esas afirmaciones, el autor presentó los testimonios de un miembro de la junta directiva de la sede de Humanists en Estocolmo y de uno de los fundadores de Ex-Muslims of Sweden.

2.8El 29 de septiembre de 2017, el Tribunal de Inmigración desestimó el recurso del autor, después de haber estudiado si se cumplían las condiciones para volver a examinar su caso con arreglo al capítulo 12, párrafo 19, de la Ley de Extranjería, sin celebrar ningún juicio o vista. Por lo que respecta a las condiciones de seguridad en el Afganistán y a la pertenencia del autor al grupo étnico hazara, el tribunal señaló que en la decisión que había dado lugar a la orden firme e inapelable de expulsión del autor ya se había concluido que los motivos aducidos por este para recibir protección no debían basarse únicamente en la situación en una zona concreta del Afganistán, y que no podía considerarse que su pertenencia al grupo étnico hazara implicara, por sí sola, que el autor correría el riesgo de ser perseguido en cualquier parte del Afganistán. El tribunal señaló que sus alegaciones sobre las condiciones de seguridad imperantes en el país constituían, en parte, circunstancias nuevas respecto del anterior examen. No obstante, determinó que la situación general en todo el Afganistán y la de los hazaras no eran motivo suficiente para concederle el permiso de residencia.

2.9El tribunal señaló que el hecho de que el autor era ateo constituía una alegación nueva y que, por lo general, según la información disponible sobre el país, si una persona demostraba de forma plausible que había abandonado el islam, se consideraría que esa persona necesitaba protección. Estimó que el factor decisivo era si la postura del autor se basaba en una convicción sincera. El tribunal señaló que las razones que el autor había aducido en relación con su abjuración del islam eran de carácter general y no expresaban una convicción personal profunda. Las cartas aportadas para apoyar las alegaciones del autor se basaban, en gran parte, en sus propias afirmaciones. Asimismo, el tribunal consideró extraño que, pese a que el autor sostenía que su actitud hacia la religión había cambiado de manera paulatina desde su llegada a Europa, esa circunstancia solo se hubiera planteado una vez que la orden de expulsión había pasado a ser firme e inapelable. A la luz de esas conclusiones, el tribunal consideró que la afirmación del autor de que era ateo convencido no era lo suficientemente fiable para satisfacer los requisitos en materia probatoria. En este contexto, el tribunal consideró que la afirmación de que el autor era ateo no era una nueva circunstancia que presumiblemente constituyera un impedimento duradero para ejecutar la orden en el sentido del capítulo 12, artículos 1, 2 o 3, de la Ley de Extranjería. Por ello, determinó que no había motivos para volver a examinar la solicitud del autor en virtud de dicha Ley.

2.10El autor presentó un recurso contra la decisión ante el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración, que lo desestimó el 21 de noviembre de 2017.

2.11Entretanto, el 18 de octubre de 2017 el autor escribió una carta a la Embajada del Afganistán en Suecia, situada en Estocolmo, en la que explicaba su situación, es decir, que había abandonado el islam y que temía por su vida, para ver si podían ayudarle. No recibió respuesta alguna de la Embajada.

2.12El autor apareció en numerosos medios de comunicación nacionales y locales de Suecia, así como en medios en línea, por haber abjurado del islam. Según un artículo, el Estado parte intentó expulsar al autor, pero no pudo hacerlo a causa de una manifestación masiva que tuvo lugar fuera del centro de expulsión ubicado en Märsta (Suecia), a la que asistieron varios centenares de personas.

La denuncia

3.1El autor afirma que su expulsión al Afganistán constituiría una vulneración de los artículos 6 y 7 del Pacto. Alega que corre un riesgo real y considerable de sufrir un daño irreparable o incluso de morir si es devuelto al Afganistán por la fuerza, puesto que ha abandonado el islam y sería considerado apóstata, lo cual es punible con la pena de muerte de conformidad con la legislación nacional. El autor dice que en el Afganistán, país caracterizado por un régimen islámico estricto, no se toleran las reflexiones o críticas sobre el islam. La fe y la práctica del islam están totalmente extendidas por el país, y la legislación nacional prevé para la apostasía castigos severos que se basan en la sharia. Las personas que abandonan el islam también corren un gran riesgo de ser objeto de persecución, amenazas, violencia y tortura.

3.2El autor afirma que para los exmusulmanes es muy difícil ocultar su falta de fe dentro de las comunidades musulmanas conservadoras, ya que la práctica de esa religión implica rituales visibles, como rezar, observar el ayuno y abstenerse de realizar actividades prohibidas por el islam. Eso significa que el autor se vería obligado, o bien a practicar la religión para fingir que es musulmán, algo que dijo que no haría, o bien a sufrir las consecuencias de ser considerado apóstata, lo que suscitaría fuertes reacciones de las comunidades musulmanas conservadoras y las autoridades, que muy probablemente pondrían en peligro su vida.

3.3El autor afirma asimismo que, al regresar al Afganistán, los adultos jóvenes que han vivido fuera del país se expondrían al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con la definición de estos recogida en las normas internacionales. El autor, que se crio en la República Islámica del Irán tras haber abandonado el Afganistán cuando era niño, no tiene una red de contactos en el Afganistán ni conoce el país. Habla principalmente persa, lo que significa que la sociedad afgana lo consideraría un paria. Además, es de etnia hazara y se ha occidentalizado en Suecia. Por lo tanto, si fuera devuelto al Afganistán, se encontraría en una situación de vulnerabilidad y correría un gran riesgo de ser perseguido o de sufrir amenazas, violencia, tortura y discriminación, como la imposibilidad de obtener un empleo y de acceder a una vivienda aceptable, a servicios sociales o a atención médica.

3.4El autor sostiene que las autoridades suecas de inmigración no se tomaron en serio su caso, pues desestimaron su solicitud de asilo y el recurso que había interpuesto, sin oírlo en persona en relación con su ateísmo. El autor afirma que, para tomar una decisión sobre su caso, solo deberían haberse celebrado vistas orales, ya que en muchos casos relativos a cristianos conversos en que se celebraron vistas se procedió a examinar de nuevo sus solicitudes de asilo, y no existe diferencia alguna entre ateos y cristianos conversos respecto del peligro que pueden correr en el Afganistán. Puesto que no existe un certificado para ateos que equivalga al que se expide para los cristianos conversos, los testimonios que aportó de representantes de dos organizaciones son la mejor opción de que dispone para certificar que no practica ninguna religión.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1Mediante nota verbal de 10 de septiembre de 2018, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación.

4.2Por lo que respecta a la admisibilidad, el Estado parte afirma que la comunicación no está suficientemente fundamentada y es manifiestamente infundada, por lo que debe declararse inadmisible de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo y el artículo 96 b) del reglamento del Comité (ahora artículo 99 b)).

4.3El Estado parte sostiene que, por lo que se refiere a la alegación del autor de que se ha vulnerado el artículo 18 del Pacto, este artículo, a diferencia de los artículos 6 y 7, no tiene aplicación extraterritorial. Por consiguiente, el Estado parte considera que esa parte de la comunicación debería ser declarada inadmisible ratione materiae, de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo y el artículo 96 d) del reglamento del Comité (ahora artículo 99 b)).

4.4En cuanto a la presunta vulneración de los artículos 6 y 7 del Pacto, el Estado parte señala que, para determinar si la expulsión del autor al Afganistán constituye una vulneración de los artículos 6 o 7 del Pacto, son pertinentes las siguientes consideraciones: a) la situación general de los derechos humanos en el Afganistán; y b) en particular, el riesgo personal, previsible y real de que el autor sea objeto de un trato contrario al artículo 6 o 7 del Pacto tras su regreso al país. El Estado parte observa, además, que debe tenerse debidamente en cuenta la evaluación realizada por el Estado parte, ya que, por lo general, corresponde directamente a los órganos nacionales examinar o evaluar los hechos y las pruebas de un caso a fin de determinar si existe un riesgo real de sufrir un daño irreparable, a menos que se determine que la evaluación fue claramente arbitraria, constituyó un error manifiesto o equivalió a una denegación de justicia.

4.5Por lo que respecta a la situación general de los derechos humanos en el Afganistán, el Estado parte señala que el Afganistán es parte en el Pacto y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Estado parte señala también que, aunque no subestima las inquietudes respecto de la situación actual de los derechos humanos y la seguridad en el Afganistán, la situación general del país no es condición suficiente para determinar que la expulsión del autor contravendría los artículos 6 o 7 del Pacto. Por lo tanto, la evaluación que haga el Comité debe centrarse en las consecuencias previsibles que tendría para el autor su expulsión al Afganistán a la luz de sus circunstancias personales.

4.6El Estado parte afirma que el autor no ha fundamentado su alegación de que, en caso de ser devuelto al Afganistán, se expondría a un riesgo personal y real de ser sometido a un trato contrario a los artículos 6 o 7 del Pacto. El Estado parte señala que varias disposiciones de la Ley de Extranjería reflejan los mismos principios establecidos en los artículos 6, párrafo 1, y 7 del Pacto. Por lo tanto, al examinar una solicitud de asilo presentada con arreglo a la Ley de Extranjería, las autoridades de inmigración de Suecia aplican el mismo criterio que utiliza el Comité cuando examina una comunicación presentada en virtud del Pacto.

4.7El Estado parte sostiene que, al examinar la solicitud de asilo del autor, se ofrecieron suficientes garantías procesales. Indica que, como inicialmente el autor había dicho que tenía 17 años y que, por lo tanto, era menor de edad, la Junta de Inmigración le asignó un representante especial y cursó notificación a los servicios sociales de protección de la infancia en octubre de 2015. En noviembre de 2015, también se le adjudicó un abogado de oficio. La Junta de Inmigración mantuvo varias entrevistas con el autor en presencia del abogado de oficio y de intérpretes, que, según confirmó el autor, entendían bien su idioma. Por lo tanto, el autor tuvo varias oportunidades para explicar los hechos y las circunstancias pertinentes en apoyo de sus alegaciones y exponer sus argumentos, de forma oral y escrita, ante la Junta de Inmigración y por escrito ante el Tribunal de Inmigración.

4.8En este contexto, el Estado parte afirma que debe considerarse que, junto con los hechos y las pruebas relativos al caso, la Junta de Inmigración y el Tribunal de Inmigración tenían información suficiente para asegurarse de que disponían de una base sólida para realizar una evaluación de los riesgos bien fundamentada, transparente y razonable, a fin de determinar la necesidad de protección del autor en Suecia. Dado que la Junta de Inmigración y los tribunales de inmigración son órganos especializados con competencia particular en el ámbito del derecho y la práctica en materia de asilo, el Estado parte afirma que no hay motivos para concluir que las sentencias nacionales fueran inadecuadas o que el resultado de los procedimientos internos fuera arbitrario en modo alguno o equivaliera a una denegación de justicia. Por consiguiente, el Estado parte considera que debe otorgarse un peso considerable a las opiniones de las autoridades de inmigración suecas.

4.9Por lo que respecta a las alegaciones del autor de que corre el riesgo de ser perseguido por pertenecer al grupo étnico hazara, el Estado parte afirma que las autoridades nacionales observaron que, de acuerdo con la información pertinente sobre el país de origen del autor, en el Afganistán los hazaras se veían especialmente afectados por la discriminación y, en ocasiones, eran víctimas de ataques selectivos. No obstante, las autoridades nacionales consideraron que la situación general de los hazaras en el Afganistán no bastaba por sí sola para determinar que existía una necesidad de protección internacional.

4.10En cuanto a las alegaciones del autor de que correría el riesgo de ser perseguido a su regreso al Afganistán por haber abjurado del islam, el Estado parte admite que, según la información pertinente sobre su país de origen, hay elementos que respaldan la afirmación de que las personas que regresan al Afganistán tras haber abjurado de su fe musulmana o haberse convertido a otra religión durante un procedimiento de asilo se exponen a un riesgo real de ser perseguidas y castigadas por la ley. También admite que el simple hecho de acusar a una persona de apostasía puede provocar actos de violencia, y que quienes carecen de una red de contactos son especialmente vulnerables por no tener apoyo. No obstante, el Estado parte observa que los apóstatas pueden arrepentirse y volver a abrazar la fe musulmana. Además, los solicitantes de asilo son quienes deben demostrar de manera plausible que la supuesta renuncia al islam se basa en una convicción personal sincera. Por lo tanto, no hay nada que respalde la conclusión de que la simple afirmación de que se ha abjurado del islam baste para determinar que existe un riesgo real de persecución que justifique la concesión de protección internacional a una persona.

4.11En relación con lo anterior, el Estado parte reitera que, al evaluar si la renuncia al islam por parte del autor se basaba en una convicción personal sincera, el Tribunal de Inmigración determinó que los argumentos del autor a ese respecto eran generales y no expresaban una reflexión personal profunda. Además, el Tribunal de Inmigración se preguntaba por qué el autor comunicó esa información solo cuando la orden de expulsión pasó a ser firme e inapelable. El Estado parte destaca que, en vista de que, al parecer, el autor conocía las consecuencias de su renuncia al islam en caso de regresar al Afganistán, el hecho de que no mencionara esa circunstancia hasta que la policía sueca lo encontró y lo detuvo con el objetivo de ejecutar la orden de expulsión al Afganistán —unos dos años después de su supuesto cambio de actitud respecto del islam— plantea dudas sobre la veracidad de esas alegaciones. El Estado parte señala que el Tribunal de Inmigración tuvo en cuenta en su evaluación el riesgo de que el autor fuera imputado por ser ateo cuando regresara al Afganistán.

4.12En cuanto a los artículos de prensa que el autor presentó ante las autoridades nacionales de inmigración, el Estado parte observa que, de hecho, de esos artículos no se desprende claramente que el autor hubiera abjurado del islam. El nombre del autor figura en artículos relativos principalmente a una sentada organizada en protesta contra las expulsiones al Afganistán. A ese respecto, cabe señalar que, durante los procedimientos internos, el autor no acreditó su identidad ni demostró de manera plausible que esos artículos hubieran llegado a conocimiento de la ciudadanía o las autoridades del Afganistán y que pudiera ser asociado con ellos en caso de regresar al país.

4.13Además, el Estado parte señala que la carta que el autor envió a la Embajada del Afganistán tenía fecha de 18 de octubre de 2017. El Estado parte destaca que, aunque esa carta estuviera fechada antes de que el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración decidiera desestimar el recurso el 21 de noviembre de 2017, el autor no la presentó ante el tribunal para que la examinara; tampoco la envió a ninguna otra autoridad migratoria para que determinara si las nuevas circunstancias que habían surgido en relación con el caso constituían un impedimento duradero para la ejecución de la orden de expulsión en virtud del capítulo 12, artículo 19, de la Ley de Extranjería.

4.14Por lo que se refiere al estado de salud del autor, el Estado parte coincide con la conclusión de las autoridades nacionales de inmigración de que no puede considerarse que este haya fundamentado la alegación de que sus problemas de salud sean lo suficientemente graves como para concluir que trasladarlo al Afganistán implicaría una vulneración del Pacto.

4.15El Estado parte considera que el relato del autor y los hechos en los que se basa su denuncia son insuficientes para concluir que el presunto riesgo de sufrir malos tratos al que se expondría en caso de regresar al Afganistán cumple los requisitos de ser un riesgo previsible, real y personal. Por consiguiente, en las circunstancias actuales, la ejecución de la orden de expulsión no constituiría un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Suecia en virtud de los artículos 6 o 7 del Pacto.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

5.1El 21 de enero de 2019, el autor presentó sus comentarios acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación.

5.2En lo que se refiere a la admisibilidad, el autor admite que el artículo 18 no tiene aplicación extraterritorial, pero mantiene sus reclamaciones en relación con los artículos 6 y 7 del Pacto.

5.3Por lo que respecta a las afirmaciones del Estado parte de que la comunicación es inadmisible por no estar suficientemente fundamentada, el autor sostiene que es el Estado parte el que no investigó sus alegaciones ni hizo una evaluación adecuada del riesgo que corría. El autor reitera que, a fin de demostrar que existen impedimentos para la ejecución de una orden de expulsión, la Ley de Extranjería exige que haya “motivos suficientes para suponer” que la persona puede correr peligro. Al demostrar la existencia de esos motivos, el autor ha alcanzado el grado mínimo de fundamentación. Puesto que el ateísmo del autor se consideraría una nueva circunstancia que podría constituir un impedimento duradero para ejecutar una orden de expulsión, de conformidad con la Ley de Extranjería, no está claro por qué el Estado parte defiende las acciones, o más bien la inacción, de las autoridades nacionales de inmigración.

5.4El autor pone de relieve que, en gran medida, las observaciones del Estado parte consisten en comentarios generales estándar en los que se repite lo que figura en el ordenamiento jurídico interno o en la evaluación que hicieron las autoridades de inmigración, y no abordan las cuestiones centrales de manera adecuada. El autor afirma que no basta, desde una perspectiva de derechos humanos, con que la Ley de Extranjería refleje los mismos principios establecidos en los artículos 6 y 7 del Pacto, y reitera que es importante que estos se apliquen. El autor sostiene que no es cierto que, al estudiar una solicitud de asilo, las autoridades suecas de inmigración utilicen los mismos criterios que el Comité aplica cuando examina una comunicación presentada en virtud del Protocolo Facultativo, ya que hacen caso omiso de las directrices del ACNUR. El autor concluye que el Estado parte solamente formula comentarios generales sobre las disposiciones de la legislación, pero no indica si las conclusiones a las que llegaron las autoridades son razonables ni explica en detalle por qué lo son.

5.5El autor reitera que las conclusiones a las que llegaron las autoridades de inmigración eran subjetivas y arbitrarias y se basaron en métodos y criterios inadecuados en materia probatoria. El autor señala que, aunque lo entrevistaron en 2015 y 2016, según el Estado parte a fin de asegurarse de que las autoridades de inmigración tuvieran una base sólida para realizar una evaluación de los riesgos bien fundamentada, transparente y razonable respecto de la necesidad de protección del autor, este informó de su apostasía en 2017, tras lo cual no se celebró ninguna vista oral para examinar esa nueva alegación. Por lo que se refiere a la carga de la prueba para demostrar que el autor correría el riesgo de ser perseguido por sus creencias religiosas, el autor sostiene que, si bien reconoce que la carga de la prueba recae sobre él, esta no debe separarse de las responsabilidades de investigación que tienen las autoridades ni de sus obligaciones internacionales positivas en materia de derechos humanos. El autor hace hincapié en que la carga de la prueba es una responsabilidad compartida y en que el solicitante debe tener la oportunidad de fundamentar, de manera oral, las alegaciones de que su renuncia al islam se basa en una convicción personal sincera.

5.6 El autor refuta la decisión de la Junta de Inmigración de 21 de agosto de 2017, a la que se había remitido el Estado parte, en la que la Junta indicó que ya se había examinado antes la afiliación religiosa del autor, por lo que esta no constituía una alegación nueva. Habida cuenta de que no formuló la alegación de que era ateo hasta entonces, en el curso de la evaluación de la Junta, el autor estima que es injusto que en la evaluación no se considerara la información relativa a su ateísmo como un hecho nuevo que constituiría un impedimento duradero para la ejecución de la orden de expulsión, en virtud de la Ley de Extranjería.

5.7El autor sostiene que la afirmación del Estado parte de que la información relativa a su ateísmo llegó en una etapa demasiado avanzada del proceso y de que el autor no había demostrado que tuviera una razón válida para no haber mencionado esa circunstancia hasta entonces equivale a admitir que dicha información no se tuvo debidamente en cuenta. El autor considera que la determinación fue muy subjetiva y otorgó demasiado peso a las cuestiones de procedimiento, de modo que los motivos por los que solicitaba asilo perdieron relevancia, lo cual va en contra de la jurisprudencia del Comité y de las obligaciones que tiene el Estado parte en virtud del derecho y las normas internacionales.

5.8El autor sostiene que las afirmaciones del Estado parte de que los artículos de prensa sobre su persona se referían principalmente a las protestas por su expulsión y de que el autor no había demostrado plausiblemente que esos artículos hubieran llegado a conocimiento de la ciudadanía y las autoridades del Afganistán inducen a engaño y, lo que es más esencial, hacen caso omiso del riesgo al que está expuesto. El autor señala que hay varios artículos sobre su ateísmo que incluyen su fotografía, a los que el público puede acceder incluso mediante una búsqueda simple en Internet, a través de los cuales los ciudadanos afganos y las autoridades del país pueden identificarlo. El autor reitera que la información relativa a su ateísmo se ha difundido entre la población afgana a través de los medios sociales.

5.9En cuanto a las alegaciones del Estado parte de que el autor nunca presentó ante las autoridades la carta dirigida a la Embajada del Afganistán para que la examinaran, este afirma que la legislación sueca no permite recurrir a ninguna otra autoridad migratoria para presentar nueva información mientras haya un recurso pendiente ante el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración. Además, el autor sostiene que, aunque hubiera presentado la carta ante el Tribunal de Apelación para Asuntos de Inmigración, este no habría examinado la información adicional aportada sobre el asunto personal a menos que sentara precedente en el derecho en materia de migración, según se desprende de casos similares. Por lo tanto, algo tan personal como una carta no habría influido en la decisión del tribunal de desestimar el recurso. El autor sostiene que, habida cuenta de la postura adoptada por el Estado parte, esa carta no se habría considerado como una circunstancia nueva.

5.10Por lo que respecta a su edad, el autor sostiene que incluso los adultos ateos corren el riesgo de sufrir daños en el Afganistán, especialmente si carecen del amparo que otorga tener familia o una red de contactos en el país. Por lo tanto, su edad es irrelevante para evaluar el riesgo que correría en caso de ser devuelto al Afganistán.

Observaciones adicionales del Estado parte

6.1El 5 de abril de 2019, en sus observaciones adicionales, el Estado parte reiteró los argumentos y los antecedentes de hecho expuestos en sus observaciones anteriores. Destaca que el criterio de las “nuevas circunstancias” para volver a examinar la solicitud de asilo en virtud de la Ley de Extranjería se refiere a algo más que la introducción de modificaciones o adiciones a las circunstancias citadas originalmente, y que las circunstancias citadas deberían constituir impedimentos para ejecutar la expulsión, por existir peligro de ser condenado a pena de muerte o de sufrir tortura o persecución.

6.2Por lo que respecta al método para evaluar la religión cuando se invoca como motivo para solicitar asilo, el Estado parte afirma que el documento en el que se expone la postura oficial de la Junta de Inmigración, y al que se ha remitido el autor para hacer valer el requisito de la investigación oral, contiene recomendaciones generales relativas a la aplicación de las leyes y reglamentos en el marco del mandato de la Junta. El Estado parte observa que los procedimientos relativos a los impedimentos para la ejecución de una orden de expulsión se tramitan normalmente por escrito y que solo se celebra una vista oral cuando el autor ha demostrado que hay circunstancias nuevas que presumiblemente constituyen impedimentos duraderos para la ejecución de la orden y se requiere un nuevo examen del asunto del permiso de residencia.

6.3Además, el Estado parte observa que, dado que el autor ha declarado que ya había empezado a replantearse su fe durante su viaje a Suecia, debería haber tenido motivos para formular esa declaración durante el procedimiento ordinario que tuvo lugar antes de que su orden de expulsión fuera firme e inapelable.

6.4A ese respecto, el Estado parte afirma que la afirmación del autor de que era ateo convencido no era lo suficientemente fiable como para satisfacer los requisitos en materia probatoria, y que tampoco “cabe suponer que [dicha alegación] constituye” un abuso grave, como determinó el Tribunal de Inmigración, con arreglo a las normas internacionales de evaluación. Así pues, la afirmación del autor de que era ateo no era una circunstancia nueva que presumiblemente constituyera un impedimento duradero para ejecutar la orden, en el sentido recogido en el capítulo 12, artículos 1, 2 o 3, de la Ley de Extranjería, o justificara que se volviera a examinar el asunto del permiso de residencia. Además, el Estado parte reitera que el Tribunal de Inmigración determinó que el autor no había demostrado que tuviera una razón válida para no haber mencionado esa circunstancia hasta entonces. El Estado parte argumenta que, en contra de lo que afirma el autor, su solicitud de asilo fue evaluada de forma exhaustiva y minuciosa, tanto por la Junta de Inmigración como por el Tribunal de Inmigración.

6.5El Estado parte se remite al documento en el que se expone la postura oficial de la Junta de Inmigración de Suecia relativa a la información sobre el Afganistán en cuanto país de origen, publicado el 24 de enero de 2019. En el documento, la Junta admitió que el deterioro de las condiciones de seguridad podría constituir una nueva circunstancia, en el sentido recogido en el capítulo 12, artículo 19, de la Ley de Extranjería, que presumiblemente fuera un impedimento duradero para ejecutar una orden de expulsión, en el sentido recogido en el capítulo 12, artículos 1, 2 o 3, de la citada Ley, y justificara, pues, que se volviera a examinar el asunto del permiso de residencia. No obstante, el Estado parte alega que las condiciones de seguridad varían considerablemente tanto en cada una de las provincias del Afganistán como entre ellas y que se debe hacer una evaluación individual de la vulnerabilidad y las circunstancias personales del autor de que se trate. A ese respecto, el Estado parte alega que la citada información es una recomendación general sobre la aplicación de las leyes y reglamentos en el marco del mandato de la Junta, que se ha elaborado para que esta los aplique de manera uniforme.

6.6En vista de los argumentos precedentes, el Estado parte mantiene su postura de que no hay motivos para concluir que las sentencias de las autoridades nacionales fueran inadecuadas o que el resultado de las actuaciones nacionales fuera arbitrario en modo alguno o equivaliera a una denegación de justicia, al haberse determinado en ellas que la explicación del ateísmo del autor, tal como la expuso este durante el procedimiento nacional de asilo, fue insuficiente para que las autoridades nacionales concluyeran que el presunto riesgo de sufrir malos tratos al que se expondría en caso de regresar al Afganistán cumplía los requisitos de ser previsible, real y personal.

Comentarios del autor sobre las observaciones adicionales del Estado parte

7.El 25 de septiembre de 2019, el autor presentó una respuesta a las observaciones adicionales del Estado parte, en la que reiteraba sus comentarios anteriores.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

8.3El Comité observa que el autor afirma haber agotado todos los recursos internos efectivos disponibles. Puesto que el Estado parte no ha formulado objeción alguna a ese respecto, el Comité considera que nada obsta para que examine la comunicación con arreglo al artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

8.4El Comité observa que el autor invoca el artículo 18 del Pacto sin presentar ningún argumento concreto que respalde sus alegaciones. Por lo tanto, considera que esa parte de la comunicación no está suficientemente fundamentada a efectos de la admisibilidad. En consecuencia, declara esa parte de la comunicación inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.5El Comité observa que el Estado parte cuestiona la admisibilidad de la comunicación por considerar que la reclamación formulada por el autor a tenor de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Pacto carece de fundamento. No obstante, el Comité considera que, a efectos de la admisibilidad, el autor ha proporcionado información suficiente en apoyo de su afirmación de que, en caso de ser devuelto por la fuerza al Afganistán, se expondría al riesgo de sufrir un trato contrario a los artículos 6 y 7 del Pacto. Por consiguiente, el Comité declara que la comunicación es admisible por cuanto plantea cuestiones en relación con los artículos 6 y 7 y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

9.1El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

9.2El Comité observa que el autor afirma que su devolución al Afganistán lo expondría a un riesgo real de sufrir un daño irreparable, en contravención de los artículos 6 y 7 del Pacto. Según sus alegaciones, de ser devuelto al Afganistán, sería objeto de persecución, lo que podría poner en peligro su vida, debido a su particular vulnerabilidad a causa de su apostasía, que se ha dado a conocer a través de los medios sociales, del deterioro de su salud física y mental, que se caracteriza, entre otras cosas, por sus pensamientos suicidas, de su pertenencia al grupo étnico minoritario de los hazaras y de su desconocimiento del Afganistán y de su idioma, circunstancias que se ven agravadas por no tener familia o una red de contactos en ese país, donde las condiciones de seguridad han empeorado seriamente.

9.3El Comité recuerda su observación general núm. 31 (2004), relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, en la cual se hace referencia a la obligación que tienen los Estados partes de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo a una persona de su territorio cuando haya razones de peso para creer que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado por los artículos 6 y 7 del Pacto. El Comité también ha indicado que el riesgo debe ser personal y que debe haber motivos muy serios para determinar que existe un riesgo real de daño irreparable. Hay que tener en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes, entre ellos la situación general de los derechos humanos en el país de origen del autor. El Comité recuerda que, por lo general, incumbe a los órganos de los Estados partes examinar los hechos o pruebas del caso en cuestión a fin de determinar si existe tal riesgo, a menos que pueda demostrarse que la evaluación fue claramente arbitraria o constituyó un error manifiesto o una denegación de justicia.

9.4En el presente caso, el Comité observa que, en la decisión que adoptó en agosto de 2017, la Junta de Inmigración concluyó que el autor no había fundamentado su alegación de que correría el riesgo de ser objeto de persecución por parte de las autoridades afganas, por considerar que la información relativa a su ateísmo no constituía una nueva circunstancia que impidiera la ejecución de la orden de expulsión. El Comité observa también que el Tribunal de Inmigración, aunque tuvo en cuenta la alegación del autor de que temía ser perseguido por ser ateo, determinó que este no había demostrado que sus convicciones como tal fueran sinceras, a pesar de que había cartas que apoyaban ese hecho, e hizo hincapié en que no había explicado de manera adecuada por qué no había aportado información en ese sentido en una etapa anterior del procedimiento de solicitud de asilo. A ese respecto, el Comité toma nota de la opinión del autor de que el examen de sus afirmaciones relativas a su ateísmo fue injusto y arbitrario, pues las autoridades no evaluaron seriamente las creencias del autor, no celebraron vista oral alguna sobre ese extremo y desestimaron el hecho de que la conversión del autor del islam al ateísmo había sido un proceso gradual que comenzó tras su llegada a Suecia.

9.5El Comité considera que, cuando un solicitante de asilo afirma que se ha vuelto ateo después de que su solicitud de asilo inicial haya sido desestimada, puede ser razonable que las autoridades examinen detenidamente las circunstancias de la conversión. Ahora bien, con independencia de la sinceridad de la conversión, lo esencial es determinar si hay razones de peso para creer que dicha conversión puede tener consecuencias adversas graves en el país de origen que creen un riesgo real de provocar un daño irreparable, como el contemplado por los artículos 6 y 7 del Pacto. Por tanto, aun cuando se concluya que la presunta conversión no es sincera, las autoridades deben evaluar si, dadas las circunstancias del caso, el comportamiento del solicitante de asilo y las actividades que haya llevado a cabo en relación con su conversión o sus convicciones podrían tener consecuencias adversas graves en el país de origen que lo expongan al riesgo de sufrir un daño irreparable.

9.6En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ha puesto en duda el hecho de que las personas que regresan al Afganistán después de haber renegado de su fe musulmana o haberse convertido a otra religión durante un procedimiento de asilo corren un riesgo real de ser perseguidas o castigadas, incluso con la pena de muerte, en virtud del ordenamiento jurídico afgano, ni el hecho de que se han deteriorado las condiciones de seguridad en dicho país. El Estado parte tampoco ha cuestionado que en el Afganistán los miembros del grupo étnico hazara sufren discriminación y, en ocasiones, son víctimas de ataques selectivos, ni que las personas que no conocen el país o carecen de una red de contactos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad. El Comité observa que el autor en el presente caso se inscribe en todas esas categorías. Además, el Comité observa que el autor tiene problemas mentales, incluidos pensamientos suicidas, que lo llevaron a intentar cometer suicidio en el curso del procedimiento de asilo, y que es sumamente probable que, a causa de ellos, el autor se encuentre en una situación aún más vulnerable si se lo devuelve al Afganistán. A la luz de lo anterior y en vista de que el nombre del autor es bien conocido entre sus amigos, sus conocidos y el público en general debido a la información publicada en los medios de comunicación y las redes sociales, y de que el autor envió una carta a la Embajada del Afganistán en Suecia, en la que revelaba su identidad y su condición de ateo, es muy posible que su identidad y apostasía hayan llegado a conocimiento de los ciudadanos afganos y las autoridades del país. El Comité concluye que, debido a las formas interseccionales de vulnerabilidad a las que estaba expuesto el autor, combinadas con múltiples factores de riesgo, este afrontaría consecuencias adversas graves en su país de origen que lo expondrían al riesgo de sufrir un daño irreparable. No obstante, el Comité observa que, pese a que el autor se enfrentaba a formas interseccionales de vulnerabilidad, las autoridades de inmigración evaluaron separadamente cada uno de los motivos que había alegado este para solicitar protección y no evaluaron el hecho de que la combinación de motivos agravaba el riesgo que correría, lo que las indujo a concluir que el autor no había demostrado que hubiera suficientes motivos para creer que sufriría un daño irreparable si fuera devuelto al Afganistán.

9.7A ese respecto, el Comité recuerda que los Estados partes deben tener debidamente en cuenta el riesgo real y personal que podría correr una persona en caso de ser expulsada, y considera que correspondía al Estado parte realizar una evaluación individualizada del riesgo que correría el autor en el Afganistán, teniendo en cuenta las formas interseccionales de vulnerabilidad a las que estaba expuesto. El Comité reitera que el riesgo que correría el autor si se lo devolviera al Afganistán se ve agravado por el hecho de que no tiene familia ni parientes en ese país, que no ha visitado desde que salió de él a una edad muy temprana, y de que no habla bien su idioma oficial ni otros idiomas muy extendidos. El Comité señala, en particular, que la Junta de Inmigración no examinó el comportamiento del autor y las actividades que llevaba a cabo en relación con su convicción de ateo. Asimismo, el Comité observa que, cuando se informó al Tribunal de Inmigración de que existía un nuevo motivo para la concesión de asilo que se basaba en la conversión del autor, este podría haber remitido el caso a la Junta de Inmigración para que lo volviera a examinar, lo que habría permitido que ese nuevo motivo fuera evaluado por las dos instancias habituales en materia de asilo, y señaló que la cuestión se habría podido analizar de manera detallada, como un todo, junto con los demás factores de riesgo, y la decisión se habría adoptado tomando en consideración las vistas orales en las que habrían abordado todos esos factores.

9.8En vista de lo que antecede, el Comité considera que el Estado parte no evaluó adecuadamente el riesgo real, personal y previsible que correría el autor en caso de regresar al Afganistán por ser considerado apóstata, circunstancia que se veía agravada por múltiples factores de riesgo. Por consiguiente, el Comité estima que el Estado parte no tuvo debidamente en cuenta las consecuencias de la situación personal del autor en su país de origen, y concluye que su devolución al Afganistán por el Estado parte constituiría una vulneración de los artículos 6 y 7 del Pacto.

10.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que, de llevar a cabo la devolución del autor al Afganistán, el Estado parte vulneraría los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 6 y 7 del Pacto.

11.De conformidad con el artículo 2, párrafo 1, del Pacto, que dispone que los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proceder a examinar el caso del autor teniendo en cuenta las obligaciones que le impone el Pacto y el presente dictamen del Comité. Se pide, asimismo, al Estado parte que se abstenga de expulsar al autor mientras se examina de nuevo su solicitud de asilo.

12.Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. Se pide, asimismo, al Estado parte que publique el presente dictamen.

Anexo

Voto particular conjunto (disidente) de Christof Heyns, Photini Pazartzis y José Manuel Santos Pais, miembros del Comité

1.Deseamos manifestar, con el debido respeto, nuestra discrepancia con la conclusión a la que ha llegado la mayoría de los miembros del Comité de que, en la comunicación que nos ocupa, se han vulnerado los artículos 6 y 7 del Pacto.

2.En el párrafo 9.3 la mayoría de los miembros del Comité expone de forma clara y útil las normas jurídicas aplicables a la expulsión a un país. La cuestión que se plantea es si los hechos de la comunicación se ajustan a esas normas. Consideramos que no es el caso.

3.El hecho de que el Tribunal de Inmigración no remitiera el caso a la Junta de Inmigración para que recabara testimonios orales, sobre la base de la alegación del autor de que se había vuelto ateo (párrs. 9.4 a 9.7), pese a que este no había formulado esa alegación durante la evaluación oral inicial es determinante para que el Comité concluya que ha habido una vulneración. A continuación, presentamos nuestra interpretación de los antecedentes de hecho.

4.Según el autor, empezó a tener dudas sobre el islam durante su viaje a Europa y esas dudas se vieron avivadas tras su llegada a Suecia en 2015. La Junta de Inmigración examinó su caso entre 2015 y 2016. El autor contó con representación letrada (un abogado) en el período previo al procedimiento (párr. 4.7). Se examinaron las pruebas orales y de otra índole disponibles sobre los motivos por los que el autor estaría expuesto a una situación de riesgo si fuera expulsado y se consideró que este no había demostrado la existencia de tales motivos (párr. 4.7 y nota 5). Así pues, su solicitud de asilo fue rechazada. En ese momento, el autor no mencionó sus dudas religiosas, que abrigaba desde hacía años, por lo que no prestó ningún testimonio oral en relación con ellas.

5.Posteriormente tuvieron lugar varios otros procedimientos. El 20 de agosto de 2017, el autor solicitó un permiso de residencia temporal, alegando que su salud física y mental se había deteriorado. Entonces mencionó por primera vez que se había vuelto ateo. La Junta de Inmigración volvió a examinar su caso. Si bien dicha Junta investigó y desestimó sus nuevas alegaciones sobre el deterioro de su salud, no escuchó testimonio oral alguno respecto de sus alegaciones relativas a la religión. En apelación, el Tribunal de Inmigración examinó las pruebas escritas que había presentado sobre sus convicciones religiosas, pero consideró las alegaciones demasiado generales y señaló que incluso las cartas que el autor había aportado para apoyar sus alegaciones se basaban, en gran parte, en sus propias afirmaciones. El tribunal se preguntó por qué este no había mencionado sus crecientes dudas durante la vista inicial, sino solo después de que la orden de expulsión hubiera pasado a ser firme e inapelable. Por ello, el tribunal dictaminó que la afirmación del autor sobre su cambio de religión no era lo suficientemente fiable como para determinar que había motivos para volver a examinar su solicitud (párr. 2.9).

6.A nuestro entender, no parece haber motivos de peso para invalidar esas conclusiones, a las que se llegó en el marco de lo que parece ser un procedimiento interno minucioso.

7.Cabe señalar que, en un giro especialmente extraño, mientras el autor estaba esperando el resultado de su último recurso, escribió una carta a la Embajada del Afganistán en Suecia para notificar que se había vuelto ateo —esto es, al mismo Estado que, según afirmaba, lo perseguiría por esas convicciones si salían a la luz cuando fuera devuelto a su territorio (párr. 2.11). La mayoría no ahonda en esa cuestión y se limita a señalar que el autor envió una carta a la Embajada (párr. 9.6).

8.La mayoría sostiene acertadamente que, con independencia de si había sido sincero sobre su presunta conversión, el autor no debía ser expulsado si corría un riesgo real y personal de sufrir un daño irreparable como el contemplado en los artículos 6 y 7 en caso de ser devuelto a su país de origen (párr. 9.5). Sin embargo, no queda claro en absoluto que exista ese riesgo. La única fuente que cita la mayoría en apoyo de la afirmación de que la renuncia a la fe musulmana por el autor daría lugar a su condena a la pena de muerte en el Afganistán es un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en el que se señala que, según la escuela de jurisprudencia islámica suní hanafi, predominante en varias zonas del Afganistán, la conversión del islam a “otra religión” (no se menciona el ateísmo) constituía apostasía y se castigaba con la pena de muerte o pena de prisión (nota 45). No se tienen en cuenta otras fuentes de información de fácil acceso, según las cuales la posibilidad de la imposición de la pena de muerte por apostasía se utiliza principalmente para infundir temor a infractores notorios y no existe constancia de que haya habido ejecuciones por apostasía en el Afganistán, ni siquiera durante el régimen de los talibanes.

9.Aun cuando en el Afganistán se pueda seguir imponiendo la pena de muerte por apostasía en casos extremos, nos preguntamos cuán real es el riesgo al que estaría expuesto específicamente el autor. Si bien el autor gozó de representación legal ante el Comité, no se hizo intento alguno por explicarle a este en qué medida el autor, que había abandonado el Afganistán cuando tenía 5 años y pertenecía al grupo étnico hazara, podría correr un riesgo particular a causa de tales motivos y por permitir que el Estado respondiera a esas alegaciones.

10.Lo que antecede no parece alcanzar siquiera a ajustarse a las normas jurídicas a que hace referencia la mayoría, por lo menos por lo que respecta al posible castigo por apostasía.

11.Cabe subrayar que el Tribunal de Inmigración no hizo caso omiso de las afirmaciones del autor relativas a su religión. El tribunal examinó de forma detallada las informaciones presentadas por escrito sobre ese extremo, pese a que acabó llegando a la conclusión de que esas alegaciones, por ser generales y no expresar una reflexión personal profunda, no justificaban la reapertura del procedimiento oral (párr. 4.11). Sin duda, la decisión de si hay que celebrar esas vistas orales adicionales en un caso determinado debe considerarse parte del procedimiento interno, que no debe modificarse, salvo que existan razones de peso para rechazarlo.

12.En el párrafo 9.6 del dictamen, la mayoría explica su opinión de por qué debía rechazarse el procedimiento interno, haciendo especial hincapié en que “pese a que el autor se enfrentaba a formas interseccionales de vulnerabilidad, las autoridades de inmigración evaluaron separadamente cada uno de los motivos que había alegado este para solicitar protección y no evaluaron el hecho de que la combinación de motivos agravaba el riesgo que correría”. Las alegaciones del autor sobre sus problemas de salud mental se presentan como un ejemplo de los motivos que no se examinaron junto con los demás. Sin embargo, no quedan claras las razones por las que las autoridades de inmigración deberían haber examinado los efectos colectivos de los motivos expuestos, cuyos fundamentos de hecho han desestimado en el marco de un proceso exhaustivo o aquellos que se plantearon únicamente en una etapa avanzada del proceso de manera poco persuasiva. El autor no se quejó de la falta de tal evaluación colectiva, por lo que el Estado no tuvo la oportunidad de responder a esa queja.

13.En nuestra opinión, las alegaciones de violaciones de los artículos 6 y 7 deberían haberse declarado inadmisibles por no estar fundamentadas.